Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho.

SENTENCIA que determina que el contenido del material denunciado, difundido por televisión, constituye un legítimo ejercicio de libertad de expresión en el marco de la actividad periodística y no así propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, por lo que es inexistente la inobservancia a la prohibición de contratar y/o adquirir tiempos en televisión con este fin.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES.

1.                         1. Proceso electoral federal 2017-2018. En la siguiente tabla se insertan los periodos que comprenden las diversas etapas que conforman el proceso electoral federal[1].

A. Trámite ante la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Nuevo León.

2.                       1. Presentación de la denuncia. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho[3], el Promovente presentó denuncia en contra de Víctor Oswaldo Fuentes Solís en su carácter de candidato al Senado de la República, postulado por el PAN, con motivo de una supuesta entrevista en la que participó, el día primero de mayo, en el programa de televisión “Azul de Noche” que se difunde por “Azteca Noreste”; lo que podría constituir la contratación y/o adquisición de tiempos en televisión.

B. Trámite ante la Autoridad Instructora.

3.                       1. Recepción del expediente. El veintitrés de mayo, se recibió en la Oficialía Electoral del INE, el oficio INE/VS/JLE/NL/1281/2018, signado por la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León, mediante el cual remitió el escrito de la denuncia que presentó el Promovente.

4.                       2. Radicación e investigación preliminar. El mismo día, la Autoridad Instructora registró la denuncia con el número de expediente UT/SCG/PE/SOG/JL/NL/258/PEF/315/2018; ordenó realizar los requerimientos que estimó pertinentes para la integración del expediente y se reservó acordar lo conducente respecto de la admisión de la denuncia y del emplazamiento.

5.                        3. Desechamiento. El treinta y uno de mayo, la Autoridad Instructora emitió acuerdo por el que desechó la denuncia, porque de las constancias que obraban en el expediente no se advertía indicio alguno de una posible contratación o adquisición de tiempos en televisión por el candidato denunciado, ya que la entrevista denunciada se encontraba tutelada por la presunta licitud de que goza la labor periodística.

6.                        4. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. El trece de junio la Sala Superior resolvió el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que se interpuso en contra del acuerdo anterior, el cual se registró con la clave SUP-REP-240/2018, en el sentido de revocar el acuerdo de desechamiento de treinta y uno de mayo, al considerar que se usaron argumentos de fondo.

7.                        5. Admisión y emplazamiento. El catorce de junio, la Autoridad Instructora acordó admitir a trámite la denuncia y solicitó diversa información a la Dirección de Prerrogativas.

8.                        6. Emplazamiento. Una vez desahogado el requerimiento de información, el veintidós de junio la Autoridad Instructora acordó emplazar al Promovente y a las Partes Involucradas a fin de que pudieran asistir en defensa de sus intereses a la audiencia de pruebas y alegatos, en los siguientes términos:[4]

I.            Víctor Oswaldo Fuentes Solís, en su carácter de candidato a senador por el principio de mayoría relativa en el Estado de Nuevo León, por la supuesta violación a lo establecido en los artículos 41, párrafo segundo, base III, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 159, párrafo 4; 445, párrafo 1, inciso f), en relación con el 442, párrafo 1, inciso c), de la Ley Electoral, por la supuesta contratación y/o adquisición de tiempos en televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos en relación con el proceso electoral federal 2017-2018, derivado de su participación en el programa “Azul de Noche” el pasado uno de mayo de dos mil dieciocho, transmitido a través de la emisora XHFN-TDT, canal virtual 7.2.

II.            A Televisión Azteca, S.A. de C.V. por la posible transgresión a los artículos 41, párrafo segundo, base III, apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Federal; 159, párrafo 5; 160; 452, párrafo 1, incisos a) y e), en relación con el 442, párrafo 1, inciso i) de la Ley Electoral, por la presunta contratación o adquisición de tiempos en televisión, derivado de la difusión del programa “Azul de Noche” el pasado uno de mayo de dos mil dieciocho, transmitido a través de la emisora XHFN-TDT, canal virtual 7.2., en el que participa Víctor Oswaldo Fuentes Solís candidato a senador por el principio de mayoría relativa en el Estado de Nuevo León.

9.                        4. Audiencia. El veintiocho de junio, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 472 de la Ley Electoral y, en su oportunidad, la Autoridad Instructora remitió a esta Sala Especializada el expediente y el informe circunstanciado.

C. Trámite en la Sala Especializada.

10.                        1. Remisión del expediente. El veintiocho de junio se recibió el expediente en este órgano jurisdiccional, en esa misma fecha se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores de esta Sala Especializada, a efecto de verificar su debida integración, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

11.                        2. Turno a ponencia y radicación. El veintinueve de junio, la Magistrada Presidenta por ministerio de ley asignó al expediente la clave
SRE-PSC-185/2018 y lo turnó a la Magistrada María del Carmen Carreón Castro, quien radicó el expediente en su ponencia y una vez verificados los requisitos de ley, así como la debida integración del expediente, y sin existir diligencias pendientes de realizar, se elaboró el proyecto de resolución correspondiente:

II. COMPETENCIA.

12.                       Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia la contratación y/o adquisición de tiempos en televisión, cuestión que pudiera quebrantar lo dispuesto por el artículo 41, base III de la Constitución Federal.

13.                       Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base III, Apartado D y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Federal, y con lo dispuesto por el artículo 475 en relación con el 470, párrafo 1, inciso a) de la Ley Electoral, así como los artículos 192 y 195, último párrafo de la Ley Orgánica.

14.                       Sirve para fortalecer lo anterior lo sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 25/2010 de rubro PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS.

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.

15.                       El análisis de las causales de improcedencia que pudieran actualizarse, debe hacerse de forma preferente y de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público e interés general.

16.                       En ese sentido, esta autoridad, en un estudio oficioso, no advierte la actualización de alguna causa que impidiera realizar un pronunciamiento de fondo; por tanto, lo procedente es analizar la Litis que se plantea.

IV. ESTUDIO DE FONDO.

1. Planteamiento de la controversia.

17.                       Del análisis del escrito de denuncia en relación con las constancias que obran en el expediente citado al rubro, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si la participación de Víctor Oswaldo Fuentes Solís en el programa de televisión “Azul de Noche” el pasado uno de mayo, que se transmitió a través de la emisora XHFN-TDT, canal virtual 7.2, correspondiente a la televisora “Azteca Noreste”, constituye o no un verdadero ejercicio periodístico, pues a decir de denunciante configura la contratación y/o adquisición de tiempos en televisión con fines electorales.

18.                       Antes de analizar la legalidad o no de los hechos denunciados materia del presente asunto, es necesario verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de prueba que obran en el expediente.

2. Pruebas que obran en el expediente, valoración y objeción.

19.                       A continuación, se detallan las pruebas contenidas en el expediente.

2.1. Pruebas aportadas por el Promovente.

a) Documental pública: Consistente en el acuse de recibo del escrito signado por el Promovente, de fecha nueve de mayo, por el que solicita a la Dirección de Prerrogativas requiera a los concesionarios y al candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solís, que informaran de los hechos acontecidos y denunciados.

b) Documental pública: Fe de hechos que se realizó la Licenciada Alma Azucena Ureña Frausto, titular de la notaría pública número noventa y cuatro en el acta fuera de protocolo número 094/15447/2018, en que se certifica el contenido de la dirección electrónica http://www.info7.mx/espectaculos/azul-de-noche-victor-fuentes-en-labor-constante-por-los-ciudadanos/2166094/.

c) Técnica: Consistente en un disco compacto que contiene la videograbación que certificó la fedataria pública.

2.2. Pruebas recabadas por la Autoridad Instructora.

20.                       Como parte de su investigación, recabó las siguientes pruebas:

a) Documental pública: Consistente en el acta circunstanciada de veintitrés de mayo, levantada por la Autoridad Instructora, a través del cual se certifica la existencia y contenido de la dirección electrónica http://www.info7.mx/espectaculos/azul-de-noche-victor-fuentes-en-labor-constante-por-los-ciudadanos/2166094/. que el Promovente señaló en su escrito de denuncia.

b) Documental pública: Consistente en el correo electrónico de veintiséis de mayo, mediante el cual la Dirección de Prerrogativas informó que la emisora XHFN-TDT canal 43.2 (7.2 canal virtual), se monitorea bajo un esquema aleatorio o de “carrusel”, conforme a lo dispuesto en el acuerdo INE/ACRT/54/2017; por lo que precisó que dicha emisora no fue monitoreada y no era posible generar un testigo de grabación.

c) Documental privada: Consistente en el escrito firmado por Víctor Oswaldo Fuentes Solís, por medio del cual refirió:

     Ser candidato a senador por el principio de mayoría relativa en el estado de Nuevo León por el PAN.

     Que efectivamente asistió a una entrevista por invitación telefónica del programa “Azul de Noche”, en que le manifestaron tener interés de conocer sus propuestas.

     Negó haber adquirido o solicitado por sí mismo o a través de un tercero la realización de la entrevista.

d) Documental privada: Consistente en la impresión del acuerdo INE/CG298/2018 del Consejo General del INE por el que en ejercicio de la facultad supletoria se registraron las candidaturas a senadoras y senadores al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a senadoras y senadores por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

e) Documental privada: Consistente en el escrito firmado por el apoderado de Televisión Azteca, S.A de C.V. a través del cual comunicó:

     Que dentro de su programación tiene un programa de entretenimiento llamado “Azul de Noche”, el cual se difunde a través de la emisora XHFN-TDT, canal virtual 7.2.

     Que en la emisión del programa antes mencionado, el día uno de mayo, se contó con la presencia de, entre otros invitados, el candidato a senador Víctor Fuentes.

     Que no cuenta con un canal que se llame INFO7.

     Que la entrevista denunciada solo se difundió el uno de mayo.

     La entrevista tuvo como finalidad informar al público interesado lo que acontece en el proceso electoral, y obedeció a un ejercicio de libertad de expresión, en el marco de un auténtico ejercicio periodístico, por lo que se niega que exista una contratación de tiempos en televisión.

     Que la invitación al programa que se realizó al candidato Víctor Fuentes se llevó a cabo de manera verbal.

     Que también se ha invitado a otros candidatos, como fue el caso de la candidata al senado por el Partido Revolucionario Institucional, Martha de los Santos.

f) Técnica: Consistente en un disco compacto denominado anexo único que aportó el apoderado de Televisión Azteca, S.A de C.V. que contiene el testigo de grabación relativo a la participación del candidato denunciado, así como de la candidata al senado por el Partido Revolucionario Institucional, Martha de los Santos, ambos en el programa “Azul de Noche”.

g) Documental pública: Consistente en el acta circunstanciada de treinta de mayo, levantada por la Autoridad Instructora, con el objeto de corroborar el contenido del disco compacto que aportó el apoderado de Televisión Azteca, S.A. de C.V.

h) Documental pública: Consistente en el correo electrónico con número de gestión DEPPP-2018-8045, mediante el cual la Dirección de Prerrogativas informó:

     Que Televisión Azteca, S.A. de C.V. es concesionaria de la emisora XHFN-TDT canal 43.2 (7.2 virtual) en el estado de Nuevo León, por lo que corresponde a un canal radiodifundido (abierto).

     Que con base en la infraestructura de monitoreo con que cuenta actualmente el INE, derivado del crecimiento exponencial de las señales radiodifundidas, se identifican diversas modalidades de monitoreo, entre las cuales se identifica el monitoreo aleatorio de señales radiodifundidas.

     Que en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 es la primera vez que se utiliza la modalidad del monitoreo aleatorio para señales radiodifundidas.

h)    Documental pública: Consistente en copia simple del acuerdo INE/ACRT/54/2017 del Comité de Radio y Televisión del INE por el que se determina el alcance y modalidad de monitoreo que establece el artículo 6, numeral 2, inciso o) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral y sus anexos[5].

2.3. Pruebas aportadas por Víctor Oswaldo Fuentes Solís.

a) Documental privada: Consistente en copia simple del formulario de aceptación del registro de candidato.

2.3. Pruebas aportadas por las Partes Involucradas.

a) Instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto.

2.6 Reglas para valorar las pruebas.

21.                       De acuerdo con el artículo 461 de la Ley Electoral serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos.

22.                       La misma ley señala en su artículo 462 que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

23.                       Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, tienen valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

24.                       Las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad con los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

3. Hechos probados.

25.                       En este apartado se da cuenta de los hechos que, en función de la valoración de las pruebas, se tienen por probados, al no haber sido controvertidos por las partes que comparecieron al procedimiento ni desvirtuados por cuanto a su alcance probatorio.

3.1. Calidad de Víctor Fuentes Solís.

26.                       Es un hecho público y notorio, además de que no está controvertido por las partes, que Víctor Oswaldo Fuentes Solís fue registrado como candidato del PAN para el cargo de senador de la República por el principio de mayoría relativa, lo cual se robustece con la copia simple del acuerdo INE/CG298/2018 del Consejo General del INE.[6]

3.2. Existencia, difusión y contenido del material denunciado.

27.                       De la valoración concatenada de las pruebas a que hemos hecho mención, concatenadas entre sí, se estiman suficientes para tener por probado que en el programa “Azul de Noche”, el pasado uno de mayo, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, asistió como invitado.

28.                       Por otro lado, no obstante que la Dirección de Prerrogativas mencionó que dicha emisora no fue monitoreada y que no era posible generar un testigo de grabación, se considera suficiente para tener por probado que el material denunciado se difundió por televisión a través de la emisora XHFN-TDT, canal virtual 7.2, al menos una vez, el primero de mayo, toda vez que así lo reconocen las Partes Involucradas.

29.                       Por último, toda vez que resulta coincidente el contenido del material que fue denunciado, alojado en la dirección electrónica que aportó el Promovente, que certificó la Autoridad Instructora, respecto del que se incluye en el disco compacto que aportó Televisión Azteca, S.A. de C.V., como testigo de grabación, se tiene por probado que corresponde a aquel que se detalla en el Anexo único de esta sentencia, el cual será objeto de estudio más adelante.

4. Análisis del caso.

30.                       Una vez que se ha dado cuenta de los hechos probados, lo procedente es analizar si con su realización se contravino la normativa electoral específicamente sobre si se actualiza la contratación y/o adquisición de tiempos en televisión; o bien, si constituye un legítimo ejercicio de libertad de expresión en el marco de la actividad periodística.

31.                       Para ello, en primer término, se establecerá el marco normativo que resulta aplicable al caso; y posteriormente, se estudiará si los hechos relatados se ajustan o no a los parámetros legales.

5. Marco normativo

5.1. Contratación y/o adquisición y/o difusión de tiempos en radio y televisión.

32.                       En el artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Federal se dispone que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, en los términos que establezca la ley.

33.                       El apartado A del precepto constitucional en comento, establece que el INE será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado, en radio y televisión, destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con la constitución y lo que establezcan las leyes.

34.                       Así, en el mismo precepto se establece la prohibición por cuanto a que los partidos políticos y los candidatos, incluidos los independientes, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempo en cualquier modalidad en radio y televisión. También, que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, en ningún momento podrá contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

35.                       De esta forma el mandato constitucional asegura, por un lado, el acceso de los partidos políticos a las prerrogativas de radio y televisión, en los tiempos con que cuenta el Estado y que de manera exclusiva administra el INE; y por otro lado, descarta la posibilidad de que los propios institutos políticos o sus candidatos ya sea por sí o por terceras personas, contraten o adquieran tiempos en dichos medios de comunicación, haciendo extensiva la prohibición respecto de todas aquellas personas físicas o morales que de igual forma contraten tiempo en los referidos medios de comunicación, a efecto de difundir propaganda que se dirija a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, con objeto de promocionar o demeritar a cualquier partido político o candidato.

36.                       En correspondencia con nuestra carta magna, la Ley Electoral en el artículo 159, en sus párrafos 4 y 5, se establece la prohibición para los partidos políticos, precandidatos y candidatos de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión, así como que ninguna persona física o moral, del mismo modo contraten la difusión de propaganda que tenga como finalidad influir en el electorado, ya sea a favor o en contra de los partidos políticos y sus candidatos.

37.                       De tal forma que, conforme a lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso i) de la Ley Electoral, constituye una infracción de los partidos políticos que contraten de manera directa o por terceras personas, tiempos en radio y televisión en cualquier modalidad.

38.                       Asimismo, en el artículo 447, párrafo 1, incisos b) y e), de la Ley Electoral se establece como una de las infracciones en las que los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos pueden incurrir, el contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

39.                       En sincronía con lo anterior, el artículo 445, numeral 1, inciso f) señala como causa de responsabilidad por parte de los aspirantes, precandidatos o candidatos la inobservancia a las reglas previstas en ese cuerpo normativo, y conforme al artículo 452, numeral 1, incisos a) y b) que constituye una infracción a la ley por parte de los concesionarios de radio y televisión, por un lado, la venta de tiempos de transmisión en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos y sus candidatos a cargos de elección popular, y por el otro, la difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por persona distinta al Instituto.

40.                       Al respecto, es importante señalar que la Sala Superior, en el recurso de apelación SUP-RAP-115/2014 y su acumulado, determinó que el concepto de propaganda aludido en la norma constitucional debe entenderse en sentido lato, porque el texto normativo no la adjetiva con las locuciones "política", "electoral", o cualquier otra; es decir, la prohibición alude a la propaganda desde la perspectiva del género, para comprender cualquier especie.

41.                       En ese orden de ideas, Sala Superior, en su ejercicio jurisdiccional, específicamente al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-234/2009 y su acumulado, SUP-RAP-273/2009, SUP-RAP-18/2012 y acumulados, así como los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-288/2015, SUP-REP-422/2015 y acumulados, así como SUP-REP-432/2015 y acumulados; consideró que las acciones prohibidas en el invocado artículo 41 de la Constitución Federal consisten en:

         Contratar tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión, por si o por terceras personas, o;

         Adquirir tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión, por sí o por terceras personas.

42.                       Adicionalmente, la Sala Superior en el SUP-RAP-162/2014, subrayó que, en el caso de las concesionarias de radio y televisión, la prohibición relacionada con la vulneración al modelo de comunicación política se daba en las figuras de venta o difusión de propaganda distinta a la ordenada por el INE.

43.                       En esa sentencia, la Sala Superior razona que para acreditar la difusión no es necesario acreditar que la transmisión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, influya en el electorado, pues basta que se estime que el material denunciado constituye propaganda de este tipo y que se difunda sin autorización del INE.

44.                       Así, contratar se entiende como el acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas (creación o transmisión de derechos y obligaciones).

45.                       En contraste, del marco constitucional, jurisprudencial y conceptual relatado, se desprende que la acción "adquirir", utilizada por la disposición constitucional, tiene una connotación más amplia de la forma o mecanismo de acceso a radio y televisión, habida cuenta que no es indispensable que sujetos de la prohibición constitucional (partidos políticos y candidatos), realicen, en forma material, una conducta activa, sino que puede bastar o llevarse a cabo de manera pasiva; es decir, que a partir de las particularidades del caso, se obtenga un beneficio directo por la difusión de la propaganda.

46.                       Al respecto, también debe considerarse el criterio sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 17/2015 de rubro: “RADIO Y TELEVISIÓN. PARA ACREDITAR LA ADQUISICIÓN DE TIEMPO ES INNECESARIO DEMOSTRAR SU CONTRATACIÓN”, de la cual se advierte que si bien la única vía para que los actores políticos puedan acceder a la radio o la televisión es a través de los tiempos del Estado que administra el INE, para tener por acreditada la adquisición prohibida por la ley basta con la difusión de mensajes por radio y televisión, fuera de los tiempos otorgados por el Estado, con el objeto de favorecer a una determinada fuerza política o candidato, con independencia de que exista algún vínculo contractual entre el beneficiado y el tercero que solicitó la transmisión; pues ello vulnera, por sí mismo, la exclusividad del referido Instituto para administrar el acceso a esta prerrogativa de los partidos y candidatos, así como la prohibición de adquirir tiempo en radio y televisión para efectos político electorales.

47.                       Y difundir a la simple transmisión por parte de los concesionarios de radio y televisión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por persona distinta al INE.

48.                       Bajo este contexto, el diseño constitucional dispone como principio fundamental y básico, que los partidos políticos y los candidatos accedan exclusivamente a radio y televisión, a través del tiempo del Estado administrado por el INE.

49.                       Con ello, se pretende evitar a toda costa el uso indiscriminado de los medios de comunicación por parte de los diversos actores políticos, con el fin de salvaguardar la equidad en las contiendas electorales, pues el legislador diseñó todo un cuerpo normativo constitucional y legal cuyo objetivo es evitar una exposición desproporcional e inequitativa de cualquier contendiente electoral en radio y televisión, con independencia de la calidad del sujeto (partido político, precandidato o candidato, persona física o moral o concesionario) que lleve a cabo su contratación, pues esta circunstancia es por sí misma ilegal.

50.                       De ahí que el acceso al tiempo en radio y televisión, por vía distinta a la constitucionalmente permitida, resulte contraventor del orden jurídico electoral; en consecuencia, de ser el caso, susceptible de ser objeto de responsabilidad y de la sanción que corresponda.

51.                       Ahora bien, se debe tener en consideración que la actividad periodística y de los medios de comunicación social, cuando se trata de programas noticiosos o de opinión, tienen libertad de contenidos, dada la trascendencia de la noticia o el interés general de hechos noticiosos que requieren cobertura informativa, como lo ha sostenido esta Sala Especializada al resolver los procedimientos especiales sancionadores SRE-PSC-70/2015, SRE-PSC-100/2015, SRE-PSC-114/2015,
SRE-PSC-156/2015 así como SRE-PSC-99/2016 y SRE-PSC-100/2016[7].

52.                       Lo que se reitera en la jurisprudencia 29/2010, de rubro “RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO”, en la que se refiere, esencialmente, que la prohibición constitucional de adquirir o contratar tiempo en radio y televisión, en cualquier modalidad, no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una simulación.

53.                       En ese sentido, la difusión en medios de comunicación de noticias, entrevistas, notas informativas, programas de opinión y en general de cualquier género periodístico o noticioso, relativas al acontecer social, político, cultural, económico, entre otros tópicos, de un determinado Municipio, Estado o de la República, no constituye, en principio, propaganda política-electoral; por tanto, no es necesario que su difusión cumpla las normas a las cuales está sujeta esa propaganda, ya que se presume que se actúa al amparo de los derechos de libertad de expresión e información, a efecto de hacer del conocimiento del público en general determinado acontecimiento o aspecto relacionado con circunstancias que se consideran de trascendencia e interés de la población en general.[8]

54.                       Así, la difusión de noticias, entrevistas, notas informativas, crónicas, reportajes, programas de opinión, etcétera, dada su naturaleza como actividad periodística goza de una presunción de constitucionalidad y legalidad; sin embargo, esa presunción es iuris tantum, lo cual significa que admite prueba en contrario a efecto de evidenciar que no fue hecha al amparo de la libertad de información y de expresión y que actualiza una infracción a la normativa constitucional o legal en materia de electoral, al constituir propaganda a favor o en contra de un partido político o candidato.

55.                       En ese sentido, la Sala Superior emitió la Jurisprudencia 15/2018 de rubro PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA[9], estableciendo que el juzgador sólo podrá superar la presunción de licitud de la labor periodística, cuando exista prueba concluyente en contrario, aclarando que ante la duda, el juzgador debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística.

56.                       En otras palabras, lo que se trata de evitar, en la medida de lo posible, son actos simulados, a través de la difusión de propaganda positiva o negativa que, sólo en apariencia, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tenga como propósito promocionar o posicionar a una o un candidato o partido político, o tenga la finalidad restarle preferencias electorales, ya que cuando ello ocurre se comete una infracción a la normativa electoral[10].

6. Caso concreto.

57.                       Una vez que ha quedado precisado el marco normativo aplicable al caso concreto, conviene recordar que la controversia a dilucidar en el presente asunto está centrada en determinar si el material que se denuncia constituye un ejercicio periodístico legítimo, ya que en caso de no ser así, se podrían configurar las infracciones denunciadas, a saber, la compra y/o adquisición de tiempos en televisión; y la difusión de propaganda política o electoral dirigida a influir en las preferencias electorales distinta a la ordenada por el INE.

58.                       En esta tesitura, a juicio de esta Sala Especializada, el contenido del material que se denuncia constituye un legítimo ejercicio periodístico de entrevista[11], amparado en la libertad de expresión e información, de la que no se advierte un ánimo o intención de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ni de presentar posturas a favor o en contra de un actor político.

59.                       Para evidenciar lo anterior, a continuación, se hace una síntesis de las temáticas que se abordaron en el material que se denuncia, sin omitir aclarar que el contenido completo podrá consultarse en el Anexo único, mismo que forma parte integral de esta ejecutoria.

      La formación académica de Víctor Oswaldo Fuentes Solís.

      Abordan temas relacionados con su vida familiar.

      Se habla acerca de los anteriores cargos que ha ocupado como servidor público y algunas de sus actividades en torno a ello.

      Sobre las razones que le llevaron a decidir ser candidato a senador y las implicaciones familiares de dicha decisión.

      Hablan sobre gustos personales en temas como música y fútbol.

60.                       Al respecto, se tiene en cuenta, como ha quedado expuesto, que la difusión en medios de comunicación de noticias, entrevistas, notas informativas, programas de opinión y en general de cualquier género periodístico o noticioso, no constituye, en principio, propaganda político electoral, ya que se presume que se actúa al amparo de los derechos de libertad de expresión e información, a efecto de hacer del conocimiento del público en general determinado acontecimiento o aspectos que se consideran de trascendencia e interés de la población en general.

61.                       Además, la Sala Superior ha establecido que las expresiones formuladas bajo esta forma de periodismo, usualmente corresponden a manifestaciones espontáneas que realiza el emisor como respuesta a su interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un encuentro casual o producto de una invitación anterior, ya que por lo general no están sometidas a un guion predeterminado.[12]

62.                       Así, del análisis integral del contenido de la entrevista, en términos generales, giró en torno a aspectos como su formación académica, su vida familiar, así como el desarrollo de sus actividades cotidianas en lo personal y como servidor público, su decisión de contender por el cargo de senador, así como sobre sus gustos en temas como música y fútbol.

63.                       Además, se considera que todas las temáticas a que se hizo alusión el denunciado, se abordaron por parte del entrevistado como consecuencia de las preguntas expresas que el conductor del programa le formuló, evidenciando así una auténtica labor de intercambio de ideas, propia de un real ejercicio periodístico en forma de entrevista.

64.                       Aunado a ello, ninguna de las frases que se contienen en la entrevista revelan, por sí mismas, en la medida en que no se advierten expresiones aisladas o que pudieran parecer preparadas para persuadir a la opinión pública, y que en dado caso pudieran evidenciar una posible simulación, en torno al ejercicio periodístico que se analiza; más aún cuando es posible advertir la existencia de espontaneidad en el planteamiento de las preguntas y las respuestas, y no así, la existencia de una concertación previa.

65.                       En este mismo sentido, se tiene en consideración que la entrevista se llevó a cabo en el periodo de campañas, en el marco del proceso electoral federal que se encuentra en curso, por lo que resulta relevante y pertinente mantener informada a la ciudadanía. Máxime que en una sociedad democrática resulta indispensable que los ciudadanos conozcan a quienes aspiran a una candidatura a un puesto de elección popular.

66.                       Sin que obste a lo anterior que en una parte de la entrevista el conductor haya expresado, a manera de canción, “vota por Víctor”, pues en el contexto en que ello ocurrió, se considera una manifestación espontánea, que no tiene como fin unívoco e inequívoco promocionar o favorecer al candidato ante los televidentes, sino que corresponde a un momento en que el conductor juega con el entrevistado, cuando hablaban de gustos musicales y especialmente respecto de la canción popularmente conocida como despacito, que canta Luis Fonsi acompañado de Daddy Yankee.

67.                       Por otra parte, ante el cuestionamiento que se realizó a las Partes Involucradas con relación a si existió algún acuerdo o contrato para que se celebrara la entrevista, o el intercambio de alguna contraprestación económica para tal efecto, sus respuestas fueron concordantes en negar tal cuestión, sin que exista prueba en contrario de ello.

68.                       En efecto, de los elementos de prueba que obran en el expediente, no hay alguno que siquiera de manera indiciaria, haga presumir la existencia de algún acuerdo o contrato entre las Partes Involucradas, ni de cualquier otra cuestión que vislumbre una simulación, por el contrario, se afirma que participó en la entrevista con motivo de una invitación, además de que como refiere Televisión Azteca S.A de C.V., la invitación también fue realizada a la candidata al senado, Martha de los Santos, postulada por el Partido Revolucionario Institucional, quien el diecisiete de abril asistió al programa “Azul de Noche”.

69.                       Así, tomando en consideración que existe una presunción de que las expresiones que se generan al amparo de los ejercicios periodísticos (como lo es la entrevista) son auténticas y libres, salvo prueba concluyente en contrario, le correspondía en todo caso al Promovente aportar los elementos de prueba suficientes para derrotar tal presunción, cuestión que en el caso no aconteció.

70.                       Además de lo anterior, del análisis integral de la denuncia tampoco se expresa argumento alguno con la finalidad de evidenciar que la entrevista en realidad se tratara de una simulación o de propaganda encubierta, sino la mera afirmación subjetiva, por lo que no puede considerarse que la presunción de licitud de las que, en principio gozan, las actividades periodísticas hayan quedado vencidas, máxime que esta Sala Regional ha reconocido en diversos precedentes que los medios de comunicación social cuentan con una libertad editorial, informativa y periodística para definir sus contenidos.

71.                       Por todas las anteriores razones, en atención a los elementos de prueba y a los argumentos del Promovente, esta Sala Especializada arriba a la conclusión que no se actualiza la violación al contenido del artículo 41 constitucional, particularmente por cuanto hace a la prohibición de contratar y/o adquirir propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, por las Partes Involucradas.

72.                       Similar criterio se sostuvo por esta autoridad al resolver el
SRE-PSC-73/2018, así como el SRE-PSC-154/2018.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Son inexistentes las violaciones a la normatividad electoral atribuidas a las Partes Involucradas.

NOTIFÍQUESE; en términos de ley.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Magistradas y el Magistrado en funciones que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Anexo único