SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA por la cual se determina la inexistencia de la infracción consistente en la contravención a lo establecido en los artículos 35, fracción IX, numeral 7 y 134, párrafo 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la consulta sobre la revocación del mandato del titular del ejecutivo federal, atribuida a Francisco Chíguil Figueroa, alcalde en Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Asimismo, la inexistencia de la infracción consistente en violación al principio de imparcialidad atribuida a Edgar Sánchez Pérez, Director Territorial número cuatro; Ligia Ileana Moulinié Adame, Directora General de Servicios Urbanos; Elio Ramón Bejarano Martínez, Director General de Integración Territorial; Rubén Linares Flores, Director General de Desarrollo Social, todos, de la Alcaldía Gustavo A. Madero; Adela Ortiz, Directora del Centro de Salud Manuel Cárdenas de la Vega.

Finalmente, se determina la inexistencia de la infracción consistente en falta al deber de cuidado atribuida a MORENA.

S E N T E N C I A

Que dicta el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el diecisiete de febrero de dos mil veintidós.

V I S T O S para resolver, los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano central del INE registrado con la clave SRE-PSC-202/2021, integrado con motivo del escrito de queja presentado por diversas diputaciones del PAN contra de Francisco Chíguil Figueroa y otros, y

R E S U L T A N D O

I.     Antecedentes

1.         A. Reforma constitucional sobre revocación de mandato. El 20 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación[2] el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[3], en materia de este mecanismo de democracia directa. La cual entró en vigor al día siguiente.

2.         B. Lineamientos. El 27 de agosto de 2021[4], el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[5] aprobó los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, así como sus anexos[6].

3.         C. Ley Federal de Revocación de Mandato. El 14 de septiembre siguiente, se publicó en el DOF la ley de la materia[7].

4.         D. Modificación de los Lineamientos. El 30 de septiembre de 2021, el Consejo General del INE aprobó los cambios a los Lineamientos para la organización de revocación de mandato y sus anexos[8].

5.         E. Recurso de apelación SUP-RAP-415/2021. El 4 de octubre de 2021, MORENA impugnó el acuerdo INE/CG1566/2021, que modificó los citados Lineamientos. De igual manera, el INE cambió la fecha para llevar a cabo la revocación de mandato al 10 de abril de 2022.

6.         F. Acción de inconstitucionalidad. El 14 de octubre de 2021, un grupo de diputadas y diputados federales presentó la acción de inconstitucionalidad 151/2021 contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, relativa, entre otras cuestiones, a la pregunta contenida en el artículo 19, fracción V, de ese ordenamiento. Misma que fue discutida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación[9] el 31 de enero, 1 y 3 de febrero.

7.         G. Plan y calendario. El 20 de octubre siguiente, el Consejo General del INE aprobó mediante acuerdo INE/CG1646/2021[10], el plan integral y el calendario del proceso de revocación de mandato del presidente de la República, dentro del cual destacan las siguientes fechas:

8.              H. Recurso de apelación SUP-RAP-449/2021. El 3 de noviembre pasado, el Partido Acción Nacional[12] interpuso recurso de apelación contra el acuerdo relativo al diseño y la impresión de la papeleta que se utilizará durante la revocación de mandato[13]. La Sala Superior sobreseyó el medio de impugnación[14], porque el PAN planteó la inconstitucionalidad de las normas que se refieren a la pregunta objeto del citado mecanismo de participación ciudadana, misma que fue resuelta por la SCJN el 31 de enero, 1 y 3 de febrero.

9.         I. Presentación de informes:

        El 18 de enero, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE anunció que se cumplió con el requisito del 3% de apoyo del listado nominal de personas electoras para iniciar la organización de la consulta de la revocación de mandato[15].

        Preliminar. El 26 de enero, se presentó al Consejo General del INE la comunicación relativa a que se cubrió el porcentaje legal de firmas de apoyo de la ciudadanía para solicitar la petición del proceso revocatorio, por lo que, a partir del 27 de enero, se suspendieron las actividades de la revisión, verificación y captura de los formatos físicos[16].

        Final. El 31 de enero, el secretario ejecutivo presentó al Consejo General del INE el informe respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para el citado mecanismo de participación ciudadana[17].

        Sustanciación del procedimiento especial sancionador

10.    Queja. El veintitrés de noviembre, diversas diputaciones del grupo parlamentario del PAN y una diputada de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, todas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, presentaron, ante el Instituto Electoral de la referida entidad, una queja contra el denunciado, Morena y otros, por un evento realizado el veintitrés de octubre en el que presuntamente se entregaron sillas de ruedas y diversos aparatos ortopédicos, utilizando recursos públicos, a habitantes del pueblo de Santa Isabel Tola y que fue difundido mediante un video en la red social Facebook, publicado el veintitrés de octubre de dos mil veinte.

11.    Lo anterior, para las partes denunciantes constituye utilización indebida recursos públicos y de programas sociales y vulneración al principio de imparcialidad por hablar a favor de la 4T y de Morena y en contra del PAN; asimismo, señalaron que en dicho evento invitó a la ciudadanía y a las personas del servicio público de su alcaldía para que promovieran el “proceso para ratificar o revocar el mandato” del presidente de la República.

12.    Igualmente, las personas denunciantes señalaron a Morena por la falta del deber de cuidado por la conducta del citado funcionario público.

13.    Registro e incompetencia. El veinticuatro de noviembre, el Instituto Local registró la queja y determinó, entre otras cuestiones, declinar la competencia a favor del INE, toda vez que consideró que la promoción de la revocación de mandato es un acto de impacto nacional y puede afectar disposiciones de la Ley de Revocación y los Lineamientos.

14.    Radicación, reserva de admisión y emplazamiento, requerimientos. El veintiséis de noviembre, la autoridad instructora registró la queja con la clave UT/SCG/PE/OPLE/CDM/377/2021, se reservó proveer sobre la admisión de la queja y el emplazamiento, y ordenó realizar los requerimientos que consideró pertinentes para la integración del expediente.

15.    Admisión, emplazamiento y audiencia. Al concluir las diligencias, la autoridad emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos que se llevó a cabo el quince de diciembre.

        Trámite en la Sala Especializada

16.    Recepción del expediente. La autoridad instructora remitió el expediente identificado con la clave UT/SCG/PE/OPLE/CDM/377/2021 a este órgano jurisdiccional y en su momento fue enviado a la Unidad Especializada, a efecto de verificar su debida integración.

17.    Turno a ponencia y radicación. El veintinueve de diciembre, la Magistrada Presidenta en funciones Gabriela Villafuerte Coello, acordó integrar el expediente SRE-PSC-202/2021 y turnarlo a la ponencia a su cargo, donde se radicó y elaboró el proyecto de resolución correspondiente.

18.    Returno del expediente. En sesión de veintinueve de diciembre, la Magistrada ponente sometió a consideración del Pleno de esta Sala Especializada el proyecto de resolución correspondiente, por lo que una vez que fueron analizadas las consideraciones que sustentan la propuesta, estas fueron rechazadas por mayoría de votos. En ese sentido, el mismo veintinueve se returnó el presente expediente al Magistrado en Funciones Gustavo César Pale Beristain, a efecto de que determinara lo que en derecho corresponda.

19.    En la referida sesión, por mayoría de votos se determinó devolver el expediente a la autoridad instructora a efecto de que llevara a cabo diversas diligencias de investigación.

20.    Segunda audiencia. Una vez que la autoridad instructora llevó a cabo las diligencias necesarias, emplazó de nueva cuenta a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos la cual tuvo verificativo el uno de febrero de dos mil veintidós.

21.    Recepción del expediente. En su momento, una vez que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el presente asunto y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

22.    Turno y radicación. El dieciséis de febrero del presente año, el Magistrado Presidente acordó remitir el expediente SRE-PSC-202/2021 a la ponencia a su cargo.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. COMPETENCIA

23.    Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncian conductas relacionas con el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República y el presunto uso indebido de recursos públicos, que desde la perspectiva del denunciante contraviene la normativa electoral

24.    En este sentido, resulta relevante señalar que el proceso de revocación de mandato es un procedimiento democrático de participación directa organizado por el INE que se realiza a nivel nacional; por ende, la conducta que se denuncia puede incidir directamente en su desarrollo y en la emisión del sufragio de la ciudadanía.

25.    Para ello, es importante destacar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia política, se modificó el contenido del artículo 35 constitucional para sentar las bases de organización de los mecanismos de democracia directa, entre estos, la revocación de mandato.

26.    Así, y toda vez que se trata del ejercicio del derecho humano de sufragio activo a través de una consulta ciudadana, se deben observar tanto los principios del voto, universal, libre, secreto y directo, como las demás garantías constitucionales y convencionales establecidas para su ejercicio, entre las que destacan la organización del proceso por un órgano que desarrolle sus funciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo cual, dicha responsabilidad en este caso, está a cargo del INE[18].

27.    Así, al ser el INE la autoridad competente de la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del proceso de revocación de mandato[19], es conforme a Derecho considerar que está obligada a revisar por medio de los órganos que lo integran y en el ámbito de su competencia, aquellos actos que se denuncien como ilícitos, por lo tanto, cuenta con atribuciones para conocer de las supuestas infracciones cometidas en materia de difusión propaganda relacionada con dicho ejercicio democrático[20], a través de los procedimientos especiales sancionadores establecidos en la legislación electoral que lo regula.

28.    Ahora bien, los procedimientos especiales sancionadores, al ser un sistema de trámite biinstancial, sustanciados por el INE y resueltos por esta Sala Especializada, respectivamente, han sido diseñados como un método sumario o de tramitación abreviada para conocer de determinados casos que, según la naturaleza de la controversia, deben dirimirse en menor tiempo que el empleado en la sustanciación de uno de carácter ordinario.

29.    En efecto, ha sido criterio de la Sala Superior que la autoridad administrativa electoral debe tramitar por la vía del procedimiento especial sancionador las quejas o denuncias que se presenten durante el curso de un proceso electoral[21], a efecto de que la conducta ilícita no incida en su desarrollo efectivo.

30.    En tal sentido, es válido concluir que la vía del procedimiento especial sancionador se instauró para dar curso a las quejas interpuestas durante el curso de un proceso democrático de participación ciudadana dado su carácter coercitivo, preventivo y sumario, el cual posibilita restablecer rápidamente el orden jurídico trastocado. Por ello, su aplicabilidad no debe limitarse únicamente a los procesos relacionados con la elección de representantes populares, sino que implica también conocer de aquellos procedimientos instaurados durante el desarrollo de los instrumentos de democracia directa a través de los cuales el pueblo ejerce, mediante sufragio, su poder soberano originario en decisiones o actos de gobierno, al quedar comprendidos dentro de la materia electoral[22].

31.    Bajo dichas consideraciones, se justifica la implementación del procedimiento especial sancionador, para conocer y resolver sobre la difusión de propaganda relacionada con el proceso de revocación de mandato, que se aduce, puede incidir de manera directa en la intención del voto de la ciudadanía dentro del mecanismo de democracia directa que se encuentre en curso[23], asimismo, la Sala Superior ha señalado que esta Sala Especializada es competente para conocer de los asuntos relacionados con la presunta difusión en redes sociales de propaganda indebida relacionada con el proceso de revocación de mandato[24].

32.    Lo anterior, con fundamento en los artículos 35, fracción IX, numeral séptimo[25], y 99, párrafo cuarto, fracción IX[26], de la Constitución Federal; 164, 165, 173 y 176, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[27]; 3[28], 4[29], 5[30], 32[31], 33[32] y 61[33], de la Ley de Revocación, así como el 37[34], de los Lineamientos para la revocación de mandato, y 477 de la Ley Electoral[35].

SEGUNDA. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

33.    La Sala Superior mediante los Acuerdos Generales 2/2020, 4/2020 y 6/2020, estableció diversas directrices y supuestos de urgencia para la discusión y resolución de forma no presencial de los asuntos competencia de las Salas que integran el Tribunal Electoral, con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2.

34.    En este sentido, la Sala Superior a través del Acuerdo General 8/2020[36], determinó restablecer la resolución de todos los medios de impugnación, por tanto, quedaron sin efectos los criterios de urgencia de los acuerdos generales antes citados. Sin embargo, las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias.

TERCERA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

35.    El estudio de las causales de improcedencia es de orden preferente, ya que la actualización de alguna de ellas tiene como consecuencia que no pueda emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia.

36.    Bajo ese orden de ideas al comparecer MORENA hizo valer como causa de improcedencia la frivolidad, toda vez que la infracción consistente en falta al deber de cuidado no es atribuible a los partidos políticos tratándose de personas del servicio público.

37.    Al respecto, no le asiste razón al denunciante, porque del análisis del escrito de denuncia se advierte que el promovente narró los hechos que, a su consideración, constituyen una infracción en materia electoral, aportó las pruebas que consideró oportunas para la acreditación de los hechos y solicitó varios elementos de prueba a la autoridad instructora, por lo que exigir que la denuncia contenga una determinada argumentación resulta excesivo, en concordancia con el principio general consistente en que la persona juzgadora es quien conoce el derecho[37]. Por tanto, la causa de improcedencia hecha valer resulta infundada.

38.    Por otra parte, esta autoridad jurisdiccional no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna de ellas, por lo que se procederá a analizar los planteamientos vertidos por las partes.

CUARTA. PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES

39.    A continuación, se exponen las manifestaciones realizadas por las partes, con la finalidad de fijar la materia de la litis.

a. Manifestaciones realizadas por las diputaciones del PAN en su escrito de alegatos

40.    Por su parte, el PAN en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, señaló lo siguiente:

        Que Francisco Chiguil Figueroa, debe ser sancionado por las conductas que se le imputan, pues del video que publicó en la red social Facebook, se advierte la entrega de diversos objetos como son sillas de ruedas, bastones, andaderas, y aparatos auditivos.

        Las conductas desplegadas por el alcalde denunciado tienen como finalidad el favorecer a MORENA, y obligar al personal de la demarcación territorial a involucrarse en la consulta del proceso de revocación de mandato.

        Señala que el evento denunciado violenta de manera flagrante el artículo 134 de la Constitución, pues se trata de un evento institucional en donde se utilizaron recursos públicos, así como logos de la Alcaldía Gustavo A. Madero y del Gobierno de la Ciudad de México.

41.    Para lo anterior, ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.

b. Manifestaciones realizadas por Francisco Chiguil Figueroa

42.    En sus alegatos señaló lo siguiente:

        Que las infracciones que se le imputa consistente en el uso indebido de recursos públicos debe ser declarada inexistente toda vez que en la Ciudad de México no se está llevando a cabo algún proceso electoral el cual pudiera verse afectado.

        Señala que la revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana que conlleva una serie de etapas, siendo una de ellas la recolección de firmas, por lo que, hasta que esa etapa se supere, será el INE quien emita la convocatoria respectiva.

        Destaca que, bajo esa lógica, la conducta por la cual se le esta denunciado fue realizada con anterioridad al inicio del pedido de recolección de firmas.

c. Manifestaciones realizadas por Edgar Sánchez Pérez, Ligia Ileana Mouliné Adame; Elio Ramón Bejarano Martínez; Rubén Linares Flores[38], de manera coincidente, en vía de alegatos, manifestaron lo siguiente:

        Destacan que al momento de los hechos el proceso de revocación aun no daba inicio, pues el evento denunciado se llevó a cabo de manera previa a la recolección de firmas.

        Señalan que, al no existir la consulta prevista en la ley de revocación de mandato, tampoco puede acreditarse infracción alguna.

QUINTA. CONTROVERSIA

43.    La cuestión que se debe resolver en el presente asunto es determinar si con motivo del evento denominado “TransformandoJuntos” en el que se hizo entrega de sillas de ruedas, bastones, andaderas y aparatos auditivos a vecinas y vecinos en la colonia Santa Isabel Tola, transmitido el veintitrés de octubre del año en curso, a través de la cuenta de Facebook del Alcalde en Gustavo A. Madero, se violenta el principio de imparcialidad ya que hizo llamados en favor de MORENA, en contra del PAN y promovió de la consulta sobre la revocación del mandato del titular del ejecutivo federal.

44.    Lo anterior, en contravención a lo establecido en los artículos 35, fracción IX, numeral 7 y 134, párrafo 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 449, párrafo primero, incisos d) y  g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 27 y 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato; 37 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de la Revocación de Mandato aprobados mediante acuerdo del Consejo General de este Instituto, identificado con la clave INE/CG1444/2021 y modificados mediante Acuerdos INE/CG1566/2021 e INE/CG1646/2021.

SEXTA. ESTUDIO DE FONDO

45.    Una vez precisados los temas que serán objeto de análisis a este fallo, a continuación, se procede a realizar el estudio de fondo de la denuncia que dio origen a este asunto.

a) Marco normativo

        Aspectos generales de la revocación de mandato. Regulación constitucional y legal

46.    Como quedó establecido en el capítulo de antecedentes, el veinte de diciembre de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de consulta popular y revocación de mandato, la cual, tuvo como propósito fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en nuestro país y reconocer, como un derecho de la ciudadanía, la participación directa en los procesos de revocación de mandato.

47.    Para ello, dicho precepto constitucional señala que el proceso de revocación de mandato del presidente de la República será convocado por el INE a petición de los ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

48.    Corresponde al INE verificar, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, que se cumpla con el requisito de apoyo ciudadano establecido en la Constitución Federal, y en caso afirmativo, emitirá la convocatoria al proceso para la revocación de mandato.

49.    Cabe precisar que la solicitud de revocación de mandado, solo se puede solicitar en una ocasión, y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

50.    Con este fin, las ciudadanas y los ciudadanos pueden recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato, y el INE es el responsable de emitir los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como de expedir los

lineamientos para las actividades relacionadas.

51.    Ahora bien, la revocación de mandato se debe realizar mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, y por regla general el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. No obstante, de conformidad con el Cuarto Transitorio del referido decreto, tratándose del proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el quince de diciembre, y la petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros quince días del mes de diciembre.

52.    En el supuesto de que la solicitud sea procedente, el INE emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud, y la jornada de votación será a los sesenta días de expedida la convocatoria.

53.    Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, y la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta.

54.    Ahora bien, en cuanto a la organización, desarrollo y computo, el INE tiene a su cargo de manera directa estas actividades, y es el encargado de emitir los resultados de los procesos de revocación de mandato; los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99.

55.    La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a lo dispuesto en el artículo 84.

56.    Por otra parte, el numeral 7° de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Federal establece que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

57.    El INE y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de estos. La promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas.

-Ley Federal de Revocación de Mandato

58.    El catorce de septiembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Revocación de Mandato que reglamenta la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Federal, y que tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República. Lo anterior, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

59.    De esta forma, la revocación de mandato viene a erigirse dentro de nuestra democracia no tan solo como un instrumento que consolida la participación directa de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, sino que también refuerza la debida rendición de cuentas, ya que es a través de su ejercicio que la ciudadanía evalúa efectivamente el desempeño de un servidor público.

60.    Ahora bien, el artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato define al proceso de revocación de mandato como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

61.    En este sentido, el proceso de revocación de mandato inicia a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al 3% de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas[39].

62.    El inicio del proceso de revocación de mandato podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal por votación popular.[40]

63.    En el artículo 8, se establece que los requisitos para solicitar, participar y votar son los siguientes: i) tener ciudadanía mexicana, ii) estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral, iii) contar con credencial de elector vigente y iv) no contar con sentencia ejecutoriada que suspenda derechos políticos.

64.    Ahora bien, en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, en ejercicio de su derecho político a participar directamente en la evaluación de la gestión del Ejecutivo Federal, las ciudadanas y los ciudadanos pueden llevar a cabo actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano para la obtención de las firmas necesarias para acompañarlas a la solicitud, y las autoridades de todos los niveles, los partidos políticos o cualquier otro tipo de organización del sector público, social o privado deberán abstenerse de impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos.

65.    En términos de los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, corresponde al INE verificar, que la solicitud de revocación de mandato cumpla con los porcentajes requeridos de participación, y que  los nombres de quienes hayan suscrito la petición aparezcan en la lista nominal de electores.

66.    En caso de que se cumplan con los requisitos necesarios para la solicitud de inicio del proceso de revocación de mandato, el INE expedirá la convocatoria, la cual debe cumplir con los requisitos previstos en el artículo 19, y publicarse en su portal oficial de Internet, en sus oficinas centrales y desconcentradas, y en el Diario Oficial de la Federación.

67.    Además de las atribuciones de verificar el cumplimiento de los requisitos para la solicitud de petición de revocación de mandato, y expedir la convocatoria, en términos del artículo 27 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, el INE es responsable de la organización, desarrollo y cómputo de la votación de los procesos de revocación de mandato, así como de llevar a cabo la promoción del voto.

68.    La difusión de la convocatoria debe iniciar al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, y deberá concluir hasta tres días previos a la fecha de la jornada de votación[41].

69.    Ahora bien, durante la campaña de difusión, el INE debe promover la participación de las ciudadanas y de los ciudadanos en la revocación de mandato a través de los tiempos en radio y televisión que corresponden a la autoridad electoral. Esta promoción debe ser objetiva, imparcial y con fines informativos, y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de la revocación de mandato.

70.    Cabe mencionar que en sesión de tres de febrero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[42] determinó la invalidez del del artículo 32, de la Ley Federal de Revocación de Mandato, por lo cual los partidos políticos no pueden promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato.

71.    Por su parte, en términos de los artículos 33, cuatro y séptimo párrafo y 35, segundo párrafo de la Ley Federal de Revocación de Mandato, las ciudadanas y los ciudadanos pueden dar a conocer su posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su alcance, de forma individual o colectiva, salvo contratar propaganda en radio y televisión, a título propio o por cuenta de terceros, dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. Asimismo, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

72.    La jornada de revocación de mandato se sujetará al procedimiento dispuesto para la celebración de la jornada electoral contenido en el Título Tercero del Libro Quinto de la Ley General, con las particularidades que prevé la Ley Federal de Revocación de Mandato.

73.    En términos del artículo 58 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, la revocación de mandato sólo procede por mayoría absoluta. Cuando la declaratoria de validez que emita la Sala Superior indique que la participación total de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato fue, al menos, del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para la persona titular de la Presidencia de la República.

74.    La Sala Superior debe notificar de inmediato los resultados del proceso de revocación de mandato al titular de la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Instituto, para los efectos constitucionales correspondientes.

SCJN y Sala Superior

75.    La SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2010, anticipó que la revocación de mandato se puede concebir como el acto que da por terminado anticipadamente el periodo del encargo que se confiere a una persona funcionaria electa popularmente, sin necesidad de que instaure una causa de responsabilidad en su contra.

76.    Asimismo, señaló que es una especie de pérdida de confianza popular que lleva a que el mismo electorado retire el voto que dio lugar al desempeño del cargo e implica que las ciudadanas y ciudadanos pueden revocar el resultado de una votación democrática, bajo mecanismos democráticos directos que pudieran dejar sin efecto la decisión soberana comicial.

77.    De igual forma precisó que no es un acto de nueva elección, sino de remoción, de modo que cada persona funcionaria cuyo mandato se revoque sería sustituido bajo los mecanismos legales vigentes, como si se tratara de una ausencia absoluta del titular. Constituye una forma de dar por terminado el cargo de las y los servidores públicos.

78.    Por su parte, la Sala Superior ha concluido que la naturaleza o fin que se pretende con la implementación de mecanismos como es el de revocación de mandato es robustecer el poder de la ciudadanía o generar las condiciones necesarias para que exprese y, en su caso, ejecute su voluntad de determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de quien ocupa un cargo público, como la presidencia de la República, lo cual implica el fortalecimiento de la democracia.

79.    Lo anterior, sin que se considere viable o adecuado que dentro del procedimiento de revocación de mandato puedan participar entes ajenos como, por ejemplo, el propio poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial; en todo caso lo que sí se puede derivar es justo la intención de evitar su participación, pues lo que se pretende es que la ciudadanía, en un ejercicio de sus derechos político-electorales, pueda determinar con plena libertad y sin influencia alguna si quiere o no que quien gobierna deje su cargo antes del periodo para el que se le eligió[43].

80.    Asimismo, ha señalado que, con relación a la difusión del procedimiento de revocación de mandato, existe una prohibición, consistente en que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato.

81.    Finalmente, destaca que la ley autoriza a la ciudadanía en general, para que, durante el ejercicio del procedimiento de revocación de mandato, den a conocer su posicionamiento sobre dicho ejercicio democrático por todos los medios a su alcance de forma individual o colectiva, respetando las restricciones establecidas en el párrafo cuarto del artículo 33 de la referida ley que lo regula[44].

La libertad de expresión en las publicaciones.

82.    Los artículos 6° y 7° de la Constitución señalan que toda persona tiene derecho a la libre expresión y al acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión.

83.    En este sentido, tanto la SCJN[45] como la Corte Interamericana de Derechos Humanos[46] han reconocido que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una social o colectiva.

84.    En su componente individual, la libertad de expresión comprende el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos, ideas e informaciones, mientras que, en el plano colectivo o social, consiste en el derecho de todas las personas a procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informadas.

Proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024.

85.    De conformidad con lo señalado en líneas anteriores, tanto la Constitución Federal como la Ley Federal de Revocación de mandato establecen que el proceso de revocación de mandato se puede solicitar durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, y para requerirlo, las ciudadanas y los ciudadanos, durante el mes previo a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, pueden recabar las firmas.

86.    Sin embargo, en el caso del proceso de revocación del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, las fechas y los plazos para solicitar el apoyo ciudadano, expedir la convocatoria y la jornada de votación son diferentes ya que se buscó que este proceso de participación ciudadana no coincidiera o se empalmara con las elecciones de dos mil veintidós[47].

87.    Por otra parte, el proceso de revocación de mandato conlleva distintas etapas, las cuales, de conformidad con las secciones segunda y tercera del capítulo II de la Ley Federal de Revocación, existe una fase previa y, posteriormente, el inicio del citado proceso.

88.    La fase previa, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de Revocación de Mandato y el calendario del proceso, comprende la presentación del aviso de intención del primero al quince de octubre, y la recopilación de firmas del primero de noviembre al veinticinco de diciembre, para lo cual, el INE aprobará el formato correspondiente y, posteriormente, verificará que se cumpla el porcentaje establecido en el artículo 7 antes reseñado.

89.    Por su parte, el artículo 15, dispone que el proceso inicia con la solicitud que presente la ciudadanía que cumplan con lo señalado en los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Revocación de Mandato; es decir, que se satisfaga el porcentaje mínimo de firmas.

90.    Una vez verificado el cumplimiento de los supuestos previstos en el artículo 7, el Consejo General del INE deberá emitir inmediatamente la convocatoria correspondiente, el cuatro de febrero; en caso contrario, deberá desechar la solicitud y archivarla como asunto concluido[48].

91.    En el artículo 19 se prevé que la convocatoria debe contener, al menos, lo siguiente:

1.- Fundamentos constitucionales y legales aplicables, incluyendo la definición de revocación de mandato establecida en el artículo 5 de la ley;

2.- Las etapas del proceso de revocación de mandato;

3.- El nombre de la persona que ocupa la titularidad de la Presidencia de la República, quien será objeto del proceso de revocación de mandato;

4.- Fecha de la jornada de votación en la que habrá de decidirse sobre la revocación de mandato;

5.- La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?;

6.- Las reglas para la participación de las ciudadanas y los ciudadanos, y

7.- El lugar y fecha de la emisión de la Convocatoria.

92.    En cuanto a la difusión del proceso de revocación de mandato, en el artículo 32 se estableció que deberá iniciar al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la cual concluirá hasta tres días previos a la fecha de la jornada de votación, la cual será el diez de abril.

-Lineamientos del INE para la organización de la revocación de mandato

93.    Los referidos lineamientos emitidos por el INE son de orden público y de observancia general en el ámbito federal en todo el territorio nacional y obligatoria para la organización del proceso de Revocación de Mandato del presidente electo para el periodo constitucional 2018-2024.

94.    En este sentido, en dichos Lineamientos se reitera que la organización, desarrollo, coordinación, seguimiento y computo de los resultados de la revocación de mandato estará a cargo del INE, y que sus unidades responsables deben realizar los actos preparatorios que garanticen que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal.

95.    Además, el INE debe llevar a cabo, desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y, hasta tres días posteriores a la jornada de la revocación de mandato, un monitoreo en diarios y revistas impresos para detectar la propaganda difundida con motivo de la revocación de mandato, así como sobre las encuestas o muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales que tengan como fin dar a conocer preferencias o tendencias sobre la revocación de mandato, con el objeto de identificar las encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de comunicación.

96.    Por otro lado, los lineamientos prevén que durante el periodo que transcurra desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de revocación de mandato no se podrá difundir propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno con excepción de las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

97.    El día de la jornada de votación, las ciudadanas y ciudadanos de manera libre deberán marcar en la boleta correspondiente el cuadro correspondiente a una de las opciones siguientes: a) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o b) Que siga en la Presidencia de la República.

b) Caso concreto

98.     Como se adelantó, diversas diputaciones del grupo parlamentario del PAN y una diputada de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, todas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, presentaron, ante el Instituto Electoral de la referida entidad, una queja contra el denunciado, Morena y otras personas, por un evento realizado el veintitrés de octubre en el que presuntamente se entregaron sillas de ruedas y diversos aparatos ortopédicos utilizando recursos públicos, a habitantes del pueblo de Santa Isabel Tola y que fue difundido mediante un video en la red social Facebook.

99.    Para lo anterior, la parte denunciante ofreció como medios de prueba las diversas pruebas técnicas, como son las imágenes que anexaron a su escrito inicial; así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana[49].

100.  Atento a ello, la autoridad instructora inició la investigación respecto de los hechos denunciados, para lo cual recabó la siguiente documental pública[50]:

101.  Acta circunstanciada de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en elaborada por la autoridad instructora, en la que certificó el perfil de Facebook de Francisco Chiguil Figueroa, alcalde de Gustavo A. Madero.

102. De la mencionada acta, se acredita la existencia y contenido del video publicado en la liga electrónica https://fb.watch/982TmNWZEX/

103. Ahora bien, resulta necesario tener presente los discursos emitidos en el evento denunciado, así como las publicaciones que dan cuenta del mismo, las cuales pueden ser consultadas en el Anexo único, con la finalidad de estar en condiciones de determinar si contraviene las normas sobre revocación de mandato.

104. Del contenido del anexo referido podemos obtener, esencialmente, lo siguiente:

- Se da la bienvenida a las personas que integran el presídium.

- Durante el evento hicieron uso de la voz Evangelina Olin García; Juana Nieto Arreaga; Sonia Araceli Navarro; Dinora Pérez Jiménez; Ricardo Martínez Martínez; Edgar Sánchez Pérez; Ligia Ileana Mouliné Adame; Elio Ramón Bejarano Martínez; Adela Ortiz; Rubén Linares Flores.

- En sus participaciones agradecieron las mejoras que la alcaldía está intentando como recuperar espacios públicos, la imagen urbana; las mejoras en las escuelas de esa demarcación territorial; el mejoramiento de las luminarias, entre otras cuestiones.

- Por su parte, Francisco Chiguil Figueroa al hacer uso de la voz señaló que se llevaría a cabo el mejoramiento del deportivo ubicado en Santa Isabel Tola, se reencarpetará la demarcación, seguirán con el cambio de luminarias y se buscara el mejoramiento de vialidades.

Dentro de su discurso convocó a la ciudadanía para que en sus tiempos libres impulsen la consulta para ratificar o revocar el mandato al presidente de México.

- Asimismo, en el evento denunciado se hizo entrega de diversos aparatos médicos.

        Establecido lo anterior procederemos a realizar el estudio relativo a la indebida promoción de la consulta de revocación de mandato.

105. Esta Sala Especializada, estima que las publicaciones realizadas en la red social Facebook del alcalde de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México y el evento llevado en Santa Isabel Tola, no constituyen una indebida promoción del proceso de revocación de mandato. Lo anterior, toda vez que su contenido da cuenta de un acto de gobierno por medio del cual el titular de esa demarcación territorial, informó a la ciudadanía los avances que se han generado durante su gestión; asimismo, se hizo entrega de diversos aparatos médicos y ortopédicos en beneficio de la ciudadanía en general, sin que se desprenda que para la entrega de éstos se solicitara que votaran en determinado sentido.

106. Ahora bien, del discurso emitido por el alcalde denunciado, se desprende que realizó un llamado a los servidores públicos que asistieron al evento denunciado a promover el referido ejercicio democrático, lo que deberían llevar a cabo, aun en sábados y domingos o después de las seis de la tarde; sin embargo, no se desprende que de modo alguno los llame a recolectar firmas.

107. Así, debemos tomar en cuenta que el proceso de revocación de mandato como un mecanismo de democracia participativa, se erige como un control de los gobernados sobre el gobernante, ya que permite a la ciudadanía evaluar el desempeño del titular del Ejecutivo Federal, y en caso de no estar de acuerdo con su actuación, permite revocarle el nombramiento de manera anticipada, por pérdida de la confianza.

108. No obstante, cabe destacar que a la fecha de los hechos (veintitrés de octubre de dos mil veintiuno) no se tenía certeza jurídica de que este mecanismo de participación democrática se llevaría a cabo. Ello, ya que de conformidad con lo señalado en el apartado del marco normativo, el proceso de revocación de mandato tiene una fase previa en donde se presenta un aviso de intención, y se recaban las firmas para el apoyo ciudadano, y sólo en caso de que se cumpla con el 3% de las firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, mínimo, el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas, se dará inicio el proceso democrático mediante la emisión de una convocatoria.

109. Además, de conformidad con la normativa, si bien para cada una de estas etapas existen prohibiciones como lo son la utilización de recursos públicos y la prohibición que tienen las autoridades de todos los niveles, los partidos políticos o cualquier otro tipo de organización del sector público, social o privado de impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos, lo cierto es que la publicación y el evento denunciado se llevaron a cabo el veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, conforme al calendario del proceso de revocación de mandato, fue en el periodo intermedio del aviso de intención y la recolección de firmas.

110. Esto es así, ya que el aviso de intención fue del primero al quince de octubre y la “recolección de firmas para el apoyo ciudadano” fue del uno de noviembre al veinticinco de diciembre, respectivamente, según los artículos 28 y 29 de los lineamientos del INE.

111. Por lo anterior, no se advierte que exista una prohibición expresa para que un servidor público, invite a participar de manera activa en el ejercicio democrático en comento.

6.4 Uso indebido de recursos públicos y vulneración al principio de imparcialidad.

112. Ahora bien, el artículo 35, fracción IX, numeral 7 de la Constitución Federal establece que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. Cabe mencionar que esta prohibición es recogida por los artículos 33 de la Ley Federal de revocación de mandato, así como por el artículo 37 de Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de la Revocación de Mandato.

113.  Además, estos artículos tienen relación con el 134, párrafo 7 de la Constitución Federal que dispone que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. Esta obligación tiene como finalidad evitar que las y los funcionarios públicos utilicen recursos humanos, materiales o financieros a alcance con motivo de su encargo, para influir en procesos democráticos. [51]

114. En el caso concreto, nos encontramos ante un mecanismo de participación directa, como lo es la revocación de mandato, que permite a la ciudadanía expresar, a través del ejercicio del voto, su disconformidad o no con el desempeño del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de cumplir con los requisitos, destituirlo del cargo antes de que concluya el periodo de su mandato.

115. Es decir, se trata de un mecanismo de control que tiene como finalidad incentivar a la población a monitorear la gestión del titular del Ejecutivo Federal, y que en caso no estar de acuerdo con su actuación, éste pueda ser destituido por el voto en referéndum de la ciudadanía a solicitud de ésta, y antes de la fecha de expiración normal prevista para su periodo.

116. Cabe mencionar que en este tipo de mecanismos de democracia participativa, a Ley Federal de Revocación de Mandato sí permite de manera expresa que los partidos políticos intervengan en la promoción de la participación ciudadana, siempre y cuando, entre otras cosas, se abstengan, de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos.

117. Derivado de lo anterior, en el caso que nos ocupa, esta Sala Especializada advierte que está acreditado que se emplearon fondos o recursos públicos para llevar a cabo el evento denunciado, lo anterior ya que la entrega de apartados ortopédicos y médicos que realizó el alcalde de la Gustavo A. Madero, fue en apego del programa social denominado “Transformando Vida”, en cuyas reglas de operaciones se desprende en su considerando III, los objetivos y alcances del programa, destacando lo siguiente:

a)    Otorgar a 180 personas con discapacidad auditiva y motora de entre 0 y 59 años, una transferencia en especie (auxiliares  auditivos,  sillas  de  ruedas,  sillas  de  ruedas  para  PCI,  PCA  (parálisis  cerebral  Infantil  y parálisis  cerebral  Adulto)  que  les  permita  mejorar  sus  condiciones  de  vida  (físicas,  de  salud,  transporte,  movilidad  y autoestima),  trasladarse  fácilmente,  obtener  un  empleo  y  mejorar  su  condición  económica,  participar  en  actividades educativas,  deportivas  y/o  culturales,  entre  otras.

118. Por su parte en el considerando denominado como “IV Metas Físicas”, se desprende lo siguiente:

119. Cabe precisar que conforme al información que la autoridad instructora ordenó glosar al expediente, las mencionadas reglas de operación fueron publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

120. Por tanto, la entrega de los aparatos ortopédicos y médicos el día del evento, no constituye un uso indebido de recursos públicos, ni constituye una violación al principio de imparcialidad, pues como podemos advertir el programa contaba con una partida presupuestal determinada con anterioridad a las fases previas de la consulta para la revocación de mandato, aunado a que de modo alguno, los recursos fueron implementados con la finalidad de incidir en la decisión de la ciudadanía para emitir un voto en determinado sentido en el referido ejercicio democrático.

121. Aunado a lo anterior, dentro de las expresiones vertidas durante el evento, no se desprende que exista un posicionamiento que condicione a la ciudadanía a votar de determinada manera, por el contrario, únicamente hace una invitación a efecto de que se participe de manera activa en el mismo; es decir, se tratan de expresiones de carácter neutral que no implican una influencia indebida en el ejercicio de democracia directa que nos ocupa.

122. Por lo anterior, toda vez que en el expediente no existe prueba que se haya empleado fondos para la campaña de difusión de la revocación de mandato, se determina la inexistencia de las infracciones relativas al uso indebido de recursos públicos y violación al principio de imparcialidad.

123. Ahora bien, tampoco pasa desapercibido para esta Sala Especializada que el evento se llevó a cabo el sábado veintitrés de octubre de do mil veintiuno, es decir se llevó a cabo en un día inhábil; al evento asistieron las personas del servicio público denunciadas, al respecto, debe recordarse que el principio de imparcialidad tiene como finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, incluso su prestigio o presencia o presencia pública que deriven de sus posiciones como representantes electos o servidores públicos para desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos comiciales, o bien, para influir en las preferencias de la ciudadanía.

124. Así, se tiene que en el caso concreto el evento se realizó como parte de la agenda de gobierno del alcalde en Gustavo A. Madero, incluso el evento al que asistió se encuentra relacionado con la entrega de equipo ortopédico y médico; es decir, existe una vinculación entre el evento denunciado y la obras del propio alcalde, motivo por el cual, aun y cuando la asistencia se dio en un día inhábil, cobre relevancia que el evento atiende a la agenda que tiene el alcalde en el ejercicio de sus funciones

125. Por tanto, la participación de las personas del servicio publico, se llevó acabo en el ejercicio de sus funciones, incluso al momento de que dirigieron palabras a las personas que asistieron fueron presentados con los cargos que ostentan.

126. Sin embargo, al hacer uso de la voz, en especial el alcalde en Gustavo A. Madero, como ya se dijo, realizó manifestaciones relacionadas con la revocación de mandato, pero desde un ámbito neutral, sin la intención de influir en las preferencias de las ciudadanía, motivo por el cual no se afectó el principio de imparcialidad.

127. Por otra parte, no le asiste la razón al promovente al señalar que los servidores públicos estaban realizando actos proselitistas con miras al proceso electoral de 2023-2024, pues del caudal probatorio existente en el expediente no existen algún elemento que permita, ni de manera indiciaria, acreditar la referida intención, si bien, en el discurso emitido por el acalde de Gustavo A. Madero mencionó: “vamos a seguir adelante con mucha firmeza y con mucha voluntad y que este proyecto llegó para quedarse y nos vamos a organizar para ganar dos mil veinticuatro y tenemos que seguir adelante porque eso es por lo que hemos luchado siempre y no vamos a desperdiciar la oportunidad de gobernar de una mejor forma posible sin corrupción, nosotros por eso el día de antier hicimos una declaración”, lo cierto es que no especifica el cargo al que aspira, plataformas electorales o bien, propuestas propias de un proceso electoral, por lo cual, de manera razonable se puede concluir que se trata de manifestaciones vertidas en ejercicio de derecho a libertad de expresión.

128. Por el contrario, se tiene acreditado de manera fehaciente que el evento denunciado obedeció a un evento oficial y relacionado con la agenda de gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero.

129. Finalmente, por lo que hace a la infracción atribuida a MORENA, consistente en falta al deber de cuidado, la misma resulta inexistente, pues debe tenerse en cuenta que las conductas desplegadas por personas del servicio público en ejercicio de sus atribuciones, son independientes a los fines partidistas, de otro modo, implicaría reconocer que los partidos políticos ejercen una relación de supra a subordinación respecto de ellos, es decir, que los partidos políticos dan órdenes a las personas del servicio público que salieron de entre sus filas.

130. Por tanto, las infracciones denunciadas en el presente se relacionan de manera estrecha con actuar de personas del servicio público y por tanto, en caso de actualizarse la infracción materia de estudio no hay responsabilidad indirecta por parte de los institutos políticos, resulta aplicable jurisprudencia de la Sala Superior 19/2015, de rubro: “CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS”.

Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Francisco Chíguil Figueroa, alcalde en Gustavo A. Madero, Ciudad de México, Edgar Sánchez Pérez, Director Territorial número cuatro; Ligia Ileana Moulinié Adame, Directora General de Servicios Urbanos; Elio Ramón Bejarano Martínez, Director General de Integración Territorial; Rubén Linares Flores, Director General de Desarrollo Social, todos, de la Alcaldía Gustavo A. Madero; Adela Ortiz, Directora del Centro de Salud Manuel Cárdenas de la Vega, en los términos establecidos en la parte considerativo de esta sentencia.

SEGUNDO. Es inexistente la infracción consistente en falta al deber de cuidado atribuida a MORENA, en los términos establecidos en la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvió el pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos, con el voto concurrente de la Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementan la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación.

ANEXO UNICO.

VOTO CONCURRENTE[52]

Expediente: SRE-PSC-202/2021

Magistrada: Gabriela Villafuerte Coello

1.              Desde mi perspectiva la inexistencia de la vulneración de las normas sobre la revocación de mandato y el uso indebido de recursos públicos, derivado de las expresiones formuladas por el alcalde de Gustavo A. Madero en el evento “Transformando Juntos [as]”, de 23 de octubre de 2021, requiere una metodología y análisis diferente al criterio mayoritario[53].

2.              Para explicarme, veremos el contexto y temporalidad de los hechos, el cambio de situación fáctica y jurídica, a partir de los anuncios oficiales del INE, en cuanto a que se obtuvo el porcentaje de firmas legal necesario para pasar a las siguientes fases del proceso, así como la emisión de la convocatoria.

               Contexto en el que se realizaron las infracciones denunciadas.

3.              El citado mecanismo de participación ciudadana tiene tres etapas: la previa (aviso de intención [1 al 15 de octubre de 2021]; recolección de firmas por la ciudadanía [1 de noviembre al 25 de diciembre de 2021] y verificación de apoyo por el INE [hasta el 3 de febrero]); la emisión de la convocatoria (4 de febrero) y la jornada (10 de abril).

4.              El evento y las expresiones denunciadas que se analizan en este asunto, sucedieron el 23 de octubre de 2021, es decir, entre el aviso de intención y el inicio de la recolección de firmas, época en la que aún no se tenía la certeza que el proceso revocatorio fuera a realizarse, por esa razón nos encontrábamos ante un acto futuro de realización incierta y, por tanto, no se activaban las reglas de su difusión.

5.              Sin embargo, esta situación cambió, porque el 18 de enero, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE informó que se cumplió con el requisito del 3% del apoyo del listado nominal de personas electoras[54] para iniciar la organización de la consulta de la revocación de mandato, cuya verificación cuantitativa y cualitativa se suspendió el 27 siguiente[55] y el secretario ejecutivo entregó el informe final de la validación de firmas al Consejo General del INE, el 31 de ese mes[56].

6.              El 4 de febrero, el referido órgano colegiado emitió, en sesión extraordinaria, la convocatoria del proceso de revocación de mandato[57] y el siguiente 7 se publicó en el Diario Oficial de la Federación[58].

7.              Esa incertidumbre se desvaneció con el anuncio oficial del inicio del citado mecanismo de participación directa: el porcentaje de firmas y la convocatoria.

8.              Por lo que, al haberse modificado las condiciones de hecho y legales del proceso revocatorio, ya hay seguridad que habrá consulta de este ejercicio ciudadano, entonces puedo analizar parte de las manifestaciones del alcalde y señalar que se dieron en una etapa en la que guardaban la naturaleza de una opinión o visión del servidor público sobre la revocación de mandato, se trataba de un posicionamiento sobre un acto que en ese momento no existía; es cierto que hoy ya existe, pero tengo que analizar las expresiones en el tiempo en que se dieron.

9.              Para mí, esa es la ruta que debe seguir el análisis y estudio del procedimiento, a fin de establecer la inexistencia de la vulneración a la normativa sobre promoción de la revocación y, como vía de consecuencia, la del uso indebido de recursos públicos atribuibles al alcalde de Gustavo A. Madero, ello a partir de la metodología de las fases en que se da la revocación de mandato.

10.          La declaración de inexistencia bajo la metodología de estudio que para mí debió seguirse, trae como consecuencia lógica que MORENA no sea responsable, porque no hay deber de cuidado de las personas del servicio público emanadas de sus filas.

11.          Respecto a las otras expresiones del alcalde denunciado a favor de MORENA y la 4T de cara a un lejano 2024, estimo que esta Sala Especializada no es competente para conocer de la coacción al electorado y vulneración al principio de imparcialidad[59] y, en todo caso, quien tendría la facultad para analizarlo es el Instituto Electoral de la Ciudad de México y resolver el Tribunal Electoral de la misma entidad, por eso, para mí esta parte de la controversia debería remitirse a la primera autoridad local.

               Reflexión

12.          Todas las personas del servicio público están llamadas a respetar este proceso revocatorio, que es de y para la ciudadanía, por lo que tienen que realizar un ejercicio de ponderación, mesura y contención en sus expresiones, actos y publicaciones.

13.          Lo anterior, porque es de su conocimiento que el INE es el encargado de generar la información necesaria que llegará a la población sobre este ejercicio ciudadano.

14.          Por ello, el funcionariado público se debe mantener al margen de este mecanismo de participación directa, para que la ciudadanía goce de una decisión libre de injerencias, en un marco de imparcialidad, neutralidad y objetividad.

15.          Estas son las razones de mi voto concurrente.

Voto concurrente de la magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Este documento es una representación gráfica autorizada, con firma electrónica certificada; es válido, porque así lo dicen los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020.