Ciudad de México, a veintidós de agosto dos mil veinticuatro[1].

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[2] dicta la siguiente SENTENCIA:

A N T E C E D E N T E S

I.              Proceso electoral federal 2023-2024

(1)               1. El siete de septiembre de 2023 inició el proceso electoral federal para elegir, entre otros cargos, la presidencia de la República. Las etapas fueron[3]:

          Precampaña: Del 20 de noviembre de 2023 al 18 de enero.

          Campaña: Del uno de marzo al 29 de mayo.

          Jornada electoral: Dos de junio.

II.            Sustanciación del procedimiento especial sancionador

(2)           1. Quejas. MORENA presentó nueve quejas en contra de Enrique Octavio de la Madrid Cordero (Enrique de la Madrid), por conductas que desde su concepto constituyen actos anticipados de precampaña y campaña. También denunció la falta al deber de cuidado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al considerar que dicho ciudadano es militante de este partido:

(3)           Asimismo, solicitó el dictado de medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva.

(4)           2. Admisión y acumulación. Agotadas las diligencias previas, en su momento oportuno, se ordenó admitir las quejas, y acumularlas al expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/329/2023.

(5)           3. Medidas cautelares. El 28 de junio de 2023[13] la Comisión de Quejas y Denuncias (CQyD) del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó la improcedencia de la solicitud de medidas cautelares al versar sobre hechos futuros de realización incierta[14].

(6)           Sin embargo, hizo un recordatorio al denunciado para que ajustara su actuar dentro de los límites y parámetros acorde a los principios de legalidad y equidad.

(7)           En los procesos posteriores la autoridad instructora acordó que ya había un pronunciamiento previo de la Comisión de Quejas y Denuncias sobre las medidas cautelares en su tutela preventiva solicitadas[15].

(8)           4. Emplazamiento y audiencia. El 24 de julio, la UTCE acordó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se realizó el 31 siguiente.

III. Trámite ante la Sala Especializada

(9)           1. Recepción, revisión y turno a ponencia. Cuando llegó el expediente respectivo a esta Sala Especializada, se revisó su debida integración y, en su oportunidad, el magistrado presidente le asignó la clave SRE-PSC-429/2024 y lo turnó a la ponencia de la magistrada en funciones Mónica Lozano Ayala, quien lo radicó y elaboró el proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Competencia

(10)       Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente procedimiento especial sancionador toda vez que se denunció que Enrique de la Madrid hizo públicas sus intenciones para contender por la presidencia de la República, en sus redes sociales, medios de comunicación, así como diversos recorridos en toda la República lo que en concepto del denunciante constituyen actos anticipados de precampaña y campaña.

(11)       También se denunció al PRI por su falta al deber de cuidado, con posible impacto en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

SEGUNDA. Marco normativo

(12)       El artículo 17 constitucional[16] contempla el derecho a la tutela judicial efectiva, que establece que los asuntos deben resolverse en plazos breves [esto incluye a los procedimientos administrativos sancionadores], con la finalidad de garantizar los derechos de las partes involucradas y así poder brindar soluciones prontas que eviten retrasos injustificados, además recordemos que una de las características de los procedimientos especiales sancionadores es la expeditez en su sustanciación y resolución[17].

(13)       En ese sentido, existe la figura de la caducidad de la potestad sancionadora que puede darse por dos supuestos: 1. No exista justificación de las actuaciones efectuadas y 2. Por inactividad procesal[18].

(14)       En relación con la primera, la Sala Superior emitió la jurisprudencia 8/2013[19] en la que se advierte el plazo de un año para la extinción de la facultad sancionadora contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso, por ser un tiempo razonable y suficiente, tomando en consideración la naturaleza y las características del procedimiento.

(15)       Por otra parte, la jurisprudencia 11/2013[20] la cual establece que el plazo de un año puede ampliarse cuando existan excepciones: a) la autoridad administrativa  acredite una causa justificada y razonable en la que exponga las circunstancias, de hecho o de derecho, de las que se advierta que la demora en la resolución se debe, entre otras, a la conducta procedimental del probable infractor; o b) su desahogo por su complejidad requirió de la práctica de diversas diligencias o actos procedimentales, que razonablemente no fue posible realizar dentro de ese plazo [sin que dicha excepción pueda derivar de la inactividad de la autoridad].

(16)       Entonces ante la existencia de una excepción de la autoridad electoral debe exponer y evidenciar las circunstancias particulares del caso, una vez que, la caducidad de la potestad sancionadora se actualiza por el simple transcurso del tiempo al no resolverse dentro del plazo fijado.

(17)       En el segundo de los supuestos, la Superioridad en el SUP-JE-1049/2023 estableció que:

        La caducidad es una figura de carácter procesal, que se actualiza por la inactividad o demora injustificada dentro de los procedimientos administrativos sancionadores seguidos en forma de juicio.

        La caducidad sólo puede operar una vez iniciado el procedimiento respectivo.

        La caducidad opera de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo y tiene como efecto que se anulen todos los actos procesales verificados y sus consecuencias.

        En cualquier procedimiento futuro no es posible invocar lo actuado en el procedimiento caduco.

(18)       De ahí que, la caducidad de la instancia por inactividad procesal obedece a un fin constitucionalmente válido consistente en la consideración de orden público de que los juicios no permanezcan inactivos o paralizados indefinidamente, sin cumplir la función para la cual fueron instituidos. De ahí que dicha figura procesal encuentre respaldo en el artículo 17 constitucional, al estar vinculada con las condiciones necesarias para alcanzar una justicia pronta y completa[21].

TERCERA. Caso concreto.

(19)       Recordemos que se presentaron nueve quejas en las que se denunció a Enrique de la Madrid por la realización de actos anticipados de precampaña y campaña.

(20)       La primera denuncia fue el 26 de junio de 2023 y la última el 19 de julio del mismo año, pero fue hasta el 24 de julio de 2024 que la autoridad instructora dictó el acuerdo de emplazamiento a la audiencia de pruebas y alegatos; es decir, a más de un año de que la autoridad administrativa tuviera conocimiento de los hechos denunciados[22].

¿Qué debemos tomar en cuenta para determinar si un asunto caducó?

(21)       Conforme a la guía marcada por la Superioridad, un procedimiento especial sancionador (PES) caduca si transcurrió un año calendario y no se resolvió; no obstante, esta regla tiene una excepción.

(22)       Si la autoridad instructora acredita una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente, que motive una posible dilación, entonces, la resolución del asunto puede válidamente emitirse en un plazo posterior al referido por el criterio de Sala Superior.

(23)       Es decir, se deben de valorar diversas circunstancias, entre otras, la conducta procedimental de la probable persona infractora, o bien, a que su tramitación, por su complejidad, requirió de la práctica de diversas diligencias o actos procedimentales que razonablemente no fueron posibles de realizar dentro del plazo señalado; sin que dicha excepción pueda derivar de la inactividad de la autoridad.

¿Se actualiza la caducidad en este asunto?

(24)       La primera queja se presentó el 26 de junio de 2023 y posteriormente se presentaron nuevas denuncias más, de las cuales la autoridad instructora desplegó sus facultades de investigación y ordenó diversos requerimientos, cuyos hallazgos y efectos tuvieron relación estrechamente con los hechos denunciados.

(25)       Precisado lo anterior, debemos tomar en cuenta las actuaciones que desahogó la autoridad instructora, veamos:

(26)       Conforme lo anterior, se puede advertir que, la autoridad instructora desde el 26 de julio, hasta 7 de noviembre de 2023, realizó diversas actuaciones.

(27)       Sin embargo, del 8 de noviembre de 2023 al 24 de enero, no realizó alguna actuación y del 24 de enero hasta el 24 de julio (emplazamiento a la audiencia de pruebas y alegatos), transcurrió un lapso de 8 meses en los que no existió alguna diligencia por parte de la autoridad electoral.

(28)       Como se puede advertir, estamos frente al supuesto de caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad electoral por inactividad procesal, al haber transcurrido un año y 29 días desde la presentación de las quejas y hasta el emplazamiento a la audiencia de pruebas y alegatos, conforme al criterio sostenido por Sala Superior en la jurisprudencia 8/2013[55].

(29)       Por lo que se considera que la potestad sancionadora se ha extinguido de manera que procede sobreseer[56] el procedimiento especial sancionador.

(30)       Ahora bien, una vez que en el caso operó la caducidad por inactividad procesal, se comunica la presente resolución a la Unidad Técnica de lo contencioso del INE.

(31)       Conforme a lo anterior, se

R E S U E L V E

PRIMERA. Se sobresee el procedimiento por actualizarse la caducidad por inactividad de la autoridad instructora en los términos de la ejecutoria.

SEGUNDA. Se comunica la presente resolución a la UTCE del INE.

NOTIFÍQUESE, en términos de ley.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos de las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la federación, así como el acuerdo general de la sala superior 2/2023, que regula, las sesiones de las salas del tribunal y el uso de herramientas digitales.