PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSC-512/2024

PARTE PROMOVENTE: Partido de la Revolución Democrática

PARTE INVOLUCRADA: Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León

MAGISTRADA EN FUNCIONES: Mónica Lozano Ayala

PROYECTISTA: Georgina Ríos González

COLABORARON: María Fernanda Calderón Guerrero y Aranzazú Rosales Rojas

Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro[1].

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[2] dicta la siguiente SENTENCIA:

A N T E C E D E N T E S

I. Proceso electoral federal 2023-2024

1.              El siete de septiembre de 2023 inició el proceso electoral federal en el que se eligió, entre otros cargos, la presidencia de México y las diputaciones federales y senadurías. Las etapas fueron[3]:

        Precampaña: Del 20 de noviembre de 2023, al 18 de enero.

        Intercampaña: Del 19 de enero al 29 de febrero.

        Campaña: Del uno de marzo al 29 de mayo.

        Jornada electoral: dos de junio.

II. Trámite del procedimiento especial sancionador

2.              1. Queja. El siete de diciembre de 2023, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció a Samuel Alejandro García Sepúlveda (Samuel García), gobernador de Nuevo León, por la supuesta realización de actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y proselitismo a favor de Movimiento Ciudadano, así como la responsabilidad indirecta de dicho partido político.

3.              Lo anterior, por 5 publicaciones realizadas en las redes sociales de Samuel García y Movimiento Ciudadano, el tres, seis y siete de diciembre de 2023 que, a decir del denunciante, constituyen propaganda negativa contra los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD, y contra Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, entonces precandidata única a la presidencia de la coalición “Fuerza y Corazón por México”. Asimismo, solicitó el dictado de medidas cautelares.

4.              2. Remisión de la denuncia a la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo León. El siete de diciembre de 2023, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) de la Secretaría Ejecutiva del INE remitió la queja a la Junta local para que determinara lo conducente, al considerar que dicho órgano electoral era el competente para tramitar el procedimiento especial sancionador.

5.              3. Recepción y diligencias de investigación. El 12 de diciembre de 2023, la Junta local recibió la denuncia, la registró[4] y ordenó la realización de diligencias de investigación.

6.              4. Desechamiento de la queja. El 16 de diciembre de 2023, la Junta local desechó la denuncia, al considerar que no existían elementos para advertir la ilegalidad en la difusión de las publicaciones denunciadas.

7.              5. Recurso de revisión SUP-REP-693/2023. El 10 de enero, la Sala Superior dictó resolución por la cual revocó el desechamiento de la queja y ordenó a la UTCE asumir la competencia y, en plenitud de sus atribuciones, conocer de la denuncia.

8.              6. Registro y admisión de la queja. El 18 de enero, la UTCE registró la queja[5] y ordenó diversas diligencias de investigación. El 26 de enero la admitió.

9.              7. Acuerdo de medidas cautelares[6]. El 27 de enero, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE las negó respecto de la tutela preventiva y 2 publicaciones en las redes sociales de Samuel García, al no advertirse posible transgresión a la normativa electoral.

10.           Sin embargo, las concedió respecto de 2 publicaciones en las redes sociales de Samuel García y 1 publicación en la cuenta de Instagram de Movimiento Ciudadano, pues, de un análisis preliminar advirtió su posible ilicitud al contener elementos de carácter proselitista y porque se destacó de manera preponderante la imagen de Samuel García y ordenó que, en un plazo no mayor a 6 horas, las retiraran de internet.

11.           8. Emplazamiento y audiencia de alegatos. El tres de julio, la UTCE ordenó emplazar a las partes involucradas a la audiencia de ley, la cual se realizó el 9 de julio[7].

III. Trámite ante la Sala Especializada

12.           Recepción y turno. Cuando llegó el expediente, se revisó su integración y, en su oportunidad, el magistrado presidente le dio la clave
SRE-PSC-512/2024 y lo turnó a la ponencia de la magistrada en funciones Mónica Lozano Ayala, quien lo radicó y propuso el proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Competencia

Esta Sala Especializada tiene facultad (es competente) para resolver el procedimiento especial sancionador porque se denuncia la supuesta realización de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuidos a Samuel García; la realización de proselitismo a favor de Movimiento Ciudadano en el desarrollo del proceso electoral federal 2023-2024, y la responsabilidad indirecta de dicho partido político[8].

SEGUNDA. Causales de improcedencia

Al comparecer al procedimiento Samuel García señaló que los hechos denunciados no constituyen una vulneración a la normativa electoral, ni hay elementos indiciarios para acreditarlos, por lo que debe sobreseerse el asunto[9].

A juicio de esta Sala Especializada, no se actualiza la causal de improcedencia, porque, contrariamente a lo que aduce el denunciado, la parte quejosa señaló las conductas que estimó contrarias a la normativa aplicable y aportó las pruebas que consideró pertinentes para acreditar su dicho[10], por lo que la determinación sobre si las conductas denunciadas constituyen o no infracciones electorales corresponde al estudio de fondo de este asunto.

TERCERA. Acusaciones y defensas

13.           El PRD expuso en su queja[11]:

        Samuel García, gobernador de Nuevo León, difundió diversas publicaciones por las que incurrió en actos anticipados de campaña para el proceso electoral federal, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y proselitismo a favor de Movimiento Ciudadano.

        Las publicaciones constituyen propaganda negativa para el PRI, PAN, PRD y Xóchitl Gálvez, entonces precandidata única a la presidencia de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, lo cual se acredita con las constancias del expediente.

        Movimiento Ciudadano faltó a su deber de cuidado, por la conducta de Samuel García.

        Se debe tener por acreditada la existencia de las infracciones, en tanto que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE concedió las medidas cautelares.

14.           Samuel García se defendió así[12]:

        No se actualiza la promoción personalizada, los supuestos actos anticipados de campaña, ni el uso indebido de recursos públicos, porque no se tiene certeza de la fecha en que se realizó el material que difundió en sus redes sociales, con independencia del momento de su difusión.

        Las pruebas no demuestran el uso indebido de recursos públicos o la utilización de programas sociales.

        Realizó las publicaciones en su calidad de gobernador, en uso de su derecho a la libertad de expresión.

15.           Movimiento Ciudadano señaló[13]:

        Son inexistentes las infracciones atribuidas, ya que, en el caso de los actos anticipados de campaña, no se acreditan los elementos de la infracción, dado que al momento en que se difundieron las publicaciones Samuel García no se encontraba participando en candidatura alguna.

        Tampoco se actualiza la infracción respecto a la promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, porque las expresiones denunciadas no constituyen propaganda, pues, están amparadas en el derecho a la libertad de expresión.

        Las pruebas ofrecidas por los quejosos no acreditan las infracciones denunciadas.

CUARTA. Pruebas y hechos acreditados[14]

16.           De las constancias del expediente se acreditó:

        La existencia de las publicaciones denunciadas[15], los cuales se analizarán en el estudio de fondo.

        Es un hecho público y conocido que Samuel García, al momento de los hechos, era gobernador de Nuevo León[16].

        Samuel García es titular de las cuentas de X @samuel_garcias y de Facebook “Samuel García” y él las administra[17].

        Movimiento Ciudadano nacional es titular y administrador de la cuenta de Instagram “Movciudadanomx”[18].

QUINTA. Marco normativo

   Uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada

24.           El artículo 134 de la constitución federal engloba principios y valores que tienen como hilo conductor el buen uso de los recursos públicos del Estado; entre ellos encontramos los párrafos 7 y 8, con impacto en la materia electoral, que de manera textual dicen:

Párrafo 7: […] [Las y][22] Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Párrafo 8: La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

25.                Este artículo es claro, señala que el deber de quienes integran el servicio público es actuar con imparcialidad y neutralidad en el uso de los recursos públicos; y esa obligación es en todo tiempo, y en cualquier forma, manteniéndose siempre al margen de la competencia entre las fuerzas políticas.

26.                El propósito no es impedir a las personas que desempeñan una función pública dejar de ejercer sus atribuciones. Lo que se busca es garantizar que todos los recursos públicos y oficiales bajo su responsabilidad se utilicen de manera estricta y adecuada a los fines que tengan; es decir, generar conciencia sobre la importancia que tiene la pertenencia a la administración pública y porque deben evitar influir en la voluntad ciudadana con fines electorales, pues su labor es servirles.

27.                Por eso se entiende que, si la propaganda gubernamental siempre debe tener carácter institucional, entonces una de las limitantes es que se emplee para promocionar el nombre, imagen o voz de una persona del servicio público.

28.                Es decir, la propaganda gubernamental debe centrarse en la acción de gobierno, sin mencionar, hacer alusión o identificar a una servidora o servidor público; lo que debe prevalecer o destacar en la propaganda, es el trabajo gubernamental y no la persona, sus cualidades o atribuciones.

29.                Exigirles imparcialidad y neutralidad a las personas del servicio público marca la ruta para conformar un sistema donde la igualdad de condiciones para las y los competidores sea una regla y no la excepción.

30.                De ahí que los principios que guían el servicio público (legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, neutralidad y eficiencia), se deben observar en todo momento, en cualquier escenario o circunstancia; es decir, en periodos electorales y no electorales[23].

31.                Estos principios promueven e invitan al servicio público, a mantener una conducta responsable de frente a la población, en todo momento y en cualquier situación.

32.                La directriz de mesura, en el comportamiento que deben observar las y los servidores públicos debe guiar todas y cada una de sus actuaciones, en el contexto del pleno respeto a los valores democráticos; es decir, les impone un ejercicio de autocontención constante que les mantenga al margen de cualquier injerencia.

   Promoción personalizada

33.           Por su parte, el párrafo octavo, del artículo 134 de la constitución, señala que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, además de que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública[24].

34.           La Sala Superior ha identificado que este párrafo regula dos tópicos: uno de carácter enunciativo que se limita a especificar lo que deberá entenderse como propaganda del Estado y otro que dispone la prohibición de emplear dicha propaganda para la promoción personalizada de personas en el servicio público.[25]

35.           En línea con esto, también ha definido[26] que no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de una persona servidora pública, pueda catalogarse como promoción personalizada, puesto que se debe analizar si los elementos que contiene constituyen una verdadera vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales.

36.           Así, la promoción personalizada se actualiza cuando se satisfagan estos elementos[27]:

        Personal. Supone la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona servidora pública.

        Objetivo. Impone el análisis del contenido del mensaje para determinar si de manera efectiva revela el ejercicio prohibido de promoción personalizada.

        Temporal. Impone presumir que la propaganda emitida dentro de un proceso electoral tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin excluir que la infracción puede suscitarse fuera del mismo, caso en el cual se deberá analizar su proximidad con el debate para determinar la incidencia o influencia correspondiente.

41.           Sabemos que las redes sociales son espacios que permiten difundir y obtener información, de manera directa y en tiempo real, una interacción que no está condicionada, direccionada o restringida a través de bloqueo, filtración o interferencia, de acuerdo con el principio de neutralidad de la red[30].

42.           En ese sentido, las redes sociales son, por regla general, espacios de plena libertad, al ser un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada, consciente de que las decisiones que asuma trascienden en el incremento o la disminución de la calidad de vida de la colectividad.

43.           Así, la regla general es la permisión en internet de la difusión de ideas, opiniones e información, para garantizar el derecho humano a la libertad de expresión. Excepcionalmente, el ejercicio de ese derecho puede restringirse a través de medidas racionales, justificadas y proporcionales, para proteger los derechos de terceras personas[31].

44.           En muchas de las redes sociales se presupone que se trata de expresiones espontáneas, que se emiten para hacer de conocimiento general una opinión sobre una determinada temática, lo que es relevante para determinar si la conducta es ilícita y si genera responsabilidad de las personas involucradas o si está protegida por la libertad de expresión[32].

   Falta al deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in vigilando)

45.           Los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de las personas que militen en sus filas a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás institutos políticos y los derechos de la ciudadanía[33].

46.           La jurisprudencia electoral establece que los partidos pueden cometer infracciones a través de su dirigencia, militancia, personas que simpatizan o trabajan para él, e incluso que sean ajenas al instituto político, y que tienen la calidad de garantes respecto de su conducta, con excepción de quienes cometan la infracción en su calidad de personas del servicio público[34].

SEXTA. Estudio de fondo

47.           En este asunto vamos a resolver si:

        Samuel García realizó actos anticipados de campaña, promoción personalizada y usó recursos públicos de manera indebida con motivo de las publicaciones realizadas el tres, seis y siete de diciembre de 2023.

        Movimiento Ciudadano tiene responsabilidad en los hechos atribuidos a Samuel García y si recibió un beneficio indebido derivado de las expresiones de las publicaciones.

   Actos anticipados de campaña

48.           Para determinar si se surten los elementos de la infracción, veamos las publicaciones denunciadas:

¿Se acredita el elemento personal?

49.           La norma electoral indica quiénes son las personas que pueden cometer actos anticipados de campaña, dentro de las cuales no están las personas del servicio público[35].

50.           Es importante destacar que la superioridad señaló que las personas del servicio público pueden cometer actos anticipados de campaña, solo cuando busquen una candidatura[36].

51.           En el caso, tenemos que, el 17 de noviembre de 2023, la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano validó la solicitud de registro de Samuel García como precandidato único a la presidencia de México[37].

52.           Sin embargo, el dos de diciembre siguiente, el denunciado hizo del conocimiento público su decisión de no participar en la contienda presidencial como precandidato o candidato de Movimiento Ciudadano[38].

53.           De ahí que las publicaciones denunciadas en este asunto, del tres, seis y siete de diciembre de 2023, las difundió en su carácter de persona del servicio público.

54.           Por tanto, toda vez que no se acredita el elemento personal de los actos anticipados de campaña atribuidos a Samuel García, este órgano jurisdiccional considera innecesario realizar el análisis de los elementos temporal y subjetivo de la conducta, al ser inexistente la infracción denunciada.

   Promoción personalizada

¿Se acredita el elemento personal?

55.           Sí, porque las cuatro publicaciones fueron emitidas por Samuel García, desde sus redes sociales; por lo tanto, es posible identificar su nombre e imagen.

¿Se acredita el elemento temporal?

56.           Sí, pues los mensajes de difundieron durante la etapa de precampaña del proceso electoral federal para elegir a la presidencia de la República, que transcurrió del 20 de noviembre de 2023, al 18 de enero de este año.

¿Se acredita el elemento objetivo?

57.           No, porque del contenido de las cuatro publicaciones no se advierte que tuvieran como propósito promover o destacar su trayectoria como persona del servicio público, logros particulares en el desempeño de su cargo como gobernador, con el propósito de posicionarse ante la ciudadanía en general, de frente a los comicios federales.

58.           Esta conclusión se robustece con el hecho de que las publicaciones se dieron con posterioridad al dos de diciembre de 2023, fecha en la cual Samuel García hizo del conocimiento público su decisión de no participar en la contienda presidencial como precandidato o candidato, pues, inclusive en la publicación 2 señaló: “En 10 días de precampaña hicimos temblar de miedo a la vieja política, por eso nos bajaron a la mala de la contienda”.

59.           En opinión de esta Sala Especializada, dicha manifestación evidencia que la difusión de las publicaciones denunciadas no tuvo la intención de promover la imagen o el cargo de Samuel García de manera indebida de frente a dichos comicios.

60.           De ahí que se considera que las publicaciones y mensajes no constituyeron promoción personalizada en favor de Samuel García, pues no se advierte que usara su cargo público para promocionarse, por lo que es inexistente la infracción denunciada.

61.           Lo anterior, con independencia de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE haya concedido las medidas cautelares solicitadas ante esa instancia administrativa, pues, esa determinación es de naturaleza preliminar, cuyo objetivo es evitar que se sigan reproduciendo actos o conductas que pudieran ser violatorias de la normativa electoral, sin que ello implique que la resolución de fondo se emita en el mismo sentido.

   Uso indebido de recursos públicos

62.           Aun cuando se acreditó que las publicaciones se realizaron en las cuentas personales de Samuel García en las redes sociales Facebook y X, es inexistente el uso indebido de recursos públicos atribuido al denunciado, toda vez que no se acreditó la ilicitud del contenido de dichas publicaciones.

   Beneficio indebido y falta al deber de cuidado (culpa in vigilando)

63.           Asimismo, ante la inexistencia de las infracciones denunciadas, también es inexistente el supuesto beneficio indebido que se le atribuyó a Movimiento Ciudadano, con motivo de las publicaciones realizadas por Samuel García, así como la falta al deber de cuidado respecto de las conductas imputadas al gobernador de Nuevo León.

64.           No obstante, este órgano jurisdiccional también debe analizar la responsabilidad directa de Movimiento Ciudadano respecto de la publicación realizada el siete de diciembre en su perfil de Instagram.

65.           Esto, pues, si bien de las constancias del expediente se advierte que la UTCE lo emplazó por su posible responsabilidad indirecta (culpa in vigilando) respecto de las cinco publicaciones denunciadas en este asunto, en el caso, se observa que el partido es el responsable único e inmediato de la publicación realizada en el perfil que le pertenece en esa red social, del cual reconoció ser su administrador directo.

66.           Dicha conclusión es acorde a lo resuelto por la Sala Superior en el SUP-REP-317/2021, en el cual señaló que el hecho de que se analice un tipo de responsabilidad distinta a la que se atribuyó en el emplazamiento a un partido respecto de los hechos denunciados, no implica la vulneración de sus derechos ni la trasgresión al debido proceso, porque tal figura no es un tipo administrativo (infracción) sino la responsabilidad (directa o indirecta) en la que incurre el partido político.

67.           Así, revisemos la publicación:

¿Se actualiza el elemento personal?

68.           En principio, es necesario precisar que el artículo 443, inciso e) de la LEGIPE, dice:

“Artículo 443.

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

[…]

e) La realización anticipada de actos de precampaña o campaña atribuible a los propios partidos;

[…]”

69.           Este precepto indica que los partidos son reconocidos como sujetos que pueden incurrir en actos anticipados de campaña.

70.           Por tanto, en el caso, se acredita el elemento personal de Movimiento Ciudadano porque la publicación denunciada se emitió en su perfil de Instagram.

¿Se acredita el elemento temporal?

71.           Sí, porque la difusión de las publicaciones denunciadas se llevó a cabo después de que inició el pasado proceso electoral federal (siete de septiembre de 2023)[39], esto es, en la etapa de precampaña.

¿Se actualiza el elemento subjetivo?

72.           En el caso, se advierte que el video tiene el carácter de propaganda política, la cual está permitida durante la etapa de precampaña, conforme a lo señalado por la Sala Superior en el juicio electoral SUP-JE-1108/2023 y en el recurso de revisión SUP-REP-760/2024.

73.           En el video se observa a la imagen y el nombre de Samuel García. Sin embargo, esta Sala Especializada considera que el mensaje es acorde a la propaganda de precampaña, pues, en el momento de su difusión el denunciado ya había renunciado a la precandidatura única de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México. Además, en el video se hizo referencia a esa circunstancia, al señalar: “En una semana logramos desbancar a la vieja política, el PRIAN bajó a Samuel a la mala, pero lo nuevo es imparable estamos #MasPuestosQueNunca”.

74.           El análisis integral de los elementos del video y del contexto en que se emitió nos permite concluir que el mensaje tenía como propósito o finalidad comunicar a las personas usuarias de esa red social que simpatizan con Movimiento Ciudadano que Samuel García había sido retirado de la contienda por el PAN y el PRI, y que dicha circunstancia no sería obstáculo para que el partido continuara en la contienda, pues, desde su perspectiva, estaban preparados para ese propósito, lo que se desprende de la frase “[estamos] “#MasPuestosQueNunca”, manifestaciones que, a juicio de esta Sala Especializada, no transgredieron las reglas de la propaganda de precampaña.

75.           Cabe señalar que en el mensaje no se advierten expresiones por las que se buscara resaltar o posicionar de manera anticipada a otra candidatura o hacer llamados al voto a favor de dicho partido político o contra alguna otra fuerza política, ni siquiera a través de equivalentes funcionales como se expone enseguida:

76.           De ahí que son inexistentes los actos anticipados de campaña atribuidos a Movimiento Ciudadano.

77.           Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO: Son inexistentes los actos anticipados de campaña, promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos atribuidos a Samuel Alejandro García Sepúlveda.

SEGUNDO: Son inexistentes los actos anticipados de campaña, el beneficio indebido y la falta al deber de cuidado atribuida a Movimiento Ciudadano, en los términos expuestos en la sentencia.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvió la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad de votos de las magistraturas que la integran, ante la secretaria general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del tribunal.