SENTENCIA que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro[1].

SUMARIO DE LA DECISIÓN

Se determina la existencia de la vulneración al principio de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda electoral; atribuido a Samuel García, Gobernador del Estado de Nuevo León, con motivo de la presunta rifa de una camioneta Cybertruck, Tesla, mediante las publicaciones realizadas en sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram, “X” y TikTok, para beneficiar a Movimiento Ciudadano y a Jorge Álvarez Máynez en su calidad de candidato a la presidencia de la República.

Por otra parte, se determina la existencia del beneficio electoral obtenido por parte de Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano derivado de las conductas atribuidas a Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador del Estado de Nuevo León.

GLOSARIO

V I S T O S los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano central del INE, registrado con la clave SRE-PSC-519/2024, integrado con motivo del escrito de queja presentado por el PRI, en contra de Samuel García, Jorge Álvarez y Movimiento Ciudadano, se resuelve bajo los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I. Proceso electoral federal 2023-2024.

1.              El siete de septiembre de dos mil veintitrés inició el proceso electoral federal para elegir, entre otros cargos, la presidencia de la República, senadoras y senadores de la República y Diputadas y Diputados.

Las etapas fueron:

•                     Precampaña: Del veinte de noviembre de dos mil veintitrés al dieciocho de enero.

•                     Intercampaña: Del diecinueve de enero al veintinueve de febrero

•                     Campaña: Del primero de marzo al veintinueve de mayo.

•                     Jornada electoral: dos de junio.

II. Sustanciación del procedimiento especial sancionador

2.              Queja[2]. El dieciséis de mayo el PRI, a través de su representante propietario ante el Consejo General del INE, presentó un escrito de denuncia en materia de fiscalización en contra de Samuel García, derivado de que el ocho de mayo, el Gobernador de Nuevo León, en sus cuentas de Facebook, Instagram, “X” y Tik Tok, anunció que realizaría una rifa de una camioneta Cybertruck, si Jorge Álvarez Máynez se posicionaba como segundo lugar en las preferencias electorales de la ciudadanía de cara a la jornada electoral del dos de junio.

3.              Sobre esto, el PRI alegó que la camioneta que se rifaría pertenece a Andrés Gerardo García Salazar, un empresario en el sector de transporte en Nuevo León; por lo que, desde su perspectiva, se estaba realizando una indebida aportación de un ente prohibido a la campaña de Jorge Álvarez Máynez.

4.              Vista de la Unidad Técnica de Fiscalización al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Derivado del escrito de queja en materia de fiscalización, el treinta y uno de mayo, la UTF dio vista al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Nuevo León[3] por que advirtió la posible vulneración a al principio de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda por parte de Samuel García.

5.              Incompetencia del Instituto local.[4] El ocho de junio, el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Nuevo León determinó que no era competente para conocer de los hechos denunciados en atención a que impactaban en el proceso electoral federal 2023-2024, ya que presuntamente se beneficiaba a una candidatura a la Presidencia de la República, por lo que remitió la queja a la autoridad instructora.

6.              Registro y reserva de admisión y emplazamiento de la queja[5]. El veintitrés de agosto, la autoridad instructora registró la queja con la clave UT/SCG/PE/PRI/OPL/NL/1117/PEF/1508/2024, y se reservó la admisión, y lo referente al emplazamiento a las partes involucradas al tener pendientes diligencias de investigación.

7.              Admisión y emplazamiento[6] así como audiencia. El treinta de agosto, la autoridad instructora admitió a trámite la queja y determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se celebró el seis de septiembre y, una vez concluida, se remitió el expediente a esta Sala Especializada.

8.              Recepción del expediente en la Sala Especializada. En su oportunidad, la autoridad instructora remitió a la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, el cual se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de que se llevara a cabo la verificación de su debida integración.

III. Trámite ante la Sala Especializada

9.              Recepción del expediente en la Sala Especializada. Es su momento, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

10.          Turno a ponencia y radicación. El veinticinco de septiembre el magistrado presidente acordó integrar el expediente SRE-PSC-519/2024 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Rubén Jesús Lara Patrón. Con posterioridad, se acordó radicar el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERA. Competencia.

11.          Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia la presunta vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, con un posible impacto en el proceso electoral federal 2023-2024, así como el posible beneficio a una candidatura y partido político, derivado de publicaciones en redes sociales relativas a una presunta rifa realizada por parte del Gobernador de Nuevo León.

12.          Lo anterior, con fundamento en los artículos 134 y 99, párrafo cuarto, fracción IX[7],134, párrafo séptimo[8] de la Constitución; así como 173, primer párrafo[9], y 176, último párrafo[10], de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 470, párrafo 1, inciso a) [11], 473 párrafo segundo[12], 475[13], 476[14] y 477[15] de la Ley Electoral; en relación con la jurisprudencia 25/2015 de rubro “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.”

SEGUNDA. Caso Concreto

13.          En el caso que nos ocupa, se denunció que ocho de mayo, Samuel García, presuntamente anunció a través de sus redes sociales Facebook, X, Instagram y TikTok que rifaría una camioneta Cybertruck, Tesla, si el entonces candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez se posicionaba como segundo lugar en las preferencias electorales por encima de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

14.          En este sentido, el PRI manifestó que, desde su óptica, con independencia de si se realizaba o no la rifa, el solo anuncio de que se llevaría a cabo por parte de Samuel García, generaba un beneficio a la campaña de Jorge Álvarez Máynez, ya que la entrega de un premio podía provocar que las y los votantes determinaran sufragar por un candidato para que se materializara el sorteo.

15.          Por lo anterior, bajo su perspectiva la verdadera intención de Samuel García era implementar una estrategia que permitiera a Movimiento Ciudadano y a su entonces candidato, la obtención de más sufragios.

16.          Ahora bien, para acreditar su dicho, el PRI ofreció como medios de prueba quince vínculos electrónicos, -Pruebas Técnicas[16]- de los cuales once de ellos corresponden a diferentes notas periodísticas de los medios de comunicación que dan cuenta de lo siguiente:

        Cinco notas de los medios de comunicación Telediario[17], noticias autocosmos[18],  Informador[19], MVS noticias[20] y Record[21],  dan a conocer del valor de la camioneta Cybertrunk.

        Una de ellas, correspondiente al medio de comunicación El Financiero[22], da cuenta de que la camioneta Cybertruck de Samuel García es prestada por un empresario.

        Cinco de los medios de comunicación Infobae[23], El Financiero[24], Contrareplica[25] El norte[26] y Reporte Índigo[27] dan a conocer una presunta rifa o concurso organizado por Samuel García para regalar una camioneta Cybertruck en caso de que Jorge Álvarez Máynez se posicione como segundo lugar en las preferencias electorales por encima de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

17.          Asimismo, el PRI en su queja, ofreció en su queja las publicaciones en los perfiles de Samuel García en las redes sociales Facebook, X, Instagram y TikTok.

18.          Cabe señalar que al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos[28], el PRI ratificó el contenido, argumentos, términos, así como alcances legales de su escrito de queja.

19.          Ahora bien, una vez recibida la queja, la autoridad instructora, en ejercicio de su facultad de investigación, recabó las siguientes pruebas:

20.          En primer lugar, mediante acta circunstanciada del veintitrés de agosto, -documental publica[29], certificó la existencia y contenido de los quince vínculos electrónicos proporcionados por el PRI. En este sentido, respecto de las once notas periodísticas debe precisarse que su contenido se detalla en el Anexo Único de esta sentencia.

21.          Ahora bien, respecto de las publicaciones presuntamente efectuadas por Samuel García en las redes sociales Facebook, X, Instagram y TikTok, la autoridad instructora no localizó las publicaciones denunciadas.

22.          No obstante, si bien al momento de ingresar a los perfiles de Samuel Garcia en las redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok no se localizó las publicaciones denunciadas, lo cierto es que el PRI también ofreció cinco notas periodísticas que dieron cuenta de la presunta rifa o concurso organizado por Samuel García para regalar una camioneta Cybertruck.

23.          Sobre esta cuestión debe considerarse que las notas periodísticas sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, y corresponde a esta autoridad calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convectivo atendiendo a las circunstancias existentes[30].

24.          Por lo anterior, en el caso concreto, toda vez que existían diversas notas periodísticas que daban cuenta de las publicaciones denunciadas, y por lo tanto, existan indicios de la organización de la presunta rifa por parte de Samuel García, la autoridad instructora efectuó un requerimiento de información al Gobernador de Nuevo León, con la finalidad de conocer mayor información relacionada con los hechos denunciados.

25.          En este sentido, en respuesta a este requerimiento, Samuel García[31], reconoció que las publicaciones denunciadas, las cuales se efectuaron en sus cuentas personales de las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, precisando que él las administra personalmente, y por lo tanto, era el único que generaba dicho contenido.

26.          En este sentido, respecto de la causa, razón y motivo de publicar el contenido denunciado, indicó que era en ejercicio de la libertad de expresión, y reconoció haber etiquetado la cuenta de Jorge Álvarez Máynez.

27.          No obstante, aclaró que el vehículo no era el que se refería el denunciante, y que éste no pertenece al Gobierno del Estado de Nuevo León; además, de que la rifa denunciada a final no se realizó.

28.          Cabe mencionar que al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos[32], manifestó que no se actualizaba la vulneración al principio de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, dado que, del material probatorio no se desprendía el uso de recursos públicos o la utilización de programas sociales, ya que las publicaciones se habían efectuado en sus redes sociales y se trataban de un apoyo a un militante de su propio partido político.

29.          Sobre esta cuestión, el gobernador de Nuevo León argumentó que las cuentas personales de las redes sociales de Facebook, Instagram, X y TikTok son administradas directamente por él, por lo que, al tratarse de cuentas de uso personal, las publicaciones de dicho perfil se realizaban sin utilizar recursos humanos, financieros y/o materiales pertenecientes al erario público.

30.          Además, bajo su perspectiva estas publicaciones se encontraban amparadas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y no se advierte que se hiciera algún llamado al voto o expresiones de rechazo hacia una opción política. Tampoco se observaba que se hubiera empleado el cargo para generar un desequilibrio en el proceso electoral, ya que el contenido lo realizó como ciudadano.

31.          Derivado de lo anterior se tiene que, si bien la autoridad instructora no localizó las publicaciones denunciadas, lo cierto es que el Gobernador de Nuevo León reconoció su existencia y su publicación en redes sociales.

32.          Sobre esta cuestión, a consideración de esta Sala Especializada, si bien, las cuentas de Samuel García en Facebook, Instagram, X y TikTok son personales y administradas por él, lo cierto es que los perfiles de las personas del servicio público se han considerado como un canal de comunicación que permite compartir información relacionada con su gestión aprovechando el nivel de expansión y exposición, lo cual genera notoriedad pública, por lo que se convierten en relevantes para el interés general[33].

33.          Además, en cuanto a la temporalidad en que fueron efectuadas, se tiene que las notas periodísticas son del ocho al doce de mayo[34], por lo que se estima que existen indicios suficientes para estimar que en esas fechas, las cuales coinciden con el periodo de campaña, las publicaciones denunciadas estuvieron disponibles.

34.          Finalmente, de las manifestaciones efectuadas por el Gobernador  de Nuevo León así como de las notas periodísticas aportadas por el PRI se tiene por acreditado que en estas publicaciones se ofreció rifar un bien como consecuencia de que Jorge Álvarez Máynez, entonces candidato a la presidencia de la República, llegara al segundo lugar en las preferencias electorales, y que en esta publicación se le etiquetó en los siguientes términos “Sr. Álvarez Máynez mande a X a tercer lugar y rifo la Cyberfosfo".

35.          Ahora bien, toda vez que quedó acreditado que el Gobernador de Nuevo León dio a conocer en sus redes sociales la organización de la rifa de un bien en caso de que un entonces candidato a la presidencia de la República - del partido político que milita- llegará al segundo lugar en la contienda, resulta relevante estudiar el marco normativo vinculado a los principios de imparcialidad y neutralidad que deben regir en la administración pública.

36.          Al respecto, el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, establece que las y los servidores públicos tienen el deber de observar en todo momento los principios de equidad, neutralidad, imparcialidad y objetividad, por lo que no pueden tener una intervención destacada y activa a favor o en contra de las candidaturas de los partidos políticos o de la vía independiente, en los procesos electorales para la renovación de Ayuntamientos, Congresos locales; titular del Poder Ejecutivo local; diputaciones federales y senadurías, así como a la Presidencia de la República, mediante el sufragio popular; en tanto que ello afectaría la equidad en la contienda electoral.

37.          Esto impone un deber de actuación a las personas en el servicio público, consistente en observar un actuar imparcial en el empleo de los recursos públicos. A dicha obligación subyace el deber de tutela al principio de equidad en la contienda electoral.

38.          Sobre ello, la Sala Superior ha determinado[35]  que esta disposición constitucional impone deberes específicos a las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, relativos a abstenerse de utilizar recursos públicos, esto es, humanos, materiales y económicos.

39.          Si bien el precepto constitucional en cita hace referencia a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda electoral, también es posible desprender la exigencia que se dé una actuación imparcial de las personas servidoras públicas, con el objeto de que ningún partido, candidatura o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral[36].

40.          En este sentido, el artículo 449, párrafo primero, inciso d), de la Ley Electoral, establece como conducta sancionable a las personas en el servicio público, el incumplimiento al principio constitucional de imparcialidad antes señalado, cuando tal conducta afecte la equidad en la competencia.

41.          Así, la Sala Superior ha establecido que la vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la actualización de un supuesto objetivo necesario, consistente en que el proceder de las personas servidoras públicas influya o busque influir en la voluntad de la ciudadanía[37].

42.          Esto es, no solo se busca sancionar conductas que por su resultado generen un menoscabo a los referidos principios, sino el que los mismos se puedan poner en riesgo con un actuar indebido.

43.          Por su parte, respecto del principio de neutralidad, la misma Sala ha establecido[38]  que exige a todas las personas servidoras públicas para que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad aplicable, lo cual implica la prohibición de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de otras autoridades o agentes[39] .

44.          En el marco de estas obligaciones, existen determinadas personas servidoras públicas que deben observar un especial deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones, para lo cual se debe atender al nivel de riesgo o afectación que sus conductas pueden generar dependiendo de los siguientes factores: facultades y capacidad de decisión; nivel de mando; personal a su cargo; y jerarquía.

45.          En el caso de las manifestaciones de las personas que ocupan la titularidad del poder Ejecutivo, resulta evidente que deben guardar un especial cuidado en los procesos electorales, lo cual, atiende a la obligación de privilegiar la equidad en la contienda electoral.

46.          Lo anterior porque la Sala Superior ha considerado[40] el ámbito y la naturaleza de los poderes públicos a los que pertenecen las personas servidoras públicas, como un elemento relevante para observar el especial deber de cuidado que con motivo de sus funciones debe ser observado.

47.          Señaló que las autoridades electorales deben hacer un análisis ponderado y diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o afectación que determinadas conductas pueden generar dependiendo de las facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el personal a su cargo y jerarquía que tiene cada persona servidora pública:

-Poder Ejecutivo en sus tres ámbitos de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y presidencias municipales): encargado de ejecutar las políticas públicas aprobadas por el Poder Legislativo y de los negocios del orden administrativo federal o local:

- Titular. Su presencia es protagónica en el marco histórico-social mexicano. Para ello, dispone de poder de mando para la disposición de los recursos financieros, materiales y humanos con los que cuenta la totalidad de la administración pública.

48.          Dado el contexto histórico-social de su figura y la posibilidad de disponer de recursos, influye relevantemente en el electorado, por lo que las y los funcionarios públicos que desempeñen el cargo deben tener especial cuidado en las conductas que en ejercicio de sus funciones realicen mientras transcurre el proceso electoral.

49.          Ahora bien, en el caso concreto, se denunció que Samuel García en sus redes sociales Facebook, X, Instagram y TikTok dio a conocer que rifaría un bien—una camioneta— si el entonces candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez se posicionaba como segundo lugar en las preferencias electorales por encima de Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

50.          Cabe recordar que, si bien la autoridad instructora no pudo certificar el contenido de las publicaciones, lo cierto es que la existencia de estas fue reconocida por las partes denunciadas, quienes manifestaron que fueron hechas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación político electoral al manifestar apoyo a su compañero de partido político.

51.          No obstante, si bien todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, en el caso del Gobernado de Nuevo León, al ser titular del Poder Ejecutivo local, está sujeto a un escrutinio mayor sobre las manifestaciones que realiza, máxime cuando éstas son expuestas en sus redes sociales, las cuales, por la manera que funcionan, permiten que estas expresiones se den a conocer en todo el país.

52.          Por lo anterior, el ofrecimiento de una realizar una rifa -aún y cuando no se hubiera materializado- condicionada a que una persona ocupara el segundo lugar en las preferencias electorales, a consideración de esta Sala Especializada constituye una manifestación de apoyo a un entonces candidato a la presidencia de la República y como consecuencia de ello, una vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, ya que utiliza una posición oficial – la del gobernador de Nuevo León- para influir en la percepción del electorado y afectar la equidad en la contienda electoral.

53.          Cabe mencionar que el hecho de que Samuel Garcia manifieste que sus cuentas en redes sociales son personales, y que de las constancias que obran en el expediente se advierta que la estructura del estado no administra las cuentas, [41] y que tampoco existe una partida presupuestal relacionada con la administración de las cuentas de redes sociales del Gobernador de Nuevo León[42], lo cierto es que constituye un hecho notorio que utiliza estos medios de comunicación para interactuar con la ciudadanía y dar a conocer información de carácter gubernamental y de su gestión como servidor público.

54.          Por lo anterior, sus expresiones transcienden al espacio público y no resulta posible separar de investidura que tiene el gobernador del Estado.

55.          Sobre esta cuestión, no pasa inadvertido que al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos[43], Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano manifestaron que la Sala Superior en el SUP-RAP-52/2014 y acumulados determinó que los servidores públicos, cuyos cargos son de elección popular, tienen derecho a participar en la vida política (interna y externa) de sus respectivos partidos políticos, actuando bajo los límites permitidos por la Constitución y la legislación aplicable a efecto de que su intervención en la vida partidista no implique un abuso respecto del desempeño de sus funciones como servidor público.

56.          No obstante, en el caso concreto, esta Sala Especializada considera que el precedente al que hace referencia no es aplicable al caso concreto, ya que en ese supuesto se trataba de la asistencia de diversas personas el servicio publico a un evento de campaña de un entonces candidato a la presidencia, e incluso en ese asunto la Sala Superior determinó revocar para que se emitiera una nueva resolución teniendo como responsables a los servidores públicos denunciados que acudieron al evento proselitista.

57.          Además, el argumento de Samuel García, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos en el sentido de que los enlaces electrónicos no estaban disponibles, y que desde su perspectiva era nulo el impacto dado la pequeña temporalidad de difusión al haberse efectuado bajo la modalidad de “historia”[44] , a consideración de esta Sala Especializada no lo exime de la responsabilidad, ya que el deber neutralidad e imparcialidad obliga a los titulares del poder Ejecutivo a no tener una intervención destacada y activa a favor o en contra de las candidaturas de los partidos políticos.

58.          Por lo que si bien se coincide con Samuel García respecto de que no se encuentra impedido para utilizar las redes sociales o para interactuar con las personas que le siguen, lo cierto es que si tiene una serie de restricciones en materia político-electoral, y específicamente respecto de las manifestaciones de apoyo a favor o en contra de otras candidaturas; por lo que, aun y cuando no existan manifestaciones expresas a votar a favor o en contra de determinada candidatura, lo cierto es que el ofrecimiento de realizar una rifa de un bien, en caso de que un candidato a la presidencia obtenga un segundo lugar en las preferencias electorales, se estima, rebasa sus límites de la libertad de expresión.

59.          Además, del caudal probatorio no se desprendían elementos que demostraran que se estaba promocionando Samuel García o que se hubiera beneficiado a Jorge Álvarez Máynez.

BENEFICIO INDEBIDO

60.          En la queja se denunció el presunto beneficio electoral indebido que obtuvo Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano con motivo de la publicación de la rifa en los perfiles del Gobernador de Nuevo León en las redes sociales Facebook, X, Instagram y Tiktok y la autoridad instructora les emplazó en esos términos.

61.          Cabe precisar que constituye un hecho público[45] y no controvertido que Jorge Álvarez Máynez fue candidato a la presidencia de la Republica en el pasado proceso electoral federal 2023-2024 por Movimiento Ciudadano.

62.          Al respecto, la Sala Superior ha validado[46] la imputabilidad del presunto beneficio electoral indebido que una persona pueda obtener con motivo de la comisión de infracciones cometidas por otras personas, concretamente personas del servicio público.

63.          En el presente caso, se determina que es procedente imputar responsabilidad a Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano por la presunta obtención de un beneficio electoral, porque ya fue determinado que Samuel García, a través de sus redes sociales Facebook, X, Instagram y TikTok incurrió en la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad al dar a conocer la existencia de la rifa de un bien en caso de que el entonces candidato a la presidencia obtuviera un segundo lugar en la contienda electoral.

64.          Además, en este ofrecimiento, el Gobernador de Nuevo León, y quien es un hecho público que es simpatizante de Movimiento Ciudadano, etiquetó o arrobó en su cuenta a Jorge Álvarez Máynez en estas publicaciones.

65.          Por lo anterior, dada las características de las publicaciones, y que estas fueron efectuadas en el periodo de campaña en el pasado proceso electoral 2023-2024, a consideración de esta Sala Especializada se estima que éstas fueron realizadas para favorecer a Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Máynez ya que la condición para la rifa era que el entonces candidato se posicionara en segundo lugar en la contienda electoral.

66.          Además, no debe pasar inadvertido que estas publicaciones fueron efectuadas por un titular del Poder Ejecutivo local, lo cual, a consideración de esta Sala Especializada, tienen una transcendía mayor sus manifestaciones y por lo tanto un mayor impacto.

67.          Al respecto, la Sala Superior ha dicho que, para atribuir responsabilidad indirecta por la conducta de una tercera persona, se necesita demostrar que se conoció el acto infractor, pues no sería proporcionado exigir el deslinde si no está demostrado tal conocimiento.[47]

68.          No obstante, en el caso concreto, dado que se reconoció que en las publicaciones se etiquetó o arrobó a Jorge Álvarez Máynez puede razonase que el entonces candidato tuvo conocimiento de la organización de la presunta rifa que se llevaría a cabo, pues, al vincular su cuenta en las publicaciones denunciadas, fue notificada de tal mención electrónica.

69.          Esto es relevante porque, al hacer clic o seleccionar el identificador de una cuenta, se accede a los contenidos publicados por ésta. Así, al publicar una imagen o video puede sobreponerse a la imagen el identificador o nombre de otro usuario, usuaria o cuenta, o colocarlo como texto al calce de la imagen o video, lo que permite que cualquier persona que acceda a ese contenido pueda dirigirse a los contenidos que son compartidos en éstos de manera directa.

70.          Así, el efecto de realizar este tipo de menciones es que la persona vea la publicación y al acudir a la nueva página mencionada, se amplíe el radio de difusión de una publicación y el número de interacciones en la misma.

71.          Cabe puntualizar que la Sala Superior[48] ha establecido conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia indican que si una persona advierte o conoce de la existencia de algún instrumento en el cual se emplee su imagen sin su consentimiento, o bien, que se difunda información a su nombre, no autorizada, lo ordinario es que implemente actos idóneos y eficaces para evitar, de manera real y objetiva, que dichos actos continúen, máxime cuando esa información le resulta perjudicial o contiene elementos que pudieran vulneran lo dispuesto en las normas.

72.          Además, Movimiento Ciudadano fue el partido que postuló a Jorge Álvarez Máynez como candidato a la presidencia de la República, y la publicación fue efectuada por un simpatizante de dicho instituto político, el cual es gobernador de una entidad federativa; de ahí que se considere que el partido político si estuvo en posibilidad de conocer los hechos denunciados y deslindarse de ellos.

73.          Por lo anterior, dado que Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano tuvieron conocimiento de la difusión de la organización de la rifa por parte de Gobernador de Nuevo León, y de las constancias que obran en el expediente no se advierte un deslinde un idóneo, oportuno y eficaz respeto de esta conducta, se estima que es existente el beneficio indebido recibido.

TERCERA. Comunicación de la sentencia (vista) respecto de Samuel García Sepúlveda.

74.          Toda vez que en el caso concreto se acreditó la responsabilidad de Samuel García, por la violación a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, de conformidad con el artículo 457 de la Ley Electoral, se da vista con la sentencia y las constancias digitalizadas del expediente debidamente certificadas al Congreso del estado de Nuevo León, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva para que determine lo que en Derecho corresponda conforme a las leyes aplicables, por el actuar y responsabilidad de Samuel García.

75.          Ello atiende a que las normas electorales no prevén la posibilidad que derivado de un procedimiento especial sancionador instaurado por conductas del servicio público este órgano jurisdiccional imponga de manera directa una sanción; lo que se tiene que hacer es comunicar al superior jerárquico para que de manera objetiva cumpla con sus deberes, porque los hechos podrían constituir responsabilidades en el ámbito de sus leyes aplicables.

76.          En efecto, la Sala Especializada es la única autoridad que puede determinar la actualización de infracciones en materia administrativa electoral, dentro de los procedimientos especiales sancionador.

77.          Al respecto, la Sala Superior ha establecido que las facultades de sanción de los servidores públicos no corresponden a las autoridades especializadas en materia electoral, porque si bien, de entre los sujetos que pueden ser objeto de imputación, en términos de lo dispuesto por el artículo 442, apartado 1, inciso f), de la Ley Electoral, se incluyen las autoridades o las personas servidoras públicas de cualquiera de los poderes locales, no obstante, en el artículo 456 del propio ordenamiento jurídico, en el que se detallan las sanciones que pueden ser impuestas por la realización de las conductas sancionables, las y los legisladores no incluyeron las conductas realizadas por esas autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes locales sin superior jerárquico [superiora jerárquica]; y explícitamente incluyó el citado artículo 457 de la Ley Electoral, que establece las vistas correspondientes.

78.          También ha sostenido, la Sala Superior que las obligaciones de las autoridades electorales tanto federales como locales en asuntos en los que se acredite una infracción por parte de una persona servidora pública se limitan a dar vista a las autoridades competentes para que impongan las sanciones respectivas.

79.            Además de que se ha considerado que en dichos casos la función de las autoridades electorales se agota teniendo por acreditada la infracción, la responsabilidad de la persona servidora pública y la vista respectiva y que, en consecuencia, la Sala Especializada carece de atribuciones para establecer la gravedad de la falta.

80.          Igualmente ha determinado que la Sala Especializada no tiene facultades para establecer plazos de cumplimiento a una autoridad autónoma o solicitarle que informe en qué plazo impondrá sanciones a las personas servidoras públicas.

CUARTA. Calificación e individualización de sanción respecto de Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano

81.          La Sala Superior ha considerado que para calificar una infracción se debe tomar en cuenta lo siguiente:

a)    La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral.[49]

b)    Los efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).

c)     El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.

d)    Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada.

82.          Lo anterior, permitirá calificar la infracción actualizada con el grado de: levísima, leve o grave, en el entendido de que este último supuesto puede calificarse a su vez como de gravedad: ordinaria, especial o mayor.

83.          Adicionalmente, es menester precisar que cuando se establezcan topes mínimos y máximos para la imposición de una sanción, se deberá graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

84.          En ese sentido, el artículo 456, párrafo 1, inciso e), de la Ley Electoral, prevé que cuando se trate de infracciones cometidas por cualquier persona física o moral, se podrá imponer una amonestación pública o hasta una multa.

85.          En esta misma línea, el artículo 458 párrafo 5,[50] de la Ley Electoral dispone que, en los ejercicios de individualización de sanciones, se deben tomar en cuenta diversos elementos que serán aplicados en el presente ejercicio, con el fin de llevar a cabo una adecuada valoración de las conductas.

86.          Por lo anterior, a continuación, se procederá a individualizar y a calificar la responsabilidad de Jorge Álvarez Máynez.

87.          A. Bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la vulneración a la equidad en la contienda derivado del beneficio indebido que obtuvo en su calidad de entonces precandidato a la Presidencia de la República Jorge Máynez y Movimiento Ciudadano.

88.          B. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Modo. El entonces candidato y Movimiento Ciudadano se vieron beneficiados por las publicaciones realizadas por el Gobernador de Nuevo León en sus redes sociales Facebook, X, Instagram y TikTok, donde daba a conocer la organización de una rifa en caso de que Jorge Álvarez Máynez llegará al segundo lugar en la contienda electoral, en las cuales se arrobó la cuenta su entonces candidato sin que se realizara algún deslinde.

89.          Tiempo. Las publicaciones se realizaron durante el periodo de campaña del proceso electoral federal para la renovación de la Presidencia de la República.

90.          Lugar. Las publicaciones se realizaron en la red social de Facebook, X, Instagram y TikTok de Samuel García, las cuales por sus características no se acotan a un territorio específico.

91.          C. Condiciones externas y medios de ejecución. La difusión de las publicaciones denunciadas con la que se benefició Jorge Álvarez Máynez y a Movimiento Ciudadano se realizó en el contexto del pasado proceso electoral federal 2023-2024 para renovar la presidencia de la República a través de la red social Facebook, X, Instagram y TikTok, durante el periodo de campaña aunado a que los términos de su publicación generaron una obligación de deslinde, quien adoptó una actitud pasiva en beneficio de sus aspiraciones electorales.

92.          D. Singularidad o pluralidad de las faltas. Se tiene por acreditada la singularidad de la falta a la normatividad electoral, por parte de Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano

93.          E. Beneficio o lucro. En el caso concreto, se acreditó que Jorge Álvarez Máynez y Movimiento Ciudadano obtuvieron un beneficio electoral indebido con la publicación del Gobernador de Nuevo León en sus cuentas de Facebook, X, Instagram y TikTok relacionada con la rifa de un bien en caso de que el entonces candidato llegara al segundo lugar en la contienda electoral 2023-2024.

94.          F. Intencionalidad. De los elementos de prueba, no se advierte a Jorge Máynez ni a Movimiento Ciudadano como responsables de la elaboración de la publicación, ni que hayan solicitado su emisión, pero la omisión de deslindarse de su contenido actualiza su intención de beneficiarse con su contenido.

95.          G. Reincidencia. Se carece de antecedentes que evidencien que se les haya sancionado previamente a Jorge Máynez y a Movimiento Ciudadano por la conducta infractora.

96.          A partir de las circunstancias antes señaladas, esta Sala Especializada estima que la infracción en que incurrieron Jorge Máynez y Movimiento Ciudadano, en su calidad de precandidato debe calificarse como grave ordinaria, en atención a que obtuvo un beneficio indebido con la publicación denunciada, la cual vulnera los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda.

97.          Por lo tanto, se califica la conducta como grave ordinaria.

98.          Capacidad económica. Para imponer la multa a Jorge Álvarez Máynez se considera la situación fiscal que proporcionó ante el Servicio de Administración Tributaria, la cual es información confidencial de acuerdo con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por eso, el análisis está en el expediente en sobre cerrado y rubricado, que deberá notificarse exclusivamente a él[51].

99.          Individualización de la sanción. Una multa es la sanción que mejor podría cumplir con el propósito de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro.

100.      Conforme al artículo 456, inciso e), fracción II, de la LGIPE,[52] con base en la gravedad de la falta y las particularidades del caso, se impone a Jorge Álvarez Máynez una sanción consistente en una multa de 100 UMAS (Unidad de Medida de Actualización) vigentes,[53] equivalentes a $10,857.00 (diez mil ochocientos cincuenta y siete 00/100 M.N.).

101.      Respecto a Movimiento Ciudadano con motivo de su responsabilidad indirecta derivado del beneficio obtenido, conforme al artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, corresponde imponer una multa de 200 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) equivalente a $21,714.00 (veintiún mil setecientos catorce 00/100 M.N.).

102.      La sanción económica es proporcional porque Jorge Álvarez Máynez podrá pagarla, sin comprometer sus actividades ordinarias y puede generar un efecto inhibitorio, para la comisión de futuras conductas irregulares.

103.      Es un hecho público[54] que, el importe de la ministración mensual con deducciones que recibió Movimiento Ciudadano para sus actividades ordinarias del mes de septiembre de 2024 es $53,755,502.00 (cincuenta y tres millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos dos pesos 00/100 m.n.).[55]

104.      Así, las multas impuestas equivalen respectivamente al 0.040% de su financiamiento mensual con deducciones. Son proporcionales porque el partido puede pagarla sin comprometer sus actividades ordinarias y además genera un efecto inhibitorio para la comisión de futuras conductas irregulares.

Pago de las multas.

105.      Jorge Máynez deberá pagar ante la Dirección Ejecutiva de Administración del INE la multa impuesta, tiene un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al que esta sentencia quede firme. De lo contrario, conforme a las reglas atinentes al incumplimiento, el INE tiene la facultad de dar vista a las autoridades hacendarias a efecto que procedan al cobro coactivo conforme a la legislación aplicable.

106.      Por tanto, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE que haga del conocimiento de esta Sala Especializada la información relativa al pago de la multa precisada, dentro de los cinco días hábiles posteriores a que haya sido pagada.

107.      Respecto de la multa impuesta al partido político Movimiento Ciudadano, se vincula a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para que descuente a dicho instituto político la cantidad impuesta como multa de sus ministraciones mensuales, bajo el concepto de actividades ordinarias permanentes, correspondiente al mes siguiente en que quede firme esta sentencia.[56]

108.      Para una mayor publicidad de la sanción y la vista que se dio, deberán publicarse, en su oportunidad, en la página de internet de este órgano jurisdiccional, en el apartado relativo al “Catálogo de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores”[57] de la página de internet de esta Sala Especializada.

109.      En atención a lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad atribuidos a Samuel Alejandro García Sepúlveda, en los términos establecidos en la presente sentencia.

SEGUNDO. Se da vista al Congreso del Estado de Nuevo León, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva para los efectos señalados en este fallo.

TERCERO. Se declara la existencia del beneficio indebido atribuido a Jorge Álvarez Máynez entonces candidato a la presidencia de la República y Movimiento Ciudadano, por lo que se les impone una multa, en los términos expuestos en la sentencia.

CUARTO. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos ambas del Instituto Nacional Electoral para el pago de las multas impuestas.

QUINTO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementan la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.

ANEXO UNICO