SENTENCIA que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el tres de octubre de dos mil veinticuatro[1].

GLOSARIO

V I S T O S los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano central del INE, registrado con la clave SRE-PSC-537/2024, integrado con motivo del escrito de queja presentado por Federico Döring, contra Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente de la República y otros, se resuelve bajo los siguientes:

ANTECEDENTES

I. Proceso electoral federal 2023-2024.

1.              El siete de septiembre de dos mil veintitrés inició el proceso electoral federal para elegir, entre otros cargos, la presidencia de la República, senadoras y senadores de la República y Diputadas y Diputados.

Las etapas fueron:

•                     Precampaña: Del veinte de noviembre de dos mil veintitrés al dieciocho de enero.

•                     Intercampaña: Del diecinueve de enero al veintinueve de febrero

•                     Campaña: Del primero de marzo al veintinueve de mayo.

•                     Jornada electoral: dos de junio.

II. Sustanciación del procedimiento especial sancionador

2.              1. Denuncia[2]. El veinticinco de abril Federico Döring presentó escrito de queja contra Andrés Manuel López Obrador y quien resulte responsable, con motivo de las manifestaciones que realizó durante la conferencia matutina llevada a cabo el veintitrés de abril.

3.              A juicio del denunciante, las expresiones del entonces presidente de la República interfieren en el proceso electoral federal ya que se emitieron con la intención de influir en procesos electorales y partidistas.

4.              En esa lógica, estima que las manifestaciones implicaron la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos y de programas sociales.

5.              Por tal motivo, solicitó el dictado de medidas cautelares con el objetivo de que se eliminaran las manifestaciones denunciadas y se evitara la emisión de expresiones similares en el futuro.

6.              Por lo que solicitó la adopción de medidas cautelares y en su vertiente de tutela preventiva.

7.              2. Registro, reserva de la admisión y emplazamiento y atracción de constancias[3]. Mediante acuerdo de veintiséis de abril, la autoridad instructora registró la queja con el número de expediente UT/SCG/PE/FDC/CG/684/PEF/1077/2024, posteriormente reservó la admisión y el emplazamiento, al advertir la necesidad de realizar diligencias preliminares e investigación.

8.              Además, se ordenó la atracción de constancias relacionadas con la administración de las plataformas oficiales y redes sociales de la Presidencia de la República que obran en el expediente UT/SCG/PE/KLR/CG/114/2023 y su acumulado UT/SCG/PE/PRD/CG/117/2024.

9.              3. Precisión con relación a la clave correcta del procedimiento[4]. El treinta de abril se informa que la nomenclatura correcta del expediente es UT/SCG/PE/FDC/CG/686/PEF/1077/2024[5].

10.          4. Admisión[6]. El dos de mayo, la autoridad instructora admitió a trámite el procedimiento respecto de Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de la República, y remitió la propuesta de medidas cautelares.

11.          5. Acuerdo de medidas cautelares[7]. Mediante acuerdo ACQyD-INE-204/2024, de tres de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó procedente el dictado de la medida cautelar solicitada, consistente en ordenar la eliminación o modificación de las publicaciones que contienen los audiovisuales y/o versiones estenográficas de la conferencia de prensa matutina denunciada en cualquier plataforma oficial de las manifestaciones denunciadas o la modificación de la conferencia, toda vez que bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, se trata de manifestaciones que podrían traducirse como la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

12.          Por otro lado, determinó improcedente la solicitud de medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, toda vez que ya existía al menos un pronunciamiento de la Comisión de Quejas y Denuncias con relación a lo solicitado por el denunciante en su escrito de queja.

13.          6. Cumplimiento a la medida cautelar y admisión. Mediante acuerdo de diez de junio, la UTCE tuvo por constatado el cumplimiento al acuerdo de medida cautelar en atención al acta circunstanciada de cuatro el mismo mes.

14.          Igualmente, admitió la denuncia respecto de Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República; Sigfrido Barjau de la Rosa, Director del CEPROPIE; Jessica Ramírez González, Directora General de Comunicación digital del presidente de la República adscrita a la Coordinación General de Comunicación Social; Pedro Daniel Ramírez, Jefe de Departamento Adscrito a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República; Katya Elizabeth Ávila Vázquez; Pablo Almílcar Sandoval Ballesteros; y, Carlos Emiliano Calderón Mercado.

15.          7. Primer emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos[8]. Mediante acuerdo de diez de junio, la UTCE determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el veinte siguiente.

16.          8. Primer Acuerdo Plenario.[9] El veinticinco de julio, mediante acuerdo plenario SRE-JE-186/2024, esta Sala Especializada determinó remitir el expediente a la Unidad Técnica para que emplazara a los tres partidos políticos que forman parte de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Morena, PT y PVEM, por su posible responsabilidad en los hechos denunciados.

17.          9. Segundo emplazamiento y audiencia.[10] Mediante acuerdo de veintiséis de julio, la UTCE determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el uno de agosto.

18.          10. Segundo Acuerdo Plenario.[11] El cinco de septiembre, mediante acuerdo plenario SRE-JE-186/2024, esta Sala Especializada determinó remitir el expediente a la Unidad Técnica para que emplazara a Claudia Sheinbaum por el posible beneficio indebido obtenido derivado de los hechos denunciados.

19.          9. Tercer emplazamiento y audiencia.[12] Mediante acuerdo de diez de septiembre, la UTCE determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el dieciocho siguiente.

III. Trámite ante la Sala Especializada

20.          10. Recepción del expediente en la Sala Especializada. Es su momento, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

21.          11. Turno a ponencia y radicación. El dos de octubre el magistrado presidente acordó integrar el expediente SRE-PSC-537/2024 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Rubén Jesús Lara Patrón. Con posterioridad, acordó radicar el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERA. COMPETENCIA

22.          Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia la presunta vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, el uso indebido de recursos públicos con impacto en el proceso electoral federal 2023-2024; difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, promoción personalizada, así como el posible beneficio indebido a una candidatura y partidos políticos integrantes de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia, y la falta al deber de cuidado de MORENA, PT y Partido Verde esto derivado de las manifestaciones del titular del Ejecutivo Federal en la conferencia de prensa de veintitrés de abril.

23.          Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo[13], 99, párrafo cuarto, fracción IX[14],134, párrafo séptimo y octavo[15] de la Constitución; así como 173, primer párrafo[16], y 176, último párrafo[17], de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 470, párrafo 1, inciso a) [18], 473 párrafo segundo[19], 475[20], 476[21] y 477[22] de la Ley Electoral; en relación con la jurisprudencia 25/2015 de rubro “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.”.

24.          Además, en relación con el incumplimiento a la medida cautelar dictada en el acuerdo ACQyD-INE-204/2024, debe considerarse lo dispuesto por la Sala Superior en la tesis LX/2015, de rubro: MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR LOCAL. SU INCUMPLIMIENTO DEBE CONOCERSE EN EL MISMO PROCEDIMIENTO O EN OTRO DE LA MISMA NATURALEZA (LEGISLACIÓN DE NUEVO LEÓN), cuyo criterio resulta aplicable al presente asunto.

SEGUNDA. VIOLACIONES PROCESALES

25.          Claudia Sheinbaum y los partidos políticos denunciados, así como Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del gobierno de la República, señalaron que en el expediente no existen elementos probatorios en los que se acredite que tienen algún tipo de responsabilidad o relación con la conferencia mañanera de veintitrés de abril, derivado de las manifestaciones hechas por el entonces presidente de la República.

26.          Al respecto, esta Sala Especializada estima que no se actualizan violación alguna, en primer lugar, porque la autoridad instructora certificó la conferencia mañanera denunciada, por lo que, al momento de los hechos la autoridad instructora se allegó de los elementos mínimos para la instauración del presente procedimiento, de ahí, que no se actualice.

27.          Ahora bien, por lo que hace a la insuficiencia probatoria, debe decirse que la valoración probatoria es una consideración que esta Sala Especializada emite al momento de analizar el fondo de la cuestión efectivamente planteada.

TERCERA. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES

28.          Para establecer adecuadamente la problemática jurídica sobre la cual esta Sala Especializada deberá pronunciarse, se precisarán los argumentos de cada una de las partes involucradas en la presente controversia.

I. Parte denunciante:

29.          En conferencia matutina “mañanera” de veintitrés de abril, el entonces presidente de la República difundió la creación y alcances del programa de pensión a adultos mayores y del fondo de pensiones del Bienestar.

30.          Específicamente se puede advertir que el denunciado comunicó los siguientes logros:

        La aprobación del Fondo de Pensiones del Bienestar por parte de la Cámara de Diputados.

        Que aproximadamente de veintiséis a veintiocho millones de trabajadores se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar.

        Solicitó a la ciudadanía que no se dejen engañar porque hay una campaña en su contra.

        Que él implementó el programa de Pensiones para Adultos Mayores en el año dos mil en la Ciudad de México.

        Que cuando fue candidato a jefe de Gobierno dijo que iba a implementar la pensión y lo cumplió desde el primer mes.

        Que ese programa lo implementó él y cuando llegó a ser presidente de la República aumentó más el apoyo a los adultos mayores.

        Que la oposición no le tiene amor al pueblo y que son individualistas, que lo único que les importa es lo material.

31.          Por lo que se denuncian:

a.     Promoción personalizada.

b.     Uso indebido de recursos públicos.

c.     Vulneración al principio de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

d.     Difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

e.     Beneficio indebido de Claudia Sheinbaum y MORENA.

II. Partes denunciadas:

Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República; Sigfrido Barjau de la Rosa, Director del CEPROPIE; Jessica Ramírez González, Directora General de Comunicación digital del presidente de la República adscrita a la Coordinación General de Comunicación Social; Pedro Daniel Ramírez, jefe de Departamento Adscrito a la Coordinación de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República:

32.          Su participación en la conferencia matutina versó únicamente, respecto a las facultades que tienen conferidas.

33.          No tienen intervención en el contenido de los diversos mensajes y materiales de apoyo que se utilizan en las conferencias matutinas.

34.          No se localizó alguna expresión documental relacionada con los gastos de producción para la realización de la conferencia materia de la queja, lo anterior, debido a que no se erogaron recursos presupuestales para tal efecto.

35.          Las expresiones que fueron materia de la queja tienen una duración de 7 minutos, por lo que se evidencia que no existe centralidad del mensaje.

36.          Las manifestaciones vertidas durante la conferencia, se tratan de un auténtico ejercicio de rendición de cuentas, transparencia, libertad de expresión y libertad de prensa para hacer efectivo el derecho de las personas a buscar y recibir información de interés público.

37.          Se niega lisa y llanamente que hayan realizado las conductas que se les imputan, toda vez que el entonces presidente únicamente se concretó a responder los cuestionamientos de diversos medios de comunicación sobre temas de interés general, ya que se realizan en un ejercicio de rendición de cuentas, transparencia, libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de expresión.

38.          No se llamó a voto a favor o en contra de algún candidato, partido o coalición, sino que se trató de información institucional de la que no se advierten manifestaciones donde se invite a votar explícita o implícitamente, o a través de equivalentes funcionales a favor o en contra de algún partido político.

39.          La dirección electrónica lopezobrador.org.mx no forma parte de las plataformas oficiales de la Oficina de la Presidencia de la República.

40.          De un análisis del acuerdo de emplazamiento, se observa que la autoridad electoral instructora no señala con precisión que conductas son las que se les imputan o que ligas electrónicas en específico son las que se les atribuye su difusión y que se consideren contrarias a la ley.

41.          Por lo que la autoridad substanciadora les deja en estado de indefensión, toda vez que del análisis al acuerdo de emplazamiento no se desprende las conductas que se imputan o el detalle de las ligas electrónicas que se consideren fueron difundidas en contravención a la normativa electoral, por lo que dicho emplazamiento resulta arbitrario, por lo que solicita que se regrese el presente asunto a la UTCE, para que se le sean puntualizadas las conductas que se le atribuyen.

Katya Ávila

42.          La vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la actualización de un supuesto objetivo necesario, consistente en que el proceder de los servidores públicos influya en la voluntad de la ciudadanía, lo que no se encuentra acreditado en su caso, toda vez que no es servidora pública.

Pablo Sandoval

43.          Durante la fecha en que se difundió la conferencia matutina no  ostentaba cargo de representación popular o servicio público en ningún poder o ente público federal, estatal o municipal, con lo cual no tuvo bajo su responsabilidad la difusión de ningún tipo de propaganda gubernamental, mensaje emitido por la Presidencia de la República, por cualquier otro poder o ámbito de gobierno, ni ejerció recursos públicos derivados del desempeño de un cargo público mucho menos uno asociado a la Presidencia de la República con motivo de las conferencias de prensa matutinas que realiza el titular del Poder Ejecutivo federal, por lo que no tiene responsabilidad sobre la presunta difusión de dicha conferencia.

44.          No tiene relación alguna con la administración de la página web asociada al dominio lopezobrador.org.mx, si bien dicha página está registrada a su nombre, no es el administrador, por lo tanto, no tiene control sobre lo que se pública, por lo que se deslinda formalmente de las publicaciones.

Carlos Calderón

45.          No es el responsable de editar, dar instrucciones para subir contenidos o realizar o realizar publicaciones en las páginas de internet, objeto de la denuncia, no cuenta con atribuciones para difundir contenidos en plataforma digital o sitio de internet alguno.

46.          No existe función alguna para generar contenidos en las plataformas oficiales del titular del ejecutivo, o bien, de participación alguna en las conferencias matutinas del presidente de la República.

47.          Por cuanto hace a la dirección electrónica lopezobrador.org.mx, no forma parte de las plataformas oficiales de la Presidencia de la República.

PT

48.          El presidente de la República no llamó en ninguna ocasión al voto ni emitió comentario que lo identificara.

49.          Las manifestaciones del presidente se encuentran dentro del rango de libertad de expresión.

Partido Verde

50.          El presidente de la República no hace un llamado expreso, abierto e inequívoco a favor o en contra de una persona o fuerza política.

51.          No se trata de una expresión que pudiera influir en el actual proceso electoral, ya que los comentarios se derivan de manifestaciones ajenas al Proceso Electoral Federal, no son de índole electoral y es una opinión personal.

52.          Sus manifestaciones no pueden equipararse a una solicitud de voto ni a favor ni en contra de candidatura alguna.

53.          Las expresiones fueron una mera narración subjetiva, como su modo de presentar la información respecto de lo que acontece en el país.

54.          No se advierte que las expresiones busquen afectar la equidad en la contienda o influir en las preferencias de la ciudadanía.

55.          No se encontraba obligado a supervisar las acciones y/o manifestaciones del presidente de la República al no estar en su padrón de afiliados y es un servidor público.

56.          No se realizó promoción personalizada ni difusión de propaganda gubernamental.

57.          No hay medio de prueba para acreditar la conducta infractora.

MORENA

58.          No se desprende de las constancias del expediente el posible beneficio obtenido con motivo de las manifestaciones del presidente de la República.

59.          Son manifestaciones realizadas por un servidor público en las que MORENA no tiene responsabilidad.

60.          Las expresiones no tienen relación con temas electorales y, por tanto, no vulneran los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en el Proceso Electoral Federal.

61.          No hay pronunciamiento expreso sobre determinada fuerza política o candidato o candidata.

62.          No hay contrato ni factura sobre la aplicación de recursos públicos para la realización de la conferencia matutina denunciada.

Claudia Sheinbaum

63.          No se desprende de las constancias del expediente y de las pruebas aportadas la que hay un beneficio a su favor, pues el denunciante tuvo que haber demostrado que lo recibió o se actualizó la conducta.

64.          En atención a la naturaleza de las conferencias mañaneras, las expresiones realizadas por el presidente de la República son en ejercicio de su libertad de expresión y amparados por la libertad de prensa.

CUARTA. MEDIOS DE PRUEBA, VALORACIÓN PROBATORIA Y HECHOS ACREDITADOS

65.          A continuación, se exponen las manifestaciones realizadas por las partes, con la finalidad de fijar la materia de la litis.

1. Medios de prueba.

a) Pruebas aportadas por la parte denunciante:

66.          - Técnica: Consistente en la versión estenográfica de la conferencia matutina.

67.          -Documental pública: Consistente en el acta circunstancia en dónde pide se certifique la “mañanera” denunciada.

68.          -Instrumental de actuaciones.

69.          -Presuncional. En su doble aspecto legal y humana.

b) Pruebas aportadas por las partes denunciadas:

70.          -Instrumental de actuaciones

71.          -Presuncional. En su doble aspecto legal y humana.

Por su parte la Consejería Jurídica aportó aparte de dichas pruebas:

72.          -Técnica: Consistente en versión estenográfica de la “mañanera”.

c) Pruebas recabadas por la autoridad instructora

73.          -Documentales públicas:

74.          -Atracción de constancias del oficio CGCSyVGR/99/2023, relacionado con la administración de las plataformas oficiales y redes sociales de la Presidencia de la República.

75.          - Acta circunstanciada INE/SE/OE/CIRC/397/2024 de veintisiete de abril, mediante la cual se certificó la existencia y contenido de la conferencia matutina.

76.          - Acta circunstanciada de ocho de mayo, mediante la cual la autoridad instructora certifico el incumplimiento a la medida cautelar dictada en el acuerdo ACQyD-INE-204/2024, toda vez que el contenido que se ordenó bajar en dicho acuerdo seguía vigente en dieciséis enlaces electrónicos.

77.          - Acta circunstanciada de diecisiete de mayo, mediante la cual se certificó la eliminación de la “mañanera” de los enlaces electrónicos, con excepción de la página web lopezobrador.org.mx.

78.          - Atracción de constancias de:

a.  Oficios CGCSyVGR/059/2023, CGCSyVGR/202/2023 y 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.24669 a través de los cuales se señala que el sitio web lopezobrador.org.mx, no forma parte de las plataformas oficiales de la Presidencia de la República.

b.  Escritos firmados por el apoderado legal de Akky Online Solutions, S.A. de C.V., a través del cual informa los datos registrados ante dicha persona moral respecto del registro del sitio web: lopezobrador.org.mx, así como de su refrendo y administración.

c.   Escritos firmados por Carlos Calderón, a través de los cuales niega administrar el sitio web lopezobrador.org.mx.

d.  Escritos firmados por Katya Ávila a través de los cuales realiza precisiones en relación con el pago de derechos de refrendo del uso del dominio lopezobrador.org.mx, niega toda relación con la administración de dicho sitio web y señala no contar con información en relación a la temporalidad del refrendo del dominio.

e.  Escrito firmado por Pablo Sandoval, a través del cual precisa que si bien se encuentra con datos de usuario registrante del sitio web lopezobrador.org.mx, no tiene la calidad de administrador, contacto técnico ni contacto de pago; y que la administración del dominio se realizó a Gabriel García Hernández.

79.          - Acta circunstanciada de cuatro de junio, mediante la cual se certificó que la versión estenográfica contenida en la página web lopezobrador.org.mx había sido eliminada.

80.          - Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3420/2024 de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos por el que remite información del financiamiento público federal que le corresponde a los partidos políticos nacionales.

81.          2. Valoración probatoria. La Ley Electoral establece en el artículo 461 que son objeto de prueba los hechos controvertidos. Además, que no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos.

82.          Por cuanto hace a las pruebas, la Ley Electoral establece en el artículo 462 que las admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

83.          Las documentales privadas y técnicas, tomando en consideración la propia y especial naturaleza de estas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, en términos de los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), y 462 párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

84.          3. Hechos acreditados. Esta Sala Especializada considera que, con las manifestaciones realizadas por las partes, así como del caudal probatorio, hay pruebas suficientes en el expediente para acreditar que:

85.          . 3.1. Celebración y difusión de la mañanera. Es un hecho no sujeto a controversia que el entonces presidente de la República celebró con la presencia de los medios de comunicación la conferencia matutina de veintitrés de abril.

86.          Por tanto, se tiene por probada la existencia de la conferencia referida.

87.          Es ese orden, es un hecho reconocido por Sigfrido Barjau De la Rosa titular de CEPROPIE, que esa área se encarga de coordinar, vigilar y ejecutar las videograbaciones de la conferencia matutina, así como de ponerla a disposición vía satelital para que las emisoras de radio y televisión puedan transmitirla, sin que se erogara un costo distinto al presupuesto otorgado, de ahí que se tenga por probada la difusión de la conferencia mañanera denunciada en las emisoras de radio y televisión del país.

88.          En esa lógica, también se tiene por probado que la difusión de la conferencia matutina se llevó a cabo mediante las plataformas digitales y redes sociales cuya titularidad corresponde al gobierno de México y al entonces presidente de la República, siguientes:

1. YouTube del Gobierno de México: https://www.youtube.com/GobiernoDeMexico/

2. YouTube de Andrés Manuel López Obrador https://ww.youtube.com/watch?v=sRkCdbQg1ZA

3. X: @GobiernoMx

4. Facebook: https://facebook.com/lopezobrador.org.mx

5. YouTube: https://www.youtube.com/lopezobrador

6. X: https://twitter.com/lopezobrador

7. Páginas web: https://presidente.gob.mx/ y https://lopezobrador.org.mx.

8. Facebook: https://www.facebook.com/gobmexico

9. Spotify: Podcast Presidente AMLO. Conferencias Matutinas. Andrés Manuel López Obrador https://open.spotify.com/episode/0en1d8WUclFIUIQbvvlfQs?si=zNAUopYUQggFWtDmsilFEA.

89.          Por otra parte, también informó que respecto de la página de internet lopezobrador.org.mx las personas que actualmente aparecen como encargadas de la administración y renovación del dominio son Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México y Katya Elizabeth Ávila Vázquez senadora de la República.

90.          3.2. Manifestaciones denunciadas. Mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/397/2024 de veintisiete de abril, personal de la Oficialía Electoral del INE verificó el contenido de los testigos de grabación de la conferencia matutina, mediante la cual el entonces presidente de la República realizó las manifestaciones denunciadas, por lo que debe tenerse por acreditado su contenido, el cual será puntualizado al estudiar cada una de las manifestaciones denunciadas.

91.          Derivado de lo anterior, se tiene por acreditada la existencia y contenido de la conferencia de prensa denunciada, cuyo contenido íntegro se detalla en el Anexo Uno de esta sentencia. No obstante, a continuación, se identifican las temáticas abordadas:

92.          Ahora bien, de dicha certificación, se tienen por acreditadas las expresiones del titular del Ejecutivo Federal denunciadas, las cuales son las siguientes:

93.          Derivado de dicha certificación, se tienen por acreditadas las expresiones del titular del Ejecutivo Federal denunciadas en la referida conferencia matutina.

94.          Finalmente, resulta necesario precisar que la autoridad instructora, mediante acuerdo del veinticuatro de mayo, determinó atraer al expediente que nos ocupa lo siguiente:

a. Del expediente UT/SCG/PE/KLR/CG/114/2023 y su acumulado UT/SCG/PE/PRD/CG/117/2023, las constancias relacionadas con la titularidad y administración de la página lopezobrador.org.mx.

b. Copia cotejada del oficio CGCSVGR/202/2023, firmado por el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, que se encuentra Integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/JLG/BXGR/CF/1018/PEF/32/2023, a través del cual señala que el sitio web lopezobrador.org.mx, no forma parte de las plataformas oficiales de la Presidencia de la República.

c. Copia cotejada del oficio 114.CJEF.CACCC.DGDJF.2023.24669, firmado por el Director General de Defensa Jurídica Federal de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que se encuentra integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/JLG/BXGR/CF/1018/PEF/32/2023, a través del cual señala que el sitio web: lopezobrador.org.mx, no forma parte de las plataformas oficiales de la Presidencia de la República.

d. Copia cotejada del escrito firmado por el apoderado legal de Akky Online Solutions, S.A. de C. V., presentado el dos de enero del presente año, que se encuentra integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/1291/PEF/305/2023, a través del cual informa los datos registrados ante dicha persona moral respecto del registro del sitio web: lopezobrador.org.mx, así como de su refrendo y administración.

e. Copia cotejada del correo electrónico recibido el veintitrés de enero del presente año, a través del cual remiten escrito firmado por el apoderado legal de Akky Online Solutions, S.A. de C.V., que se encuentra integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/1291/PEF/305/2023, a través del cual informa los datos actualizados ante dicha persona moral respecto del usuario principal del sitio web: lopezobrador.org.mx.

f. Copia cotejada del escrito firmado por Carlos Emilio Calderón Mercado, recibido el trece de enero de dos mil veinticuatro, integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/1291/PEF/305/2023, a través del cual niega administrar el sitio web lopezobrador.org.mx.

g. Copia cotejada del escrito firmado por Carlos Emilio Calderón Mercado, recibido el veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, que se encuentra Integrado en autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/1291/PEF/305/2023, a través del cual niega administrar el sitio web lopezobrador.org.mx.

h. Copia cotejada del escrito firmado por Carlos Emilio Calderón Mercado, recibido el veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, que se encuentra integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/1291/PEF/305/2023, a través del cual niega administrar el sitio web lopezobrador.org.mx.

i. Copia cotejada del escrito firmado por Katya Elizabeth Ávila Vázquez de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, que se encuentra integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/333/2023 y sus acumulados, a través del cual realiza precisiones en relación al pago de derechos de refrendo del uso del dominio lopezobrador.org.mx.

j. Copia cotejada del escrito firmado por Katya Elizabeth Vázquez, presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, que se encuentra integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/305/2023 y sus acumulados, a través del cual niega toda relación con la administración del sitio web opezobrador.org.mx.

k. Copia cotejada del escrito firmado por Katya Elizabeth Ávila Vázquez presentado el dos de enero de dos mil veinticuatro, integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/1291/PEF/305/2023, a través del cual señala no contar con información en relación a la temporalidad del refrendo del dominio lopezobrador.org.mx.

l. Copia cotejada del escrito firmado por Katya Elizabeth Ávila Vázquez presentado el veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, que se encuentra integrando en los autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/1291/PEF/305/2023, a través del cual niega toda relación administrar el sitio web lopezobrador.org.mx.

m. Copia cotejada del escrito firmado por Pablo Sandoval, presentado el uno de febrero de dos mil veinticuatro, integrado en los autos del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/1291/PEF/305/2023, a través del cual precisa que si bien se encuentra con datos de usuario registrante del sitio web lopezobrador.org.mx, no tiene la calidad de administrador, contacto técnico ni contacto de pago; y que la administración del dominio se realizó a Gabriel García Hernández.

QUINTA. CASO CONCRETO

         Metodología

95.          Para efectos del análisis de las infracciones, en primer lugar, se verificará lo relativo a la supuesta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuida al presidente de la República y a diversas personas del servicio público.

96.          En caso de que se determine que las expresiones efectuadas en la conferencia de prensa de veintitrés de abril constituyen propaganda gubernamental, se procederá a determinar si éstas se encuentran en alguna de las excepciones previstas.

97.          Una vez hecho esto, se estudiará la promoción personalizada respecto de las expresiones denunciadas en la conferencia matutina llevada a cabo el veintitrés de abril.

98.          Posteriormente, se abordará el estudio de las infracciones relacionadas con la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, y uso indebido de recursos públicos respecto de la conferencia de prensa de veintitrés de abril.

99.          Acto seguido se estudiará la vulneración a la medida cautelar en la vertiente de tutela preventiva decretada por la Comisión de Quejas y Denuncias en el acuerdo ACQyD-INE-204/2024.

100.      Hecho esto, se abordará el presunto beneficio indebido obtenido por MORENA. PT y Partido Verde y Claudia Sheinbaum con motivo de las manifestaciones realizadas en las conferencias de prensa denunciadas, así como la falta al deber de cuidado atribuida a MORENA, PT y Partido Verde.

101.      Cabe señalar que en caso de que se determine la existencia de alguna infracción se procederá a determinar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes.

        Difusión de propaganda gubernamental

102.      El artículo 41, fracción III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución federal prevé que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público.

103.      Se exceptúa de esta interrupción de difusión de la propaganda gubernamental: las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

104.      Cabe mencionar que la citada disposición constitucional derivó de la reforma en materia electoral de dos mil siete de cuyo proceso legislativo se desprende que su finalidad fue regular la propaganda gubernamental de todo tipo, tanto en tiempos electorales como fuera de ellos, para generar condiciones de imparcialidad, equidad y certeza respecto de la competencia electoral e impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular.

105.      Ahora bien, el artículo 209, párrafo 1 de la Ley Electoral, así como el artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social, igualmente contienen la prohibición constitucional antes referida.

106.      Sobre este tema, debe mencionarse que si bien la Constitución, la Ley Electoral y la Ley General de Comunicación Social no definen qué debemos entender por propaganda gubernamental, lo cierto es que la Sala Superior ha desarrollado su concepto y sus características.

107.      En un primer momento, sobre la base de lo prescrito en el artículo 134 de la Constitución, la Sala Superior consideró que la propaganda gubernamental era la que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundieran como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

108.      Posteriormente, se amplió el concepto a partir de una interpretación teleológica, identificando también al sujeto emisor o responsable y a su contenido, de forma tal que la propaganda gubernamental supone cualquier forma de comunicación cuyo emisor sea un poder público, siempre que esté destinada a difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno.

109.      Así lo precisó, al resolver los expedientes SUP-RAP-119/2010 y acumulados, al señalar que se debe entender como propaganda gubernamental, difundida por los poderes Federales, estatales y municipales, el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o entidades públicas que tengan como finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación.

110.      La anterior definición no es un catálogo taxativo de supuestos o conductas que puedan ser englobadas en ella, sino elementos mínimos subjetivos y objetivos de modo que exista certeza al perfilar si una determinada conducta constituye o no propaganda gubernamental.

111.      En el desarrollo de su doctrina judicial, al resolver el SUP-REP-185/2018, así como el SUP-REC-1452/2018 y acumulado, la Sala Superior enfatizó el elemento de la finalidad o intención de la propaganda, como una comunicación gubernamental tendente a publicitar o difundir acciones de gobierno para buscar la adhesión o aceptación de la población; a diferencia de aquella otra comunicación que pretende exclusivamente informar respecto de una situación concreta, para prevenir a la ciudadanía de algún riesgo o comunicar alguna acción concreta, sin aludir a logros o buscar la adhesión o el consenso de la ciudadanía.

112.      La finalidad de la propaganda gubernamental permite distinguir aquella comunicación que está permitida de aquella otra que se encuentra prohibida en periodo de campaña, en la medida en que tiene por objeto persuadir para obtener un beneficio o apoyo que se traduzca en una ventaja electoral.

113.      De esta forma, será considerada como propaganda gubernamental, toda acción o manifestación que haga del conocimiento público logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que sea ordenada, suscrita o contratada con recursos públicos y que busca la adhesión, simpatía, apoyo o el consenso de la población, y cuyo contenido, no es exclusiva o propiamente informativo, atendiendo a las circunstancias de su difusión .

114.      Con base en lo anterior, la Sala Superior ha reiterado que para estar en presencia de propaganda gubernamental se requiere cuando menos:

a) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública;

b) Que éste se realice mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones;

c) Que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno;

d) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación, adhesión o apoyo en la ciudadanía, y

e) Que no se trate de una comunicación meramente informativa.

115.      Así, la noción de “propaganda gubernamental”, en materia electoral, implica toda acción o información relativa a una entidad estatal, realizada o difundida por cualquier medio de comunicación (impresos, audiovisuales o electrónicos) o mediante actos públicos dirigidos a la población en general, que implica generalmente el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, sea que contenga o no referencias o símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, que difunde logros o acciones de gobierno y que tiene por finalidad la adhesión o persuasión de la ciudadanía.

116.      Respecto a su contenido, la propaganda gubernamental, lo mismo que la información pública o gubernamental, en ningún caso podrá tener carácter electoral, esto es, la propaganda de los tres órdenes de gobierno y de los demás sujetos enunciados –los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno-, no debe estar dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía.

117.      En cuanto a la temporalidad, la propaganda gubernamental no puede difundirse durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, periodo de reflexión, conformado por los tres días previos al de la elección, y hasta el final de la jornada electoral.

118.      Finalmente, respecto a su intencionalidad, la propaganda gubernamental, por regla general, debe tener carácter institucional y no estar personalizada.

119.      Ahora bien, para poder determinar si las manifestaciones denunciadas constituyen propaganda gubernamental, y si ésta fue difundida conforme a los parámetros establecidos en la Constitución y en la línea jurisprudencial de la Sala Superior, resulta necesario analizar su contenido en función de los elementos que corresponden a la emisión de dicha propaganda.

120.      Para ello, en un primer lugar se analizarán las expresiones emitidas por el entonces presidente de la República en la conferencia de prensa de veintitrés de abril.

        Análisis de la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido respecto del entonces presidente de la República.

121.      Elemento personal. Se acredita, ya que la emisión de las expresiones efectuadas el veintitrés de abril fueron realizadas por Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente de la República. Por lo anterior, a consideración de esta Sala Especializada el elemento personal de la infracción queda acreditado.

122.      Elemento circunstancial (modo, tiempo y lugar). Dicho elemento también se acredita porque el mensaje se dio como parte de participación en la conferencia de prensa matutina de veintitrés de abril (durante periodo de campaña del proceso electoral federal que comprendió del uno de marzo al veintinueve de mayo).

123.      Además, está acreditado que la logística y desarrollo estuvo de la conferencia de veintitrés de abril estuvo a cargo de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería, y el CEPROPIE fue el responsable de generar la producción de las conferencias y las puso a disposición de los medios de comunicación, a través de una señal satelital abierta con la finalidad de que aquellos interesados en su difusión tomaran la señal libremente.

124.      Asimismo, la conferencia de prensa se difundió en la red social de YouTube y en portal oficial del Gobierno de México http://presidente.gob.mx, las cuales son administradas por la directora general de comunicación digital del presidente.

125.      Elemento temporal. En relación con este elemento resulta necesario señalar que la conferencia de prensa matutina tuvo lugar el veintitrés de abril, es decir, dentro del periodo de campaña del proceso electoral federal 2023-2024; razón por la cual también queda satisfecho.

126.      Elemento material (Contenido y Finalidad)., Corresponde analizar si el contenido y la finalidad de las publicaciones satisfacen los requisitos para ser calificadas como propaganda gubernamental.

127.      Sobre esta cuestión, de la revisión efectuada a la conferencia de prensa, se advierte que el entonces presidente de la República dio a conocer diversos logros, acciones, programas y líneas de gobierno, con la finalidad de generar adhesión y aceptación tal y como se muestra a continuación:

128.      Cabe señalar que respecto de las expresiones denunciadas en la conferencia de prensa de veintitrés de abril, se advierte que el titular del Ejecutivo Federal aborda las temáticas de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, así como lo que considera es la posición de gobiernos anteriores y de la oposición ante las políticas públicas que se han implementado derivado de la implementación de acciones para el referido fondo.

129.      De lo anterior, esta Sala Especializada concluye que las expresiones mencionadas, cumplen con las características para ser consideradas como propaganda gubernamental, dado que, como se analizó constituyen logros, acciones de gobierno, programas o líneas de gobierno que estas tuvieron como finalidad la aceptación, adhesión y persuasión de la ciudadanía. Además de que, a partir del momento en que se emitió constituyó una difusión en periodo prohibido.

130.      Además, del contenido de estas expresiones no puede considerarse que encuadre en un acto meramente informativo, ya que estas no se limitan a presentar información hacia la ciudadanía, sino que del análisis contextual se advierte que tiene como propósito destacar programas, logros, programas y acciones del gobierno, enfatizando cualidades positivas de ellos.

131.      Aunado a lo anterior, debe precisarse que ninguna de estas expresiones se encuentra dentro de los supuestos que la Constitución permite que pueda difundirse comunicación gubernamental durante la etapa de campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electiva, ya que no se trata de alguna campaña de información de las autoridades electorales, ni se refiere a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

132.      Ello, ya que estas expresiones versan sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar y todo lo relacionado con este, incluyendo la que considera que es la posición de la oposición, los beneficios que se obtuvieron, el trabajo para aprobar la ley, las medidas que se tomaron para aplicar los objetivos y las personas que fueron beneficiadas, lo que no está relacionado con algún tema vinculado con la educación, la salud, la protección civil o cualquier otro que tenga como propósito el presentar información relevante e impostergable para la ciudadanía.

133.      Aunado a lo anterior, si bien estas expresiones devienen de la sección de preguntas y respuestas de las conferencias de prensa, lo cierto es que estas que las expresiones que constituyeron difusión de propaganda gubernamental no derivaron ni guardan relación con algún cuestionamiento periodístico.

134.      Por lo anterior, esta Sala Especializada concluye que las expresiones antes mencionadas rebasan los límites que el modelo de comunicación política le impone a la comunicación gubernamental durante el periodo de campaña en el actual proceso electoral federal al difundir ante la ciudadanía una serie de logros gubernamentales, acciones, programas o líneas de gobierno en periodo prohibido.

135.      En consecuencia, esta Sala Especializada concluye que se acredita la difusión de propaganda gubernamental durante la etapa de campaña y en el marco del proceso electoral federal atribuida al entonces presidente de la República respecto de las expresiones antes mencionadas efectuadas en la conferencia de prensa de veintitrés de abril.

136.      En consecuencia, y toda vez que el titular de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería participa en la logística para la realización de la conferencia de prensa de veintitrés de abril; el director de la CEPROPIE, se encarga de coordinar y vigilar las grabaciones en video de las actividades públicas del entonces presidente de la República para poner a disposición de los medios de comunicación el material audiovisual que se genere, a través de la señal satelital abierta para su libre uso, que el jefe de departamento y que la directora general de comunicación social administran las cuentas donde se difundió la conferencias de prensa denunciada, y que Carlos Emiliano, Coordinador de Estrategia Digital, es quien comparte la mañanera mediante la página lopezobrador.org se estima que se acredita la difusión de propaganda gubernamental respecto de estas personas del servicio público.

        Promoción personalizada

137.      El artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, señala que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, además de que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública[23].

138.      La Sala Superior ha identificado que este párrafo regula dos tópicos: uno de carácter enunciativo que se limita a especificar lo que deberá entenderse como propaganda del Estado y otro que dispone la prohibición de emplear dicha propaganda para la promoción personalizada de personas en el servicio público.[24]

139.      En línea con esto, también ha definido[25] que no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de una persona servidora pública, pueda catalogarse como promoción personalizada, puesto que se debe analizar si los elementos que contiene constituyen una verdadera vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales.

140.      Así, la promoción personalizada se actualiza cuando se satisfagan estos elementos:[26]

        Personal. Supone la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a la persona servidora pública.

        Objetivo. Impone el análisis del contenido del mensaje para determinar si de manera efectiva revela el ejercicio prohibido de promoción personalizada.

        Temporal. Impone presumir que la propaganda emitida dentro de un proceso electoral tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin excluir que la infracción puede suscitarse fuera del mismo, caso en el cual se deberá analizar su proximidad con el debate para determinar la incidencia o influencia correspondiente.

141.      A continuación, se verifica la actualización de la infracción respecto de la conferencia matutina llevada a cabo el veintitrés de abril.

142.      En el caso, se actualiza el elemento personal ya que el entonces presidente de la República es el actor principal de las conferencias de prensa matutinas y, de la certificación efectuada, se advierte que fue él quien realizó las manifestaciones denunciadas, porque de las constancias del expediente se advierte la aparición de su imagen, nombre y voz.

143.      En cuanto al elemento temporal, se estima que este se satisface ya que los hechos denunciados ocurrieron el veintitrés de abril. Es decir, una vez iniciado el proceso electoral 2023-2024 para renovar, entre otros, la titularidad del poder ejecutivo federal.

144.      Respecto del elemento objetivo, es importante recordar que la Sala Superior ha concluido[27] que, la promoción personalizada de una persona servidora pública constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se presente a la ciudadanía, en el que, entre otras cuestiones, se describa o aluda a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal que destaque los logros particulares que haya obtenido quien ejerce el cargo público; se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce o el periodo en el que debe ejercerlo; se aluda a alguna plataforma política, proyecto de gobierno o proceso electoral.[28]

145.      En este sentido, la misma Sala Superior ha definido como expresiones concretas de los lineamientos jurisprudenciales antes señalados, las siguientes:[29]   

        Contrastar el ejercicio de gobierno con períodos anteriores.

        Buscar la aprobación del desempeño de la persona servidora pública mediante el uso discursivo de la primera persona del plural (nosotros) a lo largo del mensaje correspondiente.

        Que del análisis integral del discurso se observe, más allá de una finalidad informativa, la intención de asociar personalmente a la persona servidora pública con el trabajo gubernamental realizado.

146.      Por último, también es necesario precisar que para que se actualice un ejercicio de promoción personalizada no es requisito indispensable que la persona servidora pública que emite y difunde los mensajes se beneficie personalmente con tales actividades,[30] sino que puede ser a una tercera persona que no necesariamente tenga la calidad de servidora pública.[31]

147.      En el presente caso ha quedado establecido que en las conferencias denunciadas se difundieron manifestaciones en las que el entonces presidente de la República señaló logros de distintos tipos y acciones de gobierno, así como compromisos cumplidos en el ejercicio de su cargo público, los cuales, conforme a los elementos señalados por la Sala Superior que han sido citados, se traducen en un ejercicio de promoción personalizada, por lo siguiente.

148.      En principio, ya se señaló al analizar la infracción anterior que el entonces presidente de la República realizó ejercicios de contraste directo entre las acciones desplegadas en su administración y las de otras administraciones que le precedieron, respecto de los siguientes temas:

149.      En la conferencia matutina de veintitrés de abril:

a) Fondo de Pensiones para el Bienestar.

150.      Al respecto, el entonces presidente de la República señaló:

        “Fue muy bueno, muy bueno, es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores.”

        “Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse”

        “Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal: quien ganaba 10 mil pesos se jubilaba con 10 mil. Miren la pensión por las reformas de Zedillo y de Calderón: el que ganaba 10 se iba a jubilar con dos mil 700”

        “Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a seis mil, pero, de todas maneras, no es suficiente”

        “Entonces, con la nueva ley esos fondos se van al Fondo de Pensiones del Bienestar. Si hay reclamos, se le devuelve a los que no los habían solicitado, al seguro social y al fondo de pensiones. Pero al tener este fondo ya se tiene un recurso para compensar esto.”

        “Entonces, yo felicito a los legisladores que votaron a favor de esta reforma y espero que podamos ya el 1º de mayo, el Día del Trabajo, ya presentar todo un informe a los trabajadores y darles la buena noticia de que sus pensiones están garantizadas y que además se van a incrementar.”

        “¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Se los vuelvo a explicar, esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar.”

        “Y que no se dejen engañar porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones.”

        “Sí, y en otros medios también. Y los conservadores, opositores corruptos están queriendo manipular.”

        “Y esto lo empezaron a entregar porque nosotros en el 2000 lo establecimos aquí en la ciudad. Y Fox no quería, decía Fox cuando tomé la decisión de entregar una pensión a los adultos mayores aquí, en la ciudad, que no estaba de acuerdo, que lo que quería o que lo que se debería de hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. Ya saben ustedes su lenguaje, no lo voy a repetir, pero hay constancia de eso.”

        “Y yo había ofrecido cuando fui candidato a jefe de gobierno que íbamos a establecer la pensión, y lo cumplí. Desde el primer mes, llegamos en diciembre del 2000 y para enero, febrero, del 2001 ya estaban entregándose las tarjetas”

        “Entonces, en el 18 inician con esto, 19, que no era universal, no era para todos. Llegamos nosotros y empezamos a aumentarle y aquí aumentó más. Esto ya lo hicimos.”

        “¿Y por qué no lo habían hecho antes? Por una razón muy sencilla: ellos no le tienen amor al pueblo, son muy individualistas, lo que les importa es lo material, su dios es el dinero, como decía Hidalgo. Entonces, esto ya es una realidad para 12, 13 millones de adultos mayores.”

        “Como los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados, no había un gobierno del pueblo, para el pueblo; era un gobierno al servicio de una minoría rapaz.”

        “Entonces, los tiene muy enojados el que estemos tomando esta decisión, pero es en beneficio de millones de trabajadores. Ellos no lo harían, ¿por qué? Porque, en vez de beneficiar a los trabajadores, los perjudicaron con esas dos reformas.”

        “Mientras ellos saqueaban y se robaban todo. Por eso es su enojo. Pero estamos viviendo tiempos muy interesantes”

151.      De lo cual se advierte que realizó un ejercicio de contraste entre las acciones de gobierno pasadas y lo que se está haciendo en la actualidad, asignando en este último caso cualidades y calificativos positivos con la finalidad de enaltecer las acciones asociadas.

152.      Los comentarios antes citados permiten establecer que el entonces presidente de la República, nuevamente asume una postura en la que, primeramente muestra los avances en materia de fortalecimiento de su política relativa a la implementación de programas sociales y, luego, se pronuncia con una postura crítica respecto de un grupo de personas con quienes no coincide ideológicamente y vierte calificativos negativos, de modo que plantea la existencia de dos grupos o “bloques” que presenta como antagónicos, uno de los cuales es integrado por él y respecto del cual realiza señalamientos positivos, mientras que, del otro, negativos y de descalificación.

153.      Lo anterior para destacar sus acciones y destacar a quienes considera contrarios o distintos.

154.      Igualmente, si bien se advierte una opinión severa del entonces presidente de la República que se pronuncia en términos negativos respecto de las personas a quienes cita, también se advierte un ejercicio mediante el cual busque destacar su gestión o contrastar lo positivo de sus acciones en contraste con otros gobiernos o grupos políticos.

155.      Con base en el análisis previo, para esta Sala Especializada, se actualiza promoción personalizada por parte del entonces presidente de la República, por las expresiones estudiadas respecto de la mañanera de veintitrés de abril, sobre las cuales se advierte una postura de exaltación respecto de los logros de su gobierno en los temas que fueron puntualizados y un ejercicio de contraste, en sentido negativo, respecto de otras administraciones, con lo cual se cumplen los parámetros que al efecto ha establecido la Sala Superior.

        Vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda y uso de recursos públicos

156.      El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, establece que las y los servidores públicos tienen el deber de observar en todo momento los principios de equidad, neutralidad, imparcialidad y objetividad, por lo que no pueden tener una intervención destacada y activa a favor o en contra de las candidaturas de los partidos políticos o de la vía independiente, en los procesos electorales para la renovación de Ayuntamientos, Congresos locales; titular del Poder Ejecutivo local; diputaciones federales y senadurías, así como a la Presidencia de la República, mediante el sufragio popular; en tanto que ello afectaría la equidad en la contienda electoral.

157.      Esto impone un deber de actuación a las personas en el servicio público, consistente en observar un actuar imparcial en el empleo de los recursos públicos. A dicha obligación subyace el deber de tutela al principio de equidad en la contienda electoral.

158.      Sobre ello, la Sala Superior ha determinado[32] que esta disposición constitucional impone deberes específicos a las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, relativos a abstenerse de utilizar recursos públicos, esto es, humanos, materiales y económicos.

159.      Si bien el precepto constitucional en cita hace referencia a que los recursos públicos sean utilizados sin influir en la contienda electoral, también es posible desprender la exigencia que se dé una actuación imparcial de las personas servidoras públicas, con el objeto de que ningún partido, candidatura o coalición obtenga algún beneficio que pueda afectar el equilibrio que debe imperar en una contienda electoral[33].

160.      En este sentido, el artículo 449, párrafo primero, inciso d), de la Ley Electoral, establece como conducta sancionable a las personas en el servicio público, el incumplimiento al principio constitucional de imparcialidad antes señalado, cuando tal conducta afecte la equidad en la competencia.

161.      Así, la Sala Superior ha establecido que la vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la actualización de un supuesto objetivo necesario, consistente en que el proceder de las personas servidoras públicas influya o busque influir en la voluntad de la ciudadanía[34].

162.      Esto es, no solo se busca sancionar conductas que por su resultado generen un menoscabo a los referidos principios, sino el que los mismos se puedan poner en riesgo con un actuar indebido.

163.      Por su parte, respecto del principio de neutralidad, la misma Sala ha establecido[35]  que exige a todas las personas servidoras públicas para que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad aplicable, lo cual implica la prohibición de intervenir en las elecciones de manera directa o por medio de otras autoridades o agentes[36] .

164.      En el marco de estas obligaciones, existen determinadas personas servidoras públicas que deben observar un especial deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones, para lo cual se debe atender al nivel de riesgo o afectación que sus conductas pueden generar dependiendo de los siguientes factores: facultades y capacidad de decisión; nivel de mando; personal a su cargo; y jerarquía.

165.      En el caso de los poderes ejecutivos, se ha hecho una distinción entre sus titulares y las personas integrantes de la administración pública.

166.      Respecto del entonces presidente de la República, la Sala Superior ha establecido que tiene deber especial de cuidado sobre las expresiones que emite y que puedan derivar de los principios de imparcialidad y neutralidad, puesto que cuenta con una presencia protagónica en el marco histórico-social en nuestro país y la disposición amplia de recursos públicos (económicos, materiales y humanos)[37].

167.      Como se advierte de lo anterior, el entonces presidente de la República está sujeto a un escrutinio mayor sobre las manifestaciones que realiza, máxime cuando éstas son expuestas en una plataforma como la conferencia matutina, la cual es susceptible de conocerse en todo el país y sobre la cual, la propia Sala Superior ha establecido que esa forma de comunicación no está exenta de observarse un deber de cuidado en su desarrollo[38] .

168.      De lo anterior, se considera que la finalidad principal de la actual regulación constitucional consiste en evitar cualquier clase de injerencia susceptible de afectar la equidad de las elecciones por parte del poder público o de quienes lo ostentan.

169.      Derivado de lo anterior, se desprende que el titular del Ejecutivo Federal exaltó el número de personas que considera serían beneficiadas con el Fondo de Pensiones del Bienestar y manifestó que hay una campaña en su contra hecha por parte de la oposición.

170.      Por otro lado, en relación con una pregunta efectuada por un medio de comunicación relacionada con que mucha gente que ya cumplía con los requisitos para la jubilación y no lo hacían precisamente por la pensión que iban a recibir, el entonces presidente de la República manifestó “Es muy baja, claro, hay muchos que no se quieren jubilar por lo mismo. Ya vamos hacia adelante porque, miren todo el periodo neoliberal fue el periodo de más corrupción, de más saqueo en toda la historia de México, eso se puede probar técnica, científicamente; pero al mismo tiempo fue el periodo de más agravios.”

171.      Asimismo, el entonces presidente para referirse a las acciones en sexenios pasados hace referencia a utilizando calificativos como “periodo neoliberal”, y vincula el ejercicio de estas personas con la oposición.

172.      Estas referencias señaladas, realizadas de manera genérica son efectuadas con el objeto de realizar un contraste entre otros gobiernos federales, se pronuncia con calificativos tales como “gobierno al servicio de una minoría rapaz”. Lo anterior, en el marco del resultado del proceso electoral federal 2023-2024.

173.      Además, utiliza expresiones como “cinicazos” y “su dios es el dinero” que, analizadas en el contexto en que se emitieron muestran un mensaje hacia otros gobiernos emanados de otras fuerzas políticas, y fuerzas políticas que se oponen a su movimiento, que identifica como transformador.

174.      Aunado a lo anterior, se advierte que incluso vincula a estos con una presunta guerra sucia en su contra, y señala que en anteriores momentos ya ha sido víctima de estas prácticas.

175.      Estas expresiones, a consideración de esta Sala Especializada no se encuentran amparadas por la libertad de expresión y el derecho a la información, toda vez que en atención a la investidura y prudencia discursiva que exigen las normas electorales, el entonces propio presidente se coloca en una posición distinta a la de esos partidos asumiéndose como una fuerza política contraria y con características distintas, lo que sin duda representa una connotación político-electoral.

176.      Al respecto, se debe precisar que, si bien las expresiones denunciadas se emitieron en el marco de diversas conferencias matutinas, se debe analizar si las mismas se encuentran amparadas o no por la presunción de licitud que recae a los ejercicios periodísticos[39], ya que su emisión no siempre es la consecuencia de una pregunta de los medios de comunicación.

177.      En el caso, tenemos que, algunas de estas expresiones si bien fueron el resultado de una pregunta expresa de los periodistas presentes en las conferencias, lo cierto es que la presunción de licitud que subyace a dicho ejercicio únicamente ampara la labor estos últimos y no el actuar del entonces presidente de la República, puesto que el principio de imparcialidad rige el actuar de este último al desahogar ejercicios periodísticos.

178.      Así, independientemente de que el entonces presidente se encuentre ante preguntas propias de dicha labor, las manifestaciones o respuestas que emita se deben ajustar a las exigencias que el referido principio constitucional le impone[40] , ya que un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emite en su conferencia matutina.

179.      En este sentido, analizando las expresiones de manera integral, en principio señaló los temas a tratar; sin embargo, destinó parte de la conferencia matutina en explicar una serie de situaciones que lo afectaban como una guerra sucia o actores políticos que no quieren que continue la transformación.

180.      Igualmente, sus expresiones que fueron emitidas justamente en una conferencia matutina en periodo de campaña; por lo que se considera que la presencia, imagen y posición en la estructura gubernamental con la que cuenta el entonces presidente de la República se pudo utilizar para desequilibrar la equidad de condiciones en el proceso electoral que se encuentra en curso debido a que como figura representativa de Poder Ejecutivo debe actuar en beneficio de la sociedad en su conjunto, y cuenta con una relación directa con la opción política que lo llevó al cargo, de la cual destaca una serie de características positivas, sin olvidar que es una fuerza política que también contiende en el actual proceso electivo. Es por ello que este tipo de expresiones podrían desequilibrar la equidad de la contienda, lo cual constituye una infracción a la normativa electoral.

181.      Además, si bien no se trató de expresiones que llamaran expresamente a votar a favor o en contra de determinadas fuerzas políticas, de las mismas se desprenden características negativas de los partidos, contrarios al suyo o administraciones pasadas, y positivas para su movimiento, lo que sin duda genera un desequilibrio que afecta a la equidad que debe ser observado en las contiendas electorales, toda vez que pretenden influir en las preferencias de la ciudadanía.

182.      La Sala Superior ha orientado[41]  a realizar una valoración de los elementos semánticos, sintácticos, pragmáticos y contextuales que componen el discurso, a partir de ello se advierte que al expresar “nuestros adversarios”, “los conservadores corruptos”, “bloque conservador”, es con la finalidad de identificar a las fuerzas políticas que no forman parte del movimiento al que el pertenece o al partido político del cual emanó su gobierno; esto es, hace referencia a fuerzas políticas opuestas a las que le llevaron al poder.

183.      Incluso, la Sala Superior en el SUP-REP-119/2023, en relación con la expresión “bloque conservador”, se pronunció en el sentido de que significaba posicionar en beneficio o perjuicio a una opción política; conducta que el titular del Poder Ejecutivo federal tiene prohibida constitucionalmente.

184.      Ahora bien, las expresiones emitidas en su integridad y contexto, no se pueden considerar como parte de un derecho a la información de la ciudadanía, porque se aparta del carácter institucional, informativo, educativo de orientación social y como servidor público no puede realizar expresiones externando su opinión personal a favor o en contra de una fuerza política.

185.      La Sala Superior ha señalado[42] que la tribuna del titular del Poder Ejecutivo, como servidor público del más alto nivel en el país, en actos y conferencias en las que actúa con dicho carácter es inescindible de su persona, no puede ser ocupada para compartir o difundir información o cuestiones de naturaleza político-electoral.

186.      En este sentido, en atención a los criterios sostenidos por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, se considera que las expresiones fueron referencias directas a temas de índole político-electoral, ya que señaló diversas características en contra de fuerzas políticas opuestas a su partido en plena etapa de campañas en el actual proceso electoral federal.

187.      Esto es, se trató de expresiones que no son propias de un ejercicio de comunicación institucional como el que se debe observar en las conferencias matutinas de dicha persona del servicio público, y se considera que las expresiones excedieron el ámbito de prudencia discursiva que corresponde a un servidor público de ese carácter[43], pues manifestó una serie de situaciones que lo afectaban como una guerra sucia o adversarios, conservadores, corruptos neoliberales, oligarcas, tecnócratas y actores políticos que no quieren que continue la transformación.

188.      Por otra parte, de la queja se desprende que se denunció el uso de programas sociales los cuales podrían vulnerar los principios constitucionales en análisis, por lo que, de acuerdo con el artículo 449, inciso f), de la Ley Electoral, que contempla como una infracción oponible a las personas servidoras públicas de los tres ámbitos de gobierno la utilización de programas sociales y de sus recursos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura.

189.      Así, el uso de los programas abarca cualquier conducta que constituya un menoscabo a las exigencias que los deberes de imparcialidad y neutralidad imponen a las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones.

190.      Cabe mencionar que, existe una distinción entre el uso de recursos públicos por parte de las personas del servicio público para favorecer alguna fuerza política o candidatura y el señalamiento de su aprobación, implementación y resultados por parte de las fuerzas políticas y sus candidaturas durante las campañas electorales, no transgrede, por sí misma, la normativa electoral, pues para ellos se requerirían elementos adicionales que implicaran estimar que se está ante una auténtico condicionamiento de continuidad de esos programas.

191.      En el caso concreto, de las expresiones del entonces presidente de la República en la conferencia matutina llevada a cabo el veintitrés de abril se advierte la mención de los programas sociales al mostrar los avances en materia de fortalecimiento como parte de las políticas públicas que ha implementado y un comparativo con administraciones pasadas, por lo que observa que dicha referencia se traduce en una conducta que vulneró los principios en comento, dado que, por la temporalidad que transcurría en el proceso electoral, dicho actuar está prohibido constitucionalmente.

192.      Ahora, finalmente, respecto de la coacción que se denuncia en la queja, debe decirse que el hecho de que el entonces presidente de la República haya hecho referencia a los actores políticos del proceso electoral en turno y a diversos programas sociales, lo cierto es que para la actualización de dicha infracción se requiere el condicionamiento de las personas para la obtención de su voto, cuestión que no está demostrada en la denuncia, pues el hecho de que se haya explicado o mencionado un programa social de gobierno no necesariamente conduce al condicionamiento de su entrega para la obtención de su voto.

193.      Cuestión diferente a lo que ocurre con los sindicatos en los que la Sala Superior ha determinado que la sola reunión con candidaturas actualiza dicha infracción, como en la jurisprudencia 35/2024: COACCIÓN AL VOTO. SE ACTUALIZA ANTE LA PUESTA EN PELIGRO DE LA LIBERTAD DE SUFRAGIO, SIN NECESIDAD DE DEMOSTRAR VIOLENCIA, AMENAZAS O ALGÚN OTRO ACTO MATERIAL.

194.      En consecuencia, al tratarse de manifestaciones de índole político-electoral, se   considera que el titular del Ejecutivo Federal vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, en detrimento del proceso electoral federal 2023-2024 derivado de las expresiones efectuadas veintitrés de abril.

195.      Esto, porque el artículo 134 constitucional le impone al entonces presidente de la República la obligación de aplicar en todo tiempo la imparcialidad de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad (materiales y humanos), sin influir en la competencia entre los partidos políticos.

196.      Así, al haberse dado las expresiones en la etapa de campaña del proceso electoral federal 2023-2024 resultaba de especial relevancia que el entonces presidente de la República actuara con mesura y autocontención en sus manifestaciones, para evitar que alguna influencia oficial interfiriera en las preferencias electorales.

197.      Bajo esas consideraciones, se advierte que las expresiones fueron de naturaleza político-electoral y tuvieron un impacto en el proceso electoral federal 2023-2024, lo cual es contrario a la prohibición que tiene el mandatario federal de intervenir de manera directa en las elecciones, mediante el uso de este tipo de manifestaciones.

198.      Esto, porque las expresiones, fueron difundidas a través de las redes sociales del entonces presidente de la República, y el portal del gobierno federal lo cual pudo generar una influencia indebida y un impacto en la ciudadanía que recibió esa información.

199.      En ese entendido, se advierte que la difusión de la conferencia en los términos antes expuestos generó un desequilibrio que afecta a la equidad que debe ser observado en las contiendas electorales, toda vez que pretenden influir en las preferencias de la ciudadanía al señalar un contraste entre fuerzas políticas con características negativas con un movimiento que es totalmente contrario.

200.      No obsta a lo anterior, que las manifestaciones se hubieren realizado en un contexto de respuestas a lo solicitado por los medios de comunicación, toda vez que la Sala Superior, al resolver el diverso procedimiento sancionador SUP-REP-139/2019, señaló que lo que debe tomarse en cuenta al momento de analizar en un formato de preguntas y respuestas, es el contenido de éstas, no el formato en sí mismo.

201.      Lo anterior, se refuerza, además, con la idea de que el principio de imparcialidad rige el actuar del entonces presidente de la República, incluso al encontrarse involucrado en ejercicios periodísticos.

202.      La conclusión a la que se arriba, no se traduce en una restricción indebida a la libertad de expresión, transparencia y rendición de cuentas, toda vez que, lo que se pretende garantizar es la observancia a los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad, que deben prevalecer en procesos electorales, considerando el cargo que desempeña el titular del Ejecutivo Federal, el cual no puede interferir en el ejercicio de otros derechos o en la vulneración a principios rectores del proceso electoral.

203.      En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que las manifestaciones denunciadas realizadas en la conferencia matutina de veintitrés de abril por el entonces presidente de la República, vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda, atribuidos al citado servidor público.

204.      En consecuencia, y toda vez que el titular de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería participó en la logística para la realización de la conferencia matutina de veintitrés de abril; el director de la CEPROPIE, se encarga de coordinar y vigilar las grabaciones en video de las actividades públicas del entonces presidente de la República para poner a disposición de los medios de comunicación el material audiovisual que se genere, a través de la señal satelital abierta para su libre uso, y que el jefe de departamento y que la directora general de comunicación social administran las cuentas donde se difundieron las conferencias de prensa denunciadas, y que se difundió en el dominio lopezobrador.org, cuyo responsable es Coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México se estima que se acredita la vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda.

205.      Las personas del servicio público tienen un deber de cuidado mayor y su libertad de expresión (incluidas las redes sociales, cualquier plataforma electrónica o página web e inclusive si se difunde a través de radio y televisión) no tiene los mismos alcances que el de las personas que no ostentan cargos públicos, ya que todas aquellas personas que ejerzan esas funciones públicas están constreñidas a preservar la imparcialidad y neutralidad en los procesos electorales.

206.      Cabe destacar que la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-240/2023 y acumulados consideró importante destacar el especial deber de cuidado que debe observar el entonces presidente de la República en estos casos y la línea que se ha establecido al respecto es:[44]

      El ámbito y la naturaleza de los poderes públicos a los que pertenecen los servidores es un elemento relevante para observar el especial deber de cuidado que con motivo de sus funciones debe ser observado por cada persona del servicio público.[45]

      Las autoridades electorales deben hacer un análisis ponderado y diferenciado, atendiendo al nivel de riesgo o afectación que determinadas conductas pueden generar dependiendo de las facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el personal a su cargo y jerarquía que tiene cada servidor público.

      Quienes tienen funciones de ejecución o de mando enfrentan limitaciones más estrictas, pues sus cargos les permiten disponer de forma directa de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la administración pública; además, por la naturaleza de su encargo y su posición relevante y notoria, tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía.

      En el caso del entonces presidente de la República al ser, en términos generales, el encargado de ejecutar las políticas públicas aprobadas por el Poder Legislativo y de los asuntos del orden administrativo federal o nacional, tiene deberes, obligaciones y responsabilidades directas e indirectas, además de un especial deber de cuidado respecto de las expresiones que emite y que puedan derivar en una afectación de los principios de imparcialidad, neutralidad.[46]

      Lo anterior, ya que dicho funcionario tiene una presencia protagónica en el marco histórico-social mexicano y dispone de un poder de mando respecto de los recursos financieros, materiales y humanos de la administración pública.[47]

207.      Si bien todas las personas tienen derecho a ejercer plenamente su libertad de expresión, en el caso de personas servidoras públicas, existen prohibiciones directas y un deber reforzado de cuidado en tiempos electorales a fin de no influir de manera indebida en los procesos electorales en curso; y, en paralelo, un deber de la autoridad electoral administrativa de dar un mayor peso a los principios que resguardan el equilibrio en la competencia electoral[48], ya que, debe recordarse que la equidad constituye el eje rector que da contenido a los derechos de quienes participan en tales procesos y sirve de sustento a las limitaciones impuestas a los competidores y a los terceros, a fin de evitar el ejercicio de influencias indebidas.

208.      En efecto, la libertad de expresión de las y los funcionarios públicos, entendida más como un deber/poder de los mismos para comunicar a la ciudadanía cuestiones de interés público (los cuales, a su vez, tienen el derecho a que se les informe debidamente),[49] implica que éstos tengan la posibilidad, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, de emitir opiniones en ciertos contextos electorales siempre que con ello no se vulneren o se pongan en riesgo los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda.

209.      De ahí que resulte existente la infracción consistente en la vulneración de los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, por parte de la persona denunciada.

210.      Ahora bien, esta Sala Especializada advierte que los funcionarios que se refieren a continuación tienen responsabilidad por la vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, porque como ya se señaló tuvieron una participación en los hechos denunciados, por las consideraciones siguientes:

211.      Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general al participar en la logística para la realización de la conferencia matutina de veintitrés de abril.

212.      Sigfrido Barjau de la Rosa, director de la CEPROPIE, al encargarse de coordinar y vigilar las grabaciones en video de las actividades públicas del entonces presidente de la República para poner a disposición de los medios de comunicación el material audiovisual que se genere, a través de la señal satelital abierta para su libre uso. Además, la autoridad instructora certificó que efectivamente distintos medios de comunicación transmitieron las conferencias matutinas denunciadas.

213.      Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento, derivado de que es el servidor público que administra las cuentas de YouTube y X, del gobierno de México en donde se difundió la conferencia matutina de veintitrés de abril.

214.      Martha Jessica Ramírez González, directora general, derivado de que es la persona servidora pública que administra las cuentas de Facebook, X, Spotify y YouTube del entonces presidente de la República en donde se difundió la conferencia matutina de veintitrés de abril.

215.      El Coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México por la difusión de la conferencia matutina de veintitrés de abril en el dominio lopezobrador.org.

216.      Por lo anterior, esta Sala Especializada determina que se acredita la vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad atribuibles a las personas servidoras públicas mencionadas.

        Uso indebido de recursos públicos

217.      La parte denunciante refirió que existió una utilización indebida de recursos públicos por la intromisión del entonces presidente en temas electorales en la conferencia matutina de veintitrés de abril.

218.      Este tema, como se señaló, encuentra su fundamento en el citado artículo 134 constitucional, que refiere el uso correcto de los recursos públicos que disponen las personas servidoras públicas, al imponer deberes específicos que las obliga a observar un actuar imparcial en su uso, con la finalidad de tutelar la equidad en la contienda y evitar su influencia en la competencia entre los partidos políticos.

219.      En el caso concreto, esta Sala Especializada arriba a la conclusión de que se configura el uso indebido de recursos públicos por parte del titular del Ejecutivo Federal y las personas funcionarias públicas encargadas de la organización, producción y difusión de la conferencia matutina llevada a cabo el veintitrés de abril, -el director del CEPROPIE, el coordinador de Comunicación Social y Vocería, Pedro Daniel Ramírez Pérez y la directora general de Comunicación Digital del entonces presidente, adscritos a la citada Coordinación de Comunicación-, al haberse acreditado que existió una violación a los principios de imparcialidad y neutralidad y equidad, en detrimento del proceso federal 2023-2024.

220.      Esto, porque de los elementos de prueba que obran en autos, en específico lo manifestado por CEPROPIE se obtiene que participaron veintidós personas para la organización de la conferencia de prensa que este número es variable ya que deben cubrir funciones de producción, dirección, transmisión, auxiliares y técnicos.

221.      Por su parte, la Coordinación de Comunicación Social, refirió que participaron siete personas funcionarias públicas adscritas a dicha coordinación para la logística del evento.

222.      Aunado a lo anterior, de las pruebas que obran en el expediente se obtuvo que Jessica Ramírez González, directora general de comunicación digital del entonces presidente es quien administra las plataformas oficiales del entonces presidente dentro de redes sociales. En tanto que, las plataformas del Gobierno de México son administradas por Pedro Daniel Ramírez Pérez.

223.      Por tanto, si para la organización de la conferencia matutina de veintitrés de abril se utilizaron recursos federales, entendiendo por éstos los recursos humanos y materiales que tiene a su disposición debido al cargo que ocupa, se desprende que no se usaron atendiendo a su finalidad.

224.      De ahí que resulte existente la infracción consistente en el uso indebido de recursos públicos en la vulneración al artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución federal, puesto que la conferencia matutina denunciada transgredió los parámetros constitucionales y se destinaron recursos humanos o materiales para su difusión.

225.      Por otro lado, aunque Carlos Emiliano Calderón Mercado realizó el pago por la vigencia del dominio en la cuenta de lopezobrador.org, no se acreditó que fuera con uso de recursos públicos y no se presentó evidencia que demuestre lo contrario, así que este órgano jurisdiccional determina la inexistencia del uso de recursos públicos que se atribuye a Carlos Emiliano Calderón.

        Incumplimiento del acuerdo de la medida cautelar acuerdo ACQyD-INE-204/2024

226.      Las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que tienen la finalidad de cesar o prevenir los actos que se estiman violatorios, para garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular considera podría afectarle.

227.      Por tanto, para su cumplimiento se exige que las personas obligadas, realicen las acciones necesarias a fin de lograr la suspensión de los actos o hechos que constituyan la posible infracción con la finalidad de evitar daños irreparables.

228.      El artículo 41, base III, Apartado D, de la constitución federal, otorga al INE facultad para imponer medidas cautelares; para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea posible su cumplimiento efectivo e integral.

229.      De conformidad con el artículo 41 del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE, cuando la autoridad tiene conocimiento de un posible incumplimiento de alguna medida cautelar, iniciará un nuevo procedimiento para la investigación de estos hechos, o los podrá considerar dentro de la misma investigación, o bien, podrá imponer el medio de apremio que estime suficiente para lograr el cumplimiento de la medida.

230.      Ahora bien, recordamos que el tres de mayo, la Comisión de Quejas mediante acuerdo ACQyD-INE-204/2024 declaró procedente la adopción de medidas cautelares, ordenando al entonces presidente de la República, eliminar o modificar las publicaciones que contuvieran los audiovisuales y/o versiones estenográficas de la conferencia mañanera de veintitrés de abril, así como de cualquier plataforma en la que se encontrara alojado el material referido en un plazo no mayor a seis horas contadas a partir de su legal notificación, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que eso ocurriera[50].

231.      Tal decisión quedó firme, ya que el denunciado no impugno el referido acuerdo.

232.      Así, la Comisión de Quejas y Denuncias vinculó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al director del CEPROPIE y al coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, para apoyar en el cumplimiento de lo referido, así como de cualquier otra plataforma en la que se haya de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que eso ocurriera.

233.      Al respecto, la autoridad instructora notificó por estrados el tres de mayo de la siguiente forma:

        Al entonces presidente de la República a las 23:30 horas en atención a que cuando se intentó notificar personalmente un policía militar que resguardaba el inmueble informó que ya se había retirado el personal de la oficialía de partes de la Consejería Jurídica, que no tenía autorización para recibir ni para dejar que pegaran nada a fuera y que podría regresar el lunes donde tenían un horario de labores de 09:00 a 14:00 horas.

        Director del CEPROPIE a las 23:30 horas en atención a que cuando se intentó notificar personalmente una persona con uniforme azul marino y botas negras que resguardaba el inmueble informó que ya se había retirado el personal de la oficialía de partes del Centro, que no tenía autorización para recibir ni para dejar que pegaran nada a fuera y que podría regresar el lunes en horario laboral.

        Coordinador general de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República a las 23:30 horas en atención a que cuando se intentó notificar personalmente una persona con uniforme azul marino y botas negras que resguardaba el inmueble informó que ya se había retirado el personal de la oficialía de partes del Centro, que no tenía autorización para recibir ni para dejar que pegaran nada a fuera y que podría regresar el lunes en horario laboral.

234.      Como se puede apreciar, se notificó por estrados el tres de mayo en atención a que el personal de seguridad de las referidas instituciones no recibió ni permitió fijar en sus puertas la notificación en atención a que estaban fuera del horario laboral en las áreas del gobierno referidas.

235.      Posteriormente, el ocho de mayo se certificó que el material denunciado aún seguía disponible para su consulta[51], por lo que, al declarar el incumplimiento de medida cautelar la autoridad instructora vinculó al entonces presidente de la República y a las referidas autoridades, para que en un plazo de seis horas realizaran las acciones necesarias para eliminar el referido material difundido en sus redes sociales y canales oficiales, así como de cualquier otra plataforma en la que se haya compartido, debiendo informar de su cumplimiento dentro de las seis horas siguientes a que eso ocurriera.

236.      Tal determinación fue notificada de la siguiente manera:

        Al entonces presidente de la República a las 13:40 horas del nueve de mayo[52].

        Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a las 13:40 horas del nueve de mayo [53].

        Director del CEPROPIE a las 14:20 horas del nueve de mayo [54].

        Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República a las 13:40 horas del nueve de mayo [55].

237.      Como se puede apreciar, se notificó por oficio el nueve de mayo a las autoridades referidas, posteriormente, el diez siguiente, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República informó que el material denunciado había sido eliminado[56] y el diecisiete de mayo y cuatro de junio la autoridad instructora certificó que el material denunciado ya no estaba disponible[57].

238.      Lo anterior, debido a que de la verificación de las constancias atinentes, este órgano jurisdiccional determina que el entonces presidente de la República incumplió con la citada medida cautelar, ya que:

        No eliminó la publicación en el plazo establecido, pese a que tuvo conocimiento oportuno de los alcances del acuerdo del citado comité.

        La UTCE, ante la permanencia de las publicaciones denunciadas, tuvo que ordenar en 2 ocasiones verificar el cumplimiento a sus determinaciones.

        Los mencionados requerimientos se hicieron del conocimiento del entonces presidente de la República y si bien en un primer momento se informó que las publicaciones habían sido eliminadas, de la verificación efectuada por la UTCE se advirtió que no fue así hasta el diecisiete de mayo y cuatro de junio que pudo certificar el cumplimiento, es decir, hasta aproximadamente un mes después de que le era exigible dicha obligación y posterior a los requerimientos de la autoridad instructora.

239.      Razón por la cual, este órgano jurisdiccional determina que las autoridades señaladas sí incumplieron con el cumplimiento al acuerdo de las medidas cautelares ordenadas por la autoridad instructora.

        Beneficio Indebido

240.      El denunciante refirió que derivado de las expresiones vertidas en la conferencia de veintitrés de abril, por el titular del Ejecutivo federal se generó un beneficio indebido a favor de Claudia Sheinbaum, entonces candidata a la presidencia de la República por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”; así como de los partidos MORENA, Partido Verde y PT, integrantes de dicha coalición.

241.      Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que si bien se determinó la existencia de la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad por parte del entonces presidente de la República y las personas servidoras públicas encargadas de la logística y difusión de las conferencias matutinas denunciadas, toda vez que se advirtió que las manifestaciones tuvieron connotaciones político-electorales, lo cierto es que de las expresiones efectuadas no se desprende que hayan generado un beneficio electoral indebido para la entonces candidata a la presidencia de la República denunciada, ni para ninguna candidatura especifica, o partido político.

242.      Ello ya que si bien se advirtieron manifestaciones con connotaciones político-electorales, lo cierto es que en el expediente no obran constancias que pongan de manifiesto que Claudia Sheinbaum o los partidos integrantes de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” hubieran tenido conocimiento de las expresiones desplegadas por el Ejecutivo Federal en las mañaneras denunciadas, o en las publicaciones efectuadas en sus redes sociales, o que hubieran desplegado acciones para que cesaran su efectos a fin de beneficiarse; por lo que, no se satisface un presupuesto indispensable para imputar una responsabilidad derivada de la obtención de un presunto beneficio indebido.

243.      En ese sentido tampoco se acredito el beneficio para los partidos integrantes de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, esto, toda vez que no hay una mención específica a éstos, que les pueda deparar alguna ventaja en el marco del proceso electoral federal que transcurre; por lo que, resulta inexistente la infracción que se les atribuye.

        Culpa in vigilando

244.      Finalmente debe señalarse que la Ley de Partidos, en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), señala como una de las obligaciones de dichos entes es ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía.

245.      En concordancia con ello, la Sala Superior ha definido que los partidos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como personas servidoras públicas[58].

246.      Por lo anterior, en el caso concreto, dado que las expresiones que se consideraron infractoras de la normativa electoral fueron emitidas por personas integrantes del servicio público, se estima que es inexistente la infracción ya que los partidos políticos no tienen la calidad de garantes respecto de las conductas que realizan estas personas.

        Responsabilidad y Vistas

247.           Una vez que ha quedado establecido que el entonces presidente de la República y las personas servidoras públicas encargadas de la logística y difusión de la conferencia matutina denunciada difundieron propaganda gubernamental en periodo prohibido y vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad y utilizaron indebidamente de recursos públicos; así como que el entonces presidente de la República incurrió en promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido durante el veintitrés de abril, en estos ejercicios de comunicación, lo procedente es determinar sus responsabilidades y vistas a las autoridades competentes:

a)    Responsabilidad del entonces presidente de la República

248.           De acuerdo con las consideraciones precedentes, se acreditaron las infracciones atribuidas al titular del Ejecutivo Federal, toda vez que dicha persona emitió las expresiones que constituyeron la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, promoción personalizada, vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, además de que usó indebidamente recursos públicos en la conferencia de prensa de veintitrés de abril.

249.           Aunado a lo anterior, el citado funcionario es responsable por la difusión de las manifestaciones en el sitio web lopezobrador.org.mx. Lo cierto ya que es un hecho público y notorio para esta Sala Especializada que el entonces presidente de la República reconoció como suya dicha página en el diverso procedimiento sancionador SRE-PSC-62/2018, con independencia de que no es administrada por el Ejecutivo Federal, ya que quien registró ese dominio fue Pablo Sandoval y Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México (quien reconoció que realizó el pago para la renovación del citado dominio, con vigencia del dos de agosto de dos mil diecinueve al dos de agosto de dos mil veintitrés).

250.           En ese entendido, al ser el titular del Ejecutivo Federal el que reconoció la titularidad del dominio, se determina que es el responsable del contenido que ahí fue difundido, en el caso concreto, las manifestaciones de la conferencia matutina llevada a cabo el veintitrés de abril.

251.           Ahora bien, el artículo 457 de la Ley Electoral establece, entre otros aspectos, que cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción prevista en esa Ley, se debe dar vista al superior jerárquico y, en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.

252.           En el caso que nos ocupa, esta Sala Especializada advierte que esta disposición no resulta aplicable al entonces presidente de la República, por las razones siguientes:

i)    En términos de los artículos 49 y 89 de la Constitución, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Judicial y Ejecutivo, depositándose este último en un solo individuo, el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

ii)  Esta situación impide la existencia de algún superior jerárquico, sobre todo, ya que se trata de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

iii)    Cabe mencionar que esta circunstancia, en donde el titular del Poder Ejecutivo Federal no tiene persona superiora jerárquica ni tampoco existe un mecanismo de contrapeso con otro Supremo Poder para hacer efectivo y funcional el régimen administrativo sancionador electoral, es exclusivo de ese poder y de la Federación[59].

iv)    Asimismo, esta Sala Especializada advierte que ni la Constitución ni la Ley Electoral establecen un catálogo o una sanción específica para el titular del Poder Ejecutivo Federal por violación directa a la prohibición de difundir propaganda gubernamental en tiempo prohibido.

v)  Cabe destacar que, al analizar las disposiciones constitucionales, se advierte que el artículo 111, párrafo cuarto de la Constitución, contempla un régimen especial para sancionar a la persona titular del Poder Ejecutivo. Así, el artículo citado señala que las acusaciones penales ante la Cámara de senadoras y senadores se resolverán con base en la legislación penal aplicable. Que cabe mencionar que con la reforma realizada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno al artículo 108 párrafo segundo de la Constitución[60], se precisó que el servidor público en cuestión podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

253.           En este sentido, el régimen constitucional sancionador mencionado, es únicamente aplicable en los casos relacionados con ilícitos penales, lo cual no lo excluye de responsabilidad como servidor público como en el caso sucede al difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, incurrir en promoción personalizada, vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, y utilizar indebidamente recursos públicos.

254.           Lo anterior, toda vez que ese actuar constituye una violación directa al ordenamiento constitucional que, precisamente, dicho funcionario público protestó guardar al asumir el cargo, dado que la norma prohibitiva presenta el mismo grado de primacía que le confiere dicho privilegio.

255.           Al respecto, al resolver el SUP-RAP-119/2010 y acumulados, la Sala Superior también ha señalado que la ausencia de sanción no convierte en lícita o ajustada a Derecho una conducta o un proceder contrario a la Constitución, lo cual conforme a lo argumentado, abona a que en efecto el entonces presidente de la República, no puede ser sujeto a juicio político o a un régimen de responsabilidad de tipo administrativo, por una violación directa a la prohibición establecida en el segundo párrafo del Apartado C de la Base III del artículo 41 del Pacto Federal; ni tampoco podría sancionársele en razón de que la Ley Electoral, omite el señalamiento de algún tipo de sanción para el caso concreto.

256.           Cabe señalar que el entonces presidente como titular del Poder Ejecutivo Federal, tiene un deber especial de cuidado en el ejercicio de sus funciones.

257.           Precisado lo anterior, de conformidad con lo decidido por esta Sala Especializada al resolver los expedientes SRE-PSC-80/2021, SRE-PSC-108/2021, SRE-PSC-152/2021, SRE-PSC-73/2023 y SRE-PSC-83/2023, así como de la Sala Superior en los diversos SUP-REP-243/2021 y SUP-REP-240/2023 y acumulados, debe analizarse la responsabilidad de las personas involucradas en atención a su participación, toda vez que las expresiones del titular del Ejecutivo Federal en la conferencia denunciada constituyeron la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, y vulneraron los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, además de que se usaron indebidamente recursos públicos.

b)    Responsabilidad del director del CEPROPIE

258.           De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, el CEPROPIE es un órgano administrativo desconcentrado que está adscrito a la Presidencia de la República[61] que se encarga, entre otras cuestiones, de coordinar y vigilar las grabaciones en video de las actividades públicas del titular del Poder Ejecutivo Federal, para poner a disposición de los medios de comunicación la materia audiovisual que se genere, a través de la señal satelital abierta para su libre uso.

259.           De igual forma, proporciona una adecuada y oportuna cobertura de las actividades del entonces presidente de la República, mediante la coordinación y el establecimiento de convenios para la recepción y envío de las señales de televisión correspondientes.

260.           En el caso, esta Sala Especializada considera que el director del CEPROPIE es responsable por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, y la vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, además de que usó indebidamente recursos públicos, al poner a disposición de los medios de comunicación la señal satelital abierta de la referida conferencia matutina.

b) Responsabilidad del titular de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería y personas vinculadas a esta (directora de comunicación digital y jefe de departamento)

261.           La Coordinación de Comunicación Social y Vocería es el área encargada de la logística para organizar y celebrar las conferencias matutinas del entonces presidente de la República, así como difundir su contenido en las plataformas oficiales de éste y del Gobierno Federal.

262.           En la especie, se acreditó que, si bien dicha unidad administrativa no interviene en el contenido de los mensajes ni en el material de apoyo que se utilizan en las conferencias matutinas, lo cierto es que en términos del artículo 31, fracción IX del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, se encarga de dirigir la estrategia de comunicación social de dicha oficina, así como administrar sus plataformas oficiales.

263.           Sobre este punto debe mencionarse que, tal y como quedó acreditado en el expediente, las conferencias de prensa matutinas del entonces presidente de la República son difundida en diversas plataformas digitales dirigidas y administradas por la Coordinación de Comunicación Social.

264.           Por lo anterior, como titular de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería tenía la obligación de revisar y verificar que la información que se iba a difundir en las plataformas electrónicas o de redes sociales de la Presidencia no tuviera declaraciones que implicaran la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido o una violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, lo cual no sucedió en el presente asunto.

265.           Además, también resulta responsable la directora de comunicación digital, administradora entre otras, de la cuenta de YouTube, y otras redes sociales y la página oficial de Internet del entonces presidente de la República al ser la persona encargada de manejar las cuentas del entones presidente y las oficiales del Gobierno de la República en las que se difundió las conferencias controvertidas.

266.           Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y vocería es el responsable del área que tiene a su cargo la administración de las plataformas digitales oficiales[62] a través de las cuales se difundió la conferencia denunciada.

267.           De igual forma, Jessica Ramírez González y es responsable de manejar las cuentas del entonces presidente.

c)    Responsabilidad del coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la presidencia de la República

268.           Por otra parte, se advirtió que, en la conferencia matutina llevada a cabo el veintitrés de abril, se difundieron expresiones que vulneraron el principio de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda y que ésta conferencia se difundió en la página lopezobrador.org.mx así como que dicho dominio fue pagado por Carlos Emiliano Calderón Mercado.

269.           Sobre esta cuestión debe precisarse que si bien Carlos Emiliano Calderón Mercado niega ser el administrador del dominio lopezobrador.org.mx, lo cierto es que no pasa desapercibido para esta Sala Especializada que éste tiene un cargo en la oficina de la Presidencia de la República como coordinador de Estrategia Digital Nacional, el cual en términos del artículo 36 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República tiene atribuciones para colaborar y coordinar la Estrategia Digital Nacional, así como desarrollar tecnologías de la información y comunicación para su utilización por parte de la Administración Pública Federal.

270.           Es decir, se trata de una persona del servicio público que labora en la oficina de la presidencia de la República, y que como parte de sus atribuciones esta desarrollar tecnologías de información y comunicación para su utilización por parte de la Administración Pública.

271.           En este sentido, debe tomarse en consideración que en el caso concreto se difundió la conferencia matutina llevada a cabo el veintitrés de abril; sin embargo, constituye un hecho público, que en otros procedimientos[63], se han difundido esos ejercicios de comunicación y sus versiones estenográficas en esta página de internet.

272.           Por lo anterior, considerando que Carlos Emiliano Calderón Mercado es un servidor público adscrito a la oficina de la presidencia, que en la página de internet de lopezobrador.org.mx se sube información relacionado con la gestión del entonces presidente de la República, oficina en la que se encuentra adscrito-, y que se acreditó que realizo el pago por concepto de refrendo del uso del dominio con una periodicidad de cobertura de dos años, se tienen indicios suficientes para considerar que sí forma parte de la cadena de acciones que permiten que se difundan las expresiones del entonces presidente de la República en la citada página.

273.           Aunado a lo anterior, si bien, se advierte que al comparecer al procedimiento negó la administración de la página, lo cierto es que no deslindó de ella de manera oportuna, eficaz, razonable y/o idónea, sino que simplemente negó su participación sin aportar mayores elementos.

274.           De ahí que se considere que sí cuenta con responsabilidad en la vulneración al principio de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda por la conferencia matutina llevada a cabo el veintitrés de abril.

d)    Responsabilidad de Katya Elizabeth Ávila Vázquez, y Pablo Sandoval

275.           Conforme a las constancias que obran en autos, se advierte que Pablo Sandoval si bien reconoció haber registrado el lopezobrador.org.mx, lo cierto es que negó ser el administrador del sitio de internet y además que había transferido el dominio al usuario HVALIENTE.

276.           Por su parte, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, aparece como la persona que pagó los derechos del sitio lopezobrador.org.mx, sin embargo, no se advierte que esté implicada con la administración o manejo de dicha página.

277.           Sobre esta cuestión, debe recordarse que Jessica Ramírez González directora de comunicación digital y Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento, son los responsables de manejar las cuentas del entonces presidente, como las oficiales del Gobierno de la República, respectivamente.

278.           Por lo anterior, aun y cuando Pablo Sandoval participó en un inicio en la creación del sitio de internet, y Katya Elizabeth Ávila Vázquez, pagó un refrendo, de las constancias que obran en el expediente no se advierte algún otro elemento adicional que permita concluir que administran el contenido del sitio de internet; de ahí que se considere que no son responsables por la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y uso indebido de recursos públicos.

279.           Además, no pasa inadvertido que Katya Elizabeth Ávila Vázquez y Pablo Sandoval refirieron que el emplazamiento fue indebido, en atención a que las conductas que les atribuyeron no coinciden con el contenido de las normas aplicables en el caso, sin embargo, de una revisión realizada a los acuerdos de emplazamiento de cuatro de junio, veintiséis de julio y diez de septiembre, se advierte de una revisión minuciosa que la autoridad instructora fundó y motivo de manera adecuada los motivos de queja por los que se inició el presente procedimiento y, en su caso, realizó las diligencias de notificación en tiempo y forma para que esto quedara conforme lo establece la ley electoral.

        Vistas

280.           Al tener por actualizadas las infracciones electorales descritas en la presente sentencia (difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, y transgresión al principio de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos) atribuibles al coordinador general de comunicación social y vocería, a la directora general de comunicación digital y al jefe de departamento -estos dos adscritos a la citada coordinación- , al coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la presidencia de la República así como al director del CEPROPIE, conforme a la competencia de esta Sala Especializada, se ordena remitir copia de esta sentencia y de las constancias digitalizadas del expediente debidamente certificadas al:

        Respecto del coordinador general de comunicación social y vocería, a la directora general de comunicación digital y al jefe de departamento -estos dos adscritos a la citada coordinación-, al coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la presidencia de la República al Órgano Interno de Control  en la Oficina de la Presidencia de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que corresponda, por el actuar y responsabilidad de las referidas personas servidoras públicas[64].

281.           Lo anterior, en virtud de que el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que los órganos encargados del control y vigilancia en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal son los órganos internos de control.

282.           Asimismo, la Oficina de la Presidencia del titular del Ejecutivo Federal, como integrante de la Administración Pública Federal, cuenta con un Órgano Interno de Control Específico, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, quien ejerce sus atribuciones por el titular y sus áreas que la conforman atendiendo lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República[65].

283.           Es decir, se advierte que dicho órgano de control tiene facultades para aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuando alguna persona del servicio público adscrita a la Oficina de la Presidencia de la República incurra en alguna infracción a la norma.

284.           Además, respecto directora general de comunicación digital y el jefe de departamento que forma parte de la Coordinación de Comunicación Social cuyo titular se erige en su superior jerárquico, este último también ha sido señalado como infractor de las conductas que se involucran, por lo que se debe garantizar la vigencia del principio de imparcialidad, como se señaló, también en este caso corresponde conocer al órgano interno de control en comento.

285.           Ahora bien, en relación con el director del CEPROPIE, resulta relevante precisar que el veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación Acuerdo por el que se extinguen órganos internos de control específicos, se crean oficinas de representación, y se asigna la dependencia, entidad paraestatal y órgano administrativo desconcentrado que integran el ramo en que ejercerán sus funciones los órganos internos de control especializados y las unidades administrativas que los auxilian.

286.           En este acuerdo, en el artículo 4 se establece que el CEPROPIE será parte, para efectos de control interno, del Ramo de Gobernación.

287.           Por lo anterior, se da vista al Órgano Interno de Control Específico de Gobernación respecto de las conductas acreditadas al titular de CEPROPIE para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que corresponda, por el actuar y responsabilidad del servidor público.

288.           En este sentido, el fin perseguido con la disposición contenida en el artículo 457 de la Ley Electoral es que se informe al órgano competente para sancionar a quienes se desempeñen en el servicio público, cuando quede demostrado que incurrieron en una infracción a las normas electorales, para que dicha autoridad proceda en los términos de las leyes aplicables[66].

289.           Por último, para una mayor publicidad de la sanción, la sentencia deberá publicarse en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional, en el apartado relativo al Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores, respecto de las siguientes personas del servicio público [coordinador general de comunicación social y vocería, directora general de comunicación digital del entonces presidente, el jefe de departamento adscritos a la citada Coordinación de Comunicación, al Coordinador de Estrategia Digital Nacional y al director del CEPROPIE].

290.           Similar criterio sostuvo este órgano jurisdiccional al resolver los expedientes SRE-PSC-73/2023 y SRE-PSC-83/2023, los cuales fueron confirmados por la Sala Superior al resolver los diversos SUP-REP-603/2024 y SUP-REP-240/2023 y acumulados, respectivamente.

291.           En atención a lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara la existencia de la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido; la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad y el uso indebido de recursos públicos atribuidos a las partes denunciadas, en términos y con los efectos establecidos en la presente sentencia.

SEGUNDO. Se declara la existencia de la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, atribuidas a las personas del servicio público referidas, en los términos y para los efectos precisados en la sentencia.

TERCERO. Se declara la inexistencia del beneficio indebido atribuido a la entonces candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a MORENA, PT y Partido Verde, así como la falta al deber de cuidado.

CUARTO. Se determina la existencia de la promoción personalizada por parte del entonces presidente de la República.

QUINTO. Se determina existente el incumplimiento de la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, por parte del entonces presidente de la República, en términos de lo expuesto en esta sentencia.

SEXTO. Se da vista al Órgano Interno de Control en la Oficina de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación, para los efectos indicados en esta sentencia.

SÉPTIMO. Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Pablo Sandoval y Carlos Emiliano Calderón no vulneraron la normativa electoral, en términos de lo expuesto en esta sentencia.

OCTAVO. Publíquese la sentencia en el Catálogo de Sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementan la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.

ANEXO UNO