PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSD-13/2022

DENUNCIANTE: MORENA

PARTE DENUNCIADA: mAURICIO TABE ECHARTEA, ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO Y OTRAS PERSONAS servidoras públicas de esta alcaldía

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.

SECRETARIA: FABIOLA JUDITH ESPINA REYES

COLABORÓ: SAID JAZMANY ESTREVER RAMOS, EDSON JAIR ROLDÁN ORTEGA, MARCELA VALDERRAMA CABRERA

S E N T E N C I A que dicta la Sala Especializada en la Ciudad de México el nueve junio de dos mil veintidós[1].

SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA que determina la existencia de la infracción consistente en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad atribuidas a Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Lo anterior, con motivo de las publicaciones efectuadas el veinte de febrero en sus redes sociales.

Por otro lado, se determina la inexistencia de la infracción consistente en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, respecto de las mismas publicaciones.

Así también, se determina la inexistencia de las infracciones atribuidas a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, directora general de desarrollo social ya que, toda vez que aun cuando funge como directora general, en el expediente no está probado que haya tenido participación en la difusión de las publicaciones denunciadas, al realizarse en las redes sociales del citado alcalde; y Alejandra Santa Cruz Álvarez, coordinadora de comunicación social debido a que, no realizó las publicaciones denunciadas en las plataformas de internet precisadas en la denuncia, dado que, desde el uno de octubre de dos mil veintiuno dejó de contar con las contraseñas de acceso a las diversas plataformas digitales o redes sociales de la alcaldía Miguel Hidalgo.

S E N T E N C I A

VISTOS los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano distrital del INE, registrado con la clave SRE-PSD-13/2022, integrado con motivo de la queja presentada por MORENA; y

A N T E C E D E N T E S

I.                    Antecedentes

1.         A. Reforma constitucional sobre revocación de mandato. El veinte de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de este mecanismo de democracia directa. La cual entró en vigor al día siguiente.

2.         B. Lineamientos. El veintisiete de agosto de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó los lineamientos para la organización de la revocación de mandato, así como sus anexos[2].

3.         C. Ley Federal de Revocación de Mandato. El catorce de septiembre siguiente, se publicó en el DOF la ley de la materia[3].

4.         D. Modificación de los Lineamientos. El treinta de septiembre de 2021, el Consejo General del INE aprobó los cambios a los Lineamientos para la organización de revocación de mandato y sus anexos[4].

5.         E. Recurso de apelación SUP-RAP-415/2021. El cuatro de octubre de 2021, MORENA impugnó el acuerdo INE/CG1566/2021, que modificó los citados Lineamientos. De igual manera, el INE cambió la fecha para llevar a cabo la revocación de mandato al 10 de abril.

6.         F. Acción de inconstitucionalidad. El catorce de octubre de 2021, un grupo de diputadas y diputados federales presentó la acción de inconstitucionalidad 151/2021 contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, relativa, entre otras cuestiones, a la pregunta contenida en el artículo 19, fracción V, de ese ordenamiento. Misma que fue discutida por la SCJN el 31 de enero, 1 y 3 de febrero.

7.         G. Plan y calendario. El veinte de octubre siguiente, el Consejo General del INE aprobó mediante acuerdo INE/CG1646/2021[5], el plan integral y el calendario del proceso de revocación de mandato del presidente de la República, dentro del cual destacan las siguientes fechas:

8.              H. Recurso de apelación SUP-RAP-449/2021. El tres de noviembre pasado, el Partido Acción Nacional interpuso recurso de apelación contra el acuerdo relativo al diseño y la impresión de la papeleta que se utilizará durante la revocación de mandato[7]. La Sala Superior sobreseyó el medio de impugnación[8], porque el PAN planteó la inconstitucionalidad de las normas que se refieren a la pregunta objeto del citado mecanismo de participación ciudadana, misma que fue resuelta por la SCJN el treinta de enero, uno y tres de febrero.

9.         I. Presentación de informes:

           El 18 de enero, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE anunció que se cumplió con el requisito del 3% de apoyo del listado nominal de personas electoras para iniciar la organización de la consulta de la revocación de mandato[9].

           Preliminar. El veintiséis de enero, se presentó al Consejo General del INE la comunicación relativa a que se cubrió el porcentaje legal de firmas de apoyo de la ciudadanía para solicitar la petición del proceso revocatorio, por lo que, a partir del 27 de enero, se suspendieron las actividades de la revisión, verificación y captura de los formatos físicos[10].

10.    Final. El treinta y uno de enero, el secretario ejecutivo presentó al Consejo General del INE el informe respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para el citado mecanismo de participación ciudadana[11].

11.    J. Respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con recursos adicionales. En esta misma fecha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio respuesta al INE en el sentido de que no es viable otorgar recursos adicionales para el proceso de revocación de mandato ya que no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar su presupuesto u otorgar excepcionalmente recursos adicionales.

12.    K. Acción de inconstitucionalidad. El tres de febrero, la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 151/2021, interpuesta en contra de diversos preceptos de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

13.    L. Convocatoria. El cuatro de febrero, el Consejo General del INE expidió la convocatoria al proceso de revocación de mandato, el siete siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y el siguiente dos de marzo la Sala Superior confirmó el acuerdo que aprobó la convocatoria.

14.    M. Decreto interpretativo. El diez de marzo siguiente, la Cámara de Diputaciones aprobó la iniciativa por la que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental en la Ley Electoral y la Ley Federal de Revocación de Mandato, el diecisiete siguiente, la Cámara de Senadurías aprobó en lo general el referido dictamen y el mismo día fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

15.    N. Jornada de votación. El diez de abril se llevó a cabo la consulta sobre la revocación del mandato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

16.    O. Declaratoria de conclusión del proceso de revocación. Finalmente, el pasado veintisiete de abril, por unanimidad de votos, la Sala Superior emitió el cómputo final y la declaratoria de conclusión del proceso de revocación de mandato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo para el periodo constitucional 2018-2024, en la que, entre otras cuestiones, determinó que no había lugar a emitir la declaratoria de validez al no cumplirse con los requisitos constitucionales y legales para ello.

II.                 Procedimiento especial sancionador

17.    Queja. El cuatro de marzo, MORENA presentó una queja[12] en contra de Mauricio Tabe Echartea y otras personas, por la realización de diversas publicaciones que configuran propaganda gubernamental relacionada con la entrega de programas sociales en una temporalidad no permitida en el marco del proceso de revocación de mandato, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

18.    Registro, admisión y reserva de emplazamiento. El ocho de marzo, la autoridad instructora registró la queja con la clave JD/PE/GGA/JDE10/CDM/RM/1/PEF/1/2022; la admitió, ordenó la realización de diversas diligencias y asimismo reservó el emplazamiento hasta en tanto se agotará la etapa de investigación.

19.    Medidas cautelares. El diez de marzo, el Consejo Distrital mediante acta A17/INE/CM10/10-03-2021, determinó procedente la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el denunciante, toda vez que las publicaciones denunciadas no atendían lo dispuesto en el artículo 134 párrafos séptimo y octavo de la Constitución, por lo que ordenó a la parte denunciada eliminaran las publicaciones en un término de cuarenta y ocho horas.

20.    Emplazamiento y audiencia. Al concluir las diligencias, la autoridad instructora emplazó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos que se llevó a cabo el treinta de marzo.

21.    Juicio Electoral. El veinte de abril, el Pleno de esta Sala Especializada acordó la integración del juicio electoral SRE-JE-26/2022, por el que se ordenó devolver el expediente a la autoridad instructora a efecto de que desarrollara nuevas diligencias de investigación.

22.    Segundo emplazamiento y audiencia. Una vez que se agotaron las diligencias desarrolladas por la autoridad instructora, el diecisiete de mayo[13], ordenó el emplazamiento de las partes a la audiencia de pruebas y alegatos la cual tuvo verificativo el diecinueve de mayo siguiente.

        Trámite ante la Sala Especializada

23.    Recepción del expediente en la Sala Especializada. En su momento se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

24.    Turno a ponencia. Una vez que se determinó que el expediente estaba en estado de resolución, el Magistrado presidente acordó integrar el expediente SRE-PSD-13/2022 y turnarlo a la ponencia a su cargo, con posterioridad lo radicó y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia.

25.    Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncian diversas publicaciones que, presuntamente, configuran propaganda gubernamental relacionada con la entrega de programas sociales en una temporalidad no permitida en el marco del proceso de revocación de mandato, uso indebido de recursos públicos y la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad.

26.    En los Lineamientos del INE para la organización de la revocación del mandato, se definió que la violación a los parámetros de la difusión de información de esta figura jurídica sería conocida a través del procedimiento especial sancionador[14].

27.    La Ley Federal de Revocación de Mandato otorga competencia al INE y a la Sala Especializada para instruir y resolver, respectivamente, los procedimientos especiales sancionadores instaurados con motivo de las infracciones que surjan en el desarrollo de ese mecanismo de participación ciudadana[15], para lo que pueden aplicar de manera supletoria la Ley Electoral.

28.    Sobre el particular la Sala Superior estableció que:

            Los asuntos relacionados con la difusión de información sobre consultas populares son materia del procedimiento especial sancionador y, por tanto, competencia de la Sala Especializada[16]. Con lo que se refuerza que los asuntos relativos a la promoción y difusión de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía deben ser resueltos por este órgano jurisdiccional.

     El INE tiene facultades para sustanciar procedimientos administrativos sancionadores por el presunto uso indebido de recursos públicos en el procedimiento de revocación de mandato y la difusión de propaganda en medios de comunicación tendente a influir en las preferencias de la ciudadanía[17].

29.    En los Lineamientos del INE para la organización de la revocación del mandato, se definió que la violación a los parámetros de la difusión de información de esta figura jurídica sería conocida a través del procedimiento especial sancionador[18].

30.    Ahora bien, respecto a las manifestaciones relacionadas con una presunta contratación en radio y televisión, se precisa que en la queja no se advierten agravios relativos a la infracción señalada, por lo que no será materia de análisis en el presente procedimiento.

31.    Por ello, esta Sala Especializada es competente para conocer este procedimiento, toda vez que los hechos que se denuncian pudieron tener un impacto en el pasado proceso de revocación de mandato.

SEGUNDA. Justificación para resolver en sesión no presencial

32.    La Sala Superior, mediante los acuerdos generales 2/2020, 4/2020 y 6/2020, estableció diversas directrices y supuestos de urgencia para la discusión y resolución de forma no presencial de los asuntos competencia de las salas que integran el Tribunal Electoral, con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

33.    Posteriormente, a través del acuerdo general 8/2020,[19] el mismo órgano jurisdiccional determinó restablecer la resolución de todos los medios de impugnación por lo que quedaron sin efectos los criterios de urgencia de los acuerdos generales antes citados, aunque precisó que las sesiones debían realizarse por medio de videoconferencia.

34.    Por lo tanto, se justifica la resolución del presente asunto en sesión no presencial.

TERCERA. Cosa juzgada

35.    Antes de analizar el caso concreto se debe precisar en el procedimiento SRE-PSL-18/2022, se analizaron diversas publicaciones, dentro de ellas, algunas de las publicaciones que son materia de estudio en el presente asunto, por lo tanto, se actualiza la cosa juzgada.

36.    De acuerdo con la línea jurisprudencial de la Sala Superior, la jurisprudencia 12/2003 de rubro: “COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA” nos indica que para que se actualice la eficacia directa se requiere:

        La existencia de un proceso cuya resolución haya quedado firme.

        La existencia de otro proceso en trámite.

        Que los sujetos, objeto y causa, resulten idénticos en las dos controversias de que se trate.

        Que las partes del segundo juicio hayan quedado obligadas con la ejecutoria del primero.

        Que en ambos casos se presente un hecho o situación que sea un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar el sentido de la decisión del litigio.

        Que en la sentencia ejecutoriada se sustente un criterio preciso, claro e indubitable sobre ese elemento o presupuesto lógico.

        Que la solución del segundo juicio requiera asumir también un criterio sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensable para apoyar la resolución.

37.    Precisado lo anterior, se deben analizar si se actualizan estos elementos.

38.    En la sentencia emitida por esta Sala Especializada en el expediente SRE-PSL-18/2022, se determinó, entre otras cosas, la existencia de vulneración a la prohibición de emitir propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuida a Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, así como a Ángel Nina Paulette Gurdié Pantoja, Jefa de la Unidad Departamental de Contenidos Digitales de dicha alcaldía y por otra parte la inexistencia de uso indebido de recursos públicos (programas sociales) para influir en la revocación de mandato, así como promoción personalizada atribuidos a Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

39.    Entre otras cosas, en el referido procedimiento, se analizaron las siguientes publicaciones:

40.    Respecto a la publicación que en el procedimiento SRE-PSL-18/2022, fue señalada como “publicación 10”, se determinó que la misma versaba sobre el programa social “Pa´ Las Jefas”, en las que se específica que es un programa de apoyo económico para las mujeres que “son el sostén de su casa” para “recompensar el trabajo del hogar que ni se paga ni se reconoce”. Además, hace referencia a que en la Alcaldía Miguel Hidalgo son “primero las mujeres”.

41.    Por lo que, el alcalde busca la aceptación de las mujeres de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a partir de un programa social que busca apoyarlas de manera económica.

42.    En cuanto a la publicación identificada como número 7, que se trata sobre un convenio de colaboración interinstitucional con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Alcaldía Miguel Hidalgo para la revisión y asignación de los programas sociales.

43.    Se concluyó que la finalidad de la publicación era buscar la adhesión y simpatía de la población, a partir de la firma de un convenio que permitirá dotar de transparencia el ejercicio de los programas sociales, destacando en reiteradas ocasiones que el propósito es que los beneficios de éstos lleguen a quienes más lo necesitan, enviando un mensaje de gobernabilidad y transparencia.

44.    Al respecto debe decirse que la sentencia emitida el pasado veintiséis de mayo, en el referido expediente SRE-PSL-18/2022, no fue impugnada por las partes, por lo tanto, quedó firme.

45.    Por ello, se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada, la cual indica que debe prevalecer lo resuelto por esta Sala Especializada en el expediente SRE-PSL-18/2022, dado que las publicaciones antes precisadas ya fueron analizadas.

46.    En este sentido, debe precisarse que las infracciones de propaganda gubernamental y vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad que se atribuyen a Ángel Nina Paulette Gurdié Pantoja Jefa de la Unidad Departamental de Contenidos Digitales de la alcaldía Miguel Hidalgo, no serán materia de análisis, toda vez que, como se refirió, las publicaciones emitidas desde la cuenta de la citada alcaldía, ya fueron materia de análisis en el procedimiento local antes referido, incluso en aquel asunto se ordenó dar vista al dar vista al Órgano Interno de Control de la multicitada respecto de las conductas acreditadas a la servidora pública.

47.    Aunado a lo anterior, debe precisarse que la citada Jefa de la Unidad Departamental de Contenidos Digitales no tiene responsabilidad respecto de las publicaciones realizadas en las redes sociales de Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo, toda vez que es él mismo quien administra los perfiles de Twitter y Facebook personal.[20]

Cuarta. Planteamientos de las partes.

48.    A continuación, se exponen las manifestaciones realizadas por las partes, con la finalidad de fijar la materia de la litis:

a)    Manifestaciones vertidas por Morena

49.    Señaló que el programa social denominado “para las jefas”, no se encuentra vinculado a temas de salud, educación o protección civil, pues su objetivo es beneficiar a mujeres como principales o únicas aportadoras económicas, enfocadas a una población particular y la necesidad del programa.

50.    Asimismo, señaló que el programa “mano a la olla”, de igual forma no se encuentra dentro de alguno de los casos de excepción, ya que tiene por objeto beneficiar a los residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo que no cuenten con empleo y que se encuentren en posibilidades de elaborar hasta setenta raciones diarias de comida saludable en tres tiempos de lunes a viernes, enfocadas a una población en particular y sin fundar la necesidad del programa.

51.    Concluye que la difusión de la propaganda denunciada no cumple con los criterios de importancia, temporalidad, generalidad, fundamentación y motivación.

b) Manifestaciones realizadas por Mauricio Tabe Echartea alcalde, Alejandra San Cruz Álvarez coordinadora de comunicación social, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, directora general de desarrollo social y Ángel Nina Paulette Gurdié Pantoja, jefa de unidad departamental de contenidos digitales de la coordinación de comunicación social, en su totalidad con adscripción a la alcaldía Miguel Hidalgo.

52.    Refieren que Mauricio Tabe Echartea es el titular y administrador de sus cuentas de redes sociales (Twitter y Facebook).

53.    Las publicaciones denunciadas en las redes sociales de la alcaldía Miguel Hidalgo fueron realizadas por Ángel Nina Paulette Gurdié Pantoja, en calidad de Jefa de Unidad Departamental de Contenidos Digitales de la Coordinadora de Comunicación Social.

54.    Mencionan que Alejandra Santa Cruz Álvarez causó baja como coordinadora de comunicación social de esa alcaldía el veintiocho de febrero.

QUINTA. Estudio de fondo.

55.    Es preciso recordar que MORENA presentó una queja en contra de diversas personas del servicio público de la alcaldía Miguel Hidalgo por la probable vulneración a las reglas del proceso de revocación de mandato, a través de una serie de publicaciones relacionadas con los programas sociales “para las jefas” y “manos a la olla”, lo que, desde su perspectiva, se traduce en difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, un uso indebido de recursos públicos e indebida promoción personalizada.

56.    Así, en el presente procedimiento se determinó emplazar a las partes denunciadas por la probable vulneración a las reglas del proceso de revocación de mandato y la posible violación a los principios de neutralidad e imparcialidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 35, fracción IX y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución, 38 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024;  así como 32, 33 y 37 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

57.    Sobre esto, es indispensable advertir que a partir de lo resuelto por Sala Superior en los SUP-REP-5/2022, SUP-REP-39/2022 y SUP-REP-199/2022, las reglas para la difusión de la revocación de mandato deben interpretarse de manera armónica con los principios previstos en el artículo 134 constitucional, que establecen el deber de quienes integran el servicio público de actuar con imparcialidad y neutralidad en el uso de los recursos públicos en todo tiempo o momento, a fin de mantenerse siempre al margen de los temas que se someten a opinión de la ciudadanía.

58.    En este sentido, se considera procedente el análisis y estudio sobre el probable uso indebido de recursos públicos bajo lo establecido en la disposición normativa aplicable, en específico el artículo 35, fracción IX de la Constitución[21] y 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato[22].

59.    Por otro lado, Sala Superior, señaló que, si bien el proceso de revocación de mandato no se trata como tal de un proceso electoral ordinario, en el que se eligen a las personas que deberán ocupar puestos de elección popular, lo cierto es que se trata de un proceso comicial, por lo que normativa constitucional, legal y reglamentaria electoral también le es aplicable.

60.    En este contexto, se puede analizar la posible transgresión a los principios de neutralidad e imparcialidad en el proceso de revocación de mandato a la luz del artículo 134 y sus principios.

61.    Así, en el caso concreto, para acreditar su dicho, el partido denunciante ofreció como medios de prueba los vínculos y capturas de pantalla descritos en la queja -pruebas técnicas[23] -para acreditar la existencia de las publicaciones denunciadas.

62.    Una vez que la autoridad instructora recibió la queja, así como la solicitud de diligencias que le formuló esta Sala Especializada, recabó las siguientes pruebas que tienen la calidad de documentales públicas[24].

a)    Acta circunstanciada de ocho de marzo[25], mediante la cual la autoridad instructora certificó la existencia de las publicaciones e hizo constar el contenido del video denunciado el cual tiene una duración de trece minutos y treinta y nueve segundos.

b)    Requerimientos de información a las personas del servicio público denunciadas, y a la alcaldía Miguel Hidalgo, obteniéndose los siguientes datos de relevancia:

        Ángel Nina Paulette Gurdié Pantoja, realizó las publicaciones denunciadas en las redes sociales de la alcaldía Miguel Hidalgo, conducta que desplegó en su calidad de jefa de unidad departamental de contenido digitales de la coordinadora de comunicación social.

        Mauricio Tabe Echartea, es el titular y administrador de sus redes sociales, y que fue el quien llevó a cabo las publicaciones realizadas el 20 de febrero.

        Alejandra Santa Cruz Álvarez trabajó del uno de abril de dos mil veintiuno al veintiocho de febrero, durante ese periodo se desempeñó como Coordinadora de Comunicación Social.

63.    De las pruebas que obran en el expediente, así como de las manifestaciones antes expuestas, este órgano jurisdiccional concluye que se actualiza la infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido en atención a lo siguiente.

a)    Respecto de Mauricio Tabe Echartea, alcalde en Miguel Hidalgo

        Vulneración a las reglas de difusión de propaganda gubernamental en el marco de la revocación de mandato y promoción personalizada.

64.    En primer lugar, es importante destacar que la figura de la revocación de mandato se trata del instrumento de democracia directa que fue incorporado mediante reforma constitucional en el artículo 35, fracción IX de nuestra Carta Magna, el cual tiene la finalidad de consolidar la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, toda vez que, a través de su ejercicio, se puede determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

65.    En ese sentido, se entiende la necesidad de que la ciudadanía cuente con información veraz, concisa y sin sesgo, para impulsar a una democracia participativa y plena que pueda tomar decisiones libres e independientes, además de fortalecer su involucramiento en la vida pública.

66.    Así, en el caso concreto, se advierte que las publicaciones denunciadas que realizó desde su cuenta de Twitter (@mauriciotabe) y Facebook (https://www.facebook.com/mauriciotabe) son las siguientes:

67.    Antes de analizar de manera detallada las publicaciones debemos tener presente que para definir si nos encontramos ante propaganda gubernamental debemos observar si las publicaciones denunciadas reúnen los elementos necesarios, para lo cual ser deberá atender: a) el contenido (logros o acciones de gobierno) del material en cuestión; b) su finalidad (adhesión, aceptación o mejorar la percepción ciudadana); y c) la temporalidad que, en este caso, no puede difundirse desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación.

68.    Así, respecto al primer requisito tenemos que las publicaciones acreditan la difusión de acciones de gobierno, toda vez que hacen referencia a los diversos programas sociales que están implementando en la alcaldía Miguel Hidalgo, sin que, en algún caso, el contenido de la información difundida este relacionado con servicios de salud, educativos o de protección civil.

69.    Por el contrario, se hace mención en que consistente cada uno de ellos, por ejemplo, el de “Mano a la Olla” se trata un apoyo para las personas que instalen comedores comunitarios, mismo que tendrán como finalidad entregar comida a bajo costo, teniendo como uno de los sujetos principales a las mujeres de la alcaldía.

70.    Por su parte, el programa que el denunciado refiere como “Pa las Jefas” está encaminado a otorgar apoyo a las madres de familia a quienes se les entregara la cantidad de quince mil pesos por año, señalando que se tienen que registrar las madres solteras o “las jefas”, que lo importante es que se compensen las labores de cuidado y por eso todos los programas sociales en Miguel Hidalgo sean enfocados en las mujeres, que saldrá también el programa de estancias infantiles con el cual también se estará apoyando a las estancias infantiles y sobre todo a las familias que tienen a sus hijos en esas estancias, finalmente agregó que el registro lo realizaran las trabajadoras sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

71.    Lo anterior, permite concluir de manera razonable a esta Sala Especializada que los mensajes tienen como finalidad que la población advierta, por un lado, que se abrirán convocatorias para programas sociales, conforme se advierte del contenido de las publicaciones marcadas como uno y dos y, por otro lado, que los mismos se desarrollarán con transparencia para que lleguen a las personas que lo necesitan, con el ánimo de buscar la aceptación de las y los habitantes de la Alcaldía.

72.    Así, una vez que se ha analizado el contenido y finalidad de las publicaciones, debemos tener presente que la convocatoria para el inicio formal del procedimiento de revocación del mandato del presidente de los Estados Unidos Mexicanos se emitió el cuatro de febrero[26] y la jornada de votación se llevó a cabo el diez de abril[27], por lo que el período comprendido entre estas dos fechas es en el que la Constitución prohíbe la difusión de propaganda gubernamental de cualquier ámbito de gobierno.

73.    Así, las publicaciones denunciadas fueron el veinte de febrero en el perfil de Facebook y Twitter del denunciado, por lo que se ubican en el plazo señalado y se satisface el elemento temporal de la infracción que nos ocupa.

74.    Por lo anterior, se tiene acreditada la infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, en el marco del proceso de revocación de mandato.

75.    Ahora bien, por lo que hace a la promoción personalizada la Sala Superior ha establecido que no toda propaganda institucional que utilice la imagen o el nombre de una persona servidora pública, pueda catalogarse en automático como promoción personalizada, sino que debe analizarse si sus elementos constitutivos vulneran los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales y en el caso concreto de la revocación de mandato.

76.    Así, la Sala superior ha sostenido que la propaganda gubernamental que sea difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social actualizará la infracción contenida en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, cuando se presenten los siguientes elementos:

        Existen elementos que hagan plenamente identificable a las personas servidoras públicas por medio de voces, imágenes o símbolos. (elemento personal)

        Del contenido se advierta un ejercicio de promoción individual propia o de una tercera persona con intereses electorales. (elemento objetivo)

        La temporalidad nos permita definir si se efectuó iniciado el proceso electoral o fuera del mismo. En caso de haberse presentado fuera del proceso, para estar en posibilidad de establecer una posible incidencia en la contienda, es menester analizar la cercanía de las fechas de la proximidad de los procesos o los debates. (elemento temporal).

77.    Por otro lado, para tener por acreditada la infracción respecto de la promoción personalizada de alguna persona del servicio público, forzosamente deben analizarse los elementos que la integran, y si éstos, vulneran los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales.

78.    Aunado a esto, la expresión bajo cualquier modalidad de comunicación social, prevista en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución debe interpretarse de manera que se entienda que la prohibición de realizar promoción personalizada incluye los mensajes difundidos por Internet.

79.    En este sentido, si bien las redes sociales son mecanismos de comunicación masiva que carecen de una regulación específica, también constituyen medios comisivos para infracciones en materia electoral, por lo que las manifestaciones en la red no están amparadas de manera absoluta por la libertad de expresión, dado su potencial para incidir en los procesos electorales y, en el caso en particular, con el proceso de revocación de mandato.

80.    En el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima que es inexistente la promoción personalizada que el partido denunciante hizo valer, en relación con el proceso de revocación de mandato, esto, porque del análisis de las publicaciones denunciadas y su contenido, no se advierte que se realice referencia alguna al citado proceso de revocación de mandato o algún proceso electoral en particular, ni mención alguna relativa a exaltar logros o acciones del presidente de la república (sujeto de la consulta), por lo que no se acredita la infracción denunciada[28].

81.    En este sentido, del análisis integral de las publicaciones se advierte que, aun cuando el propio denunciado hace uso de la voz y aparece su imagen en los videos, no realizó referencia clara o expresa al proceso de revocación de mandato, cuestión que fue denunciada en la queja, ni se desprende alguna acción o manifestación con la intención de realizar una promoción individual que pusiera en riesgo el proceso revocatorio que trascurría al momento de la difusión de la propaganda denunciada.

82.    En consonancia con lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza la infracción relativa al uso indebido de recursos públicos, toda vez que en el expediente no hay constancia por la cual se pueda corroborar que la parte denunciada dispuso de recursos públicos para la elaboración y/o difusión de las publicaciones.

b)    Vista al Órgano Interno de Control, publicación y comunicación de sentencia, publicación de sentencia y vista a Sala Superior

83.    En atención a lo resuelto en la presente sentencia, esta autoridad considera que, de conformidad con el artículo 232 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y 457 de la Ley Electoral, lo conducente es dar vista con la presente sentencia y del expediente digitalizado al Órgano Interno de Control de la alcaldía de Miguel Hidalgo, para que con base en el marco constitucional y legal que resulta aplicable determine lo que corresponda con motivo de las infracciones que han quedado acreditadas en el presente fallo, en lo que respecta a Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

84.    En atención a las infracciones acreditadas en este asunto, esta sentencia deberá publicarse en el “Catálogo de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores” de la página de internet de esta Sala Especializada.[29]

85.    Toda vez que esta determinación guarda relación con los asuntos de revocación de mandato, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional a que comunique esta decisión a la Sala Superior, para su conocimiento.

        Responsabilidad de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, directora general de desarrollo social y Alejandra Santa Cruz Álvarez, coordinadora de comunicación social y Ángel Nina Paulette Gurdié Pantoja, jefa de unidad departamental de contenidos digitales de la coordinadora de comunicación social, personas adscrita a la alcaldía Miguel Hidalgo.

86.    Al respecto debe decirse que, no es posible atribuir responsabilidad por las citadas conductas a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, porque, aun cuando funge como directora general de desarrollo social de la alcaldía Miguel Hidalgo, en el expediente no está probado que haya tenido participación en la difusión de las publicaciones denunciadas; y respecto de Alejandra Santa Cruz Álvarez, que también fue emplazada al procedimiento, se considera que no realizó las publicaciones denunciadas en las plataformas de internet precisadas en la denuncia.

87.    En primer lugar, porque desde el uno de octubre de dos mil veintiuno dejó de contar con las contraseñas de acceso a las diversas plataformas digitales o redes sociales de la alcaldía Miguel Hidalgo, por la llegada de la nueva administración encabezada por Mauricio Tabe Echartea y, en segundo término, porque como quedó acreditado, las publicaciones analizadas en el presente procedimiento especial sancionador fueron realizadas en la cuenta de éste.

88.    Por lo anterior, al no tener intervención en los hechos analizados en el presente caso, se determina la inexistencia de las infracciones que se les atribuyen, esto, porque, como se adelantó, las publicaciones fueron realizadas por el alcalde de Miguel Hidalgo en sus cuentas de Facebook y Twitter, aunado a que está acreditado en el expediente que el referido alcalde es el titular y es quien administra de manera directa sus redes sociales.

     Uso de lenguaje incluyente en materia político-electoral

89.    Esta Sala Especializada advierte que en las publicaciones denunciadas hay expresiones que no contienen lenguaje inclusivo, tales como “ayudando a los niños a recuperar los espacios públicos”, “nuestros parques con los niños”, “deportivo de sus hijos”.

90.    Por tanto, se hace un llamamiento al alcalde de Miguel Hidalgo para que, en la comunicación que entable con la gente, contemple un lenguaje incluyente y consulte las publicaciones en la materia que se han elaborado en diversas instituciones especializadas en derecho electoral o en derechos humanos. [30]

91.    En atención a lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se actualiza la figura jurídica de la eficacia directa de la cosa juzgada, en el procedimiento especial sancionador en que se actúa, conforme la parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO. Es existente la infracción consistente en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuida a Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en términos de las consideraciones de la presente determinación. 

TERCERO. Es inexistente la promoción personalizada atribuida a Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en términos de las consideraciones de la presente determinación. 

CUARTO. Son inexistentes las infracciones atribuidas a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, directora general de desarrollo social y Alejandra Santa Cruz Álvarez, coordinadora de comunicación social, personas adscritas a la alcaldía Miguel Hidalgo.

QUINTO. Dese vista al Órgano Interno de Control de la Alcaldía de Miguel Hidalgo para los efectos precisados en la consideración QUINTA de esta resolución.

SEXTO. Se hace un llamamiento a Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, a que atienda la consideración relativa al uso de lenguaje incluyente.

SÉPTIMO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

OCTAVO. Comuníquese la presente sentencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad de votos de las magistraturas que la integran, con el voto concurrente del Magistrado Luis Espíndola Morales, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. 

VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO LUIS ESPÍNDOLA MORALES EN LA SENTENCIA SRE-PSD-13/2022[31].

De manera respetuosa, emito el presente voto porque si bien coincido con el sentido de la sentencia y sus consideraciones, me separo de la decisión de hacer un llamamiento para utilizar lenguaje incluyente y no sexista en la propaganda gubernamental que fue declarada infractora.

Lo anterior porque considero que la vigilancia sobre el contenido de la propaganda gubernamental no es de la competencia de la Sala Especializada, como sí lo es cuando se trata de propaganda política o electoral.

En principio, porque nos encontramos ante infractores que atienden a una naturaleza distinta a la político-electoral –como son los partidos políticos o las candidaturas–; por el contrario, en este caso los sujetos infractores pertenecen a la administración pública.

Así, en congruencia con la propia normatividad electoral, cuando nos encontramos ante la infracción cometida por autoridades federales, estatales o municipales, se debe dar vista a su superior jerárquico o, en su caso, presentar la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir una responsabilidad administrativa o penal. Por lo que correspondería a dichas autoridades vigilar su comportamiento y, en ese sentido, realizar los llamamientos o vinculaciones correspondientes, incluidas las relacionadas con el fomento del uso de lenguaje incluyente.

Aunado a ello, considero que a todas las autoridades nos corresponde tutelar y garantizar el acceso a la igualdad sustantiva de las mujeres. Cada una debe subsumirse a su ámbito competencial, con la finalidad de que se visibilicen las obligaciones, necesidades y carencias que se reflejan en todos los ámbitos de la sociedad, incluidas la esfera estatal y política.

No obstante, dada la propia naturaleza de la propaganda gubernamental, su impacto abarca no sólo el ámbito político o electoral, sino a todos los espacios de la sociedad, por lo que su labor debe buscar revertir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de la desigualdad en toda la estructura social, al no encontrarse limitada, como es nuestro caso, al ámbito político-electoral.

Por ello, hacer un llamamiento que se encuentra fuera de nuestra competencia puede tener el riesgo de invisibilizar otras estructuras más allá del uso del lenguaje incluyente. Además, corresponde a otras instancias dar seguimiento, reportar, vigilar y sancionar, incluso conforme a sus propias políticas internas o normas de seguimiento, diseño, operación y ejecución.

Bajo esos razonamientos, me parece importante subrayar que realizar un llamamiento para el uso de lenguaje incluyente en los asuntos relacionados con la propaganda político o electoral –que sí se encuentra bajo nuestra tutela– se distingue al encontrarnos ante un deber reforzado como autoridad jurisdiccional electoral para promover, fomentar y materializar la igualdad de género que nos corresponde exigir como aspecto indispensable para la participación política de las mujeres, lo cual como reflexioné a lo largo de este voto, no corresponde a la esencia de la propaganda gubernamental, la cual participa de autoridades, condiciones y finalidades distintas.

Aunado a lo anterior, lo que se juzgó en la presente causa no fue la naturaleza de la propaganda gubernamental o si ésta se encontraba apegada al respeto y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, sino la contravención a una disposición que prohibía su difusión en el periodo prohibido del proceso de revocación de mandato.

En este sentido, solicitarle al funcionariado público infractor que se apegue al uso de lenguaje incluyente implicaría una invasión injustificada de competencias respecto a la facultad a cargo del ejecutivo, de determinar los contenidos, normas, difusión y divulgación de la propaganda gubernamental además de darle validez a los actos de propaganda que realizó cuando justamente la sentencia decidió que su difusión actualizó una infracción, de manera que no cabe hacer pronunciamientos sobre la mejora o los defectos de su redacción.

Por todo lo anterior, emito el presente voto concurrente.

Voto concurrente del Magistrado Luis Espíndola Morales. Este documento es una representación gráfica autorizada, con firma electrónica certificada; es válido, porque así lo dicen los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020