PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSD-17/2022

DENUNCIANTE: MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.

DENUNCIADA: SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES.

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.

SECRETARIA: KAREM ANGÉLICA TORRES BETANCOURT.

SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA que determina la existencia de la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, en consecuencia, se vulneró el principio de neutralidad; la inexistencia de la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, así como la inexistencia del uso indebido de recursos públicos, conductas atribuidas a Sandra Xantall Cuevas Nieves, alcaldesa de la demarcación territorial Cuauhtémoc.

SENTENCIA

Que dicta la Sala Especializada en la Ciudad de México a veintidós junio de dos mil veintidós.

VISTOS los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano distrital registrado con la clave SRE-PSD-17/2022, integrado con motivo de la denuncia presentada por Martha Soledad Ávila Ventura, en contra de Sandra Xantall Cuevas Nieves; y

ANTECEDENTES[1]

I. Proceso de revocación de mandato.

1.            1. Convocatoria para el proceso de revocación de mandato. El cuatro de febrero, se aprobó convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo 2018-2024.

2.            2. Decreto de interpretación auténtica. El diecisiete de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de interpretación auténtica del concepto propaganda gubernamental; el cual entró en vigor al día siguiente.

3.            3. Jornada de votación. Se llevó a cabo el diez de abril, de conformidad con la Convocatoria.

4.            4. Declaración de validez. El veintisiete de abril, la Sala Superior declaró la conclusión del proceso revocatorio y la invalidez de este al no alcanzar el umbral del 40% de participación ciudadana.[2]

II. Trámite del procedimiento sancionador.

5.            1. Denuncia. El dos de marzo, Martha Soledad Ávila Ventura, en su carácter de Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, denunció ante el INE por la vía del procedimiento especial sancionador a la alcaldesa Sandra Xantall Cuevas Nieves de la demarcación territorial Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

6.            Lo anterior, por diversas publicaciones realizadas en el perfil de Facebook de la denunciada en la que se informan los logros de su gestión, avance y desarrollo en servicios urbanos, económicos, sociales, culturales y políticos de la Alcaldía Cuauhtémoc, circunstancia que presuntamente actualiza la difusión de propaganda gubernamental, vulneración al principio de neutralidad, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, en el marco del proceso de revocación de mandato

7.            Por tal motivo, solicitó el dictado de medidas cautelares para suspender su difusión.

8.            2. Radicación e investigaciones preliminares. El cuatro de marzo, la autoridad instructora registró la denuncia con la clave JD/PE/MORENA/JD12/CDMX/PEF/2/2022, se reservó la admisión y el emplazamiento, así como la propuesta de medidas cautelares e instruyó la verificación de las ligas de internet aportadas por la denunciante, a efecto de esclarecer los hechos denunciados.

9.            3. Medidas cautelares. El quince de marzo, la autoridad instructora determinó procedente la adopción de medidas cautelares, al considerar que el contenido de los mensajes difundidos en el perfil de Facebook de la denunciada tuvo como temática central difundir logros, avances y actividades gubernamentales de la Alcaldía Cuauhtémoc.

10.       Por lo que, consideró bajo la apariencia de buen derecho, que se trataba de propaganda gubernamental que se difunde en periodo prohibido, derivado del proceso de revocación, ordenó retirar las publicaciones denunciadas.

11.       4. Celebración de la audiencia. El dieciocho de marzo, se celebró la audiencia indicada y, al concluir, se ordenó remitir el expediente a esta Sala Especializada.

12.       5. Primer acuerdo plenario. El treinta y uno de marzo, el pleno de esta Sala Especializada acordó remitir el expediente a la autoridad instructora para que realizara mayores diligencias relacionadas con los hechos denunciados; de entre otras diligencias, se ordenó requerir a la denunciada y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México información relacionada con la suspensión temporal del cargo como alcaldesa, con motivo del procedimiento penal al que fue sujeta.

13.       Lo anterior, porque que si la suspensión de sus actividades abarcó el periodo en el que las medidas cautelares fueron notificadas (dieciséis de marzo) al personal de Alcaldía Cuauhtémoc, la autoridad instructora debería notificar nuevamente el acuerdo respectivo.

14.       6. Segunda audiencia de ley. Una vez realizadas las diligencias ordenadas por esta Sala Especializada, el dos de abril, la autoridad instructora ordenó emplazar a todas las partes involucradas a la audiencia de ley, la cual se celebró el siete siguiente y al concluir, se ordenó remitir el expediente.

15.       7. Segundo acuerdo plenario. El veintiséis de abril, el pleno de esta Sala Especializada ordenó nuevamente la devolución del expediente para la realización de mayores diligencias. De entre otras cosas, se consideró que era indispensable conocer el periodo en el que la denunciada fue suspendida del cargo, para que la autoridad instructora valorara si era necesario notificar nuevamente el acuerdo de medidas cautelares, a fin de que existiera certeza de que conoció de la emisión del acto.

16.       8. Notificación de las medidas cautelares. Derivado de las diligencias que se ordenaron en el Juicio Electoral, la autoridad instructora autoridad instructora concluyó que la denunciada estuvo suspendida de su cargo del catorce al veinticuatro de marzo; por lo que consideró que debía reponer la notificación del acuerdo de medidas cautelares, la cual había realizado al personal de la alcaldía el dieciséis de marzo, es decir, dentro del período en el que la alcaldesa estuvo suspendida; por tanto, ordenó una nueva notificación, la cual se realizó el diecinueve de mayo.[3]

17.       9. Verificación del cumplimiento a las medidas cautelares. El veinte de mayo, la autoridad instructora llevó a cabo una diligencia para en la cual verificó que la denunciada cumplió con las medidas cautelares ordenadas.

18.       10. Emplazamiento. El veintiuno de mayo, la autoridad instructora ordenó emplazar a todas las partes involucradas a la audiencia de ley, la cual se celebró el dos de junio, al concluir, se ordenó remitir el expediente.

III. Trámite ante la Sala Especializada.

19.       1. Recepción del expediente. En su momento se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del procedimiento, y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

20.       2. Turno y radicación. El veintiuno de junio el magistrado presidente acordó integrar el expediente SRE-PSD-17/2022 y turnarlo a la ponencia a su cargo. Con posterioridad, acordó radicar el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia.

21.       Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denuncia a una servidora pública, por la presunta difusión de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato, promoción personalizada, la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, así como la utilización de recursos públicos.

22.       En este sentido, resulta relevante señalar que el proceso de revocación de mandato es un procedimiento democrático de participación directa organizado por el INE que se realiza a nivel nacional; por ende, la conducta que se denuncia puede incidir directamente en su desarrollo y en la emisión del sufragio de la ciudadanía.

23.       Así, y toda vez que se trata del ejercicio del derecho humano de sufragio activo a través de una consulta ciudadana, se deben observar tanto los principios del voto, universal, libre, secreto y directo, como las demás garantías constitucionales y convencionales establecidas para su ejercicio, entre las que destacan la organización del proceso por un órgano que desarrolle sus funciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, lo cual, dicha responsabilidad en este caso, está a cargo del INE.[4].

24.       Ahora bien, los procedimientos especiales sancionadores, al ser sustanciados por el INE y resueltos por esta Sala Especializada, respectivamente, han sido diseñados como un método sumario o de tramitación abreviada para conocer de determinados casos que, según la naturaleza de la controversia, deben dirimirse en menor tiempo que el empleado en la sustanciación de uno de carácter ordinario.

25.       Bajo dichas consideraciones, se justifica la implementación del procedimiento especial sancionador, para conocer y resolver sobre la difusión de propaganda relacionada con el proceso de revocación de mandato, que se aduce, puede incidir de manera directa en la intención del voto de la ciudadanía dentro del mecanismo de democracia directa que se encuentra en curso.[5]

26.       Lo anterior, con fundamento en los artículos 35, fracción IX, numeral séptimo[6], y 99, párrafo cuarto, fracción IX[7], de la Constitución; 164, 165, 173 y 176, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,[8] 3,[9] 4,[10] 5,[11] 32,[12] 33[13] y 61,[14] de la Ley de Revocación, así como el 37,[15] de los Lineamientos para la revocación de mandato, y 477 de la Ley Electoral.[16]

SEGUNDA. Justificación para resolver en sesión no presencial.

27.       La Sala Superior, mediante los acuerdos generales 2/2020, 4/2020 y 6/2020, estableció diversas directrices y supuestos de urgencia para la discusión y resolución de forma no presencial de los asuntos competencia de las salas que integran el Tribunal Electoral, con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2.

28.       Posteriormente, a través del acuerdo general 8/2020,[17] el mismo órgano jurisdiccional determinó restablecer la resolución de todos los medios de impugnación por lo que quedaron sin efectos los criterios de urgencia de los acuerdos generales antes citados, aunque precisó que las sesiones debían realizarse por medio de videoconferencia.

29.       Por lo tanto, se justifica la resolución del presente asunto en sesión no presencial.

TERCERA. Estudio de fondo.

30.       1. Planteamiento de la controversia. Para establecer adecuadamente la problemática jurídica sobre la cual esta Sala Especializada se pronunciará, deben precisarse los argumentos de cada una de las partes involucradas en la presente controversia.

31.       A. Argumentación de la denunciante. Al respecto, la denunciante refiere que, con la difusión de diversas publicaciones realizadas en el perfil de Facebook de la denunciada, se acreditan las siguientes infracciones:

      Difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, pues son publicaciones que destacan y personalizan los logros de la Alcaldía Cuauhtémoc y de la denunciada.

      Promoción personalizada, al difundir propaganda gubernamental en la que se destacan los logros y exaltan las cualidades y actividades de la denunciada como alcaldesa.

      Vulneración al principio de imparcialidad, porque se está difundiendo propaganda gubernamental con la finalidad de influir en la opinión de la ciudadanía en el marco del proceso de revocación de mandato.

      Uso indebido de recursos públicos, al realizar la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación en el perfil de Facebook de la denunciada.

32.       B. Argumentación de la denunciada.

33.       En cuanto a la supuesta difusión de propaganda gubernamental durante periodo prohibido, alega que, las publicaciones difundidas en su perfil de Facebook no son propaganda gubernamental, manifiesta no fueron realizadas con la finalidad de promover a favor o en contra del ejercicio del proceso de revocación de mandato.

34.       Respecto al principio de imparcialidad, aduce que la difusión de las publicaciones no fue con la finalidad de influir en las preferencias electorales a favor o en contra del presidente de la República, además que no se advierte que tengan influencia en algún proceso electoral.

35.       Sobre la promoción personalizada, considera que en las publicaciones que realizó en ningún momento se hacen con la finalidad de destacar su labor como alcaldesa ni tampoco se expone la promoción a favor de algún partido político con el propósito de incidir en el proceso de revocación de mandato.

36.       Por cuanto hace al uso indebido de recursos públicos, niega que se acredite tal infracción en la medida en que no se emplearon recursos públicos para la difusión de las publicaciones, además de que para acreditar la infracción se debe demostrar su incidencia en los comicios, circunstancia que no se acredita, porque no se hacen posicionamientos relacionados con el proceso de revocación de mandato.

37.       2. Problemas jurídicos a resolver. Visto lo anterior, esta Sala Especializada, deberá responder las siguientes preguntas:

      ¿Las publicaciones realizadas en el perfil de Facebook de la denunciada constituyen propaganda gubernamental difundida en el proceso de revocación de mandado?

      ¿Las publicaciones denunciadas constituyen propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada?

      Derivado de lo anterior, ¿existió vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad por parte de la denunciada?

      ¿El hecho de que se hayan realizado las publicaciones en el perfil Facebook de la denunciada, constituye el uso indebido de recursos públicos?

38.       3. Metodología de estudio. Para dar respuesta a lo anterior, esta Sala Especializada razonará, en primer lugar, si conforme a las pruebas que obran en el expediente, los hechos denunciados se encuentran acreditados, en el entendido de que, para esta controversia, resulta imprescindible determinar las condiciones en que las publicaciones fueron difundidas.

39.       En un segundo apartado, se expondrán las consideraciones relativas a la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, para abordar el primero de los problemas jurídicos denunciados.

40.       Posteriormente, se analizará si las publicaciones denunciadas constituyen difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada.

41.       Analizado lo anterior, se abordará si las publicaciones denunciadas constituyen una vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad.

42.       Luego, se expondrá el marco normativo sobre el uso indebido de recursos públicos para determinar si las publicaciones realizadas por la denunciada en su perfil de Facebook acreditan los elementos necesarios para esa actualizar la infracción.

43.       Finalmente, en caso de que se acredite la responsabilidad, se dará vista al órgano facultado para sancionar a la denunciada.

44.       4. Hechos probados. En primer lugar, debe tenerse presente que la Ley Electoral establece en el artículo 461 que son objeto de prueba los hechos controvertidos. Además, que no lo será el Derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos.

45.       Por cuanto hace a las pruebas, la Ley Electoral establece en el artículo 462 que las admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

46.       Ahora bien, respecto a las pruebas documentales públicas referidas tienen pleno valor probatorio, al ser emitidas por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto por los artículos 461, párrafo 3, inciso a), 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

47.       Por otra parte, las documentales privadas y técnicas, tomando en consideración la propia y especial naturaleza de las mismas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, en términos de los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), y 462 párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

48.       Con ello en consideración, a continuación, se exponen las pruebas que obran en la investigación.

a. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

49.       Técnica. Consistente en los vínculos de internet insertos en la denuncia.

b. Pruebas recabadas por la autoridad instructora.

50.       Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de dos de abril, instrumentada por personal adscrito a la autoridad instructora, en la que se hizo constar la existencia y contenido de diecisiete publicaciones realizadas en el perfil de Facebook de la denunciada.

51.       Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada de veinte de mayo, instrumentada por personal adscrito a la autoridad instructora, en la que se hizo constar el retiro del perfil de Facebook de las publicaciones ordenadas en la medida cautelar.

52.       Documental privada. Consistente en el escrito de once de marzo, a través del cual la denunciada reconoce la existencia de las publicaciones denunciadas.

53.       Documental privada. Consistente en el escrito de siete de abril, mediante el cual la representante legal de la denunciada manifiesta que la denunciada es quién administra su cuenta privada de Facebook.

c. Hechos probados.

54.       A continuación, se enuncian los hechos relevantes para la resolución de la presente controversia que esta Sala Especializada estima por probados, así como las razones para ello.

55.       La denunciante afirma que, en el periodo de cinco al veinticinco de febrero, se realizaron diversas publicaciones en su perfil de Facebook, en las que se difunden actividades de la demarcación territorial Cuauhtémoc y de la denunciada en su calidad de alcaldesa.

56.       En ese sentido, la denunciada reconoce la titularidad y administración de la cuenta de Facebook, asimismo no controvierte haber realizado dichas publicaciones, así, al ser un hecho expresamente reconocido[18] por las partes se acredita que se difundieron diecisiete publicaciones en el perfil de Facebook de la denunciada, durante el periodo de cinco al veinticinco de febrero.

57.       Asimismo, de la documental pública consistente en el acta circunstanciada instrumentada por la autoridad instructora el dos de abril, se tiene por probado el contenido de las diecisiete publicaciones denunciadas, las cuales serán reproducidas al analizar la temática relacionada con la propaganda gubernamental.

58.       Por otra parte, es un hecho público y notorio para esta autoridad,[19] que Sandra Xantall Cuevas Nieves ostenta la calidad de alcaldesa de la demarcación territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

59.       Una vez que se ha dado cuenta sobre la existencia de los hechos en el caso, lo procedente es analizar las publicaciones denunciadas, con la finalidad de verificar si contravienen la normativa constitucional y legal relacionada con el proceso de revocación de mandato, o bien, si su difusión resulta apegada a Derecho.

60.       5. Difusión de propaganda gubernamental en proceso de revocación de mandato. Esta Sala Especializada considera que la difusión de quince de las diecisiete publicaciones realizadas en el perfil de Facebook de la denunciada constituye propaganda gubernamental ya que se advierten frases alusivas a logros, compromisos y actividades de la demarcación Territorial Cuauhtémoc, difundidas en el proceso de revocación de mandato.

A. Marco normativo.

a) Propaganda gubernamental en la revocación de mandato.

61.       El artículo 35 fracción IX, de la Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los procesos de revocación de mandato.

62.       En lo que al caso interesa, en el numeral 7º de la citada fracción se prevé que, durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

63.       Asimismo, se establece que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil.

64.       En ese sentido, la Ley de Revocación reproduce lo establecido en la Constitución, pues en el artículo 33, párrafos quinto y sexto dispone que durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno y que los poderes públicos.

65.       De lo anterior, es dable concluir que la finalidad de la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, consiste en proteger la libre opinión y el sentido de la decisión de la ciudadanía o la autonomía de su voluntad en torno a la continuidad o no del titular del Ejecutivo Federal, así como la imparcialidad de la información que recibe por parte de los órganos de gobierno a fin de evitar que factores externos puedan incidir en el sentido de su decisión.

66.       Ello es así, porque lo que se busca es proteger a la ciudadanía de toda información o referencia que pudiera incidir en su percepción sobre la asertividad y beneficios alcanzados por los actos gubernamentales, a fin de garantizar condiciones que le permitan reflexionar, en condiciones de libertad el sentido de su voto en la revocación de mandato.

67.       Por su parte, la Sala Superior ha establecido que, propaganda gubernamental, es la que difunden los poderes federales, estatales y municipales, el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo las personas servidoras o entidades públicas que tengan como finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación.[20]

68.       Al establecer ese primer concepto, se precisó que no se hacía con la finalidad de crear un catálogo taxativo de supuestos o conductas que pudieran catalogarse como propaganda gubernamental, sino para proporcionar elementos mínimos subjetivos y objetivos que permitieran perfilar con certeza si una determinada conducta podría englobarse en ella.

69.       Posteriormente, enfatizó el elemento de la finalidad o intención de la propaganda gubernamental, al establecer que se trataba de una comunicación tendente a publicitar o difundir acciones de gobierno para buscar la adhesión o aceptación de la población; a diferencia de aquella otra comunicación que pretende exclusivamente informar respecto de una situación concreta, para prevenir a la ciudadanía de algún riesgo o comunicar alguna cuestión, sin aludir a logros o buscar la adhesión o el consenso de la ciudadanía.[21]

70.       Así, tenemos que, en términos generales, propaganda gubernamental es toda acción o manifestación que haga del conocimiento público por cualquier medio de comunicación (impresos, audiovisuales o electrónicos) o mediante actos públicos dirigidos a la población en general, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que sea ordenada, suscrita o contratada con recursos públicos y que busca la adhesión, simpatía, apoyo o el consenso de la población, y cuyo contenido, no es exclusiva o propiamente informativo.

71.       Respecto a su contenido, la propaganda gubernamental, en ningún caso puede tener carácter electoral, esto es, la propaganda de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno, así como los órganos autónomos no debe estar dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de partidos políticos o de candidaturas a cargos de elección popular.

b) decreto de interpretación auténtica

72.       El pasado diecisiete de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley Electoral, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley de Revocación de Mandato.

73.       El pasado veintiocho de marzo, la Sala Superior resolvió en sesión privada el SUP-REP-96/2022, en el que se analizó la aplicabilidad del decreto en cuestión y llegó a la conclusión de que no era aplicable para el presente proceso de revocación de mandato, entre otras razones, porque podría ser contrario a lo dispuesto por el artículo 105 constitucional que establece que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

74.       Por lo anterior, el decreto no puede ser aplicado en asuntos cuya cuestión a dirimir sea precisamente la difusión de propaganda gubernamental o uso indebido de recursos públicos, cuestión ultima que se aborda en el presente asunto.

75.       B. Caso concreto. Sobre esta cuestión, la denunciante considera que las publicaciones denunciadas vulneran el proceso de revocación de mandato, ya que constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión estaba prohibida durante este periodo.

76.       Para corroborar lo que manifiesta la denunciante, se analizarán los elementos que se han establecido para definir si los actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo las personas servidoras tienen como finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación.

77.       Esta Sala Especializada considera que, respecto a las publicaciones identificadas con los números 8 y 11 no constituyen propaganda gubernamental, ya que no se advierte la difusión de algún logro, programa social, acciones de gobierno o compromisos relacionados con las actividades de la demarcación territorial Cuauhtémoc.

78.       Por otra parte, se considera que le asiste la razón a la denunciante, respecto a quince publicaciones pues del contenido se advierte que constituyen propaganda gubernamental que, al haberse difundido del cinco al veinticinco de febrero, son contrarias a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, el cual inicio con la emisión de la Convocatoria el cuatro de febrero.

79.       En efecto, el análisis al contenido de cada una de las publicaciones revela que éstas destacan una serie de logros, avances, beneficios, implementación de programas, realizados en la demarcación territorial Cuauhtémoc, así como la respuesta de los compromisos cumplidos por parte de la denunciada, en relación con diversas temáticas atinentes a sus labores, tales como remodelación de mercados, repavimentación de asfalto, vigilancia nocturna, limpieza de calles, programas recreativos para personas adultas mayores.

80.       Por otra parte, no puede considerarse que se está en presencia de un acto meramente informativo, pues su finalidad, lejos de presentar información hacia la ciudadanía, tiene como propósito destacar los logros que se han alcanzado en la demarcación territorial Cuauhtémoc, así como enfatizar el trabajo continuo que ella encabeza por el desarrollo y mejora de la alcaldía.

81.       Así, al destacar las obras, avances y logros que continuamente se alcanzan por parte de la administración de la denunciada, se considera que rebasa los límites que el modelo de comunicación política le impone a la comunicación gubernamental durante el periodo de revocación de mandato, al difundir ante la ciudadanía una serie de logros gubernamentales e incluso contrastarlo con lo que se considera fueron acciones de administraciones pasadas.

82.       Así, de un análisis integral de los mensajes, esta Sala Especializada considera que quince publicaciones son propaganda gubernamental, tanto por cuanto hace a su contenido como a su finalidad, además de las mismas tuvieron como emisora a la alcaldesa de la demarcación territorial Cuauhtémoc.

83.       Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional no advierte que el contenido de las publicaciones trate sobre algún tema vinculado con la educación, la salud, la protección civil o cualquier otro que tenga como propósito el presentar información relevante e impostergable para la ciudadanía, lo que podría suponer una excepción a la prohibición constitucional.

84.       Lejos de ello, los mensajes buscan influir en la opinión pública en lo relativo a las actividades que se están desarrollando en la demarcación territorial Cuauhtémoc y al trabajo que realiza la denunciada como titular de la demarcación, a través de la presentación de una serie de acciones, logros y compromisos que se consideran valiosos y, por lo tanto, merecedores de la aprobación pública.

85.       Asimismo, se considera si bien es una cuenta de Facebook que pertenece de manera personal y la administra la denunciada, lo cierto es que los perfiles de las personas del servicio público se han considerado como un canal de comunicación que permite compartir información relacionada con su gestión aprovechando el nivel de expansión y exposición, lo cual genera notoriedad pública, por lo que se convierten en relevantes para el interés general.[22]

86.       En conclusión, se considera que se cumplen con los elementos para acreditar que es propaganda gubernamental, respecto al temporal se cumple porque las publicaciones fueron difundidas del cinco al veinticinco de febrero, así también el elemento de contenido se cumple porque se difundieron logros y avances de la administración de la alcaldía Cuauhtémoc con la finalidad de generar aceptación y simpatía con la ciudadanía.

87.       Asimismo, se considera que la difusión de las publicaciones no abarca el ejercicio de la libertad de expresión, porque uno de los límites constitucionales válidamente establecidos para ella reside en la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de revocación de mandato, para el caso de quienes se encuentran desempeñando funciones públicas.

88.       Por ello, si en el presente caso las publicaciones denunciadas constituyen propaganda gubernamental, es evidente que su difusión no puede ampararse bajo la libre expresión.

89.       En consecuencia, esta Sala Especializada concluye que se acredita la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato.

90.       6. Promoción personalizada. Sobre esta temática, esta Sala Especializada, considera que, del análisis a las publicaciones denunciadas, no se advierte que la denunciada realizara difusión de propaganda con elementos de promoción personalizada propia o de una tercera persona con intereses electorales al margen del proceso de revocación de mandato.

A. Marco normativo

91.       La Sala Superior ha establecido que no toda propaganda institucional que utilice la imagen o el nombre de una persona servidora pública, pueda catalogarse en automático como promoción personalizada, sino que debe analizarse si sus elementos constitutivos vulneran los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales y en el caso concreto de la revocación de mandato.

92.       Para eso, es indispensable advertir que a partir de lo resuelto por Sala Superior en los SUP-REP-5/2022, SUP-REP-39/2022 y SUP-REP-199/2022, las reglas para la difusión de la revocación de mandato deben interpretarse de manera armónica con los principios previstos en el artículo 134 constitucional, que establecen el deber de quienes integran el servicio público de actuar con imparcialidad y neutralidad en el uso de los recursos públicos en todo tiempo o momento, a fin de mantenerse siempre al margen de los temas que se someten a opinión de la ciudadanía.

93.       La Sala Superior, señaló que si bien el proceso de revocación de mandato no se trata como tal de un proceso electoral ordinario, en el que se eligen a las personas que deberán ocupar puestos de elección popular, lo cierto es que se trata de un proceso comicial, por lo que normativa constitucional, legal y reglamentaria electoral también le es aplicable.

94.       En este contexto, se puede analizar la posible difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada en el proceso de revocación de mandato a la luz del artículo 134 y sus principios.

95.       En ese entendido, la Sala superior ha sostenido que la propaganda gubernamental que sea difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social actualizará la infracción contenida en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, cuando se presenten los siguientes elementos:

        Existen elementos que hagan plenamente identificable a las personas servidoras públicas por medio de voces, imágenes o símbolos. (elemento personal)

        Del contenido se advierta un ejercicio de promoción individual propia o de una tercera persona con intereses electorales. (elemento objetivo)

        La temporalidad nos permita definir si se efectuó iniciado el proceso electoral o fuera del mismo. En caso de haberse presentado fuera del proceso, para estar en posibilidad de establecer una posible incidencia en la contienda, es menester analizar la cercanía de las fechas de la proximidad de los procesos o los debates. (elemento temporal).

96.       Lo anterior atiende a que, para tener por acreditada la infracción respecto de la promoción personalizada de alguna persona del servicio público, forzosamente deben analizarse los elementos que la integran, y si éstos, vulneran los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales.

97.       Aunado a esto, la expresión bajo cualquier modalidad de comunicación social, prevista en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución debe interpretarse de manera que se entienda que la prohibición de realizar promoción personalizada incluye los mensajes difundidos por Internet.

98.       En este sentido, si bien las redes sociales son mecanismos de comunicación masiva que carecen de una regulación específica, también constituyen medios comisivos para infracciones en materia electoral, por lo que las manifestaciones en la red no están amparadas de manera absoluta por la libertad de expresión, dado su potencial para incidir en los procesos electorales y, en el caso en particular, con el proceso de revocación de mandato.

99.       B. Caso concreto. La denunciante manifiesta que las publicaciones denunciadas constituyen la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, ya que de éstas se advierte que la denunciada destaca logros y promesas que ha realizado como titular de la alcaldía Cuauhtémoc.

100.  Al respecto, tomando en cuenta que las publicaciones denunciadas son propaganda gubernamental, es necesario analizarlas s de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 12/2015 de rubro “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”.

101.  En ese orden, tenemos respecto al elemento personal que es la titular de la alcaldía Cuauhtémoc quién realiza las publicaciones en su perfil de Facebook, en las que se destacan los logros de su gobierno, por lo que se acredita dicho elemento.

102.  Respecto al elemento objetivo se advierte se puede concluir que en ninguna de las publicaciones la denunciada se adjudica algún logro de gobierno o acción gubernamental, en la que se haga referencia o que tengan un impacto directo al proceso de revocación de mandato o algún proceso electoral en particular.

103.  En ese sentido, cabe resaltar que, el proceso de revocación de mandato, era para definir la continuidad o no del titular del Ejecutivo, de ahí que, se estime que si bien en las publicaciones denunciadas se destacan logros y acciones de gobierno, no se advierte alguna acción o manifestación con la intención de realizar una promoción individual por parte de la denunciada que ponga en riesgo el proceso de revocación de mandato, de ahí que, se considere que no se acredita el elemento objetivo.

104.  Así, al no haberse acreditado el elemento objetivo, se hace innecesario el análisis del elemento temporal.

105.  Por lo anterior, se estima la inexistencia de la infracción denunciada.

106.  7. Vulneración al principio de neutralidad. Respecto a esta temática se considera que las publicaciones implicaron una vulneración al principio de neutralidad, pues se destacan logros y avances de la demarcación territorial Cuauhtémoc, se exaltan los compromisos cumplidos por parte de la alcaldesa, en el marco del proceso de revocación de mandato.

A. Marco normativo.

107.  El artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, establece que las y los servidores públicos tienen el deber de observar en todo momento los principios de neutralidad, imparcialidad y objetividad, por lo que no pueden tener una intervención destacada y activa a favor o en contra de las candidaturas de los partidos políticos o de la vía independiente, en los procesos electorales para la renovación de Ayuntamientos, Congresos locales; titular del Poder Ejecutivo local; diputaciones federales y senadurías, así como a la Presidencia de la República, mediante el sufragio popular; en tanto que ello afectaría la equidad en la contienda electoral.

108.  En ese orden, la Sala Superior determinó que, si bien la revocación de mandato es diferente a la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo en el orden federal y local, así como de los Ayuntamientos, mediante el sufragio popular; lo cierto es que se le confiera a la ciudadanía una destacada participación, al corresponderle en exclusiva determinar a través del voto lo que procede, respecto de la continuidad o no en el ejercicio del cargo del Presidente de la República actualmente en funciones.[23]

109.  En la lógica apuntada, es de considerarse que, las personas del servicio público, particularmente, las electas mediante el sufragio popular se encuentran obligadas a conducirse con neutralidad en el proceso de revocación de mandato.

110.  En este sentido, se considera que la finalidad de tales disposiciones tiene como propósito prevenir y sancionar aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad.

111.  B. Caso concreto. Esta Sala Especializada considera que, en la difusión de las publicaciones realizadas en el perfil de Facebook de la denunciada, son mensajes y posicionamientos que escaparon de los límites constitucionales de neutralidad.

112.  Del análisis a las publicaciones, se advierten distintas frases que constituyen propaganda gubernamental en la que se destacan los logros y proyectos desarrollados en la demarcación territorial Cuauhtémoc y los compromisos cumplidos por la denunciada para el mejoramiento de la alcaldía.

113.  En este caso, lo expuesto en cada una de las publicaciones denunciadas, el contexto de la línea discursiva y la forma en la que expone la denunciada los logros y los compromisos que se han alcanzado en el tiempo que lleva como titular de la alcaldía, se advierte la clara intención de generar la aceptación y simpatía de la ciudadanía al margen del desarrollo del proceso de revocación de mandato, lo cual no puede quedar amparado por la libertad de expresión ni por un ámbito informativo.

114.  En efecto, al analizar las frases de las publicaciones se advierte que son con la finalidad de exponer logros, avances y compromisos de la denunciada, en el marco del proceso de revocación de mandato, lo que transgrede el principio de neutralidad previsto por el artículo 134 constitucional.

115.  Cabe destacar, que si bien no se trata de un proceso electoral ordinario en el que se eligen a las personas que deberán ocupar puestos de elección popular, la Sala Superior estableció que se trata de un proceso comicial,[24] por lo que la normativa constitucional, legal y reglamentaria electoral también le es aplicable.

116.  Por lo que, se concluye que la difusión de las publicaciones en el perfil de Facebook de la denunciada se vulnera el principio de neutralidad.

117.  8. Uso indebido de recursos públicos. Como se justificará a continuación, esta Sala Especializada considera que las publicaciones denunciadas no implicaron un uso indebido de recursos públicos, pues no se advierte que la denunciada llevara a cabo la entrega de programas sociales o con fines promoción y propaganda relacionados con el proceso de revocación de mandato.

A. Marco normativo.

118.  El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución, tutela desde el orden constitucional, los principios de equidad e imparcialidad a los que están sometidas las personas del servicio público en el ejercicio de la función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a los principios rectores en materia electoral.

119.  Cabe señalar, que el principio de neutralidad de los poderes públicos se encuentra establecido en forma amplia en nuestra Constitución y, de esa suerte, cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos públicos está sujeta en todo momento a tal mandato, por lo que las personas del servicio público deben abstenerse de utilizar recursos públicos para fines electorales.

120.  En ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior[25] que para tenerse por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el referido artículo 134, párrafo séptimo, constitucional, es necesario que se acredite plenamente el uso indebido de recursos públicos que se encuentran bajo la responsabilidad de la persona del servicio público denunciada, para incidir en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a una determinada candidatura o partido político.

121.  Por ello, la finalidad de esa normativa constitucional es evitar que el cargo público que ostentan y los recursos públicos de que disponen esas personas servidoras públicas, se empleen para fines distintos a los planeados y presupuestados por la autoridad competente, en particular, para generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad, en las campañas electorales y sus resultados.

122.  En relación con el artículo 449, párrafo 1, inciso e), de la Ley Electoral, dispone que constituyen en infracciones a la referida ley las personas servidoras públicas que incumplan con el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134, párrafo séptimo, constitucional, cuando dicha conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre las o los aspirantes durante los procesos electorales.

123.  Además, dicho numeral establece como prohibición la utilización de programas sociales y de sus recursos, ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal, con el objetivo de inducir a la ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquier partido o candidatura.

124.  B. Caso Concreto. Sobre este hecho la denunciante considera que con las publicaciones donde se difunden las actividades de la demarcación territorial Cuauhtémoc y de su titular, constituye el uso indebido de recursos públicos, ya que se pretende influir a la ciudadanía en el desarrollo del proceso de revocación de mandato.

125.  Al respecto, de los medios de prueba que obran en el expediente, no se advierte que la denunciada hubiera llevado a cabo eventos masivos para la entrega de los programas sociales o con fines promoción y propaganda relacionados con el proceso de revocación de mandato, tampoco se acredita que la denunciada tenga como propósito utilizar los programas sociales para influir de manera negativa o positiva en el citado ejercicio de participación ciudadana.

126.  Asimismo, la difusión de la propaganda gubernamental se llevó a cabo en su cuenta de Facebook, perfil que la denunciada manifestó que administra, por lo que, de las constancias que obran en autos no se advierte que disponga de personas del servicio público que colaboran en la alcaldía para el manejo de su Facebook.

127.  En efecto, se considera que la denunciada no dispuso del personal para la labor logística o administrativa de difundir las publicaciones denunciadas que constituyeron propaganda gubernamental.

128.  Así, conforme a lo expuesto en el marco normativo el párrafo séptimo del artículo 134 constitucional establece un mandato para que los recursos públicos se utilicen con fines institucionales y no se afecten o beneficien personas o proyectos políticos, de manera que no se influya en la equidad de la contienda electoral (principio de imparcialidad), en este caso no influyó en el proceso de revocación de mandato.

129.  En efecto, la finalidad que subyace en ese principio constitucional es la de evitar que los bienes, recursos humanos, materiales, administrativos y tecnológicos, que están bajo la administración pública, puedan ser utilizados con fines diversos a lo destinado con el objetivo de influir o afectar una contienda electiva.

130.  Por otra parte, en las publicaciones analizadas, no se observa que se realice alguna mención directa o indirecta con el proceso de revocación de mandato, ni que se condicione el uso de los programas sociales (como recursos públicos) a cambio del voto en determinado sentido dentro del proceso de revocación de mandato.

131.  En ese mismo orden, el artículo 33 párrafo 7 de la Ley de Revocación establece la prohibición del uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato, en este caso de las publicaciones que realizó la denunciada no se advierte que tuvieran como propósito utilizar los programas sociales para influir de manera negativa o positiva en el citado ejercicio de participación ciudadana.

132.  De ahí que, se considere que resulta indispensable para acreditar la infracción de uso indebido de recursos públicos que exista la intención de generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias u opiniones, en detrimento del principio de equidad, en el actual desarrollo del proceso de revocación de mandato, así como, de usar los recursos humanos y materiales a disposición del servicio público.

133.  En consecuencia, se considera que no se acredita el uso indebido de recursos públicos (humanos, materiales y financieros).

134.  9. Conclusiones. En razón de todo lo anterior, esta Sala Especializada determina que las publicaciones identificadas con los números 8 y 11 no son propaganda gubernamental.

135.  Ahora bien, respecto a quince publicaciones restantes, se determina la existencia de la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, atribuida a Sandra Xantall Cuevas Nieves, en consecuencia, la denunciada vulneró el principio de neutralidad.

136.  Por otra parte, se determinó la inexistencia de la difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada.

137.  Finalmente, la inexistencia del uso indebido de recursos públicos atribuido a la denunciada.

CUARTA. Vista.

138.  Toda vez que en este asunto se determinó la responsabilidad de Sandra Xantall Cuevas Nieves, alcaldesa de la demarcación territorial Cuauhtémoc, porque difundió propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, esta Sala Especializada de con conformidad con el artículo 232 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y 457 de la Ley Electoral, da vista con las constancias digitalizadas del expediente y de la presente al Órgano Interno de Control de la alcaldía Cuauhtémoc, para que con base en el marco constitucional y legal que resulta aplicable determine lo que corresponda con motivo de las infracciones que han quedado acreditadas en el presente fallo.

139.  En atención a las infracciones acreditadas en este asunto, esta sentencia deberá publicarse en el “Catálogo de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores” de la página de internet de esta Sala Especializada.[26]

QUINTA. Uso de lenguaje incluyente.

140.  Esta Sala Especializada advierte que a lo largo de las publicaciones que fueron analizadas en el presente procedimiento se advierten palabras que no contienen lenguaje inclusivo como “nuestros adultos mayores”, “compañeros comerciantes”, “locatarios”, “vecinos”, “niños”.

141.  Por tanto, se hace un llamamiento a la denunciada que consulte las publicaciones en la materia que se han elaborado en diversas instituciones especializadas en derecho electoral o en derechos humanos.[27]

SEXTA. Comunicación a Sala Superior

142.  Por otra parte, toda vez que esta determinación guarda relación con los asuntos de revocación de mandato, se instruye al Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional a que comunique esta decisión a la Sala Superior, para su conocimiento.

SÉPTIMA. Alcances del SUP-REP-362/2022 y acumulados.

143.  Esta Sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-362/2022 y acumulados,[28] entre otros aspectos, la Sala Superior vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del ámbito federal y local para que, al resolver los procedimientos sancionadores iniciados contra personas del servicio público, en los que se acredite su responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artículos 35, 41, 99, 116 y 134 de la constitución federal, se analice y, en su caso, se declare la suspensión del requisito de elegibilidad consistente en contar con un modo honesto de vivir, de frente a los subsecuentes procesos electorales.

144.          La Sala Superior señaló que la autoridad jurisdiccional que decrete dicha suspensión también podrá determinar la temporalidad de la afectación y la forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que en la determinación conducente se deberá tomar en consideración la trasgresión reiterada (sistematicidad) y grave a los principios electorales previstos en la constitución federal, la reincidencia y el dolo en la comisión de la infracción por parte de la persona del servicio público.

145.          Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica respecto del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar que el criterio sostenido por la Sala Superior no es aplicable al presente caso, puesto que los hechos que se analizaron en este procedimiento ocurrieron de manera previa al dictado de la determinación de la Sala Superior, quien, de manera específica precisó, que esa nueva ruta de análisis sobre el requisito de elegibilidad sería aplicable en la comisión de hechos posteriores a dicha ejecutoria.

En atención a lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Es inexistente la infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato por parte de la alcaldesa de la demarcación territorial Cuauhtémoc, respecto a las publicaciones identificadas con los números 8 y 11 correspondientes a la temática identificada con el numeral 5.

SEGUNDO. Es existente la infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato por parte de la alcaldesa de la demarcación territorial Cuauhtémoc, en consecuencia, la vulneración al principio de neutralidad, en términos de lo razonado en la presente sentencia

TERCERO. Es inexistente la infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada atribuida a la alcaldesa de la demarcación territorial Cuauhtémoc, en términos de lo razonado en la presente sentencia.

CUARTO. Es inexistente la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos atribuida a la alcaldesa de la demarcación territorial Cuauhtémoc, en términos de lo razonado en la presente sentencia.

QUINTO. Dese vista al Órgano Interno de Control de la alcaldía Cuauhtémoc, para los efectos de esta sentencia.

SEXTO. Se hace un llamamiento a la alcaldesa de la demarcación territorial Cuauhtémoc para que atienda las recomendaciones de este órgano jurisdiccional, en relación con el uso de lenguaje incluyente en sus publicaciones y comunicados.

SÉPTIMO. Comuníquese la presente sentencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

OCTAVO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, publíquese la sentencia en la página de Internet de esta Sala Especializada.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto concurrente que formula el magistrado Luis Espíndola Morales, ante el secretario general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO CONCURRENTE[29] QUE EMITE EL MAGISTRADO LUIS ESPÍNDOLA MORALES EN LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE SRE-PSD-17/2022.

Formulo el presente voto porque si bien coincido con el sentido de la sentencia, disiento de las consideraciones que a continuación preciso.

a) Vulneración al principio de neutralidad

Respetuosamente disiento de la consideración relativa a la existencia de la vulneración al principio de neutralidad como consecuencia de la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

En la sentencia se mencionó que se difundió propaganda gubernamental con el propósito de exponer logros y avances dentro del proceso de revocación de mandato. Sin embargo, desde mi perspectiva, para que exista la infracción en cuestión, debería tener el propósito de incidir en el proceso revocatorio.

Me explico, la propaganda infractora de la denunciada, efectivamente, se refiere a la difusión de logros y compromisos de campaña cumplidos, pero en ningún momento se hizo referencia al proceso de revocación de mandato, no hizo referencia alguna al presidente constitucional ni indicó a la ciudadanía si debía votar en algún sentido.

Por lo tanto, considero que, si bien el principio de neutralidad debe observarse en el marco de dicho proceso participativo, será existente su infracción en la medida en que se acredite su relación con el proceso de revocación de mandato.

Afirmo lo anterior, tomando en cuenta que al resolver el expediente SRE-PSL-14/2021, a pesar de que se tuvo por existente la difusión de propaganda gubernamental, se indicó que, en el caso de la vulneración al principio de imparcialidad, era inexistente porque el denunciado no se posicionó frente a algún partido o candidatura.

Desde mi óptica, si bien aquel asunto tenía que ver con un proceso electoral local, es posible aplicar el mismo razonamiento para el análisis en el proceso revocatorio, de ahí que no comparta la conclusión de la sentencia respecto a la citada infracción.

b) Indebido emplazamiento

Es importante precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó en la jurisprudencia de rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”[30] que la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución otorga a las todas personas la posibilidad de defenderse previamente al acto privativo de que se trata e impone obligaciones a las autoridades, entre otras, que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entendiendo por éstas las que son necesarias para la debida defensa y, de manera genérica, las lista de la siguiente manera:

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

3) La oportunidad de alegar; y

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Asimismo, el Alto Tribunal señaló que, de no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar producir un estado de indefensión de la persona afectada.

Por su parte, la Sala Superior, al dictar la sentencia SUP-REP-60/2021, sostuvo que este órgano jurisdiccional debe verificar de manera oficiosa y, en su caso, reparar cualquier irregularidad en la tramitación del procedimiento, con independencia de que las partes lo hubieren o no alegado ante esa instancia, en términos del artículo 476, párrafo 2, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De esta manera, si bien comparto la conclusión a la que se arribó respecto al uso indebido de recursos públicos; es decir, en su inexistencia, refiero que, en el acuerdo de emplazamiento de veintiuno de mayo del año en curso, la autoridad instructora omitió emplazar a la denunciada por dicha infracción.

También es cierto que, al formular sus alegatos, la denunciada se defendió por el presunto uso indebido de recursos públicos. No obstante, en mi opinión y siguiendo el precedente citado, se debía haber cumplido con la formalidad mencionada.

Por lo hasta aquí señalado, me permito emitir el presente voto concurrente.

Este documento es autorizado mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.