Ciudad de México, a veinticuatro de abril de dos mil veinticinco[1].

SENTENCIA por la cual determina, por una parte, la existencia de la infracción consistente en colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, así como vulneración al principio de equidad, atribuida a Adriana Beltrán Murillo entonces candidata a diputada federal por el distrito 06 en Chihuahua y a los partidos políticos MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

Por otro lado, la inexistencia de la falta al deber de cuidado y la infracción consistente en la vulneración a las reglas de propaganda electoral con motivo de su elaboración con materiales no reciclables atribuida a la citada candidata y partidos políticos.

ANTECEDENTES

1.              a. Proceso electoral federal. Del proceso electoral federal 2023-2024 destacaron las siguientes fechas[2]:

2.              b. Denuncia. El veintinueve de abril, el PAN, a través de su representante propietario ante el Consejo General del INE, presentó una queja en contra de Adriana Beltrán derivado de la presunta colocación indebida de propagada electoral en equipamiento urbano y la vulneración a las reglas de propaganda político-electoral impresa ya que la propaganda denunciada supuestamente no contenía el símbolo de reciclaje, lo que, a decir del denunciante, también vulneró los principios de legalidad y equidad en la contienda. Asimismo, solicitó medidas cautelares y le atribuyó falta al deber de cuidado a los partidos MORENA, PT y PVEM.

3.              c. Registro. El cinco de mayo la Junta Distrital registró la queja con la clave de expediente JD/PE/PAN/JD06/CHIH/PEF/3/2024 y ordenó desahogar diligencias para su integración.

4.              d. Admisión. El catorce de agosto, la autoridad instructora admitió a trámite la queja, reservó el emplazamiento y ordenó la realización de diversas diligencias de investigación.

5.              e. Medidas cautelares. Mediante acuerdo A21/INE/CHIH/JD06/16-08-24[3] de quince de agosto, la Junta Distrital determinó la improcedencia de las medidas cautelares pues no se actualizó el peligro en la demora para su dictado.

6.              f. Primer emplazamiento y audiencia. En misma fecha, la autoridad instructora emplazó a las partes a la audiencia de ley que se celebró el veintiuno de agosto.

7.              g. Primer juicio electoral. El tres de octubre, se dictó el acuerdo SRE-JE-235/2024, a efecto de que la autoridad instructora garantizara el debido emplazamiento de las partes y realizara mayores diligencias.

8.              h. Segundo emplazamiento y audiencia. El diez de marzo de dos mil veinticinco, la autoridad instructora emplazó a las partes a la audiencia de ley que se celebró el diecisiete de marzo siguiente.

9.              i. Segundo juicio electoral. El ocho de abril de dos mil veinticinco, mediante acuerdo plenario SRE-JE-235/2024, esta Sala Especializada determinó remitir a la Junta Distrital Ejecutiva 06 de Chihuahua el expediente para que nuevamente emplazara a las partes al procedimiento y celebrara la audiencia de pruebas y alegatos.

10.          j. Tercer emplazamiento y celebración de la audiencia. El quince de abril de dos mil veinticinco, la autoridad instructora determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el diecinueve siguiente, y una vez concluida, se remitió el expediente a esta Sala Especializada.

11.          k. Turno a ponencia y radicación. En su momento, se recibió el expediente en esta Sala Especializada y el magistrado presidente lo turnó a su ponencia, donde lo radicó y se procedió a la elaboración del presente acuerdo conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia

12.          Esta Sala Especializada es competente[4] para resolver el procedimiento especial sancionador, porque se denunció la presunta colocación indebida de propaganda electoral en equipamiento urbano y la vulneración a las reglas de propaganda político-electoral impresa ya que la propaganda denunciada supuestamente no contenía el símbolo de reciclaje, lo anterior en el marco del entonces proceso electoral federal 2023-2024.

SEGUNDA. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

13.          Las causales de improcedencia deben ser analizadas de manera previa al análisis de fondo en el procedimiento especial sancionador, toda vez que de actualizarse alguna no podría emitirse una determinación sobre la imputación planteada, por existir un obstáculo para su válida constitución.

14.          En ese sentido, la parte denunciada sostuvo que la queja es frívola, porque a su decir, no violó la normatividad electoral, legal ni constitucional, tal y como pretende aducir el procedimiento oficioso.

15.          Al respecto, esta Sala Especializada determina que no se actualiza la causal alegada, ya que en su escrito de queja y en los escritos de alegatos, la parte denunciante señaló diversos hechos y conceptos de agravio, con la pretensión de que este órgano jurisdiccional se avoque al estudio de estos, asimismo la eficacia de las manifestaciones y pruebas aportadas para alcanzar su pretensión, serán analizadas en el fondo del presente procedimiento.

16.          Por otra parte, este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, la actualización de alguna otra causa de improcedencia, por lo que no existe impedimento para analizar el fondo del asunto.

TERCERA. INFRACCIONES QUE SE IMPUTAN Y DEFENSA DE LAS PARTES DENUNCIADAS[5]

Imputaciones

17.          El PAN sostuvo que:

i.            Adriana Beltrán se afilió a MORENA desde el veintidós de marzo de dos mil veintitrés y fue designada candidata para diputada federal del distrito 6 en Chihuahua.

ii.            Desde marzo la entonces candidata, colocó diversa propaganda electoral en equipamiento urbano, ubicado en avenidas concurridas dentro del distrito al que aspiraba representar.

iii.            La propaganda fue elaborada y fijada con materiales no reciclables, ni biodegradables, que no contaron con el símbolo internacional de reciclaje, violentando con ello la normativa electoral.

iv.            Colocó ilícitamente propaganda electoral en equipamiento urbano para promocionar su nombre e imagen con la intención de obtener una ventaja ante el electorado en el proceso electoral 2023-2024.

v.            Las acciones también actualizan la responsabilidad indirecta de los partidos políticos ya que en la propaganda denunciada aparece materialmente Adriana Beltrán y los emblemas de los partidos políticos MORENA, PT y PVEM.

Defensas

18.          Adriana Beltrán refirió que:

i.            En todo momento cumplió con los lineamientos establecidos en cuanto a plan de reciclaje de propaganda electoral.

ii.            Niega todos los hechos e infracciones referidos por el PAN en su escrito, dado que su denuncia deriva de interpretaciones subjetivas y personales.

19.          MORENA señaló que:

i.            Cumplió con la normatividad electoral en materia de propaganda utilizada en lonas y posters, así como en materia ambiental durante el proceso electoral 2023-2024.

ii.            Hizo del conocimiento a los proveedores con los que se realizaron las contrataciones que la elaboración de propaganda debía cumplir con la normatividad electoral en materia ambiental.

iii.            La propaganda denunciada cuenta con el símbolo internacional de reciclaje, lo que evidencia que fue fabricada con materiales reciclables y biodegradables, dando con ello cumplimiento a la normatividad electoral y ambiental.

iv.            No colocó propaganda electoral en equipamiento urbano en favor de Adriana Beltrán ni ha obtenido beneficio alguno de los supuestos actos que se denuncian.

v.            Desconoce como suyas las acciones que denuncia el PAN.

20.          El PT indicó que:

i.            Las pruebas aportadas son insuficientes para acreditar su falta al deber de cuidado.

ii.            No cuenta con la información respecto de los certificados ambientales, contratos y solicitud de permisos para la colocación de la propaganda denunciada.

CUARTA. MEDIOS DE PRUEBA

21.          Los medios de prueba presentados por las partes y los recabados de oficio por la autoridad instructora, así como las reglas para su valoración, se listan en el ANEXO ÚNICO[6] de la presente sentencia a fin de garantizar su consulta eficaz.

QUINTA. ENUNCIADOS SOBRE HECHOS QUE SE TIENEN POR PROBADOS

22.          La valoración conjunta de las manifestaciones de las partes, los medios de prueba y totalidad de constancias que integran el expediente, conduce a tener por probados los siguientes enunciados:

a. Es un hecho público que Adriana Beltrán Murillo, fue candidata a diputada federal por el distrito 06 en Chihuahua por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” integrada por MORENA, PT y PVEM.

b. Mediante el acta circunstanciada AC47/INE/CHIH/JD06/16-05-2024, la autoridad instructora constató la colocación de distintos carteles y lonas como se desprende a continuación:

Se tiene por acreditadas las siguientes ubicaciones de la propaganda denunciada:

De acuerdo con el acta circunstancia se advierte que en las siguientes direcciones no fue posible acreditar existencia o indicios de la propaganda denunciada:

SEXTA. ESTUDIO DE FONDO

A. Fijación de la controversia

23.          Corresponde analizar y resolver si la propaganda colocada actualiza la infracción consistente en colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, atribuida a Adriana Beltrán Murillo y a los partidos políticos MORENA, PT y PVEM, así como el principio de equidad.

24.          Por otra parte, se determinará si se vulneraron o no las normas de propaganda electoral con motivo de su elaboración con materiales no reciclables atribuida a Adriana Beltrán Murillo y a los partidos políticos MORENA, PT y PVEM[7], así como la falta al deber de cuidado de los citados partidos políticos.

25.          Una vez precisados los temas que serán objeto de análisis a este fallo, así como el material probatorio con que cuenta en autos y lo que de él deriva, a continuación, se procede a realizar el estudio de fondo de la denuncia que dio origen a este asunto.

26.          Al efecto, en primer momento se estudiará la propaganda denunciada para determinar si esta fue colocada o no en equipamiento urbano, se analizará la falta al deber de cuidado de los partidos políticos y la vulneración al principio de equidad, y posteriormente se estudiará si fue elaborada con un material no reciclable y/o reutilizable, y si contienen o no el símbolo internacional de reciclaje.

B. Colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano

Marco normativo y jurisprudencial

27.          En principio, el artículo 250, párrafo 1, inciso a) señala que no podrá colgarse propaganda política o electoral en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población.

28.          Por otro lado, el inciso d) señala que no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico.

29.          En este sentido, este artículo dentro de su inciso e) refiero que esta propaganda no se podrá colocar, fijar o pintar en monumentos ni edificios públicos.

30.          Al respecto, la Sala Superior dentro de la jurisprudencia 35/2009[8] señala que el bien considerado como equipamiento urbano debe reunir los siguientes requisitos:

   Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, construcciones o mobiliario,

   Que tengan como finalidad prestar servicios urbanos en los centros de población; desarrollar actividades económicas y complementarias a las de habitación y trabajo, o proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa. 

31.          En el mismo sentido, la Sala Superior refiere que se pueden señalar los elementos instalados para el suministro de agua, el sistema de alcantarillado, los equipos de depuración, las redes eléctricas, las de telecomunicaciones, transporte público, de recolección y control de residuos, equipos e instalaciones sanitarias, equipos culturales, educativos, deportivos comerciales, o incluso en áreas de espacios libres como las zonas verdes, parques, jardines, áreas recreativas, de paseo y de juegos infantiles.

32.          Así como todos aquellos espacios destinados para la realización de alguna actividad pública acorde con sus funciones, o de satisfactores sociales como los servicios públicos básicos (agua, drenaje, luz), de salud, educativos, transporte público y de recreación, entre otros[9].

Caso concreto

33.          El PAN denunció que la propaganda se colocó en elementos de equipamiento urbano.

34.          Ahora bien, a efecto de analizar el contenido de la propaganda denunciada y que fue certificado por la autoridad instructora, resulta relevante señalar que esta contiene las mismas características, por lo que, en obvio de repeticiones innecesarias, solo se insertará una vez, de tal modo que su confección es la siguiente:

35.          En principio, de lo certificado por la autoridad, se tiene que los carteles se encontraron ubicados en postes que brindan el suministro de energía eléctrica y alumbrado público en diversas ubicaciones del estado de Chihuahua.

36.          De los carteles denunciados destaca el nombre "ADRIANA BELTRAN" en color guinda y negro sobre un fondo blanco beige. Seguido, se menciona su candidatura como "DIPUTADA" del "DISTRITO 6" en color negro. Justo debajo se observa la imagen de la candidata y después se encuentra una frase que resalta lo siguiente: "HONESTIDAD, ESPERANZA Y AMOR AL PUEBLO". En la esquina inferior izquierda se muestra la fecha "2 DE JUNIO" en color guinda, seguido de un llamado a la acción: "VOTA" en color blanco dentro de un recuadro guinda. En la esquina superior derecha, se destaca el lema de su campaña: "SIGAMOS HACIENDO HISTORIA" en negro, seguido de la identificación de los partidos políticos que conforman la coalición con el mismo nombre. Finalmente, se incluye el siguiente texto: "Candidata a Diputada. Coalición Sigamos Haciendo Historia".

37.          Ahora bien, en este caso, del contenido descrito, esta Sala Especializada considera que se trata de propaganda electoral atendiendo a que la certificación del contenido denunciado se tiene con fecha de dieciséis de mayo, momento en el que ya se encontraba en curso la etapa de campaña electoral del proceso electoral federal 2023-2024, aunado a que se solicita el voto y se menciona la fecha de la jornada electoral.

38.          Por lo que se concluye que, dada la confección de los carteles, es que se advierte que tienen como finalidad promover a la candidata y situarla o posicionarla ante la ciudanía como opción para emitir el voto a su favor el día de la jornada electoral.

39.          Ahora bien, de acuerdo con el emplazamiento, la propaganda denunciada fue colocada en 154 direcciones, de las cuales 45 de ellas no fue posible certificar su existencia, y de 109 direcciones sí se corroboró su existencia conforme al emplazamiento, al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que de las imágenes certificadas en 6 domicilios hay indicios de que existió la propaganda colocada[10], las cuales fueron colocadas en postes de energía eléctrica y alumbrado público.

40.          En esa lógica, los postes de energía eléctrica y alumbrado son considerados elementos de equipamiento urbano, ya que a través de éstos se brindan servicios públicos de suministro de luz y alumbrado a las personas que habitan en dicho municipio.

41.          Por otra parte, del emplazamiento se advierten seis direcciones donde se colocaron lonas, se puede apreciar que en cinco domicilios[11] la propaganda fue colocada en las rejas y bardas pertenecientes a inmuebles de casa habitación, siendo propiedad privada, en ese sentido no corresponden algún espacio destinado para servicios o actividad pública, aunado a que en dos direcciones[12] la propaganda no corresponde a la entonces candidata Adriana Beltrán Murillo.

42.          Respecto al otro domicilio[13], se advierte que la lona fue colocada en una estructura metálica que se encuentra en la calle y banqueta, en esa lógica, dichos elementos son considerados elementos de equipamiento urbano, ya que corresponden a un espacio destinado que permite el traslado de vehículos y que las personas puedan caminar de forma segura.

43.          Por esas razones, los partidos políticos y sus candidaturas no deben colocar o pintar propaganda electoral en equipamiento urbano, pues la finalidad es 1) que no se dañen el equipamiento y que se vean vulnerados los servicios que brinda y, 2) que no se genere la idea de que los servicios públicos que se prestan se relacionen directamente con alguna candidatura o partido político.

44.          Por estas razones, se acredita la infracción consistente en colocar propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano en ciento cinco (105) direcciones conforme a lo previamente expuesto.

45.          La Sala Superior ha determinado que, en un proceso electoral federal, son los partidos políticos en cualquier nivel, ya sea estatal o municipal, los que realizan la colocación de propaganda electoral a favor de la candidatura.

46.          En ese sentido se concluye que, los partidos políticos son identificables, gracias a la aparición de su emblema y nombre de la coalición que conformaron para el proceso electoral federal 2023-2024, por lo que también les es atribuible la responsabilidad de su colocación, aunado que se beneficiaron de su difusión en el periodo de campaña.

47.          Además, tampoco aportaron elementos de prueba para desvirtuar su responsabilidad.

48.          En conclusión, esta Sala Especializada estima que MORENA, PT, PVEM son responsables directos por la vulneración a las reglas de colocación de propaganda en elementos de equipamiento urbano.

Responsabilidad candidata

49.          Por su parte, en el caso de Adriana Beltrán Murillo se tiene acreditado que la propaganda electoral cuya colocación indebida actualizó la infracción consistente en la vulneración a las reglas de colocación de propaganda en elementos de equipamiento urbano, guarda identidad con la que la propia candidata registró ante la Unidad Técnica de Fiscalización como propia, por lo cual efectivamente se trata de los materiales que ella misma empleó para realizar proselitismo en el distrito electoral en el que compitió y, en consecuencia, su colocación se tradujo en un beneficio electoral para ella misma.

50.          En ese sentido, si bien de las constancias que obran en el expediente no es posible señalar con certeza que Adriana Beltrán Murillo hubiera colocado de manera directa la propaganda electoral que nos ocupa, lo cierto es que sí obtuvo los beneficios electorales asociados a su difusión en espacios prohibidos y no desplegó las acciones necesarias para hacer cesar sus efectos, por lo cual se actualiza su responsabilidad indirecta respecto de la conducta que nos ocupa.

        Falta al deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in vigilando)

Marco normativo y jurisprudencial

51.          Por lo que hace a la responsabilidad indirecta, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de su militancia a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás institutos políticos y los derechos de la ciudadanía[14].

52.          Conforme a ello, los institutos políticos pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de su dirigencia, militancia, personas simpatizantes con el partido o que trabajan para él, e incluso que sean ajenas al instituto político[15], sin embargo, la colocación de la propaganda es una responsabilidad directa de los partidos políticos.

Caso concreto

53.          Cabe precisar que, si bien se emplazó a MORENA, PVEM y PT por la falta al deber de cuidado, ya se realizó el estudio de responsabilidad directa de los institutos políticos, por lo que es inexistente la falta al deber de cuidado que se le atribuye a los partidos políticos.

54.          Lo anterior, ya que existe una exigencia de vigilancia respecto de la propaganda en la que se difunde la imagen de sus candidaturas, por lo que tenían el deber de llevar a cabo medidas idóneas con el fin de evitar, de manera real y objetiva, que la propaganda no fuera contraria a la normativa electoral.

55.          Es importante mencionar que la Sala Superior en el SUP-REP-317/2021 señaló que, el hecho de que se hubiera precisado en el emplazamiento que sería por una responsabilidad distinta no implica alguna vulneración a los derechos al debido proceso, porque tal figura no es un tipo administrativo (infracción) sino la responsabilidad en la que incurre un partido político por los hechos cometidos por terceras personas que actúan en el ámbito de las actividades partidistas o electorales.

Vulneración al principio de equidad

56.          El principio de equidad en la contienda electoral es un principio rector del sistema democrático para asegurar que la competencia entre quienes participan en comicios se realice en condiciones de justicia e igualdad, impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado[16].

57.          Este principio rige a todo el sistema electoral e implica, entre otras cuestiones, la neutralidad de los partidos políticos y la prohibición de difundir, aprovecharse o beneficiarse con la difusión de propaganda fuera de las etapas, plazos y ubicaciones expresamente previstos en la ley.

58.          El artículo 41 y 116, fracción IV, incisos g), h), i) y j) de la constitución federal establecen límites tendientes a garantizar la equidad en la contienda electoral a través de:

-         La distribución equitativa del financiamiento de los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

-         El señalamiento de las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de su militancia y simpatizantes.

-         El acceso de éstos, en condiciones de equidad, a los medios de comunicación en radio y televisión, siendo el INE la autoridad que administra los tiempos para su utilización[17], dispone la limitación temporal de los periodos de precampaña y campaña, así como la prohibición de difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales, salvo las excepciones contempladas en la propia normativa constitucional.

59.          La igualdad de oportunidades en el acceso a las competencias electorales es un presupuesto y fundamento de las elecciones libres y justas impidiendo, por ejemplo, que algunos de los competidores electorales obtengan ventajas indebidas como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, sociales o económicas) en las que pudieran encontrarse.

60.          El propósito es generar conciencia en el pleno respeto a los valores democráticos y hacer corresponsables a los partidos políticos en la realización del proceso electoral; es decir, les impone un ejercicio de autocontención constante, que les mantenga al margen de cualquier injerencia y con ello se logre el voto libre de la ciudadanía.

61.          Al respecto, esta Sala Especializada determina que se actualiza la vulneración al principio de equidad por parte de los partidos políticos integrantes de la coalición y la entonces candidata, ya que se posicionaron de manera indebida ante la ciudadanía, es decir, obtuvieron un beneficio inequitativo frente a las demás opciones políticas.

62.          Esto es así, ya que utilizaron lugares prohibidos por la normativa electoral para promocionar a la candidatura de Adriana Beltrán Murillo. En lo particular, elementos del equipamiento urbano (postes de energía eléctrica y alumbrado), lo que trajo como consecuencia que los denunciados tuvieran una sobreexposición indebida frente a los demás contendientes que no estaban en posibilidad jurídica válida de emplear esos espacios para su promoción por existir una prohibición legal expresa en ese sentido.

63.          Es decir, se advierte que el contenido de la propaganda puede suponer, inicialmente, mensajes deseables socialmente como no tirar basura o recoger las heces de su mascota. No obstante, también se observa que dichos mensajes se emplean como herramientas visuales y discursivas para atraer a un auditorio que, una vez que advierte el mensaje, también es receptor de propaganda electoral que no busca una finalidad social de mejora en materia de higiene, sino el posicionamiento de una opción política en el marco del proceso electoral.

64.          En ese sentido, los mensajes que parecen ser socialmente neutros, en realidad se emplean como herramientas para hacer proselitismo prohibido (equipamiento urbano). Mas aun cuando se trata de la etapa correspondiente a campaña electoral, el cual es el mayor periodo de exposición y, por tanto, la influencia en el electorado fue directa).

65.          Por tanto, el trato igualitario que debe darse a quienes participan en una elección se vio vulnerado tanto por los partidos políticos MORENA, PT y PVEM, como por la entonces candidata Adriana Beltrán Murillo.

C. Reglas sobre propaganda electoral impresa

Marco normativo y jurisprudencial

66.          La Ley Electoral estable que los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos actos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas[18].

67.          Asimismo, define a la propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, las personas candidatas registradas y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

68.          Por su parte, el artículo 209, numeral 2, de dicho ordenamiento, dispone que la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente.

69.          Además, refiere que los partidos políticos y candidaturas independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.

70.          Sobre el particular, el artículo 295, numeral 2 del Reglamento de Elecciones del INE, establece que los partidos políticos y coaliciones, tanto nacionales como locales, deberán presentar un informe sobre los materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral impresa para las precampañas y campañas electorales, una semana antes de su inicio, según corresponda, que deberá contener:

a)    Nombres de los proveedores contratados, para la producción de la propaganda electoral impresa en papel, cartón o plástico, identificando el nombre de estos y los Distritos a los que se destinó dicha producción.

1.                En caso de haber una modificación sobre estos contenidos, se deberá notificar inmediatamente al secretario ejecutivo;

b)    El plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su precampaña y campaña. En caso de haber una modificación a este plan, se deberá notificar inmediatamente al secretario ejecutivo, y

c)     Los certificados de calidad de la resina utilizada en la producción de su propagada electoral impresa en plástico.

71.          Mientras que el numeral 3 de ese artículo, refiere que el material plástico biodegradable utilizado en la propaganda electoral de los partidos políticos, coaliciones, y candidaturas independientes registrados, deberán atender a la Norma Mexicana que se encuentre vigente en esa materia, en donde se establezcan y describan los símbolos de identificación que se deben colocar en los productos fabricados de plástico, con la finalidad de facilitar su identificación, recolección, separación, clasificación, reciclado o reaprovechamiento.

72.          En ese sentido, la Norma Mexicana Vigente es la NMX-E-232-CNCP-2014, referente a la Industria del Plástico, que establece y describe los símbolos de identificación que deben portar los productos fabricados de plástico en cuanto al material se refiere, con la finalidad de facilitar su recolección, selección, separación, acopio, reciclado y/o reaprovechamiento, para que, al término del proceso electoral, se facilite la identificación y clasificación para el reciclado de la propaganda electoral.

73.          Así, el símbolo internacional referido está constituido por un triángulo formado por tres flechas, un número en el centro que indica el tipo de plástico y por debajo del triángulo la abreviatura que lo identifica, como se muestra en la imagen siguiente:

2.                  

74.          De lo anterior, es evidente que la normativa electoral regula la propaganda electoral impresa, en particular, su composición e identificación, que permita su reciclaje, de tal forma que el desarrollo de la campaña electoral sea compatible con el cuidado y preservación del medio ambiente.

Caso concreto

75.          Ahora bien, en el escrito de queja también se argumentó que se vulneraron las reglas de propaganda electoral impresa por haber sido elaborada con un material no reciclable y/o reutilizable, aunado a que, a decir del quejoso, no contienen el símbolo internacional de reciclaje.

76.          En respuesta a lo anterior, Morena PT, PVEM informaron que ese partido ha cumplido cabalmente con la elaboración de la propaganda impresa del tipo a la que se alude, de conformidad con el Plan de Reciclaje para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, que presentó ante la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE y que obra en el expediente.

77.          Y en cuanto a la colocación del el símbolo internacional de reciclaje, se establece que aplicara en el uso de material plástico biodegradable para la propaganda electoral, los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes registrados, deberán atender a la Norma Mexicana que se encuentre vigente en esa materia, en donde se establezcan y describan los símbolos de identificación que se  deben colocar en los productos fabricados de plástico, con la finalidad de facilitar  su identificación, recolección, separación, clasificación reciclado o reaprovechamiento.

78.          En el presente caso la propaganda denunciada consta de cartelones elaborados de papel, por tanto, no aplica dicho señalamiento.

79.          Lo anterior, se acredita de las constancias que obran en el expediente, de las mismas se advierte que en el presente caso la propaganda denunciada fue elaborada con vinilona y papel reciclable, como se muestra en el contrato de compraventa de propaganda impresa para la campaña, que celebró “MORENA” y la persona moral “IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFIA, S.C. DE R.L. DE C.V”.

80.          Esta Sala Especializada, no pasa por alto que en las denuncia se señaló que, al no contener el logo internacional de reciclaje, podía asumirse que las lonas no se fabricaron con material biodegradable.

81.          Sin embargo, no se actualiza la infracción denunciada por esa omisión porque, como ya se dijo, se tiene certeza que la propaganda se fabricó con materiales biodegradables sin que contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, lo cual resulta irrelevante, porque el bien jurídico que tutela el artículo 209, numeral 2, es precisamente la salud y el cuidado al medio ambiente.

82.          En ese sentido, este órgano jurisdiccional determina inexistente la infracción consistente en la vulneración las reglas de propaganda electoral impresa por haber sido elaborada con un material no reciclable y/o reutilizable atribuida a la parte denunciada.

SÉPTIMA. CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA, INDIVIDUALIZACIÓN Y SANCIÓN

83.          Calificación de la conducta. En este apartado se calificará la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, así como vulneración al principio de equidad y se determinará las sanciones que correspondan.

84.          En este sentido, la Sala Superior ha determinado que para calificar una infracción[19] se debe tomar en cuenta lo siguiente:

         La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral.

         Los efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).

         El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.

         Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada.

85.          Lo anterior, permitirá calificar la infracción actualizada con el grado de: levísima, leve o grave, en el entendido de que este último supuesto puede calificarse a su vez como de gravedad: ordinaria, especial o mayor.

86.          En esta misma línea, el artículo 458, párrafo 5[20] de la Ley General dispone que, en los ejercicios de individualización de sanciones, se deben tomar en cuenta diversos elementos que serán aplicados en el presente ejercicio, con el fin de llevar a cabo una adecuada valoración de las conductas.

87.          Adicionalmente, se precisa que cuando se establezcan topes mínimos y máximos para la imposición de una sanción, se deberá graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

88.          Bien jurídico tutelado. En el caso concreto, se vulneran las reglas para la difusión de propaganda electoral, al colocarla en un sitio prohibido y poniendo en riesgo con ello la equidad en la competencia.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar:

89.          Modo. Se colocó propaganda electoral de Adriana Beltrán Murillo y de la coalición que la postuló.

90.          Tiempo. La propaganda electoral estuvo visible en elementos del equipamiento urbano durante la campaña electoral federal 2023-2024.

91.          Lugar. La propaganda se colocó en diversos postes correspondientes a equipamiento urbano en Chihuahua, Chihuahua.

92.          Singularidad o pluralidad de las faltas. Se actualizan dos infracciones por parte de los partidos políticos denunciados; esto es, la vulneración al principio de equidad y la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano, misma que genera la responsabilidad indirecta de la candidata.

93.          Contexto fáctico y medios de ejecución. En cuanto a las condiciones externas y los medios de ejecución, la difusión de la propaganda denunciada fue a través de elementos de equipamiento urbano cuyo objetivo fue promocionar a una candidatura a diputación federal postulada por la coalición integrada por los partidos políticos Morena, PT y PVEM, circunstancia que resultó en una vulneración a las reglas colocación de propaganda en elementos de equipamiento urbano y al principio de equidad.

94.          Beneficio o lucro. La difusión de la propaganda involucrada no generó un beneficio económico, pero sí fue susceptible de generar un beneficio electoral.

95.          Intencionalidad. Al respecto, en el caso, se encuentra demostrado que los partidos integrantes de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” tuvieron la intención de generar un impacto electoral con la propaganda denunciada, ya que se difundió tanto la imagen de la candidatura como la de los partidos políticos, durante el periodo de campaña y tenían la responsabilidad de deber de cuidar y vigilar que su colocación fuera apegada a la normativa electoral.

96.          No obstante, respecto de la candidata se estima que la conducta no resulta intencional ya que se acreditó que su responsabilidad es indirecta derivado del beneficio recibido de la colocación de la propaganda denunciada.

97.          Reincidencia. De conformidad con lo previsto en el 458, párrafo 6, de la Ley Electoral, se considera reincidente quien ha sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia Ley e incurre nuevamente en la misma conducta infractora.

98.          En esa lógica, de los antecedentes que obran en esta Sala Especializada se tiene que los partidos políticos han sido sancionados previamente por la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano como se puede apreciar en el cuadro siguiente, en donde se destacan las sanciones impuestas:

99.          Esto es, en los citados asuntos se sancionó a Morena, al PT y al PVEM por: i) por la colocación de propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano; ii) se le sancionó con multas iii) las citadas sentencias agotaron la cadena impugnativa, es decir ya tienen el carácter de firmes. Por lo que, se estima que se cumplen con los elementos previstos en la jurisprudencia 41/2010.

100.      En ese entendido, se advierte que dichos institutos políticos han mantenido una conducta reincidente al colocar propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano.

101.      Por otra parte, de los antecedentes que obran en este órgano jurisdiccional no se advierte que Adriana Beltrán Murillo haya sido sancionada previamente por la colocación de propaganda en equipamiento urbano.

102.      Calificación de la falta. Una vez definido lo anterior y en atención a las circunstancias específicas de ejecución de la conducta, se considera procedente calificar la infracción como grave ordinaria tanto para MORENA, como para los partidos políticos PT y PVEM; en el caso de la candidata se califica como leve.

103.      Sanción por imponer. Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el grado de afectación al bien jurídico tutelado consistente en la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano es que se determina procedente imponer una sanción correspondiente a una multa a los partidos políticos MORENA, PT y PVEM, por otra parte, a la entonces candidata Adriana Beltrán Murillo se le impone una amonestación pública, de conformidad con el artículo 456, párrafo 1, incisos a), fracción II y c), fracción I de la Ley Electoral.

104.      Así, conforme a la tesis XXVIII/2003, bajo el rubro: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, se advierte que por lo general la mecánica para imponer una sanción parte de aplicar su tope mínimo para posteriormente incrementarlo conforme a las circunstancias particulares.

105.      En ese sentido, conforme a los precedentes SUP-REP-647/2018 y su acumulado, así como SUP-REP-5/2019, para determinar la individualización de la sanción también se deberá: 1) modular la sanción en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditadas y 2) atender al grado de afectación del bien jurídico tutelado.

106.      En este caso, consistió en la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano.

107.      En ese sentido, lo correspondiente es imponer a Morena, al PT y al PVEM, en lo individual y de conformidad el artículo 456, párrafo 1 inciso a), fracción II de la Ley Electoral, una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización vigente,[21] equivalente a $10,857.00 (diez mil ochocientos cincuenta y siete pesos m.n.).

108.      Sin embargo, como se expuso dada la reincidencia que se actualizó derivado de que al resolver los procedimientos sancionadores puntualizados el cuadro anterior, se sancionó a Morena, PT y al PVEM por la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano.

109.      Por ello, se estima que lo procedente es fijar una sanción de conformidad el artículo 456, párrafo 1, inciso c), fracción II de la Ley Electoral, que establece que, en caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de la que se imponga.

110.      Por lo que, tomando en cuenta lo argumentado se acreditó la reincidencia en cuanto a la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, se determina imponer a los partidos políticos, en lo individual, una multa total de 200 (doscientas) unidades de medida y actualización vigente, equivalente a $21,714.00 (veintiún mil setecientos catorce pesos m.n.).

111.      En ese tenor, lo procedente es fijar las siguientes multas:

112.      Lo anterior se considera idóneo y proporcional, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción consistente en la vulneración a las reglas de propaganda, especialmente el bien jurídico tutelado, las circunstancias particulares del caso, la reincidencia, así como la finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro.

113.      Condiciones socioeconómicas. Es necesario precisar que al individualizar la sanción que debe imponerse en la resolución de un procedimiento especial sancionador, la autoridad está facultada para recabar la información y elementos de prueba que considere conducentes, para comprobar la capacidad económica de la persona y/o sujeto sancionado, con independencia de que la carga probatoria corresponda a la parte denunciante y sin perjuicio de su derecho de aportar pruebas.

114.      Al respecto, de las constancias que obran en el expediente se advierte lo siguiente:

115.      Además, de que la sanción es proporcional a la falta cometida y toma en consideración las condiciones socioeconómicas de los citados institutos políticos, por lo que se estima que, sin resultar excesiva, puede generar un efecto inhibitorio o disuasorio para la comisión de futuras conductas irregulares.

116.      Deducción de la multa. En atención a lo previsto en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley Electoral, se deberá deducir del financiamiento otorgado a Morena, al PT y al PVEM para el año en curso.

117.      Por tanto, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para que descuente de su ministración mensual la cantidad de la multa que se impuso, por concepto de gastos ordinarios permanentes al mes siguiente en que quede firme la sentencia, lo cual deberá hacer del conocimiento de esta Sala Especializada, dentro de los cinco días hábiles posteriores a que ello ocurra o en su caso informe las acciones tomadas en su defecto.

OCTAVO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA

118.      Finalmente, para una mayor publicidad de la sanción que se impone, la presente ejecutoria deberá publicarse en su oportunidad, en la página de internet de este órgano jurisdiccional, en el apartado relativo al Catálogo de Sujetos Sancionados (partidos políticos y personas sancionadas) en los Procedimientos Especiales Sancionadores.[23]

119.      Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Es existente la infracción en la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano y así como la vulneración al principio de equidad atribuidas a los partidos políticos MORENA, Verde Ecologista de México y del Trabajo, así como a la entonces candidata Adriana Beltrán Murillo.

SEGUNDO. Es inexistente la vulneración a las reglas sobre propaganda electoral impresa atribuida a los referidos partidos políticos y la entonces candidata, así como la falta al deber de cuidado.

TERCERO. Se imponen las sanciones referidas en la sentencia.

CUARTO. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, para los efectos referidos en la presente resolución.

QUINTO. Publíquese la presente sentencia en la página de internet de esta Sala Especializada en el Catálogo de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron, por mayoría de votos, las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto particular del magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, ante la secretaria general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.

ANEXO ÚNICO

A.   Pruebas que obran en el expediente

1.     Pruebas aportadas por la parte denunciante:

1.1            Instrumental de actuaciones. Consistente en las constancias que obran en el expediente, en todo lo que beneficie sus pretensiones, así como la respuesta que se produzca por la parte denunciada.

1.2            Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Consistente en todo lo que la autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie a sus intereses.

2.     Pruebas recabadas por la autoridad instructora:

2.1            Documental privada. Escrito recibido el ocho de mayo suscrito por Adriana Beltrán a través del cual dio respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VE/112/2024.

2.2            Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada AC47-INE-CHIH-JD06-16-05-2024 de dieciséis de mayo, la cual consta de doscientas cinco fojas a través de la cual se atiende lo instruido en el acuerdo de radicación de cinco de mayo.

2.3            Documental privada. Escrito de veinticuatro de mayo, suscrito por el representante suplente de MORENA ante el consejo local del INE en Chihuahua a través del cual da respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VE/143/2024.

2.4            Documental privada. Escrito de uno de junio, suscrito por el coordinador jurídico de MORENA a través del cual dio respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VE/146/2024.

2.5            Documental pública. Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3660/2024, por medio del cual la encargada de despacho de la DEPPP da respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VS/330/2024.

2.6            Documental privada. Escrito de veintiocho de octubre suscrito por el representante suplente del PVEM ante el Consejo Estatal Electoral del IEE en Chihuahua a través de la cual da respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VE/727/2024.

2.7            Documental pública. Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4244/2024 emitido por la encargada de despacho de la DEPPP a través del cual da respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VS/731/2024.

2.8            Documental privada. Escrito de veintinueve de octubre a través del cual la presidenta del comité ejecutivo estatal de MORENA en Chihuahua da respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VE/726/2024.

2.9            Documental privada. Escrito de uno de noviembre, suscrito por Adriana Beltrán a través del cual da respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VE/729/2024.

2.10       Documental privada. Escrito de seis de noviembre suscrito por la encargada de despacho de la DEPPP a través del cual da respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VS/731/2024.

2.11       Documental pública. Oficio INE/UTF/DA/46965/2024 emitido por la encargada de despacho de la UTF del INE, por medio del cual dio respuesta parcial al oficio INE/CHIH/06JDE/VS/733/2024.

2.12       Documental privada. Escrito de treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, suscrito por el representante suplente del PT ante el Consejo Estatal Electoral del IEE en Chihuahua a través del cual da respuesta al requerimiento notificado mediante oficio INE/CHIH/06JDE/VS/037/2024.

2.13       Documental pública. Oficio de siete de febrero de dos mil veinticinco firmado electrónicamente por el director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, mediante el cual da respuesta al requerimiento realizado mediante oficio INE/CHIH/06JDE/VS/048/2025.

2.14       Documental pública. Oficio de dieciocho de febrero de dos mil veinticinco firmado electrónicamente por el director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, mediante el cual da respuesta al requerimiento realizado mediante oficio INE/CHIH/06JDE/VS/064/2025.

2.15       Documental privada. Escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinticinco mediante el cual Myrna Brighite Granados de la Rosa da respuesta al oficio INE/CHIH/06JDE/VS/061/2025.

2.16       Documental pública. Oficio presentado el diecinueve de febrero mediante el cual el responsable de la zona comercial Chihuahua de CFE suministrador de servicios básicos, da respuesta a lo requerido en el oficio INE/CHIH/06JDE/VS/065/2025.

2.17       Documental pública. Oficio de veintisiete de febrero de dos mil veinticinco firmado electrónicamente por la encargada de despacho de la UTF del INE mediante el cual da respuesta a INE/CHIH/06JDE/VS/064/2025.

3.     Pruebas aportadas por Adriana Beltrán, MORENA y PT:

3.1            Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Consistente en todo lo que beneficie a sus intereses.

3.2            Instrumental en actuaciones. Consistente en todas las constancias que obren en el expediente y favorezcan sus intereses.

B.   Reglas para valorar los elementos de prueba

De acuerdo con el artículo 461 de la Ley Electoral serán objeto de prueba los hechos controvertidos y no lo será el Derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos, mientras que el diverso 462 de la misma ley, dispone que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto.

Tomando como base lo anterior, las documentales públicas, dada su propia y especial naturaleza, tendrán valor probatorio pleno al haber sido emitidas por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no exista elemento de prueba que desvirtúe su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran. Ello, de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas en principio sólo generan indicios, por lo que para constituir prueba plena sobre la veracidad de los hechos a los que hacen referencia deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y la relación que guardan entre sí. Esto, de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

Respecto del contenido de los elementos de prueba relacionados con respuestas a diligencias de investigación emitidas por personas que, además de imputadas en la presente causa tienen el carácter de autoridades del Estado, su valor probatorio dependerá del contenido de la documentación o constancias que se analicen.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN, EN RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE SRE-PSD-21/2025.

Formulo el presente voto particular de conformidad con lo dispuesto en los artículos 261 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 48 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en atención a lo siguiente:

I. ¿Qué se resolvió?

En la sentencia que se dictó, la mayoría de los integrantes del Pleno de esta Sala Especializada determinó, por una parte, la existencia de las infracciones consistentes en la colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, así como la vulneración al principio de equidad en la contienda atribuidas a Adriana Beltrán Murillo y a los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México, puesto que de las constancias que obran en autos se tuvo por acreditado que la propaganda se colocó en postes de energía eléctrica.

Por tanto, siguiendo la línea jurisprudencial se determinó la responsabilidad directa de los partidos políticos y de manera indirecta a la entonces candidata. En consecuencia, se impusieron diversas sanciones a las partes denunciadas.

Por otra parte, se determinó la inexistencia de las infracciones consistente en falta al deber de cuidado y vulneración a las reglas de propaganda electoral con motivo de su elaboración con materiales no reciclables.

II. Razones de mi voto

Al respecto, como lo anuncie, respetuosamente, no comparto la determinación a la que arribaron la mayoría de mis pares, puesto que desde mi perspectiva existe una deficiencia en el emplazamiento, tal y como explico a continuación:

         Deficiencia en el emplazamiento

Al respecto, resulta necesario tener presente que la sentencia analiza la infracción de utilización de propaganda que no es reciclable; sin embargo, las partes no fueron debidamente emplazadas, tal y como se muestra a continuación:

Como podemos advertir a las partes no se les emplazó por la presunta vulneración del artículo 209, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña.

Se resalta lo anterior, porque por este motivo (emplazar de manera correcta a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos) el presente asunto se devolvió a la autoridad instructora a través del expediente SRE-JE-235/2024, el pasado ocho de abril de dos mil veinticinco. Por lo que, al advertirse de nueva cuenta un indebido emplazamiento a las partes, se destaca que existe una inejecución a una orden judicial por parte de la autoridad administrativa, la cual es validada por la mayoría del pleno mediante la presente determinación.

Por otra parte, tampoco comparto el razonamiento realizado en el proyecto en el pie de página 7, en el que se convalida la omisión de un debido emplazamiento partiendo de la premisa de que, en alguna parte del referido acuerdo, se hace mención a la infracción y su fundamento jurídico, ya que, si bien se hace mención, es respecto a la secuela procesal del asunto, pero no propiamente del caso específico.

Además, se resalta que, si se convalida tal actuación como sucede en el presente caso, incluso, se puede advertir una dilación injustificada para la resolución del asunto, porque desde la realización del segundo emplazamiento se advirtió una actuación indebida por parte de la autoridad administrativa y se devolvió el expediente para subsanar tal omisión y no se tomó en consideración el argumento de convalidar la actuación como sucede en la determinación aprobada por la mayoría.

Lo anterior, pasa por alto que el emplazamiento es una de las figuras procesales de la más alta importancia, pues su falta de verificación origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, al afectar la oportunidad de una defensa adecuada, ya que impide a la parte denunciada oponer las excepciones respectivas, alegar y ofrecer pruebas.

En ese orden de ideas, el artículo 471, párrafo 7, de la Ley Electoral dispone que, una vez admitida la denuncia de procedimiento especial sancionador, la autoridad instructora emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, informándole al denunciado de la infracción que se le imputa y corriéndole traslado de la denuncia con sus anexos.

Por lo anterior, desde mi perspectiva resultaba necesario devolver el expediente a la autoridad instructora a efecto de que emplazara a las partes, de manera adecuada, a la audiencia de pruebas y alegatos.

En esta lógica, formulo el presente voto particular.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.