Ciudad de México a diecisiete de junio de dos mil veinticinco[1].

SENTENCIA por la que se declara que se ha actualizado la caducidad de la facultad sancionadora en este procedimiento.

ANTECEDENTES

1.       Proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veintitrés inició el proceso electoral federal 2023-2024, que tuvo las siguientes fechas relevantes:[2]

2.       Queja. El once de marzo de dos mil veinticuatro, Christian Hernández Mondragón presentó un escrito de queja en contra de Héctor Hernández por la pinta de bardas en equipamiento urbano, hechos que, en su consideración, vulneraron las reglas de colocación de propaganda electoral. Asimismo, solicitó el dictado de medidas cautelares.

3.       Registro y reserva. Mediante acuerdo[3] de doce de marzo de dos mil veinticuatro, la autoridad instructora tuvo por recibido el escrito de queja, asignándole la clave de expediente JD/PE/CHM/JD14/CM/PEF/1/1/2024, donde también se ordenó el desahogo a través de inspección ocular para la verificación de la propaganda denunciada; finalmente, reservó la admisión de la denuncia y la determinación del emplazamiento, así como de las medidas cautelares.

4.       Admisión, emplazamiento y celebración de audiencia de ley. El veintitrés de marzo de dos mil veinticuatro, la autoridad instructora admitió a trámite la denuncia presentada y ordenó el emplazamiento de las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se celebró el veintiséis de marzo[4].

5.       Medidas cautelares. El veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, mediante acuerdo A32/INE/CM/CD14/25-03-24[5] el Consejo Distrital 14 del INE en la Ciudad de México declaró parcialmente procedente la medida cautelar relativa en blanquear únicamente por cuanto hace a la propaganda electoral del denunciado ubicada en equipamiento urbano[6].

6.       Juicio electoral. Mediante juicio electoral de dos de mayo de dos mil veinticuatro con la clave SRE-JE-79/2024, esta Sala Especializada devolvió el expediente a fin de que la autoridad instructora realizara diversas diligencias y volviera a llamar a juicio a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos.

7.       Requerimiento. Mediante acuerdo de nueve de abril, mediante acuerdo de magistrado instructor, se le requirió a la autoridad instructora para que en un término de veinticuatro horas informara lo siguiente:

        Los avances realizados sobre las diligencias ordenadas en el acuerdo plenario de dos de mayo de dos mil veinticuatro, debiendo acompañar la documentación soporte que acredite la veracidad de su dicho.

        Si se efectuaron las diligencias de emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos, ordenados acuerdo plenario de dos de mayo de dos mil veinticuatro, debiendo acompañar la documentación soporte que acredite la veracidad de su dicho.

        Se solicita actualice el sistema con las constancias de las diligencias que ha desplegado.

8.       Requerimiento. Toda vez que, en el transcurso de un mes desde la notificación respectiva del acuerdo mencionado en el párrafo anterior no se recibió la información solicitada, mediante nuevo acuerdo de nueve de mayo se requirió, por segunda ocasión, a la autoridad instructora para que en un término de doce horas proporcionara la referida en el citado acuerdo de nueve de abril.

9.       Segundo emplazamiento y audiencia de ley. Mediante acuerdo de veintidós de mayo la autoridad ordenó el emplazamiento de las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se celebró el veintiséis de mayo.

10.   Turno a ponencia y radicación. En su momento, se recibió el expediente en esta Sala Especializada, el magistrado presidente acordó integrar el expediente y turnarlo a su ponencia.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA

11.   Esta Sala Especializada es competente para conocer de presente asunto, ya que, en su momento, se denunció la posible vulneración a las reglas de colocación de propaganda electoral, por la presunta pinta de bardas en equipamiento urbano.[7]

SEGUNDA. CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONADORA

12.   La caducidad en materia electoral constituye una figura tendente a garantizar la vigencia de los principios de certeza y seguridad jurídica, conforme a la cual la función o potestad punitiva de las autoridades administrativas y jurisdiccionales se puede extinguir por el simple transcurso del tiempo.[8]

13.   Ante la ausencia de un plazo de caducidad previsto en la legislación federal y en observancia de los citados principios constitucionales, la Sala Superior ha señalado que es proporcional y equitativo el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficiosos, al considerar que se trata de un plazo razonable atendiendo a las características de este tipo de procedimientos.[9] 

14.   Ese mismo órgano ha determinado que el referido plazo admite excepcionalmente la posibilidad de ser ampliado cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente cuando la dilación atiende a alguno de los siguientes supuestos:

-         La conducta procedimental del probable infractor.

-         El desahogo de la instrucción, por su complejidad, requirió diversas diligencias o actos procedimentales que razonablemente no pudieron realizarse en el plazo ordinario (un año).

15.   Lo anterior, sin que la ampliación excepcional del plazo pueda derivar de la inactividad de la autoridad.[10]

16.    Así, al tratarse de una cuestión de orden público, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar de oficio la probable configuración de la caducidad en cualquier procedimiento, al tratarse de un elemento que otorga certeza y seguridad a las personas gobernadas.[11]

Caso concreto

17.   Esta Sala Especializada advierte que ha transcurrido el plazo de un año previsto en la jurisprudencia de la Sala Superior durante la instrucción de este procedimiento, conforme a lo siguiente.

18.   La queja que dio origen al procedimiento se presentó ante la autoridad instructora el once de marzo de dos mil veinticuatro, por lo que, con base en la jurisprudencia de la Sala Superior para el cómputo del periodo de un año para el ejercicio de la facultad sancionadora, en este procedimiento venció el diez de marzo de dos mil veinticinco.

19.   En este sentido, tomando en consideración que la audiencia de pruebas y alegatos fue celebrada el pasado veintiséis de mayo, se concluye que se empleó más de un año para el desahogó de las diligencias de investigación, es decir, un año y un mes, razón por la cual, venció el periodo ordinario previsto para el ejercicio de la facultad sancionadora.

20.   En este sentido, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

21.   Ahora bien, del análisis de las actuaciones realizadas se tiene que el veintitrés de marzo de dos mil veinticuatro la autoridad instructora acordó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos y posteriormente, esta autoridad emitió el juicio electoral dos de mayo siguiente.

22.   Posteriormente, se advierte que la autoridad instructora realizó diversas diligencias entre el siete y dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, sin que se observe que dicha autoridad haya llamado a juicio sino hasta el veintidós de mayo de dos mil veinticinco, es decir, un periodo de un año de inactividad.

23.   Así, desde que se presentó la queja al momento en que se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, transcurrió un año y un mes.

24.   Razón por la cual, este órgano jurisdiccional observa que la etapa de instrucción de este procedimiento se alargó de manera injustificada por un periodo de un año y un mes, sin que la extensión de esta etapa fuera atribuible al actuar de las personas denunciadas o condiciones o acciones externas que impidieran a las autoridades llevar a cabo sus funciones.

25.   Es decir, esta Sala Especializada concluye que el plazo de un año transcurrido a partir de la presentación de la queja no es oponible a las partes o a condicionamientos facticos ineludibles.

26.   Por tanto, no se actualiza una causa justificada, razonable o apreciable objetivamente para determinar la ampliación del plano de un año para la resolución de este procedimiento y, en consecuencia, se actualiza la caducidad de la facultad sancionadora de esta autoridad.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO. Se actualiza la caducidad de la potestad sancionadora en este procedimiento.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

Así lo resolvió la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad de las magistraturas que la integran, ante la secretaria general de acuerdos en funciones, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del Tribunal Electoral.