Ciudad de México, a veinticinco de julio de dos mil diecinueve.

SENTENCIA por la que se determina: a) sobreseer en el procedimiento respecto de la infracción atribuida al Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla; b) la inexistencia de la infracción atribuida a Mercedes Ramírez Salazar, en su carácter de Regidora del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla; y c) la existencia de la infracción consistente en la vulneración al principio de imparcialidad atribuida a Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, Eduardo Vazquez Márquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla; así como Cristina Pérez Pérez, Erik Guillermo Ortiz Salas, Hilaria Castillo García, Juan Mendoza Barragán, Eugenio Ramírez Román, Sagrario Elena Carrillo Márquez y Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidoras y Regidores del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, y Rosa Martha García Cortes, Síndica del referido Ayuntamiento.

GLOSARIO

I. ANTECEDENTES

1.                       a. Proceso electoral extraordinario en el estado de Puebla[4]. En la siguiente tabla se insertan los periodos que comprendieron las diversas etapas que conformaron el proceso electoral local extraordinario.

2.                       b. Registro de la Coalición. El doce de marzo, mediante resolución INE/CG93/2019[6] se aprobó el registro del convenio de coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Puebla”, que presentaron los partidos políticos nacionales PT, PVEM y MORENA, para postular la candidatura a la gubernatura, así como por dichos partidos y Encuentro Social para la postulación de los integrantes de los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos y Ocoyucan.

3.                       c. Registro de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta como candidato a la gubernatura. El 30 de marzo el Consejo Local del INE en el estado de Puebla aprobó el registro de las candidaturas para la elección de la gubernatura de esa entidad federativa, mediante acuerdo A21/INE/PUE/CL/30-03-2019, entre las cuales se encuentra Miguel Barbosa, quien fue postulado por la Coalición.

d. Trámite ante la Autoridad instructora

4.                       1. Queja. El veintiocho de mayo, Luis Armando Olmos Pineda, en su carácter de representante propietario del PAN, ante el Consejo Local del INE en el estado de Puebla, presentó escrito de queja en contra de:

     Miguel Barbosa.

     La Coalición.

     MORENA, PT y PVEM.

     Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.

     Eduardo Vazquez Márquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Cristina Pérez Pérez, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Erik Guillermo Ortiz Salas, Regidor de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Hilaria Castillo García, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Juan Mendoza Barragán, Regidor de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Mercedes Ramírez Salazar, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Eugenio Ramírez Román, Regidor de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Sagrario Elena Carrillo Márquez, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Rosa Martha García Cortes, Síndica de Zapotitlán Salinas, Puebla.

5.                       Lo anterior, por la supuesta asistencia, en día y hora hábil, de las servidoras y servidores públicos referidos, a un evento masivo de carácter proselitista de Miguel Barbosa, celebrado a las 17:00 horas del veinticuatro de mayo en la plaza pública de Zapotitlán Salinas, Puebla. Evento en el que, en concepto del promovente, se solicitó apoyo en favor de Miguel Barbosa, lo que podría actualizar la vulneración al artículo 134 de la Constitución Federal.

6.                       2. Remisión a la Autoridad Instructora. Al estimar que la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de Puebla era la competente para dar trámite al procedimiento especial sancionador, la Junta Local le remitió el escrito de denuncia, mediante el oficio INE/JLE/VS/1743/2019.

7.                       3. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento a las partes. El veintinueve de mayo la autoridad instructora, radicó la denuncia asignándole la clave JD/PE/PAN/JD04/PUE/PEF/1/2019 y reservó acordar lo conducente respecto a la admisión y el emplazamiento, hasta que culminaran diligencias de investigación.

8.                       4. Desechamiento. El nueve de junio la autoridad instructora determinó desechar de plano la queja al considerar que se trató de una denuncia frívola; toda vez que de la investigación preliminar realizada, se desprendió la falta de los requisitos mínimos para motivar la sustanciación de la denuncia. Por consiguiente, el llamar a proceso a los denunciados, hubiera sido un acto contrario a la ley y violatorio de garantías de legalidad y seguridad jurídica contemplados en el artículo 14 constitucional.

9.                       Inconforme con tal determinación, el quince de junio el PAN interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante la Sala Superior, quien ordenó integrar el expediente SUP-REP-81/2019.

10.                       5. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. El tres de julio, la Sala Superior determinó revocar el Acuerdo de desechamiento emitido por la autoridad instructora al considerar que la queja no era frívola y existían elementos probatorios necesarios y suficientes para admitir la denuncia. Por lo que, al no advertir diversa causa de improcedencia, ordenó a la autoridad instructora admitiera de inmediato la queja.

11.                       6. Admisión, investigación preliminar y reserva de emplazamiento. El cuatro de julio la autoridad instructora acordó admitir el procedimiento, ordenó realizar los requerimientos que estimó pertinentes para su integración y reservó el emplazamiento.

12.                       7. Emplazamiento. Una vez concluidas las diligencias de investigación que estimó necesarias, mediante proveído del siete de julio, la autoridad instructora ordenó el emplazamiento a las partes involucradas en los siguientes términos:

        PAN, como parte DENUNCIANTE.

        Al H. Ayuntamiento de Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, a través de su representante legal, como parte DENUNCIADA, por la presunta violación al artículo 134 constitucional.

        A las siguientes servidoras y servidores públicos como partes DENUNCIADAS, por la presunta violación al artículo 134 constitucional:

     Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.

     Eduardo Vazquez Márquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Cristina Pérez Pérez, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Erik Guillermo Ortiz Salas, Regidor de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Hilaria Castillo García, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Juan Mendoza Barragán, Regidor de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Mercedes Ramírez Salazar, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Eugenio Ramírez Román, Regidor de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Sagrario Elena Carrillo Márquez, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla.

     Rosa Martha García Cortes, Síndica de Zapotitlán Salinas, Puebla.

13.                       Resulta importante resaltar que la autoridad instructora acordó no emplazar a la audiencia de pruebas y alegatos a Miguel Barbosa, así como a la Coalición y a los partidos que la conforman, en razón de que éstos no eran parte activa en el presente procedimiento.

14.                       8. Audiencia. El diez de julio, la autoridad instructora celebró la audiencia de pruebas y alegatos[7] prevista en el artículo 472, en relación con el 474 de la Ley Electoral y, en su oportunidad, remitió a esta Sala Especializada el expediente y el informe circunstanciado.

e. Trámite en la Sala Especializada

15.                       1. Recepción del expediente en la Sala Especializada. El quince de julio, se recibió el expediente en este órgano jurisdiccional, en esa misma fecha se remitió a la Unidad Especializada para la integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de llevar a cabo la verificación de su debida integración, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 4/2014, emitido por la Sala Superior.

16.                       2. Turno a ponencia y radicación. El veinticinco de julio, la Magistrada Presidenta por ministerio de ley, acordó integrar el expediente
SRE-PSD-61/2019 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada María del Carmen Carreón Castro, quien una vez que radicó el asunto y procedió a elaborar el proyecto de resolución correspondiente en los siguientes términos.

II. COMPETENCIA.

17.                        Esta Sala Especializada es competente para resolver el procedimiento especial sancionador en que se actúa, en razón de que se trata de un asunto en el que se alega la presunta vulneración al principio de imparcialidad, así como la indebida utilización de recursos públicos, por parte del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, y diversas servidoras y servidores públicos que ahí laboran, así como del Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla; dada su asistencia al evento proselitista que se llevó a cabo el viernes veinticuatro de mayo (día hábil) en favor de Miguel Barbosa.

18.                        Lo anterior, toda vez que tiene incidencia en el proceso electoral local extraordinario 2019, por estar relacionado con la elección a la gubernatura de Puebla.

19.                        Esto es, se está frente a una situación excepcional ya que el Consejo General del INE, mediante resolución INE/CG40/2019, aprobó ejercer la asunción total y encargarse de manera directa de la organización del Proceso Electoral Local Extraordinario 2019 en el estado de Puebla para elegir al gobernador y los Ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada de Morelos, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan y Tepeojuma, del estado de Puebla.

20.                        Asimismo, el seis de febrero se aprobó el acuerdo INE/CG43/2018, por el que se emitió el Plan y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local y Extraordinario antes citado, en su punto de acuerdo octavo se determinó que sería el INE quien conocería de los procedimientos administrativos sancionadores que fueran iniciados con motivo de quejas y denuncias en contra de actos u omisiones que violenten la ley electoral local.

21.                        De modo que, si el INE es quien tiene a su cargo la instrucción de los procedimientos sancionadores vinculados con el proceso electoral en Puebla, le corresponde a esta Sala Especializada resolverlos, al tratarse de una consecuencia directa de la asunción de competencia que se prevé en el inciso IX, párrafo 4, del artículo 99 de la Constitución Federal.

22.                        Lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base V, Apartado C; 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Federal; 186, fracción III, inciso h), 192 y 195, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley de Partidos, así como 445, párrafo 1, inciso f), 449 párrafo 1, incisos c), y f), 473, 476 y 477 de la Ley Electoral.

III. LEGISLACIÓN APLICABLE.

23.                       La Sala Superior determinó que legislación electoral debe aplicarse en un proceso electoral extraordinario local cuando el INE se hace cargo de su organización, al resolver el juicio SUP-REP-565/2015[8].

24.                       En esa sentencia, señaló que es la legislación electoral local que regula derechos y obligaciones (sustantiva) la aplicable en este tipo de supuestos; es decir, el código electoral de la entidad federativa de que se trate, por otra parte señaló que era la legislación general la que debía regir sobre los supuestos y aspectos procedimentales (adjetiva).

25.                       Sirve de sustento la tesis: “PROCESOS ELECTORALES LOCALES. CUANDO EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ASUMA SU REALIZACIÓN, DEBE APLICAR LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DE QUE SE TRATE[9].

26.                       En ese sentido, a efecto de resolver el presente procedimiento especial sancionador, esta Sala Especializada fundamenta su actuación en la Ley Electoral y para dirimir el fondo de la controversia planteada, aplicará la legislación electoral correspondiente al estado de Puebla, dada la naturaleza de la elección local extraordinaria[10].

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

27.                       Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque si se configura alguna de éstas, no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la controversia planteada en el procedimiento especial sancionador, por existir un obstáculo para su válida constitución.

28.                       Es así como se tiene que en primer término, Eduardo Vazquez Márquez, Cristina Pérez Pérez, Erik Guillermo Ortiz Salas, Hilaria Castillo García, Juan Mendoza Barragán, Eugenio Ramírez Román, Sagrario Elena Carrillo Márquez, Josefina Hilda Sibaja Ferrer y Rosa Martha García Cortes, manifestaron en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos que, la queja resulta frívola e improcedente, toda vez que no se cuenta con elementos que indiquen la probable responsabilidad o violación al marco normativo de los funcionarios públicos,  ya que los hechos denunciados se llevaron a cabo en un horario inhábil, por lo que debe desecharse de plano la queja. 

29.                       Al respecto, esta Sala Especializada considera que la causal de improcedencia es inatendible, porque para establecer si una determinada conducta constituye o no una infracción sancionable en el ámbito electoral, se debe realizar un análisis previo de las constancias que integran el expediente, así como de las pruebas aportadas y recabadas por la autoridad instructora.

30.                       Porque de no realizarse ese análisis previo, se incurriría en un vicio lógico denominado petición de principio, consistente en afirmar aquello que se debe acreditar o demostrar; en el caso, se afirma que los hechos denunciados se encuentran dentro de los límites de la legalidad, cuando, lo que se tiene que acreditar es la licitud de esas conductas.

31.                       En segundo término, esta Sala Especializada considera que de manera oficiosa se actualiza una causa de sobreseimiento respecto de la infracción atribuida al Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, en atención a lo siguiente:

32.                       En el primer lugar, se debe tener presente que en términos del artículo 46 de la Ley Orgánica Municipal, los ayuntamientos son órganos de gobierno que están integrados por un Presidente Municipal, Regidores[11] y Síndico; es decir, se trata de ente jurídico compuesto de una colectividad, en otras palabras, se trata una persona moral oficial.

33.                       Sentado lo anterior, en el caso en particular se tiene que se denunció al Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla (como ente gubernamental), por la posible vulneración al artículo 134 constitucional, es decir, por el presunto uso indebido de recursos públicos y vulneración al principio de imparcialidad.

34.                       Sin embargo, los argumentos del promovente en su escrito de queja van en el sentido de que el personal miembro del servicio público de ese municipio al acudir a un evento de connotación proselitista, falto a su deber de imparcialidad que prevé el artículo 134 constitucional, específicamente a lo previsto en su párrafo séptimo, así la queja se direcciona a que se infracciona en la materia por el hecho de haber asistido, infracción que en modo alguno podría actualizar el Ayuntamiento visto como ente de gobierno, pues su personalidad jurídica reside en la colectividad de quienes como (personas físicas) servidores públicos lo integran, de ahí que resulte inatendible el argumento en relación a que ese Ayuntamiento, pueda, por su asistencia a dicho evento, vulnerar el principio de imparcialidad.

35.                       En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la realización del evento no fue materia de queja, por lo que resultaría ocioso analizar algún tipo de responsabilidad por parte del Ayuntamiento.

36.                       Aunado a ello, el evento del viernes veinticuatro de mayo en la plaza principal del Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, fue organizado por personas ajenas al municipio, incluso fue reportado por la propia Coalición en el Sistema Integral de Fiscalización del INE como gasto de campaña de su candidato, por lo que el Ayuntamiento no tuvo injerencia alguna.

37.                       En razón de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria[12], en relación con el artículo 471, párrafo 5, inciso b) de la Ley Electoral, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el procedimiento por cuanto Ayuntamiento denunciado por la infracción ya señalada.

38.                       Por otra parte, se considera apegada a derecho la determinación de la autoridad instructora por cuanto a no emplazar a Miguel Barbosa, en su carácter de entonces candidato a la gubernatura de Puebla, ni a la Coalición y los partidos que la integran, por la infracción al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal (uso indebido de recursos públicos y vulneración al principio de imparcialidad).

39.                       Lo anterior en razón de que no son sujetos activos de dicha infracción, pues tal disposición legal está prevista para quienes desempeñan un cargo público conforme lo prevé el artículo 108 de la norma suprema, y es un hecho notorio que al momento de que se realizó el evento denunciado, Miguel Barbosa no tenía esa calidad, ni puede conceptualizarse a los institutos políticos dentro de ese régimen. 

40.                       Analizadas las causales de improcedencia, se dará cuenta del estudio de fondo del caso.

V. ESTUDIO DE FONDO.

1.  Planteamiento de la controversia.

41.                       En su escrito de queja, el promovente señaló medularmente que el veinticuatro de mayo, a las 17:00 horas, se llevó a cabo un evento masivo de carácter proselitista por parte de MORENA con Miguel Barbosa, en la plaza pública de Zapotitlán Salinas, Puebla; evento que se realizó con la presencia de los Presidentes Municipales de Tehuacán y Zapotitlán de Salinas, Puebla, Felipe de Jesús Patjane Martínez y Eduardo Vázquez Márquez, respectivamente, así como de otras servidoras y servidores públicos de este último municipio, vulnerando con ello lo dispuesto por el artículo 134 constitucional.

42.                       Agrega que la asistencia de servidores públicos en día hábiles, a actos de proselitismo, supone un ejercicio indebido de la función pública, ya que la presencia de los denunciados fue para brindarle respaldo a Miguel Barbosa en un día laborable.

43.                       Así considera que la sola presencia de las servidoras y servidores públicos, en el evento en cuestión, configura la infracción al principio de imparcialidad, porque acorde con la naturaleza de sus encargos, únicamente tienen como asueto los días que expresamente establezca la ley o los que por acuerdo del máximo órgano colegiado del Ayuntamiento, se declaren como tales.

44.                       Por su parte, las servidoras y los servidores públicos pertenecientes al Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas denunciados, señalaron en su escrito de comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos que solicitaron el permiso correspondiente para asistir al evento materia del presente procedimiento especial sancionador, sin goce de sueldo, por lo que se acredita que nunca incurrieron en responsabilidad alguna, además dichos actos se realizaron fuera del horario de oficina, sin afectar las labores del municipio y su asistencia fue en calidad de ciudadanos a efecto de escuchar las propuestas del entonces candadito Miguel Barbosa.

45.                       Asimismo, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, en su escrito de alegatos manifestó que si bien es cierto acudió al acto de campaña, éste fue en horas inhábiles, luego entonces, el supuesto de incurrir en una responsabilidad por su asistencia al evento denunciado lo sería también una violación a sus derechos político electorales, pues como se demostró, el evento se llevó a cabo en una hora en que como servidor público, ya no se encontraba en horario laboral, además de que la denuncia, coarta su derecho al voto y a la libre asociación como ciudadano, al establecer una restricción que no está prevista constitucionalmente.

46.                       Por lo que, la materia de análisis del caso se centra en determinar si Felipe de Jesús Patjane Martínez y Eduardo Vázquez Márquez, Presidentes Municipales de Tehuacán y Zapotitlán Salinas, respectivamente; Cristina Pérez Pérez, Erik Guillermo Ortiz Salas, Hilaria Castillo García, Juan Mendoza Barragán, Mercedes Ramírez Salazar, Eugenio Ramírez Román, Sagrario Elena Carrillo Márquez y Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidores, así como Rosa Martha García Cortes, Síndica, todos del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, con su asistencia en día hábil a un evento proselitista de Miguel Barbosa, actualizaron la vulneración al principio de imparcialidad y un uso indebido de recursos públicos, previstos en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.

2. Hechos acreditados.

47.                       A continuación, se dará cuenta de los hechos que se tienen por acreditados, con base en el material probatorio aportado por el promovente y del que se allegó la autoridad electoral durante la instrucción del procedimiento.

48.                       Por cuestión de método y para dar una mayor claridad a esta sentencia, las pruebas que constan en el expediente se relacionarán y detallarán en el ANEXO ÚNICO, mismo que forma parte integral de esta ejecutoria, mientras que en este apartado se realizará la valoración conjunta, de dichos elementos de prueba para de esa forma dar cuenta de los hechos acreditados.

2.1. Calidad e identidad de Miguel Barbosa.

49.                       Es un hecho público, notorio, no controvertido y por tanto, no sujeto a prueba[13] que, Miguel Barbosa fue candidato a la gubernatura del estado de Puebla, postulado por la Coalición.

2.2. Calidad de las partes involucradas.

50.                       Es un hecho reconocido, público, notorio, no controvertido y por tanto no sujeto a prueba[14] que, las partes involucradas ostentan las siguientes calidades:

2.3. Existencia del evento.

51.                       Del acta circunstanciada AC05/INE/PUE/JD04/04-07-19 de cuatro de julio, emitida por la autoridad instructora mediante la cual se verificó la agenda de eventos de campaña de Miguel Barbosa en el Sistema Integral de Fiscalización del INE, se advierte que se inscribió un evento que se celebró el veinticuatro de mayo en el Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, como se muestra a continuación:

52.                       Asimismo, el representante legal de Miguel Barbosa, en sus escrito de siete de julio, reconoce la celebración del evento en cuestión; lo cual, adminiculado con el oficio 175/2019 de seis de junio, signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla y los diversos de seis de julio, de las servidoras y los servidores públicos denunciados del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, se tiene por acreditado que el viernes veinticuatro de mayo, entre las 16:00 horas y las 17:00 horas, tuvo verificativo un evento en el marco de la campaña del entonces candidato a la Gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, postulado por la Coalición, el cual se llevó a cabo en la plaza pública del Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla. 

2.4. Naturaleza del evento.

53.                       Se tiene acreditado que el evento del viernes veinticuatro de mayo, fue realizado en la plaza pública del Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, en el marco de la campaña del entonces candidato a la Gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, postulado por la Coalición es de naturaleza proselitista, tal como se desprende de las actas circunstanciadas  AC01/INE/PUE/JD04/01-06-19 y AC04/INE/PUE/JD04/04-06-19, emitidas por la autoridad instructora y en las cuales se certifica la liga electrónica ofrecida por el promovente en su escrito de queja, en la que se puede apreciar el desarrollo del evento en cuestión y a Miguel Barbosa emitiendo un mensaje que incluye propuestas de campaña y solicita el voto en su favor, por lo que, como ya fue referido, se advierte que el evento materia del presente procedimiento especial sancionador es de naturaleza proselitista.

2.5. Licencia, asistencia y participación de las partes involucradas.

54.                       Por cuanto hace a Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán y Eduardo Vazquez Márquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, ambos de Puebla, así como Cristina Pérez Pérez, Erik Guillermo Ortiz Salas, Hilaria Castillo García, Juan Mendoza Barragán, Eugenio Ramírez Román, Sagrario Elena Carrillo Márquez, Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidores y Rosa Martha García Cortes, Síndica, todos servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, se tiene que es un hecho reconocido (toda vez que éstos aceptaron expresamente su asistencia) y, por tanto, no está sujeto a prueba[15], que asistieron al evento proselitista en cuestión.

55.                       Por otro lado, no se acreditó que Mercedes Ramírez Salazar, Regidora de Zapotitlán Salinas, Puebla, hubiera asistido el evento denunciado, pues de las constancias que obra en autos, no se desprende un mínimo indicio sobre su asistencia ya que, fue la única integrante del cabildo que no solicitó licencia para ausentarse a sus labores el día del evento, no hay manifestación alguna por parte de la servidora pública y tampoco se cuenta con prueba alguna que se direccione en sentido contrario.

56.                       Además, del escrito de veintinueve de mayo signado por Rosa Martha García Cortes, Síndica Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, adminiculado con los diversos de seis de julio, todos servidoras y servidores públicos de Zapotitlán Salinas involucrados, se tiene prueba en el sentido de que éstos solicitaron licencia sin goce de sueldo (la cual fue aprobada mediante sesión del Cabildo del ocho de mayo), para ausentarse de sus labores el veinticuatro de mayo, día en que se llevó a cabo el evento materia del presente procedimiento especial sancionador.

57.                       Finalmente es un hecho reconocido que Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla no solicitó licencia para ausentarse de sus labores el día que se llevó a cabo el evento.

2.6. Horario laboral en el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.

58.                       De la valoración al oficio 64/2019/SM de treinta y uno de mayo, suscrito por Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndica Municipal de Tehuacán, Puebla, concatenado con el oficio 175/2019[16] recibido por la autoridad instructora el seis de junio, signado por el presidente municipal del referido Ayuntamiento y lo estipulado en el artículo 31 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán Puebla, se tiene por probado que el horario laboral de las y los servidores públicos sindicalizados del Ayuntamiento en cuestión comprende de las 8:00 horas a las 15:00 horas y para los demás servidores públicos de las 8:00 horas a las 16:00 horas, ambos de lunes a viernes, teniendo como días de descanso los sábados y domingos. Por consiguiente, el día viernes veinticuatro de mayo, fue un día hábil en ese Ayuntamiento.

2.7. Horario laboral en el Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla.

59.                       De la valoración al escrito de veintinueve de mayo, signado por Rosa Martha García Cortes, Síndica Municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, adminiculado con los escritos de seis de julio signados por las servidoras y servidores públicos denunciados de este municipio, se tiene por probado que el horario laboral de las y los servidores públicos de ese Ayuntamiento, es de 9:00 horas a 16:00 horas de lunes a viernes y los días sábados de 9:00 horas a 13:00 horas, siendo días inhábiles los domingos. Por consiguiente, el día viernes veinticuatro de mayo, fue un día hábil en ese Ayuntamiento.

3. Análisis del caso.

60.                       Una vez que se ha dado cuenta de los hechos acreditados, lo procedente es analizar si la supuesta asistencia de las partes involucradas a un evento proselitista de Miguel Barbosa, el viernes veinticuatro de mayo, actualiza la vulneración al principio de imparcialidad y un uso indebido de recursos públicos previstos en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.

61.                       Para ello, en primer término, se establecerán las premisas normativas que resultan aplicables al caso; y posteriormente, se estudiará si los hechos denunciados se ajustan o no a los parámetros legales.

3.1. Marco normativo.

a) El servicio público en torno al régimen sancionador en materia electoral.

62.                       El artículo 134 de la Constitución Federal[17] en su párrafo séptimo, consagra los principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda electoral, pues refiere que los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

63.                       La Ley Electoral retoma esta disposición en su artículo 449, párrafo 1, inciso c), en donde prevé como infracciones de las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales o de la Ciudad de México; órganos autónomos y cualquier otro ente de gobierno, el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando se afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, durante los procesos electorales.

64.                       A su vez el artículo 4, fracción III, segundo párrafo de la Constitución local establece que los servidores públicos del Estado y de los Municipios, en el ámbito de su competencia tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos de los que sean responsables, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

65.                       Por su parte, el Código local en su artículo 392 Bis, fracción III establece la citada infracción en los mismos términos que el artículo 449, de la Ley Electoral mencionado.

66.                       En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que la vulneración a la equidad e imparcialidad en la contienda electoral está sujeta a la actualización de un supuesto objetivo necesario, atinente a que el proceder de los servidores públicos influya en la voluntad de la ciudadanía[18].

67.                       La obligación de neutralidad como principio rector del servicio público se fundamenta, principalmente, en la finalidad de evitar que funcionarios públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, aspirante o candidato.

68.                       En relación al concepto de uso indebido de recursos públicos, conviene acudir a la definición que la Comisión de Venecia[19] adoptó a través del “Informe sobre el mal uso de recursos administrativos en procesos electorales”, en la que se destacan las siguientes características:

69.                       Son aquellos recursos humanos, financieros, materiales y otros inmateriales a disposición de los gobernantes y servidores públicos durante las elecciones;

70.                       Se derivan de su control sobre el personal, las finanzas y las asignaciones presupuestales del sector público, acceso a instalaciones públicas y a los recursos gozados en forma de prestigio o presencia pública;

71.                       Lo anterior, proviene de sus posiciones como representantes electos o servidores públicos y puedan convertirse en respaldo político u otros tipos de apoyo.

72.                       De esta forma, el principio de imparcialidad o neutralidad tiene como finalidad evitar que quienes desempeñan un cargo público utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance, incluso su prestigio o presencia o presencia pública que deriven de sus posiciones como representantes electos o servidores públicos para desequilibrar la igualdad de condiciones en los procesos comiciales, o bien, para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, aspirante, precandidatura o candidatura.

73.                       De igual forma, la Sala Superior ha determinado que es necesario tener plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos y la forma en que inciden en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, con la finalidad de favorecer a una determinada opción política.

74.                       Así, la Sala Superior ha determinado que, la presencia de un servidor público en un acto proselitista en días hábiles supone el uso indebido de recursos públicos, en atención a la función que desempeña, ya que, el solo hecho de que asistan a evento en días hábiles, per se constituye una conducta contraria al principio de imparcialidad.

75.                       También ha considerado que la sola asistencia de servidores públicos a eventos proselitistas en día inhábiles, no contraviene el principio de imparcialidad, pues se ha reconocido que es una actividad valida que se encuentra amparada por el ejercicio de los derechos políticos-electorales de asociación política y libertad de expresión[20].

76.                       Sin embargo, tal permisibilidad no es absoluta, pues tiene ciertas limitantes como el no aprovecharse o incurrir en un abuso del empleo, cargo o comisión para inducir o coaccionar el voto o apoyo en beneficio o detrimento de una determinada fuerza política, son que atendiendo a dicha calidad debe observar el deber de autocontención, en virtud de que no pueden desprenderse de la investidura, derecho y obligaciones que su posición como servidor público les otorga.

77.                       Por otra parte, el Código local en su artículo 392 Bis, párrafo 1, fracción III, prevé como infracciones de las autoridades o los servidores públicos de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos autónomos y cualquier otro ente público, “el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales”.

78.                       En similares términos, lo anterior está contemplado también dentro de la Ley General, en su artículo 449, párrafo 1, inciso c).

79.                       Lo antes señalado, permite afirmar que el legislador federal buscó evitar el empleo inequitativo de recursos públicos en las contiendas electorales, con la finalidad de salvaguardar la voluntad del electorado al momento de elegir a las personas que ocuparán un cargo de elección popular y proteger los principios de equidad en la contienda y legalidad.

80.                       Por lo que, de modo alguno resultaría justificado restringir las manifestaciones hechas por servidores públicos cuando aquellas no involucran recursos públicos y tampoco coaccionan al voto a partir del ejercicio de sus funciones.

81.                       Así, la Sala Superior, al resolver el SUP-REP-163/2018, consideró que en este tipo de asuntos existe una colisión de principios o derechos que ameritan una justa ponderación a partir de diversos elementos.

82.                       Al respecto, consideró dentro de ese análisis, las siguientes cuestiones[21]:

        Principios protegidos: legalidad y juridicidad en el desempeño de las funciones públicas; elecciones libres y auténticas; imparcialidad e igualdad en el acceso a los cargos públicos; y neutralidad[22].

        Obligaciones de autoridades públicas no electorales, en proceso electoral: carácter auxiliar y complementario[23].

        Punto de vista cualitativo: relevancia de las funciones para identificar el poder de mando en la comisión de conductas posiblemente irregulares[24].

        Permisiones a servidores públicos: en su carácter de ciudadano, por ende, en ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política, realizar actos de proselitismo político en días inhábiles[25].

        Prohibiciones a servidores públicos: desviar recursos que estén bajo su responsabilidad para propósitos electorales[26].

        Especial deber de cuidado de servidores públicos: para que en el desempeño de sus funciones eviten poner en riesgo los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad[27].

83.                       En ese sentido, la Sala Superior ha considerado el ámbito y la naturaleza de los poderes públicos a los que pertenecen los servidores, como un elemento relevante para observar el especial deber de cuidado que con motivo de sus funciones debe ser observado por cada servidor público.

84.                       En consecuencia, las autoridades electorales deben hacer un análisis ponderado y diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o afectación que determinadas conductas pueden generar dependiendo de las facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el personal a su cargo y jerarquía que tiene cada servidor público:

a. Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y presidencias municipales): encargado de ejecutar las políticas públicas aprobadas por el Poder Legislativo y de los negocios del orden administrativo federal[28] o local:

- Titular. Su presencia es protagónica en el marco histórico-social mexicano. Para ello, dispone de poder de mando para la disposición de los recursos financieros, materiales y humanos con los que cuenta la totalidad de la administración pública[29].

Dado el contexto histórico-social de su figura y la posibilidad de disponer de recursos, influye relevantemente en el electorado, por lo que los funcionarios públicos que desempeñen el cargo deben tener especial cuidado en las conductas que en ejercicio de sus funciones realicen mientras transcurre el proceso electoral.

- Miembros de la Administración pública. Encargados de la ejecución de programas, ejercen funciones por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo[30].

Su poder de mando está reducido al margen de acción dictado por el titular del Poder Ejecutivo, en ese sentido, tienen mayor libertad para emitir opiniones en el curso del proceso electoral, siempre que ello no suponga instruir o coaccionar al personal a su cargo o a la ciudadanía que puede verse afectada o sentirse constreñida por ese servidor público en razón del número de habitantes en su ámbito de influencia o a la importancia relativa de sus actividades en un contexto determinado, así como de su jerarquía dentro de la Administración Pública.

De forma que entre más alto sea su cargo mayor su deber de cuidado en el ejercicio de sus funciones, dada que es mayor la exigencia de garantizar los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad.

b. Poder Judicial: encargado de dirimir las controversias bajo los principios de independencia e imparcialidad judicial.

Como garantías de imparcialidad, existen mecanismos como la recusación entendida como el derecho de cualquier justiciable para promover impedimento en contra del juzgador o las obligaciones de manifestación de excusas por posible conflicto de interés previstas en las leyes orgánicas y códigos de ética.

Por el principio que subyace a este poder, de inicio, el juez en ningún momento podría realizar manifestaciones o realizar actos fuera de sus funciones, que influyan en el proceso electoral.

c. Poder Legislativo: encargado de la discusión y aprobación de los proyectos de ley o decretos presentados en diversas materias.

En el marco histórico-social, dicho poder es identificado como órgano principal de representación popular. Si bien, en años recientes ha incrementado la presencia de candidatos independientes (apartidistas), su configuración está mayormente basada por representantes de partidos políticos y grupos parlamentarios.

Así, existe una bidimensionalidad en los servidores públicos de este poder pues convive su carácter de miembro del órgano legislativo con su afiliación o simpatía partidista.

Por tanto, derivado de su carácter de afiliado y simpatizante de partido, resulta válido para los legisladores interactuar con la ciudadanía sobre la viabilidad en la continuación e implementación de políticas públicas bajo cierta ideología (partidista o política), siendo que este poder público es el encargado de discutir los proyectos de ley.

d. Órganos autónomos: especializados en materias técnico-jurídicas, consecuentemente, encargados de regular ciertos mercados o sectores de manera independiente a los depositarios tradicionales del poder público[31].

Desempeñan funciones cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas,[32] por lo que tienen especial cuidado de atender a su naturaleza y mantenerse totalmente distantes del proceso electoral.

85.                       Las anteriores diferencias entre las funciones y entidades del poder público permiten identificar la existencia de diversos elementos que deben considerarse al analizarse las conductas de servidores públicos que puedan afectar o incidir injustificadamente en las contiendas electorales.

3.2. Caso concreto.

86.                       El promovente refiere que el viernes veinticuatro de mayo, se llevó a cabo un evento proselitista en favor del entonces candidato a la Gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, evento que tuvo lugar en la cancha San Martín, Zapotitlán Salinas, Puebla, al que supuestamente asistieron Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal de Tehuacán, Puebla; Eduardo Vazquez Márquez, Presidente Municipal de Zapotitlán Salinas, diversos regidores del citado municipio y la síndica del mismo; con la finalidad de apoyar al referido candidato, lo que a su parecer es una violación al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.

87.                       Por su parte, los denunciados basaron su defensa bajo el argumento de que el evento denunciado si bien se desarrolló en un día hábil, tuvo verificativo en una hora inhábil aunado a que asistieron en su calidad de ciudadanos, en ejercicio de sus derechos político-electorales.

88.                       Al respecto, esta Sala Especializada estima que no se actualiza la infracción denunciada, respecto Mercedes Ramírez Salazar, Regidora de Zapotitlán Salinas, lo anterior, porque de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, no está acreditado de manera fehaciente, que haya asistido al evento denunciado, aunado a que fue la única funcionaria del cabildo que no solicitó licencia para ausentarse de sus labores, por lo que es posible presumir válidamente que no asistió al evento referido, hecho que no fue controvertido por el promovente.

89.                       En ese sentido, esta Sala Especializada estima que no se actualiza la infracción denunciada respecto a Mercedes Ramírez Salazar, en su calidad de Regidora del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla.

90.                       Ahora bien, por lo que hace a las y los diversos servidores públicos: Felipe de Jesús Patjane Martínez, Eduardo Vazquez Márquez, Cristina Pérez Pérez, Erik Guillermo Ortiz Salas, Hilaria Castillo García, Juan Mendoza Barragán, Eugenio Ramírez Román, Sagrario Elena Carrillo Márquez, Josefina Hilda Sibaja Ferrer y Rosa Martha García Cortes, esta Sala Especializada considera que su asistencia al evento de proselitismo del entonces candidato Miguel Barbosa, transgrede el principio de imparcialidad que deben observar quienes desempeñan un cargo público, pues su presencia se traduce en una modalidad de presión al electorado en favor del entonces candidato, a partir de que la ciudadanía no puede desvincularlos del cargo para el que fueron electas y electos, por el simple hecho de que el evento se realizara en una hora que administrativamente resulte inhábil.

91.                       Así, por lo que hace a Felipe de Jesús Patjane Martínez y Eduardo Vazquez Márquez, en su calidad de Presidentes Municipales de Tehuacán y Zapotitlán Salinas, Puebla, respectivamente, debemos tener presente que en su persona reside la titularidad de esos municipios, además de que dado su carácter es quien de manera natural lo representa frente a la ciudadanía.

92.                       En ese sentido, de las constancias de autos está acreditado que los referidos Presidentes Municipales, asistieron en un día hábil, al evento de naturaleza proselitista que se realizó en favor de Miguel Barbosa, el cual se llevó a cabo en la plaza pública del Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, aproximadamente entre las 16:00 horas y las 17:00 horas.

93.                       Además, del video de la transmisión en vivo que realizó el mencionado candidato en su cuenta de la red social Facebook y que fue certificado por la autoridad instructora al momento de desahogar el link proporcionado en el escrito de queja, se tiene por acreditada además de su asistencia, su participación activa en el mismo[33], pues compartieron el templete con el referido candidato, no obstante que no se hubiere podido acreditar que hubiesen hecho uso de la voz o realizado algún otro tipo de manifestación de apoyo.

94.                       Bajo esta perspectiva, tanto la asistencia de los Presidentes Municipales al evento de proselitismo realizado en un día hábil, como su participación activa, constituyen conductas contrarias al principio de imparcialidad que deben observar quienes desempeñan un cargo público, a partir de que su sola presencia genera una influencia indebida en el electorado que conforma la comunidad que ellos mismos representan en favor de quien buscaba acceder a la gubernatura de esa entidad federativa; sin que tal proceder encuentre justificación por el simple hecho de haber asistido en lo que llaman un horario inhábil, a partir de que la restricción constitucional está dirigida a proteger la indebida injerencia por parte de quienes desempeñan un cargo público valiéndose de los recursos públicos que tienen a su cargo y les corresponde ejercer, incluso de su presencia en actos de naturaleza proselitista, al conformar una modalidad de presión de frente al electorado, lo que invariablemente genera una situación de inequidad y de parcialidad que afecta el desarrollo de los procesos electorales.

95.                       Así, como que ha quedado precisado en el marco normativo, quienes ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y presidencias municipales), deben abstenerse de realizar opiniones o expresiones que por su investidura puedan impactar en los comicios.

96.                       Lo anterior, en virtud del especial cuidado que deben mostrar en el desarrollo de las campañas electorales, caso contrario, podría actualizarse la vulneración de los principios de equidad e imparcialidad reconocidos por el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, es decir, el deber de abstenerse de participar en el desarrollo de los procesos electorales a favor o en contra de alguna opción política, a fin de garantizar que los resultados de las elecciones sea un fiel reflejo de la voluntad ciudadana, sin influencias externas.

97.                       En ese orden de ideas, la Sala Superior ha determinado qué, quienes desempeñan funciones de ejecución o de mando, enfrentan limitaciones más estrictas, pues sus cargos les permiten disponer de forma directa de los recursos humanos, financieros y materiales con los que cuenta la administración pública, además, por la naturaleza de su encargo y su posición relevante y notoria, tienen más posibilidad de influir en la ciudadanía con sus expresiones[34].

98.                       Por lo que, restringir a los titulares del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y presidencias municipales), desde esta perspectiva, garantiza los principios de imparcialidad, neutralidad, objetividad, certeza e independencia que deben regir en el ejercicio de la función electoral, así como la libertad del sufragio.

99.                       Para dar cabal cumplimiento a la obligación constitucional prevista en el artículo 134 de la Constitución Federal, se debe limitar, de cierto modo, la libertad de los titulares del ejecutivo de participar, de manera activa, en los procesos electorales, al ser quienes tienen la representación de las entidades gubernamentales en los tres niveles de gobierno, cuestión que genera relevancia frente a la ciudadanía y en ese sentido un mayor grado de influencia en relación a las preferencias del electorado.

100.                       Sobre el particular, la Comisión de Venecia, en el Informe sobre el mal uso de recursos administrativos en procesos electorales, entre otras cosas precisó que el mal uso de éstos conduce a la inequidad.

101.                       De tal suerte que, si la utilización de recursos públicos, la presencia, o posición en la estructura de la administración pública, se usa para desequilibrar la igualdad de condiciones en los comicios, constituye una infracción al principio de imparcialidad previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal.

102.                       Sin embargo, tal y como lo ha precisado la Sala Superior[35], no puede tazarse de la misma forma a la totalidad de servidores públicos[36], puesto que debe atenderse a las posibilidades reales en la existencia de una indebida injerencia en el electorado, a partir del grado de influencia que conforme a la naturaleza del cargo que se ejerza se pueda tener en relación a la utilización de recursos públicos o el grado de presión que genere el propio servidor público frente a la ciudadanía.

103.                       Para ello, debe tomarse en cuenta que las funciones del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno (presidencia de la República, gubernaturas y presidencias municipales), pueden hacer factible un sinfín de medidas unilaterales en las políticas públicas que tienen impacto significativo en la vida cotidiana de sus integrantes[37], incluso fuera del ámbito geográfico donde gobiernan, atendiendo a la visibilidad de su cargo y que ordinariamente cuentan con una trayectoria pública reconocida.

104.                       De esta forma, el que los Presidentes Municipales hayan tenido participación activa en el evento[38], resulta contrario al principio de imparcialidad, tal como se desprende de las siguientes imágenes[39]:

105.                       Como podemos observar de las imágenes, los funcionarios públicos están compartiendo el templete con el entonces candidato, uno de lado izquierdo del mismo, y el otro a su izquierda y atrás, en diversos momentos aplauden las propuestas y el discurso emitido por el referido candidato, actitud que tiene como consecuencia material, la exteriorización de un posicionamiento a favor de la candidatura citada que, en este caso, transgrede la imparcialidad y equidad en el proceso electoral que se desarrolla en el estado de Puebla, pues sus investiduras, presencias ante la ciudadanía, responsabilidades y posiciones políticas relevantes implican una forma de presión, coacción o inducción indebida de los electores o de parcialidad política electoral,[40] a partir de sus figuras públicas como titulares del Poder Ejecutivo, actuar que vaya más allá de los límites permisibles, lo que implica la conculcación del principio de neutralidad que la Constitución Federal exige a los servidores públicos para que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos

106.                       En este contexto, por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a determinados funcionarios, cabe presumir que, por la expresión de ciertas opiniones o la realización de algunas conductas, pudiera generarse una presión o influencia indebida en los electores.

107.                       Ahora bien, por lo que hace a los Presidentes Municipales mencionados y  el resto de las y los servidores públicos que asistieron al evento, pretenden justificar su asistencia al evento bajo el argumento de que si bien el mismo se realizó en un día hábil, también es cierto, que fue fuera de sus horario de labores (9 a 16 horas), por lo que, con su actuar no vulneran la normativa electoral, máxime si asistieron como ciudadanos y en ejercicio de sus derechos políticos; sin embargo, la Sala Superior ha considerado que los servidores públicos se encuentran vinculados a la prestación del servicio público, en los términos establecidos en la normatividad legal o reglamentaria en que se regule su ámbito de atribuciones, obligaciones, deberes, derechos y responsabilidades, de manera que en atención al tipo de actividades que cumplen, no tienen jornadas laborales definidas, por lo cual resulta evidente que tales servidores públicos deberán observar la referida restricción, según los ordenamientos jurídicos que regulen sus propias funciones, como pueden ser entre otras[41].

108.                       Es por ello que la obligación constitucional de los servidores públicos de observar el principio de imparcialidad, encuentra asidero en la finalidad inquebrantable de preservar el principio de equidad en la contienda electiva, de tal suerte que la prestación del servicio público y que el cargo que ostenten los servidores públicos no se utilice para generar una afectación en materia electoral a favor o en contra de un candidato a un partido político; sin que esto represente una restricción desproporcionada, injustificada o innecesaria al ejercicio de los derechos político electorales del servidos públicos; pues tiene expeditos esos derecho para ejercerlos en día inhábiles.

109.                       Al respecto el artículo 123, apartado B, fracción II, de la Constitución Federal, se señala que los servidores públicos se encuentran en posibilidad de no realizar actos propios del cargo públicos que desempeñan en días de descanso (generalmente el domingo)[42].

110.                       De ahí que, la obligación de observar el principio de imparcialidad, se vuelve una limitación constitucionalmente válida, que derivan de la posición que ocupan los servidores públicos como integrantes de los órganos de gobierno o como prestadores de servicios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que el Estado guarda para con los gobernados, los que además, son aspectos de orden público y de interés general, porque atañen a la conformación de las condiciones necesarias para la sana convivencia social, la que además debe ser democrática y armónica.

111.                       Por ello, los servidores públicos no pierden ese carácter por encontrarse fuera del lugar en que prestan el servicio público, ni tampoco en horarios distintos a aquellos que comprende su jornada laboral, cuando se encuentran jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público que ejercen.

112.                       Así, los servidores públicos se encuentran sujetos a un régimen especial de fuente constitucional cuyo fin reside en garantizar la preeminencia de los derechos de todos frente a los del servidor público, lo que se consigue mediante el establecimiento de la limitante referida.

113.                       En efecto, los bienes jurídicos que se tutelan con la obligación impuesta a los servidores públicos de observar el principio de imparcialidad, se identifican con la celebración de procesos electorales auténticos, en los que el electorado se encuentre en condiciones de emitir un sufragio libre, y que los recursos de que dispone el Estado se destinen a la prestación de los servicios públicos y no a fines con intereses particulares.

114.                       Por lo razonado, esta Sala Especializada, válidamente, puede concluir que los encargados de las funciones ejecutivas deben evitar su participación en los asuntos del partido, aunque hayan sido postulados por éste, dada la naturaleza del cargo que ejercen. La responsabilidad de quien ejerce un cargo público es hacia la ciudadanía, no hacia el partido que lo postuló o por el que tiene simpatía, dado que el funcionario administrativo ejerce una responsabilidad pública, no partidista[43].

115.                       Así, la actuación del Poder Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno, en el proceso electoral está delimitada por el orden jurídico y siempre es de carácter auxiliar y complementario, en apoyo a las autoridades electorales, siendo que cualquier actuación que vaya más allá de los mencionados límites, implica la conculcación del principio de neutralidad que la Constitución Federal exige a los servidores públicos para que el ejercicio de sus funciones se realice sin sesgos[44].

116.                       Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que la esencia de la prohibición constitucional y legal, radica en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los servidores públicos aprovechen la posición en que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un tercero, que pueda afectar la contienda electoral[45], tal y como sucede en este caso, en donde de manera abierta (con su presencia) los funcionarios públicos denunciados manifestaron su apoyo y preferencia por Miguel Barbosa en contexto del proceso electoral extraordinario.

117.                       Pues no debe desatenderse la temporalidad en la que se llevó a cabo el evento denunciado, esto es, en plena campaña electoral, periodo en el que se desarrollan con regularidad este tipo de eventos que persiguen influir en la opinión pública con miras a los comicios.

118.                       Finalmente, resulta importante resaltar los servidores y servidoras públicas del municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, argumentaron que solicitaron licencia para ausentarse de sus labores, sin goce de sueldo, el día en que se llevó a cabo el evento, sin embargo tal situación no es suficiente para eximirlos de responsabilidad, ya que, las y los servidores públicos únicamente se podrán apartar de realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les corresponda ejercer el derecho constitucional a un día de descanso, por lo que, no depende de la voluntad de los propios funcionarios, el cese o no de su obligación de desempeñar las funciones inherentes a su cargo[46].

119.                       En ese sentido y de conformidad con las consideraciones antes expuestas, esta Sala Especializada considera que se actualiza la infracción al principio de imparcialidad por parte de: a) Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla; b) Eduardo Vazquez Márquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla; c) Cristina Pérez Pérez, Regidora; d) Erik Guillermo Ortiz Salas, Regidor; e) Hilaria Castillo García, Regidora; f) Juan Mendoza Barragán, Regidor; g) Eugenio Ramírez Román, Regidor; h) Sagrario Elena Carrillo Márquez, Regidora, y i) Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidora, todos del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, así como j) Rosa Martha García Cortes, Síndica del referido Ayuntamiento.

3.3. Responsabilidad.

120.                       De lo antes expuesto, las mencionadas servidoras y servidores públicos son responsables de la vulneración al principio de imparcialidad y un uso indebido de recursos públicos, acorde a lo previsto en los artículos 392 Bis, fracción III, del Código Local; 449 párrafo 1, inciso c), de la Ley Electoral, en relación con el diverso 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.

121.                       Por ende, en términos del artículo 457, de la Ley Electoral lo que corresponde una vez determinada la infracción es dar vista a su superior jerárquico, a fin de que proceda en los términos de las leyes aplicables.

122.                       Por tanto, esta autoridad se encuentra facultada para que, una vez determinada la infracción cometida por algún funcionario público, se integre el expediente que será remitido a su superior jerárquico, a efecto de que sea éste quien determine lo conducente en torno a la responsabilidad acreditada.

123.                       En tales condiciones, se determina conducente enviar copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente, a las siguientes autoridades, respecto a las responsabilidades de los servidores públicos que se mencionan a continuación, para que determinen lo que estimen pertinente:

        Respecto de Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla y Eduardo Vazquez Márquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, se da vista al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla LX Legislatura, lo anterior, con fundamento en la tesis XX/2016 emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral de rubro: “RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN SUPERIOR JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURÍDICO”.

        Por lo que hace a Cristina Pérez Pérez, Erik Guillermo Ortiz Salas, Hilaria Castillo García, Juan Mendoza Barragán, Eugenio Ramírez Román, Sagrario Elena Carrillo Márquez y Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidores del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, así como Rosa Martha García Cortes, Síndica del referido Ayuntamiento, se ordena dar vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, lo anterior, con fundamento en los artículos 168 y 169, fracción XXII de la Ley Orgánica Municipal de Puebla.

124.                       Para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda, hecho lo cual deberá informar lo conducente a esta Sala Especializada.

Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se sobresee en el procedimiento especial sancionador por cuanto hace a la infracción atribuida al Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, por las razones expresadas en la parte considerativa de la presente sentencia.

SEGUNDO. Se determina la inexistencia de la infracción atribuida a Mercedes Ramírez Salazar, en su carácter de Regidora del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, en los términos de la presente ejecutoria.

TERCERO. Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al principio de imparcialidad y un uso indebido de recursos públicos atribuida a Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, Eduardo Vazquez Márquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla; así como Cristina Pérez Pérez, Erik Guillermo Ortiz Salas, Hilaria Castillo García, Juan Mendoza Barragán, Eugenio Ramírez Román, Sagrario Elena Carrillo Márquez y Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidores del Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla, y Rosa Martha García Cortes, Síndica del referido Ayuntamiento, por las razones expuestas en la presente sentencia.

CUARTO. Se ordena dar vista al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla LX Legislatura y a la Contraloría Municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, a efecto de que determinen lo que corresponda y en su oportunidad informe lo conducente a esta Sala Especializada, en los términos precisados en esta Sentencia.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable a las partes para los efectos precisados en la parte considerativa de esta ejecutoria.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, las Magistradas y el Magistrado en funciones que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

ANEXO ÚNICO

1.     REGLAS PARA VALORAR LAS PRUEBAS

De acuerdo con el artículo 461 de la Ley Electoral serán objeto de prueba los hechos controvertidos.

La misma ley señala en su artículo 462 que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, tienen valor probatorio pleno, al ser emitidas por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

Las documentales privadas y técnicas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad con los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

2.     PRUEBAS

2.1.    Pruebas aportadas por el promovente.

a) TÉCNICA. Consistente en el enlace de la transmisión en vivo del evento denunciado que se encuentra anexado en la denuncia

b) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el informe que se sirva requerir al Ayuntamiento de Zapotitlán Salinas, Puebla,

c) DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la certificación que realice la oficialía electoral del contenido del link de las páginas de internet que se enuncian en la denuncia, siendo el siguiente: https://www.facebook.com./MBarbosaMX/videos/2160500757402807/

d) TÉCNICA. Consistente en las impresiones fotográficas, que se encuentran en el cuerpo del escrito de denuncia. Siendo las siguientes:

e) PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.

2.2.     Pruebas recabadas por la Autoridad Instructora.

a) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada AC01/INE/PUE/JD04/01-06-19[47], de uno de junio emitida por la autoridad instructora, mediante la cual se realizó la certificación del contenido de la dirección electrónica https://www.facebook.com./MBarbosaMX/videos/2160500757402807/, que el promovente señala en su escrito de denuncia.

b) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito de veintinueve de mayo[48], signado por Rosa Martha García Cortes, Síndica Municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, mediante el cual manifestó que:

    Ese Municipio cuenta con un Reglamento Interno para efecto del cual se rige el personal del mismo.

    Los funcionarios de ese Municipio tienen una jornada laboral de 9:00 horas a 16:00 horas de lunes a viernes y los días sábados de 9:00 horas a 13:00 horas, siendo días inhábiles los domingos.

    El veinticuatro de mayo, fue día hábil para todo el personal en general que laboran en este Municipio.

    El día ocho de mayo los siguientes servidores públicos del Municipio, solicitaron permiso para no laborar el veinticuatro de mayo, por motivos personales: Erik Guillermo Ortiz Salas, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Cristina Pérez Pérez, Regidora de Salud y Asistencia Pública, Hilaria Castillo García, Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Juan Mendoza Barragán, Regidor de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Eugenio Ramirez Román, Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, Sagrario Elena Carrillo Márquez, Regidora de Nomenclatura, Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidora de Ecología y Medio Ambiente, Rosa Martha García Cortes, Síndica Municipal y Eduardo Vázquez Márquez, Presidente Municipal; así como Directores de área y Presidenta Municipal DIF.

Al mismo anexa:

        Acta de Cabildo de ocho de mayo en la cual se autoriza por mayoría de votos el permiso solicitado del día veinticuatro de mayo.

        Constancia de los funcionarios que solicitaron permiso ante el Contralor Municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, para poder faltar el veinticuatro de mayo.

        Contestación del Contralor Municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, respecto a la autorización de los permisos solicitados el veinticuatro de mayo.

        Constancia expedida por la Tesorería Municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla, en donde refiere el descuento de los funcionarios del día veinticuatro de mayo.

        Constancias de las fojas seis y siete del Reglamento Interno del Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, en donde se determina el horario laboral de los funcionarios públicos del referido Municipio.

        Copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral del Estado, para demostrar la personalidad de los funcionarios del Municipio en cuestión.

c) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en oficio 64/2019/SM de treinta y uno de mayo[49], suscrito por Laura Virginia Gallegos Sánchez, Síndica Municipal de Tehuacán, Puebla, mediante el cual manifiesta que:

    El marco normativo que rige la determinación del horario de labores y días hábiles e inhábiles para el Municipio de Tehuacán, Puebla, es el Reglamento Interno del referido Municipio, el cual en su artículo 31 transcribe: La jornada de trabajo de los servidores públicos no será mayor a la establecida en la Ley Federal del Trabajo; el horario de funcionamiento del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, será de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes de cada semana, para los trabajadores sindicalizados; y de 8:00 a16:00 horas de lunes a viernes de cada semana para los demás trabajadores, teniendo como días de descanso sábados y domingos.  Por lo que el día veinticuatro de mayo fue considerado como día hábil.

    El denunciado no solicito ningún permiso especial, ya que no le fue encomendada ninguna actividad extraordinaria fuera de su horario de trabajo.

Al mismo anexa:

        Reglamento Interno del Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla.

d) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito de siete de junio[50], mediante el cual Juan Pablo Cortés Córdova, en representación de la Coalición y de Miguel Barbosa, declaró que el veinticuatro de abril, se llevó a cabo un mitin político, mismo que comenzó a las 16:00 horas y culminó a las 17:00 horas aproximadamente, en el Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla. Tal y como consta en la Agenda de Eventos, a cargo del INE, mismo que también fue debidamente reportado al Sistema Integral de Fiscalización.

Además, al referido evento asistieron diversas ciudadanas y ciudadanos en su derecho a la libertad de reunión e información, interesados en conocer los temas abordados en dicho evento.

e) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito recibido por la autoridad instructora el siete de julio[51], mediante el cual Juan Pablo Cortés Córdova, en representación de Miguel Barbosa, manifestó que se llevó a cabo un evento proselitista el veinticuatro de mayo en Zapotitlán Salinas, Puebla, mismo que tuvo verificativo a las 16:00 horas y culminó a las 17:00 horas aproximadamente. Lo anterior, se encuentra debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización.

f) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito del seis de junio[52], mediante el cual José Leobardo Anzaldo Amayo, en representación de MORENA, señaló que no asistió al evento del veinticinco de abril en el Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, por lo que desconoce si se llevó a cabo un evento en el referido Municipio o bien quien o quienes organizaron y/o participaron en el mismo.

g) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito presentado ante la autoridad instructora el ocho de junio[53], mediante el cual César Herrera García, representante del PVEM, desconoce si el veinticuatro de abril se llevó a cabo un evento de carácter político de Miguel Barbosa en el Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla, por lo que no asistió.

h) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en oficio 175/2019[54] recibido por la autoridad instructora el seis de junio, mediante el cual el Presidente Municipal de Tehuacán Puebla, Felipe de Jesús Patjane Martínez, manifestó que:

    El veinticuatro de mayo, se llevó a cabo un evento en la plaza pública de Zapotitlán Salinas, Puebla, al que acudió en su carácter de ciudadano, en pleno goce de sus derechos políticos electorales estableciendo que la jornada laboral es de 8:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes, para trabajadores sindicalizados y de 8:00 horas a 16:00 horas de lunes a viernes para los demás trabajadores, teniendo como días de descanso los sábados y domingos.

    No realizó solicitud o permiso especial alguno, en virtud de que el evento en cuestión se realizó después de la jornada laboral, que tiene establecida todo servidor público del Municipio de Tehuacán Puebla, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, en relación al 1 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento.

i) DOCUMENTALES PRIVADAS. Consistentes en los escritos de seis de julio[55], signados por Eduardo Vazquez Márquez, Presidente Municipal, Cristina Pérez Pérez, Regidora, Erik Guillermo Ortiz Salas, Regidor, Hilaria Castillo García, Regidora, Juan Mendoza Barragán, Regidor, Eugenio Ramírez Román, Regidor, Sagrario Elena Carrillo Márquez, Regidora, Josefina Hilda Sibaja Ferrer, Regidora y Rosa Martha García Cortes, Síndica, todos servidores Públicos de Zapotitlán Salinas, Puebla, mediante los cuales manifestaron que:

    El veinticuatro de mayo a las 17:00 horas, acompañaron a Miguel Barbosa al acto anunciado en la plaza pública del Municipio de Zapotitlán Salinas, Puebla.

    El horario de la jornada laboral es de 9:00 am a 16:00 pm, de lunes a viernes y los días sábados de 9:00 am a 13:00 pm, tal y como lo refiere el Reglamento Interno del Ayuntamiento Municipal de Zapotitlán Salinas, Puebla.

    Solicitaron permiso para ausentarse de sus actividades laborales por motivos particulares, el veinticuatro de mayo, como queda demostrado en el Acta de Cabildo de ocho de mayo, de lo que se desprende que en ningún momento se incurrió en responsabilidad alguna, independientemente de que fue fuera del horario de oficina, sin afectar las labores del Municipio.

A los mismos se anexa:

        Copia certificada de la hoja 6 y 7 del Reglamento Interior del referido Ayuntamiento en las cueles consta el horario laboral de dicho órgano.

        Copia certificada del Acta de Cabildo de ocho de mayo.

        Copia certificada de la solicitud de permiso sin goce de sueldo para ausentarse el veinticuatro de mayo.

        Copia certificada del oficio mediante el cual el Contralor del Municipio en cuestión informa sobre la autorización el permiso solicitado.

        Copias certificadas del oficio mediante el cual la Tesorera del Municipio en cuestión informa sobre el descuento que se hará a los servidores públicos que solicitaron permiso y del recibo de cobro.

j) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada AC05/INE/PUE/JD04/04-07-19[56], de cuatro de julio emitida por la autoridad instructora, mediante la cual se realizó la certificación del contenido de la dirección electrónica https://sif.ine.mx/loginUTF, en la cual se desplega el Reporte del Catálogo Auxiliar de Eventos de la Campaña Extraordinaria 2018-2019, del Sistema Integral de Fiscalización del INE de ocho de julio, del entonces candidato a la Gubernatura de Puebla Miguel Barbosa, con la siguiente información:

k) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta circunstanciada AC04/INE/PUE/JD04/04-06-19[57], de uno de junio emitida por la autoridad instructora, mediante la cual se realizó la certificación del contenido de la dirección electrónica https://www.facebook.com./MBarbosaMX/videos/2160500757402807/, que el promovente señala en su escrito de denuncia, cuyo contenido es el siguiente:

2.3. Pruebas aportadas en la audiencia de pruebas y alegatos.

Por Felipe de Jesús Patjane Martínez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla.

a) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ejemplar del Reglamento Interior del Municipio de Tehuacán, Puebla que fue anexado al oficio 175/2019.

b) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la resolución dictada dentro del Recurso de Revisión[58] del procedimiento especial sancionador, derivado de los expedientes SUP-REP-379/2015 y SUP-REP-383/2015 acumulados: probanza que tiene por objeto acreditar que la acción de acudir al evento denunciado, por sí mismo no constituye una falta o infracción al proceso electoral.