PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSL-2/2025

PARTE DENUNCIANTE: ARMANDINA GODINA GUZMÁN

PARTES DENUNCIADAS: SENADORA GEOVANNA BAÑUELOS DE LA TORRE Y OTRO

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN

SECRETARIA: FABIOLA JUDITH ESPINA REYES

COLABORÓ: MIGUEL ARTURO GONZÁLEZ VARAS

SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determina la caducidad de la facultad sancionadora de este órgano jurisdiccional, toda vez que ha transcurrido el tiempo establecido por la normativa electoral para tal efecto.

GLOSARIO

SENTENCIA

Que dicta la Sala Especializada en la Ciudad de México el tres de enero de dos mil veinticinco.

VISTO el procedimiento especial sancionador registrado con la clave SRE-PSL-2/2025.

ANTECEDENTES

1.              2. Proceso electoral federal 2023-2024. El siete de septiembre, inició el proceso electoral federal, en el que se votaron, entre otros cargos, la presidencia de la República. Las etapas fueron:

•                     Precampaña: Del veinte de noviembre de dos mil veintitrés al dieciocho de enero de dos mil veinticuatro[1].

•                     Intercampaña: Del diecinueve de enero al veintinueve de febrero.

•                     Campaña: Del primero de marzo al veintinueve de mayo.

•                     Jornada electoral: dos de junio.

II. Trámite de los procedimientos sancionadores

2.              Denuncia. Armandina Godina Guzmán presentó escrito de queja en la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, misma que fue ratificada el trece de diciembre siguiente, en la cual denunció presuntos actos anticipados de precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad contra la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, derivado de diversos eventos en colonias de Zacatecas, en los que se entregaron tinacos, calentadores, cemento y pinturas con los cuales, desde la perspectiva de la denunciante, se buscó impulsar a su partido político e imagen personal en las elecciones federales 2023-2024.

3.              Con la intención de contextualizar los hechos denunciados, proporcionó una nota periodística del portal de noticias “Imagen Zacatecas” en la que supuestamente la senadora anuncia su intención de participar en las elecciones federales.

4.              Por lo anterior solicitó el dictado de medidas cautelares con el objetivo que se suspendiera y se le prohibiera a la senadora intervenir de cualquier forma en eventos donde su publicite su imagen de forma proselitista.

5.              Registro y reserva de la admisión y emplazamiento de la queja. El quince de diciembre de dos mil veintitrés, la autoridad instructora registró la queja presentada JL/PE/AGG/JL/ZAC/PEF/4/2023, y reservó la admisión y emplazamiento a las partes involucradas al tener pendientes diligencias de investigación.

6.              Admisión, emplazamiento y celebración de la audiencia. Mediante acuerdo, el cuatro de enero, la autoridad instructora acordó admitir la queja y determinó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el once de enero siguiente y, una vez concluida, se remitió el expediente a esta Sala Especializada.

7.              Medidas cautelares. El cinco de enero, la autoridad instructora determinó la improcedencia de la adopción de las medidas cautelares por considerar que no existían actos o hechos que debieran cesar, mismos que de continuar causarían daños irreparables a la quejosa[2].

8.                   Primer SRE-JE-20/2024. El ocho de febrero, esta Sala Especializada devolvió las constancias del expediente a fin de que la autoridad instructora realizara mayores diligencias para esclarecer los hechos, así como un nuevo emplazamiento.

9.                   Segundo emplazamiento y celebración de la audiencia. Mediante acuerdo del dieciocho de marzo la autoridad instructora acordó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se llevó a cabo el veintiséis de marzo siguiente y, una vez concluida, se remitió el expediente a esta Sala Especializada.

10.               Segundo SRE-JE-20/2024. El nueve de mayo, esta Sala Especializada devolvió las constancias del expediente a fin de que la autoridad instructora realizara mayores diligencias para esclarecer los hechos, así como un nuevo emplazamiento.

11.               Tercer emplazamiento y celebración de la audiencia. Mediante acuerdo del veinticinco de noviembre la autoridad instructora acordó emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, el cual tuvo verificativo tres de diciembre siguiente y, una vez concluida, se remitió el expediente a esta Sala Especializada.

III. Trámite ante la Sala Especializada

12.          1. Recepción del expediente. En su momento se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del procedimiento, y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

13.          2. Turno y radicación. El tres de enero de este año el magistrado presidente acordó integrar el expediente SRE-PSL-2/2025 y turnarlo a la ponencia del magistrado Rubén Jesús Lara Patrón.

14.          Con posterioridad, acordó radicar el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia

15.               Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, toda vez que se denuncian presuntos actos anticipados de precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad de la contienda contra la senadora del Partido del Trabajo, Geovanna Buñuelos de la Torre, así como la falta al deber de cuidado del partido, derivado de diversos eventos en colonias de Zacatecas, donde presuntamente se realizó la entrega de tinacos, calentadores, cemento y pinturas, con los cuales, desde la perspectiva de la denunciante, se buscó impulsar a su partido político e imagen personal en las elecciones federales 2023-2024.

16.          Esto, con fundamento en los artículos 1[3] y 4 párrafo noveno,[4] artículo 99 párrafo cuarto, fracción IX,[5] y el cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de reforma del Poder Judicial (publicada en el Diario Oficial de la Federación del quince de septiembre)[6], así como en los diversos 173,[7] primer párrafo, y 176, último párrafo,[8] de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 475[9] y 476 de la Ley Electoral.

17.          Así como en las jurisprudencias 25/2015 de rubro: “COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES” y la Jurisprudencia 8/2016 de rubro: “COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO”.

SEGUNDA. Caducidad, facultad sancionadora

18.          Previo a realizar el estudio de fondo, es menester precisar que esta Sala Especializada advierte de oficio la actualización de la figura de caducidad, de conformidad con lo siguiente:

19.          Entre los principios del Estado democrático se encuentran los de legalidad, debido proceso, así como los de certeza y seguridad jurídica, principios que trascienden a la función punitiva de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, y, conforme a ellos se justifica el reconocimiento de que las infracciones que cometen las personas, están sujetas a la extinción de la potestad de dichas autoridades para sancionarlas por el simple transcurso del tiempo, a través de la figura de la caducidad.

20.          En este contexto, la garantía constitucional de impartición de justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, mismo que implica la resolución de los casos en plazos breves, conforme a referentes que sean racionales, objetivos y proporcionales al fin pretendido con su previsión[10].

21.          Con la finalidad de que los procedimientos no permanezcan inactivos o paralizados indefinidamente. Por esta razón, los procedimientos sancionadores, también deben seguir las reglas del debido proceso, para garantizar que los derechos de los sujetos denunciados se esclarezcan evitando dilaciones indebidas, máxime que en los procedimientos especiales sancionadores rige una mayor expeditez en su sustanciación y resolución.

22.          Por ello, se estima que, los procedimientos administrativos sancionadores, no escapan a las reglas del debido proceso tuteladas, entre otros, por el citado artículo constitucional, a fin de garantizar que los derechos de los sujetos denunciados se diluciden evitando dilaciones indebidas.

23.          En ese sentido, se considera que mantener en una situación temporal indefinida la posibilidad de sancionar a determinados sujetos por conductas presuntamente ilícitas, afecta indebidamente su esfera de derechos al colocarlos en un estado permanente de indefinición jurídica, lo que ocasiona una falta de certeza, de allí la necesidad de la existencia de figuras extintivas de la potestad sancionadora del Estado.

24.          Sobre el particular, debe señalarse que este órgano jurisdiccional ha desarrollado una línea jurisprudencial respecto de la figura de la caducidad, conceptualizándola como una figura extintiva de la potestad sancionadora que se actualiza por el transcurso de un tiempo razonable, entre el inicio del procedimiento y la emisión de la resolución que ponga fin al mismo[11], o por inactividad procesal.

25.          Sirve de apoyo el criterio, la caducidad de la potestad sancionadora sin existir justificación de las actuaciones efectuadas previsto en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: “CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”, ante la falta de previsión en la legislación electoral de un plazo para que se actualizara la extinción de la facultad sancionadora mediante dicha figura, determinando en dicho criterio que, en observancia a los principios de seguridad y certeza jurídica, resultaba proporcional y equitativo el plazo de un año para que operara en el procedimiento especial sancionador, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso, por ser un tiempo razonable y suficiente, atendiendo a la naturaleza y características de dicho procedimiento.

26.          En consonancia con lo anterior, la Sala Superior emitió la diversa jurisprudencia 11/2013 de rubro: “CADUCIDAD. EXCEPCIÓN AL PLAZO EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”, en la que se dispone que el plazo de un año para que opere la caducidad en el procedimiento especial sancionador, es susceptible de ampliarse, de manera extraordinaria, cuando la autoridad acredite una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente, en la que exponga las circunstancias de facto de iure, al advertirse que la dilación de la resolución obedece a la conducta procedimental del infractor, o bien, a que su desahogo, por su complejidad, exigió la práctica de diversas diligencias o actos procedimentales que razonablemente no fue posible realizar dentro de ese plazo, sin que dicha excepción pueda derivar de la inactividad de la propia autoridad.

27.          Así, del referido criterio se desprende que, ante la existencia de una excepción para resolver en el plazo de un año, corresponde a la autoridad electoral exponer y evidenciar las circunstancias particulares del caso, pues de otra forma, si este órgano jurisdiccional tuviera que analizar todas y cada una de las actuaciones realizadas por la responsable, se estaría afectando gravemente el equilibrio procesal entre las partes en detrimento de los justiciables.

28.          De este modo, tratándose de la caducidad de la potestad sancionadora, la misma se actualiza por el simple transcurso del tiempo al no resolverse dentro del plazo mencionado, con independencia de las actuaciones que se hayan desplegado por parte de la autoridad o de la forma en que se hayan efectuado, mismas que sólo podrían llegar a demostrar, en un caso de excepción, el que no se resuelva en tiempo de forma justificada, cuando la autoridad así lo evidencie.[12]

29.          De igual forma, al resolver el SUP-REP-116/2024, la Sala Superior señaló que, haciendo una interpretación tanto de criterios de este tribunal como de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se puede sostener que las notas distintivas de la caducidad por inactividad procesal son las siguientes[13]:

30.          Así, la caducidad de la instancia por inactividad procesal obedece a un fin constitucionalmente válido consistente en la consideración de orden público de que los juicios no permanezcan inactivos o paralizados indefinidamente, sin cumplir la función para la cual fueron instituidos. De ahí que dicha figura procesal encuentre respaldo en el artículo 17 constitucional, al estar vinculada con las condiciones necesarias para alcanzar una justicia pronta y completa.[14]

A. Marco normativo.

31.          La caducidad en materia electoral constituye una figura tendente a garantizar la vigencia de los principios de certeza y seguridad jurídica, conforme a la cual la función o potestad punitiva de las autoridades administrativas y jurisdiccionales se puede extinguir por el simple transcurso del tiempo.[15]

32.          Como se refirió anteriormente, ante la ausencia de un plazo de caducidad previsto en la legislación federal y en observancia de los citados principios constitucionales, la Sala Superior ha determinado que es proporcional y equitativo el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso, al considerar que se trata de un plazo razonable atendiendo a las características de este tipo de procedimientos.[16]

33.          En ese mismo sentido, ha determinado que el referido plazo admite excepcionalmente la posibilidad de ser ampliado cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente cuando la dilación atiende a alguno de los siguientes supuestos:

a)    La conducta procedimental del probable infractor.

b)    El desahogo de la instrucción, por su complejidad, requirió diversas diligencias o actos procedimentales que razonablemente no pudieron realizarse en el plazo ordinario (un año).

34.          Lo anterior, sin que la ampliación excepcional del plazo pueda derivar de la inactividad de la autoridad instructora.[17]

35.          Así, al tratarse de una cuestión de orden público, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar de oficio la probable configuración de la caducidad en cualquier procedimiento, al tratarse de un elemento que otorga certeza y seguridad a las personas gobernadas.[18]

B. Contexto del análisis

36.          En primer término, debe tenerse en cuenta que la presente controversia se compone de una queja contra la senadora Geovanna Buñuelos de la Torre, derivado de diversos eventos en colonias de Zacatecas, en los que, presuntamente, se entregaron tinacos, calentadores, cemento y pinturas con los cuales, desde la perspectiva de la denunciante, se buscó impulsar a su partido político e imagen personal en las elecciones federales 2023-2024.

C. Caso concreto

37.          Este órgano jurisdiccional determina que ha operado la caducidad de la potestad sancionadora, toda vez que ha transcurrido más de un año desde la fecha de presentación de la queja que dio origen al presente procedimiento especial sancionador, conforme se advierte de las actuaciones procesales que realizó la autoridad instructora para investigar los hechos denunciados, con base en lo siguiente:

38.          De lo anterior se desprende que el asunto tuvo periodos breves de inactividad, sin embargo, dos de ellos se consideran excesivos, como se demuestra a continuación:

         -Del 15 de mayo al 15 de julio, dos meses.

         Del 14 de agosto al 25 de noviembre. tres meses nueve días. Si bien existe un acuerdo del 8 de noviembre, fue únicamente para establecer la conclusión del cumplimiento de las diligencias pero el acuerdo de emplazamiento se realizó 17 días después (25 de noviembre).

39.          Aunado a lo anterior, desde el día en que se celebró la audiencia de pruebas y alegatos (3 de diciembre) al día en que fue remitido el expediente a la Sala Especializada pasaron ocho días.

40.          Así, a partir de los anteriores elementos que se extrajeron de la secuela procesal del presente asunto, esta Sala Especializada concluye que se actualizó la caducidad de la potestad sancionadora  de la autoridad electoral, al haber transcurrido más de un año, desde el ocho de diciembre de dos de dos mil veintitrés (fecha en que se presentó la denuncia) a la fecha de la presente determinación.

41.          Lo anterior, porque como se observa anteriormente, se advierten diversos periodos de inactividad por parte de la autoridad instructora consistentes en un total de 5 meses y 9 días aproximadamente de inactividad procesal injustificada en total, en los que la autoridad instructora no ordenó diligencias de investigación, lo que tuvo como consecuencia que, la queja caducara en la instrucción, consecuentemente se recibiera ante esta Sala Especializada una vez que había operado la caducidad, por lo que se agotó el periodo ordinario para ejercer la facultad sancionadora.

42.          Lo anterior, al no existir una causa justificada que permita ampliar la potestad sancionadora de este órgano jurisdiccional más allá del tiempo previsto en la línea jurisprudencial de este Tribunal Electoral, ya que el asunto no implicó el despliegue de diligencias difíciles de realizar o las infracciones y hechos denunciados no son de impacto tal que amerite el retardo en la integración del asunto, menos existe causa de justificación.

43.          Además, de dichas actuaciones no se desprende que se haya requerido un tiempo de desahogo tal para justificar la sustanciación de más de un año, pues en el expediente no obran elementos que haga a esta autoridad electoral llegar a una decisión en contrario, es decir, para entrar al fondo del asunto, puesto que, dado que el plazo establecido en la jurisprudencia de este Tribunal Electoral se ha actualizado, lo procedente es declarar la caducidad de la facultad sancionadora.

44.          Incluso, no pasan inadvertidos algunos precedentes orientadores en la materia que ha emitido la Sala Superior en el sentido de declarar la caducidad de la facultad sancionadora derivado del tiempo transcurrido en la sustanciación de los procedimientos, sin justificación alguna para tal retraso.

45.          En este sentido, no se advierte que el plazo total de duración de la investigación se haya ampliado por alguna causa imputable a las partes ni tampoco a alguna dificultad en la investigación, por lo que no se surte alguna de las excepciones que la jurisprudencia de este Tribunal Electoral ha previsto para la actualización de la caducidad.

46.          Por lo tanto, esta Sala Especializada considera que se actualiza la caducidad de la potestad sancionadora de la denuncia que integra el presente expediente, al haber transcurrido el plazo de un año, desde la fecha en que se presentó la queja.

En atención a lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

ÚNICO. Se determina la caducidad de la facultad sancionadora, en términos de lo expuesto en esta sentencia.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, publíquese la sentencia en la página de Internet de esta Sala Especializada.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, de las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria General de Acuerdos quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del Tribunal Electoral.