PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SRE-PSL-10/2025

PARTES PROMOVENTES: Partido Revolucionario Institucional y otro

PARTES INVOLUCRADAS: Samuel Alejandro García Sepúlveda y otras

MAGISTRADA EN FUNCIONES: Mónica Lozano Ayala

PROYECTISTA: Víctor Hugo Rojas Vásquez

COLABORARON: José Luis Hernández Toriz y Shiri Jazmyn Araujo Bonilla 

Ciudad de México, a uno de abril de dos mil veinticinco.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicta la siguiente SENTENCIA:

A N T E C E D E N T E S

I. Proceso electoral federal 2023-2024

(1)            El siete de septiembre de 2023 inició el proceso electoral federal en el que se eligió a la presidencia de México y a las diputaciones federales y senadurías[1]. Las etapas fueron:

        Precampaña: Del 20 de noviembre de 2023, al 18 de enero 2024[2].

        Campaña: Del uno de marzo al 29 de mayo.

        Jornada electoral: dos de junio.

II. Trámite del procedimiento especial sancionador

(2)            1. Quejas. El cinco y 12 de abril, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN)[3], respectivamente, denunciaron a Samuel Alejandro García Sepúlveda[4], gobernador de Nuevo León; así como quien o quienes resulten responsables; derivado de su participación el cuatro de abril, en un evento denominado “Reconstrucción del Paso Elevado, Morones Prieto”, así como de las publicaciones en su perfil de Instagram y Facebook, lo que desde la perspectiva de los quejosos se configuraron las siguientes infracciones:

   Vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda

   Promoción personalizada

   Uso indebido de recursos públicos

   El beneficio indebido a favor dicho partido y sus candidaturas

   Falta al deber de cuidado de Movimiento Ciudadano

(3)            Por lo anterior, solicitaron medidas cautelares a efecto de retirar la publicidad denunciada.

(4)            2. Registros. El seis y 13 de abril el Instituto Local registró las quejas con las claves PES-975/2024 y PES-1151/2024, respectivamente, reservándose el emplazamiento correspondiente hasta el momento procesal oportuno.

(5)            3. Acumulación. El 18 de abril, se ordenó la acumulación de ambas quejas porque se denunciaron los mismos hechos.

(6)            4. Medidas Cautelares. El 19 de abril, la Comisión de quejas y Denuncias del Instituto Local, emitió el acuerdo ACQyD-IEEPCNL-I-534/2024, en el que declaró improcedentes las medidas cautelares, porque de manera preliminar y en la apariencia del buen derecho no se advertía alguna vulneración a la norma electoral.

(7)            5.- Emplazamiento ante el órgano local. El 15 de diciembre, la autoridad local, emplazó a las partes para la audiencia de pruebas y alegatos, misma que tuvo verificativo el 26 de diciembre.

(8)            6. Incompetencia. El seis de febrero de 2025, el Tribunal Local en el PES-975/2024 determinó: “ÚNICO. Se decreta que este órgano jurisdiccional carece de competencia formal para conocer la infracción denunciada…”

(9)            7. Remisión del expediente. El 13 de febrero de 2025, el Instituto local declinó la competencia y el 26 del mismo mes, remitió a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) las constancias físicas del expediente.

(10)        8. Radicación, admisión y emplazamiento. El 28 de febrero de este año, la autoridad instructora registró la queja[5], la admitió y ordenó emplazar a la audiencia de pruebas y alegatos a las partes involucradas. La audiencia se realizó el 11 de marzo[6].

III. Trámite ante la Sala Especializada

(11)        1. Recepción, turno y radicación del expediente. Cuando llegó el expediente se revisó su integración y, en su oportunidad, el magistrado presidente le asignó la clave SRE-PSL-10/2025 y lo turnó a la ponencia de la magistrada en funciones Mónica Lozano Ayala, quien lo radicó y elaboró el proyecto de sentencia.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Facultad para conocer

(12)        Esta Sala Especializada tiene competencia para resolver el procedimiento especial sancionador, porque se denunció la presunta vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuible a Samuel García en su carácter de gobernador de Nuevo León.

(13)        Asimismo, se denunció el posible beneficio indebido atribuido a Laura Paula López Sánchez, Brenda Yamile Jiménez Loya[7] y a Movimiento Ciudadano, así como la falta al deber de cuidado de dicho partido político[8].

SEGUNDA. Causales de improcedencia

(14)        Movimiento Ciudadano manifestó que la queja debe desecharse por frívola, ya que no se cuenta con las pruebas suficientes para acreditar la presunta conducta infractora, además, que los hechos no constituyen una vulneración en materia de propaganda político-electoral.

(15)        Por otra parte, Samuel García señaló que la queja debe sobreseerse, ya que no se proporcionaron elementos indiciarios acreditar una violación a la normativa electoral.

(16)        Esta Sala Especializada considera que no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento, porque los partidos denunciantes sí indicaron los hechos y las conductas son de índole electoral, además presentaron pruebas relacionadas con en controversia de estudio, por lo que la determinación sobre la existencia o no de las infracciones corresponde al estudio de fondo de este asunto.

TERCERA. Acusaciones y defensas

    Acusaciones

(17)        El PRI dijo:

        El gobernador de Nuevo León realizó manifestaciones en sus redes sociales alusivas al proceso electoral 2023-2024.

(18)        El PAN señaló:

        El cuatro de abril se realizó el evento “Reconstrucción del paso elevando Prolongación Morones Prieto” pagado con recursos públicos, respecto de la inauguración de una obra en el municipio de Nuevo León, el cual se difundió en las redes sociales de Instagram y Facebook de Samuel García para intervenir en el proceso electoral 2023-2024.

        Las expresiones que Samuel García realizó en el evento pusieron en riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

        El evento en cuestión, en el que asistió el mandatario estatal se promocionó al partido político Movimiento Ciudadano y a sus candidaturas.

        Que el gobernador de Nuevo León permitió la asistencia de candidaturas al evento controvertido para aprovecharse de los recursos públicos estatales y de los medios de comunicación que asistieron.

        Además, esto se tradujo en una falta al deber de cuidado de Movimiento Ciudadano.

                       Defensas

(19)        Samuel García se defendió así[9]:

        No existe elemento alguno que pueda ser considerado como llamamiento o coacción al voto en favor o en contra de determinada candidatura, partido político, coalición o plataforma electoral.

        Del contenido denunciado no se observa alguna propaganda gubernamental que se traduzca en una promoción personalizada, ya que no se desprenden manifestaciones que traten de acciones de gobierno, tampoco resalta logros o funciones propias del Gobernador.

        No se actualiza el uso indebido de recursos públicos al no existir ni siquiera de forma indiciaria la utilización de programas sociales y sus recursos.

        Las expresiones denunciadas fueron en el ejercicio de su libertad de expresión e información, como parte de sus atribuciones para informar sobre los asuntos de carácter público.

(20)        Movimiento Ciudadano se defendió así[10]:

        Las conductas que supuestamente se le atribuyen al gobernador de Nuevo León, no son propias del partido político.

        Las notas periodísticas aportadas por los denunciantes no tienen si quiera calidad de indiciarias.

        No se desprenden llamados al voto a favor de alguna candidatura o partido político.

        De las imágenes no se advierte elemento, signo o símbolo, que asocie a dichas imágenes con un proceso electoral, candidata o candidato alguno, ni expresiones vinculadas con el sufragio.

        No existió pago alguno ni se trata de un mensaje propagandístico que tenga como objetivo el llamado al voto.

(21)        Laura Paula y Brenda Yamile, manifestaron que[11]:

        No se actualizan las infracciones denunciadas porque del material probatorio que obra en autos no se desprende ni siquiera de manera indiciaria, un uso de recursos públicos o la utilización de programas sociales y sus recursos.

        No contrató por sí o por tercera persona la colocación de publicaciones en diversos periódicos “EL NORTE”, “MEXICO ELIGE”, “SOLO OFERTAS” y “El Sol”.

        Las publicaciones antes mencionadas, obedecen al ejercicio libre del periodismo y de derecho de libertad de expresión y difusión de la información.

CUARTA. Pruebas y hechos acreditados[12]

   Calidad de las partes denunciadas

(22)        Es un hecho público y notorio que Samuel García fue electo gobernador de Nuevo León para el periodo comprendido del cuatro de octubre de 2021 al tres de octubre de 2027[13].

(23)        También es un hecho público Laura Paula López Sánchez era candidata a diputada federal postulada por Movimiento Ciudadano, con el número de fórmula 8382, como parte del proceso electoral 2023-2024[14].

(24)        De igual forma, es un hecho público que Brenda Yamile Jiménez Loya, era candidata a diputada federal por Movimiento Ciudadano, con el número de fórmula 8593, como parte del proceso electoral 2023-2024[15].

   Titularidad de las cuentas

(25)        Samuel García es titular y administrador de las cuentas de Instagram y Facebook.”[16]

   Existencia el evento y de las publicaciones

(26)        Se acreditó el evento de cuatro de abril, denominado “Reconstrucción del paso elevando prolongación Morones Prieto”, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León[17].

(27)        También, se acreditó la existencia de los perfiles de Instagram y Facebook de Samuel García[18].

(28)        El Instituto Electoral Estatal certificó las publicaciones, por tanto, se corrobora su existencia; además durante la investigación y al momento de la audiencia de pruebas y alegatos Samuel García no desvirtuó su existencia y contenido, al contrario, emitió argumentos respecto de su validez, de ahí que se acredita la existencia de sus publicaciones.

QUINTA. Cuestión a resolver

(29)        Esta Sala Especializada debe de resolver:

        Si la asistencia del gobernador al evento del cuatro de abril y las publicaciones generaron:

a)    ¿Vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad?

b)    ¿Samuel García incurrió en promoción personalizada?

c)     ¿El gobernador hizo uso indebido de recursos públicos?

d)    ¿Laura Paula, Brenda Yamile y Movimiento Ciudadano obtuvieron un beneficio indebido?

e)    ¿Movimiento Ciudadano faltó a su deber de cuidado?

SEXTA. Marco Normativo

   Uso indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

(30)        El principio de neutralidad de los poderes públicos se encuentra establecido en forma amplia en nuestra Constitución y, de esa suerte, cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos públicos está sujeta en todo momento a tal mandato, por lo que las personas del servicio público deben abstenerse de utilizar recursos públicos para fines electorales.

(31)        En ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior[19] que para tenerse por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el referido artículo 134, párrafo séptimo, constitucional, es necesario que se acredite plenamente el uso indebido de recursos públicos que se encuentran bajo la responsabilidad de la persona del servicio público denunciada, para incidir en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a una determinada candidatura o partido político.

(32)        Por ello, la finalidad de esa normativa constitucional es evitar que el cargo público que ostentan y los recursos públicos que disponen esas personas servidoras públicas se empleen para fines distintos a los planeados y presupuestados por la autoridad competente, en particular, para generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad, en las campañas electorales y sus resultados.

(33)        Por otra parte, tanto la Sala Superior como esta Sala Especializada han sostenido que el deber de utilizar los recursos públicos con imparcialidad también aplica para el uso de las redes sociales[20], puesto que dichos mecanismos también constituyen medios comisivos de infracciones electorales y su uso por parte de las personas servidoras públicas debe regirse por el referido principio constitucional.

(34)        Lo anterior, al considerar que el internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar la libertad de expresión en el contexto de un proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y diseño que lo hace distinto respecto de otros medios de comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, el debate y las opiniones de las personas usuarias[21].

(35)        El artículo 1° constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. El artículo 41, fracción III, apartado C, de la constitución federal, refiere que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidaturas deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

(36)        El artículo 6° del mismo ordenamiento, dispone que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceras personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De igual manera, reconoce el derecho que tienen todas las personas al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión[22].

(37)        Asimismo, en la Opinión Consultiva OC-5/85, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una individual y una colectiva. La dimensión individual faculta a cada persona para expresar sus pensamientos, ideas, opiniones, informaciones o mensajes; la dimensión colectiva faculta a la sociedad a buscar y recibir tales pensamientos, ideas, opiniones, informaciones y mensajes.

(38)        Aunado a lo anterior, es criterio de la Sala Superior que la libertad de expresión debe maximizarse en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no hacerlo nugatorio, particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, lo cual se corresponde con la dimensión deliberativa de la democracia representativa[23].

(39)        Sabemos que las redes sociales son espacios que permiten difundir y obtener información, de manera directa y en tiempo real, una interacción que no está condicionada, direccionada o restringida a través de bloqueo, filtración o interferencia, de acuerdo con el principio de neutralidad de la red[24].

(40)        En ese sentido, las redes sociales son, por regla general, espacios de plena libertad, al ser un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada, consciente de que las decisiones que asuma trascienden en el incremento o la disminución de la calidad de vida de la colectividad.

(41)        Así, la regla general es la permisión en internet de la difusión de ideas, opiniones e información, para garantizar el derecho humano a la libertad de expresión. Excepcionalmente, el ejercicio de ese derecho puede restringirse a través de medidas racionales, justificadas y proporcionales, para proteger los derechos de terceras personas[25].

(42)        En muchas de las redes sociales se presupone que se trata de expresiones espontáneas, que se emiten para hacer de conocimiento general una opinión sobre una determinada temática, lo que es relevante para determinar si la conducta es ilícita y si genera responsabilidad de las personas involucradas o si está protegida por la libertad de expresión[26].

   Promoción personalizada

(43)        El artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución, establece que la propaganda de las entidades públicas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, debe tener un carácter institucional y fines educativos o de orientación social, por lo que debe abstenerse de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada del funcionariado.

(44)        Esta restricción encuentra su origen en la obligación de toda persona del servicio público de aplicar con imparcialidad los recursos que le son asignados con miras a evitar una afectación a la equidad en la contienda.

(45)        En ese orden de ideas, la comunicación de las personas servidoras públicas, tanto los elementos gráficos como sonoros, debe tener como eje rector la objetividad y la imparcialidad, porque si se está ante mensajes que aludan a la trayectoria laboral, académica o de cualquier otra índole persona que destaque los logros personales de quien ostenta el cargo público; o se mencionen sus cualidades o aspiraciones personales en el sector público o privado, se estará en presencia de promoción personalizada.[27]

(46)        Para determinar si se cometió está infracción las autoridades jurisdiccionales debemos verificar que se den tres elementos:[28]

        Personal: Debe haber voces, imágenes o símbolos que permitan identificar plenamente a la persona servidora pública.

        Objetivo: El contenido del mensaje, para determinar si de manera efectiva e indubitable se busca resaltar o posicionar de manera destacada al emisor o beneficiario de la manifestación.

        Temporal: El momento de la emisión del mensaje. Sí se realiza dentro del proceso electoral existe la presunción que la finalidad es incidir en la contienda. Es un factor de proximidad, sin que esto sea determinante para que se acredite la infracción, ya que puede darse fuera del proceso electoral.

(47)        Al igual que en los casos de los actos anticipados de precampaña y campaña, si llegase a faltar alguno de los elementos no puede considerarse que la persona o ente público denunciado incurrió en promoción personalizada.

(48)        La línea jurisprudencial de Sala Superior nos señala que hay responsabilidad por la conducta atribuida a una tercera persona cuando existe algún vínculo o se genera un beneficio indebido por el actuar de la persona o ente infractor.

(49)        Para ello, es necesario demostrar que se conoció del acto ilícito, en la medida en que es a partir del conocimiento de los hechos ilícitos que resulta posible exigir un deslinde de la conducta ajena,[29] ya que eso resultaría desproporcional respecto de los cuales no está demostrado que haya tenido conocimiento.[30]

(50)        Ahora, para que un deslinde sea oportuno debe satisfacer las condiciones de eficacia, idoneidad, juridicidad, oportunidad y razonabilidad. En caso de no cumplir con estos requisitos se debe fincar la responsabilidad a la persona o ente que se benefició del actuar de quien comete la infracción[31].

   Falta al deber de cuidado

(51)        Por lo que hace a la responsabilidad indirecta, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de su militancia a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás institutos políticos y los derechos de la ciudadanía.[32]

(52)        Conforme a ello, los institutos políticos pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de su dirigencia, militancia, personas simpatizantes con el partido o que trabajan para él, e incluso que sean ajenas al instituto político.[33]

SÉPTIMA. Estudio de fondo

(53)        Esta Sala Especializada, deberá de resolver si Samuel García vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, promoción personalizada uso indebido de recursos públicos con motivo del evento denominado “Reconstrucción del paso elevando prolongación Morones Prieto” del cuatro de abril, así como la difusión de publicaciones de dicho evento en las cuentas de Instagram y Facebook.

   Metodología de estudio

(54)        Una vez que se definió el objeto de estudio, esta Sala Especializada analizará en el siguiente orden:

a)    Evento

b)    Publicaciones.

   Contexto del evento y las publicaciones denunciadas

(55)        Recordemos que el cuatro de abril se llevó a cabo el evento denominado “Reconstrucción del paso elevando prolongación Morones Prieto” en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, al que asistió el gobernador de dicho estado.

(56)        Lo anterior, se acredita con las ligas electrónicas de las notas periodísticas del cinco de abril aportadas por los partidos políticos denunciantes[34], así como de la búsqueda de otras que realizó este órgano jurisdiccional[35].

(57)        Además, se cuenta con las publicaciones del gobernador de Nuevo León a través de sus cuentas de Instagram y Facebook, durante la etapa de campaña del pasado proceso electoral federal 2023-2024 que hacen referencia a dicho evento.

(58)        Por otra parte, es un hecho público que Laura Paula y Brenda Yamile, al momento de los hechos contendían para un cargo de elección popular postuladas por Movimiento Ciudadano.

(59)        Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de las infracciones denunciadas.

¿Samuel García vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda con motivo de sus expresiones en el evento denunciado?

   Evento

(60)        Para responder este cuestionamiento, es necesario recordar que el PRI y el PAN denunciaron que las expresiones emitidas por Samuel García en el evento de cuatro de abril en el que desde su visión vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, y como prueba aportaron la siguiente nota periodística, veamos:

(61)        Cabe señalar que las expresiones mencionadas en la nota se retomaron de una videograbación[36], cuyo contenido fue verificado por el secretario de estudio y cuenta,[37] derivado de que la autoridad instructora omitió hacerlo.

(62)        Del video en el que se aprecia el evento se advierten las siguientes expresiones de Samuel García:

(73)        De igual manera, denunciaron que las publicaciones realizadas en Instagram y Facebook, veamos su contenido:

“Después del huracán Hanna, la vieja política dejó años en el abandono el paso elevado en la prolongación Morones Prieto. Pero nosotros nos pusimos a jalar para que quedara AL TIRO y conectar en su totalidad a Santa Catarina, San Pedro, Monterrey y Guadalupe.

Así se ve el ahora RENOVADO paso elevado. ¡ESTA ES LA MOVILIDAD QUE SIEMPRE DEBIMOS TENER! 🦁️👊🏻️”️

¿El gobernador incurrió en promoción personalizada?

¿Samuel García hizo uso de recursos públicos?

                    ¿Laura Paula, Brenda Yamile y Movimiento Ciudadano obtuvieron un beneficio electoral?

   ¿Movimiento Ciudadano incurrió en una falta al deber de cuidado?

(108)     Por las expresiones del evento y las publicaciones de Samuel García es inexistente la falta al deber de cuidado atribuida a Movimiento Ciudadano, toda vez que no es responsable de las conductas del servidor público.

(109)     Lo anterior, porque la Sala Superior ha definido que los partidos políticos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como personas servidoras públicas.[45]

(110)     Sin embargo, es existente la falta al deber de cuidado de Movimiento Ciudadano, porque sus entonces candidatas asistieron al evento “Reconstrucción del paso elevando prolongación Morones Prieto”; en el que obtuvieron un beneficio electoral por las expresiones que realizó el gobernador de Nuevo León.

(111)     Los partidos políticos tienen la obligación de ajustar su conducta y la de sus militantes a las normas. Esto se traduce que los partidos políticos son garantes de las acciones u omisiones de sus integrantes y simpatizantes.

(112)     En ese sentido, al momento de los hechos el partido político sí tenía un deber de vigilar el actuar de sus candidatas a diputadas, con la finalidad de evitar una posible vulneración a la normativa electoral.

OCTAVA. Comunicación de la sentencia (vista) respecto de Samuel García Sepúlveda.

(113)     En casos como este, que involucran responsabilidad del servicio público, las normas electorales no prevén la posibilidad que este órgano jurisdiccional imponga de manera directa una sanción; lo que debemos hacer es dar vista a la autoridad competente por los hechos que pueden constituir una responsabilidad administrativa (artículo 457 de la Ley General).

(114)     Por tanto, esta Sala Especializada da vista con la sentencia y las constancias digitalizadas del expediente debidamente certificadas al Congreso de Nuevo León, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva,[46] para que determine lo que en Derecho corresponda conforme a las leyes aplicables, por el actuar y responsabilidad de Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.

NOVENA. Calificación de las faltas e individualización de las sanciones

(115)     Se acreditó y demostró que Laura Paula y Brenda Yamile, entonces candidatas a diputadas federales obtuvieron un beneficio electoral indebido por las expresiones emitidas por el gobernador de Nuevo León.

(116)     Asimismo, Movimiento Ciudadano, faltó a su deber de cuidado por el beneficio electoral indebido que obtuvieron sus candidatas.

(117)     Lo que sigue es calificar su falta e individualizar la sanción:[47]

        Se deben considerar el cómo, cuándo y dónde (Circunstancias de modo, tiempo, lugar de la infracción, así como las condiciones externas, medios de ejecución, reincidencia y beneficio económico).

        Samuel García, gobernador de Nuevo León realizó expresiones con connotación electoral en un evento público de cuatro de abril, en el contexto del proceso electoral federal [etapa de campaña].

        Las expresiones del gobernador en el evento pudieron generar un beneficio electoral a Laura Paula, Brenda Yamile, entonces candidatas a diputadas federales.

        Las expresiones se realizaron el cuatro de abril, es decir, en la etapa de campaña.

        Los derechos jurídicos que se cuidan, es la libertad del sufragio, se protege la libertad del voto de las y los electores.

        Movimiento Ciudadano faltó a su deber de cuidado por la conducta de sus candidatas.

        No hay antecedente que esta autoridad sancionara a las entonces candidatas y a Movimiento Ciudadano, por las mismas conductas.

        No hay beneficio económico, pero si un beneficio electoral, por las expresiones del gobernador ante la ciudadanía en el contexto del entonces proceso electoral federal 2023-2024.

(118)     Por lo tanto, se califican las conductas como grave ordinaria.

(119)     Individualización de la sanción. Una multa es la sanción que mejor podría cumplir con el propósito de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro.

(120)     Conforme al artículo 456, inciso e), fracción II, de la LGIPE,[48] con base en la gravedad de la falta y las particularidades del caso, se impone a Laura Paula López Sánchez y a Brenda Yamile Jiménez Loya una sanción consistente en una multa de 50 UMAS (Unidad de Medida de Actualización) vigentes,[49] equivalentes a $5,428.50 (cinco mil cuatrocientos veintiocho 50/100 M.N.).

(121)     Respecto a Movimiento Ciudadano con motivo de su responsabilidad indirecta derivado de la falta al deber de cuidado, conforme al artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, corresponde imponer una multa de 100 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) equivalente a $10,857.00 (diez mil ochocientos cincuenta y siete 00/100 M.N.).

(122)     Capacidad económica. Para imponer la multa a Laura Paula López Sánchez, se considera la información que proporcionó ante la autoridad instructora[50] la cual es información confidencial de acuerdo con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por eso, el análisis está en el expediente en sobre cerrado y rubricado, que deberá notificarse exclusivamente a ella.

(123)     Por lo que se refiere a Brenda Yamile Jiménez Loya, en su momento la autoridad instructora la requirió para que proporcionara la documentación relacionada con su capacidad económica.

(124)     Asimismo, se le informó que, en caso de no aportar la información idónea y pertinente para conocer su situación económica, se resolvería conforme a las constancias del expediente.

(125)     En el caso, no se cuenta con la información de su capacidad económica, sin embargo, la Sala Superior estima que la cuantía o calidad de la multa no depende solo de la capacidad económica de la persona sancionada, sino de un ejercicio de racionalidad por parte de la autoridad jurisdiccional[51] y de la valoración conjunta de todos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción.

(126)     La sanción económica es proporcional porque Laura Paula López Sánchez y Brenda Yamile Jiménez Loya podrán pagarla, sin comprometer sus actividades ordinarias y puede generar un efecto inhibitorio, para la comisión de futuras conductas irregulares.

(127)     Es un hecho público[52] que, el importe de la ministración mensual con deducciones que recibió Movimiento Ciudadano para sus actividades ordinarias del mes de marzo de 2025 es:

        $76,776,457.00 (setenta y seis millones setecientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y siete 00/100 m.n.).

Pago de las multas.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Son existentes las infracciones consistentes en la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como el uso indebido de recursos públicos atribuibles a Samuel Alejandro García Sepúlveda.

SEGUNDO. Es inexistente la promoción personalizada atribuida a Samuel Alejandro García Sepúlveda.

TERCERO. Se da vista al Congreso del Estado de Nuevo León, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva para los efectos correspondientes.

CUARTO. Hubo un beneficio para Laura Paula López Sánchez y Brenda Yamile Jiménez Loya, entonces candidatas a diputadas federales por lo que se les impone una multa, en los términos expuestos en la sentencia.

QUINTO. Es existente la falta al deber de cuidado atribuida a Movimiento Ciudadano, en los términos expuestos en la sentencia.

SEXTO. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos ambas del Instituto Nacional Electoral para el pago de las multas impuestas.

SÉPTIMO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria general de acuerdos en funciones, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula, entre otras cuestiones, las sesiones presenciales de las Salas del tribunal.