Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil veinticinco[1].

SENTENCIA por la que se declara que se ha actualizado la caducidad de la facultad sancionadora en este procedimiento.

ANTECEDENTES

1.             a. Proceso electoral federal. Del proceso electoral federal 2023-2024 destacaron las siguientes fechas[2]:

2.             b. Denuncia. El seis de diciembre, Sergio de la Torre presentó queja en contra Claudia Garza, porque a decir del denunciante aspiraba a una candidatura por MORENA al Senado de la República y se publicitaba en entrevistas en medios de comunicación y en anuncios espectaculares tratando de posicionarse, realizando con esto actos anticipados de precampaña y campaña en su favor.

3.             c. Registro y admisión de la  queja. El siete siguiente, la autoridad instructora registró la denuncia con la clave de expediente JL/PE/SATSM/JL/COAH/005/2023[3], la admitió a trámite y ordenó el desahogo de diligencias para su integración.

4.             d. Emplazamiento y audiencia. El dieciocho de abril de dos mil veinticinco, la autoridad instructora ordenó el emplazamiento de las partes a la audiencia de pruebas y alegatos que se celebró el veintinueve de abril posterior.

5.             e. Turno a ponencia y radicación. En su momento, se recibió el expediente en esta Sala Especializada y el magistrado presidente lo turnó a su ponencia, donde lo radicó y se procedió a la elaboración de la sentencia conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia

6.             Esta Sala Especializada es competente[4] para resolver el presente procedimiento, porque se denuncian presuntos actos anticipados de precampaña y campaña realizados por Claudia Garza, derivado de entrevistas que dio en medios de comunicación y en anuncios espectaculares con los cuales buscó posicionarse como aspirante al Senado de la República en las elecciones federales 2023-2024.

SEGUNDA. Facultad sancionadora

7.             La caducidad en materia electoral constituye una figura tendente a garantizar la vigencia de los principios de certeza y seguridad jurídica, conforme a la cual la función o potestad punitiva de las autoridades administrativas y jurisdiccionales se puede extinguir por el simple transcurso del tiempo.[5]

8.             Ante la ausencia de un plazo de caducidad previsto en la legislación federal y en observancia de los citados principios constitucionales, la Sala Superior ha señalado que es proporcional y equitativo el plazo de un año para que opere la caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento especial, contado a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficiosos, al considerar que se trata de un plazo razonable atendiendo a las características de este tipo de procedimientos.[6]  

9.             Ese mismo órgano ha determinado que el referido plazo admite excepcionalmente la posibilidad de ser ampliado cuando la autoridad administrativa acredite una causa justificada, razonable y apreciable objetivamente cuando la dilación atiende a alguno de los siguientes supuestos:

-         La conducta procedimental del probable infractor.

-         El desahogo de la instrucción, por su complejidad, requirió diversas diligencias o actos procedimentales que razonablemente no pudieron realizarse en el plazo ordinario (un año).

10.        Lo anterior, sin que la ampliación excepcional del plazo pueda derivar de la inactividad de la autoridad.[7]

11.        Así, al tratarse de una cuestión de orden público, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar de oficio la probable configuración de la caducidad en cualquier procedimiento, al tratarse de un elemento que otorga certeza y seguridad a las personas gobernadas.[8]

TERCERA. Caso concreto

12.        Esta Sala Especializada advierte que ha transcurrido en exceso el plazo de un año previsto en la jurisprudencia de la Sala Superior durante la instrucción de este procedimiento, conforme a lo siguiente.

13.        La queja que dio origen al procedimiento se presentó ante la Junta local el seis de diciembre de dos mil veintitrés, por lo cual, conforme a los parámetros establecidos en la jurisprudencia y en las discusiones recientes de la Sala Superior para el cómputo del período de un año para el ejercicio de la facultad sancionadora, en este procedimiento venció el cinco de diciembre de dos mil veinticuatro.

14.        Tomando en cuenta que hasta el siete de mayo de dos mil veinticinco fue que el expediente fue remitido a este órgano jurisdiccional, es dable concluir que se empleó más de un año para desahogar las diligencias de investigación (cuatrocientos noventa y dos días), por lo cual excedió del período ordinario previsto para el ejercicio de la citada facultad de sanción.

15.        Bajo los anteriores parámetros se tiene que la investigación en el presente asunto se desarrolló de la siguiente forma:

16.        Conforme a lo anterior, se puede advertir que, la autoridad instructora del siete de diciembre de dos mil veintitrés al seis de mayo de dos mil veinticinco, llevó a cabo diversas actuaciones, tales como:

     La elaboración de actas circunstanciadas.

     Requerir información a las personas involucradas respecto de la colocación de los espectaculares y la entrevista en YouTube.

17.        Pero, se advierten dos periodos de inactividad por parte de la autoridad instructora, esto es, del seis de diciembre de dos mil veintitrés al diecisiete de marzo de dos mil veinticinco (cuatrocientos sesenta y siete días), y de dieciocho de marzo al dieciocho de abril de dos mil veinticinco (veintiocho días), lo que representó entre estos periodos cuatrocientos noventa y cinco días de inactividad procesal injustificada, en los que la autoridad instructora no ordenó diligencias de investigación, y como consecuencia la caducidad de la potestad sancionadora.

18.        Es preciso señalar que, el asunto no implicó el despliegue de diligencias difíciles de realizar o las infracciones y hechos denunciados no son de impacto tal que amerite el retraso en la integración del asunto y remisión del mismo, o bien, que tal extensión fuera oponible al actuar de las personas denunciadas ni el resultado de acciones o condiciones externas que impidieran a las autoridades involucradas llevar a cabo sus funciones.

19.        Conforme a lo anterior, es dable concluir que el exceso en el plazo de un año transcurrido en la etapa de instrucción del procedimiento no es oponible a las partes o a condicionamientos fácticos ineludibles.

20.        Por tanto, no se actualiza una causa justificada, razonable o apreciable objetivamente para determinar la ampliación del plazo de un año para la resolución de este procedimiento y, en consecuencia, se actualiza la caducidad de la facultad sancionadora de esta autoridad.[9]

21.        Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

ÚNICO. Se actualiza la caducidad de la potestad sancionadora en este procedimiento.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General de la Sala Superior 2/2023, que regula las sesiones de las Salas del Tribunal y el uso de herramientas digitales.