Ciudad de México, a uno de junio de dos mil veintidós[1].

SENTENCIA de la Sala Especializada, que determina la existencia de la vulneración a las reglas de promoción del proceso de revocación de mandato, atribuidas a Aristóteles Belmont Cortés, en su carácter de delegado para ejercer funciones de secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla, mediante publicaciones e interacciones (retweets) en los perfiles de Twitter y Facebook del denunciado con las cuales promueve indebidamente el proceso de Revocación de Mandato, con la finalidad de influir en la participación de la ciudadanía, además, se determina la culpa in vigilando del citado partido político, como consecuencia de los actos de su dirigente; y, la inexistencia del uso indebido de recursos públicos y de la vulneración al principio de imparcialidad y equidad y promoción personalizada del presidente de la República.

ANTECEDENTES

Normativa en materia de revocación de mandato

1.              A. Reforma constitucional sobre revocación de mandato. El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de consulta popular y revocación de mandato, la cual entró en vigor al día siguiente[2].

2.              B. Lineamientos. El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE, mediante acuerdo INE/CG1444/2021[3], emitió los Lineamientos para la organización de revocación de mandato, así como sus anexos.

3.              C. Ley Federal de Revocación de Mandato. El catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato[4].

4.              D. Modificación de los Lineamientos. El treinta de septiembre siguiente, el Consejo General del INE aprobó mediante acuerdo INE/CG1566/2021[5] la modificación a los Lineamientos para la revocación de mandato con motivo de la expedición de la ley que regula este mecanismo de democracia directa y sus anexos.

5.              E. Recurso de apelación SUP-RAP-415/2021. El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, MORENA impugnó el acuerdo INE/CG1566/2021, que modificó los citados Lineamientos. De igual manera, el INE cambió la fecha para llevar a cabo la revocación de mandato al diez de abril.

6.              F. Acción de inconstitucionalidad. El catorce de octubre siguiente, un grupo de diputadas y diputados federales presentó la acción de inconstitucionalidad 151/2021[6] contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, relativa, entre otras cosas, a la pregunta contenida en el artículo 19, fracción V, de ese ordenamiento, misma que fue discutida y resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesiones del 31 de enero, 1 y 3 de febrero.

7.              G. Plan y calendario. El veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE aprobó mediante acuerdo INE/CG1614/2021[7], el plan integral y el calendario del proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo 2018-2024, del cual se destacan las siguientes fechas:

8.              H. Recurso de apelación SUP-RAP-449/2021. El tres de noviembre pasado, el PAN interpuso recurso de apelación contra el acuerdo relativo al diseño y la impresión de la papeleta que se utilizará durante la revocación de mandato[9]. La Sala Superior sobreseyó el medio de impugnación[10], porque el PAN planteó la inconstitucionalidad de las normas que se refieren a la pregunta objeto del citado mecanismo de participación ciudadana, misma que fue resuelta por el Pleno de la SCJN a través de la discusión en las sesiones de 31 de enero, 1 y 3 de febrero.

9.              I. Presentación de informes:

           El dieciocho de enero, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE anunció que se cumplió con el requisito del 3% de apoyo del listado nominal de personas electoras para iniciar la organización de la consulta de la revocación de mandato[11].

           Preliminar. El veintiséis de enero, se presentó al Consejo General del INE la comunicación relativa a que se cubrió el porcentaje legal de firmas de apoyo de la ciudadanía para solicitar la petición del proceso revocatorio, por lo que, a partir del veintisiete de enero, se suspendieron las actividades de la revisión, verificación y captura de los formatos físicos[12].

           Final. El treinta y uno de enero, el secretario ejecutivo presentó al Consejo General del INE el informe respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para el proceso de revocación de mandato[13].

10.          J. Emisión de la convocatoria. El siete de febrero, se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueba la Convocatoria para el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024.

11.          K. Decreto de interpretación auténtica. El diecisiete de marzo, se publicó en el DOF el Decreto de interpretación auténtica del concepto “propaganda gubernamental”; el cual entró en vigor al día siguiente.

12.          L. Declaración de invalidez[14]. El 27 de abril, la Sala Superior declaró la conclusión del proceso revocatorio y la invalidez de éste al no alcanzar el umbral del 40% de participación ciudadana.

13.          M. Vista a la Sala Especializada. En la misma fecha, la Sala Superior declaró improcedentes los juicios de inconformidad SUP-JIN-1/2022 y acumulados (promovidos para controvertir el cómputo final y la declaratoria de resultados) y dio vista, entre otras autoridades, a esta Sala Especializada, para que, a partir de las constancias que integran los medios de impugnación, actúe conforme al ámbito de sus facultades y obligaciones.

Substanciación del procedimiento especial sancionador

14.          Denuncia[15]. El ocho de abril, la ciudadana Angélica Hernández Guzmán denunció a Aristóteles Belmont Cortés, en su carácter de dirigente de MORENA en Puebla, por la presunta contravención a las normas sobre propaganda de la revocación de mandato, al realizar interacciones y/o publicaciones en sus perfiles de Facebook y Twitter, así como el posible uso indebido de recursos públicos.

15.          Por lo anterior, la ciudadana solicitó la adopción de medidas cautelares, consistentes en borrar las publicaciones denunciadas además de suspender de manera inmediata la estrategia de promoción e intervención ilegal en el proceso de revocación de mandato.

16.          Registro y reserva de admisión[16]. El nueve de abril, la autoridad instructora registró el expediente con la clave JL/PE/AHG/RM/PEF/PUE/6/2022, reservó la admisión del asunto y ordenó que se elaborara acta circunstanciada para verificar la existencia y el contenido de las publicaciones materia de la denuncia.

17.          Diligencias de investigación y requerimiento a Aristóteles Belmont[17]. El diez de abril, la autoridad instructora determinó requerir información a Aristóteles Belmont con motivo de allegarse de los elementos necesarios para la correcta integración del expediente consistentes en si las cuentas de perfil de Facebook y Twitter eran de carácter personal, oficial o institucional, y si son administradas por él o un tercero; si realizó, ordenó, solicitó o participó en las cuentas con las que interactuó; a quien pertenecen las cuentas con las que interactuó; la finalidad de las publicaciones; y si utilizaron recursos de MORENA o de algún otro entre público.

18.          Admisión de la denuncia y reserva de emplazamiento[18]. El doce de abril, se admitió a trámite la denuncia presentada por la ciudadana; se reservó el emplazamiento; y, se ordenó elaborar la propuesta sobre la solicitud de adoptar medidas cautelares.

19.          Medidas cautelares[19]. El trece de abril, mediante acuerdo A12/INE/PUE/CL/13-04-2022, el Consejo Local del INE en Puebla, mediante la séptima sesión ordinaria declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por tratarse de actos consumados e irreparables.

20.          Segundo requerimiento de información a Aristóteles Belmont[20]. El dieciséis de abril, se requirió información por segunda ocasión al denunciado respecto a con qué carácter asistió, participó o interactuó en los eventos a los que se le hizo referencia; si los organizó, realizó o convocó o quien los realizó; si lo invitaron y en caso de que sí precisara los datos de contacto y ubicación; lo anterior, con el objeto de allegarse de los elementos necesarios para la correcta integración del expediente.

21.          Emplazamiento y audiencia[21]. El veintisiete de abril, se emplazó a las partes para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos que se llevó a cabo el tres de mayo siguiente.

Trámite ante la Sala Especializada

22.          Remisión del expediente. En su oportunidad, se recibió el expediente en este órgano jurisdiccional y se remitió a la Unidad Especializada, a efecto de verificar su debida integración[22].

23.          Turno y radicación. El treinta y uno de mayo, el Magistrado Presidente acordó integrar el expediente SRE-PSL-21/2022 y turnarlo a la ponencia a su digno cargo.

24.          Con posterioridad, el Magistrado Ponente radicó el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA

25.          Esta Sala Especializada es competente para conocer y resolver el presente procedimiento especial sancionador, ya que se trata de una queja en la que se reclamó la presunta difusión indebida del proceso de revocación de mandato por parte de Aristóteles Belmont, en su carácter de delegado para ejercer funciones de secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla, a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, así como el uso indebido de recursos públicos, por lo que se actualizan los supuestos de procedencia para el conocimiento de esta autoridad electoral federal.[23]

26.          Además, esta Sala Especializada cuenta con competencia para conocer de la causa, puesto que corresponde al Instituto Nacional Electoral vigilar y, en su caso, sancionar las infracciones a la Ley de Revocación, en términos de la Ley Electoral.[24].

SEGUNDA. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

27.          En atención al contexto actual de la pandemia ocasionada por la propagación del virus SARS CoV2 (COVID-19), el uno de octubre de dos mil veinte, la Sala Superior emitió el acuerdo 8/2020[25] por el que autorizó la resolución no presencial de todos los asuntos competencia de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que está justificada la resolución del presente expediente en sesión no presencial.

TERCERA. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

28.          Aristóteles Belmont indicó en sus alegatos que, se determinó la no adopción de medidas cautelares por dejar sin materia las presuntas violaciones legales que se cometen y, en consecuencia, dicho criterio debe prevalecer a lo largo de la presente sentencia, por tratarse de actos consumados.

29.          No le asiste la razón al denunciado pues, dicho criterio fue de forma preliminar, que el Consejo Local del INE en Puebla a través del acuerdo A12/INE/PUE/CL/13-04-2022, determinó la no adopción de medidas cautelares sin un estudio de fondo, por carecer de competencia para pronunciarse en ese sentido, lo que sí sucederá más adelante.

CUARTA. INFRACCIONES QUE SE IMPUTAN Y DEFENSAS

30.          La ciudadana Angélica Hernández presentó denuncia en la que señaló que Aristóteles Belmont transgredió las reglas de la revocación de mandato, por diversas publicaciones e interacciones en sus cuentas de Facebook y Twitter y de las que se puede advertir un posible uso indebido de recursos públicos.

31.          En consideración de la ciudadana, Aristóteles Belmont realizó las publicaciones o interacciones, en sus perfiles de Facebook y Twitter en relación con la revocación de mandato con lo que transgredió lo establecido en el artículo 35, fracción IX, de la Constitución en relación con el artículo 27 de la Ley de Revocación.

32.          Lo anterior porque vulneran la prohibición para los partidos políticos de promover la participación ciudadana en la revocación de mandato, así como aplicar los recursos del partido para realizar actividades con el propósito de influir en las preferencias de la ciudadanía en dicho ejercicio democrático.

33.          Ello contradice las disposiciones reglamentarias que establecen que es facultad exclusiva del INE realizar actividades de organización, difusión, promoción, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en dicho proceso democrático.

34.          Entonces, el hecho de que un partido político realice acciones de promoción en favor del titular del Poder Ejecutivo transgrede el mandato constitucional, ya que, la participación de los partidos políticos está prohibida y no tiene cabida en este mecanismo de democracia directa dado que se trata de un ejercicio en el que la propia ciudadanía advierte la necesidad de proponer que, en su caso, le sea revocado al presidente de la República el mandato, de manera anticipada, por lo que se afectan los principios de imparcialidad y objetividad (equidad) que deben regir ese ejercicio de democracia directa.

35.          Se actualiza la comisión de una violación respecto de la prohibición de los partidos políticos para promover la participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato, así como aplicar los recursos del partido para realizar actividades con el propósito de influir en las preferencias de la ciudadanía, atribuibles al dirigente de MORENA en Puebla.

36.          Sumado a lo anterior, la ciudadana indicó que las publicaciones e interacciones fueron realizadas desde su perfil en redes del denunciado el cual utiliza como dirigente estatal de MORENA en Puebla, por lo que, si bien las redes sociales cuentan con una presunción de espontaneidad y se encuentran amparadas por la libertad de expresión, es evidente que son utilizadas por el denunciado como dirigente estatal de dicho ente político, por lo que, al ser utilizadas para difundir información del partido, no se considera contenido imparcial.

37.          Además, indicó que, si bien los partidos políticos tienen el derecho de difundir información respecto a sus intereses partidistas, lo cierto es que existe una restricción respecto de la promoción y difusión de los procesos de revocación de mandato a fin de no influenciar en algún sentido el voto de la ciudadanía, lo que en el dicho de la ciudadana sí sucedió, pues se hizo un llamamiento abierto e implícito al voto a favor de que el Presidente de la República continúe su mandato, e incluso realizaron eventos para dichos fines, por lo que, puede existir un uso indebido de recursos del financiamiento de MORENA, para la promoción de revocación de mandato.

38.          Finalmente, el denunciado dio a conocer logros, avances, compromisos cumplidos y obras públicas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, como presidente del país con la finalidad de influir en la participación de la ciudadanía en dicho ejercicio democrático.

39.          Por su parte, Aristóteles Belmont en sus escritos de desahogo de requerimientos y alegatos señaló lo siguiente:

40.          Que se trata de sus cuentas personales en Facebook y Twitter, las cuales ha tenido antes de tener el cargo como delegado en funciones de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla, las cuales él administra.

41.          No ordenó las publicaciones con las que interactuó y desconoce quién lo haya realizado, en cambio, las publicaciones difundidas en sus cuentas de Facebook y Twitter él las realizó en el marco de la libertad de expresión y de informar las actividades cotidianas del partido político en el cual se encuentra registrado y forma parte del Comité Ejecutivo Estatal.

42.          Que en cada uno de los links que se visualizan asistió en su calidad de militante de MORENA a excepción de los eventos identificados con los números 8 y 10, al cual al primero de ellos fue en calidad de dirigente de MORENA en Puebla y al segundo como simpatizante de una postura política personal, que no dio un mensaje relacionado con MORENA ni con la diligencia del mismo.

43.          Además, señaló que fue invitado a los eventos por la militancia y organizadores logísticos de los cuales desconoce el nombre.

44.          No hay violaciones ni incidencias electorales en los hechos denunciados que la quejosa realiza en su denuncia, sumado a que no hay financiamiento público para la promoción de las redes sociales, por lo que no hay inversión para la difusión de las publicaciones denunciadas, pues éstas fueron anteriores de la fecha en que recibió el nombramiento de autoridad partidista por lo que no hay una institucionalidad ligada a las redes sociales denunciadas.

45.          Que existe una omisión de notificación de las pruebas aportadas, por lo que se le deja en estado de indefensión y, por otra parte, que desconoce el origen de los recursos con los cuales se organizaron los eventos ya que por la facultad partidista con la que cuenta no se le faculta el resguardo del tipo de información solicitada.

46.          Señaló además que, la promoción personalizada se actualiza cuando tiende a promocionar, velada o explícitamente a una persona servidora pública, pues la propaganda denunciada tiende a promocionar a un servidor público de Puebla destacando imagen y logro asociando logros de gobierno con la persona, más que con la institución a fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines políticos.

47.          Finalmente, indicó que no hay declaración personal ni partidista donde se incita a votación específica, no hay mensaje que haya sido claro precisando alguna situación electoral en el entendido de que como parte de su dirigencia estatal no tenía interés jurídico real en aportar al proceso de revocación de mandato, sumado a que las publicaciones denunciadas no cuentan con aportación o pago de difusión por los partidos.

48.          Ahora bien, MORENA a través de Josefina Tlapanco Franco, delegada para ejercer funciones de Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla, exhibió una documental privada respecto al sistema integral de fiscalización donde se determinan los responsables de finanzas para el año 2022 donde se exhibe que en Puebla es Francisco Javier Cabiedes Uranga ya que por acuerdo partidista los Secretarios de Finanzas de algunos estados no tienen el poder suficiente para ejercer el presupuesto destinado, por lo que es facultad del Comité Ejecutivo Estatal quien cuenta con el presupuesto de 2022.

QUINTA. MEDIOS DE PRUEBA

49.          Para determinar la actualización o no de las infracciones se debe establecer la existencia de los hechos denunciados, conforme al material probatorio, lo cual se analiza a continuación.

Pruebas ofrecidas por la ciudadana

50.          Prueba técnica consistente en la certificación que realice la autoridad electoral nacional del contenido de las ligas electrónicas mencionadas en su denuncia.

Pruebas ofrecidas por Aristóteles Belmont[26]

51.          Instrumental de actuaciones, constituida por las constancias del expediente en lo que beneficie al denunciante.

52.          Presuncional legal y humana, en lo que le beneficie.

Pruebas de las que se allegó la autoridad instructora.

53.          Documental pública. Consistente en el acta circunstanciada[27] de nueve de abril a través de la cual se certificó el contenido de las páginas de internet señaladas por la ciudadana en su escrito inicial.                                                                                                    

54.          Documentales privadas. Consistentes en los escritos de doce[28], veinte[29] y veintidós[30] de abril de Aristóteles Belmont, por los que desahoga los requerimientos de información.

55.          Derivado de lo anterior, se desprende que con el acta circunstanciada, la cual se trata de una documental pública[31], se acredita la existencia y contenido de las publicaciones y/o interacciones denunciadas. 

SEXTA. HECHOS PROBADOS

56.          De acuerdo con el artículo 461 de la Ley Electoral serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos.

57.          La misma ley señala en su artículo 462 que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto.

58.          Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, tienen valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus atribuciones, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. Lo anterior, de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

59.          Las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y la relación que guardan entre sí. Lo anterior, de conformidad con los artículos 461, párrafo 3, incisos b) y c), así como 462, párrafos 1 y 3, de la Ley Electoral.

60.          Sobre esa base, la valoración individual y conjunta de los medios de prueba y la totalidad de constancias que integran el expediente, conduce a tener por probados los siguientes hechos:

a.     Calidad de los denunciados. MORENA es un partido político nacional[32] que tiene registro en el estado de Puebla y Aristóteles Belmont es su delegado para ejercer funciones de secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla.

b.    Titularidad. En contestación a los requerimientos respectivos Aristóteles Belmont reconoció ser titular de las cuentas de Facebook y Twitter y consecuentemente, quien publicó e interactuó con las demás cuentas denunciadas.

SÉPTIMA. ESTUDIO DE FONDO

Decreto interpretativo

61.          El 18 de marzo entró en vigor el “Decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en los artículos 449, numeral 1, incisos b), c), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 33, párrafos quinto, sexto y séptimo y 61 de la Ley Federal de Revocación de Mandato” [33].

62.          Esta Sala Especializada considera que los temas que el Congreso de la Unión interpretó no le son aplicables al actual proceso de revocación de mandato, al haberse emitido sin la anticipación debida que ordena el artículo 105, fracción II, de la Constitución federal[34].

63.          Sin cuestionar la validez de este Decreto, la temporalidad en que se emitió y las temáticas que interpretó, nos llevan a verlo a la luz de los principios constitucionales, especialmente el de certeza que salvaguarda el artículo 105, fracción II, de la Constitución, en tanto establece que las leyes electorales, federal y locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales; principio que se debe observar en los procesos de revocación de mandato, pues se trata del ejercicio de un derecho político fundamental donde el voto de la gente determina el rumbo de la persona del servicio público que es sometida al escrutinio ciudadano.

64.          Cabe puntualizar que los artículos 40, primer párrafo y 105, fracción II de la Constitución, son principios del régimen democrático; por tanto, cuando nace en el orden jurídico el derecho fundamental para revocar mandatos (2019) forman parte de todos los principios rectores de la propia Constitución que les sean aplicables.

65.          La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las normas interpretativas, como el decreto referido, son normas legales materiales, que tienen las mismas características de las normas formales que interpretan (generalidad, abstracción e impersonalidad), porque su finalidad es determinar, precisamente, cómo deben entenderse esas disposiciones y se destinan al mismo universo de entidades obligadas por la norma inicial, para aplicarse a un número indeterminado de personas y casos, y no a alguna o alguno en específico[35].

66.          También ha señalado que una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de las y los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales[36].

67.          En el SUP-REP-96/2022, la Sala Superior estableció que la finalidad del Decreto fue realizar una “interpretación autentica” sobre el alcance del concepto de propaganda gubernamental en la Ley Federal de Revocación de Mandato -en específico, sobre la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato-, así como en la ley general, en lo relativo a las infracciones que pueden cometer autoridades y personas del servicio público, por la difusión de propaganda con esas características.

68.          Así, señaló que la interpretación que pretendió realizar el legislador a través del Decreto transgredió los límites que la Suprema Corte ha establecido para ello en su jurisprudencia, al exceptuar del concepto “propaganda gubernamental” (establecido en el artículo 35, fracción IX, apartado 7º de la Constitución), las expresiones emitidas por las personas del servicio público, con lo que se reformulan los alcances de un aspecto fundamental del modelo de comunicación política que rige al proceso de revocación de mandato, lo cual está prohibido a nivel constitucional.

69.          En ese sentido, toda vez que el Decreto incide en las reglas -que estaban vigentes al momento de su publicación- sobre quiénes juegan un papel activo y quiénes se deben mantener al margen en el proceso revocatorio, no es aplicable a dicho mecanismo de participación ciudadana, porque se emitió sin la anticipación debida que ordena el artículo 105, fracción II, de la Constitución federal.

Materia de la denuncia

70.          En el presente asunto se debe determinar si Aristóteles Belmont vulneró las reglas para la difusión y promoción de la revocación de mandato y vulneró los principios de imparcialidad y equidad establecidos en el artículo 134 de la Constitución Federal, mediante la interacción (retweets) y difusión de publicaciones en Facebook y Twitter en el contexto del proceso de revocación de mandato y si utilizó de forma indebida recursos del partido MORENA.

71.          Los artículos 35, fracción IX, numeral 7, de la Constitución, 32, 33 y 35 de la Ley de Revocación contienen diversas cuestiones relevantes para el presente asunto: 

72.          Competencia exclusiva del INE[37]. El INE tiene la obligación de promover la participación ciudadana en los ejercicios de revocación de mandato y es la única instancia encargada de su difusión, conforme a lo siguiente:

73.          La difusión deberá ser objetiva, imparcial y con fines informativos.

74.          Debe iniciar al día siguiente en que se publique la convocatoria del proceso de revocación y concluirá tres días anteriores a la jornada de votación.

75.          La campaña de difusión se realizará a través de los tiempos que correspondan al INE en radio y televisión.

76.          El INE es la única autoridad que podrá administrar los tiempos del Estado en radio y televisión y, en caso de que estime que el tiempo con que cuenta resulte insuficiente para la difusión del procedimiento de revocación de mandato, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante. 

77.          Uso de recursos públicos[38]. Se prohíbe el uso de recursos públicos con fines de promoción y propaganda relacionados con el proceso de revocación de mandato.

78.          Radio y televisión[39]. Se prohíbe a toda persona física o moral la contratación de tiempos en radio y televisión dirigida a influir en la opinión ciudadana dentro del proceso de revocación de mandato.

79.          Participación ciudadana[40]. La ciudadanía puede dar a conocer su posicionamiento respecto del proceso de revocación de mandato por todos los medios a su alcance y de forma individual o colectiva, salvo el caso de la contratación de tiempos en radio y televisión que se encuentra expresamente prohibida.

80.          Participación de los partidos políticos. La Suprema Corte, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 151/2021 relacionada con la Ley de Revocación, determinó, entre otros aspectos, la inconstitucionalidad del cuarto párrafo del artículo 32 de la Ley de Revocación, por considerar que los partidos políticos no pueden intervenir en la promoción de la participación ciudadana en el proceso[41].

81.          Ahora bien, el artículo 134 constitucional regula dos tópicos: lo que debe entenderse como propaganda del Estado y la prohibición del posicionamiento de la imagen de personas servidoras públicas[42].

82.          Así, Sala Superior la definió como toda acción o información relativa a una entidad estatal, realizada o difundida por cualquier medio de comunicación (impresos, audiovisuales o electrónicos) o mediante actos públicos dirigidos a la población en general, que implica generalmente el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, sea que contenga o no referencias o símbolos distintivos de alguna instancia estatal o dependencia de gobierno, que difunde logros o acciones de gobierno y que tiene por finalidad la adhesión o persuasión de la ciudadanía”[43].

83.          Además, estableció los parámetros para detectar este tipo de propaganda:

               El mensaje se emite necesariamente por una persona del servicio público.

               Se lleva a cabo mediante actos, escrutinios, imágenes, grabaciones, proyecciones y/o expresiones.

               Que la finalidad sea difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno.

               Se oriente a generar aceptación, adhesión o apoyo en la ciudadanía[44].

               No se trate de comunicaciones puramente informativas.

84.          De igual manera, precisó que la propaganda gubernamental debe ser institucional, no puede tener contenido electoral ni influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, a favor o en contra de partidos políticos o candidaturas y no puede difundirse en campaña electoral[45], periodo de reflexión ni el día de la jornada electoral.

85.          Cabe precisar que se exceptúa de la interrupción a las campañas de información de las autoridades electorales, los servicios educativos y de salud o de protección civil en casos de emergencia[46].

86.          Por tanto, para definir si nos encontramos ante una promoción personalizada debemos atender tanto al contenido del material en cuestión entendido como logros o acciones de gobierno; como a su finalidad entendido como adhesión, aceptación o mejorar percepción ciudadana.

87.          La Sala Superior estableció que no toda propaganda institucional que de alguna manera utilice la imagen o el nombre de una persona servidora pública, pueda catalogarse en automático como promoción personalizada, sino que debe analizarse si sus elementos constitutivos vulneran los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales.

88.          Por ello, para determinar que la propaganda gubernamental tiene fines de promoción personalizada[47] es necesario acreditar que:

               Existen elementos que hagan plenamente identificable a las personas servidoras públicas por medio de voces, imágenes o símbolos.

               Del contenido se advierta un ejercicio de promoción individual propia o de una tercera persona con intereses electorales.

               La temporalidad nos permita definir si se efectuó iniciado el proceso electoral o fuera del mismo. En caso de haberse presentado fuera del proceso, para estar en posibilidad de establecer una posible incidencia en la contienda, es menester analizar la cercanía de las fechas de la proximidad de los procesos o los debates.

89.          El artículo 134, párrafo 8, de la Constitución federal, señala que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública[48].

90.          Por ello no es permisible que las autoridades públicas se identifiquen a través de su función ni que hagan mal uso de recursos públicos[49] o programas sociales, en especial de propaganda[50].

91.          Lo anterior, para inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza en la contienda electoral[51].

92.          Además, es una regla para las personas del servicio público que deben de actuar de manera imparcial en la elaboración y difusión de la propaganda gubernamental que emiten, para no influir de manera negativa en los procesos de renovación del poder público[52].

93.          Incluso, la Ley General de Comunicación Social[53], reglamentaria del artículo 134, párrafo 8, de la Constitución federal proscribe la promoción personalizada y exalta como principios rectores la objetividad y la imparcialidad para garantizar la equidad en la contienda electoral[54].

94.          La salvaguarda de los distintos principios de la materia electoral es porque se requiere que la ciudadanía ejerza el derecho y la obligación de votar[55], para elegir a las personas que la representarán en el poder, en un contexto de libertad, autenticidad y periodicidad[56].

95.          Lo anterior implica que la población esté debidamente informada para expresar su voluntad sin restricciones, con datos accesibles y reales.

96.          Cabe precisar que no se trata de impedir a las personas que desempeñan una función pública que puedan ejercer sus atribuciones, sino que utilicen los recursos públicos a su alcance con responsabilidad y para los fines establecidos.

97.          Exigirles imparcialidad y neutralidad a las personas del servicio público marca la ruta para conformar un sistema donde la igualdad de condiciones para las personas competidoras sea una regla y no un régimen de excepción.

98.          Así, cobra lógica la obligación permanente de imparcialidad y neutralidad del servicio público, entendida como el deber de mantenerse al margen de las contiendas electorales, para que la ciudadanía ejerza ese voto libre e informado que proporcione autenticidad a las elecciones[57].

99.          Al respecto, la Sala Superior ha establecido específicamente que la prohibición de difundir este tipo de contenidos dentro del periodo de la revocación de mandato no vulnera la libertad de expresión para el funcionariado público, pues puede difundir contenidos siempre que con ello no se realice promoción personalizada, se vulneren o se pongan en riesgo los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y neutralidad en la contienda.[58]

100.      Una vez establecido lo anterior, podemos advertir que la prohibición de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública no está orientada a la ciudadanía en general o a los partidos políticos.

Caso concreto

101.      El ocho de abril, Angélica Hernández denunció la presunta promoción y difusión de la participación ciudadana en periodo prohibido en el marco de la revocación de mandato y la vulneración al principio de imparcialidad y equidad establecidos en el artículo 134 constitucional, por diversas publicaciones e interacciones (retweets) en Twitter y Facebook, del denunciado y el posible uso indebido de recursos.

102.      Al respecto, mediante requerimiento de diez de abril, la autoridad instructora solicitó a Aristóteles Belmont que informara si las cuentas de Twitter y Facebook son cuentas personales o de carácter oficial y/o institucional; si realizó, ordenó solicitó o tuvo algún tipo de participación en las publicaciones denunciadas; cual fue la finalidad y si se utilizaron recursos públicos.

103.      En respuesta, Aristóteles Belmont puntualizó que son sus cuentas personales, que las tiene desde hace tiempo, antes de que se le haya conferido el cargo de delgado en funciones de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla; que él administra las cuentas denunciadas y que las publicaciones denunciadas las realizó en el marco de su libertad de expresión y que desconoce quien elaboró las publicaciones de las cuentas con las que interactuó.

104.      Sumado a lo anterior, indicó que asistió a los eventos que se advierten en las imágenes denunciadas en calidad de militante de MORENA y sólo en una de ellas en calidad de delegado, que dichas invitaciones fueron por parte de la militancia de MORENA y desconoce los nombres de quienes los organizaron así como de dónde provienen los recursos para su organización y elaboración, dado que su función en el partido no cuenta con la competencia para el resguardo de dicho tipo de información.

105.      Además, Aristóteles Belmont indicó que le hicieron diversos requerimientos que son ilegales, pues los realizaron sin emplazarlo de forma correcta por lo que se le deja en imposibilidad e indefensión de poder objetarlas.

106.      Lo anterior se desestima por dos razones: porque la probable responsabilidad de la persona señalada debe atenderse al analizar el fondo, por lo que dicha determinación no implica un pronunciamiento previo a la materia de denuncia y, porque en el acuerdo de emplazamiento se identifican de manera clara los motivos por los que se les emplaza y el marco normativo que sustenta la imputación, sin que hubieran realizado argumentos dirigidos a demostrar la inaplicabilidad de alguno de los artículos involucrados, aunado a que se le corrió traslado de la totalidad de constancias que integran el expediente, para que estuviera en posibilidad de saber las infracciones que se le imputan, los hechos y de defenderse.

107.      En este contexto, esta Sala Especializada considera que se actualiza el estudio de las infracciones relativas a la vulneración de las reglas de promoción y difusión de la revocación de mandato, vulneración al principio de imparcialidad y equidad por parte de Aristóteles Belmont y, en consecuencia, culpa in vigilando (falta al deber de cuidado) por parte de MORENA, por los siguientes motivos.

108.      A continuación, se hace el desglose de las publicaciones y/o interacciones (retweets) denunciadas, debidamente certificadas por la autoridad instructora en el acta circunstanciada de nueve de abril antes mencionada, las cuales, por metodología de estudio serán divididas en cuatro partes: las que se tratan de interacciones o retweets de cuentas diversas a las del denunciado; las que derivado del contenido no constituyen una vulneración a las reglas de difusión de revocación de mandato; las que sí constituyen una vulneración a las reglas de difusión de revocación de mandato; y, aquellas de las que se advierte una vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 134, párrafos 7 y 8, de la Constitución.

109.      De la valoración de las interacciones o retweets antes descritos se desprende que en seis (6) ocasiones el denunciado compartió o interactuó en su perfil de Twitter con mensajes difundidos por diversas personas tales como el presidente de la República, Mario Delgado, el aeropuerto internacional de reciente creación, MORENA en Puebla, entre otros, que nos permite concluir que el contenido compartido tiene relación con los fines partidistas de los que forma parte Aristóteles Belmont.

110.      Al respecto, la Sala Superior[59] ha señalado que las redes sociales como Twitter, requieren de una interacción deliberada y consciente, que se desenvuelve en un plano multidireccional entre sus diversas personas usuarias para mantener activa la estructura de comunicación, ya que la manifestación de voluntad e interés particular de quienes las usan -ya sea de compartir o buscar cierto tipo de información, como de participar en una discusión, grupo o comunidad virtual determinados-, contribuye de manera decisiva en la generación dinámica del contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto, indiscriminado e imprevisible.

111.      Además, señaló que Twitter ofrece el potencial de que las personas usuarias puedan ser generadoras de contenidos o simples espectadoras de la información que se genera y difunde en la misma, circunstancia que, en principio, permite presumir que las publicaciones son realizadas libremente.

112.      En relación con la libertad de expresión en redes sociales, la jurisprudencia electoral[60] señala que, dadas sus características al ser un medio que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, debe estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre las personas usuarias.

113.      Esto, porque las redes sociales permiten la comunicación directa e indirecta entre quienes las usan, por lo cual hay una presunción de que difunden contenidos de manera espontánea, a fin de maximizar la libertad de expresión en el contexto del debate político.

114.      A partir de las características de Twitter, la Sala Superior señaló que las publicaciones que se realizan en esa red social generan la presunción de que son expresiones espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la responsabilidad de las personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión.

115.      Con independencia de que muchas de las publicaciones compartidas vía retweet pudieran contener elementos para considerar que se trata de propaganda gubernamental, hay otras que, por el contrario, constituyen la opinión de la persona o entidad que emitió el mensaje de forma primigenia sobre aspectos del conocimiento público.

116.      En ese sentido, se concluye que las seis (6) interacciones o retweets realizados por parte de Aristóteles Belmont en su cuenta de Twitter gozó de espontaneidad y como previamente se señaló, se encuentran amparadas en su libertad de expresión, por tratarse de contenido relacionado con MORENA o fines partidistas que, por ser miembro del partido y contar con un nombramiento dentro del Consejo Ejecutivo Estatal en Puebla.

117.      De ahí que el solo hecho de retweetear dicha información no lleva a esta Sala Especializada a concluir, de manera indiscutible, que su finalidad era difundir contenido contrario a la normativa electoral, pues ello, significaría restringir de forma desmesurada la libertad de manifestar ideas en las redes sociales, a partir de una idea equivocada del funcionamiento de esos medios de comunicación, que forman vías para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión[61].

118.      De la valoración de las publicaciones antes descritas se desprende que en seis (6) publicaciones en los perfiles de Twitter o Facebook denunciadas se abordan temas tales como la fragilidad de la oposición; el respaldo y apoyo que tiene el presidente de la República en Puebla y sus localidades, sin que se adviertan logros o acciones de gobierno; una crítica a los criterios adoptados por el INE y el actuar de Sandra Cuevas; informan actividades partidistas e invitación de un evento con uno de sus candidatos a regidor, por lo que, .no se acredita la vulneración a las reglas sobre difusión de la revocación de mandato, toda vez que no actualizan el contenido en el que se haga referencia a dicho ejercicio de democracia directa y que, contrario a lo que adujo la ciudadana en su denuncia, sólo cumple con informar ciertas actividades del partido al cual pertenece, lo cual es válido tomando en cuenta que es un dirigente de MORENA en Puebla e informar y difundir sus actividades como militante es parte de su trabajo.

119.      Además, respecto a las referencias que hace de la revocación de mandato en relación con Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas, esta Sala Especializada concluye que están dirigidas a criticar el actuar de las instituciones en relación con ese mecanismo de participación ciudadana (cuestión aceptable en toda democracia) y no a promoverlo o difundirlo, razón por la que no se acredita la infracción analizada en el caso.

120.      De la valoración de las publicaciones antes descritas se desprende que en veinte (20) publicaciones denunciadas sí se acredita la vulneración a las reglas sobre difusión de la revocación de mandato, por su contenido y temporalidad en las que fueron publicadas como se demostró en cada valoración.

121.      Esto porque conforme ha quedado demostrado, en cuanto hace al contenido las publicaciones abordan expresiones como: tenemos una cita el diez (10) de abril, vamos todos a la calle, que siga AMLO, no está solo, amor con amor se paga, el día de la jornada estaremos de fiesta, el pueblo pone y el pueblo quita, entre otras.

122.      Además, tal y como se indicó las publicaciones se hicieron en periodo prohibido pues, la convocatoria para el inicio formal del procedimiento de revocación del mandato del presidente de la República se emitió el cuatro de febrero de dos mil veintidós[62] y la jornada de votación se llevó a cabo el diez de abril[63], por lo que el período comprendido entre estas dos fechas es en el que la Constitución prohíbe la difusión de propaganda gubernamental de cualquier ámbito de gobierno y se deposita la competencia exclusiva para la difusión del ejercicio de democracia directa al INE, por lo que, sí nos encontramos con publicaciones que promueven la participación de la ciudadanía en dicho ejercicio de democracia directa son publicaciones que vulneran dichas reglas, como en el apartado anterior.

123.      Así, en los términos expuestos, está acreditado que Aristóteles Belmont es miembro activo y autoridad del partido político MORENA, en consecuencia, viola las reglas de difusión al procedimiento de revocación de mandato.

124.      Como se indicó en el marco normativo, conforme al artículo 35, fracción IX, párrafo séptimo de la Constitución, únicamente el INE debía promover la participación de la ciudadanía en la revocación de mandato. También, la ciudadanía estaba en posibilidad de hacerlo, siempre y cuando no contratara espacios en radio y televisión con ese objetivo.

125.      A su vez, la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 151 de 2021 invalidó el párrafo cuarto del artículo 32 de la Ley de Revocación, por considerar que la revocación de mandato constituye un mecanismo de participación ciudadana por el que se determina la remoción de un servidor público electo popularmente, lo que se hace en forma anticipada la conclusión de su encargo cuando, a juicio de la sociedad, su desempeño no ha sido satisfactorio. De ahí que se entienda como una potestad del pueblo soberano que decida dar por terminado anticipadamente el mandato conferido.

126.      Explicó que del artículo 35, fracción IX, de la Constitución se desprende que el Constituyente permanente, al establecer la revocación de mandato en Norma Fundamental, sentó lineamientos precisos para proteger su naturaleza ciudadana y de participación directa, siendo precisamente un derecho de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas participar en los procesos de revocación de mandato, en principio, activando el mecanismo mediante la solicitud, que solo puede ser presentada por ellos y, posteriormente, emitiendo su voto en el proceso correspondiente, subrayando que serán los ciudadanos y las ciudadanas las que podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato y que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación.

127.      Asimismo, que solo el INE y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y también puntualizan que serán la única instancia a cargo de la difusión de la participación ciudadana en el proceso de revocación. Incluso, especifica que la promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos.

128.      Así, la Suprema Corte consideró que la participación de los partidos políticos no tiene cabida en este mecanismo de democracia directa, dado que es un ejercicio en el que los propios ciudadanos y ciudadanas advierten la necesidad de proponer que, en este caso, a quien ostente el cargo de Presidente de la República le sea revocado el mandato que le fue conferido y, por ende, que deje de desempeñarlo, debiendo, entonces, encomendarse tal ejercicio a una persona diversa.

129.      Precisó que lo previsto en el último párrafo del artículo 32 de la Ley de Revocación que faculta a los partidos políticos para promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, aunque se les ordena abstenerse de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendentes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos, es contrario a lo establecido en el segundo párrafo del punto 7o. de la fracción IX del artículo 35 constitucional, que expresamente señala que el INE y los organismos públicos locales serán la única instancia a cargo de la difusión del proceso.

130.      Así, conforme a lo determinado por la Suprema Corte, se desprende que está vedado a los partidos políticos promover la participación de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato.

131.      Dicha prohibición implica, naturalmente, que los partidos políticos no tienen permitido hacer uso de los tiempos en radio y televisión a que tienen derecho como parte de sus prerrogativas y, en general de cualquier medio de difusión, como sus redes sociales. Así, aunque gozan de libertad de expresión, deben sujetarse a las limitaciones normativas, incluyendo lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 151/2021 que, junto con la Ley de Revocación, los Lineamientos y la Convocatoria respectiva, así como los criterios jurisdiccionales que se han ido delineando sobre el tema, conforme el marco normativo que rige en el caso.

132.      En ese sentido, es claro que los militantes de los partidos políticos y, con mayor razón sus dirigentes, debían acatar esa prohibición y, de no hacerlo, el partido político comparte la responsabilidad consecuente[64] pues los institutos políticos pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de su dirigencia, militancia, personas simpatizantes con el partido o que trabajan para él, e incluso que sean ajenas al instituto político, por lo que no se puede argumentar que constituyen publicaciones o interacciones amparadas en su libertad de expresión.[65]

133.      Dicho periodo de veda electoral se prevé en el artículo 34 de la Ley de Revocación, el cual establece que durante los tres días naturales anteriores a la jornada de revocación de mandato y hasta el cierre oficial de las Casillas que se encuentran en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibida la publicación o difusión de encuestas, total o parcialmente, que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de las y los ciudadanos o cualquier otro acto de difusión.

134.      En igual sentido, el artículo 40 de los Lineamientos dispone que las actividades de promoción y difusión de la participación ciudadana, relativas a la revocación de mandato se deberán suspender tres días antes al de la jornada de votación.

135.      Se trata de una proscripción de realizar actos de proselitismo o de emitir propaganda, con el propósito de influir en el sentido del voto.

136.      Esta medida constituye un límite válido a la libertad de expresión, puesto que busca garantizar la libertad en la emisión del sufragio e, inclusive, abarca expresiones realizadas en Internet y redes sociales.[66]

137.      Así, la veda electoral se erige en una regla sustancial tendente a garantizar la reflexión ciudadana, libre de proselitismo o manifestación de las fuerzas políticas contendientes, mediante la garantía de elecciones democráticas, libres y auténticas, así como de un ejercicio libre y secreto del sufragio.[67]

138.      Con base en dichas características, se impone una obligación a quienes juzgan de observar un escrutinio estricto o análisis riguroso de las conductas probablemente lesivas de esta prohibición, a fin de procurar, en la mayor medida posible, que no se vicie la voluntad ciudadana.[68]

139.      No es obstáculo para esa conclusión que Aristóteles Belmont refiera que los hechos materia de las denuncias ocurrieron en perfiles de Facebook y Twitter de los que gozaba la titularidad previa a su nombramiento en MORENA, pues contrariamente a lo que sostiene su investidura y la influencia que tiene frente a los militantes de su partido no se suspende por el hecho de que sean las publicaciones en perfiles creados previos a su nombramiento, sino que la prohibición deviene a que el INE es la única competente para llevar a cabo dicha difusión, sumado a que es claro que después de varias publicaciones desprendidas del acervo probatorio, Aristóteles Belmont ocupa sus cuentas de Facebook y Twitter para difundir contenido del partido al que pertenece.

140.      Además, la violación a las reglas de promoción de la revocación de mandato se actualiza por la sola invitación a que la ciudadanía participe en dicho ejercicio democrático. Esto es así dado que la sola participación, y no necesariamente el promover la votación en un sentido u otro tiene consecuencias jurídicas, puesto que en función del porcentaje de votación se puede determinar si se trata de un ejercicio vinculante para quien ejerce el cargo público o no.

141.      En ese sentido, la decisión de participar o no en la revocación de mandato es en sí misma una manifestación de voluntad ciudadana que tiene repercusiones en el resultado del proceso democrático.

142.      Lo anterior se hace patente si consideramos que para la validez o vinculatoriedad de los resultados de la consulta de revocación de mandato se requiere que haya participado, al menos, el 40 % de la ciudadanía inscrita en el listado nominal de electores, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley de Revocación.

143.      En ese sentido, el hecho de que hubiera participado un 17.7785 %, ocasionó que el proceso de revocación de mandato careciera de efectos jurídicos al no haber alcanzado el porcentaje mínimo de participación exigido, en términos de lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-JIN-1/2022 y acumulados.

144.      De ahí que resulte claro que la sola invitación a participar en el proceso democrático tenía repercusiones en su resultado, con independencia de que se indujera o no a hacerlo en favor o en contra de la permanencia en el cargo del presidente de la República.

145.      Así, se tiene por acreditada la infracción relativa a la violación a las reglas de promoción y difusión de la revocación de mandato por parte de Aristóteles Belmont.

146.      De la valoración de las publicaciones antes descritas se desprende que en cuatro (4) ocasiones se advierte una posible vulneración a principios constitucionales de equidad y neutralidad, porque las publicaciones difundidas tienen elementos de promoción personalizada del presidente de la República.

147.      Cómo se adelantó, pudiera existir una vulneración a los principios de imparcialidad y equidad con promoción personalizada al presidente de la República pues del contenido se aprecia que hace referencia a diversas acciones o logros de gobierno tales como el aeropuerto internacional AIFA y la reforma eléctrica.

148.      Sumado a lo anterior, se constató que Aristóteles Belmont utilizó la imagen o el nombre del presidente de México, para dar a conocer diversos logros y acciones de su administración, dentro de la fase de veda de la revocación de mandato (4 de febrero al 10 de abril).

149.      Si bien no se trata de un proceso electoral ordinario en el que se eligen a las personas que deberán ocupar puestos de elección popular, la Sala Superior estableció que se trata de un proceso comicial[69], por lo que la normativa constitucional, legal y reglamentaria electoral también le es aplicable.

150.      En esa lógica, la prohibición de emplear propaganda para la promoción personalizada del funcionariado público también debe respetarse, a fin de que no se vulneren los principios de equidad y neutralidad, ya que la Constitución y la LFRM buscan su protección reforzada en la revocación de mandato[70].

151.      No obstante, dicha prohibición, está orientada a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno, no así a la ciudadanía, ya sea de manera individual u organizada colectivamente, como puede ser a través de partidos políticos.

152.      Ahora bien, del acervo probatorio se advierte que el emisor fue un dirigente estatal de MORENA en Puebla, lo cual no encuadra en el esquema gubernamental, por lo que utilizar el nombre del presidente de México, se encuentra amparado por la libertad de expresión, por lo que no se acredita el elemento personal, de ahí la inexistencia de la infracción denunciada.

153.      Así al no actualizarse el elemento personal no se considera necesario el análisis del resto de elementos para actualizar la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad con promoción personalizada al presidente de la República.

Análisis de la presunta utilización indebida de recursos públicos para promocionar la revocación del mandato

154.      Debe precisarse que el artículo 35, fracción IX, numeral 7 de la Constitución Federal establece que queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. Cabe mencionar que esta prohibición que es recogida por los artículos 33 de la Ley Federal de revocación de mandato, así como por el artículo 37 de Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la Organización de la Revocación de Mandato.

155.      En ese sentido, de las documentales que obran en el expediente no se advierte prueba alguna, ni siquiera indiciaria, de que se hayan empleado fondos o recursos públicos para llevar a cabo la difusión y/o interacción de las publicaciones denunciadas.

156.      Además, la infracción relativa al uso indebido de recursos públicos se encuentra ligada a la propaganda gubernamental, infracción que no se denuncia en el presente asunto y que, de ser el caso, no se acreditaría por la falta de intervención de una persona del servicio público, cosa que aquí no aconteció por tratarse de un dirigente del partido MORENA en Puebla, sumado a que, en el expediente no hay constancia por la cual se pueda corroborar que el denunciado dispuso de recursos del partido al cual pertenece, para la elaboración y/o difusión de las publicaciones.

157.      Finalmente, cabe agregar que en el último requerimiento a Aristóteles Belmont, consistió en que éste indicara si dispuso de recursos del partido al que pertenece para la elaboración de los eventos de los que se advierten en las imágenes denunciadas y por escrito de veintidós de abril, el denunciado indicó que no se ocupó presupuesto estatal para su realización toda vez que por la naturaleza de los eventos no corresponde su organización ni realización al Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, Puebla y en consecuencia, desconoce el origen del recurso con el cual se organizaron dado que no cuenta con la facultad dentro del partido de resguardo de ese tipo de información solicitada.

Omisión de deber de cuidado (culpa in vigilando)

158.      La Ley de Partidos señala como una de las obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía.[71]

159.      En concordancia con ello, la Sala Superior ha definido que los partidos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como personas servidoras públicas.[72]

160.      Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal respecto de las conductas de su militancia y personas simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a las consideraciones concretas de cada caso.

161.      En el caso que aquí acontece en lo relativo a MORENA, esta Sala Especializada determina que dicho instituto político incurrió en una omisión injustificada a su deber de cuidado, puesto que fue un militante de su partido quien llevó a cabo la conducta infractora, por lo que dicho ente político inobservó su calidad de garante de los principios subyacentes a la libre emisión de la voluntad ciudadana en el proceso de revocación de mandato.

162.      Por todo lo expuesto, resulta existente la infracción consistente en la omisión en el deber de cuidado que MORENA debió observar en el actuar de su militante que transgredió las normas de promoción de la revocación de mandato.

OCTAVA. CALIFICACIÓN DE INFRACCIÓN E IMPOSICIÓN DE SANCIÓN

A. Elementos comunes para el análisis contextual y la calificación de las infracciones

163.      La Sala Superior ha determinado que para calificar una infracción se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- La importancia de la norma transgredida, señalando los preceptos o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la importancia de esa norma dentro del sistema electoral.

- Los efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).

- El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la falta, análisis que impone verificar si el responsable fijó su voluntad para el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.

- Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así como si la conducta fue reiterada.

164.      Lo anterior, permitirá calificar la infracción actualizada con el grado de:
levísima, leve o grave, en el entendido de que este último supuesto puede calificarse a su vez como de gravedad: ordinaria, especial o mayor.

165.      En esta misma línea, los artículos 458, párrafo 5, de la Ley Electoral y 104 del Reglamento Interno disponen que, en los ejercicios de individualización de sanciones, se deben tomar en cuenta diversos elementos que serán aplicados en el presente ejercicio, con el fin de llevar a cabo una adecuada valoración de las conductas.

166.      Adicionalmente, cuando se establezcan topes mínimos y máximos para la imposición de una sanción, se deberá proceder a graduar la misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

167.      Tratándose de ciudadanía y dirigentes de partidos políticos, el catálogo de sanciones a imponer se encuentra en el artículo 456.1, incisos a) y e), de la Ley Electoral y contempla la amonestación pública, la multa, reducción de ministraciones, interrupción de transmisión de propaganda política o electoral o, inclusive, la cancelación del registro como partido.

168.      Con base en estas consideraciones generales, se llevará a cabo el ejercicio de calificación e individualización de la sanción que corresponde.

Caso concreto

Bien jurídico tutelado

169.      Consiste en el derecho a la emisión de un voto libre por parte de la ciudadanía y de libre participación en el ejercicio democrático de la revocación de mandato.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar

170.      Modo. Se actualizó la infracción mediante la interacción y/o publicación en las redes sociales de Aristóteles Belmont.

171.      Tiempo. Se realizó dentro del periodo de veda electoral, por el proceso de revocación de mandato.

172.      Lugar. Dado que son publicaciones en las redes sociales de Facebook y Twitter de Aristóteles Belmont, su impacto pudo ser generalizado en el país.

3. Pluralidad o singularidad de las faltas

173.      Se acreditó la falta consistente en violación a las reglas de promoción y difusión de la revocación de mandato por las publicaciones en las redes sociales de Facebook y Twitter del dirigente partidista, por lo que se trata de una conducta singular

4. Intencionalidad

174.      Aristóteles Belmont promocionó la participación de la ciudadanía en la revocación de mandato al realizar las publicaciones denunciadas en sus cuentas de Facebook y Twitter para impactar en la voluntad ciudadana al haberlo realizado dentro del periodo de veda electoral, por lo que se verifica su actuar intencional en detrimento de los bienes jurídicos involucrados.

5. Beneficio o lucro

175.      De las constancias que obran en el expediente no se acredita la obtención de un beneficio o lucro.

6. Reincidencia

176.      Dentro de los archivos relacionados con el catálogo de personas sancionadas de esta Sala Especializada no obra constancia que permita calificar a Aristóteles Belmont o a MORENA como reincidentes por la conducta infractora en el presente asunto.

7. Calificación de la falta

177.      En atención a que en la causa se involucra la tutela al principio constitucional del derecho a la libre participación de la ciudadanía en el ejercicio democrático de la revocación de mandato y a la emisión de un voto libre aunado a los demás elementos que han sido detallados, esta Sala Especializada determina que la infracción cometida por Aristóteles Belmont debe ser calificada, en cada caso, como grave ordinaria.

178.      En lo relativo a la omisión del deber de cuidado de MORENA, dado que su conducta se basa en una relación indirecta con la vulneración a que se ha hecho referencia su infracción se califica igualmente como grave ordinaria.

8. Capacidad económica

179.      Para valorar la capacidad económica se tomará en consideración las constancias remitidas por los mismos, documentales que tienen carácter de confidencial, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se realiza el resguardo correspondiente en sobre cerrado.

9. Sanción a imponer

180.      Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente el grado de afectación al bien jurídico tutelado, las circunstancias particulares de la difusión de los mensajes, así como con la finalidad de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro, se debe individualizar la sanción a imponer.

181.      Conforme a la tesis XXVIII/2003 de la Sala Superior de rubro “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”, se desprende que, por lo general, el procedimiento para imponer una sanción parte de aplicar su tope mínimo para posteriormente irlo incrementando conforme a las circunstancias particulares.

182.      En ese sentido, de acuerdo con los precedentes SUP-REP-647/2018 y su acumulado, así como SUP-REP-5/2019, para determinar la individualización de la sanción también se deberá: i) modular la sanción en proporción directa con la cantidad de inconsistencias acreditadas y ii) atender al grado de afectación del bien jurídico tutelado.

183.      Con base en lo anterior y con fundamento en los artículos 447.1 inciso e) y 456.1, inciso e), fracción IV, de la Ley Electoral, esta Sala Especializada considera que lo procedente es imponer a Aristóteles Belmont, en su carácter de delegado para ejercer funciones de secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla, cuya calificación fue considerada como grave ordinaria, una sanción consistente en una MULTA de 300 (trescientas) Unidades de Medida y Actualización[73] lo cual es equivalente a la cantidad de $28,866.00 (veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).

184.      Las consideraciones expuestas permiten graduar de manera objetiva y razonable las sanciones impuestas, por lo que en principio se estima que son suficientes para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro. Así, al analizar la situación financiera del denunciado, las características de la falta acreditada y el grado de responsabilidad establecido, la multa impuesta resulta proporcional y adecuada.

185.      Lo anterior es acorde con el objeto de que la sanción pecuniaria establecida no resulte desproporcionada para los denunciados y pueda hacer frente a sus obligaciones derivadas de la presente determinación.

186.      Por lo que hace  a  MORENA, en atención a que su infracción fue calificada como grave ordinaria y con fundamento en los artículos 447.1 inciso e) y 456.1, inciso e), fracción IV, de la Ley Electoral, esta Sala Especializada considera que lo procedente es imponerle una sanción consistente en una MULTA de 500 (quinientas) Unidades de Medida y Actualización[74] lo cual es equivalente a la cantidad de $ 48,110.00 (cuarenta ocho mil ciento diez pesos 00/100 M.N.) equivalentes al 0.325% de la ministración mensual del mes de abril.[75]

Pago de la multa

187.      En atención a lo previsto en el artículo 458. 7, de la Ley Electoral, la multa impuesta deberá ser pagada en la Dirección Ejecutiva de Administración[76].

188.      En este sentido, como consecuencia de que la conducta desplegada se relacionó con el desarrollo del proceso de revocación de mandato, se otorga un plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a que cause ejecutoria la presente sentencia, para que Aristóteles Belmont pague la multa impuesta ante la autoridad mencionada. De lo contrario, conforme a las reglas atinentes al incumplimiento, el INE tiene la facultad de dar vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan al cobro conforme a la legislación aplicable.

189.      Por tanto, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE que haga del conocimiento de esta Sala Especializada el pago de la multa precisada dentro de los cinco días posteriores a que ello ocurra o informe las acciones tomadas en caso de que ello no se lleve a cabo.

190.      Por lo que hace a MORENA, se ordena a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE que proceda a retener la multa de las ministraciones del partido, una vez que quede firme esta sentencia.

191.      En atención a las infracciones acreditadas en este asunto, esta sentencia deberá publicarse en el “Catálogo de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores” de la página de internet de esta Sala Especializada[77].

OCTAVA. Comunicación a Sala Superior

192.      Toda vez que este asunto está relacionado con el proceso de revocación de mandato, comuníquese esta sentencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

NOVENA. Llamamiento al uso de lenguaje incluyente

193.      Esta Sala Especializada advierte que en las publicaciones denunciadas no contiene lenguaje incluyente, porque emplean las expresiones “(…) compañeros (…), (…) 262 asesores (…)”, entre otros, para que hagan referencia indistinta a mujeres y hombres.

194.      Por tanto, se les hace un llamamiento a MORENA y a Aristóteles Belmont Cortés, en su carácter de delegado para ejercer funciones de secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla para que, al diseñar el contenido de publicaciones que difundan consulten las publicaciones en la materia que se han elaborado en diversas instituciones especializadas en derecho electoral o en derechos humanos[78].

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Es existente la vulneración a las reglas de promoción y difusión de la revocación de mandato por parte de Aristóteles Belmont Cortés, por las consideraciones señaladas en este fallo.

SEGUNDO. Es existente la omisión en el deber de cuidado de MORENA, por lo expuesto en la presente sentencia.

TERCERO. Son inexistentes el uso indebido de recursos públicos y la vulneración al principio de imparcialidad y equidad y promoción personalizada del presidente de la República, por lo expuesto en la presente sentencia.

CUARTO. Se impone a Aristóteles Belmont Cortés y a MORENA una multa de 300 (trescientas) Unidades de Medida y Actualización lo cual es equivalente a la cantidad de $ 28,866.00 (veintiocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) y de 500 (quinientas) Unidades de Medida y Actualización[79] lo cual es equivalente a la cantidad de $ 48,110.00 (cuarenta ocho mil ciento diez pesos 00/100 M.N.) las cuales deberán pagar en los términos precisados en el capítulo respectivo de esta determinación.

QUINTO. Se vincula a la Dirección Ejecutiva de Administración y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, en los términos precisados en la presente resolución.

SEXTO. Se hace un llamado a MORENA y a Aristóteles Belmont Cortés, en su carácter de delegado para ejercer funciones de secretario de organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla para que hagan un uso adecuado del lenguaje incluyente y no sexista, de conformidad con la consideración NOVENA.

SÉPTIMO. Comuníquese la presente sentencia a Sala Superior en los términos precisados.

OCTAVO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvió el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por unanimidad de votos de las magistraturas que la integran, con los votos concurrentes del Magistrado Luis Espíndola Morales y la Magistrada Gabriela Villafuerte Coello ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO CONCURRENTE[80] QUE EMITE EL MAGISTRADO LUIS ESPÍNDOLA MORALES EN LA SENTENCIA DEL EXPEDIENTE SRE-PSL-21/2022.

Formulo el presente voto porque si bien coincido con el sentido de la sentencia, disiento de las consideraciones que a continuación preciso.

a) Promoción personalizada y vulneración a los principios de imparcialidad y equidad

En la sentencia se analiza la promoción personalizada y los principios de imparcialidad y equidad como infracciones y concluye que son inexistentes. Sin embargo, las citadas infracciones se contemplan en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución, por lo que su ámbito de aplicación corresponde a procesos electorales en los que compiten partidos políticos y candidaturas independientes para la renovación del poder público, como lo sostuvo esta Sala Especializada al resolver, por unanimidad, la sentencia SRE-PSC-33/2022.

En ese sentido, el artículo 35, fracción IX, de la Constitución que prevé el procedimiento de revocación de mandato en nuestro país, no regula las conductas señaladas como infracciones a sancionar en el marco de ese procedimiento de participación.

Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 151/2021, al declarar la invalidez del artículo 61 de la Ley de Revocación, estableció dentro de sus efectos que, hasta en tanto no se lleve a cabo el cumplimiento a la sentencia, las autoridades y tribunales electorales están en aptitud de aplicar sanciones que resulten exactamente aplicables al caso concreto, con pleno respeto a los principios que rigen los procedimientos administrativos sancionadores. 

Como se observa, la Suprema Corte delimitó parámetros a las autoridades electorales para aplicar las sanciones relacionadas con la revocación de mandato, especificando que debemos apegarnos a los principios que rigen este tipo de procedimientos.

Al respecto, resulta oportuno referir lo que la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha sostenido en el sentido de que:

a.            El Derecho administrativo sancionador electoral es una de las manifestaciones del poder punitivo del Estado mexicano (ius puniendi) y, por ende, le son aplicables los principios que han sido desarrollados en el derecho penal, aunque con las adecuaciones necesarias a la naturaleza de la materia, conductas que son objeto de sanción, así como a los bienes jurídicos tutelados por ella[81].

b.            En materia electoral, el principio de tipicidad no se regula conforme al esquema tradicional[82] y, en cambio, al menos, se expresa a través de normas[83] que:

               Contienen obligaciones o prohibiciones a cargo de los sujetos en materia electoral;

               Comprenden un enunciado general, mediante la advertencia de que el incumplimiento de obligaciones o la violación a prohibiciones constituye una infracción y conducirá a la instauración del procedimiento sancionador, y

               Prevén un catálogo general de sanciones, susceptibles de ser aplicadas a quienes hayan incurrido en las conductas infractoras, por haber violado una prohibición, o por haber incumplido una obligación.

c.            Las disposiciones jurídicas en conjunto deben contener:

               El tipo en materia sancionadora respecto de cada conducta que se traduzca en el incumplimiento de una obligación o en la violación de una prohibición, con la condición de que incluya la descripción clara y unívoca de conductas concretas, a partir de cuyo incumplimiento (si se trata de obligaciones), o de su violación (en el supuesto de prohibiciones) se actualice el tipo.

               La advertencia general de que, en caso de incumplir una obligación o violar una prohibición, sobrevendrá una sanción, y la descripción clara de las sanciones susceptibles de ser impuestas a las y los infractores.

En ese sentido, la Sala Superior[84] ha señalado que el citado principio representa una garantía de seguridad jurídica de las personas procesadas que se ha entendido extendida del ámbito penal a todo procedimiento sancionador[85].

Ahora bien, la citada Sala al resolver los expedientes SUP-RAP-22/2001 y SUP-RAP-25/2004, precisó que:

               El poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual; o general, dirigida a la comunidad en general.

Esto es, se trata de reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al Derecho Administrativo Sancionador, como manifestación del ius puniendi.

               En lo relativo al derecho sancionador electoral, como especie del ius puniendi, la Constitución establece expresamente una reserva de ley consistente en que en la ley se señalarán las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el propio precepto invocado.

Asimismo, señaló que las premisas anteriores implican el reconocimiento de la garantía de tipicidad que se traduce en lo siguiente:

a)            El supuesto normativo y la sanción correspondiente deben estar determinados en la ley en forma previa a la comisión del hecho.

b)           La norma jurídica que establezca una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los sujetos normativos (partidos políticos, agrupaciones políticas, entre otros) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia (principios constitucionales de certeza y objetividad).

c)            Es necesario que las descripciones de las faltas o infracciones administrativas electorales sean lo más precisas posibles, de manera que una conducta o hecho será típico solo si es subsumible en la descripción de la falta o infracción.

En ese sentido, tenemos que la promoción personalizada, así como la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad son conductas que no están previstas como infracciones a sancionar en el marco de la revocación de mandato.

De igual manera, cabe destacar que al dictar sentencia en el expediente SRE-PSC-13/2022, emití un voto concurrente en el que señalé que la revocación de mandato, como mecanismo de participación directa en la democracia fue incorporado a la Carta Magna a través del Decreto mediante el cual se adiciona una fracción IX al artículo 35; un inciso c), al Apartado B de la Base V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; y un tercer párrafo a la fracción III del Apartado A del artículo 122 de la Constitución; para regular dicha figura, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil diecinueve.

En relación con ello, conviene subrayar que, debido a la citada reforma a la Constitución, se emitió la Ley Federal de Revocación de Mandato en la que se prevén supuestos normativos específicos para regular el ejercicio de ese proceso de participación democrática. Esto nos lleva a concluir que la revocación de mandato se rige con sus propias reglas, las cuales difieren de las que se involucran en un proceso electoral para la elección de las personas que acceden a un cargo público.

En tal virtud, considero que ambos procesos son distintos, de ahí que no resulte válido incorporar supuestos que no pertenecen a cada uno, incluso, porque ello contravendría el principio de especialidad normativa, el cual consiste en que la norma especial deroga a la norma general, el cual se debe tomar en consideración porque con la reforma constitucional antes citada, se establecieron parámetros específicos que rigen a la revocación de mandato.

Por tales motivos, considero que lo procedente era no estudiar la promoción personalizada y la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en el procedimiento de revocación de mandato, puesto que dichas conductas no se encuentran en el marco normativo vigente.

Lo anterior no implica que, tratándose de la revocación de mandato, las personas servidoras públicas estén autorizadas para vulnerar el principio de imparcialidad. Más bien, que la idea que subyace a dicho principio, consistente en el correcto actuar en el servicio público durante los procesos comiciales[86], ya se encuentra implícito en diversas infracciones que sí están previstas tanto en el artículo 35, fracción IX, de la Constitución como en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Esto es así, considerando lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 151/2021 que declaró la invalidez del artículo 61 de la citada Ley de Revocación y estableció, dentro de sus efectos, que hasta en tanto no se lleve a cabo el cumplimiento a la sentencia, las autoridades y tribunales electorales están en aptitud de aplicar sanciones que resulten exactamente aplicables al caso concreto, con pleno respeto a los principios que rigen los procedimientos administrativos sancionadores.

Claro ejemplo de lo anterior párrafo es el uso indebido de recursos públicos o la contratación de tiempos en radio y televisión, los cuales tienen por fin tácito el tutelar el correcto actuar en el servicio público durante los procesos comiciales.

Mientras que el principio de equidad se refiere a garantizar condiciones equilibradas o equitativas para competir en las elecciones, pero los procesos revocatorios escapan de dicha lógica de competición porque no existen distintas opciones políticas que contiendan por cargos públicos, de ahí que sea inaplicable dicho principio para este caso en que se trata de la revocación de mandato[87].

No obstante, aclaro que en el presente voto me refiero a que los principios de imparcialidad y equidad, observados como infracción a sancionar no están previstos en el catálogo de aquellas para la revocación de mandato, por lo que, reitero, me aparto de dicha consideración de la sentencia.

b) Vulneración a la garantía de audiencia

En adición a lo expuesto, me separo del análisis de la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad porque no se emplazó a las personas denunciadas por esa infracción, ya que no formó parte de lo expresado en la queja que dio inicio al procedimiento especial sancionador.

De igual manera, preciso que, en el acuerdo de emplazamiento, la autoridad instructora determinó emplazar a MORENA por culpa in vigilando y por conducto de la Delegada en funciones de la Secretaría de Finanzas del Comité Directivo Estatal de dicho partido, ya que una de las infracciones denunciadas fue el uso indebido de recursos públicos.

Sin embargo, la citada Delegada presentó un escrito en el que informó que de acuerdo con el Sistema Integral de Fiscalización del INE[88], es una diversa persona quien tiene facultades para ejercer el presupuesto.

En tal virtud, desde mi óptica, no se respetó la garantía de audiencia pues la autoridad instructora no llevó a cabo las acciones correspondientes para subsanar el emplazamiento, aunado a que en el acuerdo no se citó el sustento jurídico de dicho grado de responsabilidad.

Al respecto, es importante precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó[89] que la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Carta Magna otorga a todas las personas la posibilidad de defenderse previamente al acto privativo de que se trata e impone obligaciones a las autoridades, entre otras, que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entendiendo por éstas las que son necesarias para la debida defensa y, de manera genérica, las lista de la siguiente forma:

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias;

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;

3) La oportunidad de alegar; y

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Asimismo, señaló que, de no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión de la persona afectada.

Por su parte, la Sala Superior, al dictar la sentencia SUP-REP-60/2021, sostuvo que el emplazamiento es una formalidad esencial del procedimiento que consiste en el acto procesal destinado a hacer saber a la parte demandada la existencia de un juicio que se ha promovido en su contra y la posibilidad legal que tiene de defensa, mediante el cual queda establecida la relación jurídica procesal entre las partes.

Asimismo, que es obligación de las autoridades instructoras precisar con claridad cuáles son los hechos imputados a las partes denunciadas, así como los fundamentos jurídicos que sustentan las posibles infracciones a la normatividad electoral, es una formalidad indispensable para que éstas puedan ejercer de forma adecuada su derecho a la defensa, lo cual no ocurrió en el presente caso porque la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad no fue una infracción planteada en el escrito de queja y, por ende, no se emplazó por ella.

c) Publicación

Por otra parte, me separo del sentido respecto al tuit de catorce de marzo del año en curso de la cuenta de Aristóteles Belmont Cortés:

“PARTICIPA EN #YA SABES QUÉ PARA APOYAR A #YA SABES QUIÉN y en letras blancas en la parte final se aprecia lo siguiente: ARISTÓTELES BELMONT, DIRIGENTE ESTATAL.”

Como se advierte la publicación en estudio incluye las frases “ya sabes qué para apoyar a ya sabes quién”, no obstante, estimo que ello es una expresión ambigua que no refiere necesariamente a la revocación de mandato, por lo que no es infractor.

En similar sentido resolvió la mayoría del Pleno el veintiséis de mayo en el expediente SRE-PSL-4/2022.

d) Multa

Finalmente, disiento de la multa de 500 (quinientas) unidades de medida y actualización que se impone a MORENA con motivo de la existencia de la culpa in vigilando que se le atribuyó, ya que el grado de responsabilidad que tuvo, a diferencia de Aristóteles Belmont Cortés, quien fue sancionado con 300 (trescientas) unidades de medida y actualización, fue distinto.

La citada persona física fue quien cometió la infracción de manera directa, mientras que se resolvió que el instituto político era infractor por su responsabilidad indirecta, razón por la que considero que la multa respecto de este último debía ser menor.

Por todo lo hasta aquí señalado, me permito emitir el presente voto concurrente.

Este documento es autorizado mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

Voto concurrente[90]

Expediente: SRE-PSL-21/2022

Magistrada: Gabriela Villafuerte Coello

1.       Comparto que existe una vulneración a las reglas de difusión y promoción del proceso de revocación de mandato; pero desde mi punto de vista, también debería considerarse que otras 3 publicaciones no son válidas.

   Veamos el contenido:

2.       En estas publicaciones, durante la convocatoria del proceso de revocación de mandato, se expresa su apoyo al presidente de México con etiquetas y expresiones como: #QueSigaAMLO, #NoEstásSolo y “para respaldar a nuestro presidente @lopezobrador_ y consolidar la #4taTransformación”.

3.       Estos mensajes del dirigente partidista de MORENA en Puebla, con claro apoyo a quien fuera el protagonista de la revocación de mandato, no están al margen de las normas de difusión y promoción de este proceso revocatorio, pues los partidos políticos tenían prohibido hacer propaganda en cualquier sentido, a partir de la determinación de invalidez que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación del párrafo cuarto del artículo 32 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.[91]

4.       Por estas razones, mi voto concurrente.

Este documento es una representación gráfica autorizada, con firma electrónica certificada; es válido, porque así lo dicen los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020.