SUMARIO DE LA DECISIÓN

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la infracción consistente en la promoción indebida del proceso de revocación de mandato que busca influir en la opinión de la ciudadanía, atribuible a Systelvoice S.A. de C.V., R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. y a Jesús Octavio López Peñuñuri. Lo anterior, toda vez que se advirtió que la difusión de un mensaje de texto tipo SMS en dispositivos móviles (celulares) en el que se llamaba a la ciudadanía a votar en la revocación de mandato a favor del presidente de la República se encuentra permitido para las ciudadanas y los ciudadanos, en el sentido de que pueden dar conocer su posicionamiento por todos los medios a su alcance, de forma individual o colectiva, siempre y cuando no contraten propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las personas.

GLOSARIO

S E N T E N C I A

Que dicta la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México el dieciséis de junio de dos mil veintidós. [1]

V I S T O S los autos correspondientes al procedimiento especial sancionador de órgano local del INE, registrado con la clave SRE-PSL-23/2022, integrado con motivo del escrito de queja presentado por el promovente en contra de quien resultara responsable y,

R E S U L T A N D O

        Antecedentes

1.              El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de consulta popular y revocación de mandato[2].

2.              La reforma referida entró en vigor el veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve y dispuso, en su segundo transitorio, la obligación del Congreso de la Unión de emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación del decreto aludido[3].

3.              El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, mediante acuerdo INE/CG1444/2021[4] el Consejo General emitió los Lineamientos para la organización de la revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo 2018-2024.

4.              El catorce de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto mediante el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato[5].

5.              El treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó mediante acuerdo INE/CG1566/2021[6] la modificación a los Lineamientos para la organización de la revocación de mandato y sus anexos, con motivo de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

6.              El veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo General aprobó mediante acuerdo INE/CG1614/2021[7], el plan integral y el calendario del proceso de revocación.

7.              El primero de noviembre de dos mil veintiuno, la Sala Superior, mediante la sentencia SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados revoco el Acuerdo INE/CG1566/2021 y ordenó al INE emitir otro en el que, a efecto de recabar las firmas de apoyo al proceso de revocación, debían facilitarse en todo el país, no solo en lugares de alta marginación, tanto formatos físicos como en dispositivos electrónicos, para que las personas ciudadanas interesados en apoyar el proceso de revocación de mandato, pudiera elegir el medio —formato en papel o en dispositivo electrónico, a través del cual otorgarán tal apoyo.

8.              Además, ordenó al INE efectuar las modificaciones necesarias a los Lineamientos para la organización de la revocación de mandato y los plazos previstos en los mismos.

9.              El diez de noviembre de dos mil veintiuno, en acatamiento a la sentencia SUP-RAP-415/2021 y sus acumulados, el Consejo General emitió el acuerdo INE/CG1646/2021[8] mediante el cual modificó los lineamientos para la organización de la revocación de mandato y su anexo técnico.

10.          Como consecuencia de ello, el calendario del proceso de revocación quedó de la siguiente manera:

11.          El veintinueve de noviembre, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós[9]. en el que se determinó una reducción respecto del presupuesto originalmente solicitado por el INE.

12.          El siete de diciembre, el INE promovió una controversia constitucional[10] ante la SCJN, contra el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Lo anterior al considerar que los recursos son insuficientes para organizar la consulta de revocación de mandato.

13.          No obstante, el diez de diciembre, la SCJN determinó, entre otras cuestiones, la improcedencia de la suspensión respecto a la necesidad de hacer ajustes a su presupuesto para garantizar los recursos suficientes a fin de que la celebración de la revocación de mandato se llevara a cabo bajo los principios y reglas constitucionales y legales aplicables, por considerar que la necesidad de hacer esas adecuaciones se actualiza hasta que se emita la convocatoria correspondiente, pues el citado proceso era un hecho futuro de realización incierta.

14.          El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG1796/2021 que determinó, como medida extraordinaria, posponer las actividades para la organización del proceso de revocación, derivado del recorte al presupuesto de ese órgano[11].

15.          El veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el presidente de la Mesa Directiva en representación de la Cámara de Diputaciones del Congreso de la Unión, presentó controversia constitucional en contra del acuerdo INE/CG1796/2021 ante la SCJN, misma que fue radicada con el número 224/2021.

16.          El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, la Comisión de receso de la SCJN acordó su admisión y conceder la suspensión provisional solicitada para que el INE se abstenga de ejecutar el Acuerdo.

17.          El veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala Superior en el SUP-JE-282/2021 y acumulados, resolvió, entre otras cosas, revocar el acuerdo INE/CG1796/2021 en virtud que, entre otras cosas, la supuesta insuficiencia presupuestaria no actualiza la presencia de una situación de fuerza mayor que justifique la posposición del proceso de revocación de mandato.

18.          Lo anterior, ya que, a consideración de la Sala Superior, el Consejo General del INE no había agotado todos los medios a su disposición para cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, incluida la implementación de las medidas y los ajustes presupuestales necesarios, así como, de ser necesario, la solicitud de la ampliación presupuestaria correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

19.          El trece de enero, el Consejo General del INE aprobó ajustes presupuestarios, para continuar con el proceso de revocación a fin de liberar recursos adicionales con la finalidad de dar continuidad a la organización del proceso de revocación de mandato. Asimismo, se solicitaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ampliación del presupuesto para llevar a cabo el ejercicio de democracia participativa.

20.          El dieciocho de enero, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, informó que, con corte al diecisiete de enero, se alcanzó el porcentaje de la lista nominal de electores requerido por la Constitución Federal para el proceso de revocación.

21.          El veintiséis de enero, se presentó al Consejo General del INE el informe preliminar por el que se comunicó que se cubrió el porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía que se requiere para solicitar la petición de revocación de mandato, por lo que, a partir del veintisiete de enero de este año, se suspendieron las actividades de la revisión, verificación y captura de los formatos físicos.

22.          El treinta y uno de enero, el Secretario Ejecutivo presentó al Consejo General del INE el informe final respecto del proceso de verificación del porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía requeridas para el proceso de revocación.

23.          Además, en esta misma fecha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio respuesta al INE en el sentido de que no es viable otorgar recursos adicionales para el proceso de revocación ya que no existe disposición y asignación específica de recursos que permita aumentar su presupuesto u otorgar excepcionalmente recursos adicionales.

24.          El tres de febrero de dos mil veintidós, la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 151/2021, interpuesta en contra de diversos preceptos de la ley de revocación.

25.          En dicha sentencia se determinó, entre otras cosas, que las disposiciones relacionadas con la pregunta que aparecerá en la papeleta seguirán vigentes en sus términos. Lo anterior, ya que no se alcanzó la votación mínima calificada para declararla inconstitucional.

26.          El cuatro de febrero, el Consejo General del INE expidió la convocatoria al proceso de revocación y el siete siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación[12].

27.          El dos de marzo, la Sala Superior confirmó el acuerdo que aprobó la convocatoria para e proceso de revocación.

28.          El diez de abril se llevó a cabo la consulta sobre el proceso de revocación.

29.          Finalmente, el pasado veintisiete de abril, por unanimidad de votos, la Sala Superior emitió el cómputo final y la declaratoria de conclusión del proceso de revocación, en la que, entre otras cuestiones, determinó que no había lugar a emitir la declaratoria de validez al no cumplirse con los requisitos constitucionales y legales para ello.

        Sustanciación del procedimiento especial sancionador

30.          Denuncia[13]. El once de marzo, el ciudadano José Manuel Félix Noriega acudió ante la autoridad instructora con el propósito de declarar bajo protesta de decir verdad, que el día nueve de marzo recibió en su teléfono celular un mensaje de texto tipo SMS[14] el cual presuntamente contenía propaganda a favor del presidente de la República en el marco del proceso de revocación de mandato; por lo anterior, solicitó que se investigara la conducta realizada y el uso indebido de sus datos personales, y como consecuencia de ello, se impusieran las sanciones que en derecho correspondieran.[15]

31.          Registro de la denuncia e investigaciones preliminares[16]. El veintitrés de marzo, la autoridad instructora registró la queja con la clave JL/PE/JMMFN/JL/SON/PEF/3/2022 reservándose lo referente a la admisión y el emplazamiento a las partes involucradas al tener pendientes diligencias de investigación.

32.          Desechamiento, Admisión y emplazamiento[17]. El veintisiete de mayo la autoridad instructora determinó el desechamiento de plano de la denuncia respecto al uso indebido de datos personales toda vez que, a su consideración, los hechos denunciados no constituían una violación en materia de propaganda político-electoral. No obstante, remitió la queja al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de su competencia determinara lo que correspondiera.

33.          Asimismo, derivado de las diligencias de investigación realizadas por la autoridad instructora, ésta advirtió que los hechos denunciados podían constituir una vulneración a las reglas de promoción y difusión del proceso de revocación de Mandato por influir en la opinión de la ciudadanía; razón por lo cual en esa misma fecha determinó admitir a trámite la queja respecto de esta infracción, y emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos.

34.          Audiencia de pruebas y alegatos[18]. El tres de junio, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos[19] prevista en el artículo 472, de la Ley Electoral y, en su oportunidad, se remitió a esta Sala Especializada el expediente y el informe circunstanciado.

Trámite ante la Sala Especializada

35.          En su momento se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el expediente formado con motivo de la instrucción del presente procedimiento, y se remitió a la Unidad Especializada para la Integración de los Expedientes de los Procedimientos Especiales Sancionadores, a efecto de verificar su debida integración.

36.          El quince de junio, el Magistrado presidente acordó integrar el expediente SRE-PSL-23/2022 y turnarlo a la ponencia a su cargo.

37.          Con posterioridad, el Magistrado ponente radicó el expediente al rubro indicado y se procedió a elaborar el proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. COMPETENCIA

38.   Esta Sala Especializada es competente para resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un procedimiento especial sancionador en el que se denunció la presunta difusión de propaganda relacionada con el proceso de revocación de mandato mediante mensajes de texto en dispositivos móviles (celulares), lo cual, desde el punto de vista del denunciante, vulnera las reglas de promoción del proceso de revocación.

39.          Lo anterior, con fundamento en los artículos 35, fracción IX, numeral séptimo[20], y 99, párrafo cuarto, fracción IX[21], de la Constitución; 164[22], 165[23], 173[24] y 176[25], último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 3[26], 4[27], 5[28],  32[29],  33[30]  y 61[31],  de la Ley de Revocación, 447, inciso e)[32] y 477[33], de la Ley Electoral y 37[34] de los Lineamientos.

SEGUNDO. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO PRESENCIAL

40.          Mediante los Acuerdos Generales 2/2020, 4/2020 y 6/2020, la Sala Superior estableció diversas directrices y supuestos de urgencia para la discusión y resolución de forma no presencial de los asuntos competencia de las salas que integran el tribunal electoral, con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2.

41.          En este sentido, a través del Acuerdo General 8/2020[35], la propia Sala Superior determinó restablecer la resolución de todos los medios de impugnación, por tanto, quedaron sin efectos los criterios de urgencia de los acuerdos generales antes citados. Sin embargo, las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencia.

TERCERO. CASO CONCRETO

42.          En el caso que nos ocupa, se presentó una denuncia derivada de que el promovente señaló que el nueve de marzo, a las dieciséis horas con siete minutos, recibió en su teléfono celular un mensaje de texto proveniente de un número telefónico con el siguiente mensaje: “Este 10 de abril sal y vota para apoyar al presidente López Obrador, para que siga su mandato hasta el 2024, que sigan los apoyos y la cuarta transformación”. En consecuencia, solicitó que se iniciara el procedimiento respectivo a fin de que se investigara la conducta realizada, y como consecuencia de ello, se impusieran las sanciones que en derecho correspondieran.

43.          Ahora bien, para acreditar su dicho, ofreció como medios de prueba una fotografía del mensaje de texto recibido-pruebas técnicas[36]-, y en la cual se puede observar que el número telefónico del cual recibió el mensaje es el 55-59-85-41-49.  

44.          Una vez recibida la denuncia, la autoridad instructora, en ejercicio de su facultad de investigación, recabó las siguientes pruebas:

45.          En primer lugar, le requirió al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otras cosas, que le informara si el número telefónico proporcionado por el denunciante había sido asignado a alguna empresa concesionaria para prestar el servicio de telefonía móvil y/o fija y en caso afirmativo, que proporcionara el nombre de la compañía.

46.          En respuesta a este requerimiento, i) la Coordinación General de Vinculación Institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Oficio número IFT/212/CGVI/0304/2022[37], -la cual se trata de una documental pública[38]-, informó, entre otras cosas, que la serie de numeración geográfica a la que pertenece el número telefónico 55-59-85-41-49 corresponde a Megacable Comunicaciones de México S.A. de C.V., el cual es un proveedor de servicios de telecomunicación autorizado para prestar servicios de telefonía local fija, acceso a internet, entre otros. Además, de una consulta a la base de datos de portabilidad se advertía que este número telefónico fijo no había cambiado de proveedor de servicios.

47.          En ese sentido la autoridad instructora, siguiendo con la investigación y a efecto de conocer quién era el titular de la línea telefónica, solicitó información a la empresa Megacable Comunicaciones de México S.A. de C.V., a lo que mediante ii) escrito de seis de abril[39], -documental privada[40]- informó que derivado de una búsqueda en su sistema encontró que el número 55-59-85-41-49 fue asignado a la empresa Systelvoice S.A. de C.V.

48.          En este sentido, indicó que tenía conocimiento de que Systelvoice S.A. de C.V. es una empresa que revende los números a personas usuarias de cualquier parte del mundo para recibir llamadas mediante una aplicación o a través de su página de internet. Systelvoice S.A. de C.V. comercializa estos números a través de tarjetas de prepago, o por medio de su página de internet de manera electrónica, por lo que Megacable Comunicaciones de México S.A. de C.V., desconoce a las personas usuarias finales de los números que se encuentran asignados a Systelvoice S.A. de C.V.

49.          Además, los números telefónicos que Megacable Comunicaciones de México S.A. de C.V., le asigna a Systelvoice S.A. de C.V. se encuentran configurados específicamente para recibir llamadas telefónicas, por lo que únicamente cuenta con la información de las llamadas entrantes.

50.          Asimismo, proporcionó copia del Contrato de Prestación de servicios de telecomunicaciones entre Megacable Comunicaciones de México S.A. de C.V y Systelvoice S.A. de C.V.

51.          Derivado de lo anterior, la autoridad instructora le requirió a Systelvoice S.A. de C.V. diversa información, la cual mediante iii) escrito del veinticinco de abril[41] -documental privada- reconoció haber realizado el envió de los mensajes de textos tipo SMS que fue denunciado.

52.          No obstante, manifestó que desconocía la finalidad del envío de los mensajes, ya que Systelvoice S.A. de C.V. había sido contratada por R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. de C.V., y que a lista de las personas destinatarias había sido proporcionada por medio del tercero a quien fue realizado el trabajo; y para probar sus manifestaciones, Systelvoice S.A. de C.V. adjuntó copia de la orden de compra – 49,740 mensajes y de la factura por un monto de $15, 578.57 ( quince mil quinientos setenta y ocho pesos 57/100 M.N.).

53.          Con todas estas pruebas, hasta aquí, se tiene por acreditado que Systelvoice S.A. de C.V. fue contratado por R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. de C.V., para el envío de 49,740 mensajes de texto tipo SMS con la leyenda “Este 10 de abril sal y vota para apoyar al presidente López Obrador, para que siga su mandato hasta el 2024, que sigan los apoyos y la cuarta transformación”.

54.          Aunado a lo anterior, la autoridad instructora, con la finalidad de contar con mayor información,  le requirió a R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. de C.V., diversa información, la cual mediante iv) escrito del tres de mayo[42], -documental privada- a través de su representante legal Jesús Octavio López Peñuñuri, reconoció que el número 55-59-85-41-49 le pertenecía y, que en su calidad de ciudadano, llevó a cabo un posicionamiento en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, información, asociación y participación en asuntos políticos del país. En este sentido explicó que se trataba de un acto ciudadano de iniciativa propia, y que no existió estrategia de difusión o registros con lista de las personas destinatarias.

55.          Además, mediante v) escrito del dieciséis de mayo[43], -documental privada- R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. de C.V., a través de su representante legal Jesús Octavio López Peñuñuri explicó que los datos de los destinatarios a los que les fue enviado el mensaje se obtuvieron aleatoriamente del plan nacional de numeración. Igualmente aclaró que los recursos utilizados para la contratación habían sido propios y que ni la razón social, ni ninguno de los socios y directivos eran simpatizantes de ningún partido político.

56.          Así, de estas documentales se acredita que efectivamente R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. de C.V., reconoce la contratación del envío de mensajes de texto tipo SMS con la finalidad de dar a conocer su posicionamiento en el proceso de revocación, y que, para ello, los recursos utilizados fueron propios.

57.          Además, a fin de conocer si efectivamente se trataba de un ejercicio ciudadano, la autoridad instructora le requirió a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, entre otras cosas, conocer si R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. de C.V. y Systelvoice S.A. de C.V., se encontraban registradas como proveedores y si dentro de sus archivos obraba información relacionada con la contratación de sus servicios por parte de algún partido, persona precandidata, candidata o actor político.

58.          En su respuesta a dicho requerimiento, vi) la Unidad Técnica de Fiscalización del INE[44] informó -documental publica- que de una búsqueda en el módulo del Registro Nacional de Proveedores en el Sistema Integral de Fiscalización con los nombres R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. de C.V. y Systelvoice S.A. de C.V., no localizó operaciones relacionadas con la información solicitada en el requerimiento.

59.          No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE precisó que los proveedores pueden realizar operaciones con los sujetos obligados aun sin estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores en el Sistema Integral de Fiscalización pues la obligación de inscribirse se actualiza cuando se encuentran en los supuestos previstos en el artículo 356 del Reglamento de Fiscalización que establece lo siguiente:

“1. En términos de lo dispuesto por la fracción XXI, del artículo 7 de la Ley General de Delitos Electorales, solo podrán proveer bienes y servicios a los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

2. Para efectos de la obligación contenida en el párrafo anterior, será un proveedor o prestador de servicios obligado a inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales nacionales que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los partidos,  coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinados para su operación ordinaria, precampañas o campañas, cuando se trate de los bienes y servicios siguientes:

a) Contratación de todo tipo de propaganda incluyendo utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el monto de la contratación.

b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios contratados en la realización de eventos (distintos a los descritos en el inciso a).”

60.               No obstante, con el objetivo de conocer si las partes denunciadas tenían vínculo con algún instituto político, como militantes, simpatizantes o proveedores, la autoridad instructora efectuó sendos requerimientos a los partidos políticos Acción Nacional[45], del Trabajo[46], Revolucionario Institucional[47] y , Movimiento Ciudadano[48], MORENA[49] todos de Sonora, así como a MORENA- vii) quienes manifestaron -documentales privadas- que en sus archivos no obraba registro alguno respecto de estas personas y con esos caracteres.

61.               Asimismo, viii) mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/01743/2022[50] – documental pública- la Dirección de Prerrogativas informó que, en su archivo, específicamente en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, obran los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales, capturados y actualizados por estos, y verificados por la autoridad electoral. En este sentido, de una búsqueda de Jesús Octaviano López Peñuñuri no localizó coincidencia dentro del registro vigente y cancelados. Asimismo, tampoco obraba ninguna inscripción en los libros correspondientes como integrante de algún órgano directivo en el ámbito nacional o estatal.

62.               Derivado de lo anterior, del cúmulo probatorio se advierte que ninguna de las partes denunciadas es militante, simpatizante ni es proveedor de un partido político.

63.               Por lo anterior, a juicio de esta Sala Especializada, no se actualiza la infracción consistente en una indebida promoción al proceso de revocación de mandato por las siguientes consideraciones:

64.               En primer lugar, debe señalarse que figura de la revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. Lo anterior, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible[51].

65.               Se trata de un instrumento de democracia directa que fue incorporado mediante reforma constitucional[52] en el artículo 35, fracción IX de nuestra Carta Magna, el cual viene a erigirse dentro de nuestra democracia como un instrumento que consolida la participación directa de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones.

66.               Por lo anterior, al tratarse de un mecanismo de democracia participativa directa que busca fortalecer el involucramiento de la ciudadanía en la vida pública, resulta necesario que durante estos procesos de democracia participativa se garantice y se maximice la libertad de expresión, la libre circulación de ideas e información y el derecho a la información de todas las personas con la finalidad de crear espacios para una verdadera participación social en la toma de decisiones.

67.               En este sentido, debe recordarse que los artículos 6[53] y 7[54] de la Constitución señalan que toda persona tiene derecho a difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio y al acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión.

68.               Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos[55] como la SCJN[56], han señalado que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social.

69.               En su dimensión individual, el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, expresar, y difundir por cualquier medio, el pensamiento propio, para hacerlo llegar al mayor número de destinatarios; mientras que, en su dimensión social o política, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e información y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Comprende tanto el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden.

70.               En este sentido, la SCJN ha sostenido que la libertad de expresión en su vertiente social o política constituye una pieza central para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, y que está ligada de manera inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático.

71.               Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas funciones, entre otras, mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la opinión pública representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado. Dicho ejercicio permite la existencia de un verdadero gobierno representativo, en el que los ciudadanos participan efectivamente en las decisiones de interés público.[57]

72.               Por su parte, la Sala Superior ha reconocido que el ejercicio de la libertad de expresión e información se maximiza en el contexto del debate político, con las limitantes de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación[58].

73.               Es decir, ha reconocido que, en lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a los juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática.

74.               Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, personas con una candidatura o dirigentes y la ciudadanía en general.

75.               Desde luego estos derechos no son absolutos ni ilimitados, ya que deben ajustarse a los parámetros constitucionales, convencionales y legales; sin embargo, en el caso del mecanismo de democracia directa que nos ocupa, las ciudadanas y los ciudadanos están facultados[59], durante la etapa de difusión del proceso de revocación, para dar a conocer su posicionamiento  por todos los medios a su alcance, de forma individual o colectiva, siempre y cuando no contraten propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de las personas.

76.               Por lo anterior, en el caso concreto, el hecho de que Jesús Octavio López Peñuñuri, representante legal de R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., haya contratado a Systelvoice S.A. de C.V., con la finalidad de enviar mensajes de texto tipo SMS a distintas personas para dar a conocer su posicionamiento en relación con el proceso de revocación no vulnera las reglas de promoción, ya que como la propia normativa electoral permite que la ciudadanía de manera colectiva se organice para dar a conocer sus puntos de vista y opiniones[60].

Lo anterior ya que incluso del caudal probatorio que obra en el expediente no se advierte que el representante legal R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., tenga algún vínculo con algún partido político.

77.               Por lo anterior, en el caso concreto, la difusión de un mensaje de texto tipo SMS en dispositivos móviles (celulares) en el que se llama a la ciudadanía a votar en la revocación de mandato a favor del presidente de la República no podría constituir una infracción a la normatividad electoral vinculada con el proceso de revocación de mandato, ya que esta conducta se efectuó al amparo del derecho que tiene la ciudadanía de realizar actos de promoción de su posicionamiento (a favor o en contra) del ejercicio de democracia participativa.

78.               Por lo anterior, es inexistente de la infracción consistente en la vulneración a las reglas de promoción del proceso de revocación de mandato atribuible a Systelvoice S.A. de C.V., R. BAGGIO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. y a Jesús Octavio López Peñuñuri.

COMUNICACIÓN

79.          Finalmente, se solicita a la Secretaría General que comunique la emisión de la sentencia a la Sala Superior de este Tribunal, al encontrarse relacionado con asuntos vinculados con la revocación de mandato.

Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE:

PRIMERO. Se determina la inexistencia de las infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador, en términos de lo referido en la ejecutoria.

SEGUNDO. Comuníquese la presente sentencia a Sala Superior en los términos precisados.

NOTIFÍQUESE en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados y el magistrado en funciones que integran el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos en funciones, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementan la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación.