Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil dieciocho.

SENTENCIA por la que se determina inexistente la infracción relativa a la presunta calumnia en contra de Alfonso Durazo Montaño, entonces candidato al senado postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” en Sonora, dado que las expresiones contenidas en la propaganda tipo “volante”, así como en un video alojado en la red social Facebook, constituyen manifestaciones amparadas por la libertad de expresión, sin que se advierta la imputación de un delito o un hecho falso con impacto en un proceso electoral.

GLOSARIO

I. Antecedentes

1.                  Proceso electoral federal. En la siguiente tabla se insertan los periodos que comprenden las diversas etapas que conforman el proceso electoral federal[1].

2.                  Registro de candidaturas. El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho[2], el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG298/2018, mediante el cual declaró procedentes, entre otros registros, los de Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, como candidatos al Senado de la República, postulados por la coalición “Todos por México”, así como el de Alfonso Durazo Montaño, por el mismo cargo de elección popular, pero por la coalición “Juntos Haremos Historia” [3].

3.                  Quejas. El quince de mayo, Alfonso Durazo Montaño, en su calidad de candidato, denunció hechos que podrían configurar calumnia en su agravio, derivados de la repartición de “volantes” en diferentes colonias de la Ciudad de Obregón, Municipio de Hermosillo y Cajeme, así como publicaciones en redes sociales como Twitter y Facebook, en las que lo identifican como “narco-político” y lo vinculan con el narcotráfico.

4.                  Por lo anterior, solicitó la adopción de medidas cautelares, para el efecto de que se ordenara a las empresas Twitter y Facebook retiraran diversos materiales audiovisuales alojados en sitios de esas plataformas y usuarios que difundieron y publicaron el material denunciado.

5.                  Cabe destacar que la segunda queja presentada tiene como base los mismos hechos, solamente difiere respecto de la primera, en las colonias que supuestamente fue distribuida la propaganda denunciada.

6.                  Radicación. El diecisiete de mayo se radicaron las quejas con las claves JL/PE/MORENA/JL/SON/PEF/13/2018 y JL/PE/MORENA/JL/SON/PEF/14/2018, asimismo se ordenó su acumulación al advertir que guardan relación con los hechos que los motivaron, toda vez que en ambas se denuncia presunta calumnia en agravio de Alfonso Durazo Montaño, candidato a senador de la república, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, contenida en volantes impresos y en internet.

7.                  Medidas Cautelares. El uno de junio, el entonces Consejo Local del INE en el estado de Sonora, resolvió la solicitud de medidas cautelares formulada por el promovente, determinando las mismas como improcedentes[4].

8.                  Emplazamiento, audiencia y remisión del expediente. El dos de junio, la autoridad instructora emplazó a las partes involucradas; el cinco siguiente, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 474, párrafo 1, inciso c), de la Ley Electoral y, en su oportunidad, la autoridad instructora remitió a esta Sala Especializada el expediente y el respectivo informe circunstanciado.

9.                  Juicio Electoral. El diecinueve de junio, el Pleno de esta Sala Especializada determinó devolver el expediente a la autoridad instructora para el efecto de que realizara mayores diligencias de investigación. Dicha determinación se tomó al resolver el Juicio Electoral identificado con la clave SRE-JE-70/2018.

10.              Nuevo emplazamiento. En acatamiento a lo determinado por el Pleno de este órgano jurisdiccional, la autoridad instructora realizó diligencias de investigación y determinó emplazar a las partes involucradas, conforme a lo siguiente:

a)    Alfonso Durazo Montaño, candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” al senado de la República por el estado de Sonora en su carácter de denunciante.

b)    Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, candidatos de la coalición “Todos por México” al mismo cargo de elección popular, y al PRI a través de su representante, por la presunta calumnia a través de volantes y redes sociales.

11.              Audiencia y remisión del expediente. La audiencia se llevó a cabo el veintiséis de julio y, en su oportunidad, se remitió el expediente y el informe circunstanciado.

12.              Turno a ponencia. El tres de agosto, la Magistrada Presidenta por ministerio de ley, acordó integrar el expediente SRE-PSL-71/2018 y turnarlo a la ponencia de la Magistrada María del Carmen Carreón Castro, para que, previa radicación, se procediera a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

13.              Radicación. En la misma fecha, la Magistrada instructora radicó el Juicio Electoral en la Ponencia a su cargo.

II. COMPETENCIA

14.              Esta Sala Especializada es competente para resolver el procedimiento en que se actúa, porque se trata de una queja en la que se denuncia la presunta configuración de calumnia en agravio de quien al momento de los hechos, tenía la calidad de candidato al senado de la República, infracción que es de competencia exclusiva del ámbito federal.

15.              Lo anterior, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, de la Constitución Federal, así como por lo dispuesto en el artículo 99, del citado ordenamiento; 192 y 195, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y; 470, 471, párrafo 2, 476 y 477 de la Ley Electoral[5]

III. ESTUDIO DE FONDO

1.  Planteamiento de la controversia

16.              En ambas quejas, el promovente se duele, esencialmente, de la distribución de propaganda calumniosa en su contra por la presunta distribución de volantes y la difusión de un video en la red social Facebook, en los que se le acusa de “narco político”; de tener vínculos con Amado Carrillo Barragán, hijo del extinto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes; de utilizar avionetas como las que empleaba el último de los mencionados para transportar droga; de adquirir diversos bienes inmuebles de manera irregular y de dudosa procedencia.

17.              Asimismo, refiere que en los volantes se aprecian mensajes y afirmaciones que ponen en entredicho su honorabilidad, reputación y dignidad, al imputarle una serie de hechos falsos y delitos (uso de recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud).

18.              En ese sentido, la controversia a resolver por esta Sala Especializada consiste en determinar si en el caso concreto se actualiza la calumnia o, por el contrario, establecer si se trata de un asunto en el que las expresiones se encuentran amparadas por la libertad de expresión en el contexto del debate político para la integración del senado de la República.

2. Pruebas y hechos acreditados

19.              Candidaturas al senado. Constituye un hecho notorio para esta Sala Especializada que el veintinueve de marzo el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG298/2018, mediante el cual declaró procedentes, entre otros registros, los de Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, como candidatos al Senado de la República, postulados por la coalición “Todos por México”, así como el de Alfonso Durazo Montaño, por el mismo cargo de elección popular, pero por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

20.              Existencia de los volantes y su distribución. El promovente aportó diversos ejemplares de la propaganda tipo “volante”, en el que se advierte el siguiente texto: “LA CARRERA NARCO POLÍTICA DE ALFONSO DURAZO”, “¿CÓMO EXPLICAS QUE EL CANDIDATO AL ASEÑADO DE LA REPÚBLICA POR SONORA, ALFONSO DURAZO, TENGA TODAS ESTAS PROPIEDADAES…?”; “TOTAL DE PROPIEDADES Y CONTANDO: $53,133,928.70 PESOS?, ¿CÓMO LE HACES ALFONSO, CON QUE CARA LE PIDES SU VOTO A LA GENTE?”. Para mayor referencia se inserta la siguiente imagen[6].

21.              El referido documento constituye propaganda electoral, toda vez que en ella se alude a Alfonso Durazo, se le identifica como candidato al senado postulado por MORENA y se cuestiona su calidad moral para solicitar el voto a la ciudadanía, además, se corroboró, como se explica enseguida, que fue distribuida dentro del periodo de campaña del proceso electoral federal.

22.              Por otra parte, con motivo de la inspección practicada en distintas colonias de ciudades del Estado de Sonora[7], señaladas en los escritos de queja como los lugares en los cuales se distribuyeron los volantes, las autoridades electorales respectivas certificaron que en la colonia “San Bosco”, se localizó un volante con las características de los que fueron aportados por el promovente, asimismo, como resultado de las entrevistas practicadas a diversas personas, se constató que los volantes fueron distribuidos en varias calles de esa colonia, sin saber de quién se trataba.

23.              También, se dio fe que en la colonia “Cortinas” una persona del masculino que atendía un establecimiento de comida, localizado entre las calles José María Iglesias y Francisco Zarco, informó que “en los días pasados los volantes estuvieron tirados por la calle”, sin que le constara quien los estuvo repartiendo.

24.              Ahora, las referidas actas circunstanciadas, al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones, constituyen documentos públicos, con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley Electoral.

25.              En ese sentido, a partir de las documentales públicas y privadas, se tiene por acreditada la existencia y distribución de la propaganda electoral en forma de “volantes”.

26.              Existencia del video alojado en la red social Facebook. Mediante actas circunstanciadas de veintiuno de mayo identificadas como AC28/INE/SON/JL/21-05-2018 y AC29/INE/SON/JL/21-05-2018, la autoridad instructora certificó el contenido del video alojado en la red social Facebook con el perfil “El PAN MIENTE”, el cual será analizado en el apartado de caso concreto.

27.              Autoría del video alojado en la red social Facebook. A efecto de determinar quién administraba la página de la mencionada red social, en la cual se localizó el video denunciado, la autoridad instructora realizó diversos requerimientos a Facebook Ireland Limited, quien proporcionó el nombre de José Enrique Vizcaíno, registrado como elmilitante.sonora@facebook.com.

28.              Con esa información, mediante acta circunstanciada AC60/INE/SON/JLE/16-07-2018, de dieciséis de julio, la autoridad instructora certificó la existencia y contenido de la mencionada red social, en cuyo perfil del usuario, en el apartado denomindado “presentación”, constató los siguientes datos: Independiente, Trabaja en Partido Revolucionario Institucional, Estudió en Universidad Sonora, Vive en Hermosillo, De Magdalena de Kino. Se anexa la siguiente imagen para mayor referencia:

29.              Una vez que se ha dado cuenta sobre la existencia de los hechos en el caso, lo procedente es analizar los materiales denunciados con la finalidad de verificar si contravinieron la normativa electoral. Para ello, en primer término, se establecerá el marco normativo que resulta aplicable al caso; y posteriormente, se estudiará si los hechos relatados se ajustan o no a los parámetros legales.

3. Marco normativo

Libertad de expresión en la propaganda político-electoral y calumnia.

30.              El artículo 6 de la Constitución Federal, dispone que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, siempre y cuando no se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, en ese sentido se prevé que la ciudadanía tiene derecho a recibir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

31.              En esta línea argumentativa, el artículo 41 Base III, de nuestra norma suprema establece que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente a los medios de comunicación social, así, en el apartado C, párrafo primero, de la mencionada base, se dispone que en la propaganda política y electoral que difundan deben abstenerse de usar expresiones que calumnien a las personas.

32.              Por su parte, a través del artículo 471 segundo párrafo, de la Ley Electoral se define el concepto de calumnia, a saber, la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.

33.              Tratándose de partidos políticos, el artículo 25, párrafo 1, inciso o) de la Ley General de Partidos Políticos, establece como una de sus obligaciones, el abstenerse en su propaganda política o electoral, de usar cualquier expresión que calumnie a las personas.

34.              En relación a lo anterior, en el artículo 443, párrafo 1, inciso j) de la Ley Electoral, se estableció como infracción por su parte, la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas.

35.              En términos concordantes con el régimen jurídico nacional, el marco convencional dispone a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (artículo 19, párrafo 2) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13, párrafo 1), el reconocimiento del derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla.

36.              En relación a dicha libertad, tales disposiciones normativas son coincidentes[8] En el sentido de que su ejercicio no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a.     El respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b.    La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

37.              De esta forma, podemos concluir que se establece una limitante a la libre manifestación de las ideas en el uso de la libertad de expresión que realizan los partidos políticos a través de su propaganda, específicamente el respeto a los derechos de terceros.

Elementos de la calumnia

38.              En relación a este apartado, la Sala Superior al resolver el juicio
SUP-REP-042/2018, sostuvo que la imputación de hechos o delitos falsos por parte de partidos políticos o los candidatos, no está protegida por el derecho de la libertad de expresión, siempre que se acredite tener impacto en el proceso electoral y haberse realizado de forma maliciosa, pues sólo al conjuntar estos elementos se configura el límite constitucional válido a la libertad de expresión.

39.              En ese sentido apunto, que para establecer la gravedad del impacto en el proceso electoral, deberá valorarse la imputación del hecho o delito falso en función del contenido y el contexto de la difusión a fin de determinar el grado de afectación en el derecho de los ciudadanos a formarse un punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus candidatos.

40.              Ahora bien, para determinar objetivamente si la imputación de hechos o delitos falsos se realizó de forma maliciosa, deberá determinarse si las expresiones, tienen un sustento fáctico suficiente que permita concluir que se tuvo un mínimo estándar de debida diligencia en la investigación y comprobación de los hechos en que se basa la expresión.

41.              También estableció en su análisis, que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la calumnia debe ser entendida como la imputación de hechos o delitos falsos a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que auspiciaba la calumnia era falso. Esto, porque sólo así resulta constitucionalmente permitido el término calumnia para restringir la libertad de expresión[9].

42.              Por lo que, estableció que la calumnia, con impacto en proceso electoral, se compone de los siguientes elementos:

a) Objetivo: Imputación de hechos o delitos falsos.

b) Subjetivo: A sabiendas de que los hechos o delitos que se imputan son falsos.

43.              De esta forma, estableció que sólo con la reunión de los elementos referidos de la calumnia en párrafos precedentes, resulta constitucional la restricción de la libertad de expresión en el ámbito electoral, en donde se prioriza la libre circulación de crítica incluso la que pueda considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora.

4. Caso concreto

44.              Resulta útil recordar que la inconformidad de Alfonso Durazo Montaño, entonces candidato al Senado, deriva de la distribución de propaganda electoral en forma de “volantes”, así como de la publicación de un video alojado en la red social Facebook, con el perfil “EL PAN MIENTE”, cuyo contenido, a juicio del promovente, constituye calumnia en su contra porque se le atribuyen una serie de hechos falsos que podrían configurar delitos como el de uso de recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud, al señalarlo como narco político e insinuar que los bienes que ha adquirido como empresario y servidor público fueron comprados con recursos ilícitos.

45.              A efecto de analizar la referida infracción, a continuación, se inserta una imagen de la propaganda electoral tipo “volante”:

46.              Del contenido del volante, podemos observar lo siguiente: 

        Se observa la frase “LA CARRERA NARCO POLÍTICA DE ALFONSO DURAZO” y en seguida la imagen del entonces candidato a senador Alfonso Durazo con la frase “el SEÑOR de los SUELOS”.

        Posteriormente la interrogante “¿CÓMO EXPLICAS QUE EL CANDIDATO AL SENADO DE LA REPÚBLICA POR SONORA, ALFONSO DURAZO, TENGA TODAS ESTAS PROPIEDADAES…?” enseguida la imagen de nueve propiedades.

        En la última parte del volante la imagen de una avioneta cessna 1968, de las que utilizaba Amado Carrillo “El Señor de los Cielos” con la frase “TOTAL DE PROPIEDADES Y CONTANDO: $53,133,928.70 PESOS?, y enseguida la interrogante ¿CÓMO LE HACES ALFONSO, CON QUE CARA LE PIDES SU VOTO A LA GENTE?”.

47.              Por otra parte, el contenido del video denunciado es el siguiente:

48.              Como se observa, en el video se hace referencia al entonces candidato al senado, Alfonso Durazo Montaño, en un tono de sátira, como “el señor de los suelos”, en oposición al sobrenombre con el cual se conoció al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes “el señor de los cielos”, por la flota de aeronaves con las que contaba para transportar droga[10].

49.              Luego, se presenta la imagen de una avioneta mencionando que “son aviones en los cuales actualmente viaja Andrés Manuel López Obrador” y que esos modelos de aeronaves eran utilizados por Amado Carrillo, narcotraficante que contaba con una flotilla de 727 aviones.

50.              Posteriormente, se menciona que “Alfonso Durazo, de la noche a la mañana en el gobierno de Fox se vio envuelto en temas de narco política” por el “escándalo del agua pretense Nahúm Acosta a quien sacrificaron en los escándalos de Alfonso Durazo”.

51.              Enseguida, se presentan diversas imágenes de casas cuya propiedad se atribuye al entonces candidato al senado, con la dirección en la que supuestamente se encuentran ubicadas, así como el valor o costo de las mismas; precisando que una de esas casas pertenecía a Amado Carrillo Barragán, hijo de Amado Carrillo Fuentes, y que fue adquirida por el otrora candidato a través de inmobiliaria Alta Sierra, S.A de C.V., inclusive se muestra la imagen de un documento en el que se dice, consta la firma de la adquisición de ese inmueble.

52.              Después de hacer una extensa narrativa en relación con las diversas propiedades, en el video se manifiesta que ese es “el verdadero rostro de Alfonso Durazo” en referencia a los inmuebles que se afirma, ha adquirido desde el año dos mil, por esa razón en el video se formula la siguiente interrogante “¿crees tú que es dinero bien habido? Que no te mienta”.

53.              El video finaliza con las siguientes expresiones: “cuidado con tu voto estas elecciones, ciudadanos si van a votar tengan mucho cuidado, porque esta es una rata apestosa que no merece tu voto, y tú no mereces ser engañado”.

54.              Al respecto, esta Sala Especializada estima que se trata de propaganda electoral negativa, toda vez que se menciona al candidato, el cargo al que aspira y se llama a no votar por él; precisando que tanto la propaganda electoral positiva como negativa, se encuentran permitidas dentro del contexto del debate político, porque la primera incentiva el voto de manera favorable, mientras que la otra tiende a restar o desalentar el voto para una determinada candidatura o fuerza política.

55.              Vale la pena tener presente que, si bien la propaganda electoral negativa se encuentra permitida para fomentar el debate y la información en torno a un determinado proceso electoral, no debe sobrepasar los límites constitucionales o legales establecidos.

56.              Realizada la precisión anterior, esta Sala Especializada advierte que el contenido de la propaganda electoral tipo volante, así como el contenido del video denunciado, son similares porque en ambos se menciona el supuesto vínculo del entonces candidato al senado, Alfonso Durazo Montaño, con temas de narco política, así como de las propiedades que presuntamente ha adquirido, por lo que el análisis de la infracción denunciada se realizará de manera conjunta, conforme a los elementos que previamente se dijo configuran la calumnia en materia electoral, en ese sentido, recordemos que tales elementos son:

a.     Elemento objetivo: Afirmación de un hecho o delito falso.

b.     Elemento Subjetivo: Afirmación de un hecho o delito falso a sabiendas de ello.

57.              Así por cuanto hace al elemento objetivo, se considera que en el caso no se actualiza, dado que las expresiones que se citan en ambos materiales denunciados, aún cuando resulten incómodas, fuertes y sean presentadas en un tono de sátira, se encuentran dentro del derecho a la libertad de expresión, toda vez que, como se explica más adelante, constituyen referencias a hechos que formaron parte del debate público en nuestro país, dentro de los cuales se vio involucrado Alfonso Durazo Montaño, sin que constituyan imputaciones de hechos falsos o delitos.

58.              En efecto, por una parte, constituye un hecho notorio para esta Sala Especializada, que el entonces candidato al senado, se desempeñó como secretario particular, vocero y coordinador de Comunicación Social de la presidencia de la República en el gobierno de Vicente Fox Quesada, por citar algún ejemplo de entre otros cargos en los que ha prestado sus servicios dentro del administración del país, aspecto que lo convierte en una figura pública[11].

59.              De ahí que, de conformidad con lo determinado en la tesis de rubro: “DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS O PARTICULARES”, emitida por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las personas públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ese personaje público, en aras del libre debate público.

60.              Precisado lo anterior, del análisis del contenido del video en cuestión, así como del volante, se aprecia que la expresión “el señor de los suelos” constituye una manifestación de sátira política[12], porque en su estructuración se cambia una palabra (cielos por suelos) para generar un aspecto jocoso o de burla dirigido a criticar las actividades realizadas por Alfonso Durazo cuando se desempeñó en el gobierno del entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en las que, de acuerdo con diversas notas periodísticas, estuvo involucrado en temas vinculados al crimen organizado.

61.              Por ejemplo, las notas periodísticas que se describen a continuación, dan cuenta de este tema que estuvo en el debate público:

62.              En este sentido, la expresión “el señor de los suelos” relacionada con las manifestaciones respecto a que “Alfonso Durazo de la noche a la mañana en el gobierno de Fox se vio envuelto en temas de narco política”, al haber formado parte del debate público, se encuentran protegidas por la libertad de expresión, máxime que este Tribunal Electoral, ha sostenido el criterio respecto a que, en el campo del debate político se permite la utilización de un lenguaje fuerte, sobre todo cuando su destinatario es una figura o ente público[13].

63.              De esta manera, si bien las expresiones pueden calificarse como cáusticas e incisivas, o incluso molestas, ello no implica, desde la óptica de esta Sala Especializada, que sean calumniosas, porque la sátira, especialmente la política, tiene y ha tenido una presencia constante en las manifestaciones creativas y de expresión del ser humano. Concebida para hacer reír, generar sorpresa o estupor, la sátira se hace presente como instrumento de denuncia y crítica social en las distintas manifestaciones del arte[14].

64.              Por otra parte, en cuanto a las manifestaciones relacionadas con la presunta adquisición de una casa que perteneció a Amado Carrillo Barragán (hijo de Amado Carrillo Fuentes) por el otrora candidato al senado, este órgano jurisdiccional no advierte que configuren calumnia, toda vez que ese hecho también formó parte del debate público como dan cuenta de ello, diversas notas periodísticas, a saber:

65.              En ese sentido, en las manifestaciones relacionadas con la adquisición de un predio que perteneció al hijo de un narcotraficante, en modo alguno implica la imputación de un delito o de un hecho falso, toda vez que esa información fue parte de debate público, tal y como se advierte de la lectura de las notas periodísticas.

66.              Asimismo, respecto a las propiedades que presuntamente forman parte del patrimonio del entonces candidato al senado, esta Sala Especializada tampoco advierte la imputación de algún delito o hecho falso, porque la narración en el video, se limita a citar la ubicación de los inmuebles, así como el valor que le atribuye a cada propiedad.

67.              Sin que pase desapercibido que el promovente no hizo manifestaciones respecto a que las propiedades indicadas en el video fueran suyas, por el contrario, en los escritos de demanda refirió que el contenido del video insinúa que los bienes que ha adquirido como empresario y servidor público fueron comprados con recursos ilícitos.

68.              Finalmente, esta Sala Especializada considera que los calificativos[15] hacia la persona del otrora candidato, si bien constituyen expresiones fuertes, indeseables y cáusticas, las mismas se toleran en el contexto del debate político, teniendo en cuenta que Afonso Durazo Montaño es una figura pública.

69.              Máxime que, la libertad de expresión alcanza a las informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también a las de naturaleza negativa o a las que contienen una crítica formulada respecto de temas connaturales al debate político, como las relacionadas con la actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales[16].

70.              En ese contexto, debe tenerse en cuenta que la difusión de opiniones o juicios de valor sobre hechos, dada sus naturaleza subjetiva, no están sujetas a un análisis o canon de veracidad, pues son producto del convencimiento interior del sujeto que las expresa; sin embargo tal calidad sí es exigible, en todo caso, cuando simplemente se afirmen hechos, con la precisión de que cuando exista una unión de hechos y opiniones, en donde los primeros sirvan de marco referencial para los segundos y no exista la posibilidad de establecer un límite claro entre ellos, no será exigido el canon respectivo.

71.              En ese sentido y toda vez, que no se actualiza el elemento objetivo, deviene inviable estudiar el elemento subjetivo, puesto que para tal efecto debería estarse en presencia de la imputación de un hecho o delito falso y, correspondería analizar la intencionalidad (malicia efectiva), de darlo a conocer.

72.              En virtud de lo anterior, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Es inexistente la infracción de calumnia atribuida a Sylvana Beltrones Sánchez y Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, entonces candidatos al Senado de la República, postulados por la coalición “Todos por México”, así como del Partido Revolucionario Institucional, conforme a lo razonado en la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE, en términos de la normativa aplicable.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación que corresponda.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Magistradas y el Magistrado en Funciones integrantes del Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto concurrente que formula la Magistrada Gabriela Villafuerte Coello, ante el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

Coincido con la decisión mayoritaria respecto a la inexistencia de la conducta, pero para mí, el análisis del contenido y publicaciones en red social debe atender a las particularidades de cada caso como tarea previa para determinar si es posible o no “abrir la puerta”, lo cual amerita reflexionar al respecto.

El Internet[17] es la revolución del siglo que llegó para quedarse, y por tanto, también presenta cambios desde su invención.

Con la creación de la web 2.0[18], las y los usuarios del Internet se convierten en creadores y receptores a la vez, por eso podríamos decir que tiene como filosofía principal el intercambio de información, entre las y los usuarios, a diferencia de otros medios de comunicación unidireccionales (radio, televisión, prensa escrita, entre otras).

Ahora, para que se materialice la participación y deliberación en el mundo virtual -como acciones claves en la democracia digital- se requiere que la ciudadanía digital tenga comunicación fluida y sin barreras.

En mi opinión, para decidir si en materia electoral se deben o no estudiar los contenidos que se difunden en redes sociales, se debe tomar en cuenta la naturaleza de las redes sociales, pero sobre todo, decisiones y criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 1/2017[19] y de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las sentencias de los SUP-REP-123/2017[20] y SUP-REP-7/2018.

Así, bajo estos parámetros, desde mi punto de vista, las redes sociales no deben juzgarse siempre y de manera indiscriminada; sino se debe verificar cada caso, para definir si se estudia o no.

Como se advierte, es la cuenta de una red social de un ciudadano, con un perfil y nombre del cual no sabemos, con certeza, si existe en el mundo físico (toda vez que no hay datos en el expediente que lo corroboren).

Desde mi óptica, “José Enrique Vizcaino” (persona física) puede publicar en su red social contenidos de todo tipo, incluso los que tengan tintes político-electorales y, precisamente por la dinámica de estas plataformas virtuales, deben quedar al margen del lente o análisis jurisdiccional.

Es decir, exista o no infracción a la normativa electoral, la invasión a la cuenta del usuario “José Enrique Vizcaino” se genera con el sólo hecho de revisar los contenidos que publicó.

En mi opinión, no se deben analizar, en todo momento y en forma automática, los contenidos de las redes sociales, porque el hecho de sentir la vigilancia del Estado, a través de sus diferentes autoridades, se genera ya un acto de molestia, desde mi punto de vista, sin justificación.

Las particularidades del caso, no me permiten “abrir la puerta” para analizar el contenido del video, a la luz de la infracción electoral alegada (calumnia).

Estas razones me orientan a formular voto concurrente.

MAGISTRADA

GABRIELA VILLAFUERTE COELLO