JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES:

ST-JDC-23/2022 Y ACUMULADOS

ACTORES: 

DANIELA BECERRA MENDOZA Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

MAGISTRADO:

ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ

SECRETARIO:

AMADO ANDRÉS LOZANO BAUTISTA

COLABORÓ:

CELESTE CANO RAMÍREZ

Toluca de Lerdo, Estado de México, a siete de abril de dos mil veintidós.

VISTOS para resolver, los autos de los expedientes de los juicios ciudadanos ST-JDC-23/2022, ST-JDC-24/2022, ST-JDC-25/2022, ST-JDC-26/2022, ST-JDC-27/2022, ST-JDC-28/2022 y ST-JDC-29/2022, promovidos por Daniela Becerra Mendoza, Erika Lizbeth Ruiz Garibay, Francisco Javier Cruz Gordillo, José Morales López, Gerardo López Luna, Susana Ruth Maldonado García, Marilú Fuentes Tapia, Mardonio Fuentes Sotelo, Jocelin Fátima Rogel Rea y María Romelia Arizmendi Estrada, en su carácter de otrora munícipes del Ayuntamiento de Tonatico, Estado de México, a fin de impugnar la sentencia recaída a los juicios ciudadanos locales JDCL/588/2021, JDCL/590/2021, JDCL/593/2021, JDCL/594/2021, JDCL/595/2021, JDCL/596/2021, JDCL/602/2021, JDCL/603/2021 y JDCL/16/2022 ACUMULADOS, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México el 22 de febrero pasado, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De las demandas y las constancias que integran los expedientes, se tiene:

1. Elección de integrantes del Ayuntamiento de Tonatico. El uno de julio de dos mil dieciocho, en el Estado de México, se renovaron los integrantes de los ayuntamientos para el periodo constitucional 2019-2021, entre ellos, el de Tonatico.

2. Entrega de constancias de mayoría y representación proporcional. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de México, con sede en Tonatico, expidió las constancias que acreditaron a Gerardo López Luna, Maria Romelia Arizmendi Estrada, Susana Ruth Maldonado García, Mardonio Fuentes Sotelo, Marilú Nancy Fuentes Tapia, Daniela Becerra Mendoza, Erika Lizbeth Ruiz Garibay, Francisco Javier Cruz Gordillo, José Morales López y Jocelin Fátima Rogel Rea, como Primero, Segunda, Cuarta, Quinto, Sexta, Séptima, Octava, Noveno, Décimo y Sindica, respectivamente, del referido Ayuntamiento, para el periodo 2019-2021.

3. Inicio del cargo. El primero de enero de dos mil diecinueve, los hoy actores tomaron protesta y posesión de los cargos señalados.

4. Juicios ciudadanos locales. Los días veinte, veintiuno, veintitrés, veintisiete y treinta de diciembre de 2021, así como 26 de enero de dos mil veintidós; diversos integrantes del Ayuntamiento de Tonatico, promovieron, respectivamente, juicios ciudadanos locales a fin de controvertir las supuestas omisiones del Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Tonatico, de ordenar, según el caso, el pago de dietas, compensaciones, prima vacacional y aguinaldo, de diversos ejercicios fiscales en 2019, 2020 o 2021, derivado del cargo que ostentaron.

5. Acto impugnado. El veintidós de febrero de dos mil veintidós, el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió acumular los juicios y declarar parcialmente fundados y fundados diversos agravios, por lo que vinculó a Ia Presidenta Municipal de Tonatico, para que en un plazo de sesenta días hábiles contados a partir del día siguiente a Ia notificación del fallo, efectúe el pago de las prestaciones enlistadas, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, a los ciudadanos Daniela Becerra Mendoza, Erika Lizbeth Ruiz Garibay, Francisco Javier Cruz Gordillo y José Morales López, en su calidad de otrora Séptima, Octava, Noveno y Décimo Regidores del Ayuntamiento de Tonatico.

Las sentencias se notificaron a los actores al día siguiente.[1]

II. Juicios ciudadanos federales. Informes con la sentencia dictada, el uno de marzo siguiente, los enjuiciantes, promovieron  juicios ciudadanos federales ante la responsable.

III. Recepción de constancias, integración y turno de expediente. El siete de marzo posterior, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, las constancias relacionadas con los presentes medios de impugnación. Al día siguiente la Magistrada Presidenta ordenó integrar los expedientes:

Por consiguiente, ordenó turnarlos a la Ponencia a cargo del Magistrado Alejandro David Avante Juárez.

Dicho acuerdo se cumplió el mismo día por el Secretario General de Acuerdos de esta sala.

IV. Radicación. El nueve de marzo posterior, el Magistrado Instructor radicó en la ponencia a su cargo los juicios ciudadanos que nos ocupan.

V. Admisión. En su oportunidad el Magistrado instructor admitió a trámite las demandas y dada la conclusión del cargo del entonces magistrado Juan Carlos Silva Adaya y la determinación de la Sala Superior de en su lugar nombrar de forma provisional al secretariado con mayor antigüedad de la Sala, Fabian Trinidad Jiménez, se notificó a las partes tal situación.

VI. Cierre. El seis de abril del año en curso, al considerar que los expedientes se encontraban debidamente integrados, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de resolución, la cual se emite de conformidad con las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México, es competente para conocer y resolver estos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por tratarse de medios de impugnación promovidos por ciudadanos para controvertir sendas sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de México recaídas a sus impugnaciones relacionadas con el pago de diversas dietas con motivo de su desempeño, por su elección, como integrantes del Ayuntamiento de Tonatico, municipio perteneciente al Estado de México; tipo de elección y entidad federativa respecto de los cuales esta Sala Regional es competente y ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción II, 164; 165; 166, párrafo primero, fracción IV; 173, párrafo primero; 176, párrafo primero, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2, inciso c), 4, 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso f) y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Justificación para resolver en sesión no presencial. El uno de octubre de dos mil veinte, la Sala Superior de este Tribunal Electoral emitió el acuerdo General 8/2020 por el cual, aunque reestableció la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo segundo, determinó que las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias, hasta que el Pleno de ese órgano jurisdiccional determine alguna cuestión distinta.

En ese sentido, se justifica la resolución del presente juicio de manera no presencial.

TERCERO. Acumulación. Del estudio de las demandas, se advierte que existe conexidad en la causa en virtud de que los actores controvierten la misma sentencia, a saber, la dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, con la clave JDCL/588/2021, JDCL/590/2021, JDCL/593/2021, JDCL/594/2021, JDCL/595/2021, JDCL/596/2021, JDCL/602/2021, JDCL/603/2021 y JDCL/16/2022 ACUMULADOS.

Por tanto, con la finalidad de facilitar la resolución de estos juicios, así como evitar el dictado de sentencias contrarias o contradictorias, lo procedente es acumular los juicios ST-JDC-24/2022, ST-JDC-25/2022, ST-JDC-26/2022, ST-JDC-27/2022, ST-JDC-28/2022 y ST-JDC-29/2022 al diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ST-JDC-23/2022, por ser éste el que se recibió primero en esta Sala.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 79 y 80 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los expedientes acumulados.

CUARTO. Precisión y existencia del acto impugnado. Como ya se refirió, estos juicios se promueven en contra de la sentencia JDCL/588/2021, JDCL/590/2021, JDCL/593/2021, JDCL/594/2021, JDCL/595/2021, JDCL/596/2021, JDCL/602/2021, JDCL/603/2021 y JDCL/16/2022 ACUMULADOS, aprobada por mayoría de tres de los cuatro integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, precisando que una de los integrantes emitió voto particular, concretamente respecto del juicio electoral 16/2022, en la sesión celebrada el 22 de febrero pasado.

De la revisión del acto impugnado se concluye que la sentencia se aprobó en ejercicio de las facultades del órgano, establecidas en el marco jurídico aplicable, y por la mayoría de los integrantes de su colegiado.

De ahí que resulte válido concluir que el acto impugnado existe y surten efectos jurídicos[2] en tanto que esta autoridad revisora no determine, a la luz de los agravios planteados por los actores, lo contrario.

QUINTO. Presentación múltiple de demandas

Debe puntualizarse que, en el caso, los actores presentaron idénticos escritos de demanda de la siguiente forma.

Como se desprende del gráfico anterior, los actores Daniela Becerra Mendoza, Erika Lizbeth Ruiz Garibay, Francisco Javier Cruz Gordillo y José Morales López presentados dos escritos de demanda idénticos, salvo la referencia a controvertir la sentencia JDCL/588/2021 —el primero de ellos— y la sentencia JDCL/603/2021 —el segundo escrito—.

En el mismo caso se encuentran los escritos de demanda presentados por Gerardo López Luna, Susana Ruth Maldonado García y Marilú Fuentes Tapia, pues la única diferencia que presentan consiste en que uno refiere impugnar la sentencia JDCL/595/2021 —el primero—, mientras que el segundo refiere controvertir la sentencia JDCL/602/2021.

Si bien, el tribunal local acumuló los medios fueron y los resolvió de manera conjunta, a efecto de dictar una sola sentencia para todos los medios bajo la clave JDCL/588/2021, JDCL/590/2021, JDCL/593/2021, JDCL/594/2021, JDCL/595/2021, JDCL/596/2021, JDCL/602/2021, JDCL/603/2021 y JDCL/16/2022 acumulados, esta Sala Regional estima que ningún fin jurídico eficaz tendría decretar el sobreseimiento por preclusión del derecho de acción de los actores Daniela Becerra Mendoza, Erika Lizbeth Ruiz Garibay, Francisco Javier Cruz Gordillo y José Morales López, con la presentación de la primer demanda ante la responsable, esto es la de 1 de marzo a las 13 horas con 21 minutos y 35 segundos.

Ello porque a pesar de que presentaron un segundo escrito el mismo a día a las 13 horas con 24 minutos y 02 segundos, lo cierto es que ambos fueron presentados dentro del plazo legal con que contaban para inconformarse con la sentencia del tribunal local, de manera que, si ambos escritos contienen agravios muy similares, ningún fin jurídico eficaz tendría sobreseerlos.

Misma situación acontece respecto los actores Gerardo López Luna, Susana Ruth Maldonado García y Marilú Fuentes Tapia quienes presentaron su primer escrito de impugnación, ante la responsable, el 1 de marzo a las 13 horas con 22 minutos y 21 segundos; y presentaron a su vez un segundo escrito el mismo a día a las 13 horas con 23 minutos y 17 segundos.

SEXTO. Requisitos de procedencia

Los medios de impugnación reúnen los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 8°; 9°; 12, párrafo 1; 13; 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, por lo siguiente:

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, en ellas consta el nombre y la firma autógrafa de los promoventes, se identifica la sentencia impugnada y la responsable de dictarla, los hechos en que se basa la impugnación y se expresan los agravios que presuntamente les causa la sentencia controvertida.

b) Oportunidad. Se cumple con este requisito, toda vez que la sentencia impugnada fue notificada a los actores el veintitrés de febrero del presente año,[3] por lo que surtió sus efectos al día hábil siguiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 430 del Código Electoral del Estado de México.

En tal tenor, el plazo para promover los presentes medios de impugnación transcurrió del 25 de febrero al 3 de marzo, descontando los días veintiséis y veintisiete de febrero por corresponder a sábado y domingo, así como el día 2 de marzo por ser inhábil para el Tribunal responsable, con motivo de la Erección del Estado de México.

De ahí que, si las demandas se presentaron el 1 de marzo, resulta evidente su oportunidad.

c) Legitimación. Los medios de impugnación son promovidos por parte legítima, toda vez que quienes promueven son ciudadanos por su propio derecho.

d) Interés jurídico. Lo tienen los actores, pues controvierten la sentencia recaída a sus medios de impugnación locales, mediante la que se declararon parcialmente fundados y fundados diversos agravios, sin que tal resolución colmara su pretensión, de ahí que sea evidente su interés jurídico en estos medios.

e) Definitividad y firmeza. Este requisito se encuentra colmado, en virtud de que, en la normativa electoral del Estado de México, no se prevé alguna instancia que previamente deba ser agotada en contra de la sentencia impugnada, antes de que esta Sala tome conocimiento de la controversia.

Por tanto, al haber quedado demostrado que se cumplen los requisitos de procedencia y al no advertirse alguna causal de improcedencia que lleve al desechamiento o sobreseimiento de los juicios ST-JDC-23/2022, ST-JDC-24/2022, ST-JDC-27/2022, ST-JDC-28/2022 y ST-JDC-29/2022, en términos de lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley de Medios, lo conducente es estudiar el fondo de la controversia planteada.

SÉPTIMO. Estudio de fondo

Resumen de agravios (Juicios ST-JDC-23/2022 y ST-JDC-24/2022).

        Como agravio “Único.” señalan los actores que el perfeccionamiento de los recibos de nómina, con cadena digital del Servicio de Administración Tributaria, era innecesario.

        Que la responsable atribuyó un indebido valor probatorio a los recibos de nómina, y por ello su eficacia demostrativa debió ser diferente ya que se trata de documentos que fueron realizados unilateralmente por el Ayuntamiento pero que no tienen firma de recibido de parte de los actores, por lo que su fuerza demostrativa debió ser valorada de manera distinta.

        Puntualiza que el SCJN a través del amparo directo en revisión 5611/2018 estableció que los comprobantes fiscales pueden considerarse como recibos de pago de salario cuando: a) Exista constancia en cualquier soporte de que el patrón entregó el comprobante al trabajador; b) Que los comprobantes contengan elementos que acrediten que efectivamente se realizó la erogación a favor del trabajador y c) esos elementos o los empleados en el sistema de emisión de los comprobantes demuestren que el pago se realizó directamente al trabajador en un medio autorizado.

        Afirman que tales condiciones no se presentaron en el caso, en virtud de que no está probado que tales comprobantes sin firma hubieran sido entregados a los actores, ni que la erogación se hubiera realizado en su favor, lo que se corrobora con las actas de entrega-recepción de la Presidencia y Tesorería Municipales en las que se precisó entre otras cosas que “en relación con la cuenta pública 2021 se constata que no se recibe ninguna información de parte de la administración saliente…” de manera que la valoración de las pruebas fue indebida porque hay elementos en tales actas que revelan que la administración saliente dejó adeudos en cuanto a sueldos y salarios de 2021, pues tal como se precisó en el acta que el día 1 de enero de 2022, las instalaciones del Ayuntamiento se encontraban tomadas derivado de un paro laboral realizado por los empleados.

        Al efecto, afirman que la responsable también hizo una indebida valoración probatoria porque desestimó los estados de cuenta presentados, en los que se depositaban sus dietas, compensaciones, aguinaldo y prima vacacional, de los que se evidencia que no se recibieron tales pagos, instrumentos que restan valor probatorio a los recibos de nómina y que con los indicios aportados podía establecerse que carecen de valor probatorio pleno.

Juicios ST-JDC-27/2022, ST-JDC-28/2022 y ST-JDC-29/2022.

        Afirman los actores que se violenta en su perjuicio el principio del debido proceso en su vertiente al derecho de acceso irrestricto a las pruebas de cargo y a la posibilidad de combatirlas, ya que la responsable no le notificó de manera personal para darle vista de los recibos de nómina exhibidos por las autoridades municipales, para que las pudiera objetar en cuanto a su alcance y valor probatorio; o bien para poder impugnarlos y cuestionar su contenido respecto de la materialización del pago que reclama.

        Que, al no darles vista con la presentación de los señalados recibos de nómina, es incongruente, ilógico e ilegal el razonamiento del tribunal responsable, quien a fojas 51, última parte del párrafo segundo, de la sentencia impugnada, señala que “los recibos de nómina electrónicos al no ser objetados en cuanto a su autenticidad por los actores, demuestran los pagos realizados por las demandas”, pues justamente no se les dio oportunidad de objetar dichas pruebas.

        Asimismo, afirman que la notificación de la vista debió hacerse de manera personal y no por estrados, por tratarse de documentos que pueden ser cuestionados, objetados y/o impugnados por la contraparte, lo cual, al no realizarse, violentó en su perjuicio al principio del debido proceso en su vertiente al acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas.

        Y que tomando en consideración que ni el Código Electoral del Estado de México, ni la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se prevé el procedimiento y término que se tiene para dar vista con los documentos presentados por una de las partes a su contraparte - más aún cuando se trata de documentos que son requeridos de oficio por el tribunal responsable como diligencias para mejor proveer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, de aplicación supletoria, se observa que con las pruebas que se lleguen al procedimiento, derivadas de diligencias para mejor proveer, se debe dar vista a las partes por el término tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, pudiendo estas ser objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio en la vía incidental, para lo cual invocan el artículo 404 del código electoral local en cuanto a la manera en que estiman deben interpretarse las normas, manifestando que el principio que reclaman se consagra en los artículos 8.2.f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 14.3.e del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

        Hacen valer que resulta sesgado y subjetivo lo resuelto por el tribunal responsable al señalar que sus agravios resultaban infundados, por considerar que les fueron cubiertas las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, tomando como base y como prueba plena los recibos de nómina exhibidos por las autoridades responsables, y la verificación de los datos contenidos en cada uno de ellos en la página oficial de Internet del Servicio de Administración Tributaria, invocando ello como un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 441 del código electoral del Estado.

        Ello porque tal como lo reconoce la propia responsable los recibos de nómina aun valorados como documentales públicas con valor probatorio pleno, carecen de firma de recibido por su parte, de modo que no generan por sí solos convicción plena respecto del contenido material del documento, y cuyo valor y alcance puede ser desvirtuado en juicio, pues la valoración legal o tasada de las pruebas tiene límites que impiden al juzgador utilizar criterios discrecionales.

        Si bien, en los autos del juicio sólo puede advertirse el elemento formal de los recibos de nómina exhibidos, esto es, que se comprueba su autenticidad y las formalidades que se siguieron para su emisión, pero con dichos argumentos no queda comprobado el elemento material de las referidas documentales, pues no quedó acreditado que se hayan pagado las prestaciones y demás emolumentos que en ello se consignan.

        Para los actores, la autoridad responsable, tenía la obligación de ordenar las diligencias necesarias para mejor proveer dentro de este asunto, y con ello poder determinar si se encontraba comprobado el pago de las prestaciones reclamadas, como pudieran ser requerir la exhibición de las listas de nómina firmadas, los comprobantes de las transferencias electrónicas o dispersión de nómina, realizadas a las cuentas bancarias y/o a las tarjetas de nómina de los actos que los acción antes tenían activas para tal efecto; o incluso solicitar la exhibición de los cheques y/o la póliza de los cheques con acuse de recibido de los accionantes, a efecto de comprobar la realización del pago de tales prestaciones, lo cual en la especie no aconteció.

        Afirman que el acto impugnado incumple con los principios de imparcialidad, congruencia y litis cerrada, debido a que tiende a favorecer injustificadamente a las autoridades responsables dentro del juicio de origen, quienes ni en su informe circunstanciado, ni en el desahogo de los requerimientos formulados, manifestaron haber pagado las prestaciones reclamadas, limitándose a negar los hechos señalando que no le constaban, ni habían intervenido en su realización, desconociendo el contenido de los mismos; además de señalar que en la fecha de instalación de las nuevas administraciones municipales 2021-2024, el 1 de enero del año 2022, las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento de Tonatico se encontraban tomadas por los empleados en virtud de un paro laboral, no siendo sino hasta el día 12 de enero del año señalado, que tuvo acceso a la información de la Tesorería Municipal.

        Del mismo modo, señalan que los responsables en el juicio de origen no aportaron elemento de prueba alguno tendente a comprobar el pago de las prestaciones reclamadas, y que los recibos de nómina, tabuladores de sueldos y presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, fueron exhibidos por que el tribunal responsable los requirió de manera oficiosa; aunado a que dichas autoridades primigenias tampoco ofrecieron algún medio de perfeccionamiento de los recibos de nómina exhibidos o hicieron valer algún razonamiento tendiente a comprobar su alcance, valor y eficacia probatoria, siendo el tribunal responsable el que de manera oficiosa realizó una revisión de la página de Internet del SAT, a efecto de verificar la autenticidad de los documentos, con lo cual pretendió perfeccionarlos, diligencia que, según refieren, no les fue notificada sobre cuándo sería llevada a cabo, para que estuvieran presentes y poder controvertir su contenido y desahogo.

        Asimismo afirman que la responsable tampoco argumentó por qué no era necesario que los recibos de nómina estuvieran firmados por los accionantes para considerar que las prestaciones reclamadas habían sido pagadas, y de manera parcial, unilateral y sesgada decidió tomar ese razonamiento para usarlo en favor de las responsables primigenias, abocándose únicamente a requerir y recaudar documentales para justificar que se realizó el pago de las prestaciones, pero no a requerir documentos para verificar si los pagos se materializaron en la realidad; además que las autoridades demandadas no señalaron circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente se realizaron los pagos de las prestaciones reclamadas ni se aportaron pruebas para comprobar tales circunstancias.