ACUERDO DE SALA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: ST-JDC-168/2017.

ACTORA: MA. ANGÉLICA SALINAS MARTÍNEZ.

ÓRGANOS RESPONSABLES: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y OTROS.

MAGISTRADA PONENTE: MARTHA C. MARTÍNEZ GUARNEROS.

SECRETARIA: ROCÍO ARRIAGA VALDÉS.

Toluca Estado de México, a dos de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS para acordar los autos del juicio ciudadano, identificado con la clave ST-JDC-168/2017, promovido, vía per saltum, por Ma. Angélica Salinas Martínez, con el carácter de militante del Partido Acción Nacional, en el Estado de Michoacán, a fin de impugnar: [La baja del actor en el presente juicio del Padrón de Militantes del Partido Acción Nacional, así como la publicación definitiva del padrón de militantes, en el que ya no aparece el suscrito; con motivo de la aplicación del Acuerdo por el que se emite “LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y REGISTRO DE DATOS Y HUELLAS DIGITALES EN MICHOACÁN, A IMPLEMENTAR POR EL REGISTRO NACIONAL DE MILITANTES EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN ESPECIAL ESTRATÉGICA PARA LA TRANSPARENCIA Y REINGENIERÍA DEL PADRÓN MILITANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, de conformidad con el acuerdo CEN/SG/06/2017…”]

RESULTANDOS

1. Implementación del programa verificación, actualización, depuración y registro de datos y huellas digitales en MICHOACÁN. El tres de marzo de dos mil diecisiete, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, aprobó implementar el “PROGRAMA ESPECÍFICO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y REGISTRO DE DATOS Y HUELLAS DIGITALES EN MICHOACÁN, A IMPLEMENTAR POR EL REGISTRO NACIONAL DE MILITANTES EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN ESPECIAL ESTRATÉGICA PARA LA TRANSPARENCIA Y REINGENIERIA DE MILITANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL”.

2. Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. El seis de mayo, mediante acuerdo identificado con la clave CEN/SG/16/2017, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional aprobó el “ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y REGISTRO DE DATOS Y HUELLAS DIGITALES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA, JALISCO, MICHOACÁN, SONORA Y YUCATÁN, A EFECTO DE AMPLIAR EL PERIODO ORDINARIO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA Y LAS SEDES LOCALES A LAS QUE PODRAN ACUDIR A EFECTO DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL ACUERDO”.

3. Conocimiento del acto reclamado. Refiere la parte actora que el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, acudió a las oficinas del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Michoacán, percatándose que se encontraban publicadas en los estrados físicos del citado comité, dos cédulas de publicación de los acuerdos previamente referidos.

4. Juicio ciudadano. Inconforme con dichos acuerdos, el veintiséis de julio del año en curso, la parte actora, en su carácter de militante del Partido Acción Nacional en el Estado de Michoacán, presentó vía per saltum, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demanda de juicio ciudadano, a fin de controvertir su baja del padrón de militantes del citado partido político, derivada de la aplicación del acuerdo CEN/SG/06/2017.

5. Integración del expediente. Recibida la demanda y demás constancias en la Sala Superior de este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de veintiséis de julio del dos mil diecisiete, la Magistrada Presidenta de ese órgano jurisdiccional ordenó la remisión de las constancias que integran el medio de impugnación que ahora nos ocupa a esta Sala Regional.

El veintinueve de julio siguiente, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el oficio mediante el cual se notificó el acuerdo citado en el numeral que antecede, y se remitió el escrito de demanda y sus anexos.

6. Turno. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente citado al rubro y turnarlo a la ponencia a su cargo para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho acuerdo fue cumplimentado el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, mediante el oficio respectivo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Actuación colegiada. La materia sobre la que versa la determinación que se emite compete a la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante actuación colegiada y plenaria y no así al Magistrado Instructor en lo individual, con base en lo señalado por la jurisprudencia número 11/99, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR”[1], invocada por analogía.

La jurisprudencia aludida indica, en síntesis, que cuando se requiera el dictado de resoluciones o la práctica de actuaciones que puedan implicar una modificación importante en el curso del procedimiento regular, tales como tomar una decisión sobre algún presupuesto procesal, sobre su posible conclusión sin resolver el fondo ni concluir la sustanciación, entre otras, la decisión queda comprendida en el ámbito general del órgano colegiado, por lo que los Magistrados Instructores sólo pueden formular un proyecto de resolución que será sometido a la decisión plenaria de la Sala Regional; lo anterior, debido a que en el caso, se trata de determinar el curso que debe darse al escrito presentado por la parte actora. 

Esto es así, porque lo que al efecto se determine, no constituye un acuerdo de mero trámite, al trascender al curso que debe darse al mencionado escrito, de ahí que se deba estar a la regla general a que alude la Jurisprudencia invocada y, por consiguiente, debe ser esta Sala Regional, en actuación colegiada, la que emita la resolución que en Derecho proceda.

SEGUNDO. Improcedencia del salto de instancia. La parte actora señala esencialmente, que se justifica el conocimiento del asunto por esta sala por las siguientes razones:

1.    La comisión de justicia del Partido Acción Nacional no se encuentra instalada.[2]

2.    Para resolver el caso es necesario interpretar el alcance y contenido del derecho político-electoral de afiliación y, por tanto, se requiere establecer el alcance de normas constitucionales.

3.    Expresa su desistimiento tácito de la instancia partidista.

4.    No hay un medio de impugnación previsto específicamente para controvertir acuerdos de depuración del padrón.

No es procedente el salto de instancia.

Ordinariamente, debe privilegiarse la resolución de las instancias naturales como elemental materialización del derecho de acceso a la jurisdicción, razón por la que la figura del per saltum debe ser invocada, excepcionalmente, y debe justificarse la necesidad de su actualización, con las salvedades propias de aquellos casos que sí demuestren la imperiosa necesidad de que este Tribunal Electoral conozca y resuelva de controversias a fin de preservar la posibilidad material y jurídica de restituir al ciudadano en el goce del derecho afectado.

Así, el Tribunal Electoral ha emitido diversos criterios jurisprudenciales por los que dota de contenido a la figura del per saltum o salto de instancia en materia electoral, las cuales deben ser tomadas en cuenta como directrices para verificar la actualización o no de la figura, a saber:

        “MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU RESOLUCIÓN NO ESTÉ PREVISTO EN LA REGLAMENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO”[3].

        “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO”[4].

        “PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL”[5].

        “PER SALTUM. LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA ES CORRECTA CUANDO SE REALIZA ANTE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO O ANTE LA QUE CONOCE DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIO DEL CUAL DESISTE EL PROMOVENTE”[6].

De las anteriores tesis, se desprende que para que proceda el salto de instancias partidistas o jurisdiccionales es necesario que se actualicen ciertos supuestos como los siguientes:

i)              Los órganos competentes para resolver los medios de impugnación previstos en la normativa local o interna de los partidos políticos no estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos que dan origen a la demanda;

ii)           No esté garantizada la independencia e imparcialidad de los integrantes de los órganos resolutores;

iii)        No se respeten formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente;

iv)        Los medios de impugnación ordinarios no resulten formal y materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el goce de los derechos vulnerados, y;

v)           El agotamiento de los medios de impugnación locales o internos de los partidos políticos pueda generar una afectación sustancial en el derecho tutelado que pueda ser de imposible reparación.

Por lo que hace a los requisitos que deben cumplirse, se tienen los siguientes:

i)              En caso de que se haya promovido el medio de impugnación local o partidista correspondiente, el actor desista antes de que se resuelva;

ii)           Cuando no se haya promovido el medio de impugnación local o partidista la demanda por la cual se promueva el juicio o recurso electoral federal, debe ser presentada en el plazo previsto para la promoción del medio de impugnación local o partidista, y;

iii)        Cuando se pretenda acudir per saltum a este órgano jurisdiccional especializado, una vez desistido del medio de impugnación ordinario, la demanda se debe presentar ante la autoridad que emitió el acto o resolución originalmente impugnado, o bien, ante el órgano al que compete conocer del medio de impugnación ordinario del cual desiste.

Así, no se justifica acudir per saltum a la jurisdicción electoral federal, si el conflicto puede tener solución conforme a la normativa local o intrapartidista que corresponda y no se actualiza alguno de los supuestos excepcionales antes referidos o se incumple alguno de los requisitos precisados.

En el caso, no se surten las exigencias necesarias para que esta Sala Regional conozca directamente de la presente impugnación dado que las manifestaciones de la demandante no justifican la imperiosa necesidad de que esta autoridad jurisdiccional conozca de forma directa y en primer grado del conflicto planteado.

Respecto a la falta de instalación de la Comisión de Justicia, porque en los Estatutos se prevé un órgano para impartir justicia en materia electoral al interior del Partido Acción Nacional, denominado "Comisión de Justicia", como órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de los actos y resoluciones emitidos por los órganos electorales encargados de organizar y calificar los procesos internos de selección de candidatos.

En cuanto de la denominación del órgano partidista, es menester precisar que el uno de abril del año anterior, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual se aprobó la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos del Partido Acción Nacional; en el cual, en el artículo 120 de los aludidos estatutos, se precisó que la Comisión de Justicia, tiene facultades jurisdiccionales dentro del citado partido político.

Sin embargo, en el diverso transitorio 4°, de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, se anunció que los actuales integrantes de la Comisión Jurisdiccional Electoral, entre otros, continuarán en su encargo hasta que el Consejo Nacional nombre a los Integrantes de la Comisión de Justicia y Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista, respectivamente, y los designados tomen posesión de su cargo; y si bien, en el presente asunto, no se tiene conocimiento de que a la fecha se hubieren nombrado a los integrantes de la misma, con independencia de la denominación, lo cierto es que existe un órgano de justicia interna encargado de resolver las diversas impugnaciones internas del partido político que nos ocupa.

En ese sentido, esta Sala Regional considera que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Partido Acción Nacional, debe conocer y resolver de las impugnaciones relacionadas con actos como el que en el presente juicio se controvierte, pues sólo de esta forma se garantiza la observancia de la regularidad estatutaria, por lo que únicamente, con una resolución del órgano responsable de impartir justicia interna, puede tenerse por agotada la instancia intrapartidaria.

Es decir, aun cuando la Comisión de Justicia no se haya instalado, lo cierto es que la Comisión Jurisdiccional asume las funciones de aquella, de tal manera, el hecho de que el nuevo órgano no hubiera sido nombrado no impide el funcionamiento de uno diverso con atribuciones para impartir justicia partidaria.

También resulta insuficiente para justificar el conocimiento de este medio de impugnación en la vía de per saltum la manifestación referente a que es necesario interpretar el alcance y contenido del derecho político-electoral de afiliación y, por tanto, se requiere establecer el alcance de normas constitucionales.

Ello es así, en principio porque se trata de una afirmación genérica y subjetiva de la parte actora sin sustento argumentativo que evidencie tal situación.

Además, porque aun de considerar lo alegado, la interpretación de la norma constitucional no se encuentra alejada de las facultades de los órganos internos de impartición partidaria.

En efecto, cabe recordar que de acuerdo a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010 derivado del llamado Caso Radilla Pacheco, se determinó que sólo las autoridades jurisdiccionales del Estado podían inaplicar una norma por inconstitucionalidad o inconvencionalidad, pero se generó para el resto de autoridades la posibilidad de interpretar las normas en el aspecto más benéfico a los derechos humanos.

Con ello, se evidencia que los órganos de control interno tienen facultades de interpretación de normas relativas a derechos humanos, control el cual, en su caso, puede ser objeto de revisión por instancias superiores en grado. De ahí que el argumento de la parte actora no sea base eficaz para su pretensión de saltar la instancia partidista.

Ahora, en cuanto a lo argumentado en el sentido de que la promoción de este juicio debe implicar el desistimiento tácito de la instancia partidista, tampoco puede considerarse suficiente.

Ello, porque de las constancias de autos no se advierte que la parte actora hubiese promovido la instancia intrapartidista en contra del acuerdo ahora impugnado.

De tal forma, el desistimiento no puede operar respecto de una instancia no promovida.

Además, el solo desistimiento no es razón suficiente para tener por actualizada la figura en análisis, ya que aun cuando exista, deben actualizarse razones que justifiquen el conocimiento anticipado del asunto por la jurisdicción del estado.

Esto es, no basta la voluntad del actor para que deje de lado las instancias previas de resolución, sino que, además, las circunstancias del asunto deben ameritar tal conocimiento, con las condiciones ya descritas, lo que en el caso no sucede.

Por último, resulta insuficiente para justificar el conocimiento de este medio de impugnación per saltum la manifestación de la parte demandante referente a que no existe un medio de impugnación previsto específicamente para controvertir acuerdos de depuración del padrón, ya que está previsto en la normativa interna del Partido Acción Nacional, un medio genérico para todos los actos partidistas no vinculados con selección de candidatos.

Conforme con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base primera, párrafo tercero, de la Constitución Federal; así como en los preceptos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34 y 47 de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos, al gozar de libertad de auto-organización y autodeterminación, están facultados para emitir las normas que regulen su vida interna.

En los artículos 119 y 120 de los Estatutos Generales del Partico Acción Nacional se prevé que la Comisión de Justicia es el órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de los actos emitidos, entre otros, por el Comité Ejecutivo Nacional.

Además, conforme lo establece el artículo 89, numeral 4, de los propios Estatutos, las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones emitidos, entre otros, por el Comité Ejecutivo Nacional pueden recurrirse a través del recurso de reclamación, que se debe interponer ante la Comisión de Justicia del partido político, con la única limitante, de que no se encuentren vinculados con el proceso de selección de candidatos.

De lo anterior, se concluye que está previsto, un medio de impugnación para controvertir las resoluciones emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional del referido ente partidista, no vinculadas al proceso de selección de candidatos, tal y como acontece en el caso, pues se controvierten determinaciones relativas al derecho de afiliación.

Ahora bien, el hecho de que en la normativa no se especifiquen todos los casos de procedencia del mencionado recurso no implica que el mismo sea ineficaz para cuestionar el acto que la parte actora impugna, pues se actualizan las condiciones previstas en el recurso genérico para la procedencia del mismo en este caso.

De ahí que al no actualizarse un supuesto excepcional de procedencia de la figura del per saltum (salto de la instancia), resulta innecesario el análisis del cumplimiento de los requisitos procesales exigidos para que sea procedente la vía intentada.

Así, esta Sala Regional estima que el presente medio de impugnación es improcedente al no cumplirse el requisito de definitividad del acto impugnado, en términos del artículo 99, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10, párrafo 1, inciso d) y 80, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por no haberse agotado la instancia intrapartidista primaria que, para la resolución de la controversia planteada, prevé la normativa interna del Partido Acción Nacional.

TERCERO. Reencauzamiento. Sin embargo, la improcedencia anunciada en modo alguno significa desechar la demanda, pues en el caso se estima que en el ámbito partidista existe una instancia idónea, apta, suficiente y eficaz que permite tutelar el derecho político electoral presuntamente vulnerado a la parte actora.

Ciertamente, tratándose de los medios de impugnación al interior de los partidos políticos, es imprescindible tener en cuenta que, de conformidad con lo estatuido en los artículos 43 numeral 1 inciso e), 46, 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos, dichos institutos deben regular sus procedimientos de justicia intrapartidaria, tomando en consideración, como mínimo, los elementos subsecuentes:

- Contemplar un órgano colegiado, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, que deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, con un número impar de miembros; el cual debe conducirse con independencia, imparcialidad, objetividad y legalidad.

- Establecer procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias sobre asuntos internos, debiendo prever los supuestos de procedencia, plazos y formalidades del procedimiento.

- El sistema de justicia interna debe, entre otras características: a) Tener una sola instancia de solución de conflictos internos para que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita; y, b) Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de los derechos político–electorales en los que resientan un agravio.

En el caso, los Estatutos del Partido Acción Nacional, aprobados por la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria y publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de abril de dos mil dieciséis, en su numeral 119 contemplan un órgano de impartición de justicia al que se denominó: “Comisión de Justicia[7]”, en conceptualizado como órgano responsable de garantizar la regularidad estatutaria de los actos emitidos por los distintos órganos del Partido Acción Nacional, y el encargado de resolver las controversias suscitadas dentro de dicho instituto político.

Ahora bien, de conformidad con los subsecuentes artículos, 121 al 125 de los aludidos estatutos, se advierte que dicho órgano de impartición de justicia partidista, se integra por cinco Comisionados Nacionales, los cuales no deben ser integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, de las Comisiones Permanentes Estatales, o miembros de los Comités Directivos Estatales o Municipales a menos que presenten renuncia a su cargo; en los Estatutos en comento, se precisa que sus integrantes deben conducirse bajo los principios de independencia, imparcialidad y legalidad, así como con respeto a los plazos establecidos.

Del mismo modo, se advierte del diverso artículo 89, párrafo 6 de los enunciados Estatutos, que las resoluciones de la Comisión de Justicia serán definitivas y firmes al interior del Partido.

Lo anterior, evidencia que la estructura del órgano es independiente, y además cuenta con la jerarquía y capacidad suficiente para revisar con independencia e imparcialidad, los actos que son materia de reclamo.

Así tenemos que la parte actora controvierte [La baja del actor en el presente juicio del padrón de militantes del Partido Acción Nacional, así como la publicación definitiva del padrón de militantes, en el que ya no aparece el suscrito; con motivo de la aplicación del acuerdo por el que se emite “LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE REVISIÓN, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y REGISTRO DE DATOS Y HUELLAS DIGITALES EN MICHOACÁN, A IMPLEMENTAR POR EL REGISTRO NACIONAL DE MILITANTES EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN ESPECIAL ESTRATÉGICA PARA LA TRANSPARENCIA Y REINGENIERÍA DEL PADRÓN MILITANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, de conformidad con el acuerdo CEN/SG/06/2017…”]; identificando para tal efecto como órganos partidarios responsables al Comité Ejecutivo Nacional, al Comité Directivo Estatal en Michoacán y al Comité Directivo Municipal de Lázaro Cárdenas; todos pertenecientes al Partido Acción Nacional.

Ahora bien, con la finalidad de salvaguardar los derechos partidistas que alude la parte actora le han sido violentados, se estima que el medio intrapartidista idóneo para resolver la cuestión planteada es el recurso de reclamación previsto en el artículo 89 numeral 4 de los Estatutos del Partido Acción Nacional, pues es el único de entre los medios de impugnación competencia del señalado órgano jurisdiccional que tiene por objeto el análisis de actos y resoluciones que no se encuentren vinculados a un proceso de selección de candidatos, como es el acto que nos ocupa.

Así, el recurso de reclamación es la vía idónea para que la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en suplencia de las funciones de la Comisión de Justicia[8] de dicho instituto político, conozca y resuelva la omisión reclamada; pues dentro de dicho partido político, existe el medio de impugnación idóneo en la normativa interna partidista, procedente para resolver la controversia planteada por la parte actora, la cual debe agotarse previo a acudir a la jurisdicción local y federal, respectivamente.

En consecuencia, esta Sala Regional estima que, a efecto de hacer efectiva la garantía de acceso efectivo a la justicia pronta y expedita, que tutela el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, lo procedente es remitir el presente asunto a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, a efecto de que en plenitud de jurisdicción se avoque a su conocimiento y resolución.

Lo aquí acordado no prejuzga sobre la procedencia del medio de impugnación, ni sobre el estudio de fondo del mismo.

De igual manera, una vez agotada la instancia jurisdiccional partidaria, y de ser el caso, la instancia jurisdiccional electoral local correspondiente, en su oportunidad este órgano colegiado se pronunciará al respecto.

Del mismo modo, no pasa inadvertido para este órgano colegiado que aún se encuentra transcurriendo el plazo para que concluya el trámite de ley previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y que a la fecha en que se resuelve el presente asunto, no se han recibido las constancias que justifiquen la tramitación del juicio ciudadano que nos ocupa; en razón de ello, infórmese a los órganos partidistas responsables para que una vez que fenezca el plazo legal, las mismas sean remitidas a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.

En similares términos la Sala Superior de este Tribunal Electoral se pronunció al resolver el juicio ciudadano número SUP-JDC-371/2017.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Es improcedente el juicio ciudadano.

SEGUNDO. Se reencauza el presente medio de impugnación a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, a efecto de que actúe en consecuencia conforme a lo precisado en esta ejecutoria.

TERCERO. Envíese el asunto a la Comisión Jurisdiccional Electoral del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, una vez realizadas las anotaciones que correspondan y las copias certificadas que obren en esta Sala Regional.

NOTIFÍQUESE, en términos de ley para la mayor eficacia del acto a notificar.

Asimismo, hágase del conocimiento público la presente resolución en la página que tiene este órgano jurisdiccional en Internet.

En su oportunidad, archívese el expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firmaron la Magistrada, el Magistrado y el Magistrado en funciones integrantes del Pleno de esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

MARTHA C. MARTÍNEZ GUARNEROS