JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO
EXPEDIENTE: ST-JDC-247/2024
PARTE ACTORA: ELIMINADO. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 113 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DATOS PERSONALES QUE HACEN A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE[1]
AUTORIDADES RESPONSABLES: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y OTRA
MAGISTRADA PONENTE: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
SECRETARIADO: MARCO VINICIO ORTÍZ ALANÍS Y ADRIANA ARACELY ROCHA SALDAÑA
COLABORARON: IVAN GARDUÑO RÍOS Y REYNA BELEN GONZÁLEZ GARCÍA
Toluca de Lerdo, Estado de México; a diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de la ciudadanía al rubro indicado, promovido por ELIMINADO, a fin de impugnar el oficio emitido por el Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se determinó darlo de baja del padrón electoral y de la lista nominal de electores; y,
R E S U L T A N D O
I. Antecedentes. De las constancias que obran en autos y de los hechos notorios vinculados con la materia de la presente determinación[2], se advierte lo siguiente:
1. Inicio del proceso electoral federal. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, inició el Proceso Electoral Federal 2023-2024, por el que se renovará a las personas integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como la titularidad de la Presidencia de la República.
2. Credencial para votar. La parte actora refiere que, en el mes de octubre de dos mil veintitrés, acudió al Módulo fijo del Instituto Nacional Electoral ELIMINADO, ubicado en la ciudad de Querétaro, con la finalidad de recoger su credencial para votar, la cual le fue entregada.
3. Vigencia en el Registro de Electores. La parte actora señala que el once de enero de dos mil veinticuatro, acudió a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro, a tramitar una constancia de vigencia en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores del Estado de Querétaro, la que le fue emitida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la mencionada Junta, quien dio fe de que su registro se encontraba vigente.
4. Baja del Padrón Electoral. La parte actora refiere que el veintisiete de marzo del año en curso, realizó una consulta en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de confirmar la vigencia de su credencial para votar con fotografía. Como resultado de esa búsqueda le arrojó la leyenda: “NO ESTA VIGENTE COMO MEDIO DE IDENTIFICACIÓN Y NO PUEDE VOTAR”, con la que causó baja del padrón electoral por domicilio irregular.
5. Nueva solicitud de expedición de credencial. Asimismo, señala que el veintiocho de marzo siguiente, acudió al Modulo fijo del Instituto Nacional Electoral ELIMINADO, ubicado en la ciudad de Querétaro, a fin de solicitar la expedición de su credencial para votar con fotografía al sentirse excluido del padrón electoral.
En ese sentido, refiere que el personal que lo atendió le comentó que, por un error al cerciorarse de la veracidad de su domicilio en los operativos implementados por el Instituto Nacional Electoral, buscaron su domicilio en una manzana errónea; sin embargo, no le podía apoyar a corregir esa situación, en virtud de que tendría que esperar a que concluyera el “periodo electoral”.
II. Primer juicio de la ciudadanía federal (ST-JDC-ELIMINADO/2024).
1. Demanda. Inconforme con lo anterior, el treinta de marzo de dos mil veinticuatro, la parte actora promovió ante esta Sala Regional juicio de la ciudadanía, el cual fue radicado con la clave de expediente ST-JDC-ELIMINADO/2024.
2. Sentencia. El once de abril del año en curso, esta Sala determinó revocar la determinación de la Junta Distrital y se le ordenó al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo una diligencia denominada “entrevista con la o el ciudadano” dispuesta para la aclaración de los datos del domicilio, mediante la aplicación del llamado “Cuestionario para aclaración de la situación del domicilio”.
3. Actos reclamados. Una vez realizada la diligencia ordenada por Sala Toluca, las autoridades responsables determinaron, en relación con la parte actora, su baja del padrón electoral y de la lista nominal de electores del ciudadano.
III. Segundo juicio de la ciudadanía federal
Inconforme con lo anterior, el treinta de abril del año en curso, la parte actora presentó juicio de la ciudadanía ante la Sala Regional Ciudad de México. El medio de impugnación se registró en el cuaderno de antecedentes SCM-CA-86/2024.
1. Consulta competencial. En la propia fecha, Sala Ciudad de México determinó la remisión del medio de impugnación a Sala Superior para que determinara lo conducente respecto de la competencia para conocer el asunto.
La consulta derivó del cambio de Circunscripción del Estado de Querétaro mediante el Acuerdo INE/CG130/2023, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dado que ese Estado no pertenece a la Circunscripción en la que ejerce jurisdicción esa Sala.
2. Acuerdo de Sala Superior. El siete de mayo del año en curso, Sala Superior determinó que Sala Toluca era la competente para conocer y resolver el presente asunto; asimismo, ordenó la remisión de las constancias que integran el expediente.
3. Recepción y turno a Ponencia. El diez de mayo siguiente, se recibieron en la Oficialía de Partes de Sala Regional Toluca el escrito de demanda y demás constancias que integran el presente medio de impugnación; en la propia fecha, mediante proveído de Presidencia de esta autoridad jurisdiccional se ordenó integrar el expediente ST-JDC-247/2024, así como turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez.
4. Radicación y admisión. En su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó en la Ponencia a su cargo el expediente mencionado al rubro, admitió a trámite la demanda y, declaró el cierre de instrucción a efecto de emitir la resolución correspondiente; y,
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, por tratarse de un juicio de la ciudadanía promovido por un ciudadano con residencia en el Estado de Querétaro a fin de impugnar la cancelación de su registro en el padrón electoral y de la lista nominal de electores, entidad federativa que pertenece a la Circunscripción en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción y acto sobre el cual es competente para conocer.
SEGUNDO. Designación del Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado. Teniendo como criterio orientador lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro: “SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO”[3], se reitera que se hace del conocimiento de las partes la designación del Secretario de Estudio y Cuenta de esta Sala Regional, Fabián Trinidad Jiménez, en funciones de Magistrado del Pleno de esta autoridad federal[4].
TERCERO. Precisión de la autoridad responsable y acto impugnado. Como ha quedado anotado en el proemio de este fallo, las autoridades responsables son la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, así como a la ELIMINADO Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Querétaro, por conducto del vocal respectivo[5],
En la especie, de manera excepcional se tendrá como acto impugnado la improcedencia que consta en la opinión técnica normativa expedida por la Secretaría Técnica Normativa de la citada Dirección Ejecutiva, al ser ésta la responsable de recibir todas las solicitudes de expedición de credencial a nivel nacional, así como de emitir una opinión sobre su procedencia, improcedencia o sobreseimiento.
En ese sentido, con independencia de que no se acudió a la instancia administrativa, ello no puede depararle perjuicio a la parte actora, ya que materialmente es tal opinión la que contiene las razones y fundamentos que sustentan la improcedencia, y como se advierte, tal determinación constituye el acto impugnado ante esta Sala Regional.
En este caso, no puede considerarse obligatorio realizar un nuevo trámite, si las autoridades responsables al rendir sus informes circunstanciados reconocieron expresamente la baja del registro de la parte actora en el padrón electoral, de tal manera que sería ocioso ordenar un nuevo trámite y agotar la instancia administrativa ya que la baja está acreditada y reconocida por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral.
Por otra parte, proceder en un sentido diverso generaría la postergación innecesaria de la resolución del asunto con la consecuente merma a los derechos de la parte actora ante lo avanzado del proceso electoral federal en curso, de ahí que, en el caso, y en atención al mandato constitucional pro persona y de justicia pronta deba tomarse esa opinión técnica como la determinación de la autoridad responsable respecto al trámite de la parte actora y, por tanto, como acto impugnado.
CUARTO. Requisitos de procedibilidad. El presente medio de impugnación reúne los presupuestos procesales previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme a lo siguiente:
a) Forma. En la demanda consta el nombre y la firma autógrafa de la parte actora; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la demanda, los agravios que la parte accionante aduce le causa el acto controvertido y los preceptos presuntamente vulnerados.
b) Oportunidad. La demanda fue presentada dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la determinación impugnada le fue notificada de manera personal a la parte actora el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, en tanto la demanda fue presentada el treinta de abril de este año, de ahí que es inconcuso que su presentación es oportuna al haberse presentado en el último día de los cuatro previstos para ello.
c) Legitimación e interés jurídico. El medio de impugnación fue promovido por parte legítima, ya que la parte promovente alega la cancelación de su registro en el padrón electoral y de la lista nominal de electores, vulnerando su esfera de derechos.
d) Definitividad y firmeza. En la legislación no se prevé otro medio para combatir la inconformidad de la parte actora, por lo que esta exigencia procesal está colmada.
QUINTO. Motivos de disenso. Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte actora controvierte que su credencial para votar con fotografía no se encuentra vigente como medio de identificación, frente a ello, aduce esencialmente como agravios que las reglas que rigen la entrevista en el procedimiento de aclaración se apartan del orden jurídico; que hubo violación al procedimiento al no poder conocer de forma completa el acto impugnado; y que la responsable valoró indebidamente las pruebas para excluirla del padrón.
SEXTO. Elementos de prueba. De manera previa a examinar y resolver los conceptos de agravio del presente juicio, se precisa que el análisis de los motivos de disenso se realiza teniendo en consideración los elementos de convicción ofrecidos y/o aportados por la parte actora y la autoridad responsable.
En este sentido, conforme a lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, incisos a) y b), así como 16, párrafos 2 y 3, las documentales públicas que obran en el sumario tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran; en tanto que respecto de las documentales privadas que se aportaron al juicio, sólo harán prueba plena cuando valoradas con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.
Precisada tal cuestión, en el considerando respectivo de esta resolución se examinarán y resolverán los motivos de disenso teniendo en cuenta la valoración referida de los elementos de convicción.
SÉPTIMO. Estudio de fondo. Del análisis de la demanda, se advierte que la pretensión de la parte actora es que se revoque la determinación de la autoridad responsable vinculada a su baja del Padrón Electoral y de Lista Nominal por causa de la supuesta irregularidad de su domicilio.
Su causa de pedir consiste en que, a su juicio, la autoridad responsable violenta su derecho al voto activo y pasivo, ya que arribó a conclusiones erróneas, toda vez que el domicilio que se encuentra vigente en su credencial para votar es en el que ha vivido por mucho tiempo y, por lo tanto, debe considerársele como domicilio regular.
Por tanto, la litis del presente asunto se constriñe a resolver si la determinación de la autoridad responsable se encuentra apegada a Derecho, o si por el contrario procede revocarse por asistirle razón a la parte actora.
1. Marco normativo
En primer término, Sala Regional Toluca considera necesario precisar el marco normativo mediante el cual la autoridad responsable determina que un trámite actualiza un domicilio “irregular”.
Mediante acuerdo INE/CG192/2017 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los “Lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el padrón electoral y la lista nominal de electores”, posteriormente, mediante el acuerdo INE/CG159/2020, emitió las modificaciones a los citados lineamientos, las cuales en el Capítulo Sexto atienden lo referente al tema de domicilio irregular señalando lo siguiente:
a) Un domicilio proporcionado por una persona ciudadana es considerado irregular para efectos del padrón electoral, cuando no existe o bien no le corresponde.
b) La Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral considera que un domicilio es presuntamente irregular cuando advierte lo siguiente:
Al ejecutar programas ordinarios para identificar la identidad ciudadana.
Al identificar afluencias atípicas ciudadanas que originan un funcionamiento atípico en los módulos de atención ciudadana.
Por criterios estadísticos de movimientos de cambio de domicilio.
Por notificaciones de las Comisiones de Vigilancia.
Por medio de una denuncia.
c) Cuando la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral presuma que el registro del domicilio se hizo con datos falsos solicitará a la persona ciudadana que aclare la situación con la documentación necesaria para acreditar su domicilio.
d) Después, la citada Dirección Ejecutiva realizará un análisis y emitirá una opinión técnica normativa en la que concluirá que el domicilio es:
a. Regular cuando se determine que la persona ciudadana proporcionó datos ciertos;
b. Irregular cuando se determine que la información del domicilio es inexistente o que no le corresponde a la persona interesada.
Como se observa, el procedimiento para determinar que un domicilio es presuntamente irregular se origina en el momento en el que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral advierte alguna de las situaciones que ponga en duda ese dato, pero en todos los casos debe otorgar a la ciudadanía involucrada el derecho a aclarar la situación, y sólo después de ello podrá emitir la opinión técnica normativa.
En correlación con lo anterior, en el documento relativo al Tratamiento de Trámites y Registros con Datos de Domicilio Presuntamente Irregulares o Falsos. Documento Integral de Operación, del Instituto Nacional Electoral[6] que deriva del acuerdo INE/CNV61/DIC/2023, referente al Acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia, por el que se recomienda a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores la modificación del Procedimiento para el tratamiento de trámites y registros con datos de domicilio presuntamente irregulares o falsos, aprobado mediante el diverso INE/CNV35/OCT/2021, para su respectiva aplicación dispone lo siguiente:
ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA, POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES LA MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE TRÁMITES Y REGISTROS CON DATOS DE DOMICILIO PRESUNTAMENTE IRREGULARES O FALSOS
[…]
IV. Ámbito Preventivo
4.1. Selección de Trámites con Datos de Domicilio Presuntamente Irregulares o Falsos
Al identificar afluencias ciudadanas atípicas o con características diferentes al comportamiento normal de la ciudadanía en los MAC, se selecciona la opción Domicilio Presuntamente Irregular en el módulo respectivo del SIIRFE-MAC, que inicia la aplicación del procedimiento, cuando:
Grupos de personas realizan un trámite a la misma sección o localidad, sin motivo aparente;
Una persona lleve o dirija a un grupo de personas para que se inscriban o cambien de domicilio;
Cuando se observe que el comprobante de domicilio es expedido recientemente por alguna autoridad municipal;
Varias personas presentan un mismo comprobante de domicilio y no tengan aparente parentesco, o presenten una identificación con fotografía expedida recientemente por una misma empresa y soliciten un movimiento de actualización o inscripción en una sección o localidad específica; y
Se observe alguna situación anómala respecto al domicilio que proporcionen.
Los casos en los cuales se tenga conocimiento de que el domicilio manifestado en el trámite se trata de una vivienda colectiva, conforme la cédula de domicilios con alto número de empadronados, se suspenderá la selección de la opción señalada.
De lo expuesto, se desprende que con independencia de las facultades para la depuración del Padrón Electoral a cargo del Instituto Nacional Electoral, lo cierto es que, cuando la baja de la ciudadanía del mencionado registro se dé como consecuencia de domicilio irregular, siempre debe otorgar a la ciudadanía involucrada el derecho a aclarar tal situación, y sólo después de ello podrá emitir la opinión técnica normativa, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada respetando siempre las garantías del debido proceso.
2. Estudio de Caso
De las constancias se advierte que el once de abril de dos mil veinticuatro, Sala Regional Toluca ordenó en el expediente ELIMINADO, la reposición del procedimiento de aclaración de domicilio a favor de la parte actora, y derivado de ello, el quince de abril siguiente se le entrevistó para aclarar su domicilio.
Como se advierte del cuestionario para la aclaración de la situación del domicilio vigente que se le formuló y que se inserta a continuación:
En el desarrollo de la referida entrevista, se desprende que la parte actora manifestó vivir en un nuevo domicilio diverso al anterior, pero que ahora este nuevo es el domicilio vigente.
En ese sentido la parte actora manifestó residir en calle ELIMINADO, y haber residido en ese domicilio durante 6 años y 4 meses.
Asimismo, exhibió un comprobante de domicilio correspondiente al domicilio vigente, siendo el siguiente:
Con base en lo anterior y tomando en consideración que la delegada de la comunidad manifestó no conocer a la parte actora, el veinticuatro de abril del año en curso, el Secretario Técnico Normativo del Instituto Nacional Electoral, emitió una nueva opinión técnica en el sentido de considerar su domicilio como irregular y, en consecuencia, excluir a la parte actora del padrón y del listado nominal.
Frente a ello, la parte actora aduce esencialmente como agravios que las reglas que rigen la entrevista en el procedimiento de aclaración son inconstitucionales; que hubo violación al procedimiento al no poder conocer de forma completa el acto impugnado; y que la responsable valoró indebidamente las pruebas para excluirla del padrón, lo que será motivo de análisis a continuación.
1. Agravios relacionados con la inconstitucionalidad de las normas que rigen la entrevista en el procedimiento de aclaración
Al respecto la parte actora refiere como inconstitucionales:
- El artículo 104 de los Lineamientos para la Incorporación, Actualización, Exclusión y Reincorporación de los Registros de las Ciudadanas y los Ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores[7], que establece la facultad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para solicitar a los ciudadanos la aclaración de sus domicilios, cuando se presuma que su situación registral deriva de datos de domicilio presuntamente falsos.
- El numeral 5.7 del documento denominado Tratamiento de Trámites y Registros con Datos de Domicilio Presuntamente Irregulares o Falsos, en la porción que refiere que la captura de los datos de la entrevista se realizara mediate un aplicativo web[8]; y
- El cuestionario para la aclaración de la situación del domicilio[9].
Por lo cual solicita su inaplicación y/o interpretación conforme, ya que, en su concepto, vulneran los principios de certeza, seguridad jurídica y defensa adecuada con base en lo siguiente.
- No existe una regla que obligue a la autoridad a entregar una copia del acta a los entrevistados para que constaten que sus manifestaciones asentadas, sean lo que ellos dijeron.
- Lo anterior genera un estado de indefensión a los entrevistados, ya que al desconocer lo asentado en el acta, les impide impugnar eficazmente su contenido y ello genera la carga indebida de estar recordando lo que manifestaron.
- No se explica a los entrevistados los alcances de sus declaraciones.
- El llenado del cuestionario mediante aplicativo web impide que los entrevistados se impongan de su contenido.
- Las manifestaciones capturadas en el aplicativo web solo las observa el personal del Instituto Nacional Electoral sin que los ciudadanos puedan verificar que correspondan a su dicho.
Tomando en cuenta lo anterior, esta Sala procederá a realizar únicamente el análisis de la inaplicación del artículo 104 de los Lineamientos para la Incorporación, Actualización, Exclusión y Reincorporación de los Registros de las Ciudadanas y los Ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.
Ello es así, en razón de que de tal norma emana el documento denominado Tratamiento de Trámites y Registros con Datos de Domicilio Presuntamente Irregulares o Falsos[10], el cual a su vez contiene como anexo el cuestionario de aclaración.
Precisado lo anterior, se califica infundado el agravio relacionado con la inconstitucionalidad del artículo 104 de los Lineamientos para la Incorporación, Actualización, Exclusión y Reincorporación de los Registros de las Ciudadanas y los Ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, ya que su contenido resulta plenamente compatible con el orden constitucional y convencional, como se evidencia a continuación.
Test de proporcionalidad de las medidas restrictivas de derechos humanos
Fin constitucionalmente valido
Sala Regional Toluca considera que, la facultad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de solicitar a los ciudadanos la aclaración registral de su domicilio cuando se presuma que proporcionaron datos falsos, persigue dos fines constitucionalmente legítimos:
1. Que la ciudadanía, partidos políticos y autoridades electorales tengan certeza y veracidad sobre los datos del padrón y listas nominales, como requisitos para el ejercicio válido de derechos y de la conformación de la voluntad democrática; y
2. Salvaguardar la garantía de audiencia de los ciudadanos para aclarar su situación registral, respetando las formalidades esenciales del procedimiento.
En efecto, la facultad referida contribuye al establecimiento de un padrón electoral y listas nominales de electores con datos verídicos, auténticos y precisos, lo que es acorde con los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica en materia registral[11].
La protección al padrón electoral se relaciona con el derecho al sufragio, dado que de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sólo pueden ejercer ese derecho los ciudadanos que reúnan las características de estar inscritos en el padrón electoral y contar con credencial para votar, y lo podrán hacer, generalmente, en la demarcación territorial de su domicilio[12], salvo en los casos previstos en la ley.
Por eso, la importancia que el padrón se integre con datos reales reside en que de él se extraen las listas nominales que contienen los nombres de los ciudadanos que cuentan con credencial para votar y están aptos para votar[13], en el lugar que les corresponde, excepto en los casos específicamente previstos en la ley
De este modo, la infracción consistente en proporcionar datos o información falsa al Registro Federal de Electores[14], expone o afecta los valores constitucionales relativos a la protección del padrón electoral y, consecuentemente, al valor fundamental del sufragio[15].
En ese sentido la facultad del Instituto Nacional Electoral de solicitar a las ciudadanas y ciudadanos que aclaren su situación registral derivado de elementos que impliquen que se proporcionaron datos de domicilio falsos, persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente valida, porque contribuye a la conformación de un auténtico registro público dotado de certeza, para que los electores tengan seguridad jurídica respecto del lugar en el cual ejercerán su derecho al sufragio y conozcan con claridad la sección electoral a la que pertenecen.
Por otra parte, al requerir a los ciudadanos la aclaración del domicilio cuando se presuma la falsedad respecto de los datos proporcionados, se salvaguarda su garantía de audiencia prevista en la constitución federal, respetando las formalidades esenciales durante el procedimiento de aclaración de domicilio.
Idoneidad de la medida
Este requisito que implica evaluar la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin que persigue la afectación, en el caso, se considera que la facultad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de solicitar la aclaración registral cuando se presuma que la incorporación al padrón electoral se dio a partir de datos de domicilio falsos contribuye a lograr el fin mediato buscado, consistente en que se cumpla con lo previsto en el artículo 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3, que establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral la conformación del padrón electoral y la lista de electores.
En efecto, es importante destacar que la protección al padrón electoral es una previsión de rango constitucional[16], lo que a su vez posibilita de forma inmediata que se cumplan diversas condiciones relacionadas con la preparación y la organización de los procesos electorales, tales como, la formación, actualización, validación, impresión y distribución a las mesas electorales de los materiales necesarios para que la ciudadanía pueda elegir y ejercer su voto.
En correlación a ello, la facultad del Instituto Nacional Electoral de solicitar la aclaración del domicilio cuando se presuma la falsedad de datos proporcionados en la incorporación al padrón resulta idónea, ya que salvaguarda el derecho de audiencia de los ciudadanos previsto en el artículo 14 de la Constitución federal con el fin de que realicen las aclaraciones pertinentes.
Aunado a lo anterior, durante el procedimiento de aclaración de domicilio se respetan las formalidades esenciales, porque garantiza a los ciudadanos:
- La notificación del inicio del procedimiento de aclaración de domicilio.
- La oportunidad de aportar elementos que prueben su residencia en el domicilio.
- La oportunidad de realizar las manifestaciones que estimen pertinentes por medio de una entrevista para aclarar su situación registral, ante un posible acto privativo como lo es la baja del padrón.
- La emisión de una opinión técnica normativa con las resultas del procedimiento de aclaración.
Lo anterior, acorde con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.
Necesidad de la medida
La porción normativa cumple con este subprincipio, en virtud que el finalizar satisfactoriamente el trámite de cambio de domicilio, por sí mismo, no supone en automático que los datos del domicilio proporcionados en el citado trámite sean ciertos.
En ese sentido, para tal propósito, la autoridad electoral tiene expedita su facultad de verificar que el padrón electoral se constituya con datos fidedignos por lo cual puede requerir a los ciudadanos cuando se presuma la falsedad de los mismos respecto del domicilio.
En ese sentido, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que el resguardo del padrón electoral y el sufragio tienen relevancia constitucional, y que su alteración merma la confiabilidad de los procesos y de los resultados electorales[17].
Asimismo, razonó que la desconfianza en el proceso y en el resultado incide en la aceptación del gobierno que resulte electo y, esto a su vez, afecta la gobernabilidad de éste incluyendo lograr acuerdos con otros poderes y el cumplimiento de la ley por parte de la ciudadanía.
Esta circunstancia justifica la facultad del Instituto Nacional Electoral para aclarar los datos registrales, instaurándose como un mecanismo con el que se pretende generar certeza respecto a la identificación de la ciudadanía legitimada para participar en la elección de las autoridades en un determinado territorio.
En relación a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el Registro Federal de Electores, las listas nominales y las credenciales para votar con fotografía, deben estar investidos de los principios de certeza, legalidad y objetividad, porque constituyen las bases para la organización de los procedimientos electorales y la emisión del sufragio universal, libre, secreto y directo.
Ello, conforme al contenido de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente[18]:
DELITOS ELECTORALES. LA CONDUCTA DEL CIUDADANO CONSISTENTE EN PROPORCIONAR, CON CONOCIMIENTO DE QUE ES FALSO, UN NUEVO DOMICILIO A LA AUTORIDAD, LA CUAL OMITE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD, ACTUALIZA LA CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE SE PRODUZCA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Si se toma en consideración, por un lado, que en términos de lo dispuesto en el artículo 411 del Código Penal Federal a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar se le impondrá una pena de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años y, por otro, que el verbo alterar significa cambiar la esencia o forma de una cosa, se colige que si un ciudadano proporciona a la autoridad electoral correspondiente, mediante solicitud en la que consta su firma, huella digital y fotografía, conforme lo ordenado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, un nuevo domicilio con conocimiento de ser un dato falso, y la citada autoridad es omisa en verificarlo, con ese actuar culpable del ciudadano se establece una de las condiciones necesarias para que se produzca el resultado típico a que hace alusión el precepto mencionado. Lo anterior es así, con independencia de que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 135, 138, 140, 141, 142, 143, 144, inciso 6 y 145 del código electoral invocado, materialmente sea a los funcionarios electorales a quienes corresponda la formación, incorporación de datos y vigilancia de su veracidad ante el Registro Federal Electoral, la elaboración del Padrón Electoral, la expedición de las credenciales para votar y la integración de las listas nominales, pues tal circunstancia no excluye de responsabilidad al ciudadano quien, al aportar datos falsos a la autoridad electoral, participó en la alteración de dicho registro, actualizándose de esta manera el nexo causal entre la acción del ciudadano y el resultado material, previsto y sancionado por el mencionado artículo 411. Además, al asentarse en el Registro Federal de Electores, listas nominales y credenciales para votar con fotografía, un domicilio falso, proporcionado con pleno conocimiento de esta circunstancia, es indudable que se lesionan los principios de certeza, legalidad y objetividad, de los que deben estar investidos esos instrumentos electorales, pues constituyen las bases para la organización de los procedimientos electorales y la emisión del sufragio universal, libre, secreto y directo.
Con base en lo anterior el listado nominal y las credenciales para votar con fotografía, constituyen una parte fundamental en la organización de los procesos electorales, por lo cual es de suma importancia que los datos en ellos proporcionados sean fidedignos, ya que, a partir de tales elementos, entre otros, se construyen elecciones auténticas, libres y periódicas.
Proporcionalidad en sentido estricto
Sala Regional Toluca considera razonable y proporcional la facultad del Instituto Nacional Electoral de requerir a los ciudadanos la aclaración registral de su domicilio cuando se presuma la falsedad en los datos proporcionados[19], por las siguientes razones.
La aclaración de los datos registrales de domicilio presuntamente falsos a cargo de la ciudadanía constituye una carga mínima, frente a los beneficios que genera tal situación al sistema electoral en su conjunto, a la sociedad y al propio accionante un padrón confiable.
Ello es así, porque es el personal del instituto el que se traslada a los domicilios de las y los ciudadanos y, solo en caso de no encontrarlos, se implementan mecanismos de ulterior verificación, como la entrevista aclaratoria en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral por lo que esta medida se implementa de forma gradual y con la menor intervención posible en el ámbito de las personas y siempre respetando las formalidades esenciales del procedimiento, so pena de revocación por las instancias jurisdiccionales.
Así, ante lo expuesto, el artículo 104 de los Lineamientos para la Incorporación, Actualización, Exclusión y Reincorporación de los Registros de las Ciudadanas y los Ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, respecto de la facultad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores materia de este juicio, cumple con el test de proporcionalidad, de ahí lo infundado de los agravios al respecto.
2. Agravio relativo a la supuesta violación al procedimiento relativa a la falta de notificación de los documentos anexos al acto reclamado, necesarios para su debido e integro conocimiento y su adecuada impugnación
Sobre el particular, la parte actora alega lo siguiente:
Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que una persona se encuentra en aptitud de impugnar un acto de autoridad -y, en esa medida, tal momento constituye el referente para demandar- cuando adquiere un conocimiento completo del acto reclamado.
Una persona tiene conocimiento completo de un acto que reclama, cuando cuenta con los elementos suficientes para cuestionarlo de forma adecuada lo que, en ocasiones, supone que el acto se le comunique con los documentos anexos que respaldan la decisión y cuyo contenido no se desprende de manera adecuada del propio acto. Agrega que dicho criterio tiene sustento en la tesis “ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE CONOCIMIENTO COMPLETO, DIRECTO Y EXACTO DEL ACTO CONSISTENTE EN EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL, PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, UNA VEZ QUE SE LE DÉ VISTA CON LAS CONSTANCIAS ANEXAS AL INFORME JUSTIFICADO”.
Alega que, en el caso concreto, el acto reclamado se basa en el acta en la que se asentó el testimonio de la delegada de la colonia, de 42 años de residencia, que señaló no conocer a la hoy persona actora y en el acta de entrevista realizada a la persona actora y/o el cuestionario.
Afirma que, si bien ambos elementos sustentan la resolución impugnada, en ninguno de los 2 supuestos, tal resolución detalló su contenido, de manera que se tengan los elementos suficientes para refutarlos de forma adecuada e íntegra, de ahí que solicite que se reponga el procedimiento a efecto se le haga entrega de tales constancias.
El agravio en estudio se califica infundado, tal y como se explica a continuación.
La parte actora parte de la premisa equivocada de considerar que la autoridad responsable debió notificarle del acto impugnado, con los documentos que le dieron sustento a la determinación que ahora se impugna. Para ello, cita la tesis aislada VI.2o.C.1 K (11a.), de los Tribunales Colegiado de Circuito de rubro “ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE CONOCIMIENTO COMPLETO, DIRECTO Y EXACTO DEL ACTO CONSISTENTE EN EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL, PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, UNA VEZ QUE SE LE DÉ VISTA CON LAS CONSTANCIAS ANEXAS AL INFORME JUSTIFICADO”, tesis que, como se evidenciará, no resulta aplicable en el presente caso, a notificarles del acto impugnado con las constancias que le dieron sustento, al tratarse de una situación fáctica alejada, por mucho, del asunto que ahora se resuelve.
En aquel caso, se trataba de un asunto relacionado un ilegal emplazamiento a un juicio natural en donde la responsable no puso del conocimiento de la totalidad de las constancias que daban sustento al emplazamiento como acto impugnado en el juicio de amparo, por tal motivo, sostuvo el Tribunal Colegiado, salvo que exista prueba en contrario, debe partirse de la base de que el quejoso (en la vía de amparo) tiene noticia del acto reclamado (un emplazamiento a juicio) una vez que tiene acceso a las constancias que obran en el expediente y, es a partir de ese momento, que el conocimiento específico del mismo queda corroborado.
Es decir, la parte actora se equivoca cuando el acto reclamado del presente juicio lo equipara con un emplazamiento a un juicio natural en donde sí es necesario correr traslado no solo de la demanda de emplazamiento, sino de todas las constancias que dan origen, no hacerlo de esa manera implica la nulidad del acto por un ilegal emplazamiento.
En aquel caso de la vía del juicio de amparo, el quejoso que se opone al emplazamiento ilegal de un juicio natural debe conocer completa, directa y exactamente el acto reclamado, porque una vez que se impone del contenido de las constancias del juicio natural, está en aptitud legal de controvertir las actuaciones judiciales a través de los medios de convicción que estime pertinentes, situación que no acontece en el presente caso.
Ello porque, el actor pierde de vista que, en la especie, no se trata de un procedimiento de la naturaleza de lo que se precisa en la tesis, sino de la indagación y esclarecimiento de una situación de domicilio irregular, y de cuyo procedimiento, la autoridad despliega sus funciones a efecto de constatar que los datos proporcionados son coincidente o en su caso divergentes, derivado de la propia información que los solicitantes proporcionan.
Ello, aunado a que derivado de ese procedimiento, su resultado, esto es, la resolución que ahora se impugna, se le notificó a la parte actora donde se contienen los fundamentos motivaciones por las que la responsable determinó que se mantenía la calificativa de domicilio irregular derivado de la propia información que él mismo le proporcionó en el procedimiento para aclarar lo atinente a su registro individual de inscripción o actualización al padrón electoral y recibo de credencial.
Así, es que, con tal notificación, se le impuso de los razonamientos y las valoraciones de los documentos realizados por la autoridad y que ahora combate, con lo cual se revela que conoció tales argumentaciones para estar en condiciones de controvertir tal acto y aportar los elementos que se dirijan a confrontar tal decisión, de ahí que como fue precisado con antelación, el agravio en estudio resulta infundado.
3. Agravios relacionados con la indebida valoración probatoria por parte de la autoridad responsable
La parte actora manifiesta que, anteriormente ya se le había otorgado su credencial para votar, razón por la cual debe asumirse que cumplió con la presentación de los documentos de identidad respectivos y el comprobante de domicilio.
Asimismo, señala que no hay ninguna disposición que exija de manera expresa que el comprobante que funciona para corroborar el domicilio se encuentre a nombre de la persona que solicita el trámite, ya que las máximas de la experiencia ponen de manifiesto que es poco frecuente que una persona que arrende tenga comprobantes de domicilio a su nombre.
Refiere que, la autoridad determinó que su domicilio era irregular a partir de que:
1. La delegada de la colonia con 42 años de residencia no le reconoció.
2. Que en la diligencia de entrevista de aclaración de datos manifestó vivir en un domicilio distinto al asentado en su credencial, esto es en: calle ELIMINADO.
3. En la entrevista de aclaración presentó un comprobante de domicilio distinto al que exhibió al iniciar su trámite de cambio de domicilio el año anterior (2023), y que la persona que aparece en ambos recibos es distinta.
Al respecto, esas aseveraciones de la responsable a su decir no desvirtúan la presunción de que es un domicilio regular, por lo siguiente.
En principio, la parte actora conocía que las diligencias que realizaría la autoridad responsable fueron consecuencia de haber identificado un presunto domicilio irregular, de ahí que estaba enterado de que la investigación tenía como propósito determinar si era un domicilio irregular o no.
Esto es, la asistencia de la parte actora a las instalaciones de la responsable, fue precisamente para aclarar su situación de ese presunto domicilio irregular, y en el cual tenía que probar que efectivamente se trataba de un domicilio regular, para lo cual no debía proporcionar información discordante respecto a su domicilio, ya que, de hacerlo de ese modo, propiciaría que se actualizara el domicilio irregular.
Por ello, la información que el propio actor estaba constreñido a brindar, era precisamente demostrar que su domicilio era regular, por tanto, en el caso los datos proporcionados tendrían que ser coincidentes para ubicarse en tal supuesto, porque de lo contrario, no podía soportarse tal conclusión.
En ese orden de ideas, en relación con la testimonial, la autoridad nunca razonó el nombre de la persona o como la autoridad se cercioró que vivía cerca de su domicilio o la forma que la información proporcionada resultaba relevante en el caso, además de que la testimonial sólo genera un indicio.
Respecto a que proporcionó un domicilio diverso, señala que es el mismo; sin embargo, se le identifica con dos denominaciones, por lo que, era responsabilidad de la autoridad realizar las investigaciones necesarias para arribar a la conclusión de que era el mismo lugar.
En cuanto a la divergencia de los comprobantes de domicilio, considera que tampoco es un indicio que permita considerar que es irregular el domicilio, ya que no es una obligación de presentar el mismo comprobante de domicilio. Además, señala que ese lugar donde habita se encuentra arrendando, por lo que, puede existir una pluralidad de personas que aparezcan en los comprobantes de domicilio.
Agravios que Sala Regional Toluca desestima por las siguientes consideraciones.
El once de abril de dos mil veinticuatro, Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-ELIMINADO/2024, determinó que la notificación que efectuó la autoridad administrativa electoral a la parte actora dentro del procedimiento de posible “domicilio irregular” no era vinculante, puesto que no se tenía la certeza de que el ciudadano hubiese tenido pleno conocimiento de las razones de la pérdida de vigencia de su credencial y de su baja del padrón.
En esa sentencia, se vinculó a la parte demandante para que asistiera el quince de abril de este año de 8:30 a 15:00 horas al Módulo de Atención Ciudadana al que ya había acudido previamente, a efecto de que el personal de la ELIMINADO Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Querétaro reiniciara el trámite de aclaración del domicilio de la parte actora.
Igualmente, se estableció que la parte accionante podría presentar la documentación o personas testigos que estimara convenientes para acreditar su domicilio, lo cual no limita a la autoridad para ordenar las diligencias adicionales que considerara conforme a su normativa.
Finalmente, se apercibió a la parte actora de que, en caso de no acudir al módulo en el día y horario fijado, el Instituto Nacional Electoral podría tener por no presentado su trámite de aclaración de domicilio debiendo informar tal circunstancia a esta Sala Regional aportando las constancias correspondientes.
En consecuencia y derivado de la reposición del procedimiento de verificación de domicilio vigente ordenado por Sala Regional Toluca, el quince de abril del año en curso, se llevó a cabo la entrevista para aclaración de la situación del domicilio vigente correspondiente a favor de la parte actora, en la que se desprendió lo siguiente:
- El Instituto Nacional Electoral tenía como domicilio proporcionado por la parte actora el ubicado en “ELIMINADO”.
- La parte actora en la pregunta 1 del cuestionario relativa a que proporcionara el domicilio en el que reside actualmente manifestó que en “ELIMINADO”.
- La parte actora al contestar la pregunta 2 del cuestionario señaló como último domicilio proporcionado al Instituto Nacional Electoral el ubicado en: “ELIMINADO”.
- Al responder la pregunta 9 del cuestionario en el sentido de que, si reside o habita en el domicilio ubicado en “ELIMINADO”, señalado en la solicitud individual de inscripción o actualización al Registro Federal de Electores y recibo de la credencial con número ELIMINADO de fecha dos de octubre de 2023, respondió que sí.
- El único documento que aportó para acreditar su domicilio actual fue un recibo de agua a nombre de ELIMINADO, de fecha diez de marzo del año en curso, cuyo domicilio corresponde a ELIMINADO.
De lo descrito con anterioridad, se colige que tal como lo señala la autoridad responsable, la parte actora, manifestó de propia voz distintos domicilios donde manifestó que vivía, sin precisar que se trataba del mismo, como ahora lo pretende hacer valer ante esta instancia jurisdiccional federal, esto es, de la entrevista efectuada para su aclaración de domicilio vigente, no se advierte que hubiese manifestado que los domicilios ELIMINADO y ELIMINADO, constituían el mismo domicilio, circunstancia que la parte inconforme estuvo en posibilidad de manifestar ante la autoridad administrativa electoral, a fin de que llevara a cabo las diligencias necesarias para en su caso, acreditar tal hecho y emitir la determinación correspondiente.
Esto es, la parte accionante estuvo en posibilidad de precisar que ambos domicilios, derivado de un contexto social, tal como lo señala, correspondían a uno mismo, aunque con diferente denominación; sin embargo, es hasta la presentación de la demanda del presente juicio que pretende subsanar tal circunstancia, siendo que era precisamente en la entrevista el momento idóneo para hacer de conocimiento a la autoridad responsable de tal precisión y actuara en consecuencia.
De ahí que, carezca de sustento lo alegado por la parte enjuiciante al señalar de que le correspondía a la autoridad administrativa electoral verificar tal situación al contar con los elementos para georreferenciar su domicilio de manera precisa al ser la responsable de la cartografía electoral, dado que no la puso del conocimiento de tal circunstancia.
Por tanto, si el Instituto Nacional Electoral no conocía tal situación, tampoco estaba en posibilidad de pronunciarse al respecto porque desconocía dicha información, al habérsele proporcionado por la propia parte actora información diversa no coincidente y tampoco habiéndose asentado tal cuestión que ahora alega en este juicio, de ahí que en ese escenario, la autoridad no estaba constreñida a identificar que era el mismo, cuando en principio, se trata de información que contiene domicilios diversos.
Máxime que como ha quedado precisado, no hay coincidencia en los datos que la autoridad administrativa electoral tiene respecto al domicilio de la parte actora, esto es, “ELIMINADO”, con la respuesta que de manera voluntaria proporcionó la propia parte actora al precisar que su domicilio actual lo era el ubicado en “ELIMINADO”, en tanto que en la propia entrevista también precisó como último domicilio proporcionado a esa autoridad, lo era el ubicado en: “ELIMINADO”, de lo que se desprende que no existe coincidencia a partir de la información que contaba la autoridad administrativa electoral nacional y la propia proporcionada por la parte actora de manera voluntaria y genuina.
De modo que, ante tal discordancia, no es posible tener por válida la propia información proporcionada por la parte actora de que sí residía en el primer domicilio, porque ante la respuesta de donde vivía y cuál era su último domicilio proporcionado a la autoridad administrativa electoral nacional son divergentes, tal y como se ha precisado con antelación.
Abona a lo anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional al resolver el diverso juicio de la ciudadanía ST-JDC- ELIMINADO/2024, vinculó a la parte promovente para efecto de que, de considerarlo necesario al momento que tuviera verificativo la entrevista, presentara la documentación y/o las personas testigos que estimara necesarios a fin de acreditar que el domicilio que señaló estaba vigente y era donde actualmente habitaba, lo cual no aconteció.
Conviene señalar, que lo relevante del caso es que el propio inconforme manifestó ante la autoridad administrativa electoral que habitaba actualmente en el domicilio ubicado en ELIMINADO, lo cual precisó al dar contestación a la pregunta 1 del cuestionario que le fue formulado, del cual se advierte la firma autógrafa de la parte enjuiciante que hace prueba plena de que estuvo conforme con todo lo manifestado en la entrevista.
De manera que para sustentar lo manifestado respecto al domicilio en que habitaba actualmente, exhibió un recibo de agua de fecha diez de marzo de este año, en el que se desprende como domicilio el ubicado en ELIMINADO.
Lo anterior, hace patente una contradicción entre lo manifestado por la parte actora y el documento para sustentar su dicho, de ahí que se justifique que la autoridad administrativa electoral haya arribado a la conclusión que el domicilio señalado como vigente fuera considerado como domicilio irregular, por lo que resultaba procedente mantener la baja del padrón electoral y de la lista nominal de electores, ello, ante las inconsistencias detectadas y proporcionadas por la propia parte actora.
Esto es, el ciudadano durante la entrevista manifestó vivir en un tercer domicilio, distinto al domicilio vigente y al domicilio anterior, sin que expresara de que se trataba del mismo lugar ni aportara las constancias atinentes a fin de dilucidar tal circunstancia.
En ese contexto, resulta inconducente que hasta la presentación de la demanda federal pretenda acreditar tal circunstancia con la presentación de diversas pruebas tendentes a demostrar que su domicilio vigente se ubica en ELIMINADO, siendo que el momento idóneo para exhibirlas fue precisamente en que tuvo verificativo su entrevista, a fin de que la autoridad responsable estuviera en posibilidad de pronunciarse respecto a ellas y determinar lo conducente.
De ahí que no se estime procedente la valoración de tales medios de convicción por parte de este órgano jurisdiccional, ya que del escrito de demanda no se advierte que se traten de pruebas supervenientes o que la parte enjuiciante haya manifestado algún impedimento para poder aportarlas en su momento oportuno.
De esta manera contrario a lo sostenido por la parte inconforme la determinación a la que arribó la responsable sí se encuentra respaldada por elementos contundentes, como lo es la propia manifestación de la parte actora al desahogar el cuestionario que le fue formulado en el sentido de que el domicilio donde habita actualmente se encuentra ubicado en ELIMINADO.
El cual se contrapone con la prueba presentada para acreditar su dicho consistente en un recibo del agua de diez de marzo de este año, del cual se advierte el domicilio señalado en ELIMINADO, situación que advirtió la autoridad administrativa electoral, de ahí la razón de su determinación al considerar que en el caso se actualizaba la existencia de un domicilio irregular acorde con el artículo 102 de los Lineamientos para la Incorporación, Actualización, Exclusión y Reincorporación de los Registros de las Ciudadanas y los Ciudadanos en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores, el cual dispone que se consideran registros con datos de domicilio presuntamente irregulares, cuando: “aquellos en los que el domicilio proporcionado por la ciudadanía o el ciudadano es inexistente o no le corresponde, con lo que se altera el padrón electoral”, lo cual aconteció en la especie.
Se arriba a tal conclusión porque de la propia información que se deprende de la entrevista, la propia parte actora aludió a tres domicilios diferentes, lo que revela la falta de coincidencia y uniformidad para que la autoridad pudiese desprender que se trataba de un domicilio regular, de ahí que ante ese escenario no asista razón del alegato en estudio.
OCTAVO. Se ordena la protección de datos personales, se ordena en el expediente la supresión de todos los datos personales de conformidad con los artículos 1, 8, 10, fracción I, y 14, del Acuerdo General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 31 y 32, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En tal virtud, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de Sala Regional Toluca proteger los datos personales tanto de la parte actora como de cualquier persona vinculada a este juicio.
Por lo expuesto y fundado se:
R E S U E L V E
PRIMERO. Se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada.
SEGUNDO. Se ordena proteger los datos personales.
En su caso, devuélvanse los documentos originales que resulten pertinentes, previa constancia que se realice al respecto, y en su oportunidad, remítase el expediente al Archivo Jurisdiccional de esta Sala Regional, como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron el Magistrado Presidente Alejandro David Avante Juárez, la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez y el Magistrado en Funciones, Fabián Trinidad Jiménez, quienes integran el Pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos Miguel Ángel Martínez Manzur, quien autoriza y da fe que la sentencia fue firmada electrónicamente.
Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.