Toluca de Lerdo, Estado de México, a treinta y uno de octubre de dos mil once.

Visto los oficios números TEPJF-ST-SGA-1053/11, TEPJF-ST-SGA-1054/11 y TEPJF-ST-SGA-1055/11 de esta fecha, signado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional, mediante el cual por acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, el Magistrado Presidente Santiago Nieto Castillo remite a las ponencias que integran esta Sala Regional los expedientes identificados con las claves, según la relación que se inserta a continuación:

Oficio número TEPJF-ST-SGA-1053/11 por medio del que se turnan al Magistrado Carlos A. Morales Paulín, los expedientes que se detallan a continuación:

Oficio número TEPJF-ST-SGA-1054/11 por medio del que se turnan al Magistrado Santiago Nieto Castillo, los expedientes que se detallan a continuación:

Oficio número TEPJF-ST-SGA-1055/11 por medio del que se turnan a la Magistrada Adriana M. Favela Herrera, los expedientes que se detallan a continuación:

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. La materia de este acuerdo es del conocimiento de esta Sala Regional, mediante actuación colegiada y plenaria, en atención a lo dispuesto en el artículo 33, fracción III del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y a la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3COJ 01/99, consultable en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2008, volumen Jurisprudencia, páginas 184-186, cuyo rubro es el siguiente: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR”. De lo anterior, se colige que la competencia de esta Sala Regional para conocer del medio de impugnación citado al rubro, no constituye un acuerdo de mero trámite; en tal virtud, debe ser este órgano jurisdiccional, en forma colegiada, quien emita la resolución correspondiente.

SEGUNDO. Incompetencia. El veinticuatro de octubre del presente año, Agripina Lucia Robles Cruz y otros, por su propio derecho, promovieron ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, juicios para la protección de los derechos-político electorales del ciudadano, en contra de la resolución emitida por dicho órgano partidista el dieciocho de octubre de dos mil once, en la que se determina aplicar el método extraordinario de designación directa en la selección de candidatos a cargos de elección popular para diputados al Congreso de la Unión en ciento cuarenta y un distritos electorales federales; en la selección de candidatos a senadores en veinticuatro entidades federativas, así como la designación directa en veintiún entidades federativas para la elección de diputados federales de representación proporcional.

Entre los hechos que fundan sus impugnaciones, señalan en lo que interesa, lo siguiente:

“1.- Con fecha 20 de octubre de 2011, al estar leyendo la prensa escrita, me pude percatar que en el Distrito Electoral Federal y/o Entidad Federativa en el que resido, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, determinó llevar a cabo el proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular mediante el Método Extraordinario de Designación Directa. Hasta donde me he podido enterar la resolución de la responsable fue en los siguientes términos:

…

DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

2.- Es el caso que el día 20 de octubre de la anualidad en curso, acudí ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a efecto de solicitar copia debidamente certificada del acuerdo y/o dictamen, por medio del cual se determinó la instauración del método de selección a cargos de elección popular, a efecto de conocer el fundamento jurídico y los razonamientos lógico-jurídicos que la llevaron a determinar la implementación de Método Extraordinario de Designación Directa en el distrito electoral federal y/o entidad federativa en la que resido…”

Como se advierte de la transcripción anterior y de los escritos de demanda, Agripina Lucia Robles Cruz y otros promueven por su propio derecho, juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar la resolución emitida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional de fecha dieciocho de octubre de dos mil once, en la que se determina aplicar el método extraordinario de designación directa en la selección de candidatos a cargos de elección popular para diputados al Congreso de la Unión en ciento cuarenta y un distritos electorales federales; en la selección de candidatos a senadores en veinticuatro entidades federativas, así como la designación directa en veintiún entidades federativas para la elección de diputados federales de representación proporcional.

Ahora bien, el pasado siete de octubre del año en curso el Consejo General del Instituto Federal Electoral celebró sesión con la finalidad de declarar el inicio del Proceso Electoral Federal 2011-2012, en lo que habrán de renovarse al titular del Poder Ejecutivo Federal, y a los senadores y diputados al Congreso de la Unión, por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; entonces, si la materia de la impugnación se refiere a senadores y diputados federales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, esta Sala considera que el conocimiento del presente asunto es competencia de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional.

En efecto, en el caso de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la legislación establece la distribución de la competencia entre la Sala Superior y las Salas Regionales, conforme a lo siguiente:

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo que interesa, en el artículo 189, fracción I, inciso e), establece la competencia de la Sala Superior para conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en única instancia y en los términos de la ley de la materia, que se promuevan por violación al derecho de ser votado en las elecciones de diputados federales por el principio de representación proporcional, así como los que se presenten en contra de las determinaciones de los partidos políticos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes mencionadas.

En relación con la competencia de las Salas Regionales, en lo que al presente asunto importa, la mencionada ley señala en el artículo 195, fracción IV, inciso d), que éstas tendrán competencia para conocer y resolver, en única instancia y en forma definitiva e inatacable, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se promuevan por la violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales por el principio de mayoría relativa, diputados locales y ayuntamientos.

En lo que nos ocupa, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el artículo 80, párrafo primero, inciso g), establece, por un lado, que el juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando considere que los actos o resoluciones del partido político al que está afiliado violan alguno de sus derechos político-electorales; por otro, en el artículo 83, inciso a), fracción segunda, y b), fracción IV, señala la distribución competencial entre la Sala Superior y las Salas Regionales, estableciendo que la Sala Superior es competente para resolver en única instancia el juicio ciudadano en los casos señalados en el inciso g) del párrafo 1 del artículo 80 de esa ley, y que es competente la Sala Regional del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la violación reclamada, en única instancia, respecto de la violación de los derechos político-electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a los cargos de diputados federales y senadores por el principio de mayoría relativa, en las elecciones de autoridades municipales y diputados locales.

En el presente asunto, se promueve juicio ciudadano relacionado con método de selección de candidatos, entre otros cargos, a diputados federales por el principio de mayoría relativa, que es competencia de las Salas Regionales y por el principio de representación proporcional, cuestión que es, como se ha visto, competencia de la Sala Superior.

En tal sentido es evidente que la actora impugna actos que son competencia tanto de esta Sala Regional como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que la materia resulta inescindible, sirve de apoyo lo establecido en la jurisprudencia 13/2010 de la propia Sala Superior que señala:

“COMPETENCIA. CORRESPONE A LA SALA SUPERIOR CONOCER DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL CUANDO LA MATERIA DE IMPUGNACION SEA INESCINDIBLE.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, inciso d), y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el numeral 87, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver del juicio de revisión constitucional electoral relativo a elecciones a Gobernador y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en tanto que las Salas Regionales los son para las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. En este contexto, cuando se impugnan actos o resoluciones relacionados con elecciones cuyo conocimiento corresponda a las Salas Superior y Regionales, y la materia de impugnación no sea susceptible de escindirse, la competencia para resolver corresponde a la Sala Superior, para no dividir la continencia de la causa, ya que las Salas Regionales únicamente pueden conocer de los asuntos cuando su competencia esté expresamente prevista en la ley.”

TERCERO. Solicitud de Facultad de Atracción. No pasa desapercibido para esta Sala Regional, que el órgano partidista responsable, al rendir su informe circunstanciado, pide que los asuntos se remitan a la Sala Superior para que ejerza la facultad de atracción.

Sin embargo, es necesario precisar que la facultad de atracción es la aptitud o poder legal para que un órgano jurisdiccional terminal atraiga hacia sí el conocimiento y resolución de un medio de impugnación, cuya competencia recae en un órgano jurisdiccional diverso.

En esas condiciones, un requisito indispensable para que la Sala Superior ejerza la facultad de atracción, consiste en que no tenga competencia para conocer del asunto, lo que en el caso concreto no sucede, pues como se explicó en la parte considerativa del presente acuerdo, el acto impugnado tiene relación con el método de selección de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional, competencia exclusiva de la Sala Superior.

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199, fracciones II y XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como la fracción V del artículo 6º del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se

A C U E R D A:

PRIMERO. Esta Sala Regional estima que no se actualiza la competencia legal para conocer y resolver de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ST-JDC-263/2011 al ST-JDC-444/2011, por las razones y fundamentos señalados en la parte considerativa, por lo que se propone la consulta de incompetencia respectiva.

SEGUNDO. En consecuencia, para los efectos legales conducentes, se ordena la remisión inmediata de los expedientes ST-JDC-263/2011 al ST-JDC-444/2011 a la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, para que, a su consideración, determine lo que en derecho proceda.

TERCERO. Dedúzcase copia debidamente certificada de los expedientes citados e intégrese el presente proveído en el duplicado del juicio identificado con la clave ST-JDC-263/2011 y copia certificada de los puntos resolutivos en los duplicados de los expedientes ST-JDC-264/2011 al ST-JDC-444/2011.

CUARTO. En su momento, agréguense las constancias de notificación de este acuerdo al duplicado del expediente ST-JDC-263/2011 y copia certificada de las mismas a los duplicados de los expedientes ST-JDC-264/2011 al ST-JDC-444/2011.

Por lo tanto, se instruye al Secretario General de Acuerdos de esta Sala, para que realice los trámites correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los puntos de acuerdo segundo y tercero.

NOTIFÍQUESE en los términos de ley.

Así, por unanimidad de votos, lo acordaron y firman  los Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

SANTIAGO NIETO CASTILLO

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

JOSÉ LUIS ORTIZ SUMANO