JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: ST-JDC-763/2018

ACTOR: FRANCISCO JAVIER LOZANO GRANADOS

AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL VOCAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN COLIMA.

MAGISTRADO PONENTE: ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ

SECRETARIO: AMADO ANDRÉS LOZANO BAUTISTA

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 18 de diciembre de 2018.

Vistos para resolver, los autos del juicio ciudadano ST-JDC-763/2018 promovido por Francisco Javier Lozano Granados, en contra de la negativa de expedición de credencial para votar, dictada el 22 de noviembre del año en curso, por la Vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral[1] de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Colima.

RESULTANDOS

I. Antecedentes. De la narración de los hechos y de las constancias se advierten:

a. Inscripción en el padrón electoral. El 25 de enero de 1991, el actor solicitó su inscripción al padrón electoral, y con motivo de ello generó y entregó la respectiva credencial el 2 de mayo de 1993.

b. Cambio de domicilio. El 8 de octubre de 1999, el actor informó de su cambio de domicilio, movimiento que fue exitoso, siendo generada, posteriormente entregada la credencial a su titular el 20 de diciembre siguiente.

c. Reposición. El 13 de mayo de 2004, el actor solicitó una reposición de su credencial para votar, misma que se entregó al interesado el 19 de enero de 2005.

d. Solicitud de cambio de domicilio. El 8 de febrero de 2005, se solicitó a nombre del actor un cambio de domicilio. El trámite se registró como exitoso y se entregó la respectiva credencial para votar el 8 de marzo siguiente.

e. Suspensión de derechos. El 6 de agosto de 2007, se recibió en la vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local del entonces Instituto Federal Electoral, la notificación de suspensión de derechos político-electorales a nombre del actor, por lo que fue excluido del padrón electoral el 14 de noviembre de ese mismo año.

f. Reincorporación y cambio de domicilio. El 29 de febrero de 2016, un ciudadano con el nombre de Francisco Javier Lozano Granados solicitó la reincorporación al padrón electoral y cambio de domicilio, el cual fue exitoso, generándose la credencial correspondiente, la cual fue entregada el 11 de abril siguiente.

g. notificación de defunción. El 5 de junio de 2017, la vocalía del registro federal de electores de la junta local del INE en Sonora recibió la notificación de defunción, a cargo del Registro Civil de ese estado, a nombre del actor.

h. Cambio de domicilio. El 7 de junio del mismo año, se registró una solicitud de cambio de domicilio a nombre del actor, cuyo trámite fue detenido por contener datos presuntamente irregulares.

i. Comparecencia para aclarar datos. El 16 siguiente, una persona ostentándose con el mismo nombre del actor acudió a la vocalía distrital correspondiente para aclarar dichos datos.

j. Notificación de trámite rechazado. El 10 de julio, se le notificó al solicitante el rechazo de su trámite de cambio de domicilio, pues no se pudieron aclarar los datos proporcionados para la obtención de su credencial para votar. 

k. Baja por defunción. El 18 de julio de 2017, el registro nominal del actor fue dado de baja por defunción, según el acta 0256140 A[2] del Registro Civil del Estado de Sonora.

l. Solicitud de cambio de domicilio. El 30 de julio de 2018, el actor presentó ante el INE solicitud de cambio de domicilio; tramite que fue detenido por contener datos presuntamente irregulares.

m. Comparecencia para aclarar datos. El 8 de agosto, el actor compareció ante la vocalía responsable para aclarar los datos presuntamente irregulares.

n. Notificación de trámite rechazado. El 28 de agosto siguiente, se le notificó al actor el rechazo definitivo de su trámite de cambio de domicilio, por contener datos presuntamente irregulares constitutivos presuntamente de un intento de usurpación de identidad.

ñ. Solicitud de expedición de credencial para votar. En contra de lo anterior, el 30 de agosto el actor presentó ante el INE su Solicitud de Expedición de Credencial para Votar.

o. Resolución. El 22 de noviembre del año en curso, la Vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Colima, emitió la resolución correspondiente, en la que declaró improcedente la solicitud referida, ante la posible suplantación de identidad, toda vez que el ciudadano fue dado de baja por defunción.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Inconforme, el 26 de noviembre siguiente, el actor promovió este juicio.

III. Recepción de constancias y turno a ponencia. El 30 posterior, se recibieron en esta sala regional las constancias del juicio, por lo que la magistrada presidenta ordenó la integración del expediente ST-JDC-763/2018, así como turnarlo a la ponencia del magistrado Alejandro David Avante Juárez.

IV. Radicación, admisión, requerimiento y cierre. En su oportunidad, el juicio se radicó, se requirió diversa información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, se admitió y, al no quedar cuestiones pendientes por desahogar, se cerró instrucción.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente asunto, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, en el que la parte demandante hace valer presuntas violaciones a su derecho a votar, con motivo de la negativa de la expedición de su credencial para votar, por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, por conducto de la vocal respectiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Colima, entidad federativa que se encuentra dentro de la circunscripción plurinominal donde esta Sala ejerce jurisdicción.

Lo anterior se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI; 94, párrafos primero y quinto, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[3]; 1°, fracción II; 184; 185; 186, fracción III, inciso c); 192, párrafo primero, y 195, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3°, párrafos 1 y 2, inciso c); 4°; 6°, párrafo 1; 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso a), y 83, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral[4]; así como del acuerdo INE/CG329/2017. Aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el cual establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la ciudad que será cabecera de cada una de ellas.

SEGUNDO. Precisión de la autoridad responsable. Como ha quedado anotado en el proemio de este fallo, la autoridad responsable es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, por conducto de la vocal respectiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Colima, conforme con lo previsto en los artículos 54, párrafo 1, inciso c); 62, párrafo 1; 63, párrafo 1, incisos f), y 126, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los que se establece que dicha autoridad es el órgano del INE encargado de prestar los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, como son entre otros, la expedición y entrega de la credencial para votar.

Es decir, de acuerdo con la normatividad citada, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, por conducto del Vocal respectivo en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Colima, será la encargada de llevar a cabo la expedición y entrega de las credenciales para votar con fotografía.

La conclusión expuesta se debe a que, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 126, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales[5], el INE presta los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, por conducto de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y de sus vocalías en las juntas locales y distritales ejecutivas; de ahí que se les debe considerar como autoridades responsables de los servicios relativos al Registro Federal de Electores y, consecuentemente, los efectos de la presente sentencia obligan a las mismas.

El razonamiento anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 30/2002, de rubro “DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. LOS VOCALES RESPECTIVOS SON CONSIDERADOS COMO RESPONSABLES DE LA NO EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, AUNQUE NO SE LES MENCIONE EN EL ESCRITO DE DEMANDA”.[6]

TERCERO. Requisitos de procedencia. Se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b); 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, como se evidencia.

a. Forma. La demanda se presentó por escrito, en ella se hacen constar el nombre del promovente y su firma autógrafa, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto que se impugna y la autoridad responsable, se mencionan los hechos base de la impugnación y los agravios presuntamente causados por la resolución controvertida.

b. Oportunidad. El juicio se promovió dentro del plazo legal de 4 días ya que, si bien no se advierte la fecha en que se notificó la resolución impugnada, esta fue emitida el 22 de noviembre del año en curso, y el formato de demanda correspondiente se presentó el 26 posterior ante la responsable del acto. Por lo que resulta evidente su presentación dentro del plazo.

c. Legitimación. El actor está legitimado por tratarse de un ciudadano que promueve por su propio derecho, sosteniendo que un acto de autoridad vulnera su derecho de votar al negarle la expedición de su credencial para votar, lo cual eventualmente puede constituir una violación a su derecho político-electoral.

d. Interés jurídico. Lo tiene el actor, pues impugna una resolución dictada en la instancia administrativa promovida por él, además, este juicio es idóneo para, en su caso, revocar la resolución respectiva.

e. Definitividad y firmeza. Este requisito también se surte, toda vez que, para combatir la resolución emitida por el INE no procede ningún medio de defensa ordinario.

CUARTO. Suplencia de la queja, causa de pedir, pretensión y litis. Es criterio de este órgano jurisdiccional que, dada la naturaleza de los formatos de demanda de los juicios ciudadanos, no es indispensable que la parte actora formule con detalle los razonamientos lógico jurídicos con el fin de evidenciar la ilegalidad del acto u omisión reclamados; por lo que, con fundamento en lo previsto en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, debe suplirse la deficiencia de los agravios, siempre y cuando éstos puedan deducirse claramente de los hechos expuestos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 3/2000 de rubro “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”.[7]

Por tanto, la regla en cita se observará en esta sentencia tomando en consideración no solo los agravios expuestos, sino además las circunstancias especiales del caso y la totalidad de las constancias que obran en el expediente en que se actúa.

Ahora bien, el actor sustenta su causa de pedir en la transgresión de su derecho político-electoral de votar, debido a la improcedencia de la expedición de su credencial para votar, ante su indebida exclusión del padrón de electores por defunción, y como consecuencia de la lista nominal.

De lo anterior, se aprecia que la pretensión del actor es que la autoridad administrativa incluya al actor en el padrón electoral, además de ser incluido en el listado nominal correspondiente a su domicilio y obtener el documento que le permita identificarse y ejercer su derecho a votar.

Por tanto, la litis de este medio se impugnación se circunscribirá en determinar si la determinación del INE fue correcta o incorrecta al haber declarado improcedente la expedición de credencial para votar.

QUINTO. Estudio de fondo. Es pertinente dividir el análisis del agravio en una serie de planteamientos, que permitirán su estudio y resolución, lo cuales se enlistan:

Lo anterior, se reitera, con el fin de que esta sala esté en posibilidad, en caso de ser jurídicamente posible, de restituir el derecho que el actor aduce le fue violentado con motivo del actuar de la responsable.

Así, ante el tipo de trámite que el actor intentó realizar ante la responsable y ante el material probatorio aportado, se podrá determinar los efectos prácticos de una posible restitución de derechos.

Facultad del INE para dar certeza al padrón electoral.

En los artículos 34 y 35, fracción I, de la Constitución Federal, se establece que son ciudadanos de la república, los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido dieciocho años y tengan un modo honesto de vivir, los cuales podrán votar en las elecciones populares.

Por otra parte, en el artículo 36, le impone a los ciudadanos de la república, entre otras obligaciones, la de inscribirse en el registro nacional de ciudadanos.

A su vez, en el artículo 7 de la Ley General, se establece que votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar los órganos del estado de elección popular.

En el diverso numeral 9 del ordenamiento referido, se dispone que a efecto de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de votar, deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución Federal, los requisitos consistentes en:

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores y,

b) Contar con la credencial para votar.

En el artículo 126 de la Ley en cita, se prevé que el INE, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus vocalías en las juntas locales y distritales ejecutivas, será la encargada de prestar los servicios inherentes al registro federal de electores, asimismo; que dicho registro es de carácter permanente y de interés público, cuyo objeto es cumplir con lo previsto en el artículo 41 constitucional.

Por otra parte, en los artículos 127 y 128 de la Ley General citada, se establece que en el padrón electoral constará la información básica de los hombres y mujeres mexicanos, mayores de dieciocho años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1, del artículo 135, de dicho ordenamiento, agrupados en dos secciones, la de ciudadanos residentes en México y la de ciudadanos residentes en el extranjero.

Asimismo, en el artículo 129 del citado ordenamiento, dispone que el padrón electoral del registro federal de electores se formará, mediante las acciones siguientes:

a) La aplicación de la técnica censal total o parcial;

b) La inscripción directa y personal de los ciudadanos y

c) La incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes relativos a fallecimientos o habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los ciudadanos.

A su vez, en el diverso numeral 130 se establece que los ciudadanos están obligados a inscribirse en el registro federal de electores y participarán en la formación y actualización del padrón electoral.

Por otra parte, en el artículo 135, establece que para la incorporación al padrón electoral se requerirá solicitud individual en la que consten la firma, las huellas dactilares y la fotografía del ciudadano, en términos de lo dispuesto en el artículo 140, de la Ley General y que, con base en dicha solicitud, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores expedirá la correspondiente credencial para votar.

Asimismo, en el artículo 136, párrafo 1, de la aludida ley, establece que los ciudadanos tienen la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el INE, a fin de solicitar y obtener su credencial para votar.

En el diverso numeral 138, del mismo ordenamiento legal, prevé que con el objeto de actualizar el padrón electoral, el INE, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realiza anualmente, a partir del primero de septiembre y hasta el quince de diciembre siguiente, una campaña intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a cumplir con su obligación de acudir a las oficinas voluntariamente a darse de alta o dar el aviso del cambio de domicilio, o bien presentar la solicitud de reposición de la credencial en caso de pérdida o deterioro, entre otros.

Por último, estas acciones pueden efectuarse en las campañas anuales de actualización, o bien, en período distinto, de acuerdo con lo establecido en la Ley General.

Por su parte, el diverso 139 de la Ley General señala que las y los ciudadanos podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral, en periodos distintos a los de actualización a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de la elección, hasta el día treinta de noviembre del año previo de la elección federal ordinaria.

La campaña de actualización tiene como fin, sustancialmente, que la ciudadanía regularice el estado registral de sus datos personales, a fin de que puedan ejercer su derecho político electoral de votar, atendiendo así al principio de certeza antes mencionado, principalmente respecto al contenido del catálogo general de electores.

Los párrafos 7, 8 y 9, del artículo 155, del ordenamiento multirreferido, prevé los escenarios en que un ciudadano puede ser dado de baja del padrón electoral o del listado nominal de electores, como lo es:

a) El cambio de domicilio, únicamente tratándose del domicilio anterior;

b) Por suspensión de derechos políticos por resolución judicial, y

c) Por fallecimiento.

En el último de estos casos, las autoridades competentes deberán acreditarlo con la documentación que estimen pertinente, mediante los procedimientos que determine la comisión nacional de vigilancia del INE.

Por otra parte, los Lineamientos para la incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el padrón electoral y la lista nominal de electores[8], en los artículos 82; 89; 90; 91; 92; 96 y 100, establecen lo siguiente.

Se define como Datos personales presuntamente irregulares, cuando una persona proporciona a la DERFE, datos generales distintos a los propios, creando así registros con una nueva identidad y, Presunta usurpación de identidad, cuando una persona proporciona a la DERFE datos personales que corresponden a un tercero identificado.

Señalan que cuando se determine que las solicitudes individuales o los registros contienen datos personales presuntamente irregulares o se trate de una presunta usurpación de identidad, la vocalía respectiva deberá solicitar al ciudadano que aclare, mediante entrevista personalizada, el origen o variación de sus datos personales o identidad, y que, en caso de inasistencia, se requisará acta administrativa donde se asiente tal hecho.

Con base en la información que proporcionen los ciudadanos en la aclaración respectiva, la DERFE realizará el análisis registral para determinar el tratamiento regular o para el análisis jurídico de las solicitudes individuales o registros involucrados, así como el análisis de los elementos que permitan definir la situación jurídica del registro en controversia.

La DEREFE, al detectar o tener conocimiento de solicitudes individuales o de registros, donde se presenten documentos presuntamente falsos, solicitará a las autoridades emisoras, el cotejo y validación de la documentación por cuanto a su contenido, formato o formalidades.

Finalmente, la DEREFE en los informes que rinda, remitirá un dictamen técnico que especifique los elementos de análisis de texto y biométricos que motivaron la exclusión del registro o la improcedencia de la solicitud individual.

Derecho a la identidad.

El artículo 4, párrafo séptimo, de la Constitución Federal prevé que toda persona "tiene derecho a la identidad", que puede definirse como el reconocimiento jurídico y social de los atributos de una persona que la distinguen en un entorno, es decir, es una derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo de una persona ante las demás, con el cual se identifica y la reconocen como distinta.

La identidad se relaciona directamente con el desarrollo de la personalidad, pues permite la realización de los elementos que diferencian a un individuo de otro, a quien se le reconoce autonomía para actuar, sin sujeciones personales derivadas de su estatus social.

En efecto, el derecho humano a la identidad debe entenderse como el “reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas”, el cual guarda íntima relación con los diversos de igualdad y no discriminación, reconocidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal, así como 1º, 18 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De conformidad con las porciones normativas antes referidas, toda persona tiene derecho a un nombre, por el cual será reconocida como sujeto de derechos y obligaciones, el cual conlleva la inclusión de los apellidos paterno y materno, o alguno de ellos.

Por otra parte, en cuanto a la vinculación que existe entre el ejercicio del derecho político-electoral de votar y el derecho a la identidad, importa precisar que este órgano jurisdiccional ha reconocido que la credencial no solamente es el documento oficial necesario para ejercer el derecho al voto, sino que en términos de la tesis XV/2011 de rubro “CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. AL PERDER VIGENCIA COMO INSTRUMENTO ELECTORAL, TAMBIÉN LA PIERDE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL”,[9] constituye un medio de identificación oficial de la ciudadanía.

Finalmente, cabe precisar que en lo que al caso incumbe conforme al contenido del artículo 1º de la Constitución Federal, el cual prevé, por una parte, que las normas relativas a los derechos humanos, contenidas en la misma, así como en los tratados internacionales en esa materia, deberán interpretarse de la forma que más beneficie a las personas; y, por otra, que a fin de tutelar eficientemente estos derechos, es obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano, entre ellas este órgano jurisdiccional, su promoción, respeto, protección y garantía, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Credencial como medio de identificación y documento para votar.

Como se anticipó, la credencial para votar con fotografía, se caracteriza esencialmente por su doble naturaleza, como documento necesario para el ejercicio del voto y como medio de identificación oficial.

No obstante, es obligación del Estado proporcionar a las y los ciudadanos un documento que permita acreditar su identidad, como lo establece el artículo 4, párrafo octavo, de la Constitución Federal.

El derecho a la identidad, como ya se dijo, es además primordial para poder acceder a los demás derechos que consagran la Constitución, las leyes y los tratados internacionales; ya que permite la individualización de cada persona, y junto con ella el acceso a políticas públicas y de igualdad de oportunidades.

Para arribar a la anterior conclusión, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos jurídicos que se relacionan con el tema de la credencial como instrumento para sufragar en términos de la legislación electoral, así como documento con validez y de identificación oficial.

El artículo 35 fracciones I y II, de la Constitución Federal, establece la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos de votar en las elecciones populares, así como de poder ser votados para todos los cargos de elección popular y nombrados para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades establecidas en ley.

Del contenido de los artículos 9, fracción 1, inciso b), y 156, de la Ley General, se infiere que la credencial, por su naturaleza esencial, se constituye como el documento oficial y necesario para ejercer el derecho al voto y para ser votado, la cual se expide conforme a las formalidades que se prevén en diversos preceptos de la propia Ley y con los requisitos de identificación, ubicación de la ciudadanía, así como con las medidas de seguridad que la dotan de las características necesarias para ser utilizada simultáneamente como documento de identificación.

Ahora bien, cabe señalar que, por su parte, el artículo 36, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece como una obligación de la ciudadanía, inscribirse en el registro nacional de ciudadanos, asimismo prevé que la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana es un servicio de interés público y, por tanto, es una corresponsabilidad asignada al Estado y a las y los ciudadanos en los términos que establezca la ley.

A efecto de instrumentar el mandato del anterior precepto constitucional, el 22 de julio de 1992, se reformó la Ley General de Población. En la exposición de motivos se estableció, entre otras cuestiones, que era necesario contar con un sistema de registro que reflejara fielmente la composición ciudadana del país y de contar con un documento que acreditara fehacientemente la calidad ciudadana.

Se propuso la expedición de un documento público denominado "Cédula de Identidad Ciudadana", que constituirá prueba plena de los datos que contuviera en relación con su titular.

Se destacó que con ello se dotaría a las y los mexicanos de un documento oficial de identidad, que contribuiría a garantizar no solo el ejercicio de sus obligaciones y derechos ciudadanos, sino también todos aquellos consignados en la Constitución.

 Se señaló que la cédula de identidad, tendría valor como medida de identificación ante las autoridades y personas físicas y morales residentes en el país.

Ahora bien, la Ley General de Población en vigor, regula expresamente la cuestión relativa al registro ciudadano y la Cédula de Identidad, conforme lo siguiente:

Artículo 97.- El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 98.- Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana.

…

Artículo 104.- La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

Artículo 105.- La Cédula de Identidad Ciudadana tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

…

 Artículo 111.- La Secretaría de Gobernación podrá expedir un documento de identificación a los mexicanos menores de 18 años, en los términos establecidos por el reglamento de esta ley.

 Artículo 112.- La Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Nacional Electoral, la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la ley. Igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.

Por su parte, el artículo cuarto transitorio del Decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1992, establece, en su parte final, lo siguiente:

En el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos se utilizará la información que proporcionará el Instituto Federal Electoral proveniente del padrón electoral y de la base de datos e imágenes obtenidas con motivo de la expedición y entrega de la Credencial para Votar con fotografía prevista en el artículo 164 en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tanto no se expida la cédula de identidad ciudadana, esta credencial podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscriba la autoridad electoral.

Lo anterior muestra que la credencial, por disposición de la propia Ley General de Población, también está investida con la cualidad de identificación oficial.

Cabe destacar que mediante un acuerdo expedido el 30 de abril de 1992, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, introdujo la credencial como herramienta indispensable para el voto y a su vez como un instrumento privilegiado de identificación oficial.

Como se puede apreciar, el Instituto ha procurado que la credencial no solamente constituya un instrumento para votar, sino que ha generado las condiciones necesarias que también le convierten en un documento integral y confiable de identificación oficial a nivel federal, por lo que, no es posible legalmente separar sus atributos de documento oficial para votar e identificarse.