JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTES: ST-JDC-1178/2012 Y ACUMULADOS.

ACTORES: OSCAR GERARDO RAMÍREZ MIRANDA Y OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, POR CONDUCTO DEL VOCAL RESPECTIVO DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, EN EL ESTADO DE COLIMA.

MAGISTRADO PONENTE: SANTIAGO NIETO CASTILLO.

SECRETARIOS: IXCHEL SIERRA VEGA, CLAUDIO CÉSAR CHÁVEZ ALCÁNTARA Y LETICIA ESMERALDA LUCAS HERRERA.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintinueve de junio de dos mil doce.

VISTOS, para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuyos promoventes y claves de identificación se precisan en la siguiente tabla:

Los referidos juicios son promovidos vía per saltum por varios ciudadanos y ciudadanas, de manera individual, a efecto de impugnar la negativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral por conducto del Vocal respectivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima, de reponer y expedir su credencial para votar con fotografía; y

RESULTANDO

I. Antecedentes. Del contenido de la demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente.

1. Negativa de reposición de credencial para votar. Los promoventes acudieron al Módulo de Atención Ciudadana correspondiente, a efecto de tramitar la reposición de sus respectivas credenciales para votar con fotografía, por causas de robo o extravío, en las siguientes fechas:

Sin embargo, en la misma fecha se les informó que resultaban improcedentes sus solicitudes debido a que existía imposibilidad por parte del Instituto Federal Electoral de incorporales en la Lista Nominal de Electores con motivo de la expedición de la nueva credencial para votar con fotografía.

II. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. En las fechas señaladas en el numeral anterior, inconformes con la referida negativa, los actores y actoras promovieron sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a través del formato de demanda proporcionado por el Instituto Federal Electoral.

III. Recepción del expediente en esta Sala Regional. En la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, se recibieron los escritos mediante los cuales la autoridad electoral responsable, remitió a éste órgano jurisdiccional la demanda, el informe circunstanciado y diversas constancias relacionadas con los juicios que se resuelven, de acuerdo a la relación siguiente:

IV. Turno a Ponencia. En las mismas fechas, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, acordó integrar los expedientes ST-JDC-1178/2012, ST-JDC-1181/2012,
ST-JDC-1184/2012, ST-JDC-1385/2012 y ST-JDC-1436/2012, así como turnarlos a la ponencia a cargo del Magistrado Santiago Nieto Castillo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Incomparecencia de tercero interesado. De las constancias remitidas por la responsable se advierte que durante la tramitación de los presentes juicios, no compareció tercero interesado alguno.

VI. Radicación, admisión y cierre de instrucción. Mediante proveídos de las siguientes fechas el Magistrado Instructor acordó en un primer momento, la radicación y de algunas demandas de los presentes juicios ciudadanos y, posteriormente, ordenó el cierre de instrucción.

En otros casos, el Magistrado Instructor, en un mismo proveído, acordó la radicación, admisión y cierre de instrucción, como se observa a continuación.

VII. Proyecto de resolución. En su oportunidad el Magistrado Instructor al considerar que se encontraban debidamente sustanciados los expedientes acumulados, los autos quedaron en estado de resolución conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia y jurisdicción. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, vía per saltum, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafo primero y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), y 195, fracción IV, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 187, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, 19, 79, párrafo 1, y 83, párrafo 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, por tratarse de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por varios ciudadanos y ciudadanas, de manera individual, en contra de una presunta violación a su derecho de voto activo, consistente en la negativa de reposición de su credencial para votar con fotografía, necesaria para emitir su sufragio en las elecciones que se desarrollan, tanto a nivel federal como local en el Estado de Colima, el próximo uno de julio de dos mil doce, por parte de la Dirección del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, a través del Vocal de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima; entidad federativa que se encuentra dentro de la circunscripción plurinominal en la que esta autoridad federal ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Precisión de la autoridad responsable. Como ha quedado identificado en el proemio de la presente sentencia, la autoridad responsable es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, por conducto del Vocal correspondiente a la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima, en virtud de que se ubica en el supuesto normativo del artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ello es así, toda vez que en términos de los artículos 128, párrafo 1, inciso e) y 171, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al Instituto Federal Electoral, por conducto de la citada Dirección Ejecutiva a través de sus correspondientes Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, le compete prestar los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, entre los que están la expedición y entrega de la credencial para votar con fotografía.

En ese tenor, al ser el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Colima, la autoridad que emitió la negativa de reponer las credenciales para votar con fotografía solicitadas por los ciudadanos demandantes, se le debe considerar como autoridad responsable para los efectos de la presente resolución.

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio establecido por la Sala Superior de este Tribunal, en la jurisprudencia 30/2002, de rubro: “DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. LOS VOCALES RESPECTIVOS SON CONSIDERADOS COMO RESPONSABLES DE LA NO EXPEDICIÓN DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA, AUNQUE NO SE LES MENCIONE EN EL ESCRITO DE DEMANDA”.[1]

TERCERO. Acumulación. Del análisis de los formatos de demanda relativos a los juicios ciudadanos, identificados en el proemio de esta sentencia, se advierte que existe conexidad en la causa, en razón de que existe identidad en cuanto a la autoridad responsable, en la especie, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral; el acto controvertido, consistente en la negativa de la autoridad responsable de reponer sus respectivas credenciales para votar; además, de que, en cada una de las demandas se advierte la misma pretensión y causa de pedir, dado que fueron presentadas mediante el formato que para tal efecto les fue proporcionado en el módulo de atención ciudadana correspondiente.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, procede decretar la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano precisados en la siguiente tabla, al diverso expediente del juicio ciudadano
ST-JDC-1178/2012, por ser éste el presentado en primer término, a efecto de facilitar su pronta y expedita resolución en forma conjunta.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a los autos de los expedientes acumulados.

CUARTO. Requisitos de procedencia de los juicios ciudadanos acumulados. Los presentes medios de impugnación satisfacen los requisitos generales del artículo 9, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se expone.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, en ellas consta el nombre y firma autógrafa de los promoventes, se identifica el acto impugnado, la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios estimados pertinentes.

b) Oportunidad. Los medios de impugnación se presentaron dentro del plazo de cuatro días previsto el artículo 8, relacionado con el 7, párrafo 2, de la ley adjetiva electoral federal, toda vez que los enjuiciantes tuvieron conocimiento de la negativa, en algunos casos, el veintiuno, otros el veintidós y uno el veinticinco, todos de junio del año en curso, por lo que al haberse presentado las demandas ese mismo día, es indudable que se presentaron en tiempo, cumpliendo con el requisito en análisis.

c) Legitimación. Se satisface este requisito, toda vez que la parte actora son ciudadanos y ciudadanas que promueven en forma individual, con base en lo previsto por los artículos 187, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 13, párrafo 1, inciso b), 79 y 80, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser éstos quienes obtuvieron una determinación desfavorable a su derecho político-electoral relacionada con la restricción ejercicio de voto activo.

d) Definitividad. De conformidad con el artículo 81 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de manera previa a la interposición de los presentes juicios ciudadanos, los promoventes debieron agotar la instancia administrativa prevista en el artículo 187 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en la tramitación de su solicitud de expedición de credencial para votar, a través del formato correspondiente, que al efecto la autoridad responsable debe poner a su disposición.

No obstante, en el caso se debe considerar que la autoridad responsable indica que a la fecha en que acudieron los enjuiciantes a realizar sus respectivos trámites de reposición de credencial para votar, era imposible generar los respectivos formatos de solicitud.

En tales condiciones se debe tener por cumplido el requisito en análisis, pues, al presentarse una situación extraordinaria, consistente en la imposibilidad de la autoridad responsable para generar la solicitud de expedición, estuvo fuera del alcance de los promoventes agotar la instancia administrativa.

Sirve de sustento a lo anterior la razón esencial de la tesis CXX/2001, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral con el rubro “LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS”[2], que en lo que interesa indica que no es razonable pretender que ante situaciones extraordinarias, el caso o asunto concreto se encuentre regulado a detalle, pero tampoco que se quede sin resolver. Por tanto, ante el surgimiento de situaciones extraordinarias previstas por la ley, es necesario completar la normatividad en lo que se requiera, atendiendo siempre a las cuestiones fundamentales que se contienen en el sistema jurídico positivo, además de mantener siempre el respeto a los principios rectores de la materia, aplicados de tal modo que se salvaguarde la finalidad de los actos electorales y se respeten los derechos y prerrogativas de los gobernados, dentro de las condiciones reales prevalecientes y con las modalidades que impongan las necesidades particulares de la situación.

En las relatadas condiciones, y ante la proximidad de la jornada electoral, a efecto de no ocasionar la merma o extinción al derecho de la parte actora presuntamente vulnerado, esta Sala Regional considera procedente el análisis del presente juicio en vía per saltum, de conformidad con la jurisprudencia 9/2001, consultable en las páginas 254 a la 256, de la “Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Volumen 1, Jurisprudencia, editada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro: “DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO”.

Conforme a lo anterior, en los presentes asuntos no se advierte algún supuesto de desechamiento y al no actualizarse alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, resulta procedente pronunciarse sobre el fondo del asunto.

QUINTO. Suplencia del agravio y precisión de la litis. En el caso, la responsable aduce que de conformidad con el acuerdo CG/145/2012 emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, se estableció que después del quince de junio del presente año, ningún registro ciudadano podrá ser incluido en la “Lista Nominal de Electores con fotografía producto de instancias administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia electoral para las elecciones federales de 2012” razón por la cual, la responsable se encuentra imposibilitada para expedir y entregar las correspondientes credenciales para votar; aún y cuando los accionantes aducen haber cumplido con los requisitos y trámites que la ley exige para tales efectos; por consecuencia, es evidente que se encuentran impedidos para ejercer su derecho político-electoral a sufragar.

En ese sentido, resulta necesario precisar, que si bien el agravio esgrimido por los accionantes, se refiere a que la negativa impugnada les causa lesión, en razón de que “El acto o resolución impugnada me causa agravio, en virtud de que se me impide ejercer el derecho a votar que la Constitución General de la República me otorga como ciudadano mexicano, a pesar de que he realizado todos los actos previstos en la ley para cumplir con los requisitos que exige el art. 6º del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que son los únicos necesarios para ejercer mi derecho al sufragio” esta Sala Regional debe suplir la deficiencia en el agravio esgrimido, así como el derecho invocado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, párrafos 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De lo expuesto por los promoventes, se deduce que la determinación de improcedencia para obtener sus respectivas reposiciones de sus credenciales para votar con fotografía, se convierte en un impedimento para ejercer su derecho al sufragio en los comicios federales y locales que tendrán verificativo el próximo uno de julio del año en curso; ya que, conforme a los artículos 34, 35, fracción I y 36, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, párrafo 1, inciso b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para poder ejercer el derecho al voto, los ciudadanos deben estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con su credencial para votar con fotografía.

En este sentido, esta Sala Regional está habilitada para conocer los planteamientos que hacen valer los actores, por tanto, es posible dar al citado artículo 23 una interpretación y aplicación extensiva, a la luz de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, que estableció como obligación para esta autoridad jurisdiccional apegar su actuación al principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas; promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Establecido lo anterior, la litis en el presente juicio se constriñe en determinar si la negativa de reposición de la credencial para votar, se encuentra ajustada a derecho, o si le asiste a los enjuiciantes el derecho a que se realice la reposición de sus credenciales por resultar injustificada la negativa decretada por la autoridad responsable.

SEXTO. Estudio de fondo. El agravio formulado por los actores es fundado, y suficiente para acoger su pretensión, en virtud de lo siguiente:

De conformidad con el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es prerrogativa de los ciudadanos votar en las elecciones populares.

El numeral 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de votar en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Asimismo, la citada Convención reconoce y consagra el principio de interpretación pro homine en el artículo 29,[3] cuyo objeto primordial es reconocer derechos al ser humano, por lo que la interpretación debe hacerse a favor del individuo, esto es, aquélla que mejor proteja a las personas ante la vulneración de tales derechos.

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 5, párrafo 1, establece que ninguna disposición de dicho pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el citado instrumento.

De igual forma, el artículo 25, párrafo 1, inciso b) del mismo Pacto, establece que todos los ciudadanos gozarán del derecho y la oportunidad de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por el voto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

Al respecto, la referida Corte Interamericana al resolver el caso “Yatama vs Nicaragua” ha señalado que el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política; dicha obligación requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, y al no ser los derechos políticos de carácter absoluto, su restricción debe basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo, es decir, que cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.[4]

El numeral 6, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que para ejercer el derecho de voto activo es necesario ser ciudadano de la República, es decir, tener 18 años y un modo honesto de vivir, además estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía.

Ahora bien, los artículos 179 y 184 del código en cita establecen que para que el ciudadano pueda incorporarse al padrón electoral, y al catálogo general de electores, deberá tramitar una solicitud individual en la que consten su firma, huellas dactilares, fotografía, nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, edad, sexo, domicilio actual, tiempo de residencia, y ocupación, entre otros.

Cabe precisar que, dicho código establece los plazos para la tramitación de la credencial para votar con fotografía, con base en los procesos electorales federales. En tal virtud, la determinación de la fecha límite para solicitar la expedición de la referida credencial para votar está sujeta, en principio, a las disposiciones generales Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, en diversos juicios ciudadanos como el identificado con la clave ST-JDC-33/2011, esta Sala Regional ha venido realizando un control de convencionalidad, es decir, efectuando una progresiva aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno, en la medida que resulten más favorables en la salvaguarda y optimización de los derechos de los ciudadanos.

Conforme a lo expuesto, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, fracción I, 36 fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23.1, inciso b), 29 y 62.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5.1 y 25, párrafo 1, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; instrumentos internacionales que se aplican directamente para la solución del presente asunto a efecto de integrar el derecho al voto activo de la parte actora; así como lo previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fijar jurisprudencia en el sentido de que los derechos políticos únicamente deben restringirse con base en criterios necesarios, objetivos y razonables, en relación con el efecto útil que se pretenda con la imposición de esa medida.

En este tenor, la imposibilidad que aduce la responsable para generar las respectivas credenciales para votar de los actores no puede servir de base para negarles las mismas, a fin de que puedan ejercer su derecho fundamental al voto activo en la próxima jornada electoral que se llevara a cabo el uno de julio del año en curso.

Lo anterior, porque de las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se advierte que el trámite intentado se encuentra identificado con el número “4”, que de conformidad con el “Manual para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana” Tomo I, página 11, que obra en los autos del expediente con la clave
ST-JDC-140/2012, se advierte que corresponde a “reposición”.

Trámite que, de acuerdo a la descripción que dicho manual proporciona: “(…) son aquellos trámites en los cuales no existe ninguna modificación de datos personales, datos geo-electorales ni de domicilio, por lo tanto la credencial se debe generar con la información que se tiene en la Base de Datos del Padrón Electoral”.

En razón de lo anterior, es dable para esta Sala Regional considerar que los actores, se encuentran inscritos en la Lista Nominal de Electores y Padrón Electoral, toda vez que el movimiento solicitado por éstos, es reconocido implícitamente por la autoridad responsable, pues señala en su informe circunstanciado que todos los trámites de reposición presentados por los ciudadanos posteriores al día veintinueve de febrero del presente año y que cumplían con lo demás requisitos de ley fueron resueltos como procedentes, asimismo, hace referencia que los trámites solicitados por los actores fue con la finalidad de obtener la “reposición” de sus credenciales para votar con fotografía, aunado que al citado informe adjunta la impresión de la “Ficha de Ciudadano” donde consta que los actores se encuentran en la Lista Nominal de Electores.

En este contexto, si bien el artículo 200, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales exige que a más tardar el último día de febrero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya credencial para votar con fotografía, hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberán solicitar su reposición, tal plazo no debe entenderse en forma restrictiva puesto que el periodo que se pudo haber fijado en el citado Código, no puede ser aplicable en los casos en que el extravío o robo de la credencial para votar, cuando los eventos referidos ocurran en fecha posterior al vencimiento del plazo fijado para la realización de los trámites inherentes; puesto que se trata de un acontecimiento no previsible, que escapa a la voluntad de los ciudadanos, y por consiguiente, no debe afectar su derecho fundamental de votar.

Lo anterior, se corrobora con la jurisprudencia número 8/2008 emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, bajo el rubro, “CREDENCIAL PARA VOTAR. CASOS EN QUE RESULTA PROCEDENTE SU REPOSICIÓN FUERA DEL PLAZO LEGAL.”[5]

La citada jurisprudencia, establece, en esencia, que la interpretación de las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativas al plazo en que puede solicitarse la reposición de la credencial para votar, se advierte que comprende situaciones ordinarias y no aquellas que pudieran resultar extraordinarias, ya que en el caso de éstas debe regir el principio pro ciudadano conforme al cual ha de prevalecer la aplicación de la disposición legal más favorable. De ahí que si la parte actora no tuvo la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial para votar con fotografía dentro del término legal, derivado de situaciones extraordinarias como el robo, extravío o deterioro de la referida credencial, acaecidos con posterioridad a dicha temporalidad, debe reponerse para permitirle ejercer su derecho a votar en los comicios respectivos.

Ante tales circunstancias, esta Sala Regional considera jurídicamente injustificada la negativa de reposición aducida por la autoridad responsable, porque tratándose de la reposición por robo, extravío o deterioro grave acontecido en fecha posterior al vencimiento de los plazos legalmente establecidos, éstos no deben ser aplicables en los casos como el que nos ocupa, ya que la causa que motivó la solicitud de reposición de credencial instada por los actores se refiere a la reposición de la credencial para votar con fotografía, que implica que en los trámites no existe ninguna modificación de datos personales, datos geo-electorales, ni de domicilio, por tanto la credencial se debe generar con la información que se tiene en la Base de Datos del Padrón Electoral y este supuesto sucede cuando la credencial fue robada, extraviada o simplemente está deteriorada.

No obstante lo anterior, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que a la fecha de resolución del presente juicio ciudadano existe el riesgo de que materialmente no sea posible generar el documento indispensable para ejercer el derecho al sufragio y por tanto su entrega a los enjuiciantes, lo que será considerado en los efectos de esta sentencia.

Con base en las razones apuntadas, la aplicación del referido plazo señalado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es incompatible con el orden jurídico que tutela derechos fundamentales, cuando se pretende aplicar de manera general ante la presencia de casos excepcionales ajenos a la voluntad de los ciudadanos, en lo particular, y contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando se pretende dejar de lado el principio pro personae y restringir un derecho sin causas razonables, que se encuentren debidamente fundadas y motivadas.

En las relatadas circunstancias, resulta inadmisible vulnerar la prerrogativa constitucional de votar en las elecciones consagrada a favor del ciudadano, ante la inexistencia de consideraciones o argumentos de carácter jurídico que sustenten de manera objetiva la determinación de negarle su credencial para votar con fotografía, máxime cuando en las constancias de autos, se demuestra que los enjuiciantes realizaron las gestiones que en derecho procedían para obtener ese documento y su consiguiente reposición de sus credenciales para votar con fotografía.

Robustece lo anterior, la Jurisprudencia con la clave 16/2008[6] emitida por la Sala Superior de éste órgano jurisdiccional con el rubro, “CREDENCIAL PARA VOTAR. LA NO EXPEDICIÓN, SIN CAUSA JUSTIFICADA, TRANSGREDE EL DERECHO AL VOTO”.

Como consecuencia a lo anteriormente expuesto, debe calificarse como FUNDADO el agravio en estudio, siendo suficiente para ordenar la expedición de las credenciales para votar de los promoventes.

SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. En virtud de las consideraciones vertidas en el presente fallo lo procedente es:

Ordenar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, por conducto de la Vocalía respectiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima, proceda a expedir y entregar a la parte actora, previa identificación, la reposición de las respectivas credenciales para votar con fotografía y se cerciore de que se encuentran inscritos en la Lista Nominal de Electores correspondiente a su domicilio; para tal efecto, se concede a la responsable, un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir del día siguiente al primero de julio del año en curso.

La responsable deberá notificar en forma personal en el domicilio de los actores, el aviso relativo a que la credencial para votar con fotografía ya se encuentra disponible en el módulo para ser entregada.

De igual forma, deberá informar y acreditar a esta Sala Regional, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado, sobre el cumplimiento que dé a esta sentencia.

Por otra parte, tomando en consideración que la fecha de la jornada electoral es muy cercana al dictado de la presente sentencia, por lo que existe una eventual imposibilidad material por parte de la autoridad responsable de entregar las respectivas credenciales para votar solicitadas, a fin de restituir a los actores en el derecho político electoral que les ha sido vulnerado y a efecto de garantizar su ejercicio del derecho al sufragio, con fundamento en el artículo 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, expídasele a Oscar Gerardo Ramírez Miranda, Ma. Trinidad Salazar Puente, Elia Margarita González Mancilla, Froylan Ortega Ponce y Jorge Joaquín Martínez Santana copia certificada por duplicado de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a efecto de que los mismos puedan votar en las elecciones federal y local en las casillas correspondientes a su domicilio o en una casilla especial y, previa identificación, pueda emitir su voto.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Es procedente la vía per saltum para conocer de los juicios ciudadanos acumulados.

SEGUNDO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves ST-JDC-1181/2012, ST-JDC-1184/2012,
ST-JDC-1385/2012 y ST-JDC-1436/2012, al juicio
ST-JDC-1178/2012, en el entendido de que se deberá agregar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los expedientes acumulados.

TERCERO. Se ordena a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, por conducto de la Vocalía respectiva en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima, proceda a expedir y entregar a Oscar Gerardo Ramírez Miranda, Ma. Trinidad Salazar Puente, Elia Margarita González Mancilla, Froylan Ortega Ponce y Jorge Joaquín Martínez Santana previa identificación, la reposición de sus respectivas credenciales para votar con fotografía y se cerciore de que se encuentran inscritos en la Lista Nominal de Electores correspondiente a su domicilio; para tal efecto, se concede a la responsable, un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales contados a partir del día siguiente al primero de julio del año en curso.

CUARTO. La responsable deberá notificar en forma personal en el domicilio de los actores, el aviso relativo a que la credencial para votar con fotografía ya se encuentra disponible en el módulo para ser entregada.

QUINTO. La responsable deberá informar y acreditar a esta Sala Regional, dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el resolutivo tercero, sobre el cumplimiento que dé a esta sentencia.

SEXTO.Tomando en cuenta que el próximo uno de julio de este año se celebrarán elecciones tanto a nivel federal como ordinarias para renovar el Congreso Local y los ayuntamientos en el Estado de Colima, expídasele a Oscar Gerardo Ramírez Miranda, Ma. Trinidad Salazar Puente, Elia Margarita González Mancilla, Froylan Ortega Ponce y Jorge Joaquín Martínez Santana, copia certificada, por duplicado, de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a efecto de que conjuntamente con una identificación oficial, los integrantes de la mesa directiva de casilla de la sección correspondiente a su domicilio les permitan votar, o en su caso, si se tratare de una casilla especial, agregue sus nombres en el acta de electores en tránsito y anote dicha circunstancia en la hoja de incidentes respectiva, para lo cual deberán retener dicha copia certificada en cualquiera de los supuestos anteriores.

NOTIFÍQUESE personalmente a las actoras y actores, por conducto de la autoridad responsable, en los domicilios señalados en autos, anexando copia simple de la presente ejecutoria y dos copias certificadas de los puntos resolutivos de la misma; por oficio a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, y a la Vocalía del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital Ejecutiva respectiva, acompañando copia certificada de esta sentencia; y por estrados a los demás interesados; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, y 84, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 106, párrafo primero, 117 y 118 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, hágase del conocimiento público la presente resolución en la página que tiene este órgano jurisdiccional en Internet.

En su oportunidad, remítase el expediente al Archivo Jurisdiccional de esta Sala Regional, como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

CARLOS A. MORALES PAULÍN