JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: ST-JIN-5/2012

ELECCIÓN IMPUGNADA:  DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA

PARTE ACTORA: COALICIÓN MOVIMIENTO PROGRESISTA

AUTORIDAD RESPONSABLE: 12 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON CABECERA EN IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO

TERCERA INTERESADA: COALICIÓN COMPROMISO POR MÉXICO

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA M. FAVELA HERRERA

SECRETARIOS: NORMA ALTAGRACIA HERNÁNDEZ CARRERA Y MARIO FELIPE MATA RIOS

Toluca de Lerdo, Estado de México, a treinta y uno de julio de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos del juicio de inconformidad ST-JIN-5/2012, promovido por la Coalición Movimiento Progresista contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, con cabecera en Ixtapaluca; y

R E S U L T A N D O

I. Jornada electoral. El pasado uno de julio de dos mil doce, se llevó a cabo la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa correspondiente al 12 Distrito Electoral Federal en el Estado de México.

II. Recuento parcial de votos. El seis de julio siguiente, en el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México dio inicio la sesión del cómputo distrital de la elección señalada en el resultando anterior, durante la cual se realizó el recuento parcial de votos en ciento dos (102) de las quinientas setenta y cinco (575) casillas que fueron instaladas en ese distrito electoral.

III. Cómputo distrital. El propio seis de julio concluyó la celebración de la sesión del cómputo distrital de la elección en cita, el cual arrojó los resultados siguientes (foja 132 del cuaderno principal):

Una vez realizado el cómputo de la votación obtenida por cada partido político y coalición, el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México realizó la asignación de la votación de los partidos coaligados, para quedar en la siguiente forma (foja 132 del cuaderno principal):

Votación obtenida por los candidatos (foja 132 del cuaderno principal):

 Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el mencionado Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos; y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la Coalición Compromiso por México, conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrada por César Reynaldo Navarro de Alva y María Guadalupe Ayala Bravo, como propietario y suplente, respectivamente (fojas 218 a 240 del cuaderno principal).

IV. Interposición de juicio de inconformidad. Inconforme con el cómputo anterior, mediante escrito presentado el diez de julio de dos mil doce, la Coalición Movimiento Progresista promovió juicio de inconformidad, aduciendo lo que a su derecho estimó pertinente (fojas 6 a 52 y del cuaderno principal).

V. Tercera interesada. Mediante escrito presentado el trece de julio del año en curso, la Coalición Compromiso por México compareció con el carácter de tercera interesada, alegando lo que a su interés estimó conveniente (fojas 313 a 340 del cuaderno principal).

VI. Remisión del expediente a esta Sala Regional. Mediante oficio CD12/MEX/542/2012 de quince (sic) de julio de este año, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el catorce de julio de la presente anualidad, la autoridad responsable remitió la demanda, el informe circunstanciado, el escrito de tercero interesado y demás constancias que estimó pertinentes (foja 1 del cuaderno principal).

VII. Turno a ponencia. Recibidas las constancias respectivas, mediante acuerdo de fecha catorce de julio de dos mil doce, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ordenó integrar el expediente ST-JIN-5/2012 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Adriana M. Favela Herrera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo se cumplimentó el mismo día por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional federal, mediante el oficio TEPJF-ST-SGA-4182/12 (fojas 342 y 343 del cuaderno principal).

VIII. Radicación, admisión y requerimiento. Mediante proveído de quince de julio de dos mil doce, la Magistrada Instructora acordó la radicación del expediente y admitió la demanda de juicio de inconformidad promovida por la Coalición Movimiento Progresista. Asimismo, requirió al 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, a efecto de que remitiera diversa documentación necesaria para la debida integración del expediente (fojas 346 a 350 del cuaderno principal).

IX. Cumplimiento. Por acuerdo de fecha diecisiete de julio siguiente, se tuvo a la autoridad administrativa electoral en mención, dando cumplimiento al requerimiento formulado.

X. Cierre de instrucción. En su oportunidad, toda vez que el expediente se encontraba debidamente sustanciado, se declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que se ordenó poner el expediente en estado de resolución y formular el proyecto de sentencia respectivo; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un juicio de inconformidad promovido por una coalición partidista durante un proceso electoral federal, contra los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 12 distrito electoral federal con cabecera en Ixtapaluca, Estado de México; entidad federativa que corresponde a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce su jurisdicción.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 60, párrafo segundo, 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 185, 186, fracción I, 192, 193, 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 3, párrafo 2, inciso b), 4, 6, párrafo 1, y 53, párrafo 1, inciso b), en relación con el 50, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en el Acuerdo CG268/2011 denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba mantener los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales que servirán para la realización de la jornada electoral federal del 1 de julio de 2012, tal y como fue integrada en los procesos electorales federales 2005-2006 y 2008-2009, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de noviembre de dos mil once.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Por ser su examen preferente y de orden público, se analizará en primer lugar si el presente medio de impugnación resulta procedente, pues de configurarse alguna causa de improcedencia, resultaría necesario decretar el sobreseimiento del juicio, dado que en su oportunidad fue admitida la demanda respectiva, por existir un obstáculo que impediría la válida constitución del proceso y, con ello, la posibilidad de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia planteada.

En atención a ello, esta Sala Regional procede a realizar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable y por la coalición tercera interesada.

a) Actos consentidos. Al rendir su informe circunstanciado, el Presidente del Consejo Distrital responsable adujo la improcedencia del juicio de inconformidad que nos ocupa, al estimar que los actos que por esta vía se reclaman, han sido consentidos expresamente por la parte actora; lo anterior, al tenor siguiente:

“Como cuestión previa, se hacen valer las siguientes causales de:

IMPROCEDENCIA

Establecidas ambas en el artículo 10, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de:

a)  Haber CONSENTIDO EXPRESAMENTE la resolución impugnada, por haber participado en la sesión especial de cómputo de la lección (sic) de diputados federales del día seis de julio del año en curso, en la lectura y cotejo de actas de escrutinio y cómputo de la totalidad de los paquetes electorales y en los grupos de recuento parcial de dicha elección, sin que se hicieran manifestaciones para cuestionar los resultados que ahora se impugnan.”

Tal causa de improcedencia se desestima por lo siguiente.

El artículo 10, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone, en lo que interesa, que los medios de impugnación regulados por dicha norma, serán improcedentes cuando se recurran actos o resoluciones que se hubieran consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen esa aceptación, o aquéllos contra los cuales no se haya interpuesto el medio de impugnación correspondiente dentro de los plazos fijados por la ley.

Esto es, para que un acto o resolución se considere consentido expresamente, debe ser aceptado de tal manera, que el promovente se someta a sus efectos y consecuencias de forma racional e incondicional, reflejándose la voluntad que implica el consentimiento, en un elemento de convicción fehaciente que no deje lugar a dudas.

En el caso a estudio, la autoridad responsable pretende que se estimen consentidos los actos consistentes en: los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 12 distrito electoral en el Estado de México, su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por dicha autoridad, con el argumento de que la parte actora participó en la sesión especial de cómputo de la referida elección; en la lectura y cotejo de actas de escrutinio y cómputo de la totalidad de los paquetes electorales y en los grupos de recuento parcial de dicha elección, sin que hiciera manifestaciones para cuestionar los resultados que ahora impugna.

Sin embargo, no es dable tener por actualizada la causa de improcedencia invocada por la responsable con base en las manifestaciones anteriores, ya que al interponer el presente medio de impugnación de manera oportuna, como se evidencia más adelante, se pone de manifiesto la oposición de la coalición actora respecto a los actos que estima contrarios a Derecho.

En efecto, la Coalición Movimiento Progresista, a través del escrito de demanda que da origen al medio de impugnación que se resuelve, expresa clara y fehacientemente su voluntad de controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 12 distrito electoral en el Estado de México, su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, llevados a cabo por la autoridad responsable; en esa virtud, es evidente que dichos actos no fueron, de manera alguna, consentidos expresamente. De ahí que se desestime la causa de improcedencia analizada.

b) Frivolidad. En el escrito de comparecencia presentado por la Coalición Compromiso por México, tercera interesada en el presente asunto, se hace valer que el presente juicio es eminentemente frívolo y carente de sustento legal.

En concepto de esta Sala Regional, la aludida causa de improcedencia es de desestimarse.

Lo anterior es así, teniendo en consideración que, conforme a lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 3, de la citada ley adjetiva electoral, un medio de impugnación es frívolo cuando resulta notorio el propósito del actor de promoverlo sin existir motivo o fundamento para ello, así como en el supuesto en que no se pueda alcanzar el objetivo que se pretende, con la promoción del respectivo juicio o recurso electoral.

Ello significa que la frivolidad de un medio de impugnación electoral se sustenta en el hecho de ser totalmente intrascendente o carente de sustancia jurídica.

En el caso concreto, de la sola lectura del escrito de demanda se puede advertir que no se actualiza ninguno de los dos supuestos mencionados, dado que la coalición demandante señala hechos y conceptos de agravio encaminados a conseguir que este órgano jurisdiccional federal declare la nulidad de la votación emitida en las casillas que impugna y modifique, en consecuencia, el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa correspondiente al 12 distrito electoral en el Estado de México.

Derivado de lo anterior, la parte actora pretende que se revoque la constancia de mayoría expedida a favor de la fórmula de candidatos postulada por la Coalición Compromiso por México, conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrada por César Reynaldo Navarro de Alva y María Guadalupe Ayala Bravo, como propietario y suplente, respectivamente, a fin de que le sea otorgada a la fórmula de candidatos que finalmente obtenga la mayoría de votos.

En esa tesitura, con independencia de que tales alegaciones puedan ser o no fundadas, es indudable que el medio de impugnación que se resuelve no carece de sustancia ni resulta intrascendente. Incluso, debe precisarse que, en todo caso, la eficacia de los conceptos de agravio expresados por la parte actora para alcanzar los extremos pretendidos, serán motivo de determinación de esta Sala Regional, previo análisis del fondo de la controversia.

De ahí que sea dable concluir que no le asiste la razón a la Coalición Compromiso por México respecto de la causa de improcedencia que alega.

TERCERO. Requisitos generales y especiales. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

A. Requisitos Generales.

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ella consta el nombre de la coalición actora, firma autógrafa de la parte promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas al efecto; se identifican con precisión los actos impugnados y la autoridad responsable; se enuncian los hechos y agravios que los actos reclamados le causan y se señalan los preceptos presuntamente violados.

2. Legitimación. La parte actora cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la invocada ley adjetiva electoral, en tanto que se trata de la Coalición denominada “Movimiento Progresista” que se encuentra registrada ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral y está conformada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que tienen el carácter de partidos políticos nacionales.

Lo anterior es así, ya que aun cuando preponderantemente los partidos políticos tienen la condición jurídica necesaria para acudir a reclamar por esta vía la violación a un derecho, lo cierto es que, en el caso concreto, quien acude a la instancia jurisdiccional federal es una coalición que también cuenta con legitimación para inconformarse, ya que dicho ente no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, aunque para efectos de su participación en los comicios, éstos deban actuar como un solo partido, por lo que debe entenderse necesariamente que su legitimación para intentar este tipo de juicios, se sustenta en la que tienen los partidos que la conforman; criterio que comulga con el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la ley se deben determinar las formas específicas de participación de los partidos políticos en los procesos electorales, y el diverso artículo 98, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala la obligación de los partidos políticos que pretendan coaligarse, de prever en el convenio respectivo quién ostentará la representación de la coalición para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia.

Lo anterior implica que, efectivamente, las coaliciones están legitimadas para presentar o interponer las demandas o recursos en materia electoral federal que sean procedentes.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 21/2002[1] emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el rubro “COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL.”

3. Personería. Se tiene por acreditada la personería de la ciudadana Vanessa López Castro, representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, quien suscribe la demanda del presente juicio de inconformidad en representación de la Coalición Movimiento Progresista; ello, en términos del artículo 12, párrafo 4, de la ley procesal electoral, con base en lo que a continuación se expone.

En el convenio de coalición total celebrado por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el veintiocho de noviembre de dos mil once, mediante resolución CG391/2011, específicamente en la Cláusula Quinta, se precisó lo relativo a la representación de la coalición para el caso de la interposición de los medios de impugnación como el que ahora nos ocupa, en los términos siguientes:

“QUINTA.- De conformidad con los artículos 36, párrafo 1, inciso g) y 97 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales cada partido mantendrá a sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral y acreditarán a sus respectivos representantes ante las Mesas Directivas de Casilla.

Las partes acuerdan que de conformidad con lo que se establece en el artículo 98, numeral 1, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, la representación de la coalición la ostentara (sic) los representantes de los partidos políticos coaligados ante los Consejos del Instituto Federal Electoral, en los términos siguientes:

a) Ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, la representación corresponderá al Partido de la Revolución Democrática;

b) Ante los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral, la representación corresponderá al partido político que encabece la fórmula de candidatos a senadores o diputados del Congreso de la Unión, respectivamente;

…”

        (Texto subrayado por esta autoridad)

Como se desprende del texto anterior, en el convenio de coalición total suscrito por los indicados partidos políticos nacionales, se estableció que en tratándose de la interposición de los medios de impugnación, la representación de la coalición la ostentarán los representantes de los partidos coaligados ante los consejos del Instituto Federal Electoral.

En el caso de los Consejos Locales y Distritales, la representación corresponderá al partido político que encabece la fórmula de candidatos a senadores o diputados del Congreso de la Unión, respectivamente.

Ahora bien, del Acuerdo CG193/2012 de fecha veintinueve de marzo de dos mil doce, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se realiza el registro supletorio de candidaturas a diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones contendientes, se advierte, en lo que interesa, que la Coalición Movimiento Progresista determinó que el partido político que encabezaría la fórmula de candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral 12 en el Estado de México, es el Partido de la Revolución Democrática, como se desprende de la parte relativa del citado acuerdo, de literalidad siguiente:

"TERCERO.- Conforme a lo señalado por el artículo 98, párrafo 1, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el punto primero, numeral 4, inciso e) del “Acuerdo del Consejo General por el que se expide el Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, para el Proceso Electoral Federal 2011-2009” el partido político al que originalmente pertenecen y el grupo parlamentario en el que quedarán comprendidos en caso de resultar electos, los candidatos de las coaliciones son, en el caso de la Coalición Compromiso por México, los referidos en el considerando del presente Acuerdo, y en el caso de la Coalición Movimiento Progresista los que se enlistan a continuación:

MOVIMIENTO PROGRESISTA

…”

Con base en lo que precede, es inconcuso que la interposición de los medios de impugnación contra actos o resoluciones del 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, en aquellos asuntos en los que tenga o pueda tener interés la Coalición Movimiento Progresista, corresponde a la representación del Partido de la Revolución Democrática, por ser éste quien encabeza la fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa en dicho distrito.

Consecuentemente, si Vanessa López Castro se encuentra debidamente registrada como representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, órgano señalado como responsable, pues así lo acredita con el respectivo nombramiento que fue debidamente certificado el veintiséis de junio de dos mil doce por el Presidente del citado Consejo, mismo que obra a fojas 100 y 101 del cuaderno principal, al que se le otorga pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la citada ley adjetiva electoral, es inconcuso que dicha ciudadana cuenta con personería para promover el presente juicio de inconformidad en representación de la Coalición Movimiento Progresista.

Lo anterior es acorde con la jurisprudencia 21/2009[2] emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el rubro “PERSONERÍA PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL CASO DE LAS COALICIONES. AL DETERMINARLA TAMBIÉN SE DEBE ATENDER A LA INTENCIÓN DE QUIENES SUSCRIBEN EL CONVENIO DE COALICIÓN.”

Aunado a lo anterior, la personería de la ciudadana en mención está expresamente reconocida por la autoridad responsable al rendir el informe circunstanciado.

No pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional que la demanda de este medio de impugnación también se encuentra signada por el ciudadano Juan Carlos Rodríguez del Río, quien se ostenta como representante del Partido del Trabajo; además, en el proemio y al calce de dicho documento se precisa que también promueve Rafael Plácido Ramos Becerril, en supuesta representación del Partido Movimiento Ciudadano, sin que conste su firma autógrafa; sin embargo, tales circunstancias resultan intrascendentes en el presente caso, en atención a que, en términos del convenio de coalición total suscrito por los aludidos entes políticos, la representación de la Coalición Movimiento Progresista para promover el medio impugnativo que se resuelve, corresponde al Partido de la Revolución Democrática, quien interpuso el presente juicio por conducto de su representante propietaria ante el órgano responsable de los actos reclamados, tal como ha quedado analizado.

4. Oportunidad. La demanda mediante la cual se promueve este juicio de inconformidad se presentó en forma oportuna, en tanto que se interpuso dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección de diputados federales que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, según se advierte de diversas constancias obrantes en autos, particularmente de las actas circunstanciadas relativas al resultado de recuento de cada casilla y a la declaratoria de validez de la elección de diputados federales de mayoría relativa en el 12 distrito electoral en el Estado de México, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, consultables en el cuaderno principal del expediente, fojas 190 a 192; 218 a 240 y 149 a 188, respectivamente, el referido cómputo distrital concluyó el seis de julio de este año, por lo que el término para la promoción del medio de impugnación transcurrió del siete al diez de julio de dos mil doce, y si la demanda se presentó en esta última fecha, como consta del sello de recepción que aparece en la misma, es evidente que ello aconteció dentro del plazo estipulado para ello.

B. Requisitos Especiales.

El escrito de demanda mediante el cual la Coalición Movimiento Progresista promueve el presente juicio de inconformidad, satisface los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la invocada ley adjetiva federal, en tanto que la parte actora encauza su impugnación contra los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México.

En la referida demanda se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.

Así, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad de este juicio, es conducente el estudio del fondo de la cuestión planteada.

CUARTO. Requisitos del escrito de tercero interesado. La Coalición Compromiso por México, por conducto de su representante legal, presentó escrito mediante el cual se ostenta como tercera interesada en el juicio que nos ocupa, advirtiendo este órgano jurisdiccional que dicho ocurso cumple con los requisitos exigidos por la ley de la materia, como a continuación se precisa.

a) Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el nombre de la coalición tercera interesada, nombre y firma autógrafa del representante de la compareciente, la razón del interés jurídico en que se funda su comparecencia y su pretensión concreta.

b) Legitimación. La Coalición Compromiso por México está legitimada para comparecer al presente juicio por estar conformada por partidos políticos con registro ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el caso, los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería del ciudadano Román Luis Angulo Vázquez, quien comparece al presente juicio en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital señalado como responsable (lo que acredita con el nombramiento respectivo que en copia certificada obra agregado a foja 341 del cuaderno principal) y como representante legal de la Coalición Compromiso por México; ello, conforme a lo dispuesto en el numeral 12, párrafo 4, de la ley procesal electoral.

En efecto, en términos del convenio de coalición parcial celebrado entre los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México para la elección, entre otras, de diputados federales por el principio de mayoría relativa en el 12 distrito electoral en el Estado de México, la representación de la citada coalición para promover los respectivos medios de impugnación, corresponde, precisamente, al primero de los citados institutos políticos coaligados.

Lo anterior se afirma así, porque de la lectura integral al citado convenio de coalición, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral de veintiocho de noviembre de dos mil once, mediante resolución CG390/2011, así como del convenio modificatorio al mismo, de fecha veintisiete de enero de dos mil doce, particularmente al contenido de las cláusulas séptima y décima, se desprende que la representación para promover los respectivos medios de impugnación corresponde al Partido Revolucionario Institucional, toda vez que el candidato propietario postulado por la referida coalición como diputado de mayoría relativa en dicho distrito, pertenece a éste partido político.

Lo anterior se desprende de los textos que enseguida se insertan:

Del convenio modificatorio

“…

CLÁUSULA SÉPTIMA. Origen partidario de los candidatos a diputados de mayoría relativa que serán postulados por la coalición y señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos.

Respecto de las 199 (ciento noventa y nueve) fórmulas a Diputados federales, por el principio de Mayoría Relativa en los distritos uninominales del país, materia del presente convenio la distribución por la filiación de origen de los candidatos, atenderá a lo siguiente:

…”

Del convenio original

“…

CLÁUSULA DÉCIMA.- De la representación legal.

Las partes acuerdan que para los fines precisados en el artículo 98, numeral 1, inciso f), (sic) la representación legal de la coalición “Compromiso por México” ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral corresponderá a los representantes acreditados por el Partido  Revolucionario Institucional.

Por lo que hace a la representación legal de la coalición “Compromiso por México” ante los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral, ésta corresponderá a los representantes acreditados por el respectivo partido político, tocante a los candidatos propietarios de las fórmulas cuyo origen partidario ha quedado precisado en las cláusulas sexta y séptima que anteceden.

Los representantes legales que han quedado señalados en los párrafos que anteceden contarán con personalidad jurídica para que promuevan los medios de impugnación en materia electoral que resulten legalmente procedentes, así como para participar en los juicios administrativos y jurisdiccionales ante las autoridades competentes en conocer, sustanciar y resolver las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral federal del 2012.

…”

(Texto subrayado por esta autoridad)

Consecuentemente, si Román Luis Angulo Vázquez se encuentra debidamente registrado como representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, órgano señalado como responsable, pues así lo acredita con el respectivo nombramiento que fue debidamente certificado el doce de abril de dos mil doce por el Presidente del citado Consejo, mismo que obra a foja 341 del cuaderno principal, al que se le otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la ley adjetiva electoral, es inconcuso que dicho ciudadano cuenta con personería para comparecer al presente juicio de inconformidad en representación de la Coalición Compromiso por México, tercera interesada.

Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 21/2009 de rubro “PERSONERÍA PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL CASO DE LAS COALICIONES. AL DETERMINARLA TAMBIÉN SE DEBE ATENDER A LA INTENCIÓN DE QUIENES SUSCRIBEN EL CONVENIO DE COALICIÓN.”

d) Oportunidad. Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 17, párrafo 4, de la ley procesal electoral, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación del medio de impugnación que nos ocupa, de acuerdo al contenido de la razón de fijación de la cédula correspondiente de notificación en estrados, que obra a foja 307 del cuaderno principal, en la que se indica como hora de fijación las nueve horas con cuarenta minutos del día once de julio del año en curso, así como del acuse de recibo asentado en dicho escrito, de donde se desprende que la recepción ocurrió siendo las once horas con cuarenta y siete minutos del día trece de julio siguiente (foja 313 del cuaderno principal del expediente).

Por lo anterior, debe tenerse por debidamente presentado el escrito de comparecencia analizado.

QUINTO. Cuestión previa. Esta Sala Regional estima improcedente la admisión del escrito que la parte actora anexó a su demanda, mismo que denominó “ANEXO 1 IRREGULARIDADES COMETIDAS DURANTE LA SESIÓN DE CÓMPUTO Y ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES”, con base en lo que a continuación se precisa.

En principio, debe decirse que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral al regular la procedencia y tramitación de los medios de impugnación, entre ellos, el juicio de inconformidad, establece una serie de etapas sucesivas y concatenadas que, una vez concluidas, se clausuran en definitiva, por lo que no queda al arbitrio de las partes el poder elegir el momento para realizar ciertos actos procesales, sino que los deben promover de manera oportuna, con lo que se obtiene además de certidumbre y seguridad jurídica, igualdad entre las partes en la prosecución del debido proceso jurisdiccional electoral.

En ese aspecto, se fijan plazos para la presentación de la demanda a efecto de que la autoridad receptora del medio de impugnación dé aviso de su remisión al órgano competente y la publique; cumplido lo anterior, remita al órgano competente la documentación relativa al medio impugnativo y, una vez recibida ante éste, se turne al magistrado instructor a fin de que la sustancie y formule el proyecto de resolución atinente.

Por tanto, es evidente que el ejercicio de la acción procesal se agota al presentar, de manera íntegra, el escrito inicial; es decir, la facultad de actuar del impugnante precluye, precisamente, con ese acto, ya que de otra manera se propiciaría incertidumbre jurídica al permitir la alteración de la litis en el juicio si fuera el caso de admitir en forma indiscriminada escritos sucesivos al de origen, porque a cada promoción que modificara o adicionara los agravios originalmente expuestos, se tendría que dar el respectivo trámite legal, lo que además implicaría proceder contra lo determinado por el legislador, toda vez que para el juicio que nos ocupa, dispuso el término de cuatro días para la presentación de la demanda correspondiente.

Lo anterior implica que al haberse promovido el juicio, con independencia de lo que se determine sobre su procedencia, la parte actora agota, precisamente en ese momento, la facultad de ejercer la acción, sin que se prevea en la ley la posibilidad de volverla a promover en diversa y posterior ocasión, dada la clausura de cada una de sus etapas en el medio de impugnación.

Por otra parte, este órgano jurisdiccional también ha establecido que existen supuestos de excepción en los que se permite la ampliación de la demanda, como es el caso de hechos nuevos íntimamente relacionados con la pretensión deducida o desconocidos por el promovente al presentar el escrito principal, para con ello privilegiar el acceso a la jurisdicción. No obstante, dicha presentación debe ocurrir sujeta a las reglas relativas al medio de impugnación atinente.

En efecto, la ampliación de la demanda en materia electoral se rige por los siguientes principios:

- Sólo es admisible cuando se sustenta en hechos supervenientes o desconocidos previamente por la parte actora.

Lo anterior implica que la ampliación de demanda procede siempre que se trate de hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que la parte accionante sustentó sus pretensiones y que surjan de forma posterior a la presentación de la demanda o que se ignoren, pues sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado, pues la ampliación de la demanda no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos, que obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.

- La ampliación de la demanda procede siempre que se presente dentro de igual plazo al previsto para impugnar.

En relación a lo anterior, debe precisarse que la ampliación de demanda por hechos nuevos íntimamente relacionados con la pretensión deducida o desconocidos por la parte actora al momento de presentar la demanda, está sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de impugnación, lo que implica que los escritos de ampliación deben presentarse dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de impugnación, siempre que sea anterior al cierre de instrucción, pues con esa interpretación se privilegia el acceso a la jurisdicción.

Apoyan las consideraciones anteriores, los criterios contenidos en las jurisprudencias 18/2008 y 13/2009, emitidas por este Tribunal Electoral[3], de rubros: “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR” y “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).

En el caso concreto, el diez de julio del presente año, la coalición actora presentó demanda del juicio de inconformidad que nos ocupa, a fin de combatir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dicha autoridad le dio el trámite correspondiente hasta remitirla a esta Sala Regional.

Del acuse de recibo asentado en la primera página de la referida demanda (foja 6 del cuaderno principal) y de la documentación anexa, se aprecia que la parte actora acompañó a su demanda un diverso escrito que denominó "ANEXO 1 IRREGULARIDADES COMETIDAS DURANTE LA SESIÓN DE CÓMPUTO Y ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES", el cual se encuentra agregado de fojas 102 a 104 del cuaderno principal, cuyo contenido es el siguiente:

De la lectura al documento inserto, se advierte que en él se hacen valer cuestiones relativas a diversas irregularidades supuestamente acontecidas durante el desarrollo de la sesión permanente de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, que por esta vía se impugna, atribuidas al 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral del Estado de México; esto es, en el aludido escrito, anexo a la demanda del presente juicio, se hacen valer argumentos distintos a los planteados como agravios en el ocurso primigenio principal, lo que lleva a esta Sala  Regional a estimar que, en el caso, no resulta procedente su admisión, dado que en dicho escrito no se exponen argumentos que justifiquen su presentación por separado y en promoción distinta a la demanda; además, resulta evidente que, en todo caso, las irregularidades aducidas no versan sobre hechos supervenientes o desconocidos previamente por la parte actora, en tanto que se trata irregularidades supuestamente acontecidas durante el desarrollo de la citada sesión de cómputo distrital, misma que concluyó el seis de julio de este año, mientras que la demanda del presente juicio de inconformidad y el anexo referido, se presentaron el diez de julio posterior.

Aunado a lo que precede, esta autoridad jurisdiccional también advierte que el escrito anexo en comento, carece de fecha, nombre y firma autógrafa de quien lo presenta, y si bien pudiera suponerse que fue presentado por la representación de la coalición demandante, lo cierto es que al carecer de nombre y firma autógrafa alguna, incumple con la regla relativa a la promoción de los medios de impugnación prevista en el artículo 9, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral, aplicable también a las ampliaciones de demanda, consistente, precisamente, en hacer constar el nombre y firma autógrafa del promovente.

Por otra parte, es de resaltarse que del contenido íntegro del escrito de demanda de este juicio de inconformidad, no se desprende referencia alguna al señalado escrito anexo, ni tampoco a los argumentos que en éste se contienen, por lo que no existe un vínculo indisoluble entre ambos documentos.

Por lo anterior, en concepto de esta Sala Regional, no resulta válida la admisión del documento denominado “ANEXO 1 IRREGULARIDADES COMETIDAS DURANTE LA SESIÓN DE CÓMPUTO Y ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES".

No es obstáculo a las consideraciones precedentes, que el aludido escrito anexo a la demanda, fue presentado dentro de los cuatro días establecidos para la promoción de los medios de impugnación en materia electoral ante esta instancia jurisdiccional federal, porque, como ya se precisó, si bien la parte enjuiciante contaba con ese lapso para ejercer su derecho y promover el presente juicio de inconformidad, también lo es que al incoar éste mediante la demanda respectiva, agotó ese derecho, y al no estar ante la hipótesis de hechos supervenientes o desconocidos, carecía de una nueva oportunidad para pretender ampliar la demanda a través del referido anexo.

Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis XXV/98[4] sostenida por este Tribunal Electoral, de rubro “AMPLIACION DE LA DEMANDA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, IMPIDE LA (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA).”

SEXTO. No transcripción de hechos y agravios. En la presente sentencia, no se transcriben los hechos y agravios que hace valer la parte actora, ya que el artículo 22, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no exige que las Salas del Tribunal Electoral realicen la transcripción respectiva, sino que resulta suficiente que se realice un resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos, según lo señala el inciso b) del mencionado artículo.

Así las cosas y partiendo del principio de economía procesal, esta Sala Regional estima que, en la especie, resulta innecesaria la transcripción de la demanda formulada por la coalición inconforme, máxime que se tiene a la vista para su debido análisis, por obrar en las actuaciones del sumario.

Avala lo anterior, por similitud jurídica sustancial y como criterio orientador, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, mayo de 2010, de la Novena Época, consultable en la página 830, cuyo rubro y contenido es el siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores.

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.”

Consecuentemente, si en la ley procesal electoral federal no se establece la obligación de transcribir los hechos y agravios que formuló la parte actora, es dable afirmar que tampoco debe imponerse tal carga para las resoluciones relacionadas con la materia electoral, pues debe concluirse que donde existe la misma razón debe darse la misma solución; de ahí la aplicación analógica de la hermenéutica invocada.

SÉPTIMO. Fijación de la litis. En el presente asunto, consiste en determinar si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y, en consecuencia, modificar o confirmar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa que se impugna, y confirmar o revocar la constancia de mayoría expedida; o bien, en su caso, otorgar otra constancia de mayoría a la fórmula que resulte ganadora de acuerdo con los nuevos resultados.

OCTAVO. Suplencia de la deficiencia de los agravios y metodología para el estudio de los agravios. Previo al examen de la controversia planteada, se considera oportuno precisar que en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por la parte actora, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Asimismo, en aquellos casos en que la parte actora haya omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o bien, los haya citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto.

De igual manera, esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve este medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que tales argumentos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 3/2000[5] identificada con el rubro “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR” y en la diversa jurisprudencia 2/98[6] de rubro “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIRE PARTE DEL ESCRITO INICIAL”.

Sin que lo anterior implique que exista una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la ley adjetiva en comento, en los respectivos medios de defensa, la parte actora debe mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que se basa su impugnación, así como los agravios que causa el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda, se advierte que la parte actora formula agravios dirigidos a actualizar diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, contempladas en el artículo 75, párrafo 1, de la invocada ley adjetiva electoral.

Con base en lo anterior, esta Sala Regional procederá a analizar aquellas cuestiones que pudieran afectar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital impugnada, ya que si se llegara a declarar la nulidad de la votación recibida en alguna o todas las casillas cuyo resultado se impugna, ello traería como consecuencia la modificación de los resultados del cómputo distrital, existiendo la posibilidad de que la fuerza política que obtuvo la mayoría de votos fuera desplazada por una distinta y, como consecuencia, se revocara la constancia de mayoría originalmente expedida, para otorgársela a la fórmula de candidatos de otra fuerza política que alcanzara el primer lugar de la votación, con motivo de la modificación del cómputo respectivo.

NOVENO. Estudio de causales de nulidad de votación recibida en casilla. Como ya quedó precisado, la parte actora promueve el presente juicio de inconformidad a fin de combatir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México, al estimar que en el caso se actualizan dos diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por tanto, esta Sala Regional procederá al análisis de los agravios esgrimidos por la parte actora, sistematizando su estudio mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se invoca.

APARTADO 1: Casillas impugnadas y causales de nulidad hechas valer.

Las casillas impugnadas, así como las causales de nulidad de votación que se invocan en cada caso, son las siguientes: