Toluca de Lerdo, Estado de México, a tres de agosto de dos mil quince

VISTOS, para resolver los autos del expediente ST-JIN-12/2015, formado con motivo del juicio de inconformidad promovido por el partido político nacional MORENA, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente al 12 distrito electoral federal en el Estado de México, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De las constancias del expediente se advierte lo siguiente:

a.    Jornada Electoral. El siete de junio de dos mil quince se celebró la elección de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entre otras elecciones locales.

b.    Cómputo distrital. El diez de junio siguiente se llevó a cabo la sesión del 12 Consejo Distrital en el Estado de México, a efecto de llevar a cabo el cómputo distrital de la elección de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El acta respectiva contiene los siguientes resultados:

II. Juicio de inconformidad.

a.    El quince de junio del presente año, Alfredo Guerrero Salazar, representante del partido político nacional MORENA  ante el 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México presentó demanda de juicio de inconformidad en contra del cómputo distrital de la elección de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En dicha demanda hizo valer, entre otras cosas, las causas de nulidad de la votación recibida en casilla, en términos de lo dispuesto en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, según se precisa en el siguiente cuadro:

b.    Tercero Interesado. El dieciocho de junio siguiente, el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México compareció con el carácter de tercero interesado.

III. Trámite y sustanciación

a.    Recepción. El diecinueve de junio de dos mil quince, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal fue recibido el oficio INE/CD12/MEX/SC/023/2015, suscrito por el Vocal Secretario del 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, mediante el cual remite la demanda, el informe circunstanciado y la documentación que estimó atinente, entre otra documentación.

b.    Turno a la ponencia. El diecinueve de junio del presente año, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca acordó integrar el expediente ST-JIN-12/2015 y lo turnó a su ponencia, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo fue cumplido mediante el oficio TEPJF-ST-SGA-2569/15, girado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional.

c.    Radicación. El veintiuno de junio de dos mil quince, el magistrado instructor tuvo por recibido el expediente y radicó el juicio de inconformidad.

d.    Requerimiento. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil quince, con el propósito de contar con todos los elementos para resolver, el magistrado instructor acordó, entre otros aspectos, requerir diversa documentación al 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México.

e.    Admisión. El veintiséis de junio del año en curso, el magistrado instructor dictó acuerdo por el cual, entre otros aspectos, admitió a trámite la demanda.

f.      Desahogo de requerimiento a cargo del Consejo Distrital. El veintisiete de junio de dos mil quince, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, fue recibido el oficio INE/CD12/MEX/CP/510/2015, por el cual el Consejero Presidente del Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió diversa documentación que le fue requerida por el magistrado instructor.

g.    Pruebas supervenientes. El veintisiete de junio de dos mil quince, el partido político actor, a través de su representante ante el Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, presentó un escrito mediante el cual pretende ofrecer pruebas supervinientes en el juicio en que se actúa, escrito que fue acordado mediante proveído de uno de julio del presente año y se ordenó dar vista a la autoridad responsable como al tercero interesado, para que en un plazo de dos días naturales manifestaran los que a su interés conviniera.

h.    Desahogo de vista. El tres de julio de dos mil quince, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital12 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, tercero interesado, presentó un escrito por medio del cual desahogó la vista a que se hace referencia en el punto anterior, misma que se acordó y se tuvo por desahogada por parte del tercero interesado y por perdido el derecho para hacerlo por parte del Consejo Distrital, mediante proveído de siete de julio de dos mil quince.

i.       Segundo requerimiento. Mediante proveído de nueve de julio de dos mil quince, con el propósito de contar con todos los elementos para resolver, el magistrado instructor acordó, entre otros aspectos, requerir, de nueva cuenta, diversa documentación al Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México.

j.       Desahogo del segundo requerimiento a cargo del Consejo Distrital. El diez de julio de dos mil quince, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, fue recibido el oficio INE/CD12/MEX/CP/511/2015, por medio del cual el Consejero Presidente del Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió diversa documentación que le fue requerida por el magistrado instructor.

k.    Acuerdo de desahogo y tercer requerimiento. Mediante proveído de diez de julio de dos mil quince, el magistrado instructor tuvo por desahogado el segundo requerimiento, y con el propósito de contar con todos los elementos para resolver acordó, entre otros aspectos, requerir, de nueva cuenta, diversa documentación al Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México.

l.       Desahogo del tercer requerimiento a cargo del Consejo Distrital. El once de julio de dos mil quince, en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, fue recibido el oficio INE/CD12/MEX/CP/514/2015, por medio del cual el Consejero Presidente del Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, remitió diversa documentación que le fue requerida por el magistrado instructor.

m. Cierre de instrucción. El tres de agosto de dos mil quince, el magistrado instructor declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia.

Esta Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción II, y 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 49; 50, párrafo 1, inciso b), fracción I, y 53, párrafo 1, inciso

 b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de inconformidad, promovido contra los resultados consignados en una acta de cómputo distrital de la elección de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el principio de mayoría relativa, por nulidad de la votación recibida en varias casillas, en un distrito electoral que está ubicado en la circunscripción en la que ejerce jurisdicción esta Sala Regional.

SEGUNDO. Causas de improcedencia

Por ser su examen de carácter preferente y de orden público, se analiza en primer lugar las causas de improcedencia que aduce el tercero interesado, así como la autoridad responsable.

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, invoca, como causas de improcedencia, las siguientes:

a)      Actos consentidos. Afirma la autoridad responsable, en su informe circunstanciado, que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de actos que fueron consentidos expresamente por el actor, al momento de llevar a cabo el recuento de las casillas que ahora se impugnan.

Contrariamente a lo afirmado por la responsable, en el presente caso, no se trata de actos consentidos expresamente por la parte actora, en virtud de que en contra de ellos procede el juicio de inconformidad que aquí se resuelve y haberse inconformado por los resultados del cómputo distrital consignados en el Acta de Cómputo Distrital de Diputados Federales de Mayoría relativa relativos al Consejo Distrital número 12, en el Estado de México, por lo que se desestima la causal de improcedencia hecha valer por la responsable.

Asimismo, en virtud de que, tal como consta en autos, el juicio de inconformidad fue presentado dentro del plazo de cuatro días previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

b)          Falta de interés jurídico del actor. Afirma la responsable que el partido político actor carece de interés jurídico en virtud de que los cómputos que se impugnan se llevaron a cabo con estricto apego a la ley electoral, bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Cabe desestimar la causal de improcedencia de falta de interés jurídico alegada por la responsable, porque se trata de un tema evidentemente relacionado con el fondo del presente asunto, tema que será resuelto por este órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia en el presente juicio.

TERCERO. Procedencia.

El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8°; 9°, párrafo 1; 52, párrafo 1, y 54 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:

a.    Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre y firma del promovente, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como ala persona autorizada para ello. En el referido ocurso también se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; y los agravios que causan perjuicio.

También se cumplen con los requisitos especiales del escrito de demanda previstos en el artículo 52 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que en la demanda se señala que se impugna la elección de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el principio de mayoría relativa; se hace la mención individualizada del acta de cómputo distrital que se impugna, así como de las casillas cuya votación se solicita sea anulada que, se aduce, genera la nulidad de la votación recibida en casilla.

b.    Oportunidad. El juicio de inconformidad se presentó oportunamente, toda vez que el cómputo distrital para la elección de diputados electos por el principio de mayoría relativa concluyó el once de junio de dos mil quince, por lo que el plazo de cuatro días corrió del doce al quince de dicho mes y año, de manera que al haberse presentado la demanda el quince de junio de dos mil quince, es inconcuso que el mismo se encuentra dentro del plazo establecido en el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c.    Legitimación y personería. Los requisitos se encuentran satisfechos, en términos de lo dispuesto en el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que el presente juicio es promovido por el partido político nacional MORENA, a través de su representante ante el 12 Consejo Distrital Electoral en el Estado de México, tal y como la autoridad responsable lo reconoce expresamente en su informe circunstanciado.

d.    Interés jurídico. El partido político nacional MORENA, promovente, tiene interés jurídico para presentar este medio de impugnación, dado que impugna los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección de diputados electos por el principio de mayoría relativa, en el 12 Distrito Electoral Federal del Estado de México, haciendo valer diversas causas de nulidad de la votación recibida en casilla, las cuales están previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

e.    Definitividad. El requisito en cuestión se considera colmado, ello en virtud de que en la ley no se prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado previamente a la tramitación del presente juicio de inconformidad.

Por tanto, al estar colmados los requisitos de procedibilidad antes indicados, y al no haberse invocado alguna causa de improcedencia por la responsable, lo conducente es analizar y resolver el fondo de la litis planteada.

CUARTO. Ampliación de demanda y prueba superveniente. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil quince ante la oficialía de partes de esta Sala Regional, el partido político actor, a través de su representante legal, ofreció lo que denominó como pruebas supervenientes, consistentes en el Informe final sobre el Monitoreo de Noticieros y la difusión de sus resultados durante el periodo de Campañas, aprobado el veinticuatro de junio del año en curso.

En relación con el contenido del referido monitoreo, el demandante realiza diversas manifestaciones, en específico, sobre la supuesta cobertura informativa ilegal en favor del Partido Verde Ecologista de México.

En concepto de este órgano jurisdiccional, ha lugar a admitir la prueba aportada por el enjuiciante en su calidad de superveniente, en virtud de que al momento de presentar su demanda, esto es, el quince de junio de dos mil quince, desconocía el informe final sobre el monitoreo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, puesto que ello ocurrió hasta el veinticuatro siguiente.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 12/2002 de rubro PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.[1]

Sin embargo, esta Sala Regional considera que las manifestaciones hechas valer por el partido actor no deben ser tomadas en cuenta en esta ejecutoria, en virtud de que son formuladas con el ánimo de ampliar el contenido de la demanda, lo cual no es admisible, toda vez que los argumentos al estar encaminados a demostrar la nulidad de la elección por la supuesta compra o adquisición de cobertura informativa fuera de los supuestos previstos en la Ley, ello debió ser planteado en el plazo de cuatro días contados a partir de que venció el cómputo distrital.

Lo anterior, en razón de que en términos de lo establecido en el artículo 50 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la validez de la elección es reclamable a partir de la conclusión del cómputo distrital.

Máxime, que lo que actor pretende es generar el derecho para impugnar la validez de la elección con base en las prueba superveniente de referencia; sin embargo, ésta sólo constituye un elemento para demostrar irregularidades que hayan sido invocadas previamente, esto es, al momento de presentar la demanda.

QUINTO. Estudio de fondo.

A.   Litis El objeto el presente juicio consiste en determinar si, el cómputo de la elección fue ajustado a derecho, así como los resultados, la entrega de la constancia respectiva y la declaración de validez de la misma o si, por el contrario, se debe decretar la nulidad de la elección en el distrito por actualizarse las irregularidades señaladas por el actor en relación con las hipótesis previstas en los artículos 78 y 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

B.   Síntesis de agravios

El actor apoya sus agravios en la afirmación de que el Partido Verde Ecologista de México para su propio beneficio y el de la coalición conformada por dicho instituto político y el Partido Revolucionario Institucional (coalición PVEM-PRI), durante diez meses (desde septiembre de dos mil catorce al día de la jornada electoral), implementó una estrategia integral, sistemática, dolosa, reiterada y contumaz, para posicionarse ilegalmente ante el electorado, así como, para que solo el Partido Verde Ecologista de México resultara sancionado, afectando con ello la equidad en la contienda y poniendo en riesgo el proceso electoral.

Las conductas relacionadas con dicha estrategia, según el actor, se encuentran acreditadas en diversos procedimientos administrativos sancionadores instados ante el Instituto Nacional Electoral a nivel central, por el propio actor y otros partidos políticos en contra del Partido Verde Ecologista de México, de los cuales menciona que solicitó a la responsable glosara copia certificada al informe circunstanciado [alude que apoyó su petición en el artículo 83, párrafo 1, incisos b) y c), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral], así como que se remitan a esta Sala Regional Toluca, las correspondientes sentencias emitidas por la Sala Especializada de este Tribunal Electoral. Los datos que plasma en su demanda son en forma literal los siguientes:

En este orden de ideas, a continuación se inserta una tabla con diversos procedimientos en contra del Partido Verde Ecologista de México:

1 SCG/PE/PRD/CG/36/INE/52/PEF/6/2014       y       sus acumulados

SCG/PE/PAN/CG/37/INE/53/PEF/7/2014 UT/SCG/PÍ/JCJ/CG/50/INE/66/PEF/20/2014

UT/SCG/PE/JCJ/CG/54/INE/70/PEF/24/2014 y UT/SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014 PRD, PT, MC, MORENA PAN y PRD Senadores Carlos Alberto Puente Salas y Pablo Escudero Morales, Diputados Federales Ana Lilia Garza Cadena, Enrique Aubry de Castro Palomino, Rubén Acosta Montoy, PVEM, Grupos Parlamentarios en las Cámaras de Diputados y Senadores, e integrantes de las mismas y quien resurte responsable 24/10/2014 Denuncia que a partir del 23 de septiembre de 2014 se han difundido diversos spots de radio y televisión pautados para el periodo de precampaña en el estado de Guanajuato, relativos a los informes de labores del Senador Carlos Alberto Puente Salas y Diputados Federales Enrique Aubry de Castro Palomino y Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México, en los que se promociona la figura de los servidores públicos de referencia, en presunta violación de los artículos 41, párrafo segundo; base III, apartado A, párrafos primero y tercero y 134, párrafo octavo de la Constitución y demás relativos en la materia. El TEPJF desechó la demanda de un concesionario SUP-REP-27/2015 del 12/03/2015, por haberse presentado fuera del plazo establecido. Con relación al SUP-REP-120/2015 y acumulados, la SRE emitió acuerdo el 02/04/2015, acumulando los expedientes SRE-PSC-5/2014, SRE-PSC-6/2015 y SRE-PSC-7/2015, a fin de solicitar al SAT la situación económica de las personas físicas y morales a las que ordenó la SS que se les aplique sanción económica. Ver acatamiento al SUP-REP-120/2015 en hoja 1, así como impugnación a la resolución en acatamiento. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 29/12/2014 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-5/2014 en la que determinó imponer al PVEM y a concesionarios de televisión abierta y restringida una AMONESTACIÓN PÚBLICA, dar vista a las Contralorías de las Cámaras de Diputados y Senadores por las conductas de los legisladores denunciados y sobreseer el procedimiento por lo que respecta a la denuncia de Movimiento Ciudadano. 24/12/2014 El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-3/2015 y acumulados, para el efecto de ponderar la gravedad de la infracción, así como demás elementos para la individualización. En acatamiento, la SRE resolvió en el expediente SRE-PSC-5/2014 y acumulado SRE-PSC-6/2015, del 13/03/2015, imponer al PVEM la sanción consistente en la interrupción de la propaganda que se transmita, dentro del tiempo en televisión asignado por el INE por un periodo de siete días, hasta que cause ejecutoria esta sentencia, en periodo de intercampaña, y en ningún caso abarque periodo de campaña. Concesionarios, personas morales y físicas: Amonestación pública. El TEPJF revocó la sentencia de la SRE del 13/03/2015, SUP-REP-120/2015 y acumulados, de fecha 25/03/2015, imponiendo al PVEM una reducción del 50% de su financiamiento ordinario = $76,160,361.80, y ordenó a la SRE que reindividualice las sanciones a las persona físicas y morales precisadas en la ejecutoria. 2 UT/SCG/PE/JCJ/CG/61/INE/77/PEF/31/2014 y su acumulado UT/SCG/PE/PRD/CG/64/INE/80/PEF/34/2014 Senador de la República Javier Corral Jurado y PRD Diputada Federal Gabriela Medrano Galindo y PVEM 12/12/2014 Denuncia que la campaña publicitaria que el PVEM realiza a través de radio y televisión en todo el país, así como en internet y espectaculares, de manera simultánea con los mismos materiales que difunden los grupos parlamentarios de ese partido en radio y televisión abierta y restringida, como el verde sí cumple y otros, constituyen diversas infracciones como el exceso en el gasto de adquisición o contratación de publicidad; violación del principio de equidad, al actualizarse el principio de doble beneficio, y se realiza promoción personalizada de servidores públicos, entre otras presuntas violaciones. Se ordenó abrir cuaderno para la individualización de las sanciones a los concesionarios de televisión. Se hace del conocimiento de la Contarloría Interna de la Cámara de Diputados. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 15/01/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-7/2015, en la que determinó imponer al PVEM una amonestación pública por incumplir su deber de cuidado frente a conductas que de inicio tienen apariencia de legalidad. Se acreditó la indebida difusión del promocional del informe de labores de la Diputada denunciada, al inobservar el principio de equidad: Vista a la Contraloría de la Cámara de Diputados. No se verificó incumplimiento a la normativa electoral por parte de los concesionarios. 08/01/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-45/2015 y acumulados 46 y 47/2015 del 25/03/2015, para el efecto de que emita una nueva en la uqe (sic) individualice la sanción que corresponda. En acatamiento al SUP-REP-45/2015 y acumulados, la SRE emitió sentencia el 30/03/2015, resolviendo que tuvo verificativo la inobservancia del PVEM a los artículos 443, párrafo 1, inciso n) y 160 de la Legipe (sic), porque contravino el modelo de comunicación poítica (sic) previsto en el artículo 41, base III-de la Constitución: 50% de la ministración del financiamiento ordinario = $11,453,846.20. El TEPJF revocó la resolución de la SRE de fecha 30/03/2015, SUP-REP-155/2015 del 27/05/2015, para el efecto de que funde y motive la sanción que imponga al PVEM para que sea proporcional al daño causado, bajo las directrices que se precisan en esta ejecutoria. En acatamiento del SUP-REP-155/2015, la SRE dictó sentencia el 02/06/2015, imponiendo al PVEM una multa de $1,189,437.87. " IMPUGNADA SUP-REP-424/2015 PRD GRAVE (PÁGINA 15 SRE-PSC-7/2015) 3 UT/SCG/PE/JCJ/CG/72/INE/88/PEF/42/2014 SIQyD 1223 Senador de la República Javier Corral Jurado PVEM y quienes resulten responsables 29/12/2014 Denuncia que el PVEM ha desplegado una campaña con fines electorales en la que se utiliza la producción de los promocionales de los Legisladores de ese partido con el eslogan Sí cumple, a través del despliegue de espectaculares, anuncios en casetas telefónicas y parabuses entre otros, en diversos puntos del país, así como la difusión de cine minutos en salas de las cadenas de cines Cinépolis y Cinemex, en presunta violación de los artículos 41, base III, Apartado A, párrafos primero y tercero y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 21/01/2015 la SRE devolvió el expediente para que se emplace a otro sujeto con fecha 06/02/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-14/2015, declarando que SE ACREDITA LA VIOLACIÓN en contra del PVEM (vulneración al principio de equidad en la contienda electoral): Amonestación pública Se declara inexistente la violación en contra de las personas morales denunciadas. 20/01/2015 29/01/2015 El TEPJF revocó la sentencia de la SRE SUP-REP-57 y acumulados 58 y 59/2015, del 12/03/2015, toda vez que existe incongruencia en la individualización de la sanción, por lo que ordenó emitir una nueva resolución teniendo en consideración lo razonado en la ejecutoria. En acatamiento al REP-57/2015 y acumulados, en sentencia del 20/03/2015 la SRE impuso al PVEM una multa de reducción de ministración mensual equivalente a $7,011,424.56 El "TEPJF confirmó la resolución de la SRE, SUP-REP-136/2015 y acumulados 137, 139 y 141/2015 del 31/03/2015. FIRME              GRAVE              (PÁGINA              22       - SRE-PSC-14/2015) 4

UT/SCG/PE/MORENA/CG/27/PEF/71/ 2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/PRD/CG/28/PEF/72/2015 y UT/SCG/PE/ELLS/JL/YUC/50/PEF/94/ 2015 MORENA, PRD y Eduardo Lorenzo Lliteras Sentíes PVEM y quienes resulten responsables 05/02/2015 Denuncia que en distintos establecimientos comerciales (tortillerías) del municipio de Texcoco, Edo. de México, se han observado posters alusivos al PVEM, en donde las tortillas se envuelven en papel con el emblema del PVEM de manera gratuita, que es un artículo promocional prohibido por los artículos Segundo Transitorio, fracción II, inciso g) de la Constitución, 209, párrafo 2, numerales 2 al 6 y 211, numeral 2 de la Legipe (sic); asimismo se denuncia diversa publicidad fija en mobiliario urbano, autobuses y espectaculares en el territorio nacional, y que la estrategia propagandística del PVEM se sigue observando de forma continuada, cambiando el slogan de la campaña Verde sí cumple, al slogan Propuestas cumplidas, propaganda que no cumple con la normatividad electoral. En la sentencia SRE-PSC-26/205 se ordenó abrir un PES en contra de Comercializadora Publicitaria TTK, S.A. de C.V. "Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 03/03/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-26/2015 en la que determinó que se acredita la conducta relativa a la sobreexposición ilegal de manera reiterada y sistemática por parte del PVEM en diversos estados del territorio nacional con motivo de las campañas ¿PROPUESTA CUMPLIDA? y ?EL VERDE CUMPLE LO QUE PROPONE"", como la distribución de papel grado alimenticio para envolver tortillas: Multa del 20% de la ministración mensual= $5,387,230.86. No se acreditan las infracciones relativas a: repartición de artículos promocionales utilitarios, posters que se distribuyeron, actos anticipados de campaña y adquisición y difusión de propaganda electoral en radio. No se acredita la responsabilidad de las personas morales denunciadas." 03/03/2015 "El TEPJF revocó la resolución de la SRE, SUP-REP-94/2015 y acumulados 98 y 99/2015 del 08/04/2015, para el efecto de que reinvidualice la sanción correspondiente en los términos que se detalla en la sentencia. En acatamiento al SUP-REP-94/2015 y acumulados, la SRE emitió resolución el 17/04/2015 imponiendo al-PVEM una multa del 45% de la ministración mensual = $5,411,840.76 El TEPJF confirmó la resolución de la SRE emitida el 17/04/2015, SUP-REP-212/2015 y acumulados 220 y 223/2015 del 13/05/2015. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña" FIRME GRAVE (PÁGINA 23 SRE-PSC-26/2015) 5 UT/SCG/PE/PAN/CG/34/PEF/78/2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/PEF/83/ 2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/40/PEF/84/ 2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/48/PEF/92/2015 UT/SCG/PE/ES/JD03/QR/58/PEF/102/2015 UT/SCG/PE/ABG/JD08/TAM/59/PEF/ 103/2015 UT/SCG/PE/ES/JLyQR/60/PEF/104/ 2015 y UT/SCG/PE/ES/JD01/QR/64/PEF/108/ 2015 PAN, MORENA, ES y un ciudadano PVEM 13/02/2015 Denuncia que el 9 de febrero de 2015, el IMSS y el ISSSTE anunciaron conjuntamente que a partir del 15 de marzo del presente año, se pondrá en marcha en el Distrito Federal un programa de vales de medicamentos para sus derechohabientes, que se extenderá a todo el país, y que en paralelo, destaca una campaña del PVEM en su portal de Internet, como una apropiación indebida de este programa federal, pues lo presenta como propio, difundiendo propaganda político-electoral que busca desequilibrar la equidad en la contienda entre los partidos políicos (sic), además de una campaña de lentes con graduación gratuitos, lo cual constituye propaganda contraria a la normatividad electoral, en presunta violación del artículo 470, párrafo 1, inciso b) de la Legipe (sic). Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada con fecha 10/03/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-32/2015 y su acumulado 33/2015, en la que acumuló el expediente 34/PEF/78/2015 y acumulados y el expediente 42/PEF/86/2015 y acumulados, resolviendo que se acredita la infracción a la normativa electoral por parte del PVEM y los Senadores denunciados, al poner en riesgo el principio de equidad por la sobreexposición ilegal, reiterada y sistemática en diversos estados del país, así como por la apropiación indebida de un programa social; se acredita la infracción del uso indebido de la pauta y la entrega de beneficios por interpósita persona. PVEM: $6,268,362.42 Vista a la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores y a la UTF. 09/03/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-112/2015 y acumulados SUP-REP-113/2015, SUP-REP-114/2015 y SUP-REP-116/2015, del 27/05/2015 para el efecto de que se tengan por acreditadas las infracciones señaladas, pero al individualizar las consecuencias de los ilícitos, en el caso del PVEM, por la difusión de los promocionales únicamente le imponga la sanción que corresponda a la nueva y concreta ejecución de la conducta ilícita, así como la que corresponda a la entrega de lentes y, en los términos que se describen en la sentencia, a las concesionarias. En actamiento (sic) la SRE dictó sentencia el 06/06/2015 imponiendo una murta al PVEM de $3,349,641. "IMPUGNADA SUP- REP-450/2015 PVEM SUP-REP^52/2015 TELEVIMEX SUP-REP-453/2015 TELEVISA, S.A. DE C.V. ORDINARIA (PÁGINA 21 SRE-PSC-32/2015) 6 UT/SCG/PE/PAN/CG/34/PEF/78/2015              y              sus acumulados

UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/PEF/83/ 2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/40/PEF/84/ 2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/48/PEF/92/2015 UT/SCG/PE/ES/JD03/QR/58/PEF/102/2015 UT/SCG/PE/ABG/JD08/TAM/59/PEF/ 103/2015 UT/SCG/PE/ES/JL/QR/60/PEF/104/ 2015 y UT/SCG/PE/ES/JD01/QR/64/PEF/108/ 2015 PAN, MORENA, ES y un ciudadano PVEM 13/02/2015 denuncia que el 9 de febrero de 2015, el IMSS y el ISSSTE anunciaron conjuntamente que a partir del 15 de marzo del presente año, se pondrá en marcha en el Distrito Federal un programa de vales de medicamentos para sus derechohabientes, que se extenderá a todo el país, y que en paralelo, destaca una campaña del PVEM en su portal de internet, como una apropiación indebida de este programa federal, pues lo presenta como propio, difundiendo propaganda político-electoral que busca desequilibrar la equidad en la contienda entre los partidos políicos (sic), además de una campaña de Lentes con graduación gratuitos, lo cual constituye propaganda contraria a la normatividad electoral, en presunta violación del artículo 470, párrafo 1, inciso b) de" la Legipe (sic). Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 10/03/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-32/2015 y su acumulado 33/2015, en la que acumuló el expediente 34/PEF/78/2015 y acumulados y el expediente 42/PEF/86/2015 y acumulados, resolviendo que se acredita la infracción a la normativa electoral por parte del PVEM y los Senadores denunciados, al poner en riesgo el principio de equidad por la sobreexposición ilegal, reiterada y sistemática en diversos estados del país, así como por la apropiación indebida de un programa social; se acredita la infracción del uso indebido de la pauta y la entrega de beneficios por interpósita persona. PVEM: $6,268,362.42 Vista a la Contrataría Interna de la Cámara de Senadores y a la UTF. 09/03/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-112/2015 y acumulados SUP-REP-113/2015, SUP-REP-114/2015 y SUP-REP-116/2015, del 27/05/2015 para el efecto de que se tengan por acreditadas las infracciones señaladas, pero al individualizar las consecuencias de los ilícitos, en el caso del PVEM, por la difusión de los promocionales únicamente le imponga la sanción que corresponda a la nueva y concreta ejecución de la conducta ilícita, así como la que corresponda a la entrega de lentes y, en los términos que se describen en la sentencia, a las concesionarias. En actamiento (sic) la SRE dictó sentencia el 06/06/2015 imponiendo una multa al PVEM de $3,349,641. "IMPUGNADA SUP- REP-450/2015 PVEM SUP-REP-452/2015 TELEVIMEX SUP-REP-453/2015 TELEVISA, S.A. DE C.V. ORDINARIA (PÁGINA 21 SRE-PSC-32/2015) 7 UT/SCG/PE/PRD/CG/51/PEF/95/2015 PRD PVEM 23/02/2015 Denuncia que el PVEM ha hecho un uso ilegal del Padrón Electoral, violando la confidencialidad de los datos contenidos en el mismo, al enviar cartas personalizadas a los domicilios de diversos ciudadanos adjuntando propaganda electoral a su favor, lo que considera constituye actos anticipados de campaña. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada con fecha 20/03/2015 la SRE determinó en el expediente RE-PSC-39/2015 que se acredita la conducta del PVEM relativa a la alteración del modelo de comunicación política realizando una sobreexposición ilegal de manera integral y sistemática por la distribución de calendarios 2015 con su logotipo, relativos a la campaña Verde sí cumple: $4, 074.435.58. No se acreditan actos anticipados de campaña. 13/03/2015 "El TEPJF revocó la resolución de la SRE, SUP-REP-134/2015 y acumulado 142/2015 del 08/04/2015, para el efecto de que reinvidualice la sanción correspondiente en los términos que se detallan en la sentencia. En acatamiento al SUP-REP-134/2015 y acumulado, la SRE dictó sentencia el 17/04/2015, imponiendo multa al PVEM por el 36% de la ministración mensual = $4.167,117.38 El TEPJF confirmó la resolución de la SRE, SUP-REP-213/2015 y acumulado 214/2015 del 13/05/2015 " FIRME ORDINARIA (PÁGINA 35 SRE-PSC-39/2015) 8 UT/SCG/PE/PRD/CG/71/PEF/115/ 2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/SBH/JD22/DF/87/PEF/131/2015 UT/SCG/PE/PAN/CG/88/PEF/132/2015 UT/SCG/PE/JCJ/CG/89/PEF/133/2015 UT/SCG/PE/MORENA/JD12/VER/93/PEF/137/2015 y UT/SCG/PE/HMF/CG/103/PEF/147/2015 PRD, Socorro Barrera Hernández, PAN, Senador de la República Javier Corral Jurado, MORENA y Héctor Montoya Fernández PVEM 06/03/2015 Denuncia que en domicilios de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral se están repartiendo sobres que contienen una tarjeta Premia Platino con el logotipo del PVEM y de la empresa MAS DESCUENTOS, y una hoja en la que se indica que dicha tarjeta se envía sin costo, con la que podrá ahorrarse dinero del gasto, en presunto uso indebido del Padrón Electoral y coacción al voto de los ciudadanos. En sentencia emitida el 15/05/2015, la SRE declaró INFUNDADO el incidente de incumplimiento de la diversa dictada el 27/03/2015. En sentencia emitida el 27/05/2015, la SRE confirmó el incidente de incumplimiento de inejecución de sentencia interpuesto por MORENA SRE-PSC-46/2015 Inc-11. Ei TEPJF confirmó sentencia del expediente SRE-PSC-46/2015, por la que se declaró infundado el incidente de incumplimiento de sentencia, SUP-REP-222/2015 y SUP-REP-355/2015, del 27/05/2015; SUP-REP-345/2015 del 03/06/2015. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 27/03/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-46/2015 en la que declaró que se acreditan por la producción y distribución de las tarjetas Premia Platino las infracciones a la normativa electoral imputadas al PVEM: reducción del 30% de la ministración mensual. Se vincula a las personas morales Proyectos Juveniles, S.A. de C.V. y Multiservicios de Excelencia RQ, S.C., al cumplimiento de la resolución. Incidente de incumplimiento de sentencia: la SRE lo declaró infundado en sesión del 17/04/2015 25/03/2015 El TEPJF revocó la resolución de la SRE, SUP-REP-152/2015 y acumulado 153/2015 del 06/05/2015, para el efecto de que emita una nueva resolución en la que califique la conducta e individualice la sanción. En acatamiento, la SRE emitió resolución el 15/05/2015, en la que impuso al PVEM una reducción del 15% de la ministración mensual. IMPUGNADA SUP-REP340/2015 PVEM ORDINARIA (PÁGINA 12 SRE-PSC-46/2015) 9 UT/SCG/PE/JCJ/CG/72/PEF/116/2015 y. sus acumulados UT/SCG/PE/MORENA/CG/73/PEF/117/2015,UT/SCG/PE/IEV/JL/VER/108/PEF/152/2015 SIQyD 1391, 1392 y 1442 Senador de la República Javier Corral Jurado y MORENA PVEM y el Senador Carlos Alberto Puente Salas 07/03/2015 FRANCISCO Denuncia que en los tiempos de prerrogativa del PVEM en radio y televisión se difunde un promocional denominado Más verde que nunca con números de folio RA000405-15 y RV000285-15, en el que se realiza promoción personal del Senador Carlos Alberto Puente Salas, y que es parte de una campaña de difusión reiterada, permanente y continua, en presunta violación de los bienes protegidos por el artículo 134 constitucional. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 09/04/2015 la SRE emitió sentencia SER-PSC-53/2015 en la que determinó que tuvo verificativo la inobservancia a la normativa electoral por parte del PVEM al difundir la campaña sistemática reiterada y continua bajo los slogan Verde sí cumple, Propuesta cumplida y Cumple lo que promete, así como la utilización indebida del programa social vales de medicina: reducción del 25% de la ministración mensual ordinaria = $2,869,235.84. No se acredita promoción personalizada de Carlos Puente. 30/03/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-175/2015 y acumulados 177 y 179/2015 del 03/06/2015, para que emita una nueva resolución en la que califique las faltas en que incurrió el PVEM e individualice nuevamente la sanción, debiendo considerar que la propaganda denunciada que fue difundida durante la precampaña, a través de revistas, redes sociales y mensajes de texto es ilegal, pues forma parte de la estrategia sistemática que vulnera el modelo de comunicación política. En acatamiento del SUP-REP-175/2015 y acumulados, la SER emitió sentencia el 06/06/2015, imponiendo al PVEM una multa de $717,308.96." IMPUGNADA SUP-REP53/2015 PVEM ORDINARIA (PÁGINA 12 SRE-PSC-53/2015) 10 UT/SCG/PE/MORENA/CG/132/PEF/ 176/ 2015 y su acumulado UT/SCG/P^MORENA/JD38/MEX/163/ PEF/207/2015 MORENA PVEM 05/04/2015 RAYBEL Denuncia que en el periódico La Jornada se publicó una nota periodística intitulada "Pese a las multas, el PVEM insiste en hacer campaña, ahora regala boletos de cine", así como la difusión de promocionales del PVEM identificados con los folios RA-00750-15, RA00751-15, RV00562-15 y RV00564-15, en los que considera que se hace promoción personalizada de la imagen del Senador Carlos Puente Salas. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 01/05/2015 la SRE resolvió el expediente SRE-PSC-77/2015 determinando que es existente la infracción atribuida al PVEM, por lo que hace a la entrega de boletos para asistir a funciones en salas de cine del complejo CINEMEX: reducción del 45% de la ministración mensual ordinaria = $5,052,629.79. Son inexistentes las infracciones atribuidas relativas a la violación al modelo de comunicación política, actos anticipados de campaña y la difusión del libro electrónico, así como las atribuidas las infracciones atribuidas al Senador Carlos Alberto Puentes Salas, Operadora de Cinemas, S.A. de C.V. y Héctor Guillermo Smith Mac Donald González. 27/04/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-275/2015 y acumulados 276 y 280/2015 del 03/06/2015, para el efecto de que emita una nueva determinación, en la que califique nuevamente la calificación y la falta y a partir de ello individualice nuevamente la sanción. En acatamiento del SUP-REP-275/2015 y acumulados, la SRE emitió sentencia el 06/06/2015, imponiendo al PVEM una multa de 25% de la ministración mensual= $6,734,038.57 " IMPUGNADA SUP-REP451/2015 PVEM ORDINARIA (PÁGINA 24 SRE-PSC-77/2015) 11 UT/SCG/PE/PAN/CG/ 149/PEF/193/ 2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/FRD/CG/150/PEF/194/ 2015 UT/SCG/PE/JCJ/CG/174/PEF/218/ 2015 UT/SCG/PE/MORENA/JD04/HGO/177/PEF/ 221/2015 UT/SCG/PE/PRD/CG/204/PEF/248/ 2015 UT/SCG/PE/ECA/CG/219/PEF/263/ 2015 UT/SCG/PE/HMF/CG/221/PEF/265/              2015 y

UT/SCG/PE/PRD/JD09/VER/234/PEF/278/ 2015 PAN, Femando Rodríguez Doval y otro, Senador de la República Javier Corral Jurado, MORENA, PRD, Enrique Castro y Amaya, Héctor Montoya Fernández y PRD PVEM 09/04/2015 Denuncia que el PVEM ha venido entregando un kit escolar, que considera viola la legislación en materia de propaganda electoral, toda vez que su material no es permitido al no ser reciclable ni textil, además de ser un indicio de presión al elector para obtener su voto, además de contener elementos de la campaña Verde sí cumple, por lo que continúa con su estrategia de posicionamiento, en violación del principio de equidad en la contienda. Con fecha 25/05/2015 MORENA presentó escrito de incidente de inejecutción (sic) de sentencia de la SRE del 15 de mayo. El TÉPJF declaró infundado el incidente, EN SENTENCIA DEL 06/0/2015. "Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Con fecha 15/05/2015 la SRE resolvió el expediente SRE-PSC-105/2015 determinando que se acredita, con motivo de la entrega del Kit escolar la conducta del PVEM relativa a la contratación y distribución de artículos promocionales utilitarios elaborados con material distinto al textil: 10% de la ministración mensual por actividades ordinarias. " 11/05/2015 IMPUGNADA SUP-REP334/2015 PRD SUP-REP339/2015 JAVIER CORRAL SUP-REP342/2015 PVEM FUE RETIRADO DE LA SESIÓN DE LA SALA SUPERIOR EL 10 DE JUNIO 2015 ORDINARIA (PÁGINA 41 SRE-PSC-105/2015) 12 UT/SCG/PE/MORENA/CG/220/PEF/264/2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/JCJ/CG/225/PEF/269/2015 UT/SCG/PE/ES/CG/226/PEF/270/2015 y UT/SCG/PE/PRD/CG/229/PEF/273/2015 MORENA; Senador Javier Corral Jurado, ES y PRD PVEM 29/04/2015 Denuncia que el 26 de abril de 2015, durante la transmisión por televisión a nivel nacional del partido de fútbol entre Guadalajara y América, en el interior del estadio se difundió propaganda con la frase El verde sí cumple y el emblema del PVEM, en presunto fraude a la ley, al promoverse en televisión obteniendo una ventaja indebida. "Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Con fecha 04/06/2015 la SRE resolvió el

expediente SRE-PSC-133/2015 (se acumuló al PSC-132/2015 PE 243/2015), determinando que es existente la infracción relacionada con la vulneración al modelo de comunicación política por parte del PVEM: 3000 dsmg= $210,300.00; PAN: 1500 dsmg= $105,150.00; Alfonso Petersen Farah: 430 dsmg= $30,143.00; The Game Marketing, S.A. de C.V.: 2233 dsmg= $153,533.00 y Corporación de Medios Integrales, S.A. de C.V.: 1615 dsmg= $113,211.50 " 25/05/2015 IMPUGNADA SUP-REP-426/2015 MORENA SUP-REP-437/2015 PVEM SUP-REP-440/2015 JAVIER CORRAL SUP-REP 441/2015 CORPORACIÓN DE MEDIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. IMPUGNADA ORDINARIA (PÁGINA 39 SRE-PSC-132/2015 y acumulado) 13 UT/SCG/PE/JCJ/CG/240/PEF/284/ 2015 y su acumulado UT/SCG/PE/PAN/CG/242/PEF/286/ 2015 Senador de la República Javier Corral Jurado y PAN PVEM y PRI 06/05/2015 Denuncia que los partidos políticos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, difundieron propaganda en el partido de fútbol América vs Toluca, celebrado el pasado 2 de mayo, con la intención de que apareciera en televisión durante la trasmisión del partido, hecho que a decir del quejoso, constituye contratación y/o adquisición de tiempo en dicho medio de comunicación. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Con fecha 04/06/2015 la SRE resolvió el expediente SRE-PSC-131/2015 determinando que tuvo verificativo la inobservancia a los artículos 41, Base III, Apartado A de la Constitución y 159, párrafos 2 y 4 de la Legipe (sic), por parte de PRI: 1500 dsmg = $105,150.00 y PVEM: 3500 dsmg = $245,350.00; Publicidad Virtual, S.A. de C.V.: 3600 dsmg= $255,234.10; CPM Medios, S.A. de C.V.: 1650 dsmg = $116,015.50 25/05/2015 IMPUGNADA SUP-RÉP432/2015 CPM MEDIOS, S.A. DE C.V. SUP-REP 439/2015 JAVIER CORRAL SUP-REP445/2015 PUBLICIDAD VIRTUAL S.A. DE C.V. IMPUGNADA ORDINARIA (PÁGINA 51 SRE-PSC-131/2015) 14 UT/SCG/PE/PAN/CG/272/PEF/316/ 2015 PAN PVEM 15/05/2015 Denuncia que en uso de sus prerrogativas el PVEM difunde en radio y televisión el promocional Era federal, identificado con los folios RA02509-15 y RV01674-15, en el que utiliza de forma ilegal la pauta federal para lograr un beneficio a favor de sus candidatos en el estado de Chiapas, que es la única elección local que no es coincidente con la federal. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Con fecha 02/06/2015 la SRE resolvió el expediente SRE-PSC-129/2015 determinando la existencia de la violación atribuida al PVEM: 1,000 dsmg = $70,100.00 01/06/2015 IMPUGNADA SUP-REP-420/2015 PVEM IMPUGNADA ORDINARIA (PÁGINA 27 SRE-PSC-129/2015) 15 UT/SCG/Q/CG/3/PEF/18/2015 SIQyD 1231 Autoridad Electoral PVEM, Cadena Mexicana de Exhibición, S.A. de C.V. (Cinemex) y quien resulte responsable 06/01/2015 Ei Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ordenó el inicio de un procedimiento sancionador ordinario dentro de los autos del expediente UT/SCG/PE/JCJ/CG/72/INE/88/PEF/42/2014 por el probable incumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias el 31 de diciembre de 2014. "El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó FUNDADO PVEM: 50% de la ministración mensual del financiamiento público mensual ordinario- $67,112,123.52; Cinépolis de México, S.A de C.V.: 100,000 dsmg= $7'010,000.00; Cadena Mexicana de Exhibición, S.A. DE C.V.: 100,000 dsmg= $7'010,000.00 Vista a la SRE con copia certificada del presente expediente. Se ordena remitir copia certificada del expediente a la Comisión y a la UTF del INE." 06/03/2015 El TEPJF confirmó la resolución del CG, SUP-RAP-94 al 98 y 100/2015 del 13/05/2015. FIRME GRAVEDAD ESPECIAL (PÁGINA 110 UT/SCG/Q/CG/3/PEF/18/2015) 16 UT/SCG/Q/CG/36/PEF/51/2015 SIQyD 1408 Autoridad Electoral PVEM 10/03/2015 Toda vez que ha fenecido el plazo concedido al denunciado a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el punto DÉCIMO TERCERO del acuerdo ACQyD-INE-37/2015, dictado por la CQyD dentro del expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/PEF/83/2015, consistente en el retiro de la propaganda fija denunciada, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, determinó la apertura del procedimiento ordinario sancionador por el presunto incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medida cautelar citado. "El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó FUNDADO PVEM: Interrupción total de las propagandas electorales de los tres últimos días de campaña a nivel nacional en los Procesos Electorales en curso, del tiempo que le es asignado por este Instituto." 20/05/2015 31/05/2015 "El TEPJF revocó la resolución del CG, SUP-RAP-215/2015 y acumulados 225 y 226/2015 del 29/05/2015. Interrupción total del tiempo en radio y televisión por un día de campaña a nivel nacional en los Procesos Electorales en curso Vista a la SRE y a la UTF. El TEPJF desechó el recurso presentado por el PAN por falta de materia, SUP-RAP-232/2015 del 03/06/2015. El TEPJF desechó los recursos presentados por el PVEM por hechos consumado de forma irreparable, SUP-RAP-233/2015 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-234/2015 del 1/06/2015 " FIRME GRAVEDAD ESPECIAL (PÁGINA 141 UT/SCG/Q/CG/36/PEF/51/2015) 17 UT/SCG/Q/CG/36/PEF/51/2015 SIQyD 1408 Autoridad Electoral PVEM 10/03/2015 Toda vez que ha fenecido el plazo concedido al denunciado a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el punto DÉCIMO TERCERO del acuerdo ACQyD-INE-37/2015, dictado por la CQyD dentro del expediente UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/PEF/83/2015, consistente en el retiro de la propaganda fija denunciada, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, determinó la apertura del procedimiento ordinario sancionador por el presunto incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medida cautelar citado. "El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó FUNDADO PVEM: Interrupción total de las propagandas electorales de los tres últimos días de campaña a nivel nacional en los Procesos Electorales en curso, del tiempo que le es asignado por este Instituto. " 20/05/2015 31/05/2015 "El TEPJF revocó la resolución del CG, SUP-RAP-215/2015 y acumulados 225 y 226/2015 del 29/05/2015. Interrupción total del tiempo en radio y televisión por un día de campaña a nivel nacional en los Procesos Electorales en curso Vista a la SRE y a la UTF. El TEPJF desechó el recurso presentado por el PAN por falta de materia, SUP-RAP-232/2015 del 03/06/2015. El TEPJF desechó los recursos presentados por el PVEM por hechos consumado de forma irreparable, SUP-RAP-233/2015 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-234/2015 del 1/06/2015 " FIRME GRAVEDAD ESPECIAL (PÁGINA 141 UT/SCG/Q/CG/36/PEF/51/2015) 18 INE/Q-COF-UTT/66/2015 PRD y MORENA PVEM 21/01/2015 y 26/02/2015 La presunta aportación en especie realizada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diversos legisladores del mismo partido político consistente en la difusión de promocionales en radio y televisión aparentemente relacionadas con sus informes de labores, pero que atienden a la campaña institucional del PVEM (PROMESA CUMPLIDA y EL VERDE SÍ CUMPLE). "El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó FUNDADO PVEM: Reducción del 40% (cuarenta por-ciento) de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar el equivalente a la cantidad de $322,455,711.06 (trescientos veintidós millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos once pesos 06/100 M.N.). 11 13/05/2015 IMPUGNADA SUP-RAP-213/2015 PRD SUP-RAP-214/2015 MORENA SUP-RAP-220/2015 PVEM SUP-RAP-221/2015 PAN IMPUGNADA GRAVEDAD ESPECIAL (PÁGINA 132 INE/Q-COF-UTF/66/2015) No EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO FECHA DE PRESENTA CIÓN Y RESPONSA BLE R E S U M E N 1 UT/SCG/PE/PRD/JD01/NAY/356/PEF/ 400/2015 SIQyD 1839 PRD PVEM 01/06/2015 En atención al criterio sostenido en la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/PRD/JD01/NAY/22/PEF/37/2015, en el que se denuncia que se siguen transmitiendo spots de radio y televisión de la campaña del PVEM denominada El Verde sí cumple, así como su difusión en cines, espectaculares e Internet, incumpliendo las medidas cautelares impuestas a dicho partido en el resolutivo segundo del Recurso de Revisión SUP-REP-019/2014 derivado del procedimiento especial              UT//SCG/PE/PRD/CG/58/INE/74/PEF/28/2014. 2

UT/SCG/PE/CG/357/PEF/401/2015 SIQyD 1840 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/27/PEF/42/2015, en el que se denuncia que el PVEM ha hecho un uso indebido del Padrón Electoral, violando la confidencialidad de los datos, contenidos en el mismo, al enviar cartas personalizadas a los domicilios de diversos ciudadanos adjuntando propaganda electoral a su favor. 3 UT/SCG/PE/CG/358/PEF/402/2015 SIQyD 1841 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/31/PEF/46/2015, en el que se denuncia a la presunta afiliación colectiva y uso indebido del Listado Nominal de Electores, derivado del programa de entrega de lentes del PVEM. 4 UT/SCG/PE/CG/359/PEF/403/2015 SIQyD 1842 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/37/PEF/52/2015, en el que se ordenó como medida cautelar la suspensión de los promocionales denunciados difundidos por el PVEM, así como de los reportes de la DEPPP en los que se advierte un nuevo promocional alusivo a dicho partido, lo que podría constituir el probable incumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de medidas cautelares emitido por la CQyD. 5 UT/SCG/PE/CG/360/PEF/404/2015 SIQyD 1843 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/38/PEF/53/2015, por el probable incumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias el 10 de marzo de 2015, relativo a la campaña del PVEM denominada Tarjetas de descuento Premia Platino. No EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO FECHA DE PRESENTA CIÓN Y RESPONSABLE RESUMEN6UT/SCG/PE/CG/362/PEF/406/2015 SIQyD 1845 Autoridad Electoral PVEM 01/06/2015 En acatamiento a la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/CG/43/PEF/58/2015, por el probable incumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo de medidas cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias el 11 de marzo de 2015. 7 UT/SCG/PE/JOSP/CG/376/PEF/420/ 2015 SIQyD 1862 Jorge Ornar Sánchez Padrón PVEM 01/06/2015 En atención al criterio sostenido en la sentencia emitida por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-217/2015, se reencauza el procedimiento ordinario UT/SCG/Q/JOSP/CG/103/PEF/118/2015, toda vez que La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal, dio vista en la sentencia emitida dentro del expediente SDF-JDC-303/2015, con el fin de que se determine lo que en derecho corresponda, respecto a la denuncia de Jorge Ornar Sánchez Padrón, relativa a su presunta afiliación indebida al PVEM. 1 UT/SCG/PE/MORENA/CG/63/PEF/107/ 2015 UT/SCG/PE/MORENA/JD38/MÉX/77/ PEF/121/2015 SIQyD 1375 y 1397 MORENA impugnó el acuerdo de la UTCE por el que determinó escindir de los hechos denunciados la parte relativa a la afiliación colectiva. El TEPJF confirmó el acuerdo, SUP-REP-107/205 y acumulado 108/2015 del 25/03/2015. MORENA PVEM 03/03/2015 Denuncia que militantes del PVEM repartieron en el Jardín Municipal de Texcoco, Edo. de México, vales que contienen el logotipo de ese partido, para ser canjeados por lentes de graduación de manera gratuita en Ópticas Devlyn, solicitando copia de la credencial para votar, con lo cual obtine (sic) una ventaja indebida, además de la presunta comisión de actos anticipados de campaña. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 20/03/2015 la SRE determinó en el expediente SRE-PSC-38/2015, que se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, respecto a la infracción a la normativa electoral por la campaña de entrega de beneficios por medio de interpósita persona por parte del PVEM. Se ordena remitir el Cuaderno de Antecedentes CA-02/2015 a la UTCE, para efecto de que se agote la fase de instrucción respectiva, en atención al debido proceso. 13/03/2015 El diecinueve de marzo, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Especializada el cuaderno de antecedentes CA-02/2015, a través del cual el Consejo Estatal y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí da vista a este órgano jurisdiccional, respecto de la queja presentada, a fin de denunciar la implementación del programa de entrega gratuita de lentes en dicha entidad federativa, al considerar que se encuentra vinculado con la materia del procedimiento especial sancionador citado al rubro, no obstante se omitieron diversas etapas en la instrucción del señalado procedimiento especial sancionador, y sin contar con los elementos del contradictorio, esta Sala Especializada no puede pronunciarse en el fondo del asunto. Por lo que, se estima necesario que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE agote la fase de instrucción respectiva en atención al debido proceso; por tanto, se le remite el cuaderno de antecedentes para que provea lo conducente. El TEPJF confirmó la resolución de la SRE, SUP-REP-138/2015 y acumulado 144/2015 del 06/05/2015 2 UT/SCG/PE/MORENA/CG/105/PEF/ 149/2015 SIQyD 1438 MORENA PVEM 20/03/2015 La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó en la sentencia SRE-PSC-39/2015, recaída al expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/51/PEF/95/2015, abrir un procedimiento especial sancionador, toda vez que el escrito de queja del representante de MORENA ante la Junta Distrital 12 del INE en Veracruz por la distribución de calendarios de 2015 con el logo del PVEM, se recibió al cierre de la litis materia de la mencionada sentencia. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional Especializada Con fecha 02/04/2015 la SRE emitió sentencia SRE-PSC-49/2015 resolviendo que se actualiza la cosa juzgada respecto a la sobreexposición del PVEM. No se acredita que los calendarios deban ser elaborados en material textil y se acredita que su elaboración y distribución no es biodegradable o reciclable: reducción del 10% de la ministración mensual ordinaria = $1,181,963.08 27/03/2015 "El TEPJF revocó la sentencia de la SRE, SUP-REP-159/2015 del 03/06/2015, para que previo a la emisión de una nueva determinación, instruya a la UTCE efecto de que lleve a cabo las diligencias que se estimen necesarias, a fin de contar con mayores elementos que permitan a la Sala emitir la resolución que en derecho corresponda. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña" El 11/06/2015 llegaron las contestaciones del PVEM No. EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO FECHA DE PRESENTACIÓN Y RESPONSA BLE R E S U M E N SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Y SANCIÓN FECHA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNACIÓN ESTADO 3 UT/SCG/PE/PAN/CG/249/PEF/293/ 2015 SIQyD 1688 PAN PVEM 07/05/2015 La Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JRC-542/2015, ordenó a la Unidad técnica de lo Contencioso Electoral, que analice e investigue los hechos denunciados por el PAN en el procedimiento ordinario sancionador POS-010-2015, relativos a la distribución, entre los neoloneses, de las tarjetas de descuento y promoción del PVEM, lo que considera genera una evidente inequidad en la contienda para renovar puestos de elección popular local, en presunta infracción a la normatividad electoral. 4 UT/SCG/PE/PRD/JL/TAB/273/PEF/ 317/2015 SIQyD 1716 PRD PVEM 15/05/2015 Uso indebido del Padrón Electoral conducta con la que se ha violado la confidencialidad de los datos contenidos en el Padrón Electoral y se han realizado actos de presión y coacción de voto del electorado a través de la distribución de la tarjeta de descuento "PREMIA LATINO" con el logotipo del Partido Verde Ecologista de México y de la empresa "MÁS DESCUENTOS", misma que es entregada en los domicilios particulares de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, vulnerando la normatividad en materia de propaganda electoral. DESECHADA 16/05/2015 El TEPJF revocó el acuerdo de desechamiento, SUP-REP-366/2015 del 3 de junio de 2015, ordenando que la UTCE trámite la queja y resuelva lo conducente. 5 UT/SCG/PE/MORENA/JL/DGO/278/ PEF/ 322/2015 SIQyD 1726 MORENA PVEM 18/05/2015 Denuncia la reiterada conducta del PVEM al continuar con la distribución de las tarjetas de descuento, los boletos de cine y el kit escolar, en presunta violación a la normativa electoral. DESECHADA 19/05/2015 El TEPJF revocó el acuerdo de desechamiento, SUP-REP-356/2015 del 10 de junio de 2015, ordenando que la UTCE tramite la queja y resuelva lo conducente. 6 UT/SCG/PE/PAN/JD04/DGO/313/PEF/357/2015 y su acumulado UT/SCG/PE/PAN/JL/DGO/329/PEF/ 373/2015 SIQyD 1785 y 1805 PAN PRI, PVEM y su candidata Alicia Guadalupe Gamboa Martínez 25/05/2015 En los promocionales pautados en radio y televisión en los que se promociona la imagen de Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, sólo se promociona el logotipo del PRI, siendo que dicha candidata es postulada por la coalición que existe entre el PRI y el PVEM, en contravención con la normativa electoral No. EXPEDIENTE QUEJOSO DENUNCIADO FECHA DE PRESENTACIÓN Y RESPONSA BLE R E S U M E N SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN Y SANCIÓN FECHA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNACIÓN ESTADO 7 UT/SCG/PE/PAN/CG/319/PEF/363/2015 SIQyD 1792 PAN PVEM, TV Azteca y Laura Ballesteros 26/05/2015 Queja en contra del PVEM, su candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo, D.F., Laura Ballesteros y Tv Azteca, por la indebida compra o adquisición de tiempos en televisión, así como la violación al modelo mexicano de comunicación política. Se remitió expediente e informe circunstanciado a la Sala Regional 10/06/2015 8 m"/SCG/PE/PAN/JL7SLP/330/PEF/ 374/2015 SIQyD 1806 PAN Candidatos a diputados locales y a Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P., del PRI-PVEM, candidato de PRI-PVEM-NA a gobernador de San Luis Potosí y PRI 29/05/2015 Denuncia que José Paz Villanueva Contreras, candidato suplente a diputado local del PRI-PVEM, trabaja como locutor en la estación de radio XEIE Stéreo 1030 de la ciudad de Matehuala, S.L.P., con audiencia en la región del altiplano potosino, en el programa Noticentro Regional, en el que promueve continuamente su candidatura y la del candidato propietario, además de entrevistas a los candidatos de la coalición PRI-PVEM-NA a gobernador de San Luis Potosí y a Presidente Municipal de Matehuala, S.L.P. 9 UT/SCG/PE/IMPEPAC/CG/334/PEF/ 378/2015 SIQyD 1816 Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana PVEM 30/05/2015 El Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana ordenó remitir al INE la queja presentada por el Partido Socialdemócrata de Morelos en contra del PVEM, por la distribución de folletos en domicilios del estado de Morelos, lo que considera constituye la comisión de actos anticipados de campaña. 10 UT/SCG/PE/SAC/CG/352/PEF/396/ 2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/JSPR/JD03/AGS/365/PEF/409/2015, UT/SCG/PE/JITR/JD08/JAL/366/PEF/410/2015, UT/SCG/PE/AGAO/CG/367/PEF/411/2015, UT/SCG/PE/RBCB/CG/368/PE F/412/2015, UT/SCG/PE/AAM/JL/NL/369/PEF/413/2015, UT/SCG/PE/MRAV/JD10/JAL/370/PEF/414/2015, UT/SCG/PE/DELAA/CG/371/PEF/415/2015, UT/SCG/PE/DAAZ/JD10/JAL/372/PEF/416/2015, UT/SCG/PE/USF/JL/DGO/373/PEF/417/2015, UT/SCG/PE/MAAS/CG/375/PEF/419/2015, UT/SCG/PE/MAV/JD14/DF/377/PEF/421/2015, UT/SCG/PE/MSTG/JLyjALy378/PEF/422/2015, y UT/SCG/PE/MÁA/CG/379/PEF/423/ 2015 SIQyD 1835, 1848, 1850, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1861, 1863, 1864 y 1865 Diversos ciudadanos PVEM 31/05/2015 Denuncia el uso de sus datos personales ya que recibió en su domicilio una carta con una tarjeta de descuentos a su nombre, junto con 6 boletos de cine refiriendo una supuesta afiliación al Partido Verde Ecologista de México, siendo que es partidario del Partido Acción Nacional. 3 UT/SCG/PE/MORENA/JD17/VER/114/PEF/158/2015 SIQyD 1459 MORENA PVEM 27/03/2015 Denuncia que con la entrega que hace el PVEM de la tarjeta de descuento PREMIA Platino, para uso en muy diversos establecimientos, pretende presionar y coaccionar el voto del electorado a su favor. 4 UT/SCG/PE/MORENA/JD04/VER/115/PEF/159/2015 SIQyD 1460 MORENA PVEM 27/03/2015 Denuncia que con la entrega que hace el PVEM de la tarjeta de descuento PREMIA Platino, a ciudadanos que no son sus militantes, pretende presionar y coaccionar el voto del electorado a su favor, y considera que constituyen actos anticipados de campaña. 7 UT/SCG/PEMORENA/3D04/HGO/119/ PEF/163/2015 SIQyD 1464 MORENA PVEM 27/03/2015 Denuncia que la ciudadana María Islas recibió en su domicilio la tarjeta de descuento PREMIA Platino con el logo del PVEM, que hace alusión a un supuesto ahorro de dinero, manifestando que no tiene relación de militancia, partidaria ni de simpatía alguna con de este partido, en presunta violación de los artículos 443, párrafo 1 y 444, párrafo 1, incisos a) y b) de la Legipe (sic). 8 UT/SCG/PE/MORENA/JD04/HGO/121/ PEF/165/2015 SIQyD 1466 MORENA PVEM 27/03/2015 Denuncia que el representante de MORENA ante el 04 Consejo Distrital del INE en Hidalgo, Humberto Lugo Salgado, recibió en su domicilio propaganda del PVEM que hace referencia a las "promesas cumplidas", en presunta violación de los artículos 3, párrafo 2 y 25, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 14 in7SCG/PE/MÓRENA/JL/DGO/139/ PEF/183/2015 SIQyD 1491 MORENA PVEM 07/04/2015 Denuncia infracciones a disposiciones electorales y conductas presuntamente conculcatorias de la normatividad electoral federal, al utilizar ¡legalmente el padrón electoral para la entrega de tarjetas Premia Platino, por parte del PVEM. 15 UT/SCG/PE/MORENA/JD03/VER/140/ PEF/184/2015 SIQyD 1501 MORENA PVEM 07/04/2015 El representante de MORENA ante el 03 Consejo Distrital del INE en Veracruz denuncia que militantes del PVEM se presentaron en su domicilio y le dejaron un tarjeta de descuento Premia Platino, lo cual considera propaganda anticipada de ese partido que viola el principio de equidad en la contienda. 20 UT/SCG/PE/MORENA/JUDGO/170/ PEF/214/ 2015 SIQyD 1527 MORENA PVEM 14/04/2015 Infracciones a disposiciones electorales y conductas presuntamente conculcatorias de la normatividad electoral federal, al utilizar ¡legalmente el padrón electoral para la entrega de tarjetas Premia Platino. 24 UT/SCG/PE/MORENA/JD13/MEX/214/ PEF/258/ 2015 SIQyD 1624. MORENA PVEM 27/04/2015 Denuncia que en diversas fechas el PVEM ha estado incurriendo en actos ilegales, como el reparto de tarjetas de descuento, de boletos de cine de la cadena Cinemex y de mochilas escolares con diversos objetos, además de la sustracción de datos confidenciales, como son nombres y direcciones de ciudadanos que reciben los mencionados artículos. Circunstancias todas por las que se debe declarar la violación a los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas, por lo que se debe declarar nula la elección e inelegibles a las fórmulas beneficiadas por el PRI-PVEM. La coalición PRI-PVEM gana en este distrito., por lo que debe declararse la nulidad de la elección al haber obtenido una ventaja indebida e ilegal.

De lo anterior, es posible advertir que los asuntos mencionados aluden a los temas siguientes:

1.    Vulneración sistemática del modelo de comunicación política durante la precampaña a través de propaganda en revistas, redes sociales y mensajes de texto;

2.    Difusión de spots en radio y televisión sobre informes de senadores y diputados del Partido Verde Ecologista de México en tiempos pautados para precampaña:

3.    Exceso de gasto en la contratación y adquisición de publicidad, además de promoción personalizada de servidores públicos y doble beneficio a través de una campaña publicitaria nacional del Partido Verde Ecologista de México en radio y televisión, internet, y espectaculares con contenido homologado al difundido en diversos puntos del país por los grupos parlamentarios del aludido instituto político en televisión abierta y restringida, espectaculares, anuncios en casetas telefónicas, “parabuses”, cine minutos en “Cinemex” y “Cinepolis”, entre otros;

4.    Utilización del emblema del Partido Verde Ecologista de México en papel gratuito para envolver tortillas y posters en tortillerías de Texcoco, Estado de México;

5.    Modificación del slogan “Sí cumple” por el de “Propuestas cumplidas” en publicidad fija en mobiliario urbano, autobuses y espectaculares a nivel nacional para continuar con la campaña de propaganda genérica;

6.    Presentación como propio del Partido Verde Ecologista de México, en su página de internet, del programa federal de vales de medicina anunciado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para iniciar en el Distrito Federal el quince de marzo de dos mil quince y extenderse a nivel nacional;

7.    Campaña de entrega de lentes gratuitos con graduación a cambio de afiliación al Partido Verde Ecologista de México en Texcoco, Estado de México, entre otros lugares del país;

8.    Alteración al modelo de comunicación política y sobreexposición ilegal de manera integral y sistemática mediante la distribución de calendarios dos mil quince con el emblema del Partido Verde Ecologista de México, mediante la violación a la confidencialidad de los datos contenidos en el padrón electoral para el envío de cartas personalizadas a domicilio;

9.    Distribución gratuita en el domicilio de los ciudadanos, mediante indebida utilización del padrón electoral, de la tarjeta de descuento “Premia Platino” con el logotipo del Partido Verde Ecologista de México y de la empresa “Más Descuentos”;

10.                       Entrega gratuita de boletos de cine “CINEMEX”;

11.                       Contratación y distribución de artículos promocionales utilitarios (kit escolar alusivo a la campaña “Verde sí cumple”) con material distinto al textil;

12.                       Vulneración al modelo de comunicación política, mediante la difusión de propaganda en el estadio donde se llevaron a cabo los juegos de futbol Guadalajara-América (propaganda del Partido Verde Ecologista de México) y América-Toluca (propaganda del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional) trasmitidos en televisión nacional;

13.                       Utilización de la pauta federal en radio y televisión para beneficiar a los candidatos del Partido Verde Ecologista en Chiapas;

14.                       Incumplimiento de medidas cautelares respecto de los cine minutos en “Cinepolis”, el retiro de propaganda electoral fijada, la transmisión del spot “El Verde sí cumple” y de un nuevo spot en radio y televisión, cines, espectaculares e internet, así como la entrega de las tarjetas “Premia Platino”;

15.                       Afiliación indebida (individual o colectiva) de ciudadanos al Partido Verde Ecologista de México;

16.                       Difusión de promocionales pautados, a favor de la candidata de la coalición PRI-PVEM, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (candidata a diputada federal por el distrito federal electoral IV de Durango) en donde solo aparece el logotipo del Partido Revolucionario Institucional;

17.                       Adquisición o compra indebida de tiempo en televisión (“TV Azteca”) a favor de la candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal;

18.                       Promoción indebida de candidaturas del Partido Verde Ecologista de México en radio, por parte de un candidato de dicho partido a diputado local de San Luis Potosí, que trabaja como locutor en una estación de radio regional), y

19.                       Actos anticipados de campaña mediante la distribución de folletos a domicilio en el Estado de Morelos.

Como puede verse, en su demanda, el partido actor desarrolla sus agravios a través de la exposición de una serie de hechos a cargo del Partido Verde Ecologista de México, los cuales considera actualizan diversas causas de nulidad de la elección. De la lectura integral  de la demanda, se advierte que si bien se omite exponer los agravios claramente a manera de silogismos, es fácilmente advertible la causa de pedir.

Al respecto, la Sala Superior sostiene la doctrina jurisprudencial de  que para la debida configuración de los agravios es suficiente la exposición de la causa de pedir, esto es, que se precise la lesión o agravio que cause la resolución impugnada y los motivos que originaron dicho agravio. Dicha doctrina jurisprudencial está plasmada en la jurisprudencia 3/2000 y en la Tesis CXXXVIII/2002, que, respectivamente, indican:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

“SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.- El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como se establece en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor omite señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada.”

En el caso existe causa de pedir toda vez que: 1) Se solicita la invalidez de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, su declaración de validez, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, 2) se precisan los motivos que originan el agravio y 3) se precisa la lesión o agravio que causa el acto o resolución impugnada.

Partiendo de lo anterior, el actor solicita se declare la nulidad de la elección con base en las causales de nulidad previstas en los artículos 78 y 78 bis, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el 41, Base VI, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución federal; por lo tanto, el estudio de los agravios se hará en cuatro apartados distintos, que corresponden al tipo genérico y a cada uno de los tres tipos específicos de nulidad de la elección que invoca el promovente, mediante la identificación de los agravios que, conforme a los hechos en los que se apoyan, corresponden a cada tipo, lo cual se hace para suplir las deficiencias y omisiones en los agravios, conforme lo dispone el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; sin que ello le genere perjuicio alguno, puesto que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior de este Tribunal, que el estudio de los agravios, ya sea en conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno, en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica, porque lo trascendental, es que todos sean estudiados:[2]

I.                   Tipo de nulidad de elección genérico

i.                   Actos anticipados de precampaña y campaña

Sobre el particular, el actor refiere que el Partido Verde Ecologista de México ha cometido violaciones al periodo de inter-campaña, así como que en varias resoluciones ya firmes de esta Sala Regional o de la Sala Regional Especializada, se ha señalado que las conductas desplegadas por dicho partido vulneran la equidad de las precampañas y campañas, y que tal circunstancia se ve reforzada con la resolución de la Sala Superior de este Tribunal dictada en los expedientes SUP-REP-117/2015 y SUP-REP-119/2015 acumulados, en donde, al parecer del promovente, se identifica que los actos indirectos realizados por dicho partido solo pueden ser clasificados como actos anticipados de precampaña y campaña, ya que se realizaron para posicionar al partido y obtener una ventaja indebida antes de la jornada.

ii.                 Incumplimiento de medidas cautelares

El promovente hace consistir el presente agravio, en la aseveración de que el Partido Verde Ecologista de México continuó con la promoción del “apagón verde” en la red social denominada “Twitter”, pese a que la autoridad electoral dictó medidas cautelares a efecto de que cesara dicha difusión, lo que en su concepto, constituye un desacato.

iii.              Violación al periodo de veda electoral

El actor refiere que el Partido Verde Ecologista de México incentivó y/o contrató artistas, actores, actrices, cantantes y conductores de “Televisa” y “TV Azteca” a efecto de que, a partir del cinco de junio (durante el periodo de veda electoral), promocionaran a través de sus cuentas personales en la red social “Twitter”, las propuestas y slogans de campaña del aludido partido político, mediante las frases o “hashtags” siguientes: “#BecasParaNoDejasLaEscuela”, “#ElVerdeSiCumple”, “#VamosVerdes@partidoverdemex”, “#InglesYComputacion”.

Menciona que se dio cuenta de lo anterior, en un par de notas publicadas el seis de junio en las direcciones de internet http://www.animalpolitico.com/2015/06/famosos-hacen-propaganda-a-favor-del-partido-verde-a-un-dia-de-la-eleccion/ y http://www.sinembargo.mx/06-06-2015/1369848.

Asimismo, solicita se dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el gasto que representó para el Partido Verde Ecologista de México haber contratado, por sí o por interpósita persona, los servicios de las personalidades que publicaron en sus cuentas de “Twitter” los aludidos mensajes.

II.                 Tipo de nulidad de elección específico por exceso en el gasto de campaña

i.                   Rebase del tope de gastos de precampaña y campaña, y rebase a los límites del financiamiento público y privado

El actor argumenta que debe tomarse en cuenta el gasto realizado por éste, el cual rebasó el tope de gastos de precampaña y campaña, prorrateándose el beneficio directamente a todos y cada uno de sus candidatos, aunado al rebase de los límites permitidos para la recepción de financiamiento público y privado establecido por la autoridad electoral.

Asimismo, refiere que el rebase del tope de gastos de precampaña y campaña por el Partido Verde Ecologista, deviene de la campaña de propaganda genérica implementada por dicho partido político, así como del costo real de los “spots” transmitidos para la difusión del trabajo de los legisladores de dicho partido a diciembre de dos mil catorce, que según sus cálculos asciende al monto de $3,531,859,747.00 (tres mil quinientos treinta y un millones ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) que, prorrateado entre noventa y ocho candidatos a diputados federales, corresponde a la cantidad de $36,039,385.17 (treinta y seis millones treinta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 17/100 M.N.) para cada uno, lo que evidencia que dicho partido político efectuó un gasto superior a los mil quinientos millones de pesos por la realización de conductas tales como:

1.    Distribución de artículos promocionales prohibidos como papel para tortillas;

2.    Propaganda en autobuses, espectaculares, vallas, “bajopuentes” y mobiliario urbano;

3.    Proyección de cientos de miles de promocionales de logros de legisladores del Partido Verde Ecologista de México en “CINEMEX” y “CINEPOLIS”;

4.    Difusión como logro propio, con la intervención del gobierno federal, del programa de vales de medicinas en las páginas de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE);

5.    Entrega de anteojos gratuitos, a través de vales, con la óptica “Devlyn”, a cambio de datos personales y afiliación al Partido Verde Ecologista de México;

6.    Uso indebido del padrón electoral para el envío de propaganda a domicilio;

7.    Propaganda en las líneas uno y dos del servicio de transporte colectivo “Metro” de la Ciudad de México, Distrito Federal;

8.    Promocionales y “spots” difundiendo logros del Partido Verde Ecologista de México y de sus legisladores en radio y televisión a nivel nacional;

9.    Construcción de centros de canje del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para los vales de medicina prometidos por el Partido Verde Ecologista de México;

10.                       Distribución de las tarjetas de descuento personalizadas “Premia Platino” utilizando ilegalmente el padrón electoral;

11.                       Propaganda en revistas, facturada en costo menor al real;

12.                       Propaganda en diversos sitios web;

13.                       Envío de mensajes con propaganda a celulares;

14.                       Reparto de despensas en Cancún, Quintana Roo, a cambio de afiliarse al Partido Verde Ecologista de México;

15.                       Adquisición ilegal de tiempos en radio y televisión, y

16.                       Utilización de recursos de procedencia ilícita.

Señala que el veintiséis de febrero del presente año, presentó una queja en materia de financiamiento en contra del Partido Verde Ecologista de México, identificada con la clave INE/Q-COF-UTF/03/2015, por la realización de una campaña de propaganda genérica con el emblema de dicho partido y la palabra “Verde” refiriendo las frases “Vales de medicina” y los eslóganes “Propuesta cumplida”, “Propuestas cumplidas”, “IMSS-ISSSTE”, “A partir del 1 de julio en Edo. de Mex, no más cuotas obligatorias en escuelas públicas”, “Ley aprobada”, “Leyes aprobadas”, “Sí cumple”, “Contamina paga”, “No más cuotas” y “Circo sin animales”.

ii.                 Inelegibilidad de la fórmula ganadora

El partido actor refiere que le causa agravio que la autoridad responsable no haya analizado la inelegibilidad de la fórmula ganadora de candidatas a diputados federales, pues a su parecer, el que el Partido Verde Ecologista de México haya rebasado del tope de gastos de precampaña y campaña, y omitido informar en relación con sus gastos, ocasiona que dichos candidatos resulten inelegibles.

III.              Tipo de nulidad de elección específico por compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión

Promoción ilegal del Partido Verde Ecologista de México y de la coalición PRI-PVEM, en espacios informativos de “Televisa” y “TV Azteca”

Al respecto, el actor arguye que las aludidas televisoras han promovido al Partido Verde Ecologista de México en espacios informativos, más que a cualquier otro partido, según lo ha medido y publicado el Instituto Nacional Electoral, lo cual pretende acreditar con las pruebas que ofreció en calidad de supervenientes, consistentes en datos contenidos en el informe final sobre monitoreo de noticieros y la difusión de sus resultados durante el periodo de campañas del cinco de abril al tres de junio de dos mil quince, discutido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el veinticuatro de junio del mismo año, publicado, según su dicho, en las direcciones de internet hhhps://monitoreo2015.ine.mx/app/home?execution=e8s1 y https://monitoreo2015.ine.mx/app/descargaInformes?execution=e7s1.

Del mismo modo, menciona que una decena de operadores de dichas cadenas televisivas, son candidatos a diputados federales de representación proporcional de dicho partido y del Partido Revolucionario Institucional, ubicados en las primeras posiciones de las listas regionales correspondientes, lo que a su juicio, les asegura sus curules, por lo que denomina a dicho grupo como “telebancada”.

IV.             Tipo de nulidad de elección  específico por recepción o utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas y análisis del agravio

Recepción ilegal de financiamiento público y privado y omisión de informar aportaciones recibidas

El promovente precisa que la campaña genérica de posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México, solamente pudo ser sufragada mediante la recepción ilegal de financiamiento proveniente de servidores públicos, órganos de gobierno y organismos descentralizados, así como por parte de personas físicas y jurídicas – colectivas, lo que derivó en la omisión del Partido Verde Ecologista de México de informar a la autoridad electoral, las aportaciones recibidas en dinero y en especie proveniente de particulares para su precampaña y campaña.

C.   Normativa aplicable

I.       Carga argumentativa y carga de la prueba

Acorde con lo dispuesto en los artículos 207 y 208, párrafo 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y la propia ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, los cuales tienen por objeto la renovación periódica de los integrantes, en este caso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Dos de las etapas del proceso electoral son la jornada electoral, y la de resultados y declaración de validez de la elección.

En términos de lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos segundo y tercero; 41, base V, apartado A; 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracciones I y II; 128, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, y 81, párrafo 2, y 85, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de los actos jurídicos, en especial, los que suceden durante el proceso electoral, y que llevan a cabo la autoridad electoral, los partidos políticos y los ciudadanos, entre otros sujetos de derecho, se constituye una presunción que va en el sentido de que son constitucionales, convencionales y legales. Es decir, los actos de autoridad y los que realizan los demás sujetos se reputan como válidos. Tal presunción de validez de la actuación de los diversos actores políticos va en beneficio del proceso electoral, en especial, de los resultados y declaración de validez de las elecciones.

En el caso de los partidos políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. En lo que respecta a la actuación de quienes no son autoridad y realizan actos electorales o que trascienden en el desarrollo o resultados de los procesos electorales, se presume la buena fe (artículo 257 del Código Civil Federal). Con relación a este punto, se debe destacar que, en términos de lo dispuesto en los artículos 5°, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 29, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ninguna disposición de ambos instrumentos puede ser interpretada en el sentido de permitir a un Estado, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos humanos o limitarlos en mayor medida que la prevista en los mismos. De ahí que a partir de dicho deber de respetar los derechos humanos que pesa sobre los agentes del Estado y todos los demás sujetos se puede desprender una presunción de validez de su actuar.

Todos los que participan en la realización de los actos que comprende el proceso electoral, están obligados a sujetar su actuación a lo dispuesto en la Constitución y las leyes de la materia, por lo que, en principio, la elección se reputa como válida.

Al respecto, está el texto de la tesis XLV/98, de rubro INFORME CIRCUNSTANCIADO. SU CONTENIDO PUEDE GENERAR UNA PRESUNCIÓN.[3]

Como consecuencia, es que derivan dos cargas procesales para el actor. Una que va en el sentido de argumentar y la otra de probar.

Así, en lo que atañe a la carga argumentativa en los medios de impugnación, el actor tiene la obligación de mencionar de manera expresa y clara los hechos en que basa su impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados, con independencia de que opere la suplencia de las deficiencias u omisiones en los agravios [artículos 9°, párrafo 1, inciso e), y 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral]. Sin embargo, en todo caso, el actor, con claridad, debe expresar su causa de pedir, mediante la precisión de la lesión o agravio que le causa el acto o resolución y los motivos que originan el agravio, o bien, al menos un principio de agravio, aunque no importa su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que, además, todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, porque el juicio de inconformidad no es un procedimiento formulario o solemne, según deriva de la tesis de jurisprudencia AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.[4]

En el juicio de inconformidad, a partir de los supuestos de procedencia, se puede desprender en qué sentido va dicho deber de argumentar, porque se alude a la determinación de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, y en específico, por lo que corresponde al presente asunto y concierne a la elección de diputados, la precisión de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una casilla o por nulidad de la elección [artículos 49 y 50, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral].

En consecuencia, la identificación de la causa de pedir (irregularidades que afectaron la elección distrital) y la pretensión del actor (nulidad de la elección y su secuela que es la revocación de las constancias de mayoría), así como la acreditación de los extremos fácticos, son cargas procesales que corresponde atender al actor.

Esto es, se debe demostrar la actualización de los supuestos previstos para la anulación de la elección en el distrito electoral, a fin de revertir la presunción de validez de la que goza, no sólo porque quien afirma está obligado a probar (artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral), sino también porque quien cuestiona una presunción debe probar en contra de la misma. Lo anterior, es congruente con lo previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme con lo establecido en el artículo 4°, párrafo 2, de la ley de medios precisada.

Incluso, la nulidad de elección en determinado distrito electoral, además de que sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos de la causal prevista en la ley, no debe extender sus efectos más allá de esa elección, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de los electores que expresaron válidamente su voto, lo cual se conoce como principios de conservación de los actos públicos válidamente celebrados e incomunicación de la invalidez de un acto a otro que debe preservarse [artículos 71, párrafo 2, y 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral]. Lo anterior, es acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 9/98, de rubro PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN.[5]

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los extremos jurídicos que deben evidenciarse (argumentativa y probatoriamente) por el actor son: la verificación de violaciones a la normativa electoral; las violaciones electorales deben ser generalizadas; las violaciones electorales deben ser sustanciales; las violaciones electorales deben ocurrir en la jornada electoral o incidir en la misma; las violaciones electorales deben suceder en el distrito electoral federal; las violaciones electorales deben estar plenamente acreditas, y debe demostrarse que las violaciones electorales son determinantes.

Asimismo, es conveniente destacar, que el diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron veintinueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, destacando entre los cambios más relevantes de la citada reforma, la inclusión de una nueva causal de nulidad, consistente en que una elección federal o local, puede anularse cuando se rebase el tope de gastos de campaña, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, o cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas; siempre y cuando se acredite que la falta fue grave, dolosa y determinante para el resultado de la elección [artículo 41, Base VI, párrafo tercero, incisos a), b) y c), de la Constitución federal].

A fin de implementar de manera adecuada dicha disposición, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se expidieron varias leyes secundarias en materia electoral, en lo que interesa, la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En la primera de ellas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 443, párrafo 1, inciso f), se establece que constituye una infracción por parte de los partidos políticos exceder los topes de gastos de campaña en un cinco por ciento al monto total autorizado; por su parte, en el artículo 78 bis, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se señala que las elecciones serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes, en los casos previstos en la Base VI del artículo 41, de la Constitución federal.

Respecto a lo establecido en el numeral 78 bis de la ley procesal electoral referida, el promovente debe argumentar y probar en qué forma se acreditan los elementos normativos, propios de la causal de nulidad de elección específica, cuyo contenido deriva, en principio, del artículo 41, Base VI, párrafo tercero, de la Constitución federal, mismos que se enlistan a continuación: la verificación de violaciones a la normativa electoral en materia de exceso del gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, compra o adquisición de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley (presumiéndose que se está en presencia de cobertura informativa indebida cuando, tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que, por su carácter reiterado y sistemático, se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico), y recepción o utilización de recursos de procedencia ilícita o de recursos públicos en las campañas; las violaciones electorales deben ser graves, entendiéndose por éstas, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados; las violaciones electorales deben ser dolosas, es decir, realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral; las violaciones electorales deben incidir en la jornada electoral; las violaciones electorales deben suceder en el distrito electoral federal o afectar los resultados obtenidos en éste; las violaciones electorales deben estar plenamente acreditadas de manera objetiva y material, y debe demostrarse que las violaciones electorales son determinantes, existiendo presunción de determinancia en aquellos casos en que la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En ese sentido, cobra especial relevancia el hecho de que al anular la elección de un cargo público (en el caso, diputados por el principio de mayoría relativa por el distrito electoral 12 en el Estado de México), como lo pretende el actor, también se priva de todo efecto jurídico al derecho de los electores que participaron en la elección, es decir, quienes en ejercicio del derecho al voto activo acudieron a las urnas correspondientes. En consecuencia, el actor debe probar plenamente los extremos de las causales de nulidad de elección que invoca, a fin de que la restricción al derecho de votar de los electores esté plenamente justificada en ese distrito, para que dicha consecuencia anulatoria sea una medida idónea, necesaria y proporcional, acorde con los principios previstos en la Constitución federal y en los tratados internacionales.

En consecuencia y conforme con lo previsto en el artículo 9°, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el actor debe ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo para la presentación del medio de impugnación; mencionar, en su caso, las que se habrá de aportar dentro de dicho plazo, y las que deban requerirse por el juzgador, condicionado esto último a que el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieren sido entregadas.

Asimismo, debe existir una estrecha relación entre los hechos alegados objeto de prueba en el litigio y las pruebas aportadas.

Esto es así, porque en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se prevé un principio general del Derecho en materia probatoria, por el cual se postula que son objeto de prueba los hechos controvertidos, con la precisión de que no lo serán el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos.

Además, en principio, como se señaló, de acuerdo con el artículo 15, numeral 2, de la ley adjetiva electoral federal, el que afirma está obligado a probar, por lo que corresponde a las partes en un juicio aportar los medios de prueba, los cuales deben ser necesarios para acreditar sus afirmaciones sobre los hechos respecto de los cuales deriva determinada consecuencia jurídica.

De acuerdo con lo que se estableció por la Sala Superior al resolver el juicio de inconformidad con número de expediente SUP-JIN-359/2012, la parte actora tiene la carga de aportar los medios de prueba idóneos para acreditar las afirmaciones base de su pretensión (en el caso, nulidad de la elección), salvo en aquellos casos en que resulta procedente revertir las cargas probatorias, cuando, por ejemplo, corresponda la carga a quien está en mejores condiciones para producirla o detentarla, en atención a las denominadas cargas dinámicas,[6] siempre que ello resulte necesario y proporcional en virtud de la importancia de conocer la verdad de los hechos o de posibles irregularidades, correspondiendo al Tribunal, en ejercicio de sus poderes de dirección del proceso, requerir la información que estime procedente y ordenar el desahogo de alguna diligencia, de acuerdo con los artículos 21 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 199, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, en el entendido de que las facultades directivas del juez para allegarse de medios probatorios, en los casos en que los existentes no le produzcan la convicción suficiente para resolver el asunto y siempre que ello no constituya obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos, no supone la obligación de perfeccionar el material probatorio aportado por las partes, así como tampoco proveer sobre hechos no alegados por éstas. Esto es, la facultad de allegarse de la información necesaria para resolver correctamente debe hacerse sin romper el equilibrio en las posiciones que tienen las partes en el proceso y sin eximirlas de las cargas probatorias que la ley les impone.

Esto significa que el juez o magistrado instructor, así como la propia Sala Regional, no deben romper el equilibrio procesal entre las partes, ni constituirse en una parte más del proceso, a fin de preservar la imparcialidad, la objetividad y la certeza. Empero, se debe asegurar y garantizar que la igualdad procesal entre las partes no tenga un mero carácter nominal, semántico o formal sino que auténticamente se trate de una igualdad material (una igualdad de armas para contender en el proceso jurisdiccional). De ahí, que el equilibrio procesal debe ser preservado por el órgano de decisión durante el ejercicio de sus facultades directivas, las cuales están representadas por el dictado de diligencias para mejor proveer, como sucede con el requerimiento de elementos, informes o documentación que sirva para la sustanciación o resolución de los medios de impugnación, o bien, el ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue.

Así, resulta insuficiente que en la demanda únicamente se aluda a la violación o irregularidad presuntamente cometida, se narren de forma genérica los hechos que se estiman contrarios a derecho y los agravios que causan, porque es necesario que quien promueva un medio de impugnación exprese de forma clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron esos hechos, a fin de que las pruebas aportadas se ofrezcan en relación precisa con la litis planteada, y el juzgador esté en aptitud de valorar si quedan acreditados los hechos alegados con los elementos probatorios, y poder decidir, a partir de ellos, si se causa agravio a la esfera jurídica del justiciable y, de ser procedente, reparar la violación alegada o acoger la pretensión solicitada.

En el caso, lo que el actor debe evidenciar (argumentar y probar) son los elementos material (violaciones a la normativa electoral); cuantitativo de modo (carácter generalizado o doloso de las violaciones electorales); cualitativo de gravedad (violaciones electorales sustanciales); temporal (violaciones electorales que ocurren en la jornada electoral o inciden en la misma); espacial (violaciones electorales que suceden en el distrito electoral federal o afectan sus resultados); probatorio (violaciones electorales plenamente acreditas en forma objetiva y material), y cualitativo de incidencia (violaciones electorales determinantes). Lo anterior, tal como se dispone en los artículos 9, párrafo 1, incisos e) y f), y 22 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en cuyo texto se establece que en los requisitos de la demanda y de las sentencias que se pronuncien, las cuales deben contener el resumen de los hechos, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes.

Reviste singular importancia la expresión de las circunstancias apuntadas en los hechos porque permite que un determinado caudal probatorio, el cual también debe satisfacer las circunstancias apuntadas, sea valorado a partir de su relación lógica con los hechos; de ahí que de incumplirse con esa carga procesal, en ambos casos, se torna inconducente el acervo probatorio.

La relevancia probatoria radica, precisamente, en la medida de su incumbencia o relación con los hechos controvertidos objeto del litigio; es decir, aquellas situaciones fácticas que constituyen la contradicción del acto impugnado y los agravios que se enderezan contra dicho acto, en relación con las pruebas aportadas.

Lo anterior, es exigible en aquellos casos en los que la litis no se circunscribe a puntos de derecho, salvo en el caso del derecho indígena o el derecho extranjero, porque se tienen que acreditar, en la mayor medida posible, los elementos fácticos del caso, puesto que, a partir de ello, se ponen de relieve los agravios que cuestionan el acto impugnado, cuya violación a la ley se pretende evitar, a fin de restituir al agraviado en el uso, goce y disfrute de su derecho.

No basta la sola mención de la presunta irregularidad cometida y de los hechos genéricamente concebidos sin precisar las circunstancias en que sucedieron, como tampoco es suficiente con la sola presentación de elementos de prueba sin ninguna clase de concatenación o conexión con los acontecimientos o agravios manifestados y las circunstancias específicas y determinadas, porque lejos de conseguir una demostración en el juicio, disminuye el grado de convicción de la prueba frente al juzgador.

Así, para que un determinado material probatorio sea aceptado en un juicio debe cumplir con un mínimo de elementos o requerimientos que forman parte de la garantía del debido proceso, a saber: 1) La licitud de la prueba; 2) La relación de la prueba con un hecho o hechos concretos, y 3) La referencia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 67/2002, de rubro QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA,[7] así como la tesis relevante XXVII/2008, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.[8]

De esta manera, la eficacia probatoria tiene como base la debida exposición de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos litigiosos. En sentido inverso, de nada servirá para la causa del justiciable presentar masivamente pruebas, o bien, como ocurre en el caso, la referencia genérica a “que la autoridad electoral tiene pleno conocimiento de los hechos aquí planteados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y sus órganos han conocido de las quejas y por lo tanto son hechos propios de dicho órgano electoral, por lo que se solicita que su informe circunstanciado remita (sic) copia certificada de todas y cada una de las constancias que se detallen en el expediente y de los expedientes en los procedimientos señalados, estableciendo que por cuanto a los procedimientos resueltos por la Sala Regional Especializada y formar parte de este tribunal (sic), se solicita sean remitidas respetuosamente a esta Sala Regional, debiendo señalarse que dichas constancias obran en los siguientes páginas de internet de este tribunal (sic) y que son identificables con los expedientes que más adelante se indican: http://portal.te.gob.mx/, http://portales.te.gob.mx/srespecializada/, http://www.trife.gob.mx/turnos-sentencias/sistema-consulta?advanced=1&sala=SRE, http://www.trife.gob.mx/legislacion-jurisprudencia/acuerdos-y-actas?sala=481 Y (sic) han sido resueltas en las sesiones: http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/sesiones-publicas?sala=6”, si se dejan de referir las circunstancias y características de los hechos controvertidos, lo cual es indispensable para poder demostrar su pretensión.

Lo anterior, como se anticipó, ha sido sostenido por la Sala Superior de este tribunal, en la resolución al juicio de inconformidad SUP-JIN-359/2012, en la que se precisaron parámetros que permiten al juzgador apreciar los hechos aducidos a la luz de los agravios expuestos y del acervo probatorio presentado para acreditar las violaciones que se aduzcan.

En ese sentido, además de que la carga de la prueba para acreditar los extremos de la nulidad recae en el actor, éste también cuenta con una carga argumentativa, como se anticipó, la cual derivada de los propios requisitos del escrito de demanda en el juicio de inconformidad, previstos en los artículos 9, párrafo 1, y 52, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En consecuencia, el actor debe:

a)    Ofrecer y aportar las pruebas que acreditaran los hechos planteados en su demanda; en su caso, acreditar haber solicitado de manera oportuna la información ante la autoridad competente, acompañando el acuse de recibo de la solicitud correspondiente, o manifestar el impedimento que tuviere para contar con dicha información, y

b)   Concatenar las pruebas con los hechos que pretende acreditar, así como la pertinencia de ello, expresando los hechos en los que basa su impugnación.

II.                 Procedimiento administrativo sancionador

Toda vez que el actor hace referencia a diversos números de expediente e información relativa a la secuela procesal de los mismos, relacionados con sanciones al Partido Verde Ecologista de México, es necesario establecer la naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores y, en su caso, la vinculación que guarden con la nulidad de elección en el distrito electoral, como lo pretende el actor.

El Derecho Administrativo Sancionador Electoral es la rama del derecho público que regula el ejercicio de la potestad sancionadora conferida a las instituciones electorales, la cual comprende al sistema de normas relativas a la parte sustantiva (tipos y parte general); adjetiva (procedimientos ordinario, especial, en materia de fiscalización y de responsabilidades administrativas), y orgánica (autoridades instructoras y decisoras). Esto implica que dicho sistema de normas jurídicas comprende a los tipos descriptivos que poseen elementos objetivos, subjetivos y normativos relativos al incumplimiento de deberes jurídicos, positivos o negativos, a cargo de los partidos políticos; las agrupaciones políticas; los aspirantes; los precandidatos; los candidatos independientes; los ciudadanos; cualquier persona física o moral; los observadores electorales u organizaciones de observadores electorales; las autoridades o servidores públicos; los notarios públicos; los extranjeros; los concesionarios de radio y televisión; las organizaciones que pretendan formar un partido político; las organizaciones sindicales, laborales o patronales o cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes; los ministros de culto; las asociaciones, las iglesias o las agrupaciones de cualquier religión y los demás sujetos obligados, ya sea que exista una responsabilidad subjetiva o por culpa, o bien, objetiva o absoluta, así como directa o indirectamente esté relacionado dicho incumplimiento con la materia electoral. En segundo término, en dichas normas jurídicas se prevén sanciones, las cuales privilegian la restricción o privación de derechos.

La facultad sancionadora del Estado, entendida como ius puniendi (derecho a penar), está referida a la atribución de la autoridad administrativa, la cual se traduce en la posibilidad jurídica de imponer sanciones a los sujetos de derecho que vulneran un deber jurídico de hacer o no hacer.[9]

De este modo, se advierte que la naturaleza de los procedimientos sancionadores electorales (ordinario, especial, en materia de fiscalización, así como de responsabilidades), coincide con una técnica eminentemente represiva, punitiva o sancionatoria, la cual tiene como fin principal el sancionar conductas contrarias a la legislación electoral, mediante la aplicación de sanciones restrictivas o limitativas de derechos, como lo son la multa; la reducción de las ministraciones de financiamiento; la interrupción de la propaganda política o electoral; la suspensión parcial de prerrogativas; la cancelación del registro como partido político; la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o su cancelación; el no registro en dos elecciones subsecuentes; la subsanación en tiempo comercializable cuando no se realice la transmisión conforme a las pautas aprobadas; la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable; la cancelación de la acreditación de observadores electorales y sus organizaciones, y la cancelación del procedimiento tendente a la obtención del registro, por ejemplo.

En este sentido, es evidente que los procedimientos administrativos sancionadores tienen distintas finalidades, las cuales son la protección de bienes jurídicos propios del Estado constitucional y democrático de Derecho, mediante una técnica jurídica eminentemente represiva o punitiva, la cual, por una parte, tiene efectos preventivos generales, puesto que mediante la amenaza de la imposición de una sanción se conmina a todos los sujetos de derecho a cumplir con sus deberes jurídicos, para proteger los valores jurídicos superiores del sistema jurídico nacional, federal o estatal. Por la otra, posee efectos preventivos específicos, puesto que se pretende inhibir la comisión de una ulterior infracción electoral por quien violó alguna disposición jurídica en la materia, mediante la imposición de una sanción proporcional a la infracción. Así, en el derecho administrativo sancionador electoral se puede identificar un carácter preventivo (motivación de la conducta de los sujetos) y no exclusivamente retributivo.[10] De esta manera, la sanción en el derecho sancionador electoral tiene como función la protección de bienes jurídico-electorales con un carácter fragmentario, y la prevención de la lesión o puesta en peligro de dichos bienes, considerando las circunstancias y la gravedad de la falta, así como la reincidencia.

El procedimiento sancionador, además de su naturaleza punitiva o represiva, se concibe como un medio idóneo para pre-constituir pruebas, sobre hechos irregulares que puedan incidir en la jornada electoral, los cuales deberán de analizarse y valorarse en la impugnación correspondiente. Dicho criterio ha sido sostenido por la Sala Superior de este tribunal al resolver el expediente SUP-JRC-207/2011. En razón de que los procedimientos sancionadores en materia electoral (ordinario, especial y en materia de fiscalización, particularmente) son procedimientos de investigación, puesto que se dictan diligencias para indagar y verificar la certeza de los hechos que se realiza de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y exhaustiva, independientemente, de que inicien a instancia de parte o de oficio, como sucede en el ordinario, en el de fiscalización y en el especial sancionador (salvo en los casos de calumnia), es natural que resulten útiles para pre-constituir pruebas, según se dispone en los artículos 467, párrafo 1; 468, párrafos 1, 3 y 5; 471, párrafo 2, y 472, párrafo 3, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26, 27 y 36 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (acuerdo INE/CG264/2014 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral).

De acuerdo con lo precedente, puede desprenderse que la naturaleza del procedimiento sancionador (en cualquiera de sus vertientes), es la investigación de infracciones administrativas, la comprobación de hechos ilícitos en materia electoral y la aplicación de sanciones a los responsables, mientras que en el juicio de inconformidad se está en presencia de un auténtico proceso contencioso jurisdiccional que ocurre respecto de los resultados y declaraciones de validez de las elecciones federales, el cual, cuando son fundados los agravios, tiene como efecto la corrección de los cómputos (por error aritmético); la anulación de la votación recibida en las casillas; la modificación de las actas de cómputo distrital o local, o bien, la revocación de las constancias de mayoría o de asignación a la primera minoría y la nulidad de la elección, en cuyo desarrollo existen cargas argumentativas y probatorias. De ahí que deba concluirse que el juicio de inconformidad no es un procedimiento sancionatorio, ni lo sustituye, y mucho menos es complementario del mismo. Igualmente, tampoco el procedimiento sancionador electoral es o sustituye al juicio de inconformidad.

En el administrativo sancionador se recurre a la técnica jurídica punitiva o represiva, luego de que se siguió un proceso de instrucción o investigación para determinar la existencia de hechos y de responsabilidades, en tanto que en el juicio de inconformidad, básicamente, tiene lugar un proceso contradictorio en tanto que el partido político nacional, la coalición o el candidato, cuestionan la validez de la elección y sus resultados, y como consecuencia se acude a la invalidación, anulación o privación de efectos jurídicos (nulidad de la elección). Para que se dé dicha sanción de anulación se debe evidenciar (argumentar y probar) la actualización de alguna causa de nulidad de votación recibida en una casilla o de la elección y, en especial, todos los elementos normativos (violaciones a la normativa electoral con un carácter generalizado, o doloso respecto del exceso en el gasto de campaña; compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos legales, o recepción o utilización de recursos de procedencia ilícita o de recursos públicos en las campañas; las cuales son sustanciales y ocurren en la jornada electoral o inciden en la misma, y, además, suceden en el distrito electoral federal o afectan sus resultados, están plenamente acreditas, en forma objetiva y material, y son determinantes). En este caso, el juez u órgano de decisión no sustituye a las partes, salvo en el caso de diligencias para mejor proveer o directivas, porque se requiera algún documento, elemento o informe, o que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue.

Esto es, para que a una elección se le prive de efectos jurídicos, es necesario que las conductas o hechos estén plenamente acreditados, sean graves y determinantes para el resultado del proceso electoral respectivo. Atendiendo a la diversa naturaleza, características del procedimiento sancionador y del proceso de anulación, principios procesales y efectos, es que debe concluirse que lo decidido y probado en un procedimiento sancionador, por sí mismo, no tiene el alcance para que se decrete la nulidad de la elección respectiva, pues para tal efecto, se debe agotar el proceso contencioso jurisdiccional de anulación, pero, sobre todo, evidenciar que se actualizan los elementos normativos o típicos de la causa de nulidad de la elección de que se trate, acorde con lo previsto en la tesis III/2010, de rubro NULIDAD DE ELECCIÓN. LAS CONDUCTAS SANCIONADAS A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES SON INSUFICIENTES, POR SÍ MISMAS, PARA ACTUALIZARLA.[11]

En la especie, el promovente menciona en su demanda que solicita a la autoridad responsable que, en términos del artículo 83, párrafo 1, incisos b) y c), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, acompañara a su informe circunstanciado copia certificada de las constancias que integran los procedimientos administrativos sancionadores que refiere, pues, a su juicio, son hechos propios de la autoridad, sin embargo, dicho precepto reglamentario no le exime de su obligación de probar lo que afirma, y cumplir con las cargas probatorias que le impone la presentación del presente medio de impugnación electoral, pues el mismo, alude a una circunstancia diversa como se advierte al imponerse de su contenido, el cual se transcribe:

Artículo 83.

1. La información institucional que no se difunda en la página de Internet del Instituto, será proporcionada por los funcionarios de éste de conformidad con las reglas siguientes:

…

b) Las Comisiones podrán solicitar información a todos los órganos centrales del Instituto. En los casos en que las Comisiones requieran, para el cumplimiento de sus funciones, información que se encuentre en el ámbito de competencia de los órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto, deberán solicitarla a éstos a través de sus Secretarios Técnicos;

c) Los órganos de dirección delegacionales y subdelegacionales, o cualquiera de sus integrantes, podrán solicitar información a todos los órganos ejecutivos y de vigilancia correspondientes a su demarcación territorial, así como a los órganos de dirección de rango inferior;

…

Aunado a lo anterior, el propio promovente alude en su demanda que los procedimientos que refiere, fueron presentados ante los órganos centrales correspondientes del Instituto Nacional Electoral, por lo que fue ante éstos ante quien debió solicitar en tiempo y forma dichos procedimientos, por lo que al no hacerlo, dejó de cumplir con lo dispuesto en el numeral 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, por lo que esta autoridad no se encuentra en posibilidad de requerirlos.

No obstante, en atención a que el actor alude en algunos casos, las claves de identificación de diversas sentencias de la Sala Regional Especializada y Superior de este Tribunal, así como el resultado de las mismas, se atenderá a dicha información al momento de calificar los agravios, según sea el caso, en atención a lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

D.   Tipos de nulidad y análisis de agravios

A partir de lo dispuesto en los artículos 78 y 78 bis, párrafos 1, 2, 4, 5 y 6, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el supuesto normativo previsto en el segundo de los preceptos legales citados, en relación con el artículo 41, Base VI, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución federal, se desprenden cuatro supuestos o causas de nulidad que son:

a)    Un tipo de nulidad de elección de carácter genérico, y

b)    Tres tipos de nulidad de elección de carácter específico:

i) Por exceso en el gasto de campaña;

ii) Por compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, y

iii) Por recepción o utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Por tanto, como se adelantó, el análisis de los argumentos del actor se hará en apartados correspondiente el primero a la causa de nulidad genérica y los tres restantes, a causas específicas, conforme al agrupamiento precisado en la síntesis de agravios.

I.                   Tipo de nulidad de elección genérico y análisis de los agravios

a.    Hipótesis y estudio dogmático

En el caso de la causal de nulidad de elección contenida en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el tipo corresponde a:

        La verificación de violaciones a la normativa electoral (materia);

        Las violaciones electorales deben ser generalizadas (elemento cuantitativo de modo);

        Las violaciones electorales deben ser sustanciales (elemento cualitativo de gravedad);

        Las violaciones electorales deben ocurrir en la jornada electoral o incidir en la misma (referencia temporal);

        Las violaciones electorales deben suceder en el distrito electoral federal (referencia espacial);

        Las violaciones electorales deben estar plenamente acreditas (elemento probatorio), y

        Debe demostrarse que las violaciones electorales son determinantes (elemento cualitativo de incidencia).

La causal de nulidad de elección en el distrito electoral (en el caso de diputados electos por el principio de mayoría relativa), cuando existan violaciones generalizadas, sustanciales en el distrito electoral, plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la elección, es un tipo de nulidad de la elección genérico o abierto que permite invocar y revisar cualquier violación invalidante, distinta a las previstas como causales de nulidad específicas, establecidas en los artículos 76 o 78 bis  de la propia ley de medios, en relación, en el último caso, con lo previsto en el artículo 41, Base VI, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución federal.

Los elementos normativos del tipo de nulidad son:

Sujetos pasivos.  En la descripción del tipo legal no se precisa o establece, de manera expresa, sujetos determinados sobre los cuales recaen los hechos irregulares; sin embargo, debe considerase que a quienes afectan esos hechos ilícitos son, principalmente, a los electores que ejercen su derecho de voto en el distrito electoral afectado por ese tipo de conductas antijurídicas.

Esto es, a los ciudadanos que, conforme con el listado nominal de electores, les corresponda votar en el distrito electoral que recibió el impacto o los efectos de las irregularidades.

Lo anterior es así, dado que la causal que se analiza prevé la nulidad de elección en el distrito electoral, cuando se actualicen los supuestos previstos en la misma, particularmente, violaciones generalizadas sustanciales plenamente acreditadas y determinantes para el resultado de la elección.

Sujetos activos. En virtud de que no se precisa de una característica específica para el autor de la conducta, debe entenderse que se trata de sujetos comunes o indiferentes, por lo cual el ilícito puede ser cometido por cualquier ciudadano o persona. Tampoco, en el tipo, se requiere de uno o más sujetos activos, por lo que puede ser cometido por uno de ellos (en este sentido el tipo es mono subjetivo). El sujeto o sujetos activos son aquellos que cometen o generan las violaciones generalizadas sustanciales que afectan a los sujetos pasivos.

Conducta. En el tipo no se precisa las conductas que generan, provocan u originan violaciones en el distrito electoral.

No obstante, al tratarse de un tipo genérico o amplio que exige para su actualización la existencia de las violaciones precisadas, debe entenderse que éstas se originan, provocan o producen con motivo de un hacer o de un no hacer.

Es decir, la existencia de violaciones generalizadas, sustanciales que ocurren en la jornada electoral o inciden en la misma, las cuales suceden en el Distrito Federal Electoral, están plenamente acreditadas y son determinantes, las cuales, sin duda y dada su construcción normativa genérica, pueden provenir u originarse como consecuencia de un acto positivo o negativo que, en cualquier caso, viole el orden jurídico y actualice la causal.

Bien jurídico protegido. Protege prácticamente todos los valores y principios del proceso electoral y, en especial, de sus resultados.

Otros elementos normativos:

        Violaciones electorales generalizadas (elemento cuantitativo de modo), lo cual representa un elemento cuantitativo de modo, relativa a la verificación de la irregularidad.

        Violaciones electorales sustanciales (elemento cualitativo de gravedad), cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, y la legislación secundaria o cualquier otro ordenamiento jurídico de orden público y observancia general, siempre que su cumplimiento o respeto sea necesario para el desarrollo y conclusión del proceso electoral.

        Violaciones electorales que ocurren en la jornada electoral o inciden en la misma (referencia temporal). Las irregularidades deben tener un influjo en el proceso electoral o la jornada electoral, pero siempre que ello, en forma directa, inmediata y natural incida en las condiciones para su desarrollo y los resultados, porque así deba concluirse a partir de los elementos fácticos que estén plenamente acreditados.

        Violaciones electorales que suceden en el distrito electoral federal (referencia espacial). A partir de lo previsto legalmente se desprende que las violaciones electorales deben actualizarse o situarse en el ámbito del distrito electoral federal, puesto que en el caso se pretende la nulidad de la elección de diputados electos por el principio de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal. Esto significa que, incluso, situaciones que no se concentren o ubiquen exclusivamente en dicha demarcación electoral carezcan de la suficiencia para incidir en el desarrollo del proceso electoral y los resultados distritales, pero a condición de que se evidencie dicha suficiencia invalidante del hecho o hechos ilícitos o irregulares.

        Violaciones electorales plenamente acreditadas (aspecto probatorio). Los elementos probatorios que lleven al órgano jurisdiccional a la conclusión de que se actualiza la causa de nulidad de la elección deben ser suficientes para tener por plenamente acreditados los hechos o irregularidades que sean susceptibles de encuadrarse en el tipo de nulidad. Las pruebas pueden corresponder a cualquier género, siempre que sean lícitas y no vayan contra la moral, según consten en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por las que se llegue a la convicción de que efectivamente ocurrió la violación, sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objeto de prueba. No se desconoce que las irregularidades son de realización oculta y que por ello es difícil la aportación de las pruebas directas que, por sí mismas, tengan valor probatorio pleno; sin embargo, se reconoce que puede ser a través de la adminiculación de las pruebas, incluida, las que tengan carácter indiciario, para acreditar los extremos fácticos que permitan inferir la verificación de un hecho.

        Violaciones electorales determinantes. La violación, desde el punto de vista cuantitativo, debe trascender al resultado de la elección, porque exista la posibilidad racional de que defina las posiciones que cada fórmula de candidatos o planilla postulada por los diversos partidos políticos ocupe en el distrito electoral, mientras que, en atención a un criterio cualitativo, las violaciones que se registren en el distrito deben ser de tal gravedad o magnitud, por su número o características, que también pueda racionalmente establecerse una relación causal con las posiciones que se registren en la elección en el distrito electoral entre las distintas fuerzas políticas.

        Las irregularidades no deben constituir alguna causa específica de nulidad de la elección. La causal genérica se integra por elementos distintos a los que componen las causales específicas. La mencionada causa de nulidad genérica, pese a que guarda identidad con el elemento normativo de eficacia que califica a ciertas causas específicas, como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la elección, a fin de que se justifique la anulación de la elección en el distrito electoral, es completamente distinta. En efecto, se establece que la existencia de la causa de referencia depende de circunstancias diferentes, en esencia, de que se presenten violaciones generalizadas sustanciales y que concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a estimarse inmersos en las hipótesis para la actualización de alguna o algunas de las causas de nulidad identificadas en los artículos 76 y 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estos tipos de nulidades tienen elementos normativos distintos y ámbitos materiales de validez diversos entre sí, por lo que, si una conducta encuadra en una causal específica, entonces no puede analizarse bajo la causal genérica.

b.    Análisis de los agravios

i.                   Actos anticipados de precampaña y campaña

El agravio es infundado.

Lo anterior, porque el actor refiere de manera genérica que el Partido Verde Ecologista de México ha cometido violaciones al periodo de inter-campañas, así como que en diversas sentencias firmes de esta Sala Regional y de la Sala Regional Especializada de este Tribunal, se ha señalado que las conductas desplegadas por dicho partido político vulneran la equidad de las precampañas y campañas, sin especificar a cuáles se refiere de manera precisa, requisito que es indispensable para que ésta autoridad se encuentre en aptitud de valorar sus afirmaciones, mismo que está obligado a cumplir en términos del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios en Materia Electoral.

Aunado a lo anterior, el promovente no explica de qué manera los supuestos actos anticipados de precampaña y campaña cometidos por el Partido Verde Ecologista de México repercutieron en los resultados de la elección que impugna, es decir, incumple con su carga argumentativa y probatoria respecto a la manera en que, presuntamente, dicho partido político vulneró la equidad en la contienda a través de la comisión de actos anticipados a las etapas de precampaña y campaña, y como tal circunstancia, afectó en modo determinante la voluntad ciudadana expresada en las urnas el día de la jornada electoral en el distrito electoral federal.

No pasa desapercibido que en su demanda, el promovente refiere los procedimientos UT/SCG/PE/MORENA/CG/27/PEF/71/2015 y sus acumulados UT/SCG/PE/PRD/CG/28/PEF/72/2015 y UT/SCG/PE/ELLS/JL/YUC/50/PEF/94/2015; UT/SCG/PE/PRD/CG/51/PEF/95/2015, UT/SCG/PE/MORENA/CG/132/PEF/176/ 2015 y su acumulado UT/SCG/PE/MORENA/JD38/MEX/163/PEF/207/2015, UT/SCG/PE/MORENA/CG/63/PEF/107/2015 UT/SCG/PE/MORENA/JD38/MEX/77/PEF/121/2015, sin embargo, el mismo actor precisa que no se acreditaron actos anticipados de campaña, por lo que las correspondientes resoluciones emitidas, en su caso, por las Salas de este Tribunal sobre el particular en nada abonan a su pretensión; aunado a que respecto de los procedimientos UT/SCG/PE/IMPEPAC/CG/334/PEF/ 378/2015 y UT/SCG/PE/MORENA/JD04/VER/115/PEF/159/2015, que también vincula sobre el particular, no se refiere resolución por parte de las Salas de este Tribunal.

Sin que pase desapercibido que el enjuiciante alude que su argumento  se ve reforzado con lo resuelto por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional en los expedientes SUP-REP-117/2015 y SUP-REP-119/2015, sin embargo, contrariamente a su afirmación, en la sentencia dictada en dichos asuntos, la Sala Superior no sostuvo que los actos realizados por el Partido Verde Ecologista de México constituyeran actos anticipados de precampaña y campaña; pues incluso, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-134/2015, en el cual se realizó el mismo planteamiento, la Sala Superior sostuvo lo siguiente (énfasis añadido):

“Por otro lado, en la sentencia dictada en los expedientes SUP-REP-117/2015 y SUP-REP-119/2015, esta Sala Superior en modo alguno se pronunció en el sentido de que "un acto indirecto, como los realizados por el partido político en cuestión, no pueden ser clasificados más que como actos anticipados de campaña y precampaña por su naturaleza". Se hace notar que en dicha ejecutoria, se sancionó la frase "En Morena tu voto si vale", al estar dirigida crear en el electorado un ánimo de votar a su favor, lo que implica un posicionamiento en forma anticipada al inicio de la campaña, al quedar demostrado que en su difusión, aconteció del veinte al veinticuatro de febrero, y del veintiocho de febrero al tres de marzo, ambos de dos mil quince, es decir, en la etapa de intercampaña, tiempo en el cual, los mensajes que difundan lo partidos políticos deben ser genéricos y de carácter informativo; y esta situación, no guarda correspondencia con los actos de "posicionamiento" y "ventaja indebida" que el recurrente atribuye al Partido Verde Ecologista de México y sus candidatos”.

Consecuentemente, si en dicho medio de impugnación se aclaró que en la resolución que refiere el promovente, no se arribó a la conclusión que éste pretende, es evidente lo infundado de su alegación.[12]

ii.                 Incumplimiento de medidas cautelares

El agravio es infundado.

Lo anterior, porque el partido político actor deja de referir en qué modo el desacato por parte del Partido Verde Ecologista de México respecto de la medida cautelar consistente en abstenerse de difundir el “apagón verde” en la red social denominada “Twitter” se vincula con la elección que impugna, y menos aún aporta medios probatorios fehacientes que permitan concluir que tales conductas se realizaron en modo determinante para los resultados de la elección del distrito electoral federal, pues de los expedientes relativos a procedimientos sancionadores que menciona en su demanda, así como de las sentencias con las que los vincula, no refiere cuestión alguna con la difusión del aludido “apagón verde” en dicha red social.

Con independencia de lo anterior, debe tenerse presente que en términos de lo dispuesto en los artículos 468, párrafo 4; 471, párrafos 3 y 8; 473, párrafo 1, y 477, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral valora que deben dictarse medidas cautelares, lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que sea ésta la que resuelva en un plazo de veinticuatro horas lo conducente, a fin lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en dicha ley; decisión que podrá ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Por tanto, el dictado de medidas cautelares dentro de un procedimiento administrativo sancionador electoral, tiene las finalidades referidas, sin que su eventual desatención por parte del sujeto obligado a ello, constituya por sí mismo un elemento constitutivo de la causales de nulidad de elección establecidas en los artículos 78 y 78 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que, si se pretende que la autoridad jurisdiccional utilice como elemento de análisis de la pretensión de nulidad de elección, el desacato a una medida precautoria, en principio, el promovente debe construir una argumentación tendiente a evidenciar el nexo causal que existe entre dicho incumplimiento al mandato de la autoridad electoral y los extremos jurídicos que conforman la hipótesis de nulidad demandada.

No obstante, en el caso concreto, el promovente no refiere el grado de afectación de la transgresión a las medidas cautelares, como elementos cuantitativos de modo, ni ubica los aspectos espaciales de tales irregularidades en la demarcación territorial en que se celebraron los comicios que impugna.

Sin que sea suficiente que afirme que la promoción del llamado “apagón verde” ocurrió en redes sociales (concretamente, en “Twitter”), porque, por principio de cuentas, debió acreditar plenamente dicho desacato, para a partir de allí, comprobar la incidencia en el específico ámbito espacial del distrito, y temporal de la jornada electoral, o bien, su incidencia en la misma.

Por tanto, resulta subjetiva la afirmación del enjuiciante en el sentido de que el incumplimiento de medidas cautelares por parte del Partido Verde Ecologista de México (de modo específico, lo relativo al “apagón verde”), influyó en forma notoria y generalizada en los resultados de las elecciones, ya que en principio, el Partido Verde Ecologista de México, por sí mismo, no obtuvo el triunfo en el distrito electoral federal precisado, ni en ningún otro.

En consecuencia, el actor no cumplió con la carga argumentativa y la carga de la prueba que tenía a fin de acreditar su dicho, de allí lo infundado del mismo.

iii.              Violación al periodo de veda electoral

El agravio es infundado, por lo que se razona a continuación:

El actor no da elementos suficientes para identificar las violaciones a la normativa electoral, es decir, la materia es genérica, porque hace referencia a que a partir del cinco de junio y hasta el día de la jornada electoral, diversas personalidades, actores y figuras públicas, a través de sus cuentas de “twitter”, hicieron un llamado expreso y directo a los electores a votar a favor del Partido Verde Ecologista de México.

De los datos exiguos de su demanda y los elementos probatorios con los que pretende soportarlos (un par de supuestas notas que se reproducen en links que precisa en su demanda), no se acredita el grado de generalización de dichas irregularidades en el distrito electoral federal, lo anterior, sin desconocer que tales irregularidades puedan tener un contexto general, lo cierto es que se debe evidenciar de qué manera esa generalización trascendió o se actualizó en el ámbito geográfico en que ocurrió la elección. El actor tampoco da razones suficientes ni aporta pruebas para evidenciar que las irregularidades ocurrieron desde un par de días anteriores a la jornada electoral o durante la misma, y cómo incidieron en ésta, como tampoco evidencia que sucedieran o tuvieran un influjo en el distrito electoral federal, ni que sean determinantes.

El actor pretende acreditar la comisión de violaciones generalizadas y sustanciales que ocurren o inciden en la jornada electoral y suceden en el distrito electoral federal, así como su carácter determinante, imputables al Partido Verde Ecologista de México, mediante la referencia a las irregularidades cometidas por ese instituto político durante el proceso electoral, mediante la simple remisión vaga a procedimientos administrativos sancionadores, sentencias del Tribunal Electoral, así como a links de internet. Esto implica que el enjuiciante incumple con sus cargas argumentativas y probatorias. Inclusive, en los procedimientos y sentencias a las que alude, ni siquiera hace mención en su demanda que alguna guarde relación con la irregularidad que menciona le causa agravio.

El actor asevera que antes y durante la jornada electoral, el Partido Verde Ecologista de México desarrolló en la red social denominada “Twitter” las actividades que enlista en su demanda y que califica de sistemáticas, graves e ilegales, y que las mismas trastocan, en su concepto, los principios que rigen los comicios. Sin embargo, no aporta medios probatorios al respecto, pues deja de vincular éstas últimas con las supuestas afectaciones que demanda, y con base en las cuales pide la nulidad de la elección en el distrito electoral.

En efecto, el actor afirma que desde el cinco de junio del año en curso y el día de la jornada electoral, figuras públicas hicieron un llamado expreso a votar a favor del Partido Verde Ecologista a través de sus cuentas de “Twitter”; sin embargo, deja de aportar medios de prueba, carga a la que se encuentra obligado, ya que la realización de conductas contrarias a Derecho, no puede reputarse como evidente e indiscutible, pues éstas, por mandato constitucional deben demostrarse atendiendo a las formalidades esenciales del procedimiento.

Aunado a lo anterior, el promovente no menciona objetivamente en qué modo, la promoción durante el periodo de veda electoral el día de la jornada a favor del Partido Verde Ecologista de México en la red social denominada “Twitter”, repercutió en la equidad de la contienda, específicamente, en el distrito electoral cuya nulidad se demanda; pues se limita a afirmar que tal circunstancia trascendió al resultado y que implicó coacción a los ciudadanos; inferencia que resulta carente de sustento, aunado a que omite precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, y aportar las pruebas correspondientes.

Por tanto, al no haber quedado acreditado los hechos en los que el promovente apoya sus argumentaciones, resulta inatendible su petición en el sentido de que se dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por el gasto que representó para el Partido Verde Ecologista de México haber contratado, por sí o por interpósita persona, los servicios de las personalidades que publicaron en sus cuentas de “Twitter” los mensajes que alude en su demanda.

c.    Conclusión

No se actualiza el supuesto previsto en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto del distrito electoral 12 en el Estado de México.

II.                 Tipo de nulidad de elección específico por exceso en el gasto de campaña y análisis del agravio

a.    Génesis de la causal de nulidad por rebase de topes de gastos de campaña.

El motivo de nulidad acusado encuentra su fundamento en recientes adiciones y reformas a la norma constitucional, en específico, las publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; entonces, el Órgano Reformador de la Constitución dispuso como una causa de nulidad de elección el rebasar los topes de gastos de campaña. Al efecto, se modificó el artículo 41 constitucional, para disponer lo siguiente en su Base VI, párrafo tercero, inciso a):

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

(…)

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:

a)     Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

(…).

Así, en tanto el artículo citado establece las bases generales para el sistema de medios de impugnación en la materia, el nuevo supuesto constitucional de nulidad cobra aplicación en los órdenes tanto federal, como local; teniendo que su incorporación al andamiaje constitucional, junto con otras dos nuevas causales del mismo orden, se erige en un parámetro constitucional de validez de las elecciones.

Si se acude a los testimonios del proceso legislativo que originó la reforma de cuenta, podemos leer en el constituyente una preocupación por fortalecer los procedimientos de fiscalización y dotar de eficacia a sus resoluciones; reprobando la llegada tardía de los resultados de la revisión de los egresos de los participantes, así como la benignidad de las resoluciones emitidas en los procedimientos correspondientes, que finalmente carecían de poder para influir en la sanción de los procesos electorales.[13]

Así, con la finalidad de garantizar la participación de los agentes políticos en condiciones equitativas, además de transparentar la aplicación de los recursos públicos de los que aquellos se benefician; pero sobre todo, con el objetivo de dar efectos útiles a los procedimientos de vigilancia que se desarrollan en el marco de las contiendas electorales, se aprobó el rediseño de los mecanismos de fiscalización en la materia.

En este tenor, la reforma constitucional evidencia la importancia que, para el sistema electoral mexicano, tiene la observancia de la norma en el tema del financiamiento y fiscalización de los gastos de precampañas y campañas electorales a cargo de los partidos políticos y candidatos; no sólo porque se fortalecieron los mecanismos legales a través de los que se ejerce la vigilancia, sino también a la institución encargada de hacerlo, a la que se le concedió la rectoría en todos los órdenes de gobierno, centralizando en el Instituto Nacional Electoral la fiscalización de los procesos electorales federal y estatales.

Trascendencia hacia la que había llamado la atención este Tribunal a través de sus resoluciones, pues en torno al tema, la Sala Superior al resolver el juicio de inconformidad con clave de identificación SUP-JIN-359/2012 relacionado con la elección presidencial de dos mil doce, sostuvo que el tope de gastos en una campaña constituye un límite que tiene por objeto garantizar que en el desarrollo de la contienda prevalezcan condiciones de equidad, en aras de salvaguardar los principios rectores de toda elección democrática.

b.    Naturaleza del sistema de nulidades.

De acuerdo con el artículo 41, apartado VI, de la Constitución Federal, la norma reglamentaria establecerá un sistema para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales a través del establecimiento de un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen la Constitución y la ley; mismo que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación; cuya implementación, en términos del artículo 99 constitucional, está conferida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien —salvo por las acciones de inconstitucionalidad en la materia—, será la máxima autoridad jurisdiccional en el ámbito electoral.

Sobre esa línea, la norma constitucional dispone que al Tribunal le corresponderá la resolución definitiva —entre otros— de las controversias contra las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores[14]; confiriéndole —ya en la norma reglamentaria— facultades para que, en el desarrollo las impugnaciones en contra de los resultados de la contienda electoral, instruya los juicios de inconformidad presentados por los contendientes[15]; dentro de los que habrá de analizar los hechos acontecidos en el marco de la jornada electoral y el cómputo de resultados, bajo el tamiz que aportan las causas dispuestas en la norma, que después permitirán llegar a la conclusión de validez o nulidad de la elección o votación cuestionada.

De aquí que, la naturaleza de este órgano resolutor, así como de las facultades a él asignadas sean de corte primordialmente jurisdiccional y ejercidas mediante la resolución de las controversias planteadas a instancia quien se dice agraviado; sin que aquél hubiera sido investido de atribuciones de corte inquisitivo, ni se le hubiere encomendado la investigación de potenciales irregularidades; actividades que han sido encargadas a órganos especializados, quienes determinarán la actualización de infracciones y surtimiento de responsabilidades de corte administrativo o, de ser el caso, penal.

Así, tomando en consideración las prescripciones del principio de legalidad, esta Sala Regional está compelida a ceñir su actuación al ámbito de facultades que le ha sido otorgado, en esencia, el desahogo de los medios de impugnación en la materia; no así la ejecución de actos originarios de vigilancia sobre la actuación de los institutos políticos, sus candidatos o el ejercicio de sus recursos.

En efecto, las normas aplicables permiten que en cuanto órgano jurisdiccional y como institución, el Tribunal Electoral, pueda revisar el ejercicio de las actividades de fiscalización a través de un parámetro que determine el legal desempeño de las actuaciones administrativas (como podría ser por medio del recurso de apelación)[16]; sin embargo, el ejercicio de tales atribuciones en ningún trecho le permiten erigirse en una instancia de revisión paralela del ejercicio de los gastos erogados en las campañas electorales.

c.    Hipótesis y estudio dogmático.

Por lo que corresponde al supuesto de nulidad de elección de diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de carácter específico, el cual está previsto en el artículo 78 bis, párrafos 1, 4 y 5, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el artículo 41, párrafos tercero, inciso a), y cuarto, de la Constitución federal, se desprende lo siguiente:

        La verificación de violaciones a la normativa electoral por exceso en el gasto de campaña (materia o conducta) en un cinco por ciento del monto total autorizado (referencia de modo);

        Las violaciones electorales deben ser dolosas (elemento subjetivo);

        Las violaciones electorales deben ser graves (elemento cualitativo);

        Las violaciones electorales deben incidir en la jornada electoral (referencia temporal);

        Las violaciones electorales deben suceder en el distrito electoral federal o afectar sus resultados (referencia espacial);

        Las violaciones electorales deben estar plenamente acreditas de manera objetiva y material (elemento probatorio), y

        Debe demostrarse que las violaciones electorales son determinantes (elemento cualitativo de incidencia).

Además, en cuanto a dicho tipo de nulidad específico se debe atender a lo siguiente:

        Cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento se presumirá que las violaciones son determinantes (presunción legal);

        Aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados son violaciones graves (elemento cualitativo), y

        Aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral son dolosas (elemento subjetivo).

Los elementos normativos del tipo de nulidad son:

Sujetos pasivos.  Del mismo modo que en la causa genérica de nulidad de elección previamente analizada (artículo 78 de la ley de medios en cita), no se refiere expresamente a los sujetos afectados con las conductas irregulares que conforman esta hipótesis; no obstante, se estima válido concluir que los electores del distrito electoral de que se trate, son los principales perjudicados con los hechos antijurídicos que la integran.

Sujetos activos. Los sujetos activos son quienes cometen o dan pie a las violaciones graves y dolosas relacionadas con los supuestos previstos en el artículo 41, Base VI, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución federal, relativos a excederse en el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. Por tanto, los sujetos causantes de dichas conductas pueden ser los partidos políticos o coaliciones, los candidatos o los candidatos independientes.

Conducta. Las conductas que dan origen a la hipótesis de nulidad de elección de mérito, consisten en la realización de erogaciones con motivo de las actividades de campaña electoral que rebasen en un cinco por ciento o más el tope autorizado por la autoridad electoral para la elección respectiva.

Bien jurídico protegido. La hipótesis de nulidad preserva todos los valores y principios de la contienda electoral, específicamente, la equidad del proceso electoral, así como los resultados de los comicios.

Otros elementos normativos.

        Violaciones electorales dolosas (elemento subjetivo), elementos que atañen a las características de las irregularidades, entendiéndose por dolosas aquellas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso electoral.

        Violaciones electorales graves (elemento cualitativo), entendiéndose por graves, aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios o bienes jurídicos básicos constitucionales, convencionales o legales, cuya observancia sea indispensable en la materia y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados.

        Violaciones electorales que inciden en la jornada electoral (referencia temporal). Las conductas ilícitas deben afectar el proceso electoral o la jornada electoral, de modo que resulte evidente el nexo causal entre éstas y el desarrollo y resultados de la elección, a partir de la acreditación objetiva y material de las violaciones.

        Violaciones electorales que inciden en los resultados del distrito electoral federal (referencia espacial). Partiendo de lo establecido en la hipótesis de nulidad, se concluye que las violaciones deben repercutir en la esfera del distrito electoral federal, ya que se demanda la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal. Ello implica que al no guardar relación con dicha demarcación electoral, resulten ineficaces para demostrar una afectación sustancial al proceso electoral y a los resultados distritales.

        Violaciones electorales plenamente acreditadas en forma objetiva y material (aspecto probatorio). Los medios de prueba deben ser suficientes e idóneos para permitir al juzgador concluir que objetiva y materialmente se llevaron a cabo las conductas previstas en la causal de nulidad; por tanto, los elementos probatorios deben ser lícitos y pueden ser de cualquier tipo, en tanto de su valoración y relación entre sí, no den lugar a dudas respecto de los hecho o irregularidades sujetos a prueba.

        Violaciones electorales determinantes. Conforme con la definición que en la ley se hace de este elemento, existe presunción de determinancia cuando la diferencia entre la votación obtenida por el primero y el segundo lugar de la elección, sea menor al cinco por ciento; circunstancia que abarca tanto un enfoque cuantitativo, pues se estima que en tales condiciones, el resultado de la elección pudo verse condicionado por la comisión de las violaciones que integran la causal de nulidad de elección, así como cualitativo, en la medida en que dicho resultado racionalmente pueda vincularse con el exceso en el gasto de campaña.

d.    Cuestiones relativas al rebase del monto máximo autorizada como gasto de campaña.

        Financiamiento público. En primer término, se precisa que en el artículo 41, base II, inciso c), párrafo segundo, de la Constitución federal, se prevé que la ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en campañas electorales. Igualmente, se dispone que la propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de los militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos, y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de dichas disposiciones.

Por su parte, en la base II del mismo artículo constitucional, se establece que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

En el inciso b) de la referida base constitucional, se dispone que el financiamiento público para las actividades tendentes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando se elijan a diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

De lo anterior se advierte, que en la Constitución federal se establece la existencia de un financiamiento equitativo para los partidos políticos, primordialmente de origen público, el cual debe ser utilizado, entre otras cuestiones, para realizar actividades tendentes a la obtención del voto durante las campañas electorales. Asimismo, se advierte que en la ley se establecerán las sanciones correspondientes cuando no se cumplan con las disposiciones sobre financiamiento, dentro de las que se encuentran las relativas a los límites de gastos y financiamiento.

A su vez, en el artículo 50, de la Ley General de Partidos Políticos se reitera que los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público de forma equitativa y que dicho financiamiento debe prevalecer sobre otros tipos de financiamiento, el cual será destinado, entre otras cuestiones, a los gastos durante los procesos electorales.

En el artículo 51 de la misma ley se prevé que los partidos políticos tienen derecho a financiamiento público conforme a determinadas reglas. En el párrafo 1, inciso b) del mismo artículo, se establece, entre otras cuestiones, que en el año de la elección en que se renueve únicamente la Cámara de diputados federales o los congresos de las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias le corresponda. De igual manera, se dispone que el financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos políticos, estableciendo un prorrateo conforme a lo que establezca la ley, y que existe el deber de informar sobre dicho prorrateo a la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, diez días antes del inicio de la campaña electoral, lo cual se hará del conocimiento del Consejo General del Instituto, sin que los porcentajes puedan ser modificados.

De lo expuesto, se advierte que los partidos políticos tienen derecho a recibir del erario público, exclusivamente del Instituto Nacional Electoral, financiamiento para cubrir gastos en los procesos electorales y las campañas electorales, lo cuales tienen, desde luego, un límite.

En el capítulo relativo a la fiscalización de los partidos políticos durante los procesos electorales, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 76 establece el catálogo de las erogaciones que comprenden el concepto de gastos de campaña, a saber: gastos de propaganda, gastos operativos de la campaña, gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios de comunicación impresos, gastos de producción de los mensajes para radio y televisión, gastos destinados a la presentación de las candidaturas registradas por los partidos políticos y su promoción, gastos dirigidos a la exposición, desarrollo y discusión de los programas y acciones de los candidatos registrados y de la plataforma electoral, cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político en el período que transita de la conclusión de las precampañas hasta el inicio de las campañas y los demás gastos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral así determine, a propuesta de la Comisión de Fiscalización.

En términos del artículo 77 de la Ley General de Partidos Políticos, la revisión de los informes que los partidos presenten sobre el origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización (en adelante la Comisión), la cual estará a cargo de la elaboración y presentación del dictamen consolidado y proyecto de resolución de los diversos informes que están obligados a presentar los partidos políticos.

Por otro lado, en términos del artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos los candidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de gastos de campaña electoral.

Por lo que hace a las directrices que habrán de observar los informes rendidos en el marco de las campañas electorales, la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 79, inciso b), que aquellos informes habrán de ser rendidos para cada una de las elecciones en que participen refiriendo los gastos erogados tanto por el partido, como el candidato correspondiente; asimismo, el citado ordenamiento contempla la responsabilidad solidaria atribuible a los candidatos en torno a la presentación de los informes de marras; y, por último, se dispone que los partidos políticos deberán presentar informes de ingresos y gastos por períodos de treinta días a partir del inicio de las campañas electorales, los cuales deberán ser exhibidos ante la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad) dentro de los tres días siguientes a la conclusión de cada período de revisión.

Sobre esta línea, el artículo 80, inciso d), de la ley en cita, dispone las reglas aplicables a la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos rendidos con relación a la etapa de campañas; de donde se colige que la Unidad revisará y auditará el financiamiento y gastos realizados por los partidos políticos y candidatos de forma simultánea al desarrollo de las campañas electorales.

        Financiamiento privado. En el artículo 53, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, se contempla que los partidos políticos pueden recibir financiamiento que no provenga del erario público en las modalidades siguientes: a) Financiamiento por la militancia; b) Financiamiento de simpatizantes; c) Autofinanciamiento, y d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Las aportaciones de militantes y simpatizantes se encuentran ajustadas a los límites siguientes [artículos 54, 55 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos, y 25, párrafo 1, inciso s), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales]:

a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate;

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de sus candidatos;

c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43, inciso c), de la Ley en cita, determinará libremente los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y

d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el 0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.

En virtud de estas aportaciones, los partidos políticos se encuentran obligados a informar al órgano administrativo electoral, para que éste lleve a cabo su actividad fiscalizadora.

        Tope de gastos de campaña. Los topes de gastos de campaña implican que, independientemente, de la cantidad de dinero que un candidato postulado por un partido político o de manera independiente pueda obtener, el uso de tales recursos está limitado a un monto determinado, con la finalidad de propiciar equidad en la contienda. Si los contendientes llegarán a exceder el límite establecido por la autoridad administrativa electoral incurren, por una parte en una irregularidad sujeta a sancionarse, y por la otra, en una posible causa de nulidad.

El catorce de enero de dos mil quince, mediante acuerdo INE/CG02/2015, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, acordó fijar el monto de $1,260,038.34 (un millón doscientos sesenta mil treinta y ocho pesos 34/100), como el tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2014-2015; por lo que en ese sentido, la causal de nulidad bajo estudio, se actualizará  cuando el monto autorizado para gastos de campaña sea excedido en un cinco por ciento.

Es preciso señalar que cuando la norma constitucional hace referencia a que se excedan “los gastos de campaña… del monto total autorizado” debe entenderse al monto que se fija para cada elección considerada de forma individual. Es decir, la vulneración al rebase de topes de gastos de campaña debe ser considerada por cada cargo de elección popular.

Lo anterior, encuentra explicación, primeramente, en la forma como opera el sistema de nulidades en materia electoral, pues, como ya se explicó, las irregularidades ocurridas en una elección no pueden ser sumadas a las que se susciten en otras, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, inciso b), y 83, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 243, párrafos 1 y 4, inciso b), fracción I, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En esa virtud, los informes de campaña deben ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; los partidos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir del inicio de la campaña, los cuales se deberán entregar a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, dentro de los siguientes tres días de conclusión de cada periodo.

Por lo tanto, los informes de campaña deben referirse a los gastos que realicen los partidos por candidato dentro del ámbito territorial correspondiente.

Por su parte, de lo previsto por el artículo 83, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, el cual se dispone que los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las campañas beneficiadas en los siguientes casos:

a)    Los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el partido o coalición invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña;

b)    En los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición, y

c)    En los que se publique o difunda el emblema o la mención de los lemas con los que se identifique al partido, coalición, o sus candidatos o los contenidos de plataformas electorales.

En relación con el prorrateo, la Sala Superior de este Tribunal, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados, estableció que el prorrateo se refiere a la distribución de gastos entre las campañas o candidaturas que se promocionan ante el electorado para la obtención del voto en las elecciones, y se traduce en uno de los procedimientos para el control y fiscalización oportuna de las erogaciones que realicen los partidos políticos con motivo de los actos realizados para la obtención del sufragio popular.

Además, razonó que con independencia de que en la propaganda genérica no se identifica de manera específica a uno o varios candidatos, lo cierto es que con la difusión de propaganda genérica, se origina un beneficio para los candidatos postulados por los partidos políticos o coaliciones que contienden en las elecciones en los que esa propaganda es difundida entre la ciudadanía. Ello, porque se somete al electorado a la exposición de los mensajes que se pretenden transmitir con la propaganda, y que tienen como finalidad, la obtención del voto ciudadano a favor de los candidatos postulados por un partido político o coalición, lo cual puede repercutir en la reflexión que el elector realiza sobre el sentido en que emitirá su voto, motivo por el que, resulta evidente que el gasto o recursos erogados deben distribuirse entre todas aquellas candidaturas que adquieren un beneficio a partir de esa propaganda.

Entonces, el prorrateo de los gastos genéricos, debe hacerse entre los candidatos que resultaron beneficiados con determinada campaña o difusión de propaganda. Justamente, la distribución de gastos entre los candidatos beneficiados nuevamente muestra que el análisis del rebase de topes de gastos de campaña debe hacerse por cada elección considerada individualmente a partir del ámbito territorial en que los candidatos son electos (distrito uninominal, entidad federativa o municipio).

Por su parte, en el artículo 243, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé que los gastos que realicen los partidos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

También, en el citado precepto legal en su párrafo 4, inciso b), fracción I, se establece que el tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña establecido para la elección entre trescientos. Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario del Distrito Federal.

De lo anterior, se puede advertir que los topes son fijados para cada elección, es decir, para cada cargo popular que se elija, lo cual guarda coherencia con el hecho de que el límite para la elección presidencial se divida en trescientos para fijar el monto máximo que se puede gastar en las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa, pues justamente se eligen a trescientos diputados por el principio aludido.

En consecuencia, cuando en el artículo 41 constitucional, base VI, inciso a), se prevé la nulidad de la elección en el caso de que “se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado”, el porcentaje debe ser calculado a partir del límite de cada elección considerada individualmente, en este caso, la elección de cada diputado federal por el principio de mayoría relativa.

        Límite temporal. Es conveniente precisar que la causal de nulidad de la elección de rebase de topes de gastos de campaña se actualiza en un momento del proceso electoral determinado, es decir, durante el periodo de campaña. La causal bajo estudio se actualizará si el límite establecido es rebasado durante el tiempo que duren las campañas electorales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se dispone que la campaña electoral sea el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados, para la obtención del voto.

Por su parte, en el artículo 227, párrafos 2 y 4, de la misma ley, se prevé que los actos de precampaña son los que se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular; y que el precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular conforme a la Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.

Entonces, el periodo de campaña es distinto al del precampaña.

En el periodo de precampaña los aspirantes buscan obtener el respaldo de militantes o ciudadanos para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular por un partido político o coalición, y en la campaña, los ciudadanos que cuentan con el carácter de candidatos buscan obtener el voto de los ciudadanos para ser electos a determinado cargo de elección popular.

Asimismo, en el artículo 226, párrafo 2, inciso b), de la misma ley, se establece que durante los procesos electorales que se renueve solamente la Cámara de Diputados, las precampañas darán inicio en la primera semana de enero del año de la elección y no pueden durar más de cuarenta días. A su vez, en el artículo 251, párrafos 2 y 3 de la citada ley, se prevé que las campañas electorales para diputados, en el año en que sólo se renueve la Cámara respectiva, tendrá una duración de sesenta días, y que las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral.

De lo anterior, se colige que los periodos de precampaña y campaña son distintos, es decir, el periodo de precampaña es previo al registro de candidatos, pues una vez que los ciudadanos son electos dentro de los procesos internos de selección de los partidos adquieren el derecho a ser registrados por éstos o por las coaliciones; en cambio, el periodo de campaña inicia después de que los candidatos han sido registrados.

Por tanto, toda vez que el periodo de campaña es una fase específicamente establecida dentro del proceso electoral, la causa de nulidad consistente en el rebase de topes de gastos de campaña se debe limitar a las irregularidades atinentes que pudieran ocurrir en el tiempo que dura la campaña electoral correspondiente.

        Fiscalización de recursos de los partidos políticos. La fiscalización de los recursos de los partidos políticos es la revisión de los informes respecto del origen y destino de los recursos ordinarios y de campaña que reciben los mismos, y en el caso de campañas, los candidatos independientes, los cuales han sido presentados ante la autoridad administrativa electoral.

El proceso de fiscalizar, tiene como finalidad asegurar la transparencia en la rendición de cuentas, la equidad en la contienda y la legalidad en el comportamiento de los actores políticos. Por eso, la fiscalización debe ser considerada como un ejercicio que fortalece y legitima la competencia electoral.

De conformidad con lo previsto en el artículo 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 32, fracción VI; 190; 191; 192; 196 párrafo 1, y 199, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos, se encuentra a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Para el cumplimiento de tal atribución, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las atribuciones que la constitución y la ley le confieren en materia de fiscalización, a través de la Comisión de Fiscalización, quien a su vez cuenta con un órgano técnico encargado de la recepción y revisión integral de los informes presentados respecto del origen, aplicación y destino que presenten los sujetos obligados, así como las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas.

Aunado a lo anterior, la obligación fundamental de presentar informes de gastos de campaña, entre otros, corresponde a los partidos políticos, pues de acuerdo con el sistema nacional de fiscalización los institutos políticos son responsables ante el Instituto Nacional Electoral de la presentación de los mencionados informes.

El proceso de fiscalización, comprende las etapas siguientes:

1.    Los partidos políticos tienen la obligación de presentar los informes  correspondientes en los plazos establecidos en la normativa electoral, así como la documentación soporte y comprobatoria necesaria, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular registrados para cada tipo de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;

2.    Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, contará con un plazo de diez días para su revisión. En caso de que advierta la existencia de errores u omisiones técnicas, lo informará al partido político y lo prevendrá para que en el plazo de cinco días presente las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, y

3.    Concluida la revisión, la citada Unidad Técnica emitirá el dictamen consolidado y la propuesta de resolución que deberán contener como mínimo: el resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos; la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos después de haberles notificado con ese fin, lo cuales tendrán la posibilidad de impugnar los referidos dictámenes ante este Tribunal Electoral.

De lo anterior, se desprende que, por disposición constitucional y legal, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos se encuentra a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien resolverá en definitiva el proyecto de dictamen consolidado, así como de cada uno de los informes que los partidos políticos están obligados a presentar, conforme con lo dispuesto en los artículos 190, párrafo 2; 191, inciso c), y 196, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así, la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos empleados en la campaña electoral por los candidatos y los partidos políticos, se compone de una serie de fases cuyo desarrollo y vigilancia le corresponde a la autoridad administrativa electoral por conducto de la Unidad Técnica y no a esta autoridad jurisdiccional, por tanto, en el caso de que la diferencia entre los partidos que obtuvieron el primero y segundo lugar sea menor al cinco por ciento, deberá estarse al resultado que arroje el dictamen consolidado y la resolución respectiva a efecto de establecer la presunción respecto de si las violaciones cometidas resultan determinantes para decretar la nulidad de elección en términos de lo previsto en la base VI del artículo 41 constitucional.

Por otro lado, cabe mencionar que el proceso de fiscalización, no se limita al ejercicio de las facultades de revisión de los informes, sino que, también contempla los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, originados por las quejas presentadas a fin de denunciar las presuntas conductas ilegales de los partidos políticos y candidatos, lo cual obliga a la Comisión de Fiscalización y a su Unidad Técnica a realizar las investigaciones correspondientes. Además, de los procedimientos de oficio que pueda iniciar ante la sospecha de cualquier conducta contraria a la normativa electoral en materia de rendición de cuentas.[17]

e.    Análisis del agravio.

i.                   Rebase del tope de gastos de precampaña y campaña, y rebase a los límites del financiamiento público y privado

El agravio es infundado por las razones que se exponen enseguida:

Es un hecho notorio para esta Sala Regional (en términos de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral), que en sesiones extraordinarias de quince de abril y veinte de julio de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió las resoluciones identificadas con las claves INE/CG193/2015, INE/CG194/2015 e INE/CG469/2015, respectivamente, por las que aprobó lo siguiente:

1. El Dictamen Consolidado y la resolución de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputados federales, correspondientes al proceso electoral federal 2014-2015, y

2. El Dictamen Consolidado y la resolución de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputados federales, correspondientes al proceso electoral federal 2014-2015.

De esta forma al tratarse de documentales públicas, por  haber sido emitidas por la autoridad facultada para ello, las mismas tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 14 y 16, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que  son aptas para acreditar lo siguiente:

Del dictamen de precampaña que corresponde al Acuerdo INE/CG193/2015, se puede advertir por lo que se refiere al Partido Verde Ecologista de México, lo siguiente:

Acuerdo INE/CG193/2015

“DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, A LOS CARGOS DE DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015.

(…)

4.5 Partido Verde Ecologista de México.

(…)

CONCLUSIONES FINALES DE LA REVISIÓN A LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA AL CARGO DE DIPUTADO FEDERAL DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2014-2015

Informes de Precampaña

1. El partido presentó en tiempo y forma 108 Informes de Precampaña correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2014-2015, mismos que fueron revisados en primera instancia para detectar errores y omisiones técnicas generales.

Ingresos

2. El partido reportó Ingresos en ceros en sus Informes de Precampaña.

Egresos

3. El partido reportó Egresos en ceros en sus Informes de Precampaña.

4. La Unidad Técnica de Fiscalización dará seguimiento en el marco de la revisión del Informe correspondiente, respecto de los 1355 testigos de anuncios espectaculares detectados durante el monitoreo de precampaña correspondientes a propaganda institucional.

5. La Unidad Técnica de Fiscalización dará seguimiento en el marco de la revisión del Informe correspondiente, respecto de los 300 testigos de inserciones en prensa y medios impresos detectados durante el monitoreo de precampaña correspondientes a propaganda institucional.

6. La Unidad Técnica de Fiscalización dará seguimiento en el marco de la revisión del Informe correspondiente, a los gastos correspondientes a la campaña de lentes con graduación, así como a propaganda en autobuses y bardas del PVEM detectados durante el monitoreo de precampaña correspondientes a propaganda institucional.

7. En consecuencia, al reportar el partido Ingresos por un monto total de $0.00 y Egresos por un monto de $0.00 su saldo final asciende a $0.00.”

(El resaltado es propio).

De lo anterior se advierte que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a partir de los datos que tuvo a la vista así como de las diligencias que realizó, determinó que el Partido Verde Ecologista de México, había reportado tanto ingresos como egresos en cero pesos, por lo que concluyó que su saldo final ascendía  la misma cantidad, esto es, a ceros pesos.

Ahora bien, por lo que hace al Acuerdo INE/CG469/2015, referente al dictamen de los gastos de campaña, el Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral, en relación al propio Partido Verde Ecologista de México determinó:

Acuerdo INE/CG469/2015

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NCAIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA, DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015.

(…)

[Rebase de Tope de Gastos.

Conclusión 8.

“8. PVEM rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG02/2015, para la campaña de un Diputado Federal, por un excedente de $772,632.22, el Distrito en comento se detalla a continuación:

(…)”

En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación al 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe de $772,632.22.]

Asimismo, por lo que hace a la Coalición parcial integrada por el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en dicho acuerdo determinó lo siguiente:

“[Rebase de Tope de Gastos.

Conclusión 10.

“10. La COA PRI PVEM rebasó el tope de gastos de campaña establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG02/2015, para las campañas de tres Diputados Federales, por un excedente de $588,192.50, los Distritos en comento se detallan a continuación:

(…)”

En consecuencia, al exceder el tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, la coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación al 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por un importe de $588,192.50].

Del análisis a los referidos dictámenes y resoluciones, no se advierte que en el distrito electoral federal en estudio, se haya rebasado el tope de gastos de precampaña y campaña fijado para la elección federal en curso, o que se hubiesen rebasado los límites para la recepción de financiamiento público o privado.

Aunado a ello, el promovente no aportó al presente juicio, las documentales que acreditaran la actualización del rebase de topes de gastos de precampaña y campaña, así como de los límites de financiamiento, sino que, sólo se limitó a señalar en su demanda, la existencia de una queja presentada ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual se encuentra radicada con la clave de expediente INE/Q-COF-UTF/03/2015, a través de la que denunció la erogación realizada por el Partido Verde Ecologista de México, con la difusión de “spots” publicitarios transmitidos en cadena nacional, los cuales, en su concepto, beneficiaron a los candidatos al cargo de diputados federales, y por lo tanto, se debió prorratear dicho gasto.

Asimismo, se advierte que las conductas irregulares a que se refieren los procedimientos y sentencias de la Sala Regional Especializada y la Sala Superior de este Tribunal plasmados en la demanda, corresponden a una temporalidad distinta, ya que ninguna de ellas fue realizada durante el periodo de campaña, salvo los “infomerciales” en favor de la candidata del Partido Verde Ecologista de México a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, empero, tales hechos se ubican fuera del distrito cuya elección impugna, por lo que no puede ser útiles para acreditar lo que pretende el actor.

Con base en lo anterior, se colige que la parte actora no aporta elemento alguno a esta Sala Regional para acreditar lo que supuestamente adujo en la referida queja; es decir, únicamente se constriñe a señalar los montos que, en su concepto, debieron ser prorrateados al Partido Verde Ecologista de México, pero en modo alguno, pone de relieve elementos de convicción que lleven a concluir a este órgano jurisdiccional que en efecto, tales importes sean los que sustentan el referido rebase al tope de gastos de precampaña y campaña, o la violación a los límites de financiamiento, en el distrito electoral federal en cuestión y en beneficio de quien resultó ganador en dicha demarcación electoral. 

Lo que el promovente sugiere es que este órgano jurisdiccional se constituya en autoridad investigadora de los hechos que a su consideración provocarían la nulidad de la elección impugnada por el rebase de tope de gastos de campaña, sin siquiera referir de manera precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que apoyen sus afirmaciones de hechos relacionados con los importes, que a su juicio, acreditan el aludido rebase de topes de campaña y la violación a los límites de financiamiento, omitiendo por vía de consecuencia, la carga probatoria que le corresponde.

Por lo tanto, el actor no cumplió con la carga argumentativa y la carga de la prueba que tenía a fin de acreditar plenamente la actualización del rebase de tope de gastos de precampaña y campaña en el distrito federal electoral materia del análisis de esta sentencia, y que fuera determinante para el resultado de la elección, tal y como lo establece el artículo 41, Base VI, párrafo tercero, inciso a), y párrafo cuarto, de la Constitución federal.

Lo anterior, pese a que el partido político actor aspira a sustentar sus argumentos en la mención de un listado de claves de expedientes relativos a diversos procedimientos administrativos sancionadores, pues al respecto, no refiere el grado de generalización, gravedad o dolo, de las irregularidades que fueron materia de procedimientos, ya que el hecho de que se precise que tal sobre exposición ocurrió en revistas, redes sociales, mensajes de texto y “spots”, por qué, en todo caso, debía identificar y precisar cómo se circunscribieron al distrito electoral federal y fueron determinantes, además de que también debía acreditarlo plenamente. De lo que ocurre en un contexto general no se sigue que necesariamente incida en un específico ámbito espacial y trascienda en la jornada electoral o incida en la misma, más cuando los tiempos de muchas de esas irregularidades, como se apuntó, correspondieron a un momento distinto al de las campañas electorales y la misma jornada electoral.

Asimismo, también omite cumplir con su carga argumentativa y probatoria para situar el carácter generalizado, grave o doloso de las irregularidades, la verificación en la jornada electoral o su incidencia en la misma, así como su ocurrencia en el distrito electoral federal y el carácter determinante de las propias irregularidades. El actor no explica ni demuestra cómo es que tales hechos pudieran resultar relevantes y determinantes en la elección llevada a cabo en el distrito electoral federal correspondiente o que sucedieran precisamente en el distrito electoral federal.

Por tanto, resulta carente de sustento la afirmación imprecisa del actor en el sentido de que lo relativo a los hechos que fueron materia de los procedimientos administrativos sancionadores aludidos, demuestra la comisión de violaciones generalizadas, graves, dolosas y sustanciales en el distrito electoral, determinantes para el resultado de la elección, que conllevaran la nulidad de la elección en el distrito electoral federal.

Lo anterior, porque el promovente pasa por alto que los procedimientos sancionadores tienen una naturaleza jurídica y efectos diversos de los juicios de inconformidad, pues, en principio, buscan prevenir y reprimir conductas que transgredan disposiciones legales en la materia, y si bien, de acreditarse tales ilícitos, éstos también podrían ser valorados al momento de calificarse el resultado de un proceso comicial, lo cierto es que, por sí mismos, tales aspectos son insuficientes para acoger la pretensión de nulidad de la elección, pues para ello tendría que quedar acreditado objetivamente con los elementos que obrasen en autos, que tales conductas trastocaron los principios rectores de la contienda; circunstancia que no ocurre en la especie.

El actor alega que tan sólo en el mes de diciembre de dos mil catorce, el Partido Verde erogó por lo menos la cantidad de $ 3,531,859,747.00 (Tres mil quinientos treinta y un millones, ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), respecto a canales que se difunden a nivel nacional, por lo que el gasto debe prorratearse de manera equitativa entre los 98 candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa del Partido Verde.

De esta forma, sostiene el partido actor, debe estimarse que cada candidato gastó la cantidad de $36,039,385.17 (Treinta y seis millones, treinta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 17/100 moneda nacional), cantidad que puede ser mayor si se toma en cuenta que el Partido Verde ha gastado más de $1,500,000,000.00 (Un mil quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), y por ende debe tenerse por rebasado el tope de gastos de precampaña y campaña.

Ello en virtud de que los precandidatos y candidatos pueden aportar hasta $37,406,344.57 (Treinta y siete millones cuatrocientos seis mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 57/100 moneda nacional), el tope de gastos de precampaña es de $224,074,.72 (Doscientos veinticuatro mil setenta y cuatro pesos 72/100 moneda nacional), y el tope de gastos de campaña de $1,209,528.00 (Un millón doscientos nueve mil quinientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional).

Tales alegaciones igualmente carecen de sustento en virtud de que el actor no aporta elementos con los que pueda acreditar dicha situación, sin que obste que en el expediente cite una serie de resoluciones o quejas a cargo de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral, o ante el Instituto Nacional Electoral.

Lo anterior es así, toda vez que las resoluciones antes referidas en modo alguno pueden tener como efecto, el acreditar de manera fehaciente el presunto rebase de tope de gastos de campaña, pues tal y como ha quedado señalado en parágrafos anteriores, el documento idóneo es precisamente, el dictamen emitido por el Instituto Nacional Electoral, el cual como ha quedado señalado no arrojó datos sobre este tema.

De allí, que lo aducido por el actor respecto de la actualización del rebase de tope de gastos de precampaña y campaña sea infundado.

ii.                 Inelegibilidad de la fórmula ganadora

El agravio es  inoperante por lo que se explica en seguida:

El partido político actor se duele de que la autoridad responsable debió declarar inelegibles a la fórmula de candidatos a diputados federales que resultó ganadora, atendiendo a que, a su juicio, rebasaron el tope de gastos de precampaña y campaña, y omitieron informar sobre sus gastos, sin embargo, no le asiste la razón, puesto que, como se desprende del análisis hecho en la presente resolución respecto de los agravios vinculados a tales conductas, los mismos resultan infundados, principalmente, por la deficiente argumentación y demostración de los hechos en que se apoyan, por tanto, no pueden servir a su vez de base, para acoger la aludida pretensión de inelegibilidad, aunado a que en todo caso, dichas circunstancias no constituyen una causa que afecte la idoneidad de los requisitos que deben cumplir los ciudadanos electos para ocupar el cargo de diputados federales.

En tal sentido, es conveniente destacar que el derecho de ser votado está consagrado en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, así como en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[18] La formulación de estas disposiciones permite apreciar que se trata de un derecho a cuyo ejercicio se pueden imponer diversas condiciones. Mientras en el precepto constitucional se establece que todo ciudadano puede ser votado para todos los cargos de elección popular siempre y cuando se reúnan “las calidades que establezca la ley”, en la disposición convencional se admite expresamente la posibilidad de reglamentar mediante ley, el ejercicio de este derecho por diversas razones, tales como la edad, la nacionalidad o la residencia de la persona.[19] Es por ello, que la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha señalado, reiteradamente, que el derecho a ser votado es de base constitucional y de configuración legal.[20]

Por lo tanto, para poder ejercer el derecho a ser votado, se deben cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 55 de la Constitución federal y 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como no ubicarse en alguno de los supuestos de inelegibilidad previstos en el marco jurídico, pues de lo contrario, no se podría ejercer dicho derecho.

En el caso, el promovente no especifica una causa concreta de inelegibilidad de las candidatas ganadoras, vinculada con el marco normativo correspondiente a los requisitos constitucionales y legales que éstas deben cumplir para ocupar el cargo de diputada federal, aunado a que las irregularidades que menciona en su demanda no han quedado plenamente demostradas, por lo que ni siquiera se cuenta con una base fáctica a partir de la cual pretender vincular las mismas con la inelegibilidad de las aludidas candidatas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 445, párrafo 1, incisos c) y e), y 456, párrafo 1, inciso c), fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los candidatos que hubieren rebasado el tope de gastos de precampaña o campaña o hubiesen omitido informar los recursos recibidos, pueden ser sancionados, entre otras, con la cancelación del registro, o en su caso con la pérdida de la candidatura correspondiente.

De lo anterior se desprende que el rebase de topes de gastos de precampaña o campaña podrá tener como consecuencia la cancelación del registro o pérdida de la candidatura, lo que constituye una sanción administrativa que impedirá la participación del sujeto en el proceso electoral, mas no así una causal de inelegibilidad, cuya configuración tiene como consecuencia que el candidato electo no pueda recibir la constancia de mayoría respectiva por no cumplir con los requisitos exigidos constitucional y legalmente para ocupar el cargo de diputado federal.