Toluca de Lerdo, Estado de México, a dieciséis de julio de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos de los juicios de inconformidad al rubro citado, promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva expedida por el 31 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México; y

R E S U L T A N D O:

I. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de diputados federales por ambos principios, correspondiente al 31 Distrito Electoral Federal en el Estado de México, para la renovación de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

II. Cómputo distrital. El diez de junio del dos mil quince, el Consejo Distrital del 31 Distrito Electoral Federal con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, realizó el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, mismo que concluyó el once siguiente, y una vez realizado el cómputo de votación obtenida por cada partido político y coalición el referido Consejo, realizó la asignación de la votación de los partidos políticos y de los partidos coaligados, para quedar de la siguiente forma:

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y PARTIDOS COALIGADOS

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el propio Consejo Distrital, declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa y la elegibilidad de la fórmula de candidatos que obtuvo el primer lugar, y expidió la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula postulada por el Partido de la Revolución Democrática, integrada por Armando Soto Espino como propietario y Edgar Jonathan Pérez Ávila como suplente.

III. Juicios de inconformidad. El quince de junio del año en curso, promovieron sendos juicios de inconformidad, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de Mauricio Rodríguez Pérez, quien se ostenta con el carácter de representante propietario del mismo, y el Partido del Trabajo por conducto de Carlos Alfonso Rodríguez Quintana, quien se ostenta como representante propietario del mismo, respectivamente, ambos en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva expedida por el 31 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México

IV. Tercero Interesado. El dieciocho de junio de dos mil quince, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de Armando Flores Zambrano y Chantal Guadalupe Carbajal Medrano, quienes se ostentaron con el carácter de representantes propietario y suplente, respectivamente, del referido instituto político, ante el citado Consejo Distrital, presentó escritos en los cuales compareció con el carácter de tercero interesado en ambos juicios de inconformidad, alegando lo que a su interés estimó conveniente.

V. Remisión de los expedientes a esta Sala Regional. El diecinueve de junio de dos mil quince, mediante escritos signados por el Secretario del 31 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de México, recibidos en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional a las trece horas con veintisiete minutos y a las trece horas con veintiocho minutos de la misma fecha, remitió los expedientes administrativos de los juicios en que se actúan, así como los informes circunstanciados respectivos a cada juicio y demás documentación relacionada con los mismos.

VI. Turnos a ponencia. El diecinueve de junio de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar los expedientes ST-JIN-13/2015 y ST-JIN-14/2015, y turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada Martha C. Martínez Guarneros, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; dichos acuerdos se cumplimentaron mediante oficios TEPJF-ST-SGA-2570/15 y TEPJF-ST-SGA-2571/15, respectivamente, suscritos por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional.

VII. Radicación y requerimiento del expediente ST-JIN-142015. El veintidós de junio del año en curso, la Magistrada Instructora radicó el citado juicio de inconformidad y requirió a la autoridad responsable diversa documentación necesaria para resolver el presente asunto.

VIII. Radicación y requerimiento del expediente ST-JIN-13/2015. El veinticuatro de junio del año en curso, la Magistrada Instructora radicó el citado juicio de inconformidad y requirió a la autoridad responsable diversa documentación necesaria para resolver el presente asunto.

IX. Admisión del expediente ST-JIN-13/2015. El veinticinco de junio de la presente anualidad, la Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda del referido juicio.

X. Cumplimiento de requerimiento, admisión y requerimiento al actor y tercero interesado en el expediente ST-JIN-142015. El veinticinco de junio de la presente anualidad, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad responsable, mediante auto de veintidós de junio del año en curso, al mismo tiempo la Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda del referido juicio y requirió al actor y tercero interesado diversa documentación necesaria para resolver el citado juicio.

XI. Requerimiento de constancias en el expediente ST-JIN-13/2015. El veintiséis de junio de dos mil quince, la Magistrada Instructora tuvo por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad responsable mediante proveído de veinticuatro de junio del presente año, y requirió al actor y al tercero interesado diversa documentación necesaria para resolver el citado juicio.

XII. Incumplimiento de requerimiento en el expediente ST-JIN-13/2015. El veintinueve de junio del año en curso, la Magistrada instructora tuvo por incumplido el requerimiento formulado al Partido Revolucionario Institucional y ordenó resolver el presente asunto con las constancias que obren en el expediente.

XIII. Requerimiento. El uno de julio de dos mil quince, se requirió diversa documentación a la autoridad responsable, necesaria para la resolución del presente asunto, quien en esa misma fecha dio cumplimiento al citado requerimiento.

XIV. Cierre de instrucción. Al estar debidamente integrados los expedientes, en su oportunidad, la Magistrada Instructora declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que se ordenó poner los expedientes en estado de resolución y formular el proyecto de sentencia; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver los presentes juicios de inconformidad, toda vez que se impugnan los resultados y la declaración de validez del proceso electoral federal ordinario, cuya organización corrió a cargo de una autoridad electoral que pertenece a la circunscripción plurinominal donde esta Sala Regional ejerce su jurisdicción, mismos que se encuentran relacionados con la elección de diputados federales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo base VI, 60, párrafo segundo y 99, párrafo cuarto, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción I, 192, párrafo primero y 195, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2 inciso b), 4, 6, 34, párrafo 2, inciso a), 49, 50 párrafo 1, inciso b) y 53, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demandas de los juicios de inconformidad ST-JIN-13/2015 y ST-JIN-14/2015, se advierte conexidad en la causa, ya que en ambos casos, los ahora accionantes impugnan los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia respectiva expedida por el 31 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México; señalando a la misma autoridad responsable, y además, en ellos se invocan diversas causales de nulidad de votación recibida en casillas, establecidas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En mérito de lo anterior, y al existir la aludida conexidad, con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de resolverlos de manera conjunta para evitar la posible contradicción de criterios, procede decretar la acumulación del expediente número ST-JIN- 14/2015 al ST-JIN-13/2015, por ser éste el más antiguo; en consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a los autos del expediente acumulado.

TERCERO. Causales de improcedencia. Tomando en cuenta el orden preferente que revisten las causales de improcedencia, en virtud de que éstas se encuentran relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución del proceso y además por ser cuestiones de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional debe analizarlas en forma previa al estudio de fondo de la cuestión planteada en el presente asunto, toda vez, que de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en los artículos 9, párrafo 3, y 10 del ordenamiento en cita, deviene la imposibilidad de este órgano jurisdiccional para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la controversia planteada.

Aunado a lo anterior, se debe señalar que, con base en la legislación vigente, la presentación del escrito de protesta no se considera un requisito de procedibilidad para realizar el estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, en atención a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que el escrito de protesta por los resultados contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral.

Por otra parte el partido político tercero interesado señala que el presente juicio de inconformidad resulta ser frívolo por lo que procede imponer por parte de este órgano jurisdiccional las sanciones correspondientes a los partidos políticos actores, toda vez que del estudio de las casillas impugnadas se advierte que en general no resulta cierta la aseveración del actor.

En el caso, dicha causal de improcedencia se desestima por los siguientes motivos.

Conforme a lo previsto en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, un medio de impugnación es frívolo cuando sea notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento alguno para ello o aquél en el cual, evidentemente, no se puede alcanzar el objetivo que se pretende; la frivolidad de un medio de impugnación significa que es totalmente intrascendente o carente de sustancia.

Lo anterior se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no están bajo la tutela del Derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando esta circunstancia se da respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o de manera parcial, el desechamiento no se puede dar, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la controversia planteada.

En el caso concreto, de la lectura de las demandas de los juicios de inconformidad, radicadas en los expediente precisados en el proemio de esta resolución, se puede advertir que no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado, dado que los demandantes señalan hechos y conceptos de agravio específicos, con el propósito de que este órgano jurisdiccional les restituya sus derechos que consideren trasgredidos.

Para ese efecto, los partidos políticos actores, argumentan que el día de la jornada electoral acontecieron diversas irregularidades en las casillas instaladas en el distrito que impugnan, en las que se recibió la votación en ese día, y al efecto consideran que se tipifican diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla establecidas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, expresando los hechos y motivos de agravio que les ocasionan dichas irregularidades, respecto de cada una de las casillas cuya votación impugnan.

Lo expuesto en el párrafo que antecede, denota que no se trata de demandas carentes de sustancia o trascendencia; en todo caso, la eficacia de los conceptos de agravio expresados por los inconformes, para alcanzar sus pretensiones, serán motivo de análisis, en el fondo de la controversia, de ahí que se concluya que no le asiste la razón al tercero interesado, sobre la pretendida improcedencia de los juicios que ahora se resuelven.

Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi contenida en la jurisprudencia de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, identificada con la clave 33/2002[2], cuyo texto y rubro son del tenor siguiente:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso”.

Por otra parte, la autoridad responsable en el juicio de inconformidad identificado con la clave ST-JIN-14/2015, señala que el porcentaje de votación requerido por la ley, para que un partido político nacional conserve su registro, así como el porcentaje de votación obtenido por el partido recurrente, constituyen alguna causal de nulidad de elección prevista por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que por ese solo hecho resulta improcedente el presente asunto.

No le asiste la razón a la autoridad responsable, pues si bien en la ley adjetiva de la materia no se contempla como supuesto de nulidad de votación recibida en casilla o de nulidad de elección, lo relativo al porcentaje de votación requerida por la ley para que un partido político nacional conserve su registro, ni el porcentaje de votación obtenido por el partido recurrente; sin embargo, esa circunstancia no es suficiente para determinar la improcedencia del juicio, atento a que por una parte, los agravios que endereza el partido político actor en relación con dichos temas, son susceptibles de analizarse en el estudio de fondo del asunto, y por otro lado, en la demanda también se hacen valer causales de nulidad de votación recibida en casilla, así como de nulidad de elección, cuestiones que de la misma forma constituyen materia de análisis de fondo por parte de este órgano jurisdiccional.      

CUARTO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es oportuno analizar el cumplimiento de los requisitos y presupuestos de procedibilidad, por ser de orden público y observancia general conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, por lo que deviene preferente su examen en los términos siguientes:

I. En relación con el expediente ST-JIN-13/2015:

a) Requisitos de la demanda. En relación con los requisitos de procedibilidad que debe satisfacer la demanda, se advierte que la misma fue presentada por escrito ante la autoridad señalada como responsable, en la cual consta el nombre del partido político actor, domicilio para oír y recibir notificaciones, la identificación de los actos impugnados, la mención de los hechos y agravios, la mención en forma individualizada de las casillas cuya votación solicita sea anulada, las causales de nulidad que se invocan para cada una de ellas, se ofrecieron y aportaron las pruebas de su parte, y se asentó el nombre y firma autógrafa de quien promueve en representación del actor.

b) Legitimación. El actor, Partido Revolucionario Institucional, está legitimado para promover el presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley procesal de la materia.

Aquí es preciso señalar que en el presente proceso electoral federal los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, celebraron convenio de coalición parcial para postular doscientas cuarenta y cuatro fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, en cuyas cláusulas cuarta y sexta del indicado convenio se pactó que la representación legal de la coalición ante los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, corresponderá ante los representantes acreditados por el respectivo partido político, respecto a los candidatos propietarios de las fórmulas, cuyo origen partidario quedó precisado en la cláusula cuarta, de la que se aprecia que en relación con el 31 Distrito Electoral Federal con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, la distribución por la filiación de origen de los candidatos correspondió al Partido Verde Ecologista de México.

De lo anterior se advierte que la representación legal de la coalición, en el caso concreto corresponde al Partido Verde Ecologista de México.   

Sin embargo, en el presente asunto el partido actor acude no en calidad de representante de la coalición sino únicamente en defensa de sus intereses como partido en lo individual, de ahí que cuente con la legitimación para acudir al presente juicio, de conformidad con el criterio aplicado por identidad jurídica sustancial, contenido en la jurisprudencia 15/2015 de la Sala Superior de este Tribunal Electoral de rubro “LEGIMITACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS PUEDEN PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL.”, sostenido en la contradicción de criterios identificada con la clave SUP-CDC-7/2015, aprobada en sesión de ocho de junio de dos mil quince.

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería de Mauricio Rodríguez Pérez, quien presentó la demanda del juicio de inconformidad en representación de la parte actora, en virtud de que anexó copia certificada de su nombramiento de representante propietario ante el 31 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, aunado a que el órgano responsable, en su informe circunstanciado, reconoce que el promovente tiene acreditada ante ella tal carácter.

d) Plazo. El escrito inicial del medio de impugnación en que se actúa, fue presentado a las trece horas del quince de junio de dos mil quince, y por tanto, dentro del plazo establecido por el artículo 55 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa concluyó a las tres horas con treinta y seis minutos del día once de junio, tal y como se advierte en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo impugnado, de ahí que se cumpla con el requisito previsto en el artículo 8 de la Ley adjetiva de la materia.

II.- En relación con la demanda del expediente ST-JIN-14/2015:

a) Requisitos de la demanda. En relación con los requisitos de procedibilidad que debe satisfacer la demanda, se advierte que la misma fue presentada por escrito ante la autoridad señalada como responsable, en ella consta el nombre del partido político actor, domicilio para recibir notificaciones, la identificación de los actos impugnados, la mención de los hechos y agravios, el señalamiento en forma individualizada de las casillas cuya votación solicita sea anulada, las causales de nulidad que se invocan para cada una de ellas, se ofrecieron y aportaron las pruebas de su parte, y se asentó el nombre y firma autógrafa de quien promueve en representación del actor.

b) Legitimación. El actor, Partido del Trabajo, está legitimado para promover el presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley procesal de la materia.

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería de
Carlos Alfonso Rodríguez Quintana, quien presentó la demanda del juicio de inconformidad en representación de la parte actora, en virtud de que anexó copia certificada de su nombramiento de representante propietario del partido actor ante el 31 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, aunado a que el órgano responsable, en su informe circunstanciado, reconoce que el promovente tiene acreditada ante ella tal carácter.

d) Plazo. El escrito inicial del medio de impugnación en que se actúa, fue presentado a las quince horas del quince de junio del dos mil quince, por tanto se encuentra dentro del plazo establecido por el artículo 55 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa concluyó a las tres horas con treinta y seis minutos del día once de junio, tal y como se advierte en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo impugnada, de ahí que se cumpla con el requisito previsto en el artículo 8 de la Ley adjetiva de la materia.

III. En relación con el escrito del tercero interesado en los juicios acumulados:

a) Requisitos de los escritos de tercero interesado. En los escritos que se analizan, se hace constar: el nombre del partido tercero interesado, nombre y firma autógrafa de los representantes propietario y suplente ante la autoridad responsable, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.

b) Legitimación. El Partido de la Revolución Democrática, está legitimado para comparecer al presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley procesal de la materia.

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería de Armando Flores Zambrano y Chantal Guadalupe Carbajal Medrano como representantes propietario y suplente, respectivamente, quienes comparecieron al presente juicio, en representación del partido político tercero interesado, toda vez que exhiben copia certificada de la sustitución de representantes distritales del referido instituto político en la cual aparecen los nombres respectivos.

d) Oportunidad en la comparecencia del tercero interesado. Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley procesal electoral, se advierte que fueron presentados ante la autoridad responsable, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación de los medios de impugnación que nos ocupan, de acuerdo a las razones de retiro de dieciocho de junio de dos mil quince, en las que se hace constar que dentro del término comprendido entre los días quince al dieciocho de junio de dos mil quince, sí se presentaron escritos de tercero interesado en cada uno de los presentes medios de impugnación, y del acuse de recibo de los referidos escritos, se advierte que la recepción de los mismos se realizó a las trece horas y las quince horas con veinte minutos, ambos del dieciocho de junio del año en curso.

En los presentes asuntos, no existe motivo alguno que actualice alguno de los supuestos de desechamiento de plano referidos en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ni tampoco se actualiza causal de improcedencia o sobreseimiento de las contempladas en los artículos 10 y 11 de la Ley señalada, por lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo de la controversia planteada.

QUINTO. Fijación de la litis. La cuestión planteada en el presente asunto, consiste en determinar si, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables en la materia, debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas; y, en consecuencia, modificar o confirmar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, expedida por el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente al 31 Distrito Electoral Federal Uninominal de Nezahualcóyotl, Estado de México; y confirmar o revocar la constancia de mayoría expedida a la fórmula integrada por Armando Soto Espino propietario y Jonathan Pérez Ávila suplente, del Partido de la Revolución Democrática, y en su caso, otorgar una nueva a la fórmula que resulte ganadora de acuerdo con los nuevos resultados.

SEXTO. Suplencia en la expresión de agravios y de los preceptos violados. Ahora bien, en aquellos casos en que el actor haya omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o los haya citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional, en cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 23 de la ley procesal en cita, tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto; asimismo, suplirá las deficiencias u omisiones de los agravios expresados, que se puedan deducir de los hechos expuestos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 3/2000, visible en las páginas 122 y 123 de la Compilación 1997-2013, “Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro es: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”.

De igual manera, esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueven los presentes medios de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 2/98 consultable en las páginas 123 y 124 de la referida compilación e identificada con el rubro “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INCIAL”.

Además, debe precisarse que en términos del artículo 23, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional al resolver los medios de defensa establecidos en la propia ley, entre los que se encuentra el juicio de inconformidad, deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, con las excepciones que expresamente se consignan.

Conforme a la disposición en cita, la regla de la suplencia establecida en el ordenamiento electoral, presupone los siguientes elementos ineludibles:

a) Que haya expresión de agravios, aunque sea deficiente;

b) Que existan hechos; y

c) Que de los hechos puedan deducirse claramente los agravios.

Debe tenerse presente que el vocablo "suplir" utilizado en la redacción del invocado precepto, no debe entenderse como integrar o formular agravios sustituyéndose al promovente, sino en el sentido de complementar o enmendar los argumentos deficientemente expuestos en vía de inconformidad.

Esto es, se necesita la existencia de un alegato incompleto, inconsistente o limitado, cuya falta de técnica procesal o de formalismo jurídico, ameriten la intervención en favor del promovente, para que este órgano jurisdiccional, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo de referencia, esté en aptitud de suplir la deficiencia y resuelva la controversia que le ha sido planteada.

Dicho criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las jurisprudencias 03/2000 y 02/98, consultables a fojas 122 a 124 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, cuyos rubros y textos son los siguientes:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.—En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.”

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.—Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.”

De igual forma, es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiterado por sus distintas Salas, que lo expuesto no obliga a suplir la inexistencia del agravio, cuando no sea posible desprenderlo de los hechos que se exponen de manera específica en la argumentación correspondiente; tampoco es dable proceder de esa manera, cuando los conceptos de queja sean vagos, generales e imprecisos, de forma tal que no pueda advertirse claramente la causa concreta de pedir; esto es así, porque si de los motivos de inconformidad no se deriva qué es lo que se pretende cuestionar, entonces hay un impedimento para suplir deficiencia alguna, ya que no puede comprenderse tal atribución, en el sentido de que el órgano jurisdiccional, con motivo del ejercicio de sus facultades de suplencia, amplíe la demanda en lo que concierne a lo que se pretende demostrar como ilegal, o bien, varíe el contenido de los argumentos vertidos como agravios, porque tal proceder implicaría introducir elementos nuevos no sometidos al análisis judicial, lo que se traduciría en un estudio oficioso del acto o resolución impugnado, cuestión que legalmente no está permitida.

Lo anterior hace palpable, que el principio de suplencia en la deficiencia de la expresión de los agravios tiene su límite, por una parte, en las propias facultades discrecionales de la autoridad jurisdiccional para deducirlos de los hechos expuestos y, por otra, en la circunstancia de que los planteamientos de los actores, sean inviables para atacar el acto impugnado, lo cual acontece cuando son esencialmente generales, vagos e imprecisos, o se refieren a cuestiones ajenas a la materia de la controversia.

Dicho en otras palabras, no toda deficiencia de una demanda es susceptible de suplirse por el órgano jurisdiccional; pues si bien como ya se dijo, en la expresión de los agravios no se debe cumplir una forma sacramental inamovible, en tanto que éstos pueden encontrarse en cualquier apartado del escrito inicial de demanda, también lo es que los que se hagan valer, deben ser necesariamente, argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en cuenta al resolver en los términos en que lo hizo, para hacer evidente que conforme con los preceptos normativos aplicables, son insostenibles, debido a que sus inferencias no son acordes con las reglas de la lógica, la experiencia o la sana crítica; que los hechos no fueron debidamente probados; que las pruebas fueron indebidamente valoradas, o hacer palpable cualquier otra circunstancia que haga notorio que se contravino la constitución o la ley por indebida o defectuosa aplicación o interpretación, o bien, porque simplemente se dejó de aplicar una disposición jurídica.

De esta forma, al expresar cada agravio, el inconforme debe preferentemente, precisar qué aspecto de la resolución impugnada le ocasiona perjuicio a sus derechos; citar el precepto o los preceptos legales que considere transgredidos; y explicar, fundamentalmente, mediante el desarrollo de razonamientos lógico-jurídicos dirigidos a desvirtuar los motivos de la responsable, la causa por la cual fueron infringidos, exponiendo de esta manera la argumentación que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto o resolución reclamados.

En caso de no cumplir con lo anterior, el órgano competente para resolver, estará impedido de suplir la deficiencia; por lo que los agravios siempre deben estar dirigidos a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver; de lo contrario, resultarían inoperantes, puesto que no atacarían en esencia la resolución impugnada, dejándola así intacta y firme.

Por lo tanto, serán inoperantes aquellos agravios en los que se plantee:

1. Una simple repetición de lo expresado en la instancia anterior;

2. Cuestiones que no fueron sometidas en la instancia previa;

3. Argumentos genéricos e imprecisos, por los que no se pueda advertir la causa de pedir;

4. Manifestaciones que no controviertan los razonamientos sustentados por la responsable en la sentencia recurrida; y

5. Cuando el actor no sustente con prueba alguna su afirmación u ofreciéndola, no guarde vinculación con el motivo de disenso, entre otros.

Por otra parte, cabe señalar que en aquellas causales de nulidad invocadas por el actor y que por su redacción literal, no establecen expresamente como elemento integral, que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, esta Sala Regional entrará a su análisis, a la luz de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 13/2000, cuyo rubro es: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”, visible en las páginas 471 y 472 de la Compilación 1997-2013, “Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, volumen 1, Jurisprudencia.

Por otra parte, es de mencionar, que en aras de privilegiar los resultados de la votación o de la elección impugnada, aquellas irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas durante la jornada electoral por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a fin de integrar las mesas directivas de casilla, en la medida en que no sean determinantes para los resultados de la votación, no producirán el efecto anulatorio de la causal de que se trate, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 9/98, visible en las páginas 532 a 534 de la Compilación 1997-2013, “Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro es: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

Precisado lo anterior, procede el análisis de los agravios que hace valer la parte actora, relacionados con la nulidad de votación recibida en casilla.

Expediente identificado con la clave ST-JIN-13/2015.

A continuación se establece un cuadro esquemático, en el que se listan todas las casillas impugnadas y las causales de nulidad de la votación recibida en ellas que son invocadas por el Partido Revolucionario Institucional.

Del anterior cuadro, se advierte que respecto de la casilla 3066-B, la parte actora, en su demanda señala que solicita la anulación de la votación recibida en dicha casilla sin especificar causa de nulidad alguna a que se refiere el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ni tampoco hecho o agravio alguno del cual se pueda advertir la causa por la cual solicita su nulidad, razón por la que la aludida casilla no será motivo de análisis por parte de esta Sala Regional.

Por otra parte, del cuadro se advierte que en relación con las casillas 3056-C1, 3071-C1, 3091-C1, 3092-C1, 3525 C1, 3541-B, 3624-B, 3672-B, 3692-B, 3711-B, 3720-B, el actor señala que se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el inciso d), del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y el artículo 273, numeral 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que el artículo 402, fracción II del Código Electoral del Estado de México, señala que la votación recibida en una casilla será nula cuando se haya instalado la casilla en hora anterior a la establecida en dicho código, en virtud de que el numeral 301 del mismo ordenamiento establece que el primer domingo de junio del año de la elección a la 07:30 horas los funcionarios de casilla procederán a su instalación, asimismo el artículo 302, establece la prohibición de que los actos de instalación se realicen con anterioridad a la hora establecida, disposiciones que a juicio del partido político actor fueron quebrantadas; sin embargo, por las razones que se expondrán en el apartado correspondiente, las aludidas casillas, de ser el caso, se analizarán bajo el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla previsto en el inciso k) del artículo 75 de la citada ley adjetiva de la materia.

Expediente identificado con la clave ST-JIN-14/2015

A continuación se establece un cuadro esquemático, en el que se listan todas las casillas impugnadas y las causales de nulidad de la votación recibida en ellas que son invocadas por el Partido del Trabajo.