JUICIOS DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: ST-JIN-21/2009 Y ST-JIN-22/2009 ACUMULADOS.

ELECCIÓN: DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA.

ACTORES: PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SOCIALDEMÓCRATA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: 28 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MÉXICO.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MAGISTRADA: ADRIANA M. FAVELA HERRERA.

SECRETARIA: NORMA A. HERNÁNDEZ CARRERA.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a treinta de julio de dos mil nueve.

V I S T O S para resolver los autos de los juicios de inconformidad al rubro citados, promovidos por los Partidos Revolucionario Institucional y Socialdemócrata, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 28 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México; y

R E S U L T A N D O :

I. Jornada electoral. El pasado cinco de julio de dos mil nueve, se llevó a cabo la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, entre otros, en el 28 Distrito Electoral Federal, en el Estado de México, con cabecera en el Municipio de Zumpango de Ocampo.

II. Recuento de votos. El ocho de julio siguiente, en el 28 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México dio inicio la sesión del cómputo distrital de la elección señalada en el resultando anterior, misma que por encontrarse dentro del supuesto legal establecido en el artículo 295, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tuvo por objeto el recuento de la totalidad de las casillas que fueron instaladas en ese distrito electoral.

III. Resultados del cómputo distrital. El once de julio del año en curso, concluyó la celebración de la sesión del cómputo distrital de la elección en cita, el cual arrojó los resultados siguientes:

Distribución final de votos a partidos políticos y partidos coaligados:

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el mencionado Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos; y expidió la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional, integrada por Sergio Octavio Germán Olivares y Pedro César Piña Pérez, como propietario y suplente, respectivamente.

IV. Interposición de los juicios de inconformidad. Inconformes con el cómputo anterior, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Socialdemócrata, mediante sendos escritos presentados el quince de julio del año que transcurre, promovieron los presentes juicios de inconformidad, aduciendo lo que a su derecho estimaron pertinente.

V. Tercero Interesado. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio del año en curso, el Partido Acción Nacional compareció en el juicio de inconformidad promovido por el Partido Revolucionario Institucional, con el carácter de tercero interesado, alegando lo que a su interés estimó conveniente.

VI. Remisión de los expedientes a esta Sala Regional. Mediante escritos recibidos en la Oficialía de Partes de este órgano el veinte de julio de dos mil nueve, la autoridad responsable remitió los expedientes integrados con motivo de la interposición de los presentes juicios de inconformidad, sus informes circunstanciados, así como el escrito presentado por el Partido Acción Nacional, en su carácter de tercero interesado dentro del juicio de inconformidad promovido por el Partido Revolucionario Institucional.

VII. Turno a ponencia. Recibidas las constancias respectivas, mediante acuerdos de veinte de julio del año que transcurre, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ordenó integrar los expedientes ST-JIN-21/2009 y ST-JIN-22/2009, y turnarlos a la Ponencia de la Magistrada Adriana M. Favela Herrera, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dichos acuerdos se cumplimentaron el mismo día por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional federal.

VIII. Radicación, admisión y requerimiento. Mediante proveídos de veintiuno de julio del año en curso, la Magistrada Instructora acordó la radicación de los expedientes; admitió a trámite las respectivas demandas, y en el expediente identificado con la clave ST-JIN-21/2009, requirió al Consejo responsable diversa documentación e información. Asimismo, requirió a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral diversa documentación; útiles para la debida sustanciación y resolución del mismo.

IX. Cumplimiento a requerimiento, promoción y cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintinueve de julio de dos mil nueve, se tuvo a las autoridades señaladas, dando cumplimiento a los requerimientos que les fueran formulados. Asimismo, se tuvo por recibido y agregado a sus autos, el escrito presentado por el representante suplente del Partido Socialdemócrata el día señalado y sus anexos. Y al advertir que los expedientes se encontraban debidamente integrados, se declaró cerrada la instrucción en cada caso, quedando los autos en estado de resolución, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes

C O N S I D E R A N D O S :

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 60, párrafo segundo, 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción I, 192, 193, 195, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2, inciso b), 4, 6, 34, párrafo 2, inciso a), 49, 50, párrafo 1, inciso b), y 53, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como de la determinación identificada con la clave CG404/2008 denominado “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determina mantener para las elecciones federales del 5 de julio de 2009, el ámbito territorial, las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional, tal y como se integraron en el proceso electoral federal 2005-2006”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de octubre de dos mil ocho; toda vez que se trata de un juicio de inconformidad promovido durante un proceso electoral federal, en contra de los resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa celebrada en el 28 Distrito Electoral Federal del Instituto Federal Electoral en el Estado de México; entidad federativa que corresponde a la circunscripción plurinominal en la que esta Sala Regional ejerce su jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Del examen de los escritos de demanda relativos a los juicios de inconformidad identificados con las claves ST-JIN-21/2009 y ST-JIN-22/2009, esta Sala Regional advierte que existe identidad en cuanto al acto impugnado, y de quien figura como autoridad responsable, pues en ellos se controvierten los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida por el 28 Consejo Distrital Electoral Federal del Instituto Federal Electoral con sede en Zumpango de Ocampo, Estado de México.

En esas condiciones, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 73, fracción II, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación del juicio de inconformidad identificado con el número ST-JIN-22/2009 al diverso ST-JIN-21/2009, por ser éste el que se recibió en primer término, con la finalidad de que sean decididos de manera conjunta para facilitar su pronta y expedita resolución, así como evitar la existencia de fallos contradictorios.

En consecuencia, glósese copia certificada de la presente sentencia a los autos del juicio de inconformidad acumulado.

TERCERO. Causales de improcedencia. Por ser su examen preferente y de orden público, se analizará en primer lugar si son procedentes los presentes medios de impugnación, pues de configurarse alguna de las causas legales de improcedencia, resultaría necesario decretar el desechamiento de plano de los mismos, por existir un obstáculo que impediría la válida constitución del proceso y, con ello, la posibilidad de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional sobre la controversia planteada en cada caso.

En atención a ello, esta Sala Regional procede a realizar el estudio de las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable en sus informes circunstanciados y por el tercero interesado en su escrito de comparecencia, en los términos siguientes:

a) Omisión de mencionar la causal de nulidad que se invoca. La autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado dentro de los autos del expediente ST-JIN-21/2009, aduce que en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que el escrito por el cual se promueve el juicio de inconformidad deberá hacer una mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso, y la causal que se invoque para cada una de ellas.

El Consejo responsable argumenta que el actor, Partido Revolucionario Institucional, en el apartado ad cautelam de su demanda, no señala la causal de nulidad de elección, específica o genérica, en que encuadran las supuestas irregularidades que hace valer, incumpliendo así con la disposición legal en comento.

Tal argumento es de desestimarse, pues de acuerdo a la literalidad del numeral 52, párrafo 1, inciso c), de la citada Ley, la exigencia de hacer mención individualizada de la causal de nulidad que se estime actualizada, resulta aplicable en tratándose de nulidad de votación recibida en casilla; aspecto que resulta entendible dado que si el promovente incurre en dicha omisión, ésta no puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del promovente, a menos de que de los hechos expuestos se puedan deducir agravios que pongan de manifiesto la actualización de una causal de nulidad de la votación.

En la especie, el actor en su demanda vierte agravios relativos a la nulidad de votación recibida en casilla, advirtiendo este órgano jurisdiccional que en el caso, cumple con la exigencia prevista en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la ley de medios en comento, es decir, hace una mención individualizada de las casillas cuya votación solicita sea anulada en cada caso y la causal que invoca para cada una de ellas.

Por otra parte, se considera que la autoridad responsable parte de la premisa incorrecta de considerar que las únicas causas de nulidad de elección son las previstas en el artículo 76 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, siendo que el diverso artículo 78 de la propia ley, prevé la causal de nulidad de elección denominada “genérica”, la cual consiste en que las Salas del Tribunal Electoral podrán declarar la nulidad de una elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales en la jornada electoral, en el distrito o entidad de que se trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o sus candidatos.

Se estima que si bien el Partido Revolucionario Institucional no hace una particular mención del precepto legal que estima violentado, es decir, no señala el tipo de causal de nulidad de elección que a su juicio se actualiza -con base en las diversas irregularidades que, según su dicho, acontecieron durante las distintas etapas de la elección de diputados federales de mayoría relativa en el 28 Distrito Electoral Federal, en el Estado de México-, lo cierto es que de la lectura íntegra de su escrito de demanda se advierten hechos y agravios que, realizado en su caso el estudio de fondo del asunto, pudieran generar la actualización de la causal genérica de nulidad de elección.

Por lo antes expuesto, es desestimarse la causal de improcedencia alegada.

b) Falta de agravios. El Partido Acción Nacional, tercero interesado en el expediente ST-JIN-21/2009, manifiesta que el medio de impugnación referido debe ser desechado, dado que incumple con el requisito relativo a la expresión de los agravios que causa el acto o resolución impugnada.

Expresa el tercero interesado que el Partido Revolucionario Institucional realiza múltiples señalamientos dispersos que no pueden ser considerados como agravios, en virtud de que, no contienen un razonamiento claro, relativo al por qué el acto reclamado es violatorio de alguna norma jurídica en específico, y la mayoría de ellos ni siquiera se relacionan con él. Señala que en ningún apartado de la respectiva demanda, el promovente cita las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las presuntas irregularidades que según su dicho dan motivo a la anulación de casillas impugnadas, por lo que los argumentos expuestos resultan frívolos y notoriamente improcedentes.

Se considera infundada la causal de improcedencia que invoca el tercero interesado.

Conforme al artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se requiere que en el escrito de demanda se mencionen de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que cause el acto o resolución impugnado.

El artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la ley de medios en comento, exige la mención individualizada de las casillas cuya votación solicita sea anulada y la causal que se invoca para cada una de ellas.

En el caso a estudio, el escrito de demanda cumple con ambos requisitos, ya que de su contenido se advierte un apartado de conceptos de nulidad, en cuyo punto SEGUNDO, el actor invoca la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la ley de la materia, consistente en haberse recibido la votación por personas distintas a las facultadas, lo cual hace valer respecto de cuarenta y dos casillas, cuyas circunstancias o motivos de impugnación se desprenden del cuadro que al efecto inserta.

Por otra parte, como ya quedó precisado, de la lectura íntegra de su escrito de demanda se advierten hechos y agravios que, realizado en su caso el estudio de fondo del asunto, pudieran generar la actualización de la causal genérica de nulidad de elección; además de que conforme a lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral, esta Sala tiene la facultad para suplir la deficiencia en la expresión de los agravios cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.

Aunado a lo anterior, debe estimarse que los agravios aducidos por el inconforme, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán desprenderse del capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados; lo vertido con anterioridad tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia S3ELJ 02/98, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en las paginas 12 y 13 de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo rubro y texto son los siguientes:

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.—Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-107/97.—Partido Revolucionario Institucional.—9 de octubre de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/98.—Partido de la Revolución Democrática.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-043/98.—Partido del Trabajo.—26 de agosto de 1998.—Unanimidad de votos.

Por lo antes expuesto, se declara infundada la causal de improcedencia hecha valer por el tercero interesado.

c) Falta de legitimación e interés jurídico. Al rendir su informe circunstanciado dentro de los autos del expediente ST-JIN-22/2009, la autoridad responsable invoca como causales de improcedencia, las relativas a la falta de legitimación e interés jurídico del promovente en dicho asunto.

Arguye la responsable que el medio de impugnación que se precisa debe ser desechado toda vez que el ahora inconforme, Partido Socialdemócrata, carece de legitimación e interés jurídico para interponerlo, sustentando su argumento en el hecho de que en la elección que nos ocupa, dicho instituto político quedó en último lugar con el cero punto ochenta por ciento (0.80%) de la votación, por lo que aun en el caso de que resultaran fundados sus agravios respecto de la nulidad de votación recibida en las dos casillas que impugna, no tendría repercusión alguna en su esfera jurídica ni propiamente en los resultados de elección en su beneficio, es decir, a juicio de la responsable, no se aprecia un agravio directo y personal en la esfera jurídica de dicho partido.

Son de desestimarse las causales de improcedencia aludidas, porque, en principio, el Partido Socialdemócrata sí tiene legitimación para promover el juicio de inconformidad antes mencionado, la cual deriva de lo dispuesto en el artículo 54, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que dispone que dicho medio impugnativo corresponde instaurarlo a los partidos políticos y, en la especie, quien promueve es el Partido Socialdemócrata, el cual todavía cuenta con registro ante el Instituto Federal Electoral.

Respecto de la falta de interés jurídico del enjuciante, este órgano jurisdiccional considera que tal causal tampoco se actualiza, dado que los partidos políticos que participan en el proceso electoral, además de tener un interés en el desarrollo del proceso electoral, también lo tienen respecto a que cada una de las determinaciones y resultados se encuentren apegados al principio de legalidad. Por tanto, cuando a su juicio estiman que no se cumplió con el principio aludido, además de estar legitimados para promover los medios de impugnación previstos en la ley, gozan del interés jurídico suficiente y necesario para acudir en defensa de los derechos que estiman afectados, pues es su deber velar porque todos los actos o resoluciones emitidos por las autoridades comiciales no se aparten de los lineamientos contenidos en las normas electorales, ya que los distintos medios impugnativos tienen como finalidad primordial garantizar la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales.

En efecto, el interés de un partido político para combatir los resultados electorales, subsiste aún cuando el acto producido de manera ilegal, en apariencia, no le afecte directamente en su esfera jurídica o su nulidad no le reporte algún beneficio, pues las normas electorales son de orden público y de observancia general, aunado a que los partidos son entidades de interés público.

En esa virtud, esta Sala considera que el partido político actor en el expediente ST-JIN-22/2009, sí tiene interés jurídico para reclamar la nulidad de la votación recibida en las casillas en que la votación no le favoreció, con independencia del lugar en que se hubiese ubicado en la contienda electoral, desde el momento en que considere que se violó el principio de legalidad que debe regir todos y cada uno de los actos electorales, máxime cuando por las impugnaciones que llegare a formular, se pudiere alterar el resultado de la elección.

Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis relevante S3EL 029/99, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 661 y 662, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR. LO TIENE TAMBIÉN EL PARTIDO POLÍTICO AL QUE LE FAVORECIÓ LA VOTACIÓN RECIBIDA (Legislación del Estado de Veracruz).” De una interpretación sistemática del contenido de los artículos 41 y 45 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, se obtiene que los partidos políticos que participan en una contienda electoral, además de tener un interés en el desarrollo del proceso electoral, también lo tienen respecto de que cada una de las determinaciones y resultados se encuentren apegados al principio de legalidad; de tal forma, que cuando a su juicio estiman que no se cumplió con el principio antes aludido, además de estar legitimados para promover los medios de impugnación, en ese momento nace también su interés jurídico para la defensa de los derechos que estiman afectados; consecuentemente, el interés de un partido político para combatir un acto o resolución electoral, no se agota cuando el acto producido de manera ilegal le favorezca, pues las normas electorales son de orden público y de observancia general. En esa virtud, el partido político actor tiene interés jurídico para reclamar la nulidad de la votación recibida en las casillas en que la votación le favoreció, al considerar que se violó el principio de legalidad.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-172/97.—Partido Revolucionario Institucional.—19 de diciembre de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eloy Fuentes Cerda.—Secretario: Antonio Rico Ibarra.

Revista Justicia Electoral 2000, Tercera Época, suplemento 3, página 50, Sala Superior, tesis S3EL 029/99.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 661-662.”

En el presente caso, como se advierte de su escrito de demanda, el citado Partido Socialdemócrata impugna actos que relaciona con la etapa de resultados de la elección de diputados federales, estimando que le afectan su esfera jurídica, por lo que se encuentra legitimado para promover este medio de impugnación en defensa de los derechos que le tutela la ley como entidad de interés público, razones suficientes para considerar que le asiste interés jurídico para promover el juicio de inconformidad de que se trata, lo que hace inatendible la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

En consecuencia, son de desestimarse las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable y por el tercero interesado.

CUARTO. Requisitos generales y especiales. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a) y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

A. Requisitos Generales.

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable; constan los nombres de los actores, firmas autógrafas de los promoventes, domicilios para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas al efecto; se identifica con precisión el acto impugnado y la autoridad responsable; se enuncian los hechos y agravios que dicho acto les causa, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

2. Legitimación.

Expediente ST-JIN-21/2009. El Partido Revolucionario Institucional cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se trata de un partido político con registro ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual se encuentra coaligado de forma parcial con el Partido Verde Ecologista de México para participar en las elecciones de diputados federales, entre otros, en el 28 Distrito Electoral Federal con sede en Zumpango, Estado de México, circunstancia que si bien posibilita que los medios de defensa puedan ser promovidos por la coalición como figura jurídica, ello no excluye el derecho que tienen los partidos políticos que conforman una coalición para ejercer su derecho de defensa, y combatir los actos y determinaciones de los órganos electorales por sí mismos.

Máxime que este Tribunal Electoral ha sostenido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 21/2002 publicada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, visible en las páginas 49 a 50, cuyo rubro es “COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL.”, que los partidos políticos tienen la condición jurídica necesaria para acudir a reclamar la violación a un derecho a través de los medios de impugnación, y que la legitimación de una coalición para impugnar se sustenta en la que tienen los partidos que la conforman.

Por tanto, si la legitimación de una coalición para promover medios de impugnación se basa en la que tienen los partidos que la integran, es evidente que tales partidos políticos tienen expedito su derecho para presentar medios de defensa para cuestionar actos y resoluciones de la autoridad electoral que consideren les ocasionen un agravio.

En efecto, por regla general, los actos jurídicos de los partidos políticos coaligados deben ser realizados por su representante, pero deben estimarse válidos también, los actos jurídicos que provengan de los representantes de los partidos políticos coaligados, ya que como la coalición no genera un nuevo ente jurídico y los partidos políticos que la integran conservan su calidad de personas jurídicas y peculiaridades, lo dispuesto en el artículo 98, párrafo 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala la obligación de los partidos políticos que pretendan coaligarse, de prever en el convenio respectivo quién ostentará la representación de la coalición para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, dicha representación no resulta ser propiamente de la coalición, sino que tal representación es realmente de los partidos políticos integrados en coalición.

Así las cosas, si tales partidos son los que confieren a una persona facultades de representación, para que ésta realice en nombre de aquéllos los actos necesarios para beneficio y protección de los intereses de los representados, es claro que quienes confirieron la representación pueden actuar también por sí mismos, ya que no hay precepto alguno que prevenga que cuando una persona o un conjunto de personas otorguen una representación, por esa circunstancia, la parte representada deje de existir jurídicamente, o bien, que cesen sus facultades y derechos relacionados con la representación conferida. Sobre todo, como ya se señaló, cuando hoy en día las coaliciones no tienen un representante común ante los órganos electorales, en tanto que cada uno de los partidos políticos que la conforman conserva a sus representantes, lo que genera la posibilidad de que cada partido político, como persona jurídica que es, actúe a través de su representante.

En efecto, en la actualidad ya no es exigible a nivel federal la regla de que los partidos coaligados designen a un representante común que los representará ante distintos organismos electorales, que sustituya al que en lo particular tenían los partidos políticos por separado.

En consecuencia, los partidos coaligados pueden interponer los medios de impugnación ya sea a través de los representantes de la coalición (conforme al convenio respectivo), o bien, los partidos políticos que integran una coalición pueden promover los medios de defensa en forma individual a través de sus representantes, como es el caso de los que tienen esa calidad ante los órganos electorales, en tanto que la figura de la coalición ahora implica que los partidos políticos conservan su individualidad aun cuando postulan al mismo candidato a un cargo de elección popular.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 08/99 publicada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, visible en las páginas 47 a 49, cuyo rubro y texto es el siguiente:

“COALICIÓN. REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS (Legislación de Coahuila).—De la interpretación sistemática de los artículos 23, 49, párrafo primero; 50, párrafos primero y quinto, fracción I; 60, párrafo primero, inciso e); 102, 214, fracción I, del Código Electoral del Estado de Coahuila; 25, fracción II del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal; 25, fracción II, del Código Civil para el Estado de Coahuila es posible estimar que, por regla general, los actos jurídicos de los partidos políticos coaligados deben ser realizados por el representante común; pero deben estimarse válidos también, los actos jurídicos que provengan de todos los representantes de los partidos políticos coaligados cuando actúan de consuno, siempre y cuando se reúnan los siguientes elementos: a) en la emisión del acto concurran todos los representantes de los partidos políticos coaligados; b) todos los representantes expresen su voluntad en el mismo sentido; c) la naturaleza de las cosas admita, que la emisión del acto provenga del conjunto de representantes de los partidos políticos coaligados, y d) no haya incertidumbre respecto al sentido de la voluntad de los partidos coaligados, incertidumbre que pudiera darse, por ejemplo, si el representante común emitiera, simultáneamente, algún acto que contradijera al producido de consuno por los representantes de los partidos coaligados. Si se diera tal situación, habría que resolverla aplicando las normas de interpretación de los actos jurídicos. La referida apreciación se justifica, porque como la coalición no genera un nuevo ente jurídico y los partidos políticos que la integran conservan su calidad de personas jurídicas y peculiaridades, la representación común que exige el artículo 50, párrafo quinto, fracción I, del Código Electoral del Estado de Coahuila, no resulta ser propiamente de la coalición, sino que tal representación es realmente de los partidos políticos integrados en coalición; de modo que si tales partidos son los que confieren a una persona facultades de representación, para que ésta realice en nombre de aquéllos los actos necesarios para beneficio y protección de los intereses de los representados, es claro que quienes confirieron la representación pueden actuar también por sí mismos, ya que no hay precepto alguno que prevenga que cuando una persona o un conjunto de personas otorguen una representación, por esa circunstancia, la parte representada deje de existir jurídicamente, o bien, que cesen sus facultades y derechos relacionados con la representación conferida. La circunstancia de que la parte final de la fracción I del párrafo quinto del artículo 50 del Código Electoral del Estado de Coahuila prevenga que, la representación de la misma sustituye, para todos los efectos legales a que haya lugar, a la de los coaligados, es explicable, porque cada partido político, como persona jurídica que es, actúa a través de un representante; pero si dos o más partidos políticos se coaligan y, en tal virtud, la coalición debe actuar como un solo partido, es claro que el representante de cada uno de los partidos coaligados representa únicamente a su propio partido y no a uno diferente. Por consiguiente, existe la necesidad legal de que los partidos nombren a un representante común, el que, por haber sido designado por todos los partidos coaligados, tiene la facultad de representarlos. Lo anterior debe relacionarse con lo dispuesto en el artículo 102, párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de Coahuila, según el cual, los partidos coaligados designarán un comisionado común que los representará ante distintos organismos, sustituyendo al que en lo particular tenían los institutos políticos por separado. Por ese motivo, la citada prevención de la sustitución, debe ser entendida en el sentido de que, ante la imposibilidad de que el representante de uno de esos partidos pueda representar a los demás, hay necesidad de que los partidos integrantes de la coalición nombren un representante respecto a todos ellos y ese representante sustituirá al de cada partido en lo particular; es decir, al constituirse una coalición, cada partido no actuará por sí solo, por conducto de su representante específico, sino que los partidos coaligados deberán actuar en conjunto y como el representante de cada instituto político no está facultado para representar a ese conjunto, la actuación en grupo se hará por conducto del representante común designado. Además, debe tenerse en cuenta que la institución del representante común no debe ir en contra de los intereses de los representados, sino en su beneficio.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-142/99 y acumulado.—Partido Cardenista Coahuilense.—11 de septiembre de 1999.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-144/99 y acumulado.—Partido Cardenista Coahuilense.—11 de septiembre de 1999.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-146/99 y acumulado.—Partido Cardenista Coahuilense.—11 de septiembre de 1999.—Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2000, suplemento 3, páginas 11-12, Sala Superior, tesis S3ELJ 08/99.”

Expediente ST-JIN-22/2009. El Partido Socialdemócrata cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que tiene el carácter de partido político nacional, con registro ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

3. Personería. Por cuanto a la personería de José Antonio Venegas Gutiérrez y José Enrique Sanabria Cabrera, quienes comparecen en su calidad de representantes, propietario y suplente, respectivamente, de los Partidos Revolucionario Institucional y Socialdemócrata, ante el 28 Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal Electoral, con cabecera en Zumpango, Estado de México, la misma se tiene por acreditada, en términos del artículo 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, del citado ordenamiento, toda vez que justifican tal carácter con las copias certificadas de sus respectivos nombramientos expedidos por los órganos competentes de los institutos políticos a los que representan, los cuales obran a fojas 12 y 16 de los expedientes ST-JIN-21/2009 y ST-JIN-22/2009, respectivamente, y merecen pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la ley invocada.

Aunado a lo anterior, la personería de quienes promueven a nombre del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Socialdemócrata, está plenamente reconocida por la autoridad responsable al rendir sus informes circunstanciados.

4. Oportunidad. Las demandas mediante las cuales se promueven los juicios de inconformidad al rubro citados, resulta oportuna en tanto que se presentaron dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de que concluyó la práctica de los cómputos distritales de la elección de diputados por ambos principios en el distrito electoral federal de que se trata, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la multicitada ley de la materia.

En efecto, según se advierte del “Acta de Resultados de Cómputo Distrital, Declaración de Validez de la Elección y Entrega de la Constancia de Mayoría Relativa y Validez de la Elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa”, la cual obra en original de fojas 134 a 146 del cuaderno accesorio número 2 del expediente ST-JIN-21/2009, y como así lo manifiesta la responsable en su informe circunstanciado, el referido cómputo concluyó el once de julio de dos mil nueve, por lo que el término para la promoción de los medios de impugnación que nos ocupan transcurrió del doce al quince de julio de este año, y las demandas se presentaron, precisamente, a las veintitrés horas con cuarenta minutos y a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos, respectivamente, del quince del mes y año en cita, según consta del sello de recepción que aparece en las mismas, siendo inconcuso que su presentación se realizó dentro del término de cuatro días que prescribe la ley.

B. Requisitos Especiales.

Los escritos de demanda mediante los cuales el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Socialdemócrata promueven los presentes juicios de inconformidad, satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la ley adjetiva de la materia, en tanto que los impugnantes encauzan su inconformidad en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 28 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de México.

En las referidas demandas se precisan, de manera individualizada, las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.

En el caso, la elección que se impugna no guarda relación con ninguna otra impugnación.

En vista de lo anterior, y al encontrarse satisfechos en la especie los requisitos de procedencia de estos juicios, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada.

QUINTO. Requisitos del escrito del tercero interesado. El Partido Acción Nacional, por conducto de su representante propietario ante el 28 Consejo Distrital Electoral del Instituto Federal en el Estado de México, José Alberto Bejarano Flores, presentó escrito mediante el cual se ostenta como tercero interesado en el juicio de inconformidad identificado con la clave ST-JIN-21/2009, advirtiendo este órgano jurisdiccional que dicho escrito cumple con los requisitos exigidos por la ley de la materia, como a continuación se precisa.

a) Legitimación. El Partido Acción Nacional está legitimado para comparecer al juicio de inconformidad número ST-JIN-21/2009, por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley procesal de la materia.

b) Personería. Se tiene por acreditada la personería del ciudadano José Alberto Bejarano Flores, quien comparece al citado juicio en representación del partido tercero interesado, toda vez que a foja 133 del cuaderno accesorio número 2 del mencionado expediente, obra copia certificada de su nombramiento, expedido por los órganos competentes del partido político al que representa.

c) Oportunidad. Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 de la ley procesal electoral, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación del medio de impugnación que nos ocupa, de acuerdo al contenido de la razón de fijación de la cédula correspondiente de notificación en estrados, que obra a foja 186 del expediente ST-JIN-21/2009, en la que se indica como hora de fijación las veintidós horas con treinta minutos del día dieciséis de julio del año en curso, y así como del acuse de recibo de autos, donde se asienta que la recepción del escrito ocurrió siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos del diecinueve del mes y año que se citan (foja 189-anverso del propio expediente).

d) Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el nombre del tercero interesado, nombre y firma autógrafa del representante propietario del compareciente, la razón del interés jurídico en que se funda su comparecencia y su pretensión concreta.

SEXTO. Fijación de la litis. De los escritos de demanda se advierte que los partidos hoy actores promueven los medios de impugnación que ahora se resuelven, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa del 28 Distrito Electoral del Estado de México, por nulidad de la votación recibida en casilla.

En el caso particular del Partido Revolucionario Institucional, impugna, además, la declaración de validez de la elección de diputado federal al Congreso de la Unión, por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 28 distrito electoral uninominal con sede en Zumpango, Estado de México y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida a favor de los candidatos postulados por el Partido Acción Nacional.

En consecuencia, la litis en los presentes juicios está conformada entre los actos reclamados y los motivos de inconformidad que sobre ellos aducen los actores, por lo que la presente sentencia deberá señalar si son fundados o no los motivos de inconformidad aducidos, a través de los que se pretende demostrar que debe anularse la votación recibida en diversas casillas y también declararse la nulidad de la elección impugnada.

SÉPTIMO. Suplencia de la deficiencia de los agravios. Previo al examen de la controversia sujeta al imperio de este órgano jurisdiccional, debe precisarse que en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta autoridad se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por el inconforme, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos. De igual manera, esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve este medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ03/2000, visible en las páginas 21 y 22, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis relevantes 97-2005, cuyo rubro es el siguiente: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DEL PEDIR”.

En ningún caso, se decretará la nulidad de la votación recibida en casilla, cuando los hechos o circunstancias alegadas por quienes promueven los medios de impugnación, hayan sido provocadas por ellos mismos, tal y como lo dispone el artículo 74 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Cabe señalar que en aquellas causales de nulidad invocadas por los actores, y que por su redacción literal no establecen expresamente como elemento integral que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, esta Sala entrará a su análisis, a la luz de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número S3ELJ13/2000, cuyo rubro es el siguiente: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”, visible en las páginas 202 y 203, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.

Por otra parte, es de mencionar, que en aras de privilegiar los resultados de la votación o de la elección, aquellas irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas durante la jornada electoral por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados en forma básica, son seleccionados como funcionarios a fin de integrar las mesas directivas de casilla, no producirán el efecto anulatorio de la causal de que se trate, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en la tesis de jurisprudencia número S3ELJD01/98, sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”, visible en las páginas 231 y 232, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.

OCTAVO. Estudio de fondo. Como se desprende de los escritos mediante los cuales los partidos políticos enjuiciantes promueven los presentes juicios de inconformidad, son objeto de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 28 Distrito Electoral del Instituto Federal Electoral en el Estado de México; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 28 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en la citada entidad federativa, al estimar que en el caso se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como la nulidad de elección.

Al respecto, para el estudio de fondo de la cuestión planteada en el presente asunto, por razón de método, esta Sala analizará en primer lugar los agravios referentes a la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas y, en segundo lugar, los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional respecto de la nulidad de la elección de diputados en comento.

Así, esta autoridad se avoca al análisis de los motivos de queja esgrimidos por los hoy actores, sistematizando su estudio, mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de controversia, atendiendo a la causal que en cada caso se invoca.

Las casillas impugnadas, así como las causales de nulidad de votación que se invocan por los accionantes, son las siguientes:

A)   PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

B)  PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA

NOVENO. Estudio de la causal de nulidad relativa a la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas. Respecto de las cuarenta y un (41) casillas siguientes: 4213 C1, 4213 C13, 4215 B, 4220 B, 4222 C1, 4228 C3, 4228 C6, 4228 C10, 4231 C1, 4231 C3, 4232 C1, 4240 C1, 4246 C2, 4247 B, 4248 C2, 4249 C2, 4251 EXT1 C2, 4254 B, 5881 C1, 5882 B, 5882 C2, 5882 C5 ,5882 C7, 5882 C10, 5885 C1, 5887 C2, 5888 C1, 5889 C1, 5892 B, 5892 C1, 5892 C2, 5900 B, 5902 C1, 5907 B, 5907 C3, 5909 C1, 5909 C2, 5910 B, 5910 C2, 5921 C1 y 5923 C1, el Partido Revolucionario Institucional hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso e), del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el código electoral federal, haciendo valer como agravio, esencialmente, lo que enseguida se transcribe:

“… si en la especie hay funcionarios que aparecen bajo el rubro SEGÚN ACTA, previamente insaculados por la autoridad electoral para recibir la votación, que posteriormente no se ubican en la casilla de ENCARTE, lo que quiere decir que dichos funcionarlos no podían participar el día de la jornada electoral, pues no fueron de los previamente designados por la autoridad electoral competente.

En un segundo ejercicio, dichos ciudadanos tampoco pertenecen a la sección electoral de la casilla donde fungieron como funcionarios, lo que pone en duda que hayan sido designados de manera legal el día de la jornada electoral, ya que como se ha señalado anteriormente, el procedimiento de sustitución de funcionarios establece que debe ser con ciudadanos tomados de la fila a para votar, lo que se encuentra en duda debido a que al no pertenecer dichos ciudadanos a la sección electoral de la casilla en la que fungieron como funcionarios, no podrían haber estado formados en la fila para votar de dicha casilla.

Por tales motivos la votación de dichas casillas señaladas en forma específica, debe ser anulada en términos de lo previsto en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y por las razones apuntadas a lo largo del presente agravio, dado que en los expresados términos, la mesa directiva de casilla se integró en evidente contravención a la ley de la materia y la jurisprudencia al respecto establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En ese tenor, fungieron como integrantes de las mesas directivas de casilla, personas que no se encontraban facultadas para ello, por no ser de las autorizadas en el encarte respectivo y tampoco se encuentran inscritos en la lista nominal de cada una de las secciones electorales que corresponde al ámbito territorial de las casillas en las que fungieron como funcionarios, por lo que es inconcuso que en cada una de ellas se acredita la casual de anulación que refiere el inciso e), del párrafo 1, del artículo 75 de la Ley adjetiva electoral.”

Cabe precisar que en su escrito de demanda, el Partido Revolucionario Institucional insertó una tabla que contiene la relación de casillas impugnadas por la causal e), misma que es consultable de fojas 27 a 35 del cuaderno principal del expediente ST-JIN-21/2009, de donde se advierten los nombres de los ciudadanos impugnados, así como el motivo por el cual considera que se trata de personas no facultadas para recibir la votación recibida en cada una de las cuarenta y un casillas que impugna (ya sea porque no aparecen en el encarte, o bien, porque no se encuentran en la lista nominal de la sección a la que pertenece la casilla en la que actuaron). Asimismo, del contenido de dicha tabla, se advierte que el hoy impugnante cita dos veces la casilla 5888 C1, por lo que el análisis que realice esta Sala Regional versará sobre un total de cuarenta y un (41) casillas, y no cuarenta y dos (42) como lo solicita el hoy actor.

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, es necesario tener presente lo dispuesto por el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:

“1. La votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

...

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

...”

Para efectos de analizar la causa de nulidad que nos ocupa, es necesario precisar cuáles son los órganos y quiénes las personas  autorizadas para recibir la votación, atento a la normatividad prevista en la legislación electoral federal.

En todo sistema democrático resulta indispensable la renovación periódica de los órganos del Estado a través de elecciones populares.

Con este fin, el día de la jornada electoral en el ámbito de las casillas, los integrantes de las mesas directivas, con la participación ordenada de los electores, ante la presencia de los representantes de partidos políticos y observadores, llevan a cabo el acto más trascendente e importante del proceso electoral, consistente en la recepción de la votación.

Por su parte, el artículo 41 constitucional señala que las mesas directivas de casilla estarán conformadas por ciudadanos, señalándose en los artículos 156 a 160 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los requisitos para ser integrante de estos órganos electorales y las atribuciones que a cada uno competen.

De este modo, llevado a cabo el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla que se prevé en el artículo 240 del ordenamiento legal en cita, los ciudadanos seleccionados por el Consejo Distrital correspondiente, serán las personas autorizadas para recibir  la votación.

De conformidad con el artículo 154 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las mesas directivas de casilla que se instalan en cada sección electoral, son los únicos órganos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de ésta. Dichos órganos se integran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, en términos del artículo 155, párrafo 1, del mismo ordenamiento.

Al respecto, para que se actualice la causal de mérito, se requiere acreditar, alguno de los siguientes elementos:

a)      Que la votación se recibió por personas diversas a las autorizadas.

Esto es, que quienes recepcionen el sufragio sean personas que no hubiesen sido previamente insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo, y que no se encuentren inscritas en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a la casilla, o bien, que tienen algún impedimento legal para fungir como funcionarios.

b) Que la votación se reciba por órganos distintos a los previamente autorizados, es decir, que otro órgano diverso a la mesa directiva de casilla, aun cuando sea una autoridad electoral, recepcione el voto ciudadano.

c) Que la mesa directiva de casilla no se integró con la mayoría de los funcionarios (Presidente, Secretario y Escrutadores).

Se destaca que el día de la jornada electoral, las personas previamente designadas como funcionarios propietarios de casilla deben proceder a su instalación a partir de las ocho 8:00 horas, en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran, debiéndose levantar el acta de la jornada electoral, en la que se hará constar, entre otros datos, el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla, conforme lo dispone el artículo 259, párrafos 1, 2 y 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El acta deberá ser firmada, tanto por los funcionarios, como por los representantes que actuaron en la casilla, según lo determina el artículo 261, párrafo 1, del código de la materia.

Sin embargo, en caso de no instalarse la casilla en la hora legalmente establecida, por la ausencia de uno o varios de los funcionarios designados como propietarios, en la propia ley se contempla la forma de sustitución de los funcionarios ausentes.

Así, conforme lo dispone el artículo 260 del código en cita, de no instalarse la casilla a las ocho horas con quince minutos 8:15, estando presente el presidente, éste designará a los funcionarios faltantes, primero, recorriendo el orden de los funcionarios presentes y habilitando a los suplentes y,  en su caso, con los electores que se encuentren en la casilla.

En términos del mismo artículo, no encontrándose presente el presidente pero sí el secretario, éste asumirá las funciones de aquél y procederá a la instalación de la casilla. 

Estando sólo un escrutador, él asumirá las funciones de presidente y hará la designación de los funcionarios faltantes.

Estando sólo los suplentes, uno asumirá la función de presidente y los otros de secretario y primer escrutador, debiendo proceder el primero a la instalación de la casilla.

En caso de no asistir los funcionarios previamente designados, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la mesa directiva y designará al personal encargado de ejecutar las labores correspondientes y cerciorarse de ello.

Cuando por razón de la distancia o dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención del personal del Instituto, a las diez horas, los representantes de los partidos ante las mesas de casilla, designarán por mayoría a los funcionarios de entre los electores que se encuentren presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar. En este último supuesto, se requiere la presencia de un Notario Público o Juez; en ausencia de éstos, bastará la conformidad de los representantes de los partidos políticos.

Los nombramientos nunca podrán recaer en los representantes de los partidos, candidatos o funcionarios públicos.

Hechas las sustituciones en los términos que anteceden, la mesa recibirá válidamente la votación.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada. Para ello, habrá de tomarse en cuenta el encarte publicado de ubicación e integración de casillas; formato denominado “L.1 Sustitución de funcionarios”, relativo a los cambios en la integración de diversas mesas directivas de casilla, correspondientes al 28 Distrito Electoral Federal en el Estado de México, suscitados días previos al de la jornada electoral, documento que por haber sido requerido a la responsable, mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora el veintiuno de julio del año en curso, obra de fojas 239 a 242 del cuaderno principal del expediente ST-JIN-21/2009; actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes. Documentales que merecen valor probatorio pleno, conforme lo señalan los artículos 14 y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de documentos públicos, cuyo contenido no se encuentra desvirtuado con algún otro elemento de prueba.

Para un mejor análisis de la causal de nulidad en examen, con la información contenida en los referidos elementos probatorios, se elabora el siguiente cuadro: