JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTES: ST-JIN-43/2021 Y ACUMULADOS

ACTOR: PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO Y OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: 23 CONSEJO ELECTORAL DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CON CABECERA EN LERMA DE VILLADA, ESTADO DE MÉXICO

TERCERO INTERESADO: MORENA

MAGISTRADO PONENTE: ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ

SECRETARIO: GERARDO SÁNCHEZ TREJO

Toluca de Lerdo, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintiuno[1].

VISTOS para resolver, los autos de los juicios de inconformidad ST-JIN-43/2021, ST-JIN-80/2021, ST-JIN-109/2021 y ST-JIN-110/2021, promovidos, respectivamente, por los partidos Encuentro Solidario[2], Fuerza por México[3], Revolucionario Institucional[4] y Redes Sociales Progresistas[5] en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo Distrital de la elección de Diputados Federales por el 23 Distrito Electoral Federal, la validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría; y

RESULTANDO

I. Antecedentes. De las demandas y de las constancias se advierte:

a. Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veinte, inició el Proceso Electoral Federal 2020-2021 a fin de renovar la cámara de diputados.

b. Jornada Electoral. El seis de junio se llevó a cabo la Jornada Electoral para la elección de Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 23; en esa misma fecha fue publicado el Programa de Resultados Preliminares.

c) Cómputo de la elección. El nueve de junio, el Consejo Electoral Distrital 23, con sede en Lerma, Estado de México inició el cómputo de la elección el cual concluyó el inmediato 10.

En la misma sesión se llevó a cabo el recuento total de las casillas instaladas en el Distrito, del que se obtuvieron los resultados siguientes:

Concluido el cómputo, el consejo responsable declaró la validez de la elección de diputados de mayoría relativa y expidió la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula integrada por el partido MORENA.

II. Juicios de inconformidad. El doce, trece y catorce de junio, los partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México Revolucionario Institucional, y Redes Sociales Progresistas, promovieron juicios de inconformidad en contra de los resultados del cómputo, declaración de validez y expedición de la constancia de mayoría.

III. Recepción de constancias y turno a ponencia. Los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de junio, respectivamente, se recibieron en esta sala regional las constancias de los juicios, por lo que la Magistrada Presidenta acordó integrar los expedientes ST-JIN-43/2021, ST-JIN-80/2021, ST-JIN-109/2021 y ST-JIN-110/2021, y turnarlos a la ponencia del magistrado Alejandro David Avante Juárez.

IV. Radicación, vista, requerimientos y admisión. En su oportunidad, el magistrado instructor radicó los expedientes, dio vista a la fórmula ganadora, requirió documentación diversa a la autoridad responsable, así como al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y admitió las demandas.

V. Incidente de nuevo escrutinio y cómputo en sede jurisdiccional. Mediante acuerdo plenario de uno de julio se abrió incidente de nuevo escrutinio y cómputo en los juicios ST-JIN-43/2021, ST-JIN-80/2021 y ST-JIN-110/2021, los cuales fueron resueltos como improcedentes el diez de julio.

 VI. Dictamen y Resolución. El veintidós de julio el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG1415/2021 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas al cargo de diputación federal correspondientes al proceso electoral federal ordinario 2020-2021[6].

VII. Ampliación de demanda y pruebas supervenientes. El Magistrado instructor reservó para el momento procesal oportuno la ampliación de demanda y pruebas supervenientes ofrecidas por los partidos Encuentro Solidario y Fuerza por México[7].

VIII. Cierres de instrucción. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado instructor declaró cerrada la instrucción en los juicios.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, es competente para conocer y resolver este asunto, al tratarse de juicios de inconformidad promovidos por diversos partidos políticos, en contra del cómputo y resultados de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, celebrado en el 23 Consejo Electoral Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, con cabecera en Lerma de Villada; entidad, ámbito de gobierno y elección en los que esta sala es competente.

Ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI; 94, párrafos primero y quinto, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;[8] 1°, fracción II; 164; 165; 166, párrafo primero, fracción I; 173, párrafo primero, 176, párrafo primero, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[9], así como 3°; 4; 53, párrafo 1, inciso b); de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[10]

Asimismo, en el Acuerdo INE/CG329/2017,[11] de veinte de julio de dos mil diecisiete, por el cual se aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país, por parte del Consejo General del INE.

SEGUNDO. Justificación para resolver en sesión no presencial. El uno de octubre de dos mil veinte, la Sala Superior de este Tribunal Electoral emitió el acuerdo General 8/2020 por el cual, aunque reestableció la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo segundo, determinó que las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias, hasta que el Pleno de ese órgano jurisdiccional determine alguna cuestión distinta.

En ese sentido, se justifica la resolución de este juicio de manera no presencial.

Cabe precisar, que se resuelven estos juicios hasta esta fecha, dentro del plazo legal previsto en la ley, debido a que el actor del juicio ST-JIN-109/2021 invocó como causa de nulidad de la elección el supuesto rebase del tope de gastos de campaña en que incurrió la fórmula ganadora.

En el caso, derivado del desfase temporal que existe entre el proceso de fiscalización de los gastos de campaña y la etapa de impugnación de la validez de la elección, es que esta autoridad federal tuvo que esperar a que el dictamen de mérito emitido por la autoridad federal administrativa causara estado, a fin de poder allegarse del mismo, y proceder a su estudio a la luz de los agravios expuestos, al constituir la base de estudio de esa causal de nulidad.

Así, fue hasta el veintidós de julio pasado que el INE dictó la resolución correspondiente y el veintiocho del mismo mes la notificó al partido actor de ese juicio, por lo que hasta este momento es que este órgano jurisdiccional estuvo en condiciones de dictar la sentencia correspondiente.

TERCERO. Acumulación. Esta Sala Regional advierte la existencia de conexidad en la causa, en virtud de que los actores controvierten el mismo acto, señalan a la misma autoridad responsable y su pretensión es la misma, consistente en modificar y revocar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, por la nulidad de la votación recibida en varias casillas o por la nulidad de la elección.

Con fundamento en el artículo 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de facilitar la resolución de estos juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias, lo procedente es acumular los juicios ST-JIN-80/2021, ST-JIN-109/2021 y ST-JIN-110/2021 al ST-JIN-43/2021, por ser éste el más antiguo.  

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes acumulados.

CUARTO. Tercero interesado. En todos los juicios comparece con ese carácter el partido MORENA, a quien se le tiene reconocida esa calidad conforme con lo siguiente:

a. Calidad. De conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Medios, el tercero interesado, entre otros, es el partido político con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor.

El Partido MORENA tiene interés para comparecer como tercero interesado al ser quien obtuvo la primera minoría de la elección controvertida, de ahí que, si los partidos actores pretenden modificar los resultados o anular tales comicios, es evidente que tienen un derecho incompatible con el del tercero.

b. Legitimación y personería. El párrafo 2, del artículo 12 de la ley citada, señala que el tercero interesado deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre y cuando justifiquen la legitimación para ello.

En el particular, quien comparece en representación de MORENA tiene reconocido su carácter de representante propietario ante la responsable, tal como se lo reconoce en las razones de retiro de cada juicio, anexas a los informes circunstanciados rendidos por el consejo responsable.

c. Oportunidad. De conformidad con el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la referida Ley de Medios, la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 72 horas fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice su publicidad.

El párrafo cuarto, del artículo 17 de la Ley de Medios, señala que dentro del plazo de publicación del medio, los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

Los juicios de inconformidad se presentaron el 12, 13 y 14 de junio del año en curso, mientras que la publicitación se dio, en cada caso, como sigue:

Sobre la base anterior, es evidente la oportunidad de su comparecencia en todos los juicios.

QUINTO. Causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables y terceros interesados. En todos los juicios la autoridad responsable invoca la frivolidad de la demanda como causa de improcedencia. Por su parte, MORENA invoca la misma causal también en el juicio ST-JIN-43/2021.

Al respecto, argumentan que no se satisfacen los requisitos de procedibilidad porque la demanda es vaga, genérica y oscura; se funda en hechos falsos; no se individualizan las casillas; no se menciona el nombre el funcionario que recibió la votación de manera indebida; no se indica el perjuicio causado o bien, que sus pretensiones no se pueden alcanzar jurídicamente; además, por la falta de un adecuado ofrecimiento de pruebas.

La causal de improcedencia se desestima.

Contrario a lo manifestado, de las demandas se advierte, expresamente, el planteamiento de hechos, así como de argumentos encaminados a cuestionar los resultados de la elección y su validez, entre otras razones, por la presunta existencia de diversas causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley de medios; asimismo, identifica de manera expresa las casillas en las que consideran que se actualiza la causal de nulidad; circunstancias suficientes para tener por acreditado el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 9°, párrafo 1, inciso e), de la ley adjetiva electoral, en relación con lo los artículos 23, párrafo 1, así como 52, párrafo 1, inciso a), de la misma ley.

En tal sentido, la calificación respecto de la eficiencia de los agravios planteados en la demanda será motivo del estudio de fondo que, en su caso, proceda, por lo que no es admisible, como lo pretenden la autoridad responsable y el compareciente, analizar tal circunstancia durante la verificación del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad del medio de impugnación.

Tampoco les asiste la razón respecto de que la parte demandante no ofreció de manera adecuada sus pruebas; tanto porque no precisan en qué consiste, en su concepto, el indebido ofrecimiento que refieren, como porque en el artículo 19, párrafo 2, de la ley de Medios se establece que la no aportación de las pruebas ofrecidas, en ningún supuesto será motivo para desechar el medio de impugnación puesto que, en todo caso, la Sala resolverá con los elementos que obren en autos.

Asimismo, si bien en el artículo 9°, párrafo 3, de la Ley de Medios, se establece que es improcedente el medio de impugnación frívolo, ante lo cual se debe desechar de plano la demanda, también se afirma que existe frivolidad cuando resulta notorio el propósito de promoverlo sin existir motivo o fundamento para ello, así como en el supuesto en que no se pueda alcanzar el objetivo que se pretende, con la promoción del respectivo juicio o recurso electoral.

Lo anterior significa que la frivolidad de un medio de impugnación electoral se sustenta en el hecho de ser totalmente intrascendente o carente de sustancia jurídica, circunstancia que no opera en este caso, puesto que de las demandas se advierten hechos y conceptos de agravio dirigidos a instar el estudio de las presuntas violaciones en su perjuicio, en las casillas que indican en sus demandas.

Por tanto, no carecen de sustancia ni son intrascendentes, ya que existe la posibilidad de que, derivado del análisis del fondo del asunto, resulte procedente acoger las pretensiones de los partidos políticos actores, lo que desde luego hace inadmisible la petición de la responsable y del tercero interesado de calificar como frívola la demanda, desecharla por tal motivo y sancionar a los promoventes. De ahí que se desestime la causal de improcedencia en estudio.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 33/2002 de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.[12]

SEXTO. Requisitos generales y especiales. Se tienen por satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 9, párrafo 1; 52, párrafo 1, y 55, párrafo 1, de la Ley de Medios.

A)    Generales

Forma. Las demandas se presentaron por escrito, ante la autoridad señalada como responsable, en ellas se hace contar el nombre de los partidos actores, la firma autógrafa de sus representantes, el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para tal efecto; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se enuncian hechos y agravios, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

Oportunidad. Se considera que los juicios se presentaron en tiempo, en tanto que ello ocurrió dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó el cómputo de entidad de la elección de diputados que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

Legitimación y personería. Los partidos actores están legitimados para promover este juicio de inconformidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios, toda vez que se trata de partidos políticos con registro ante el Consejo General del INE.

Asimismo, se tiene reconocida la personería a Carlos Enrique Vallejo Camacho e Isidoro Rosano Osorio, en su carácter de representante propietario y suplente respectivamente del PRI; Enio Alejandro Abarca Cantillo, en su carácter de representante propietario del PES, y Frida Alondra Guzmán Rodríguez, en su carácter de representante propietaria del partido RSP, todos, ante el 23 Consejo Distrital Electoral del Instituto, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 párrafo 1 inciso a), fracción I, de la Ley de Medios, y el carácter con el que se ostentan fue reconocido en el informe circunstanciado.

Por lo que hace a Luis Alberto Contreras Salazar, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido FXM, se tiene acreditada su personería en términos del artículo 13, párrafo 1 inciso a), fracción II, de la Ley de Medios.

Para acreditar su calidad, la cual reconoció la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, el promovente anexó a su escrito de demanda copia del libro de registro a cargo de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, conforme a la cual se advierte que ese ciudadano ejerce el cargo en el que se ostenta, por lo que el partido político actor comparece por conducto de su representante en el Estado de México, lo que le confiere legitimación procesal para promover el juicio de inconformidad.

Interés jurídico. Los actores tienen interés jurídico para promover este medio de impugnación, dado que controvierten los resultados consignados en las actas de cómputo distrital de la elección en la que participaron, para elegir diputaciones federales de mayoría relativa en el 23 Distrito Electoral Federal del INE en el Estado de México, con cabecera en Lerma de Villada.

Definitividad. En la ley no se prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado previamente a promover este juicio de inconformidad.

B) Especiales

Los escritos de demanda satisfacen los requisitos especiales a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, de la Ley de Medios, toda vez que se impugnan los resultados consignados en las actas de cómputo distrital federal, la expedición de las constancias de mayoría respectivas y la declaración de validez, realizados por el 23 Consejo Distrital del INE en el Estado de México. Asimismo, se precisan de manera individualizada, las casillas cuya votación solicita sea anulada, así como las causales de nulidad que se invocan en cada caso.

Al estar satisfechos los requisitos de procedibilidad de los juicios, lo conducente es el estudio de fondo de la cuestión planteada en cada juicio.

SÉPTIMO. Ampliación de demanda y pruebas. Los partidos Encuentro Solidario y Fuerza por México ofrecieron en su demanda como pruebas las documentales consistentes en las actas de escrutinio y cómputo de las mesas directivas de casilla; el acta de resultados del cómputo de la votación; los escritos de incidentes de la jornada electoral y el acta circunstanciada de la sesión de escrutinio y cómputo.

Sin embargo, se deben desechar porque incumplieron con lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Medios puesto que no las presentaron junto con su demanda de juicio de inconformidad ni dentro del plazo para presentar la impugnación; tampoco acreditó haberlas solicitado de manera previa.

Lo anterior, con independencia de que, al ser documentos que obran en el expediente remitido por la autoridad responsable, o fueron ofrecidas y aportadas por otros actores, de ser el caso, se analicen por ser parte instrumental de las actuaciones de estos juicios.

Por otra parte, las pruebas ofrecidas y aportadas por Fuerza por México en el juicio 80, con calidad de supervenientes, mediante escrito de diecisiete de junio, tampoco pueden ser analizadas por esta Sala Regional, por las razones siguientes.

El catorce de junio Fuerza por México presentó escrito dirigido al Presidente del 23 Consejo Distrital Electoral del INE en el Estado de México, mediante el cual solicitó la certificación del dictamen pericial en informática forense que anexó a su escrito, con la pretensión de que se admita como prueba superveniente para evidenciar lo que considera un activismo de diversos artistas (“influencers”) que solicitaron en redes sociales el voto a favor del Partido Verde Ecologista de México, durante las etapas del proceso electoral incluido el día de la jornada electoral.

Al respecto, cabe precisar que, conforme con el artículo 14, párrafo 7, de la Ley de Medios, la prueba pericial sólo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos.

En tal sentido, no es posible admitir la prueba pericial en este caso, con independencia de su carácter superveniente o no, en virtud de que estos juicios sí están vinculados con un proceso electoral cuyo acto impugnado son los resultados de la elección de diputados federales en el distrito 23 en el Estado de México.  

Por otro lado, mediante escrito de diecisiete de junio dirigido a los magistrados de esta sala regional, Fuerza por México remitió, además del dictamen pericial antes referido, dos actas mediante las cuales el Instituto Electoral del Estado de México certifica la existencia en redes sociales “del activismo de diversos artistas solicitando el voto en favor del PVEM”.  

Tales pruebas tampoco pueden ser analizadas por este órgano jurisdiccional, en primer lugar, pues pierden sustento al referirse a las circunstancias vertidas en la prueba pericial referida. En segundo lugar, estas pruebas no tienen la calidad de supervenientes que pretende el actor. 

En efecto, sobre las pruebas supervenientes el artículo 16, párrafo 4, de la Ley de Medios, señala que tienen tal carácter:  

a) Los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse, y  

 b) Los surgidos antes de que fenezca el mencionado plazo, pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaba a su alcance superar.  

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que los medios prueba surgidos con posterioridad al vencimiento del plazo en que deban aportarse, mencionados en el inciso a), sólo tendrán el carácter de prueba superveniente si el surgimiento posterior obedece a causas ajenas a la voluntad de quien la propone, pues si se otorgara el carácter de prueba superveniente a un medio de convicción surgido en forma posterior por un acto de voluntad del propio oferente, indebidamente se permitiría a las partes que, bajo el expediente de las referidas pruebas, subsanaran las deficiencias en el cumplimiento cabal y oportuno de la carga probatoria que la ley les impone.  

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 12/2002 de rubro PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE.[13]

En el caso, Fuerza por México pretende presentar como pruebas supervenientes certificaciones de oficialía electoral relativas a diversas publicaciones en redes sociales de “influencers” que, a decir del propio actor, se dieron durante todo el proceso electoral (antes y durante la campaña, el día de la jornada electoral y después de ella), particularmente, en el periodo de veda electoral, cuya certificación solicitó al Instituto Electoral local el catorce de junio, esto es, el mismo día en que presentó la demanda de juicio de inconformidad.  

En ese sentido, el actor incumplió con lo previsto en el citado artículo 14 de la Ley de Medios, puesto que no las ofreció ni presentó junto con su demanda de juicio de inconformidad, sino que las solicitó a diversa autoridad en esa misma fecha; y tampoco las presentó dentro del plazo para presentar la impugnación ni anexó a la demanda la solicitud previa de las mismas.  

Esto es, si bien obtuvo las actas de certificación con posterioridad a la presentación de su demanda, ello no es suficiente para considerarlas supervenientes, dado que no se advierte alguna causa ajena a su voluntad que le hubiera impedido solicitarlas de manera oportuna; máxime que los hechos que pretende acreditar ocurrieron, en su mayoría, antes de la jornada electoral, incluso, antes de la sesión de cómputo distrital de la elección que impugna.  

 Así, en cumplimiento a la jurisprudencia en cita, y al no estar justificada la presentación de tales pruebas de manera posterior a la demanda, es que no se les puede conceder el carácter de supervenientes y, por tanto, no serán valoradas.  

Ampliación de demanda y pruebas supervenientes

El veintisiete y veintiocho de julio, respectivamente, los partidos Encuentro Solidario, actor en el juicio ST-JIN-43/2021 y Fuerza por México, actor del juicio ST-JIN-80/2021, presentaron escritos mediante el cual pretenden ampliar su demanda y ofrecer como prueba superveniente, la resolución del Consejo General del INE respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso y de queja en materia de fiscalización, instaurado contra en Partido Verde Ecologista de México, expediente INE/P-COF-UTF/686/2021 y sus acumulados (resolución INE/CG1314/2021).

Ambos, invocando la jurisprudencia de la Sala Superior 18/2018 de rubro: “AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR”.

Encuentro solidario

En cuanto al partido Encuentro Solidario, no es procedente admitir la ampliación de la demanda ni la prueba superveniente indicada, toda vez que el oferente no tiene reconocida en el expediente la personería con que se ostenta.

En efecto, conforme a las constancias de autos, el representante del partido que promovió el juicio fue Enio Alejandro Abarca Cantillo, en cuanto representante propietario del partido Encuentro Solidario ante el consejo responsable, personería que le reconoció esa autoridad y así se tiene en el expediente correspondiente.

Sin embargo, el promovente de la acción de ampliación de demanda y oferente de la prueba es Adrián Saúl Martínez Santillán, quien manifiesta ser representante del partido ante el Consejo responsable y promovente del juicio de inconformidad ST-JIN-43/2021, lo que no es acorde con el escrito de demanda, por lo que no tiene reconocido ese carácter en el juicio.

Aunado a lo anterior, no anexa a su escrito documento alguno que lo acredite ante la autoridad responsable con el carácter que ostenta, ni demuestra o al menos argumenta que sustituyó al representante que promovió la demanda o bien, que tiene otorgada alguna representación para ejercer acciones que modifican la litis propuesta originalmente, como lo es la ampliación de una demanda.

Partido Fuerza por México

De manera destacada, el actor manifiesta en su escrito de ampliación de la demanda lo siguiente:

a) Que ratifica el señalamiento de autoridad responsable y acto impugnado hecho en su escrito de demanda principal, a fin de no variar la litis.

b)  El hecho superveniente que invoca incidió de manera directa en la elección impugnada.

c)  Del tres al seis de junio diversas personas publicaron en medios electrónicos llamado al voto en favor del PVEM.

d) Seguidos los procedimientos de quejas en materia de fiscalización, el veintidós de julio el Consejo General del INE los resolvió (INE/CG1314/2021) e impuso al PVEM diversas sanciones.

e) Que con las conductas acreditadas se actualiza la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, como lo precisó en su escrito inicial de demanda, por la participación de personas popularmente conocidas como “influencers”.

f) Con la determinación emitida por el Consejo General del INE se evidenció la intención del PVEM de posicionarse de forma indebida ante el electorado lo que le representó un beneficio que vulneró los principios de equidad y legalidad en la contienda electoral, con independencia de que no haya ganado en algún distrito.

En concepto de esta Sala Regional el escrito no puede ser considerado como una ampliación de demanda, puesto que no se trata de hechos novedosos íntimamente relacionados con la pretensión deducida en su demanda primigenia o desconocidos por parte del actor al momento de presentarla.

En efecto, la resolución por sí misma no se traduce en un hecho novedoso, sino que constituye la evaluación técnica-jurídica de la autoridad administrativa electoral sobre hechos denunciados en la vía del procedimiento administrativo sancionador pero que, esencialmente, son los mismos expuestos en la demanda inicial de este juicio de inconformidad.

En ese orden de ideas, no se satisfacen los requisitos para considerar que se trata de hechos surgidos con posterioridad a la presentación de la demanda, con independencia de que la resolución, la cual se admite como prueba superveniente toda vez que ese acto jurídico sí surgió con posterioridad a la presentación de la demanda inicial, se valore al momento de estudiar los agravios relativos a la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales.

OCTAVO. Precisión del acto reclamado. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la Sala Superior de este Tribunal, que el escrito de demanda es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del ciudadano.

Lo anterior, tiene sustento en las tesis de jurisprudencia 4/99, de rubro: “MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR”[14].

Por ello se obtiene que el acto reclamado en los juicios lo constituyen los resultados del acta de cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa en el 23 Distrito Electoral Federal con cabecera en Lerma de Villada, Estado de México

En lo que interesa, resulta orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro “ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.”

Cabe aclarar que los partidos Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas se inconforman además con “los resultados y la asignación de diputados por el principio de representación proporcional”; sin embargo, el acto de asignación controvertido es inexistente al momento de resolver estos juicios, en atención a que el Instituto Nacional Electoral, órgano competente para hacerlo, no ha llevado a cabo la asignación de diputados sobre ese principio, lo cual ocurrirá en los plazos y términos que marca la Ley en la materia y cuya determinación será impugnable mediante el recurso de reconsideración previsto en la Ley de medios.

Lo anterior, con independencia de los ajustes que, eventualmente, pudiere tener en el cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, el estudio de fondo de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, de la elección por el principio de mayoría relativa.

NOVENO. Estudio de fondo. Previo al examen de la controversia, en términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Medios, se precisa que esta autoridad estará en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por los actores, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos, por lo que se analizarán de manera integral y exhaustiva las demandas, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad de los actos combatidos, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

I. Metodología.

Se analizará en primer orden la impugnación del PRI relativa al rebase del tope de gastos de campaña en que presuntamente incurrió la fórmula ganadora, puesto que, de actualizarse, constituye una causa de nulidad de la elección; por ende, sería innecesario estudiar el resto de los agravios.

Enseguida, de ser el caso, se estudiará la nulidad de votación recibida en casillas pretendida por todos los actores, en tanto que podría afectar el cómputo, dato cuya firmeza es necesaria para estudiar finalmente la nulidad de la elección, sobre la base de una determinancia cuantitativa.

Se precisa que, cuando la parte impugnante omita expresar argumentos debidamente configurados, los conceptos de agravio se calificarán inoperantes en los casos en que:

1. No controvierten, en sus puntos esenciales, las consideraciones que sustentan el acto o resolución impugnada.

2. Los conceptos de agravio se limitan a repetir casi textualmente lo expresado en el medio de impugnación local, sin aducir nuevos argumentos a fin de combatir las consideraciones medulares que sirven de sustento a la autoridad responsable para desestimar los conceptos de agravio aducidos en la instancia local.

3. Se formulan conceptos de agravio que no fueron del conocimiento de la autoridad responsable, de surte que no tuvo la oportunidad de conocerlos y hacer pronunciamiento al respecto.

4. Se aduzcan argumentos genéricos o imprecisos, de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir.

5. Se enderecen conceptos de agravio, que pretendan controvertir un acto o resolución definitiva y firme.

En los supuestos mencionados, la consecuencia directa de la inoperancia de los conceptos de agravio es que las consideraciones expuestas por la responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque tales agravios no tendrían eficacia para anularla, revocarla o modificarla.

Asimismo, se precisa que, conforme al artículo 15, párrafo 2, de la Ley de Medios, opera la regla general relativa a que quien afirma debe probar su dicho, lo que implica que quien denuncia tiene, en principio, la carga de justificar los hechos o irregularidades denunciados que puedan constituir causales de nulidad.

II. Estudio sobre el rebase del tope de gastos de campaña.

Dado el sentido de lo que se resolverá en este tema, no se considera necesario reproducir el marco teórico y los principios relacionados con la causal de nulidad relativa al rebase en el tope de gastos de campaña por parte de la fórmula electa a la primera minoría, ni la confirmación o modificación de los resultados del cómputo distrital para analizar su determinancia.

Lo anterior, sobre la base de que, en el particular, no existió el rebase invocado por el partido actor, como se explica enseguida.

En lo atinente, la Sala Superior de este Tribunal[15] ha determinado que, conforme a lo establecido en el artículo 41, bases V y VI, inciso a) y penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, los elementos necesarios para que se actualice la nulidad de una elección en el supuesto de excederse el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado son los siguientes:

a.    La determinación por la autoridad administrativa electoral del rebase del tope de gastos de campaña en un cinco por ciento o más (5%) por quien resultó triunfador en la elección y que la misma haya quedado firme;

b.    Por regla general, quien sostenga la nulidad de la elección con sustento en ese rebase, tiene la carga de acreditar que la violación fue grave, dolosa y determinante, y

c.     La carga de la prueba del carácter determinante dependerá de la diferencia de votación entre el primero y segundo lugar:

i.                   Cuando sea igual o mayor al cinco por ciento, su acreditación corresponde a quien sustenta la invalidez, y

ii.                 En el caso en que dicho porcentaje sea menor, la misma constituye una presunción relativa (iuris tantum) y la carga de la prueba se revierte al que pretenda desvirtuarla; en el entendido de que, en ambos supuestos, corresponde al juzgador, de conformidad con las especificidades y el contexto de cada caso, establecer la actualización o no de dicho elemento.

Aunado a lo anterior, el artículo 199, párrafo 1, inciso g), de la LEGIPE, establece que la UTF tendrá, entre otras, facultades para presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos.

En esos informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable.

Al respecto, la LEGIPE prevé un procedimiento mediante el cual la UTF emite el Dictamen Consolidado, el cual está sujeto a fases de cumplimiento absoluto, ya que en la fiscalización del origen y gasto de los partidos políticos y los candidatos, se deben atender cuestiones técnicas que precisan de un conocimiento especializado, el respeto de los plazos legales y las formalidades esenciales del procedimiento de fiscalización, y está supeditado a la conclusión de la revisión contable de los informes de gastos de campaña que hace esa unidad técnica.

De modo que, cuando el Dictamen Consolidado es aprobado por el Consejo General, constituye sin lugar a duda la prueba apta e idónea para acreditar el rebase de tope de gastos de campaña de un determinado candidato, porque la Resolución arroja hechos probados y resultados concretos en cuanto a la determinación exacta de los gastos de campaña, lo que permite al juzgador llegar al convencimiento no sólo de la existencia de la violación a una disposición, sino de su trascendencia en el resultado de la elección[16].

De ahí que, para estar en posibilidad jurídica y cierta para analizar la validez de una elección, por el supuesto rebase de tope de gastos de campaña, en el porcentaje previsto en la normativa electoral, es indispensable lo siguiente:

        Que el órgano administrativo electoral emita el dictamen de fiscalización consolidado correspondiente a los informes de campaña de los candidatos de los ayuntamientos; y que éste quede firme.

        En su caso, las resoluciones recaídas a las quejas que, en materia de fiscalización, se hubieran planteado[17].

Lo anterior, porque una de las exigencias para que las autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia, estén en condiciones de confirmar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la expedición de la constancia de mayoría y, en su oportunidad, declarar la validez de una elección, radica en que tales autoridades revisen que la contienda se llevó a cabo en condiciones de equidad, lo que en el caso particular implica la obligación de revisar que el candidato triunfador, para empezar, no hubiera excedido el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado como tope de gasto de campaña.

Ello es necesario, para garantizar unas elecciones libres, justas, genuinas y competitivas[18] que ofrezcan a los votantes opciones reales, donde su voluntad se exprese libremente, ausente de elementos indebidos o agentes externos que condicionen su sentido y donde los votos se computen legítimamente.

7. Caso concreto

Analizada de manera integral la demanda del PRI, manifiesta que tiene conocimiento de que la fórmula ganadora y el partido que la postuló rebasaron el tope de gastos de campaña.

Sobre esa base y las propias de las causales de nulidad de votación recibida en las casillas que invoca, impugnó la declaración de validez de la elección, al considerar que se incumple el artículo 41 de la Constitución Federal, 

Entre sus conceptos de agravio, expresa que se vulneraron los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad, lo que trasciende al resultado de la elección al considerar que la diferencia entre el ganador y el actor es tal reducida que puede dar lugar a un cambio de ganador.

Respecto de esas afirmaciones, suplida la deficiencia en su expresión de agravios, se concluye que considera el rebase como una infracción grave en materia electoral, existiendo una presunción de determinancia cuando dicho rebase es mayor al cinco por ciento y la diferencia de la votación recibida por el primero y segundo lugar es menor al cinco por ciento, como acontece en este caso en que tal diferencia es del 0.6351%, es decir, una diferencia menor al uno por ciento (1%) de la votación.

En concepto de esta Sala Regional, es infundado el argumento expresado por el enjuiciante.

Como se expuso, para tener por configurada la causa de nulidad por rebase de tope de gastos de campaña, debe quedar acreditado, en principio, que la fórmula de candidatos cuestionada sobrepase en un cinco por ciento (5%) el tope autorizado por la autoridad electoral administrativa y, si se actualiza tal elemento, que dicha circunstancia sea determinante para el resultado de la elección de que se trate.

En lo atinente, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG549/2020, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES MÁXIMOS DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, en que estableció los montos siguientes:

Al respecto, mediante el oficio INE/SCG/2861/21 emitido en cumplimiento del requerimiento formulado por el Magistrado Instructor en el juicio ST-JIN-109/2021, el Secretario del Consejo General del INE informó que no se determinó un rebase de tope de gastos de campaña de la otrora candidata a diputada federal Martha Azucena Camacho Reynoso, en atención a los montos de gastos reportados en los informes, los acumulados derivados de los no reportados y los relativos a las quejas fundadas, como lo informa de la forma siguiente:

Cabe precisar que, a la fecha en que se resuelven estos juicios, no existe noticia de impugnación alguna en contra de la Resolución del dictamen consolidado correspondiente a los gastos de campaña de la candidata ganadora de la elección impugnada.

En ese orden de ideas, al no existir el elemento constitutivo primario de la causal de nulidad invocada, es que los agravios son infundados.

III. Nulidad de votación recibida en casilla

Enseguida se estudia la impugnación de la votación recibida en casilla, conforme fue expuesta en cada juicio:

1.    ST-JIN-43-2021 (PES)

En su escrito de demanda manifiesta impugnar un total de 61 de las 505 que se instalaron en el distrito, todas por la causal contemplada en el inciso e), del artículo 75 de la Ley de Medios, las cuales, según su dicho, se integran en el anexo I de su demanda.

Sin embargo, ese anexo no menciona casilla alguna y corresponde a una lista avance en la instalación e integración de mesas directivas de casilla por distrito electoral.

Por otra parte, aun cuando en el cuerpo de la demanda menciona las casillas sobre las cuales solicita llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, sin incluir un apartado en el que indique cuáles de ellas son las que pretende impugnar por nulidad de votación recibida, en un segundo anexo señala las siguientes:

A juicio de esta Sala Regional son inoperantes los conceptos de agravio aducidos por el recurrente, por las razones siguientes.

El artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios prevé como causal de nulidad de votación recibida en casilla recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la autoridad.

En los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el INE deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección, la cual se integrará con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales; más un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán las actividades que indique la ley, tal como lo prevé el artículo 82 de la ley en cita.

Considerando lo expuesto, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla en análisis se actualiza cuando se cumplan los elementos normativos siguientes:

a)    Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados.

b)    Que la irregularidad sea determinante.[19]

Ahora bien, la Sala Superior de este Tribunal al resolver el SUP-REC-898/2018, determinó abandonar la jurisprudencia de rubro NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO en la que se establecían tres requisitos que debían cumplir los agravios para que el tribunal analizara la causal: la identificación de la casilla, el nombre de quienes no cumplían los requisitos y el cargo que ejercieron.

En esa sentencia, la Sala Superior razonó que la interpretación textual de la jurisprudencia llevaba a exigir elementos desproporcionales, pues implicaba la concurrencia de los tres descritos, cuando en los criterios reiterados que dieron origen a la jurisprudencia y, en el propio caso resuelto en ese REC, se había señalado que era suficiente con que el actor aportara el nombre de la persona cuya actuación controvertía en cada casilla, esto es, no es necesario, además, señalar el cargo desempeñado en la mesa directiva.

De esa forma, es evidente que aun cuando la Sala Superior abandonó la jurisprudencia citada, ha sido consistente en sostener que existe la carga para el actor de señalar el o los nombres de las personas que, sostenga, no cumplen con los requisitos para integrar válidamente la mesa directiva de una casilla.

Ello es razonable y proporcional, puesto que implica que la impugnación tiene los elementos mínimos para sustentar lo afirmado por el actor, lo que no sucede cuando simplemente se mencionan casillas y cargos, lo que traslada al tribunal la carga de analizar la composición de toda la mesa directiva, lo que es inconsistente con la exigencia general de los medios de impugnación en el sentido de que los actores deben plantear los hechos en los que se basa su pretensión.[20]

Estudio de caso

Como se adelantó, esta Sala Regional considera inoperantes los agravios que hace valer el inconforme en virtud de que omite aportar el nombre o apellido para identificar a quien integró la mesa directiva de casilla.

En efecto, el partido actor se limita a adjuntar como anexo 1, un reporte de todos los distritos del Estado de México y el número de casillas instaladas en cada uno; y como anexo 2, un listado de casillas, sin señalar los datos mínimos ya mencionados que permitan llevar a cabo el estudio de la causa de nulidad que pretende.

En lo atinente, el actor debió aportar (además de un simple reporte de todos los distritos correspondientes al Estado de México y un listado de casillas), algún dato mínimo para identificar al funcionario que, desde su perspectiva, actuó integrando la mesa directiva de casilla sin pertenecer a la sección electoral correspondiente, como podría ser a través de la mención de alguno de los nombres o apellidos.

Lo que se busca con requerir esa información básica es evitar que, con argumentos genéricos y sin sustento, se permita que los promoventes trasladen a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

Por ende, ante lo genérico de los conceptos de agravio que hace valer el actor, es que devienen inoperantes.

2.    ST-JIN-80-2021 (FxM)

Del contenido de las tablas que inserta el partido en su demanda, se advierte que impugna las siguientes por las causales indicadas en cada caso:

Por cuestión de método se analizarán en el orden que las impugna, en atención a las causales que particulariza en cada una de sus tablas; al final, de ser el caso, aquellas que ameriten un estudio por separado.

Es de precisar que, de los artículos 41, párrafo segundo, Base VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, 82, 83 y 274, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 52, párrafo 1, inciso c), y 75, párrafo 1, incisos g) e i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que es derecho de todo ciudadano votar en las elecciones populares, mismas que serán libres, auténticas y periódicas; que la recepción de la votación compete únicamente a la mesa directiva de casilla, integrada mediante el procedimiento establecido en la ley, para garantizar la certeza e imparcialidad de la participación ciudadana.

Asimismo, en materia de causales de nulidades la ley general exige a los impugnantes, entre otras cuestiones, el deber de precisar la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

En ese sentido, para que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar la citada causal de nulidad, resulta indispensable que en la demanda se precisen los requisitos ya destacados, los cuales se traducen en los datos mínimos y alegaciones básicas necesarias con las cuales los inconformes hagan evidente al juzgador el hecho que pretenden demostrar, las pruebas en las que dichas menciones se apoyan y la forma en que dichos medios probatorios resultan útiles para demostrar su afirmación.

De esa manera, el órgano jurisdiccional contará con los elementos mínimos necesarios con los cuales pueda verificar se actualiza la causa de nulidad invocada y esté en condiciones de dictar la sentencia correspondiente.

Así, es necesario tener en cuenta que el artículo 51[21] de la Ley de Medios prevé como requisito de las demandas de los juicios de inconformidad que los actores señalen de manera individualizada las casillas que impugna y la causal que se actualiza en cada una.

De esa forma, el tribunal está en aptitud de revisar las presuntas irregularidades que se hacen valer sin incurrir en un estudio oficioso o en suplencia total de la deficiencia de la queja, como se establece en el criterio de la tesis relevante siguiente:

SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.- El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como se establece en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor omite señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada.

2.1. Análisis de nulidad de votación recibida en casilla por haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación (artículo 75, inciso f), Ley de Medios).

Sobre la base de que en este distrito se llevó a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de las 505 casillas instaladas, los agravios son inoperantes.

En efecto, con independencia de que no acredita los supuestos que configuran la hipótesis de esa causal de nulidad -La existencia de error o dolo y que la irregularidad sea determinante-, si sus argumentos están vinculados con cuestiones de error en las actas y éstos fueron subsanados en sede de la responsable, mediante el recuento total de los votos, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital no se desvirtúan en forma alguna con las manifestaciones genéricas del partido actor.

Sobre esas bases, se considera que los agravios son inoperantes, puesto que el actor se limita a reproducir una tabla donde señala que impugna las casillas por la causal f), del artículo 75 de la Ley de Medios, esto es, la relacionada con error o dolo en el cómputo de los votos.

Sin embargo, omite desarrollar los hechos de la mencionada causal y, por otra, aunque describe el marco impugnativo aplicable, limita su causa de pedir a mencionar los porcentajes de diferencia en la votación entre el primer lugar y el segundo y tercero y, a su vez, con los que obtuvo el partido actor.

No obstante, como se indicó, la posibilidad del error o dolo en el cómputo de la casilla quedó superada con el nuevo escrutinio y cómputo total llevado a cabo en sede jurisdiccional, por lo que no puede ser materia de un nuevo estudio en esta instancia, sin agravios encaminados a desvirtuar el resultado de tal recuento.

2.2. Análisis de nulidad de votación recibida en casilla por haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado (artículo 75, inciso h), Ley de Medios).

El partido actor invoca esa causa de nulidad de la votación recibida en las casillas siguientes:

El artículo 51[22] de la Ley de Medios prevé como requisito de las demandas de los juicios de inconformidad, que los actores señalen de manera individualizada las casillas que impugna y la causal que se actualiza en cada una.

De esa forma, el tribunal está en aptitud de revisar las presuntas irregularidades que se hacen valer sin incurrir en un estudio oficioso o en suplencia total de la deficiencia de la queja, como se establece en el criterio de la tesis relevante siguiente:

SUPLENCIA EN LA EXPRESIÓN DE LOS AGRAVIOS. SU ALCANCE TRATÁNDOSE DE CAUSAS DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.- El órgano jurisdiccional no está constreñido legalmente a realizar estudio oficioso alguno sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por el actor, en atención a una pretendida suplencia de la queja o causa de pedir, pues tal como se establece en el artículo 52, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un requisito especial del escrito de demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretendan anular y las causas que se invoquen en cada una de ellas; por lo que, si el actor omite señalar en su escrito de demanda de inconformidad, las causas de nulidad de la votación establecidas en el artículo 75 de la citada ley general, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce del juicio de inconformidad, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel de promovente, cosa totalmente ilegal, a menos que de los hechos expuestos en la demanda se puedan deducir agravios, que pongan de manifiesto la actualización de una causa de nulidad de la votación, en términos de lo dispuesto en el artículo 23 párrafo 1, de la ley adjetiva citada.

Así, el actor tiene la carga de señalar con precisión las casillas que impugna, precisando la sección, el tipo de casilla y si se trata de contiguas a cuál de las instaladas se refiere, igualmente con las extraordinarias que pueden tener diversas contiguas.

Ahora bien, en el caso, el actor incumple con tales requisitos, puesto que, como se ve en el cuadro que sistematiza la impugnación, se limitó a señalar la sección y el tipo de casilla y no así el número de identificación específico de cada una.

Esto es, en el caso de las casillas básicas, solo se instala una por sección por lo que la falta del número identificador no genera inconveniente para tener por impugnada la casilla en cuestión; al contrario, en el caso de las contiguas no es así, porque se pueden instalar más de una en la sección.

En efecto, como se advierte del Manual de Casillas del INE, la denominación de las diversas casillas se hace como se ejemplifica:

De esa forma, esta Sala sólo puede tener por debidamente individualizadas las casillas continuas o extraordinarias cuando en la sección señalada solo se haya instalado el número impugnado por el actor. Esto es, si solo señala una, cuando se instaló igual número en la sección y así sucesivamente. Ello, pues en tal caso no existe posibilidad de confusión.

No obstante, en las secciones electorales en las cuales haya más casillas extraordinarias o contiguas de las que señala el actor, esta sala está impedida para conocer los agravios hechos valer pues implicaría sustituirse al actor y relevarlo de la carga que le arroja la ley de individualizar casillas.

Con base en ello, en los casos de las casillas marcadas con amarillo en la tabla, no puede suplirse la deficiencia del partido actor, puesto que, como se advierte del encarte que obra en autos, hubo más casillas contiguas en cada sección, por lo que no existe certeza de a cuáles se refiere.

Con base en ello, suplida la deficiencia de lo expresado por el actor, las casillas a estudiar son: 2422 B, 2423 B y 2430 B.

Marco normativo 

El derecho de los partidos a registrar representantes de casilla. 

 Esta causal se relaciona con el derecho de los partidos políticos para registrar hasta 2 representantes propietarios y un suplente, ante cada mesa directiva de casilla; así como representantes generales propietarios en proporción de uno en cada diez casillas, si son urbanas, o uno por cada cinco casillas rurales, conforme a lo establecido en los párrafos 1 y 3, del artículo 259 de la Ley General de Instituciones 

En el ámbito de la casilla, acorde con lo dispuesto en los numerales 280, párrafo 1, y 281 de la referida ley, corresponde al presidente de la mesa directiva, el ejercicio de la autoridad para preservar el orden y mantener la estricta observancia de la ley. Para ello, puede solicitar, en todo tiempo, el auxilio de la fuerza pública, para ordenar el retiro de cualquier persona, de la casilla (incluyéndose desde luego los representantes de los partidos políticos o coaliciones), que altere el orden; impida la libre emisión del sufragio; viole el secreto del voto; realice actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, o intimide o ejerza violencia sobre los electores, los representantes de los partidos o los miembros de la mesa directiva de casilla. 

Principios tutelados por la causal

Esta causal de nulidad tutela los principios de objetividad y certeza, para que no se generen dudas en torno a los resultados obtenidos en una casilla electoral, y garantiza la participación equitativa de los partidos políticos dentro de la contienda comicial, de tal forma que el día de la jornada electoral, los partidos políticos a través de sus representantes, puedan presenciar todos los actos que se realizan, desde la instalación de la casilla hasta la entrega de la documentación y del paquete electoral. 

Esta garantía hace posible la correcta vigilancia del desarrollo de la elección, actividad ésta, en la que son corresponsables los partidos políticos nacionales. 

Extremos para la actualización de la causal 

Para la actualización de esta causal de nulidad, se deben acreditar plenamente los hechos que actualicen los supuestos siguientes: 

a.    Impedir el acceso a la casilla a los representantes de los partidos políticos; o bien, su expulsión por parte de los funcionarios de la mesa directiva de casilla; 

b.   Que no exista causa justificada para ello, y 

 Que sea determinante para el resultado de la votación. 

Estudio de caso

Los agravios son inoperantes porque no se especifican hechos que permitan su estudio.

En efecto, el partido actor se limita a afirmar lo siguiente:

Como es evidente, la afirmación de la parte actora es genérica y no se sostiene en hecho alguno que permita presumir, al menos de manera indiciaria, que se impidió el acceso a sus representantes en las casillas mencionadas o que se les expulsó de ellas.

Así, omite establecer narrativa alguna respecto de los hechos que hace valer, esto es, no establece circunstancias de tiempo, modo o lugar de la que pudieran advertirse que lo alegado ocurrió, esto es, que se impidió a sus representantes habilitarse y estar presentes en las casillas o que fueron expulsados de ellas sin justificación alguna.

Además, omitió relacionar o aportar elemento probatorio alguno para acreditar su dicho; y de las instrumentales que obran en autos, como las hojas de incidentes presentados por los partidos políticos[23], no existe alguna ofrecida y aportada por el partido actor y en las existentes, así como en las actas de jornada electoral, no se mencionan incidentes relacionados con esa causal sino con causas diversas como apertura tardía de la casilla, negativa para votar a ciudadanos que nos estaban inscritos en la lista nominal, depósito de boletas en urnas distintas a la elección correspondiente y entrega de alguna boleta electoral de manera equivocada a un ciudadano.

Incluso, de obviar lo anterior, el hecho sostenido por el actor en el sentido de que obra firma de sus representantes al inicio de la jornada pero no al final de la misma, no sería suficiente para, aun de considerarlo acreditado, abonar a la hipótesis sostenida en términos de que ello se debió a la indebida expulsión de sus representantes, pues como ha sostenido la Sala Superior, la falta de firma, incluso de funcionarios de casilla, por sí misma, no es suficiente para acreditar que la persona en cuestión no se integró.[24]

De ahí que lo manifestado sea inoperante por incumplir los elementos mínimos necesarios para que esta Sala analizara lo planteado sobre la nulidad pretendida.

2.3. Análisis de nulidad de votación recibida en casilla por ejercer violencia física o presión en contra de los integrantes de las mesas directivas de casilla o sobre los electores (artículo 75, inciso i), Ley de Medios).

El partido actor manifiesta que esa irregularidad se actualiza en todas las casillas descritas en su tabla inicial, al tenor del contenido de los escritos de protesta que obran en poder de la autoridad responsable.

Marco normativo

En forma ordinaria, es procedente la causa de nulidad de votación recibida en casilla cuando se ejerza violencia física o presión sobre quienes integren la mesa directiva de casilla o el electorado, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Lo anterior es una de las múltiples técnicas jurídicas que existen en el derecho electoral federal mexicano, la cual tiene por objeto asegurar la realización de elecciones libres y auténticas; los principios rectores de la función estatal de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como las características del voto libre y secreto.

Debe destacarse que la causal de referencia se relaciona con lo prescrito en el artículo 7, párrafo 2, de la Ley Electoral, en el sentido de que el voto ciudadano tiene como características que sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, además de prohibirse los actos que generen presión o coacción a los electores.

Al respecto, el día de la jornada electoral la presidencia de la mesa directiva de casilla cuenta, incluso, con el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, garantizar la libre y secreta emisión del sufragio, así como la seguridad de los electores, los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla.

En ejercicio de tales funciones, se puede suspender, temporal o definitivamente, la votación, o bien retirar a cualquier persona, en caso de alteración del orden o por la existencia de circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto, o que atenten contra la seguridad personal del electorado, los representantes de partido o los miembros de la mesa directiva.

Por otra parte, en el artículo 75 párrafo 1, inciso i), de la Ley de Medios, se establece lo siguiente:

“La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

[…]

i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

[...]”

El contenido de la norma pone de relieve la tutela que el legislador otorga a la libertad y secrecía del voto, proscribiendo directamente cualquier acto que genere presión o coacción sobre quienes acudan a emitirlo; así, establece ciertos imperativos que tienden a evitar situaciones en que pudiera vulnerarse o siquiera presumirse cualquier lesión a la libertad o secreto que imprimió al sufragio.

De igual forma es posible concluir que, para su actualización es preciso que se acrediten plenamente tres elementos, a saber:

1. Que exista violencia física o presión;

2. Que se ejerza sobre quienes integran la mesa directiva de casilla o las personas que vayan a emitir su voto; y

3. Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

En relación con el primer elemento, en términos generales se ha definido como “violencia”, el vicio del consentimiento que consiste en la coacción física o moral que una persona ejerce sobre otra, con el objeto de que ésta dé su consentimiento para celebrar un determinado acto que por su libre voluntad no hubiese llevado a cabo.

Al respecto, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido que la “violencia física” consiste en la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas.

A su vez, por “presión” se entiende el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, de manera tal que se afecte la libertad o bien el secreto del voto, siendo la finalidad en ambos casos el provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación, de manera decisiva.

Lo anterior se sustenta en las jurisprudencias 53/2002 y 24/2000, emitidas por la Sala Superior, de rubros: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES)”[25] y “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO. (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES).”[26]

Ahora bien, aunque en el tipo, no se establecen condiciones de tiempo concretas o específicas ni que los hechos que se aducen deban acontecer el día de la jornada electoral, se debe entender que —ordinariamente— las conductas irregulares deben suceder en fechas muy cercanas a la jornada electoral o en la misma jornada electiva, a partir del momento en que comience a integrarse la mesa directiva de casilla, o bien, cuando el presidente de la mesa receptora de votación reciba la documentación y el material electoral.

Tratándose del segundo elemento, los sujetos pasivos de los actos referidos bien pueden ser las personas que integren las mesas directivas de casilla o quienes acudan a votar, no así representantes de partidos políticos o coaliciones, en su caso.

Finalmente, en cuanto al elemento consistente en que los hechos deban ser determinantes para el resultado de la votación, ello implica que los hechos de violencia física o presión hayan tenido la finalidad de influir en el ánimo de un determinado número de votantes, produciendo una alteración de su voluntad, que lleve a establecer que dicho número votó bajo tales supuestos a favor de determinada candidatura y, que por ello, éste alcanzó el triunfo en la votación de la casilla, por lo que de no haber sido así, otro hubiera obtenido el primer lugar.

Adicionalmente a la plena acreditación de los extremos de la causal antes precisados, deben probarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos afirmados, con el propósito de que el juzgador esté en posición de evaluar si se vulneró la libertad o el secreto del voto, al grado de que deba privarse de validez a todos los sufragios emitidos en la casilla impugnada.

En ese orden de ideas, se considera que los agravios son inoperantes.

En efecto, el disconforme se limita a reproducir los elementos normativos y doctrinarios de ese tipo de nulidad como lo son los sujetos pasivos, activos, conducta, bienes jurídicos tutelados, circunstancias de modo tiempo y lugar, determinancia; así como a insertar diversas tesis de jurisprudencia aplicables a dicha causal.

Sin embargo, incumple con señalar los requisitos mínimos a analizar como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos afirmados, con el propósito de que este órgano jurisdiccional esté en posición de evaluar si se vulneró la libertad o el secreto del voto, al grado de que deba privarse de validez a todos los sufragios emitidos en la casilla impugnada.

Porque no basta con decir de manera genérica que tal causal se actualizó en las casillas indicadas en la tabla contenida en su demanda, sino que debió indicar cómo fue que en cada una de ellas se ejecutaron los actos que presuntamente generaron presión en los funcionarios de las casillas o en los electores, y de qué manera fueron determinantes para el resultado de la votación obtenida en el centro de votación.

Al menos, aportar las hojas de incidentes levantadas por el partido, describiendo en cada una la narración de los hechos considerados irregulares, puesto que no basta externar la existencia de tales hechos, sino que el actor tiene el deber de manifestar y probar que tales conductas influyeron en la libertad y autenticidad del sufragio y se reflejaron en el resultado de la votación y, por ende, las irregularidades resultaron determinantes para el resultado de la elección. En ese orden de ideas, los actores debieron probar dos elementos:

Al omitir cumplir con esa carga, es que los agravios devienen inoperantes.

2.4 Análisis sobre la nulidad de elección por violación a principios constitucionales.

El partido actor pretende la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, sobre la base de lo que considera un actuar ilícito atribuido al Partido Verde Ecologista de México, consistente en la violación a la veda electoral al difundir un video de apoyo en diversas redes sociales, por diversas personas públicas con un considerable número de seguidores.

Marco normativo

En diversas sentencias de esta Sala Regional, se ha llevado a cabo un análisis respecto de la causa de nulidad por violación a principios constitucionales (ST-JRC-338/2015, ST-JRC-37/2016), en dichas ejecutorias se ha sostenido que la invalidez de elección por este motivo no se encuentra expresamente reconocida en la legislación procesal mexicana; sin embargo, también se ha precisado, que como lo han sostenido las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene asidero constitucional que no solo permite —sino incluso hace exigible— que este órgano jurisdiccional se erija como un auténtico garante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los principios consagrados en ella, entre estos, el voto público.

En ese tenor, se ha precisado que las nulidades electorales buscan asegurar la vigencia del Estado constitucional y democrático de Derecho, pues pueden declarar inválido cualquier acto de las autoridades administrativas electorales que no cumpla con las condiciones mínimas que nuestra carta magna establece, a efecto de asegurar la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas, así como los elementos fundamentales del sufragio universal, igual, libre, secreto y directo, la equidad en la contienda, el pluralismo político y la vigencia de los principios rectores de la función electoral.[27]

Así, se sostuvo que, cuando se demande la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, la interpretación que debe hacer la autoridad electoral recae, fundamentalmente, en esos criterios rectores de una elección democrática.

El someter a escrutinio una elección, no solamente tiende a salvaguardar los principios constitucionales que rigen la materia, sino también una amplia gama de derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución como en los distintos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte signante, específicamente, las prerrogativas de votar y ser votado en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad del electorado.

De esta suerte, la revisión en sede judicial de una elección se endereza a tutelar, entre otros, al menos los siguientes principios y derechos fundamentales atinentes a la materia electoral:

1.   Los derechos fundamentales a votar, ser votado, de asociación y de afiliación -artículos 35 fracciones I, II y III, y 41 párrafo segundo fracción I párrafo segundo de la Constitución; 25 inciso b) del Pacto Internacional y 23.1 inciso b) de la Convención-.

2.   Contar con acceso, por todos los ciudadanas y ciudadanos, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del país -artículos 25 inciso b) del Pacto Internacional y 23.1 inciso c) de la Convención-.

3.   Elecciones libres, auténticas y periódicas -artículos 41 párrafo segundo de la Constitución Federal; 25, inciso b) del Pacto Internacional y 23.1 inciso b) de la Convención.

4.   Preservar el sufragio universal, libre, secreto y directo -artículos 41 párrafo segundo base I párrafo segundo; y 116 fracción IV inciso a) de la Constitución; 25, inciso b) del Pacto Internacional y 23.1, inciso b) de la Convención-

5.   La libertad de expresión y del derecho a la información en el debate público que precede a las elecciones artículos 6 y 7 de la Constitución; 25.1 de la Convención y 19 del Pacto Internacional-.

6.   Organización de las elecciones por un organismo constitucional y autónomo -artículo 41 párrafo segundo Base V de la Constitución-.

7.   Salvaguarda de los principios rectores de la función estatal electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad -artículos 41 párrafo segundo Base V Apartado A párrafo primero y 116 fracción IV inciso b) de la Constitución-.

8.   Derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral -artículos 14, 16, 17, 41 párrafo segundo Base VI y 116 fracción IV inciso l) de la Constitución y 25.1 de la Convención-.

9.   La definitividad en materia electoral -artículo 41 párrafo segundo base VI y 116 fracción IV inciso m) de la Constitución-, y

10.   Solamente la ley puede establecer nulidades -artículo 99 párrafo cuarto fracción II párrafo segundo de la Constitución-.

Tales principios permean todo el ordenamiento jurídico, por lo que su estricto cumplimiento constituye una condición sine qua non, para estimar la validez de cualquier elección constitucional en México[28].

En ese sentido, como lo ha sostenido la Sala Superior de este Tribunal Electoral, mediante el establecimiento de una importante doctrina de precedentes judiciales[29], no es óbice para revisar la validez de una elección por violación a principios constitucionales, la circunstancia de que el artículo 99 fracción II, párrafo segundo, de la Constitución, prevea como uno de los principios rectores del sistema de nulidades, el atinente a que dicha sanción o consecuencia legal solamente puede decretarse por las causas expresamente previstas en la ley y en la Constitución.

Efectivamente, por un lado, el principio relativo a que la nulidad de una elección solamente puede decretarse por las causas expresamente previstas en la ley, en cualquier caso, se refiere a las nulidades de nivel legal, pero desde luego, no enmarcan a aquellas de nivel constitucional, por lo que se debe concluir que, por una parte, la Constitución ordena al Tribunal Electoral que tratándose de la invalidez de una elección por motivos ordinarios o de entidad secundaria, ésta se surta únicamente con base en las hipótesis expresamente estatuidas en la ley, sin que ello se traduzca en la imposibilidad de analizar la validez de la elección por violaciones a principios que se enmarcan a nivel Constitucional.

Al respecto, la doctrina de la Sala Superior ha fijado la postura de que las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a la Constitución, no son la única fuente o vía para regular los supuestos permisivos, prohibitivos, dispositivos o declarativos que rigen las elecciones a cargos de elección popular, de manera tal que se puede decretar la invalidez o la nulidad de una elección por la violación o conculcación a principios constitucionales.

En efecto, puede acontecer que las irregularidades alegadas, aun cuando no estén previstas en una ley electoral ordinaria constituyan la conculcación directa a una disposición constitucional, en la cual se determine cómo deben ser las elecciones para calificarlas como democráticas, puesto que, como se indicó, en la Constitución se consagran los principios que deben observarse en la elección de los poderes públicos.

De esa forma, si se presentan casos en los cuales las irregularidades probadas en un proceso electoral son contrarias a una disposición constitucional, ese acto o hecho, al afectar o viciar en forma grave y determinante el proceso comicial atinente, podría conducir a la invalidez de la elección por ser contraria a los principios de la Ley Fundamental que hacen referencia a la forma en cómo debe desarrollarse una elección democrática.

Lo anterior es así, ya que se trata, en realidad, de normas que condicionan la validez sustancial del proceso comicial, susceptibles de tutela judicial inmediata por los tribunales a quienes se encomienda el sistema de control de constitucionalidad y legalidad electoral, es decir, por las salas del Tribunal Electoral, a través de los diversos medios de impugnación establecidos para ese efecto, lo cual constituye un derecho de las y los justiciables, tutelado en el artículo 17 de la Constitución para que sus pretensiones sea resueltas.

En esas condiciones, es dable concluir que las disposiciones legales de orden secundario o de nivel jerárquico inferior a la Constitución, no son la única fuente o vía para controlar la regularidad constitucional de las elecciones.

De lo anterior se sigue que las atribuciones asignadas a las Salas del Tribunal Electoral en la Constitución conllevan a garantizar que los comicios se ajusten no solamente a los principios de legalidad sino también a los de convencionalidad y constitucionalidad, de modo tal que cuando se realice un estudio para constatar que el proceso electoral cumplió con los referidos principios, se pueda determinar si la elección es válida o no.

Así, una elección no se puede calificar como libre, auténtica y democrática en los términos de la Constitución, cuando no se ajusta a sus principios o reglas, lo que impide reconocerle consecuencias jurídicas, sino, por el contrario, debe ser privada de efectos, lo cual puede identificarse como una causa de invalidez por violaciones constitucionales.

Siguiendo con la doctrina judicial sentada por la Sala Superior, los elementos o condiciones para analizar la invalidez o nulidad de la elección por violación de principios constitucionales son los siguientes:

a) Que se plantee un hecho que se estima violatorio de algún principio o norma constitucional o convencional -violaciones sustanciales o irregularidades graves-.

b) Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén acreditadas objetiva y materialmente.

c) Que sea posible constatar el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o convencional aplicable haya producido dentro del proceso electoral, y

d) Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

Con relación a los dos primeros requisitos, la línea jurisprudencial de la Sala Superior ha sostenido que corresponde a la parte actora exponer los hechos que, en su opinión, infringen algún principio o precepto constitucional o convencional, para lo cual, es indispensable que se ofrezcan y aporten los elementos de prueba pertinentes y necesarios para acreditar el hecho motivo de la violación constitucional. Demostrados fehacientemente tales extremos, eventualmente, se puede declarar la invalidez de la elección por violación o conculcación de principios o normas constitucionales y convencionales.

Enseguida, para declarar la nulidad de una elección, ya sea por violación a normas constitucionales o principios fundamentales, es necesario que esa violación sea grave, dolosa, generalizada y, además, determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección, esto es, que su influencia sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral definiendo al candidato o candidata ganadora.

De no exigirse que la violación sea sustantiva, generalizada y determinante, se podría llegar al extremo incoherente de considerar que cualquier transgresión accesoria, leve, aislada, eventual, e intrascendente a la normativa jurídica aplicable, por mínima que fuera, tuviera por efecto la declaración de nulidad de la elección, con lo cual se afectarían los principios de objetividad, legalidad y certeza que rigen el proceso electoral en su conjunto, desconociendo el voto válidamente emitido.

Sobre el carácter o factor determinante de la violación, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, que una irregularidad se puede considerar determinante desde dos puntos de vista:

                   El cuantitativo o aritmético; y,

                   El cualitativo o sustancial.

El primero, es el marco aritmético para establecer cuándo cierta irregularidad es determinante o no para el resultado de la votación recibida en una casilla o para la validez de una elección.

El segundo, se proyecta de modo que atiende a la naturaleza de la violación, vislumbrando la finalidad de la norma jurídica o del principio constitucional o convencional que se considera vulnerado por una parte; y, por otra, tomando en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias particulares en que se cometió.

Al respecto, como lo ha sostenido la Sala Superior, el carácter determinante no está supeditado exclusivamente a un factor cuantitativo o aritmético, sino que también se puede actualizar a partir de las circunstancias particulares en las que se cometió la infracción; por las consecuencias de la transgresión o la relevancia del bien jurídico tutelado que se lesionó con la conducta infractora; así como por el grado de afectación del normal desarrollo del procedimiento electoral, respecto a la tutela de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Estudio de caso

En el particular, el partido Fuerza por México, solicita la nulidad de la elección sobre la base de que, durante el periodo de “veda o reflexión”, el partido político Verde Ecologista de México (PVEM), llevó a cabo actos de campaña por medio de diversas personas públicas identificadas en los medios de comunicación como “influencers”; es decir, perfiles que en las redes sociales de internet cuentan con un gran número de seguidores y, por tanto, de impacto publicitario en las personas que los siguen en esos medios.

Esta Sala Regional considera que los agravios son inoperantes.

En efecto, conforme con el marco normativo de la nulidad por violación a principios constitucionales, no se actualiza una causa eficiente que permitiera llegar a esa conclusión en este asunto.

Lo anterior, porque en el distrito impugnado el Partido Verde Ecologista de México no obtuvo, por sí o en coalición, el primer lugar en la elección, por lo cual las alegaciones del promovente no tendrían el alcance de alterar el resultado final de la elección en su favor, puesto que en el 23 Distrito Electoral Federal del INE en el Estado de México, el primer lugar de la elección lo obtuvo el partido MORENA, en tanto el PVEM quedó en cuarto lugar.

De esa forma, la indebida ventaja que hubiera podido obtener, no tuvo el efecto suficiente para poner en duda el resultado de esta elección pues el partido que pudo verse beneficiado con tales actos no alcanzó el primer lugar en la elección, razón por la cual, el principio de certeza y equidad en la contienda, en caso de ser afectado, no lo fue en medida tal que alterara de forma significativa o de tal magnitud que le permitiera el triunfo a quien se le atribuyen los actos contrarios a la norma.

En tal sentido, como se demostró, lo sostenido no podría ser base eficiente para cambiar el resultado de quien resultó electo y, por ende, que de ninguna forma podría poner en duda la vigencia de los principios constitucionales rectores de los comicios de forma tal que cambiara el resultado de la elección.

En efecto, la resolución por sí misma no se traduce en un hecho novedoso, sino que constituye la evaluación técnica-jurídica de la autoridad administrativa electoral sobre hechos denunciados en la vía del procedimiento administrativo sancionador pero que, esencialmente, son los mismos expuestos en la demanda inicial de este juicio de inconformidad.

No es óbice a lo anterior que el Consejo General del INE haya determinado imponer al PVEM una sanción por la comisión de esos actos durante la veda electoral, porque su trascendencia en este juicio no sería determinante, tal como se ha razonado en los párrafos previos; ni que las presuntas conductas irregulares constituyan algún ilícito diverso puesto que, en todo caso, el partido actor tiene expedito su derecho para denunciarlo ante la autoridad y vía que considere procedente.

3. ST-JIN-109/2021 (PRI)

El partido actor sostiene que se actualizan las causales de nulidad de la votación previstas en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios, en las casillas 151 B, 151 C1, 153 B, 153 C1, 153 C2, 154 C2, 155 C1, 513 C3, 514 B, 515 B, 515 C2, 2236 C1, 2237 C4, 2238 B, 2238 C1, 2238 C3, 2238 C4, 2239 C2, 2239 E1 C1, 2240 C1, 2240 E1, 2391 B, 2394 C1, 2396 B, 2398 B, 2398 C1, 2400 B, 2400 C2, 2404 C1, 2404 C3, 2407 C2, 2408 B, 2408 C2, 2409 B, 2409 C1, 2414 C1, 2415 B, 2415 C2, 2415 C3, 2418 B, 2418 C1, 2418 C3, 2421 B, 2427 C1, 2427 C4, 3829 B, 3829 C2, 3830 B, 3830 C1, 3831 B, 3831 C1, 3831 C2, 3834 B, 3834 C2, 3834 C3, 3837 C2, 3838  B, 3840 C1, 3840 C2, 3842 C1, 3842 C2, 3844 C3, 3845 C5, 3846 C1, 3846 C2, 3847 B, 3847 C2, 3849 C1, 3849 C2, 3850 C2, 3854 C2, 3856 B, 3856 C2, 3857 C1, 3859 C1, 3860 C1, 3861 S1, 3862 B, 4143 C8, 4609 B, 4609 C1, 4610 C2, 4701 C4, 4707 B, 4708 B, 4708 C2, 4709 C4, 4709 C1, 4710 B, 4715 C1, 6612 C2, 6613 B, 6613 C2, 6615 C3 y 6615 C4.

La causal invocada consiste en recibir la votación por personas distintas a las facultadas para ello.

En torno de ella, el representante del PRI sostiene que los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección por el principio de mayoría relativa y el otorgamiento de las constancias expedidas a favor de la fórmula postulada por MORENA, violan el artículo 41 Constitucional, toda vez que no se sujetaron a los principios de certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad que rigen todo proceso electoral, en virtud de que el día de la jornada electoral se permitió recibir la votación a personas distintas a las facultadas por la ley.

Lo anterior, porque para la elección de los ciudadanos integrantes de las mesas directivas de casilla, se tuvo que llevar a cabo el procedimiento que marcan los artículos 254 y 258 de la ley de la materia, sometiendo a los ciudadanos seleccionados o insaculados al curso de capacitación correspondiente para su eficaz desempeño al cargo conferido y cumplir con los requisitos establecidos para dicho fin.

En ese sentido, afirman que, en la integración de las mesas directivas de casilla materia de su impugnación, se habilitaron funcionarios que no figuran en el encarte, no fueron sustituidos en orden a los procedimientos legales o no aparecen en la lista nominal de electores.

Así, consideran que se actualiza la causal de nulidad de la votación recibida en las 95 casillas impugnadas, de las 505 instaladas en el distrito.

Medios de prueba

Respecto del material probatorio para el análisis de las causas de nulidad de votación recibida en casilla, este órgano jurisdiccional considera procedente hacer algunas precisiones:

En autos, obran copias certificadas de las Actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, hoja de incidentes de las casillas, encarte de integración y ubicación de las mesas directivas de casilla, certificaciones de cambios en la integración acta circunstanciada de la sesión de cómputo distrital, acta de cómputo distrital y listas nominales requeridas por este órgano jurisdiccional.

Documentales que, al tener el carácter de públicas, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b), y 16, párrafo 2, de la Ley de Medios.

Además, podrán analizarse las documentales privadas y demás medios de convicción que aportaron las partes –de naturaleza distinta a las públicas, cuando tengan relación con las casillas impugnadas; el valor probatorio de este grupo de medios probatorios se determinará con base en lo previsto en el artículo 16, párrafos 1 y 3, de la Ley de Medios.

Análisis de nulidad de votación recibida en casilla por indebida integración de mesas directivas de casilla (artículo 75, inciso e), Ley de Medios).

El PRI pretende la nulidad de las casillas indicadas en la tabla inserta que antecede, al considerar que la votación fue recibida por personas u órganos distintos a los facultados por la autoridad.

Enseguida, se inserta la tabla con las casillas impugnadas y los cargos materia de la causal invocada.

La autoridad responsable, al rendir su informe circunstanciado, señaló de manera sustancial:

Cruce de documentos que fue realizado en las casillas que a continuación se relacionan: de las 95 casillas impugnadas, en 56 se instalaron con los Funcionarios propietarios o suplentes generales aprobados por el Consejo Distrital 23, y solo en 39 casillas se tomaron a personas de la fila y se corroboró que pertenecen a la sección electoral de las casillas donde participaron (Consultar Anexo 1).

Después de realizar el cruce de información de las 95 casillas impugnadas por el Partido Revolucionario Institucional, en las casillas 153   C1, 153 C2, 155   C1.515       B (dos personas), 515     C2 (dos personas), 2237 C4 (dos personas), 2238      C4, 2238     C1, 2238     B (dos personas), 2239 Cabe resaltar, que la función realizada por las 39 (treinta y nueve) personas tomadas de la fila fue: 1 presidente, 1 segundo secretario, 3 primer escrutador, C2, 2240     C1, 2240     E1t 2409      B, 2418       C3, 2418 B, 2427 C4 (dos personas), 2427 C1, 3831     B, 3834       C2, 3840 C1 (dos personas), 3840      C2,3846     C2, 3846     C1    (dos personas), 3847 C2, 3847     B, 3850       C2, 3856     B, 3856       C2, 4143 C8, 6612 C2 (dos personas), 6613 C2, en 31 (treinta y una) casillas se tomaron a 39 (treinta y nueve) personas de la fila, sin embargo todas ellas correspondían a la sección electoral de la casilla en la que participaron; y en las 64 (sesenta y cuatro) casillas restantes no se registró algún funcionario de la fila, de tal manera que se integraron con funcionarios propietarios y/o suplentes insaculados por el Consejo Distrital 23; es decir, el análisis realizado en términos del artículo 274 de la Ley de la Materia, arrojó que en ninguna casilla se dio el supuesto que refiere el impugnante, situación que a todas luces tampoco es determinante para el resultado de la votación.

Cabe resaltar, que la función realizada por las 39 (treinta y nueve) personas tomadas de la fila fue: 1 presidente, 1 segundo secretario, 3 primer escrutador, 13 segundo escrutador, 21 tercer escrutador, quienes estuvieron bajo la coordinación y/o supervisión de un Presidente, además de las representaciones de los partidos políticos: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), De la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esto es, la correcta actuación de los funcionarios de casilla se mantuvo vigilada por un mínimo de cinco personas con intereses contrapuestos, además de los propios funcionarios de la mesa directiva. Por lo que, atendiendo a lo establecido en la Tesis Relevante que en líneas abajo se cita, la votación fue recibida por personas autorizadas por la ley, por lo que queda demostrado que la presencia de una persona distinta no es determinante para el resultado de la votación, toda vez que al haber seis funcionarios facultados para la recepción de la votación, no se desatendió el fin último que es el de recibir de los ciudadanos el voto, por lo que se debe de atender al contenido de la Tesis que se cita a continuación:

 Marco normativo

De conformidad con lo previsto en el artículo 81, párrafo 1, de la Ley Electoral, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividen los trescientos distritos electorales del país.

Por su parte, el artículo 82, de esa ley establece que las casillas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales; y en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección.

Para tales efectos, la mesa directiva se integrará, además con un secretario y un escrutador.

Los funcionarios de casilla deben reunir los requisitos contenidos en el artículo 83 del ordenamiento en cita, tales como:

a) Ser ciudadano mexicano y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla[30];

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; y

h) Saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la elección.

A su vez, el artículo 254 regula el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, el que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, encaminados a designar a los ciudadanos que ocuparán los cargos.

Asimismo, el artículo 257 de la normativa en cita, expresa que las publicaciones de las listas de integrantes de las mesas directivas y ubicación de las casillas se fijarán en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y en los medios electrónicos de que disponga el Instituto, y que el secretario del consejo distrital entregará una copia impresa y otra en medio magnético de la lista a cada uno de los representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.

Las citadas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto es recibido y custodiado por autoridades legítimas, con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos.

Así, con independencia de que la autoridad electoral haya desahogado el proceso de insaculación de ciudadanos señalado en la norma y los haya capacitado y expedido su nombramiento para fungir como funcionarios de las mesas directivas de casilla el día de la jornada electiva, esto no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas inicialmente, puedan, eventualmente, fungir con el mismo carácter.

En efecto, el artículo 274, párrafo 1, de la Ley Electoral, prevé el procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para el caso de que el centro de votación no se instale a las ocho horas con quince minutos, con las personas designadas originalmente.

Esto es, si a esa hora los funcionarios que originalmente fueron nombrados no se presentan el día de la elección, entonces actuaran en su lugar los respectivos suplentes o, de ser el caso, podrán nombrarse funcionarios a ciudadanos que estén formados en la fila para emitir su voto, siempre y cuando estos estén inscritos en la lista nominal de la sección electoral respectiva.

En ese supuesto, se faculta al consejo distrital correspondiente para que tome las medidas necesarias para la instalación de la casilla, designando al personal que se encargará de ejecutarlas; por ende, cuando la mesa directiva de casilla haya quedado instalada conforme al procedimiento de sustitución regulado en el artículo 274, párrafo 1, no se actualizará la causal de nulidad invocada.

En ese caso, es importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que sustituyan a los funcionarios previamente designados deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la casilla o sección correspondiente, como ya se ha mencionado, por disposición expresa del mencionado artículo 274, párrafo 1, inciso d).

Asimismo, en ningún caso y por ningún motivo, los nombramientos anteriores podrán recaer en los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes, por lo que tal actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto, en atención a lo determinado en el párrafo 3 del artículo precitado.

Una vez establecido lo anterior, la presente causal de nulidad se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas por la Ley Electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos de insaculación o sustitución establecidos en ella.

De conformidad con lo manifestado, esta Sala Regional considera que la causal invocada ha de analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de las mesas directivas de casilla, con relación a las personas que realmente actuaron durante los comicios.

Para verificar esa circunstancia se analizarán las actas de la jornada electoral, las de escrutinio y cómputo de casilla correspondientes y el encarte respectivo, así como a la legalidad en las sustituciones llevadas a cabo con motivo de la inasistencia de los ciudadanos insaculados y capacitados.

Además, de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de casilla, así como de la publicación final de la lista de funcionarios de casilla realizada por la autoridad administrativa electoral, en su caso, se atenderá también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a las casillas, así como las listas nominales requeridas por esta autoridad, con el fin de establecer si, en el caso concreto, se expresó en esas documentales circunstancia alguna relacionada con este supuesto de nulidad.

Sobre esas bases, a efecto de verificar lo referido por la parte actora en sus agravios, se estudia el cúmulo probatorio que obra en autos, consistente en:

1. Original de la publicación del aviso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla que corresponda (encarte), así como las notificaciones de sus modificaciones de cinco de junio[31].

2. Copia certificada de actas de la jornada electoral.

3. Copia certificada de actas de escrutinio y cómputo de casilla.

4. Originales y copia certificada de hojas de incidentes.

5. Copia certificada de listados nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral, en las casillas en que no existe coincidencia con el encarte.

6. Discos compactos presentados por el consejo responsable, que contienen copia certificada digitalizada de actas de jornada electoral, de escrutinio y cómputo, encarte, actas de cómputo distrital y hojas de incidentes.

A las documentales en cita procede otorgarles valor probatorio pleno, en términos de lo previsto por los artículos 14 párrafos 1 inciso a), y 4 incisos a), b) y c); y 16 párrafos 1 y 2, de la Ley de Medios, al tratarse de originales o de copia certificada de documentos expedidos formalmente por órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia, así como de las actas oficiales expedidas por las mesas directivas de casilla, en las que constan actuaciones relacionadas con el proceso electoral, sin que exista prueba en contrario con respecto a su autenticidad o de la verdad de los hechos que consignan.

Es importante destacar que el partido actor no expone agravio alguno contra la validez y contenido del encarte que ofrece como prueba, por lo que representa un elemento probatorio que, al no estar cuestionado, será valorado como en Derecho corresponda.

Por razón de método, atendiendo a las condiciones propias de la instalación e integración de las casillas impugnadas, se agruparán tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, con el propósito de identificar claramente si se actualiza o no el supuesto de nulidad invocado por el actor.

En este sentido, para el análisis de las casillas, esta Sala Regional, generará un cuadro esquemático en el que se consigna la información siguiente:

A. En la primera columna, se anotará el número y tipo de casilla impugnada.

B. En la segunda columna se asentarán los cargos y nombres de los funcionarios propietarios y suplentes que integran la mesa directiva de casilla de acuerdo con la última publicación del aviso de ubicación e integración de mesas directivas de casilla que corresponda (encarte).

C. En la tercera columna, se consignarán los nombres de los funcionarios de casilla que actuaron el día de la elección y cuyo nombre aparece en las actas de la jornada electoral y/o de escrutinio y cómputo de la casilla y/u hojas de incidentes.

D. En la cuarta columna, se contempla un espacio para incluir observaciones generales, derivadas del análisis de cada casilla.

E. En la última columna, se anotará la conclusión, si procede o no anular la casilla.