Toluca de Lerdo, Estado de México, a uno de agosto de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos de los juicios de inconformidad al rubro citado, promovidos por el Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, expedida por el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Colima, Estado de Colima; y

RESULTANDO

I. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de diputados federales por ambos principios, correspondiente al 01 Distrito Electoral Federal en el Estado de Colima, para la renovación de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

II. Cómputo distrital. El diez de junio del dos mil quince, el Consejo Distrital del 01 Distrito Electoral Federal con sede en Colima, Estado de Colima, realizó el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, mismo que concluyó el once siguiente, y una vez realizado el cómputo de votación obtenida por cada partido político y coalición el referido Consejo, realizó la asignación de la votación de los partidos políticos y de los partidos coaligados, para quedar de la siguiente forma:

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

TOTAL DE VOTOS EN EL DISTRITO

DISTRIBUCIÓN FINAL DE VOTOS A PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS

VOTACIÓN FINAL OBTENIDA POR LOS CANDIDATOS

Al finalizar el cómputo, en esa misma sesión, el propio Consejo Distrital, declaró la validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa y la elegibilidad de la fórmula de candidatos que obtuvo el primer lugar, y expidió la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula postulada por la Coalición del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, integrada por Enrique Rojas Orozco como propietario y Florencio Rodríguez Luna como suplente.

III. Juicios de inconformidad. El catorce y quince de junio del año en curso, promovieron sendos juicios de inconformidad los partidos del Trabajo, por conducto de Gustavo Rodríguez Oseguera, quien se ostenta con el carácter de representante propietario del mismo; de la Revolución Democrática por conducto de Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, quien se ostenta como representante propietario del mismo; y Revolucionario Institucional por conducto de Bertha Castañeda Arceo y Manuel Luis Cerrillos Tejeda quienes se ostentan como representantes propietario y suplente del mismo, respectivamente, todos aduciendo lo que a su derecho estimaron pertinente.

IV. Terceros Interesados. El diecisiete y dieciocho de junio de dos mil quince, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, quién se ostentó con el carácter de representante propietario, del referido instituto político, y el Partido Revolucionario Institucional por conducto de Bertha Castañeda Arceo y Manuel Luis Cerrillos Tejeda quienes se ostentan como representantes propietario y suplente del mismo, ante el citado Consejo Distrital presentaron escritos en los cuales comparecieron con carácter de terceros interesados en los juicios de inconformidad, alegando lo que a sus interés estimaron conveniente.

V. Remisión de los expedientes a esta Sala Regional. El veinte de junio de dos mil quince, mediante oficios con número INE/COL/CD01/0483/2015, INE/COL/CD01/0484/2015 y INE/COL/CD01/0485/2015 signados por el Presidente y Secretario del 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, en el Estado de Colima, recibidos en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional a las catorce horas con cincuenta y tres minutos, a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos y a las quince horas con un minuto de la misma fecha, remitieron los expedientes administrativos de los juicios en que se actúan, así como los informes circunstanciados respectivos a cada juicio y demás documentación relacionada con los mismos.

VI. Turnos a ponencia. El veinte de junio de dos mil quince, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional ordenó integrar los expedientes ST-JIN-83/2015, ST-JIN-84/2015 y ST-JIN-85/2015 y turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada Martha C. Martínez Guarneros, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; dichos acuerdos se cumplimentaron mediante oficios TEPJF-ST-SGA-2646/15, TEPJF-ST-SGA-2647/15 y TEPJF-ST-SGA-2648/15, respectivamente, suscritos por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional.

VII. Acuerdos de Radicación. El veintitrés de junio del año en curso, la Magistrada Instructora acordó la radicación de los expedientes ST-JIN-83/2015, ST-JIN-84/2015 y ST-JIN-85/2015.

VIII. Acuerdos de admisión y requerimiento. El veinticinco de junio del año en curso, la Magistrada Instructora admitió a trámite las demandas de los juicios ST-JIN-83/2015, ST-JIN-84/2015 y ST-JIN-85/2015, al mismo tiempo requirió a la autoridad responsable, a los partidos políticos actores y a los terceros interesados comparecientes, respectivamente, diversa documentación necesaria para resolver los presentes asuntos.

IX. Acuerdos de cumplimiento y desahogo de requerimientos. El uno de julio de la presente anualidad, se tuvieron por cumplidos los requerimientos formulados a la autoridad responsable y por desahogados los requerimientos formulados a los partidos políticos actores y terceros interesados comparecientes dentro de los expedientes ST-JIN-83/2015, ST-JIN-84/2015 y ST-JIN-85/2015.  

X. Acuerdo de requerimiento. El dieciocho de julio del año en curso, la Magistrada Instructora requirió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de su Secretario Ejecutivo, remitiera el dictamen referente a los gastos de campaña y precampaña de la fórmula de candidatos de mayoría relativa, postulados por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en el distrito electoral federal de referencia.

XI. Desahogo de Requerimiento. El veintidós de julio de dos mil quince, se tuvo por desahogado parcialmente el requerimiento señalado en el párrafo anterior, en el cual el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, remitió información correspondiente al dictamen de fiscalización de los ingresos y gastos de precampaña.

XII. Acuerdo de cumplimiento. El veintiocho de julio del año en curso, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante proveído de dieciocho de julio del presente año.

XIII. Cierre de instrucción. Al estar debidamente integrados los expedientes, en su oportunidad, la Magistrada Instructora declaró cerrada la etapa de instrucción, por lo que se ordenó poner los expedientes en estado de resolución y formular el proyecto de sentencia; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver los presentes juicios de inconformidad, toda vez que se impugnan los resultados y la declaración de validez del proceso electoral federal ordinario, cuya organización corrió a cargo de una autoridad electoral que pertenece a la circunscripción plurinominal donde esta Sala Regional ejerce su jurisdicción, mismos que se encuentran relacionados con la elección de diputados federales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo base VI, 60, párrafo segundo y 99, párrafo cuarto, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción I, 192, párrafo primero y 195, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2 inciso b), 4, 6, 34, párrafo 2, inciso a), 49, 50 párrafo 1, inciso b) y 53, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demandas de los juicios de inconformidad ST-JIN-83/2015, ST-JIN-84/2015 y ST-JIN-85/2015, se advierte conexidad en la causa, ya que en tales casos, los ahora accionantes impugnan los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputado federal por el principio de mayoría relativa, expedida por el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Colima, Estado de Colima; señalando a la misma autoridad responsable, y además, en ellos se invocan diversas causales de nulidad de votación recibida en casillas, establecidas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En mérito de lo anterior, y al existir la aludida conexidad, con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de resolverlos de manera conjunta para evitar la posible contradicción de criterios, procede decretar la acumulación de los expedientes números ST-JIN- 84/2015 y ST-JIN-85/2015 al ST-JIN-83/2015, por ser éste el más antiguo; en consecuencia, deberá agregarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a los autos de los expedientes acumulados.

TERCERO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable en su informe circunstanciado no hace valer ninguna causa de improcedencia, ni los representantes propietarios tanto del Partido de la Revolución Democrática como del Partido Revolucionario Institucional, aunado a que esta Sala Regional no advierte de oficio la actualización de alguna hipótesis de improcedencia, por tanto, procede analizar los requisitos de procedibilidad del presente medio de impugnación.

CUARTO. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, es oportuno analizar el cumplimiento de los requisitos y presupuestos de procedibilidad, por ser de orden público y observancia general conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, por lo que deviene preferente su examen en los términos siguientes:

I. En relación con el expediente ST-JIN-83/2015:

a) Requisitos de la demanda. En relación con los requisitos de procedibilidad que debe satisfacer la demanda, se advierte que la misma fue presentada por escrito ante la autoridad señalada como responsable, en la cual consta el nombre del partido político actor, domicilio para oír y recibir notificaciones, la identificación de los actos impugnados, la mención de los hechos y agravios, la mención en forma individualizada de las casillas cuya votación solicita sea anulada, las causales de nulidad que se invocan para cada una de ellas, se ofrecieron y aportaron las pruebas de su parte, y se asentó el nombre y firma autógrafa de quien promueve en representación del actor.

b) Legitimación. El actor, Partido del Trabajo, está legitimado para promover el presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería de
Gustavo Rodríguez Oseguera, quien presentó la demanda del juicio de inconformidad en representación de la parte actora, en virtud de que anexó copia certificada de su nombramiento de representante propietario del partido actor ante el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, aunado a que el órgano responsable, en su informe circunstanciado, reconoce que el promovente tiene acreditada ante ella tal carácter.

d) Plazo. El escrito inicial del medio de impugnación en que se actúa, fue presentado a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos del catorce de junio del dos mil quince, por tanto se encuentra dentro del plazo establecido por el artículo 55 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa concluyó el día once de junio, tal y como se advierte en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo impugnada, de ahí que se cumpla con el requisito previsto en el artículo 8 de la Ley adjetiva de la materia.

II. En relación con el expediente ST-JIN-84/2015:

a) Requisitos de la demanda. En relación con los requisitos de procedibilidad que debe satisfacer la demanda, se advierte que la misma fue presentada por escrito ante la autoridad señalada como responsable, en la cual consta el nombre del partido político actor, domicilio para oír y recibir notificaciones, la identificación de los actos impugnados, la mención de los hechos y agravios, la mención en forma individualizada de las casillas cuya votación solicita sea anulada, las causales de nulidad que se invocan para cada una de ellas, se ofrecieron y aportaron las pruebas de su parte, y se asentó el nombre y firma autógrafa de quien promueve en representación del actor.

b) Legitimación. El actor, Partido de la Revolución Democrática, está legitimado para promover el presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley procesal de la materia.

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería de
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, quien presentó la demanda del juicio de inconformidad en representación de la parte actora, si bien no anexó copia certificada de su nombramiento como representante propietario del partido actor ante el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, lo cierto es que la autoridad responsable en su informe circunstanciado, reconoce que el promovente tiene acreditada ante ella tal carácter.

d) Plazo. El escrito inicial del medio de impugnación en que se actúa, fue presentado a las veintitrés horas con quince minutos del quince de junio del dos mil quince, por tanto se encuentra dentro del plazo establecido por el artículo 55 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa concluyó el día once de junio, tal y como se advierte en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo impugnada, de ahí que se cumpla con el requisito previsto en el artículo 8 de la Ley adjetiva de la materia.

III. En relación con el expediente ST-JIN-85/2015:

a) Requisitos de la demanda. En relación con los requisitos de procedibilidad que debe satisfacer la demanda, se advierte que la misma fue presentada por escrito ante la autoridad señalada como responsable, en la cual consta el nombre del partido político actor, domicilio para oír y recibir notificaciones, la identificación de los actos impugnados, la mención de los hechos y agravios, la mención en forma individualizada de las casillas cuya votación solicita sea anulada, las causales de nulidad que se invocan para cada una de ellas, se ofrecieron y aportaron las pruebas de su parte, y se asentaron los nombres y firmas autógrafas de quienes promueven en representación del actor.

b) Legitimación. El actor, Partido Revolucionario Institucional, está legitimado para promover el presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley procesal de la materia.

Aquí es preciso señalar que en el presente proceso electoral federal los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, celebraron convenio de coalición parcial para postular doscientas cuarenta y cuatro fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, en cuyas cláusulas cuarta y sexta del indicado convenio se pactó que la representación legal de la coalición ante los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, corresponderá ante los representantes acreditados por el respectivo partido político, respecto a los candidatos propietarios de las fórmulas, cuyo origen partidario quedó precisado en la cláusula cuarta, de la que se aprecia que en relación con el 01 Distrito Electoral Federal con sede en Colima, Estado de Colima, la distribución por la filiación de origen de los candidatos correspondió al Partido Revolucionario Institucional.

De lo anterior se advierte que la representación legal de la coalición, en el caso concreto corresponde al Partido Revolucionario Institucional.     

Pero con independencia de lo anterior, también nace su interés jurídico para la defensa de los derechos que de forma general estima afectado, pues es su deber velar porque todos los actos o resoluciones emitidos por las autoridades comiciales no se aparten de los lineamientos contenidos en las normas electorales, en tanto que los distintos medios impugnativos tienen como finalidad primordial garantizar la legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones electorales.

En consecuencia, si alguno de los sujetos reconocidos como entidades de interés público por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera que los cómputos o la declaración de validez de una determinada elección son violatorios de uno o más principios que rigen los procesos, por infracción a las disposiciones previstas en la propia Constitución, en las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales o de Medios de Impugnación, es evidente que tienen interés jurídico para impugnarlos, en tanto que al hacerlo, no defienden exclusivamente un interés propio, sino que buscan también, la prevalencia del interés público.

De igual forma, cuenta con la legitimación necesaria, pues se da el caso que la materia de impugnación (los resultados obtenidos en la elección), afectan tanto a la esfera del partido político coaligado como a la de la propia coalición de la cual aquél es integrante, por lo que, éste puede acudir como promovente en lo individual, por sí misma la coalición, o bien en forma simultanea aquél y la coalición, a través de sus respectivos representantes.

Por lo que, si en el caso, la pretensión de la parte actora es velar porque el candidato que fue propuesto por la coalición, logre el triunfo en el proceso electoral respectivo, es claro que tiene la condición jurídica para acudir a reclamar esa pretendida violación, al ser en primer término, un ente de interés público, encargado de cuidar que los procesos electorales respectivos se lleven a cabo bajo los principios legales previstos para tales efectos; y por el otro, al ser parte integrante de dicha coalición, no necesariamente debe acudir el representante de la misma, puesto que al advertir la parte actora diversas violaciones al proceso electoral, es claro que puede por medio de su represente acreditado, presentar los medios de impugnación que estime necesarios.

Estimar lo contrario, traería aparejada que si el representante de la coalición respectiva, es omiso en velar por los intereses de dicho convenio, los partidos políticos que la integran se verían impedidos para velar por los fines perseguidos por dicho convenio, por lo que se les coartaría el derecho de acceso a la  justicia de los entes políticos que buscan lograr el triunfo en las elecciones respectivas; en este sentido, si los partidos políticos pueden acudir en defensa de sus intereses partidistas tratándose de actos llevados a cabo antes de haberse coaligado, también lo es que dicho acto de coalición no puede mermar su derecho de impugnación en los actos posteriores; ya que si el acto reclamado involucra a la coalición en su conjunto, no necesariamente puede acudir el representante de dicha coalición, sino que también podría hacerlo el partido político en lo individual a través de su representante.

Esta interpretación, además de ser la más acorde con el derecho al acceso a la justicia, logra conservar y salvaguardar los derechos de los entes públicos que integran las coaliciones; esto es, velar porque dicho convenio surta sus efectos válidamente. Ya que debe presumirse que la finalidad de suscribir el respectivo pacto consiste en triunfar en las elecciones para formar un gobierno variado que se desea con dicho convenio.

Razonamientos por los que se tiene por reconocida la legitimación del Partido Revolucionario Institucional.

c) Personería. Se tiene por acreditada la personería de
Bertha Castañeda Arceo y Manuel Luis Cerrillos Tejeda, quienes presentaron la demanda del juicio de inconformidad en representación de la parte actora, en virtud de que anexaron copia certificada de sus nombramientos como representantes propietario y suplente del partido actor ante el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, aunado a que el órgano responsable, en su informe circunstanciado, reconoce que los promoventes tienen acreditada ante ella tal carácter.

d) Plazo. El escrito inicial del medio de impugnación en que se actúa, fue presentado a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos del quince de junio del dos mil quince, por tanto se encuentra dentro del plazo establecido por el artículo 55 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa concluyó el día once de junio, tal y como se advierte en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo impugnada, de ahí que se cumpla con el requisito previsto en el artículo 8 de la Ley adjetiva de la materia.

IV. En relación con los terceros interesados.

Juicio de inconformidad ST-JIN-83/2015. Por su parte, resulta procedente tener al Partido de la Revolución Democrática compareciendo como tercero interesado en el juicio de inconformidad anteriormente señalado por las razones siguientes:

a) Requisitos del escrito del tercero interesado. En el escrito que se analiza, se hace constar: el nombre del partido político tercero interesado, nombre y firma autógrafa del representante del compareciente, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.

b) Oportunidad en la comparecencia del tercero interesado. Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley procesal electoral, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación del presente juicio de inconformidad, según consta en las actuaciones que integran el expediente en el que se actúa.

En efecto, el escrito de demanda del Partido del Trabajo fue publicitado en los estrados del 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, a partir de las cero horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil quince, como se advierte de la cédula de publicitación y razón de fijación en estrados que obran agregadas en el cuaderno principal del expediente ST-JIN-83/2015.

Por lo tanto, el plazo de setenta y dos horas para comparecer como tercero interesado, previsto en el artículo 17, párrafos 1, inciso b) y 4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, transcurrió de las cero horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil quince hasta la misma hora del dieciocho de junio siguiente.

Mientras que el Partido de la Revolución Democrática presentó el escrito a través del cual comparece con el carácter de tercero interesado a las veintitrés horas con quince minutos del diecisiete de junio de dos mil quince, según consta en el sello y acuse de recibido impreso en el escrito de comparecencia, por lo que resulta evidente que el escrito de tercero interesado se presentó oportunamente.

c) Legitimación. El Partido de la Revolución Democrática está legitimado para comparecer al presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d) Personería. Se tiene por acreditada la personería del ciudadano Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, quien compareció al presente juicio en representación del partido político tercero interesado, toda vez que el órgano responsable así lo hace constar en la razón de retiro de la publicitación del presente medio de impugnación.

Juicio de inconformidad ST-JIN-84/2015. Por su parte, resulta procedente tener al Partido Revolucionario Institucional compareciendo como tercero interesado en el juicio de inconformidad anteriormente señalado por las razones siguientes:

a) Requisitos del escrito del tercero interesado. En el escrito que se analiza, se hace constar: el nombre del partido político tercero interesado, nombres y firmas autógrafas de los representantes propietario y suplente comparecientes, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.

b) Oportunidad en la comparecencia del tercero interesado. Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley procesal electoral, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación del presente juicio de inconformidad, según consta en las actuaciones que integran el expediente en el que se actúa.

En efecto, el escrito de demanda del Partido de la Revolución Democrática fue publicitado en los estrados del 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, a partir de las veintitrés horas con veinticinco minutos del quince de junio de dos mil quince, como se advierte de la cédula de publicitación y razón de fijación en estrados que obran agregadas en el cuaderno principal del expediente ST-JIN-84/2015.

Por lo tanto, el plazo de setenta y dos horas para comparecer como tercero interesado, previsto en el artículo 17, párrafos 1, inciso b) y 4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, transcurrió de las veintitrés horas con veinticinco minutos del quince de junio de dos mil quince hasta la misma hora del dieciocho de junio siguiente.

Mientras que el Partido Revolucionario Institucional presentó el escrito a través del cual comparece con el carácter de tercero interesado a las veintidós horas con cuarenta y cuatro minutos del dieciocho de junio de dos mil quince, según consta en el sello y acuse de recibido impreso en el escrito de comparecencia, por lo que resulta evidente que el escrito de tercero interesado se presentó oportunamente.

c) Legitimación. El Partido Revolucionario Institucional está legitimado para comparecer al presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d) Personería. Se tiene por acreditada la personería de los ciudadanos Bertha Castañeda Arceo y Manuel Luis Cerrillos Tejeda, quienes comparecieron al presente juicio en representación del partido político tercero interesado, toda vez que el órgano responsable así lo hace constar en la razón de retiro de la publicitación del presente medio de impugnación.

Juicio de inconformidad ST-JIN-85/2015. Por su parte, resulta procedente tener al Partido de la Revolución Democrática compareciendo como tercero interesado en el juicio de inconformidad anteriormente señalado por las razones siguientes:

a) Requisitos del escrito del tercero interesado. En el escrito que se analiza, se hace constar: el nombre del partido político tercero interesado, nombre y firma autógrafa del representante del compareciente, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.

b) Oportunidad en la comparecencia del tercero interesado. Por lo que se refiere a los requisitos que debe satisfacer el escrito del tercero interesado, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley procesal electoral, se advierte que fue presentado ante la autoridad responsable, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la publicación del presente juicio de inconformidad, según consta en las actuaciones que integran el expediente en el que se actúa.

En efecto, el escrito de demanda del Partido Revolucionario Institucional fue publicitado en los estrados del 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, a partir de las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del quince de junio de dos mil quince, como se advierte de la cédula de publicitación y razón de fijación en estrados que obran agregadas en el cuaderno principal del expediente ST-JIN-85/2015.

Por lo tanto, el plazo de setenta y dos horas para comparecer como tercero interesado, previsto en el artículo 17, párrafos 1, inciso b) y 4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, transcurrió de las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del quince de junio de dos mil quince hasta la misma hora del dieciocho de junio siguiente.

Mientras que el Partido de la Revolución Democrática presentó el escrito a través del cual comparece con el carácter de tercero interesado a las veintiún horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de junio de dos mil quince, según consta en el sello y acuse de recibido impreso en el escrito de comparecencia, por lo que resulta evidente que el escrito de tercero interesado se presentó oportunamente.

c) Legitimación. El Partido de la Revolución Democrática está legitimado para comparecer al presente juicio por tratarse de un partido político nacional, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d) Personería. Se tiene por acreditada la personería del ciudadano Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, quien compareció al presente juicio en representación del partido político tercero interesado, toda vez que el órgano responsable así lo hace constar en la razón de retiro de la publicitación del presente medio de impugnación.

Por todo lo anterior, no existe motivo alguno que actualice alguno de los supuestos de desechamiento de plano contenidos en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ni tampoco se actualiza causal de improcedencia o sobreseimiento contempladas en los artículos 10 y 11 de la Ley señalada, por lo que resulta procedente entrar al estudio de fondo de la controversia planteada.

QUINTO. Fijación de la litis. La cuestión planteada en el presente asunto, consiste en determinar si, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables en la materia, debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas; y, en consecuencia, modificar o confirmar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, expedida por el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente al 01 Distrito Electoral Federal Uninominal de Colima, Estado de Colima; y confirmar o revocar la constancia de mayoría expedida a la fórmula integrada por Enrique Rojas Orozco propietario y Florencio Rodríguez Luna suplente, de la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, y en su caso, otorgar una nueva a la fórmula que resulte ganadora de acuerdo con los nuevos resultados.

SEXTO. Improcedencia del estudio de la causal de nulidad de la votación recibida en casilla por error y dolo, de aquellas casillas corregidas o recontadas en la sesión de cómputo del Consejo Distrital.

El partido de la Revolución Democrática aduce que se actualiza la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso f) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que en la casilla 37-C2, existe error o dolo en la computación de los votos al haber un mayor número de boletas en la casilla al término de la jornada electoral a las recibidas al momento de su apertura, lo que influye considerablemente en el resultado de la votación, ya que existen diez boletas de más, las cuales podrían ser determinantes entre el primer y segundo lugar y por ende influir en la cantidad total de la votación.

Asimismo, el referido instituto político señala que en la casilla 43-C1, existe error o dolo en la computación de los votos al faltar boletas en la citada casilla al término de la jornada electoral, lo que le causa un perjuicio al no tener certeza en la recepción de la votación, ya que si se recibieron 555 boletas electorales en dicha casilla, también lo es, que al extraer las boletas de la urna y la suma de las sobrantes existe un faltante de 243 boletas de las cuales desconoce en donde fueron depositadas.

De igual manera, el aludido partido político refiere que se actualiza la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso f) del artículo 75 de la ley adjetiva de la materia, en virtud de que en la casilla 107-C1, existe error o dolo en la computación de los votos al faltar boletas en la casilla reclamada al término de la jornada electoral, lo que le causa un perjuicio al no tener certeza en la recepción de la votación, ya que si se recibieron 541 boletas electorales en dicha casilla, también lo es, que al extraer las boletas de la urna y la suma de las sobrantes existe un faltante de 188 boletas de las cuales se desconoce en donde fueron depositadas.

Finalmente, señala el Partido de la Revolución Democrática que se actualiza la causal de nulidad prevista en el numeral 75, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que en la casilla 199-B, existe error o dolo en la computación de los votos al haber un mayor número de boletas en la casilla al término de la jornada electoral a las recibidas al momento de su apertura, lo que influye considerablemente en el resultado de la votación, ya que existen dos boletas de más, las cuales podrían ser determinantes entre el primer y segundo lugar y por ende influir en la cantidad total de la votación.

Previo al estudio de fondo, cabe precisar que en relación con las citadas casillas, el Consejo Distrital responsable realizó el recuento parcial de votos durante la sesión de cómputo correspondiente, tal y como se corrobora con el contenido de las actas circunstanciadas del resultado del recuento de las casillas de la elección de diputados de mayoría en el 01 distrito electoral en el Estado de Colima; documentos que en copia certificada obran a fojas 375 a 436 del cuaderno accesorio del expediente ST-JIN-83/2015, y los cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 14 párrafo 1y 16 párrafo 2 de la Ley adjetiva de la materia. 

Ahora bien, es necesario tener presente lo dispuesto por el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dispone:

“Artículo 311

1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del presidente del Consejo Distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del Consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del Consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 291 de esta Ley. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el Consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c) En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.

d) El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena del quien lo haya solicitado;

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

(…)”

Como puede apreciarse en el precepto transcrito, se establecen los supuestos en que los consejos distritales están en aptitud de realizar un nuevo escrutinio y cómputo parcial de los paquetes electorales, diligencia que se lleva a cabo durante la sesión de cómputo.

De lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que resultaría inocuo pronunciarse respecto a las casillas 37-C2, 43-C1, 107-C1 y 199-B, a la luz de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 75, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, invocada por el Partido de la Revolución Democrática, al haberse realizado por el consejo distrital de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de las casillas relacionadas, esto es, las irregularidades aducidas, han sido superadas con el recuento de votos efectuado por el consejo distrital responsable.

Aunado, a que la parte actora se encuentra obligada a evidenciar respecto a las casillas aludidas, la existencia de discrepancias entre los rubros fundamentales relativos a ciudadanos que votaron conforme a la Lista Nominal de Electores, total de votos sacados de la urna y resultados de la votación emitida, lo que en este caso no acontece.

De ahí que, para este órgano jurisdiccional los resultados contenidos en cada una de las casillas impugnadas por dicha causal deben permanecer incólumes.

SÉPTIMO. Suplencia en la expresión de agravios y de los preceptos violados. Ahora bien, en aquellos casos en que el actor haya omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o los haya citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional, en cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 23 de la ley procesal en cita, tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto; asimismo, suplirá las deficiencias u omisiones de los agravios expresados, que se puedan deducir de los hechos expuestos.

De igual manera, esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueven los presentes medios de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendentes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que éstos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Además, debe precisarse que en términos del artículo 23, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional al resolver los medios de defensa establecidos en la propia ley, entre los que se encuentra el juicio de inconformidad, deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, con las excepciones que expresamente se consignan.

Conforme a la disposición en cita, la regla de la suplencia establecida en el ordenamiento electoral, presupone los siguientes elementos ineludibles:

a) Que haya expresión de agravios, aunque sea deficiente;

b) Que existan hechos; y

c) Que de los hechos puedan deducirse claramente los agravios.

Debe tenerse presente que el vocablo "suplir" utilizado en la redacción del invocado precepto, no debe entenderse como integrar o formular agravios sustituyéndose al promovente, sino en el sentido de complementar o enmendar los argumentos deficientemente expuestos en vía de inconformidad.

Esto es, se necesita la existencia de un alegato incompleto, inconsistente o limitado, cuya falta de técnica procesal o de formalismo jurídico, ameriten la intervención en favor del promovente, para que este órgano jurisdiccional, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo de referencia, esté en aptitud de suplir la deficiencia y resuelva la controversia que le ha sido planteada.

Dicho criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las jurisprudencias 03/2000 y 02/98, consultables a fojas 122 a 124 de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, cuyos rubros y textos son los siguientes:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.—En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.”

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.—Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.”

De igual forma, es criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiterado por sus distintas Salas, que lo expuesto no obliga a suplir la inexistencia del agravio, cuando no sea posible desprenderlo de los hechos que se exponen de manera específica en la argumentación correspondiente; tampoco es dable proceder de esa manera, cuando los conceptos de queja sean vagos, generales e imprecisos, de forma tal que no pueda advertirse claramente la causa concreta de pedir; esto es así, porque si de los motivos de inconformidad no se deriva qué es lo que se pretende cuestionar, entonces hay un impedimento para suplir deficiencia alguna, ya que no puede comprenderse tal atribución, en el sentido de que el órgano jurisdiccional, con motivo del ejercicio de sus facultades de suplencia, amplíe la demanda en lo que concierne a lo que se pretende demostrar como ilegal, o bien, varíe el contenido de los argumentos vertidos como agravios, porque tal proceder implicaría introducir elementos nuevos no sometidos al análisis judicial, lo que se traduciría en un estudio oficioso del acto o resolución impugnado, cuestión que legalmente no está permitida.

Lo anterior hace palpable, que el principio de suplencia en la deficiencia de la expresión de los agravios tiene su límite, por una parte, en las propias facultades discrecionales de la autoridad jurisdiccional para deducirlos de los hechos expuestos y, por otra, en la circunstancia de que los planteamientos de los actores, sean inviables para atacar el acto impugnado, lo cual acontece cuando son esencialmente generales, vagos e imprecisos, o se refieren a cuestiones ajenas a la materia de la controversia.

Dicho en otras palabras, no toda deficiencia de una demanda es susceptible de suplirse por el órgano jurisdiccional; pues si bien como ya se dijo, en la expresión de los agravios no se debe cumplir una forma sacramental inamovible, en tanto que éstos pueden encontrarse en cualquier apartado del escrito inicial de demanda, también lo es que los que se hagan valer, deben ser necesariamente, argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en cuenta al resolver en los términos en que lo hizo, para hacer evidente que conforme con los preceptos normativos aplicables, son insostenibles, debido a que sus inferencias no son acordes con las reglas de la lógica, la experiencia o la sana crítica; que los hechos no fueron debidamente probados; que las pruebas fueron indebidamente valoradas, o hacer palpable cualquier otra circunstancia que haga notorio que se contravino la constitución o la ley por indebida o defectuosa aplicación o interpretación, o bien, porque simplemente se dejó de aplicar una disposición jurídica.

De esta forma, al expresar cada agravio, el inconforme debe preferentemente, precisar qué aspecto de la resolución impugnada le ocasiona perjuicio a sus derechos; citar el precepto o los preceptos legales que considere transgredidos; y explicar, fundamentalmente, mediante el desarrollo de razonamientos lógico-jurídicos dirigidos a desvirtuar los motivos de la responsable, la causa por la cual fueron infringidos, exponiendo de esta manera la argumentación que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto o resolución reclamados.

En caso de no cumplir con lo anterior, el órgano competente para resolver, estará impedido de suplir la deficiencia; por lo que los agravios siempre deben estar dirigidos a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver; de lo contrario, resultarían inoperantes, puesto que no atacarían en esencia la resolución impugnada, dejándola así intacta y firme.

Por lo tanto, serán inoperantes aquellos agravios en los que se plantee:

1. Una simple repetición de lo expresado en la instancia anterior;

2. Cuestiones que no fueron sometidas en la instancia previa;

3. Argumentos genéricos e imprecisos, por los que no se pueda advertir la causa de pedir;

4. Manifestaciones que no controviertan los razonamientos sustentados por la responsable en la sentencia recurrida; y

5. Cuando el actor no sustente con prueba alguna su afirmación u ofreciéndola, no guarde vinculación con el motivo de disenso, entre otros.

Por otra parte, cabe señalar que en aquellas causales de nulidad invocadas por el actor y que por su redacción literal, no establecen expresamente como elemento integral, que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, esta Sala Regional entrará a su análisis, a la luz de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 13/2000, cuyo rubro es: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”, visible en las páginas 471 y 472 de la Compilación 1997-2013, “Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, volumen 1, Jurisprudencia.

Cabe mencionar, que en aras de privilegiar los resultados de la votación o de la elección impugnada, aquellas irregularidades e imperfecciones menores que sean cometidas durante la jornada electoral por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios a fin de integrar las mesas directivas de casilla, en la medida en que no sean determinantes para los resultados de la votación, no producirán el efecto anulatorio de la causal de que se trate, en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 9/98, visible en las páginas 532 a 534 de la Compilación 1997-2013, “Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro es: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

En este orden de ideas este órgano jurisdiccional procede al estudio de las casillas respecto de las cuales el Partido del Trabajo en el expediente ST-JIN-83/2015 no cumple con el requisito contenido en el artículo 52, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

De la demanda del juicio de inconformidad interpuesto por el Partido del Trabajo, se advierte que se aduce como agravio que en las casillas que se enlistan existe error en el cómputo de los votos, y que tal error no solo se encontró en las referidas actas, sino también en las actas de cómputo distrital, cuyos datos son incluso contradictorios con los publicados en la página del Instituto Nacional Electoral, puesto que si se hace un análisis minucioso de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, existen diferencias entre las cifras relativas a los rubros, ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, boletas extraídas de la urna, votación total emitida y boletas sobrantes; por lo que en todas las casillas se actualiza la causal de nulidad contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al existir error o dolo en el cómputo de la votación.

En ese tenor, conviene señalar que la calificación de inoperancia de un agravio implica que el órgano jurisdiccional se encuentra impedido para avocarse a su estudio en el fondo, toda vez que, aun en el caso de que lo hiciera, existiría la imposibilidad de revocar el acto impugnado, dado que, en algunos supuestos, el argumento no iría dirigido a combatirlo eficazmente o, en otros, incumpliría la normatividad establecida en torno a los requisitos que debe reunir respecto de su planteamiento, lo que hace indebido su estudio.

De tal manera, en cuanto a los requerimientos mínimos que debe cumplir un agravio, la parte a quien perjudica un acto o resolución tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad mediante su formulación clara y precisa, de modo que resultarán inoperantes los agravios en aquellos casos en que sean vagos, genéricos o subjetivos, en tanto que no sea posible advertir de tales manifestaciones los razonamientos lógico-jurídicos encaminados a evidenciar la supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad del acto combatido.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que pese a que el juicio de inconformidad no es un medio de impugnación de estricto derecho, en el que se atiende exclusivamente a lo expuesto por el accionante, sin oportunidad de suplir la deficiencia en la expresión de los argumentos, la suplencia de la queja tampoco puede ir más allá de lo expuesto en el medio de impugnación.

En tal contexto, para tener por debidamente configurados los agravios, es suficiente con que se exprese claramente la causa de pedir, sin exigir para ello el seguimiento de una forma sacramental y menos aún su necesaria ubicación en determinado capítulo del escrito de demanda; empero, los motivos de inconformidad que se hagan valer deberán ser, necesariamente, argumentos encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta emitir su acto, por lo que es indispensable su expresión, habida cuenta que no es posible analizar oficiosamente si dicho actuar vulnera o no algún precepto constitucional o legal. Luego, los agravios que dejen de atender tales requisitos tendrán como resultado su inoperancia.

Así las cosas, el artículo 52 en su párrafo 1, inciso c) de la ley adjetiva de la materia establece como uno de los requisitos del escrito para promover el juicio de inconformidad, el relativo a la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicita sea anulada, así como de la causal que se invoque para cada una de ellas.

De tal suerte, quien promueva un juicio de inconformidad tendrá la obligación de mencionar individualmente las casillas cuya votación solicita se invalide, la causal de nulidad que se invoque para ello, así como los motivos que en cada caso actualicen el referido supuesto normativo, pues, de no hacerlo, deberá declararse inoperante el agravio respectivo.

En este caso, es inoperante el agravio del Partido del Trabajo que se desprende de la demanda de referencia, ya que dicho instituto político no individualiza ni señala las casillas de las cuales considera que existe la violación que resiente en cada una de ellas.

En efecto, del análisis del escrito de inconformidad se advierte que el accionante sólo refiere que se enlistan las casillas dentro de su agravio en las que considera se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; sin embargo, no se contiene dicha lista con los números de casillas reclamadas en donde hubiera manifestado un agravio individualizado por cada una de ellas.

Por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para avocarse al estudio de la irregularidad propuesta, pues de hacerlo, se estaría sustituyendo en la accionante, en perjuicio del equilibrio procesal que debe privar en medios de impugnación como el que aquí se resuelve.

En consecuencia, resulta inoperante el agravio contenido en la demanda formulada por el Partido del Trabajo referente a la supuesta nulidad de la votación recibida en casilla contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Solicitud de nuevo escrutinio y cómputo

Asimismo, el Partido del Trabajo solicita a esta Sala Regional realice un nuevo escrutinio y cómputo de todas las casillas, esto es, de la totalidad de los paquetes electorales pertenecientes al 01 Distrito Electoral en el Estado de Colima, lo anterior, sostiene que es a efecto de dotar certeza a los resultados del proceso electoral.

Al respecto, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que no ha lugar a conceder la solicitud hecha valer por el partido político actor como a continuación se explica.

La solicitud del Partido del Trabajo de un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas, no fue planteada para atacar algún vicio aritmético o inconsistencia evidente, sino que fue llevada a cabo únicamente en forma genérica, sin precisar exactamente cuáles fueron los motivos que la llevan a realizar dicha solicitud.

A mayor abundamiento, en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece el procedimiento al que se sujetarán los consejos distritales para la realización del escrutinio y cómputo distrital. El referido artículo establece, textualmente, lo siguiente:

“Artículo 311.

1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del presidente del consejo distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 291 de esta Ley. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

(…)

d) El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación, y

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

(…)

2. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.

3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

(…)

9. En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales.”

(Énfasis añadido)

Como se puede apreciar de la transcripción anterior, el legislador estableció los supuestos en los que los consejos distritales están en aptitud de realizar un nuevo escrutinio y cómputo parcial o total de los paquetes electorales correspondientes a determinado distrito electoral federal. A saber, los siguientes:

a)    Cuando los resultados de las actas no coincidan o se detecten alteraciones evidentes en las actas, o bien, cuando no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni en poder del presidente del consejo;

b)    Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse con otros elementos, a satisfacción de quien lo haya solicitado;

c)    Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos que ocupan el primer y segundo lugar en la votación;

d)    Cuando la totalidad de los votos haya sido depositada en favor de un mismo partido político;

e)    Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el segundo lugar en votación sea igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión de cómputo exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos, se deberá realizar el recuento en la totalidad de las casillas;

f)      Cuando al término del cómputo se establece que la diferencia entre el primer y segundo lugar de la votación distrital es igual o menor a un punto porcentual, y exista petición expresa, el consejo distrital deberá realizar el recuento en la totalidad de las casillas, y

g)    Finalmente, como nota distintiva se señala que en ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice un recuento de votos cuando respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales.

Por lo anterior, esta Sala Regional arriba a la conclusión de que la normativa electoral establece distintos supuestos para llevar a cabo un recuento parcial o un recuento total, es decir, tal y como se advierte, existen situaciones fácticas específicas que permiten a la autoridad administrativa electoral y a la autoridad jurisdiccional realizar recuentos parciales y otras diversas que conducen necesariamente a la realización del nuevo escrutinio y cómputo en todas y cada una de las casillas de la sección correspondiente; sin embargo, en el caso materia de esta sentencia, el Partido del Trabajo no demuestra las condiciones exigibles para que el Consejo Distrital hubiera efectuado un recuento total de las casillas, en virtud de que no se surtía el supuesto normativo específico para su procedencia.

Lo anterior es así, en atención a que la solicitud invocada por la parte impetrante consistente en que se recuente la totalidad de los paquetes electorales a efecto de dotar de certeza el procedimiento electivo, es improcedente para la realización de un recuento total.

Dicha situación no se encuentra sujeta a interpretación, ya que es la propia normatividad electoral la que establece claramente los supuestos específicos para la realización de un nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa y jurisdiccional y, evidentemente, de lo determinado por el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que el único supuesto en que pueda generarse un recuento de la naturaleza que pretende el partido demandante, es cuando exista una diferencia entre el primero y segundo lugar de los candidatos contendientes en una elección que sea menor o igual a un punto porcentual y, en su caso, sea solicitado por el partido que haya obtenido el segundo lugar, sea que existan indicios previos al cómputo distrital o al final de éste.

Situación que en el caso no fue demostrada por la parte demandante, máxime que no ocupó el segundo lugar, así como también que ya habían sido materia de recuento parcial trescientos sesenta y cinco paquetes electorales de la elección de diputados de mayoría relativa en el 01 distrito electoral de la aludida entidad federativa, como se advierte a fojas 375 a 436 del cuaderno accesorio del expediente ST-JIN-83/2015, documentales que fueron valoradas con antelación, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 1, y 16, párrafo 2 de la Ley adjetiva de la materia.

Por lo anterior, no ha lugar a conceder la solicitud del Partido del Trabajo de que se realice un nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de los paquetes electorales que integran el distrito cuya elección se controvierte.

Precisado lo anterior, se procede hacer el análisis de los agravios que hacen valer los actores, relacionados con la nulidad de votación recibida en casilla, en el entendido de que en aquellos casos en que el actor haya omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o los haya citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional, tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto.

OCTAVO. Hechos y agravios. Resulta innecesaria la transcripción de los agravios hechos valer por los partidos actores, en virtud de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no establece como obligación para el juzgador que transcriba los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues en todo caso, tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda, se estudian y se da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente.  

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[2] de rubro y texto siguientes:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

NOVENO. Síntesis de los agravios y metodología.

De la lectura de los escritos de demanda, esta Sala advierte que los actores formulan los siguientes motivos de agravios:

-         El Partido de la Revolución Democrática aduce que durante la sesión del cómputo llevada a cabo por el Consejo Distrital Electoral 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima el diez y once de junio del presente año, se realizó una errónea calificación de los votos reservados, en virtud de no haberse determinado su validez conforme a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  y conforme al acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Esto es, aduce el actor que arbitrariamente en la sesión del cómputo del referido Consejo Distrital Electoral, no se tomaron en cuenta los criterios de este Tribunal Electoral, así como el acuerdo del Consejo General del aludido Instituto aprobado el catorce de enero del año en curso, mediante el cual se diseñó como parte del material didáctico el documento denominado “Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales”.

Por lo anterior, refiere el citado partido político, que esta autoridad jurisdiccional debe llevar a cabo nuevamente el cómputo para determinar la validez o nulidad de los doscientos cincuenta y cinco votos reservados.

-         El citado partido político, señala como motivo de disenso que no se llevó a cabo el recuento en ciento treinta y dos casillas en el Consejo Distrital Electoral 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, siendo que los votos nulos fueron mayores a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugar, toda vez que el candidato de la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional y  Verde Ecologista de México obtuvo 48,896 votos contra los 47,059 del Partido de la Revolución Democrática, existiendo una diferencia de 1,837 votos, y por lo que respecta a los votos nulos se contabilizaron 4760, encuadrándose en el supuesto del artículo 311, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

-         Aducen los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario Institucional, indistintamente, que se declare la nulidad de la votación recibida en las casillas que impugnan, por actualizarse algunas hipótesis de anulación previstas en el artículo 75, párrafo 1, incisos a), c), e), f), g), j) y k) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

-         Señala el Partido de la Revolución Democrática que existe incongruencia en cuanto a los votos obtenidos por los candidatos a Diputados Federales incluidos los votos nulos y candidatos no registrados del Distrito Electoral Federal 01 del Estado de Colima en comparación con los votos totales obtenidos en la elección de Gobernador del Estado, existiendo una diferencia de 511 votos, con lo cual se justifica el fraude electoral, compra del voto, coacción hacia el electorado y funcionarios de casilla, y demás irregularidades que se derivaron durante el desarrollo del proceso electoral.

-         De igual forma manifiesta el Partido de la Revolución Democrática como motivo de disenso que el convenio de coalición parcial que celebraron los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México tiene vicios de consentimiento en virtud de que no fue suscrito por aquellos que tenían la facultad para hacerlo, por lo que dicho convenio debe de ser considerado nulo de pleno derecho y en consecuencia, se debe decretar la coalición como inexistente, debiendo computar sus votos por separado en el Distrito Electoral Federal 01 del Estado de Colima.

-         Finalmente, el Partido de la Revolución Democrática pretende la nulidad de la elección impugnada, al referir como motivo de inconformidad el despliegue exorbitante de propaganda electoral, de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y aduce que incluso se han impuesto sanciones por más de sesenta y siete millones de pesos por promocionar su imagen a nivel nacional, mediante las cadenas de reproducción de películas cinepolis  y cinemex, radio y televisión, medios electrónicos e impresos, además de regalos utilitarios que repartió con entrega a domicilio de mochilas, cuadernos, gorras, lápices, mandiles, tarjetas de descuento y boletos para asistir al cine.

Por lo anterior, señala que toda vez que el Partido Verde Ecologista de México con su despliegue de publicidad benefició al Partido Revolucionario Institucional por el convenio de coalición que suscribieron, se debe prorratearse todos y cada uno de los gastos que se llevaron a cabo y con ello incluir al candidato de los aludidos partidos políticos del Distrito 1 Federal con sede en el Estado de Colima, lo anterior, con la finalidad de la revisión del rebase de tope de gastos de campaña.

Con base en lo anterior y, por razón de método, se estudiaran los agravios hechos valer por lo actores en el orden en que fueron expuestos, esto es, primero el relacionado con la errónea calificación de los votos reservados; luego el referido al recuento en las 132 casillas; posteriormente se analizarán en apartados por cada causal de nulidad invocada por los partidos promoventes; en siguiente orden el relacionado con la incongruencia de los votos obtenidos por los candidatos a Diputados Federales en comparación con los votos de la elección del Gobernador del Estado; de igual forma el que se refiere a los vicios de consentimiento del convenio de coalición parcial; finalmente el tocante al despliegue exorbitante de propaganda electoral por promocionar la imagen a nivel nacional, debiendo prorratearse los gastos entre los partidos de la coalición con la finalidad de la revisión del rebase de tope de gastos de campaña.

DÉCIMO. Estudio de fondo. Como se desprende de la síntesis de agravios, el Partido de la Revolución Democrática aduce que durante la sesión del cómputo llevada a cabo por el Consejo Distrital Electoral 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima el diez y once de junio del presente año, se realizó una errónea calificación de los votos reservados, en virtud de no haberse determinado su validez conforme a los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  y conforme al acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Esto es, aduce el actor que arbitrariamente en la sesión del cómputo del referido Consejo Distrital Electoral, no se tomaron en cuenta los criterios de este Tribunal Electoral, así como el acuerdo del Consejo General del aludido Instituto aprobado el catorce de enero del año en curso, mediante el cual se diseñó como parte del material didáctico el documento denominado “Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales”.

Por lo anterior, refiere el citado partido político, que esta autoridad jurisdiccional debe llevar a cabo nuevamente el cómputo para la determinación de la validez o nulidad de los doscientos cincuenta y cinco votos reservados.

El motivo de agravio deviene infundado, en razón de lo siguiente:

Los consejeros distritales tienen, en el ámbito de su competencia, la atribución de efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación proporcional; tal y como se advierte del artículo 79, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se transcribe a continuación.

1. Los consejos distritales tienen, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

a) Vigilar la observancia de esta Ley y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales;

b) Designar, en caso de ausencia del secretario, de entre los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, a la persona que fungirá como tal en la sesión;

c) Determinar el número y la ubicación de las casillas conforme al procedimiento señalado en los artículos 256 y 258 de esta Ley;

d) Insacular a los funcionarios de casilla conforme al procedimiento previsto en el artículo 254 de esta Ley y vigilar que las mesas directivas de casilla se instalen en los términos de esta Ley;

e) Registrar las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa;

f) Registrar los nombramientos de los representantes que los partidos políticos acrediten para la jornada electoral;

g) Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la organización a la que pertenezcan, que hayan presentado su solicitud ante el presidente del propio consejo distrital para participar como observadores durante el proceso electoral, conforme al inciso c) del párrafo 1 del artículo 217 de esta Ley;

h) Expedir, en su caso, la identificación de los representantes de los partidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a partir de su registro, y en todo caso, diez días antes de la jornada electoral;

i) Efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación proporcional;

j) Realizar los cómputos distritales de la elección de senadores por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional;

k) Realizar el cómputo distrital de la votación para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

l) Supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el proceso electoral, y

m) Las demás que les confiera esta Ley.

Como se advierte, dentro de las atribuciones de los consejeros electorales del Consejo Distrital es efectuar los cómputos distritales, incluyendo por ende, en su caso, la calificación de los votos reservados que se efectuaron durante una diligencia de recuento.

Ahora bien, tal y como se observa en el proyecto de acta de la sesión de cómputo distrital realizado por el consejo distrital hoy responsable número 20/ESP/10-06-15 y del acta circunstanciada del aludido cómputo CIRC29/CD01/COL-10-06-15, ambas, de diez de junio del año en curso, las cuales obran a fojas 133-243 del cuaderno accesorio 3 del expediente ST-JIN-83/2015, documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 1, y 16, párrafo 2 de la Ley adjetiva de la materia, se hace constar que los integrantes del aludido 01 Consejo Distrital Electoral Federal, se reunieron para llevar a cabo, entre otros puntos, la calificación de la validez o nulidad de los doscientos cincuenta y cinco votos reservados en los grupos de trabajo de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa; de lo anterior, este órgano jurisdiccional observa, que el Consejo Distrital cumplió cabalmente los lineamientos contendidos en los artículos 288, párrafos 2 y 3, y 291 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales aducen textualmente lo siguiente.

Artículo 288.

(…)

2. Son votos nulos:

a) Aquél expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político o de una candidatura independiente, y

b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.

3. Cuando el elector marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.

(…)

Artículo 291.

1. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.

Esto es, el 01 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima a efecto de determinar la validez o nulidad de los votos, se apegó a la normativa electoral, la cual señala que se debe de contar como nulo aquel voto en el que no se haya marcado ningún cuadro en la boleta electoral o cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados.

Asimismo, se contaran como válidos, aquellos votos que contengan la marca en un solo cuadro, así como también cuando se marque en la boleta dos o más cuadros y exista coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados, en cuyo caso, el voto contará para el candidato de la coalición y se registrará por separado en el espacio correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.

Como se advierte, la norma prevé que la calificación de votos sea una responsabilidad del máximo órgano de dirección del aludido Instituto a nivel distrital, a través de mecanismos perfectamente definidos, y no a través de un “Cuadernillo de consulta para votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales”, para el proceso electoral federal 2014-2015, toda vez que este fue diseñado por el Instituto Nacional Electoral meramente como parte de material didáctico, en el que contiene criterios que no son de carácter vinculatorio en la calificación de los votos.

Por otro lado cabe señalar, que el Partido de la Revolución Democrática sólo se limita a señalar de manera genérica que la autoridad responsable realizó una errónea calificación de los votos reservados, argumento que en estima de este órgano jurisdiccional resultan insuficiente para realizar la pretensión del partido actor, pues no basta con que se alegue que indebidamente se realizó una errónea calificación de los aludidos votos, sino que se deben cuestionar de forma individual, clara y precisa todas y cada una de las consideraciones que se tomaron en cuenta para arribar a esa determinación.

Por las anteriores razones, este órgano jurisdiccional considera que el agravio en estudio resulta infundado.

Por otro lado, por lo que respecta al agravio del Partido de la Revolución Democrática en el que señala que no se llevó a cabo el recuento en ciento treinta y dos casillas en el Consejo Distrital Electoral 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, siendo que los votos nulos fueron mayores a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugar, toda vez que el candidato de la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional y  Verde Ecologista de México obtuvo 48,896 votos contra los 47,059 del Partido de la Revolución Democrática, existiendo una diferencia de 1,837 votos, y por lo que respecta a los votos nulos se contabilizaron 4760, encuadrándose en el supuesto del artículo 311, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; este órgano jurisdiccional estima infundado el motivo de disenso en base a lo siguiente.

Para que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realicen el nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales o locales de las que conozcan, deben surtirse los supuestos contemplados en el artículo 21 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que es del tenor siguiente:

Artículo 21 Bis

1. El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo en las elecciones federales o locales de que conozcan las Salas del Tribunal Electoral solamente procederá cuando:

a) El nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la sesión de cómputo correspondiente …

b) Las leyes electorales locales no prevean hipótesis para el nuevo escrutinio y cómputo por los órganos competentes o previéndolas se haya negado sin causa justificada el recuento.

2. Las Salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o puedan ser requeridos por las propias Salas sin necesidad de recontar los votos.

3. No procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiere realizado nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva.

Esta Sala Regional considera que en la especie no se cumplen los requisitos necesarios para que esta autoridad jurisdiccional realice un nuevo escrutinio y cómputo en las ciento treinta y dos casillas que aduce el aludido partido político en el distrito electoral federal 01 del Estado de Colima, de conformidad con lo siguiente.

En el caso de la elección impugnada, el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima realizó el nuevo escrutinio y cómputo de trescientos sesenta y cinco paquetes electorales, según se advierte del contenido de las actas circunstanciadas del recuento parcial de la elección de diputados de mayoría relativa en el 01 distrito electoral de la aludida entidad federativa, en los tres grupos de trabajo respectivo que se formaron al efecto, tal y como consta a fojas 375 a 436 del cuaderno accesorio del expediente ST-JIN-83/2015, documentales que fueron valoradas con antelación y que gozan de pleno valor probatorio, resaltándose que, en dicho distrito se instalaron un total de cuatrocientas noventa y cuatro casillas.

Ahora bien, tal y como se advierte de la sesión de cómputo distrital realizada por el consejo distrital responsable, los días diez y once de junio de dos mil quince, al momento de que se cotejaron las ciento treinta y dos actas que refiere el partido actor, se detectaron tres de ellas que no cumplían con la normativa electoral, razón por la cual se separaron del resto de las actas de cotejo y se remitieron de inmediato a los grupos de trabajo para ser recontadas.

Por tanto, fueron en ciento veintinueve casillas en donde no se realizó el nuevo recuento porque no se actualizaron los extremos previstos en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que se transcribe a continuación.

Artículo 311.

1. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del presidente del consejo distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 291 de esta Ley. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c) En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación;

d) El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación, y

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

        (…)

De las disposiciones legales transcritas se deduce lo siguiente:

1. Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección, que no tengan muestras de alteración exterior, sólo para obtener de ellos, el acta de escrutinio y cómputo levantada en casilla.

2. En el orden numérico de las casillas del distrito electoral de que se trate, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo que se extrajo del expediente de casilla, con los resultados del acta que obre en poder del Presidente del Consejo Distrital.

3. Si de dicho cotejo se obtiene que los resultados de tales actas coinciden, se asentará ese resultado en los formatos establecidos para ese fin, esto es, la votación recibida en la casilla correspondiente.

4. Se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, en los siguientes casos:

                                             Cuando no coincidan los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla, con los resultados que de la misma obre en poder del Presidente o de los Representantes.

                                             Cuando se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla.

                                             Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obre en poder del Presidente.

                                             Cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.

                                             Cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar en la votación.

                                             Cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

Como se ha dicho, en la especie el Partido de la Revolución Democrática solicita a esta Sala Regional un nuevo escrutinio y cómputo en ciento treinta y dos casillas del distrito electoral federal 01 del Estado de Colima, porque en su consideración, la suma total de votos nulos de las cuatrocientas noventa y cuatro casillas instaladas en el referido distrito es superior a la diferencia total de votos entre los candidatos que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación.

Ahora bien, al respecto esta Sala Regional considera infundadas las alegaciones en estudio toda vez que, como se dijo, el Consejo Distrital no realizó el nuevo escrutinio y cómputo de las ciento treinta y dos casillas que refiere el actor de forma genérica (con excepción de las tres casillas aludidas con antelación) porque no se actualizan los supuestos del artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto es, el enjuiciante parte de una premisa inexacta, ya que considera que se debe de llevar a cabo el recuento toda vez que los votos nulos fueron mayores a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primer y segundo lugar, pero lo que no advierte el partido actor, es que la causal de recuento por ser mayor la cantidad de votos nulos que la diferencia entre el primer y segundo lugar se actualiza en lo individual, es decir, por cada casilla, y no en la suma de la votación del distrito como pretende hacerlo valer.

A mayor abundamiento, tal y como se señaló en párrafos precedentes, el Partido de la Revolución Democrática alega que debió realizarse el recuento total de la votación recibida en todas las casillas del 01 distrito electoral federal con cabecera en la Ciudad de Colima, Colima, para lo cual aduce que al haber resultado en el cómputo distrital de la elección el apartado de votos nulos en una cantidad mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar, tal recuento era procedente y obligatorio para la autoridad administrativa electoral.

Lo infundado del agravio planteado por el Partido de la Revolución Democrática radica en que parte de la premisa falsa de que los supuestos de recuento parcial, previstos para inconsistencias específicas advertidas en los paquetes electorales o en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla en poder del Consejo Distrital correspondiente son igualmente aplicables al resultado del cómputo distrital de la elección, lo cual no es así, como a continuación se explica.

En primer orden, para efectos de claridad se reproduce la norma que regula el procedimiento de los cómputos distritales de elección:

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Artículo 311. El cómputo distrital de la votación para diputados se sujetará al procedimiento siguiente:

a) Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y siguiendo el orden numérico de las casillas; se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obre en poder del presidente del consejo distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;

b) Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. (…);

(…)

d) El Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando:

I. Existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado;

II. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación, y

III. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

e) A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva;

f) La suma de los resultados, después de realizar las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente;

g) Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de los incisos a) al e) de este párrafo;

h) Durante la apertura de paquetes electorales conforme a lo señalado en los incisos anteriores, el presidente o el secretario del consejo distrital extraerá: los escritos de protesta, si los hubiere; la lista nominal correspondiente; la relación de ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes y la demás documentación que determine el Consejo General en acuerdo previo a la jornada electoral. De la documentación así obtenida, se dará cuenta al consejo distrital, debiendo ordenarse conforme a la numeración de las casillas. Las carpetas con dicha documentación quedarán bajo resguardo del presidente del consejo para atender los requerimientos que llegare a presentar el Tribunal Electoral u otros órganos del Instituto;

i) El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según los dos incisos anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional;

j) El consejo distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección y asimismo, que los candidatos de la fórmula que haya obtenido la mayoría de votos cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 10 de esta Ley, y

k) Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de los candidatos de la fórmula que hubiese obtenido la mayoría de los votos.

2. Cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato presunto ganador de la elección en el distrito y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerara indicio suficiente la presentación ante el Consejo de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla en todo el distrito.

3. Si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

(Énfasis agregado por esta autoridad jurisdiccional)

De las reglas que para el procedimiento del cómputo de las elecciones distritales regula el dispositivo antes invocado, se desprende que el apartado 1 se encuentra dirigido a normar todo lo relacionado con el cómputo de las votaciones recibidas en las casillas, de forma individual, y cómo éstos deben ser computados para el resultado final de la elección distrital.

Para ello, prevé diversos supuestos en los que atendiendo a inconsistencias advertidas en los paquetes electorales o en las actas originales de escrutinio y cómputo de las casillas procederá el nuevo recuento de éstas (recuento parcial), a saber en los siguientes casos:

-         Los resultados de las actas no coinciden –con los que tengan en su poder el Presidente del Consejo Distrital o los representantes de los partidos políticos– (artículo 311, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE);

-         Existan alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado (artículo 311, párrafo 1, incisos b) y d), fracción I de la LGIPE).

-         No existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrara en poder del Presidente del Consejo (artículo 311, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE).

-         El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación (artículo 311, párrafo 1, inciso d), fracción II de la LGIPE); y

-         Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido ((artículo 311, párrafo 1, inciso d), fracción III de la LGIPE).

Todos los anteriores supuestos son aplicables para la sesión de cómputo distrital de la elección en la que se están contabilizando los resultados electorales recibidos en cada casilla para computar éstos en el resultado distrital de la elección, de tal suerte que si al estar revisando las actas y paquetes de cada casilla se advierte alguno de los supuestos anteriores, el Consejo Distrital deberá proceder a realizar el nuevo escrutinio y cómputo de la casilla de que se trate.

Es así que para esta Sala Regional es inconcuso que tales supuestos normativos se encuentran dispuestos para dar certeza a los resultados electorales de la votación recibida en las casillas, pero no así para que puedan ser invocados o aplicados para el recuento de la totalidad de las casillas. Esto se confirma al advertir que, los supuestos normativos vinculados con recuentos parciales por la presunta existencia de inconsistencias que encuadren en las hipótesis antes referidas se encuentran en su totalidad reguladas en el apartado 1 del artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Mientras que por lo que hace al recuento total de las casillas de la elección, éste se encuentra previsto en los apartados 2 y 3 del referido artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, se encuentra en un apartado diferenciado del antes analizado (el apartado 1 prevé las hipótesis de recuento parcial de casillas) y como tal dichos apartados regulan el único supuesto previsto en la norma para que el Consejo Distrital esté obligado a realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas de la elección.

Baste recordar que el recuento total de las casillas corresponde a un único supuesto extraordinario, pues el sistema constitucional electoral mexicano ha sostenido como eje transversal del principio de certeza de las elecciones que en estas participen los ciudadanos y que ellos sean los que cuenten los votos y registren los resultados electorales obtenidos por los partidos políticos, de forma tal, que sean éstos los que se tengan por válidos para efectos del resultado final de la elección. Y sólo en aquellos casos en los que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al uno por ciento, de forma excepcional, y para dotar de mayor certeza y legitimidad al resultado de la elección se estableció la posibilidad de un recuento total de los resultados electorales obtenidos y contabilizados por los ciudadanos en las casillas el día de la jornada electoral.

Cabe decir que, conforme a lo anterior, el único supuesto previsto para que sea procedente el recuento de la totalidad de las casillas exige que se actualicen los siguientes elementos:

-         Que exista un indicio suficiente al inicio de la sesión de cómputo relativo a que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al uno por ciento;

-         Deberá existir petición expresa de recuento total por parte del representante del partido que se ubique en segundo lugar; y

-         A la conclusión del cómputo de la elección deberá persistir en los resultados finales la diferencia menor al uno por ciento entre los resultados obtenidos por el primero y segundo lugar.

Lo anterior es acorde con la reglamentación que para los cómputos distritales aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del acuerdo INE/CG11/2015 por el que se emitieron los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del proceso electoral federal 2014-2015, el cual en el tema señala:

Que los artículos 311, numeral 1, incisos b) y d) de la Ley de la materia y 34 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales establecen las causales para realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la casilla en los casos siguientes: cuando no coincidan los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de casilla, con los resultados que de la misma obre en poder del Presidente o de los Representantes; cuando se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obre en poder del Presidente; cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado; cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar en la votación; y cuando todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido.

(Énfasis agregado por esta autoridad jurisdiccional)

De lo anterior, es evidente que carece de sustento lo alegado por el Partido de la Revolución Democrática, en tanto que su inconformidad la sustenta en que la hipótesis relativa a la existencia de un dato de votos nulos mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar respecto del resultado final del cómputo distrital de la elección da lugar al recuento total de las casillas de la elección, cuestión que, como quedó evidenciado, es inexacta por ser este supuesto sólo aplicable a inconsistencias advertidas en los resultados electorales asentados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en lo individual (recuento parcial), pues se insiste, como recuento total sólo está previsto el supuesto excepcional relativo a la diferencia menor al uno por ciento respecto de la votación obtenida por el primero y segundo lugar, lo que aquí no aconteció.

De ahí que resulte infundado el agravio antes estudiado.

DÉCIMO PRIMERO. Estudio de causales de nulidad de votación recibida en casilla. Como se desprende de los escritos mediante los cuales las partes actoras promueven los presentes juicios de inconformidad, son objeto de impugnación los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa; su declaración de validez; así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva, realizados por el 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, al estimar que en el caso se actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla, previstas en el artículo 75, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, esta Sala Regional procederá al análisis de los agravios esgrimidos por los partidos actores sistematizando su estudio mediante el agrupamiento de las casillas que son materia de controversia, atendiendo a la causal o irregularidad que en cada caso se invoca.

APARTADO 1: Casillas impugnadas y causales de nulidad hechas valer.

Las casillas impugnadas, así como las causales de nulidad de votación que se invocan en cada caso, son las siguientes:

APARTADO 2: Estudio de la causal de nulidad contenida en el artículo 75, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el consejo respectivo.

El Partido Revolucionario Institucional hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en veinticuatro casillas, mismas que se señalan a continuación: 69-C2, 69-C4, 120-C1, 138-B, 138-C1, 138-C3, 139-C6, 139-E1-C1, 140-C1, 140-C2, 144-B, 144-C1, 145-E1-C4, 149-C1, 160-C2, 161-B, 162-B, 166-B, 349-B, 349-C1, 354-B, 355-C1, 360-B, 369-B. El supuesto de nulidad en estudio consiste en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

En su demanda, la parte actora señala en síntesis como hechos y agravios lo siguiente:

Aduce el partido político actor como motivo de disenso la violación al principio de certeza en las citadas casillas, toda vez que la votación fue recibida en un sitio distinto al determinado por el Encarte, lo que incidió en que fuesen un universo de electores que no sufragaron al desconocer la ubicación de las casillas impugnadas, lo que incidió y fue determinante en el electorado, ya que a su decir se deduce de las actas de jornada y de escrutinio y cómputo que los electores que no votaron por inexacta ubicación de las casillas el día de la jornada electoral ascienden a un total de seis mil trescientos setenta y ocho.

Por lo que al encontrarse afectadas de nulidad, el partido político actor considera que debe anularse la votación recibida en las casillas que refiere.

Expuestos lo anterior, esta Sala procede a determinar, si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad, en estudio.

La votación recibida en una casilla será nula, cuando se actualicen los supuestos normativos siguientes:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo;

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello; y,

c) Que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que se debería acudir a votar y que por ello, no se emitió el sufragio.

Para que se actualice el primer elemento de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora acredite con las pruebas conducentes, que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo.

En cuanto al segundo elemento, se analizarán las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el artículo 276 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Por lo que hace al tercer elemento, consistente en que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que se debería acudir a votar y que por ello, no se emitió el sufragio,  debe acreditarse que se afecto el principio de certeza, respecto del lugar en donde los electores debían ejercer su derecho al sufragio.

Para acreditar la actualización de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala tomará en consideración las documentales siguientes: a) lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla comúnmente llamada “encarte”; b) acta de la sesión del Consejo Distrital en la que se aprobó la relación de los lugares en que se debieron instalar las casillas el día de la elección; c) actas de la jornada electoral; d) acta circunstanciada de la sesión permanente del Consejo Distrital el día de la jornada electoral; e) actas de escrutinio y cómputo; f) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral de las casillas cuya votación se impugna; g) acuerdo del consejo por el que se autorizó el cambio de ubicación de casillas; h) en su caso, planos de localización y ubicación de casillas; e, i) escritos de protesta y de incidentes. Documentales que respecto de las primeras ocho, gozan de pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, párrafos 1 y 2, y 16, párrafo 2 de la Ley adjetiva de la materia, y a las últimas, conforme al párrafo 3 del numeral en cita, se les otorgará el valor probatorio que se desprenda de su análisis en conjunto con los documentos públicos anteriormente señalados.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número y tipo de casilla; la ubicación de las casillas autorizadas por el Consejo Distrital, así como la precisada en las actas de la jornada electoral o de escrutinio y cómputo; si hay coincidencia o no en el domicilio; y, por último se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos.