JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: ST-JIN-165/2024

PARTE ACTORA: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE COLIMA

MAGISTRADA PONENTE: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

SECRETARIADO: DANIEL PEREZ PEREZ Y PAOLA CASSANDRA VERAZAS RICO

COLABORARON: SANDRA LUZ REYES SÁNCHEZ, NAYDA NAVARRETE GARCÍA Y JESÚS DELGADO ARAUJO

Toluca de Lerdo, Estado de México, a cinco de julio de dos mil veinticuatro.

V I S T O S, para resolver el juicio de inconformidad identificado con la clave ST-JIN-165/2024, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de quien se ostenta como persona representante acreditada por ese instituto político ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, a fin de controvertir, entre otras cuestiones, los resultados consignados en la acta de cómputo de Entidad Federativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección a la Senaduría por el principio de Mayoría Relativa; y,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de los hechos que realiza la parte actora, así como de las constancias que obran en autos y de los hechos notorios vinculados con la materia de la presente determinación[1], se advierte lo siguiente.

1. Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante sesión pública realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral inició formalmente el proceso federal electoral 2023-2024, entre otros, para las elecciones de Presidencia de la República, Senadurías por ambos principios, y de Diputaciones por los principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional.

2. Jornada electoral. El dos de junio de dos mil veinticuatro, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral federal 2023-2024.

3. Sesión, cómputo y declaración de validez de la elección. A las ocho horas, diecisiete minutos del nueve de junio de dos mil veinticuatro, en el Consejo Local de referencia inició la respectiva sesión relacionada con el cómputo mencionado, la cual concluyó a las ocho horas con cuarenta y seis minutos del día nueve de junio del año referido.

Asimismo, a las ocho horas con cuarenta y seis minutos de la citada fecha, se realizó el acta de cómputo distrital de la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa de la citada elección, de la cual se obtuvieron los resultados siguientes de votación:

Concluido el cómputo, el Consejo responsable declaró la validez de la elección de senaduría por mayoría relativa y expidió la constancia de mayoría y validez a favor de la primera fórmula de candidaturas encabezada por Virgilio Mendoza Amezcua, a la segunda fórmula encabezada por Ana Karen Hernández Aceves; postuladas por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”; y la constancia de asignación de primera minoría a la fórmula encabezada por Mely Romero Celis, por la Coalición “Fuerza y Corazón por México”.

II. Juicio de inconformidad. El doce de junio del presente año, el Partido Acción Nacional promovió juicio de inconformidad, con el fin de controvertir, entre otras cuestiones, los resultados consignados en el acta de cómputo de Entidad Federativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez de la elección a la senaduría por el principio de mayoría relativa, en el Estado de Colima.

III. Turno a Ponencia. El dieciséis de junio del año en curso, el Magistrado Presidente de Sala Regional Toluca acordó integrar el expediente del juicio de inconformidad al rubro indicado, y dispuso turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. Radicación, y admisión. Por auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la Magistrada Instructora radicó el juicio en que se actúa y al no advertir su notoria improcedencia, admitió la demanda.

V. Requerimiento. El veintinueve de junio posterior, la Magistrada instructora acordó requerir a la autoridad responsable a efecto que presentara copia certificada de las Listas Nominales de las secciones 188 y 250, además de requerir a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que informara los datos de las Listas Nominales en las que fueron registradas dos personas en dos Mesas Directivas de Casilla vinculadas con la controversia planteada en el juicio al rubro citado.

VI. Cumplimiento del requerimiento. En su oportunidad, las autoridades requeridas aportaron la documentación que les fue requerida y se dictaron los autos correspondientes de recepción de constancias.

VII. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencia pendiente por desahogar, la Magistrada Instructora determinó cerrar la instrucción, quedando los asuntos en estado de resolución; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que se trata de un medio de impugnación, promovido por un partido político a fin de controvertir a los resultados consignados en el acta de cómputo de Entidad Federativa, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección a la Senaduría por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Colima.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI; 60 párrafo segundo, 94, párrafos primero y quinto, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 164, 165, 166, párrafo primero, fracción I; 173, párrafo primero, y 176, párrafo primero, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, 53, párrafo 1, inciso b), 56, 57 y 58, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Designación del Magistrado en funciones. Teniendo como criterio orientador lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro “SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO” [2], se reitera que se hace del conocimiento de las partes la designación del Secretario de Estudio y Cuenta de esta Sala Regional, Fabián Trinidad Jiménez, en funciones de Magistrado del Pleno de esta autoridad federal[3].

TERCERO. Causal de improcedencia. En el informe circunstanciado la autoridad responsable argumenta que el juicio en que se actúa es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 10, párrafo inciso b), en virtud de que considera que, en el caso, el Partido Acción Nacional carece de interés jurídico debido a que, en concepto del órgano administrativo electoral, el instituto político accionante elude precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar por las que se afecta su “interés jurídicos” y sus argumentos sólo se basan en suposiciones.

1. Determinación de Sala Regional Toluca

La causal de improcedencia que formula el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima se debe desestimar.

2. Justificación

En la jurisprudencia 7/2002, de rubro “INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO”[4] la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha establecido que el interés jurídico procesal se surte, si en la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial de la parte actora y justifica que la intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de la aducida conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamado, que producirá la consiguiente restitución al demandante en el goce del pretendido derecho que se aduce vulnerado.

Así, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia ha establecido que, si se satisface lo anterior, la parte justiciable tendrá interés jurídico procesal para promover el medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de la pretensión, en tanto que una cuestión distinta es la demostración de la conculcación del derecho que se arguye violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del fondo del asunto.

Con base en esas premisas, Sala Regional Toluca considera que no asiste razón a la autoridad responsable, en virtud de que, al margen de lo eficaz o ineficaz, de los motivos de disenso formulados en la demanda del juicio de inconformidad, el partido político cuenta con interés para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo estatal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección a la Senaduría por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Colima.

Lo anterior, en virtud de que en la demanda federal el Partido Acción Nacional aduce que, en el contexto del referido ejercicio democrático, en diversas Mesas Directivas de Casilla receptoras de la votación se presentaron diversas inconsistencias lo que afectó la validez de los sufragios emitidos ante tales órganos de la ciudadanía, por lo que solicita que se declare la nulidad de la votación recibida ante esa instancias receptoras y, por ende, se corrija los sufragios emitidos en favor del instituto político accionante y de las demás opciones políticas.

En este orden de razonamientos, a juicio de Sala Regional Toluca en el caso se actualiza el requisito procesal concerniente a que el Partido Acción Nacional cuenta con interés jurídico para controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo estatal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección a la Senaduría por el principio de Mayoría Relativa en el Estado de Colima y, por ende, lo procedente es desestimar la causal de improcedencia.

Aunado a que la eficacia de los motivos de inconformidad formulados en el escrito de demanda del juicio de inconformidad es una cuestión que sólo puede ser jurídicamente revisada y determinada al examinar el mérito de la controversia.

CUARTO. Análisis de los requisitos de procedencia. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran colmados los requisitos generales y especiales exigidos por los artículos 9, párrafo 1; 52, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la presentación y procedencia del juicio de inconformidad, como a continuación se razona.

A. De los generales

a. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable; consta la denominación del partido político actor, la firma autógrafa de quien promueve en su representación, el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para tal efecto; se identifican los actos impugnados y la autoridad responsable; se enuncian los hechos y agravios que el acto impugnado les causa, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

b. Legitimación. La parte enjuiciante cuenta con legitimación para promover el juicio de inconformidad que se resuelve, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que corresponde incoarlo a los partidos políticos, y en la especie, el promovente es precisamente un ente político con carácter nacional.

c. Personería. El Partido Acción Nacional impugnó a través de la persona representante acreditada ante el Consejo Local responsable, lo cual, carácter que le es reconocido expresamente por tal autoridad administrativa electoral en su informe circunstanciado.

d. Oportunidad. La demanda mediante la cual se promueve el juicio de inconformidad se presentó de forma oportuna, en tanto que se promovió dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo local de la elección que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, se advierte que el cómputo para la elección de Senadurías al Congreso de la Unión concluyó el nueve de junio a las ocho horas con cuarenta y seis minutos, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del diez al trece de junio siguiente, de ahí que al haberse presentado la demanda el doce de junio, es que se estima que el medio de impugnación se promovió oportunamente.

e. Interés jurídico. La parte actora tiene interés jurídico en términos de lo razonado en el “CONSIDERADO” respectivo.

f. Definitividad y firmeza. De conformidad con lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también están colmadas las aludidas condiciones, porque en la legislación electoral federal no está previsto medio de impugnación alguno, que se deba agotar previamente, por el cual, los actos impugnados pudieran ser revocados, anulados o modificados; por tanto, el medio de impugnación es definitivos y firme para la procedibilidad del juicio de que se trata.

B. De los especiales

a. Señalamiento de la elección que se controvierte. El escrito de demanda mediante el cual se promueve el presente juicio de inconformidad satisface el requisito a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que la elección que la parte actora controvierte es la correspondiente a las Senadurías en el Estado de Colima, ya que desde su perspectiva se actualiza la nulidad de votación recibida en diversas casillas.

b. Referencia individualizada del acta local controvertida. En el caso que se analiza, se cumple el presupuesto previsto en el artículo 52, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque de los argumentos formulados por la parte actora se constata que se impugna el acta de cómputo local de la elección de la referida elección de las personas legisladoras en la entidad federativa de marras.

c. Mención individualizada de las mesas directivas de casilla cuya votación se controvierte del acta distrital controvertida. En la demanda se precisan las mesas directivas de casillas en las que se alega la nulidad de la votación recibida ante esos órganos de la ciudadanía y la causal invocada para ello, conforme se precisa en el cuadro siguiente, con la aclaración que algunas casillas se precisan en más de una ocasión, en virtud de que el Partido Acción Nacional las controvierte a partir de identificarlas varias veces bajo la aducida integración de personas distintas a las jurídicamente autorizadas:

Al encontrarse cumplidos en la especie, los presupuestos procesales de este juicio, lo conducente es llevar a cabo el estudio de la materia del presente acuerdo plenario.

QUINTO. Elementos de convicción. Previo a realizar el estudio y resolución de los conceptos de agravio que formula la parte actora, Sala Regional Toluca considera necesario precisar que el examen de tales motivos de disenso se realizará teniendo en consideración la valoración de las pruebas que la parte enjuiciante ofreció y/o aportó con su ocurso de impugnación.

La parte accionante ofreció como pruebas diversas documentales, respecto de tales elementos de convicción, esta Sala Regional precisa que, en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las documentales públicas que obran en autos se les reconoce valor de convicción pleno.

Por otra parte y conforme a lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, inciso b), así como 16, párrafo 3, de la ley procesal electoral, a las documentales privadas que obren en autos se les reconoce valor probatorio indiciario y sólo harán prueba plena cuando, a juicio de esta autoridad federal, del análisis de los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados o con los hechos con los que se relacionan tales elementos de convicción.

SEXTO. Motivos de inconformidad. En la demanda de juicio de inconformidad, el Partido Acción Nacional formula los motivos de inconformidad que se sintetizan:

Aduce que, en el contexto de la elección de Senadurías en el Estado de Colima, en diversas Mesas Directivas de Casilla se actualizó la hipótesis de nulidad de la votación recibida ante esos órganos de la ciudadanía, prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a la recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados por la ley.

Señala que el día de la jornada electoral, se identificó un universo de casillas en las cuales se observó que la recepción de la votación se verificó por personas distintas a las facultadas por la legislación electoral, las cuales no están domiciliadas en la sección electoral de las casillas en las que actuaron como funcionarias, para lo cual inserta una tabla con datos de ochenta y seis casos que identifica.

El partido político agrega que en la referida casual de nulidad de la votación recibida en casilla, lo que se sanciona son las conductas irregulares ocurridas el día de la jornada electoral, consistentes en que la votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas por la ley; esto es, que hayan intervenido funcionarias o funcionarios que no fueron autorizados y que tampoco compartan vecindad con las personas electoras.

Refiere que de las documentales que se ofrecen en el presente medio de impugnación, se desprende que, en las casillas señaladas, los funcionarios de la Mesa Directiva no se encontraron en el listado nominal de la sección correspondiente. Por tanto, no reúnen el requisito que establece la Ley General para ser funcionario de casilla, consistente en ser ciudadano residente en la sección electoral que comprenda la casilla, vulnerado el principio de certeza de la elección, por lo que considera que lo procedente es que se declare la nulidad de la votación recibida en las casillas individualizadas en la demanda del juicio de inconformidad.

SÉPTIMO. Método de estudio. Sala Regional Toluca considera pertinente advertir que la nulidad de la votación recibida en mesa directiva de casilla tiene supuestos expresamente establecidos en la Ley, sin que las partes puedan invocar diversas causas, circunstancias o hechos, por lo cuales consideren que se debe anular la votación.

Al respecto, el artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se hará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

De esos principios, destaca el de certeza que, en términos generales, significa conocimiento seguro y claro de algo y en especial, en materia electoral, se traduce en el deber que tienen todas las autoridades de actuar con apego al marco normativo, constitucional y legal, a efecto de dotar de certidumbre a sus actuaciones.

Al respecto cabe precisar, como se expuso en los requisitos especiales de procedibilidad, que los promoventes de los juicios de inconformidad deben aducir de forma individualizada las casillas y causa o causas de nulidad en cada una de ellas, porque sólo de esta forma el órgano jurisdiccional puede entrar al estudio de las invocadas irregularidades.

En el anotado contexto, se debe considerar que las causales específicas de nulidad de la votación recibida en casilla en el sistema electoral federal mexicano están previstas en el artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual es al tenor siguiente:

Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale;

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta ley;

h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada;

i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación, y

k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Por tanto, los argumentos de la parte actora en el juicio de inconformidad deben tener sustento en las causas expresamente previstas en el ordenamiento procesal electoral federal.

En ese contexto, si se invoca como causal de nulidad de la votación recibida en casilla una circunstancia diversa, ello no puede ser razón justificada para anular la votación.

El método reseñado de análisis y resolución de los motivos de disenso del juicio, en concepto de esta autoridad federal no causa afectación a las partes, porque lo jurídicamente significativo no es el orden de prelación en que se analizan los conceptos de agravio, sino que todos esos razonamientos sean resueltos de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”[5].

OCTAVO. Estudio de fondo de litis. La parte actora invoca la causa de nulidad de votación recibida en casilla la prevista en el párrafo 1, inciso e), del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahora Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, a las personas designadas por la autoridad administrativa electoral nacional para fungir como tales.

- Marco normativo

Para analizar la causa de nulidad planteada es conveniente considerar que el procedimiento de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, que deben seguirse de manera sistemática, y se conforma por etapas sucesivas que se desarrollan de manera continua y ordenada.

Al respecto, el artículo 81, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 (trescientos) distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República.

Asimismo, prevé que tales mesas directivas de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

Por su parte, el artículo 82 de la invocada Ley sustantiva electoral, establece que las mesas directivas de casilla se integrarán con un persona presidenta, una persona secretaria, dos personas escrutadoras, y tres personas suplentes generales; y que en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección; tal mesa directiva se integrará, además de lo señalado, con una persona secretaria y una persona escrutadora adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior.

Ahora, para ser integrante de mesa directiva de casilla, es necesario reunir los requisitos previstos en el artículo 83, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es:

a)  Ser persona ciudadana mexicana y residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f)  Haber asistido al curso de capacitación electoral impartido por la oficina auxiliar correspondiente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h)  Saber leer y escribir.

El artículo 253, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que en las elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la integración y designación de los integrantes de las mesas directivas de casillas se realizará con base en las disposiciones de ese propio ordenamiento.

El numeral en cita prevé que las secciones en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 (tres mil) electores, y que en toda sección electoral por cada 750 (setecientos cincuenta) electores o fracción se instalará una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.

En correlación con lo anterior, el artículo 254, de la Ley referida, el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, se lleva a cabo mediante dos etapas de capacitación; en tanto el inciso i) del citado artículo, prevé que las personas designadas como funcionarios de mesas directivas de casilla deben recibir una capacitación conforme lo defina el propio Instituto, que culminará a más tardar un día antes del día de la elección, sin que ese periodo pueda exceder de 40 (cuarenta días) días naturales.

También, el propio artículo en su inciso j), señala que los Consejos Distritales notificarán personalmente a las y los integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento y les tomarán la protesta exigida por la Ley.

Descrito lo anterior, también es posible que el día de la jornada electoral alguna o varias personas designadas por la autoridad para integrar la mesa directiva de casilla no asistan, de modo que para su debida integración deben considerarse los electores para sustituirlos en las funciones, los cuales siempre debe corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque en cualquier caso de sustitución el nombramiento debe recaer en personas residentes en la sección correspondiente conforme a lo previsto en el inciso a) del numeral 1, del artículo 274, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora, teniendo como base la referida regulación, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla en análisis se actualiza cuando se cumplan los elementos constitutivos siguientes:

a)       Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados.

b)       Que la irregularidad sea determinante.

Respecto al segundo supuesto referido, debe precisarse que la irregularidad actualizada siempre es determinante conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 13/2000 de rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”[6].

Asimismo, debe señalarse que la Sala Superior de este Tribunal al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, determinó interrumpir la vigencia de la jurisprudencia 26/2016 de rubro “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO” en la que se establecían 3 (tres) requisitos que debían cumplir los conceptos de agravio para que el órgano jurisdiccional analizara la causal en cuestión, consistentes en: (i) la identificación de la casilla, (ii) el nombre de quienes no cumplían los requisitos y (iii) el cargo que ejercieron.

En la sentencia referida, la Sala Superior razonó que la interpretación textual de la jurisprudencia llevaba a exigir elementos desproporcionales, ya que implicaba la concurrencia de los 3 (tres) factores descritos, cuando en los criterios reiterados que dieron origen a la jurisprudencia y, en el propio caso resuelto en ese recurso, se había señalado que era suficiente con que el impugnante aportara el nombre de la persona cuya actuación controvertía en cada casilla; esto es, no era necesario además señalar el cargo desempeñado en la mesa directiva, porque en ese fallo se consideró suficiente que las partes actoras precisen la identificación de la casilla y el nombre y apellido de la persona que presuntamente la integró indebidamente.

De esa forma, aun cuando la Sala Superior interrumpió la vigencia del criterio jurisprudencial citado, ha sido consistente en sostener que existe la carga procesal para el justiciable de señalar el o los nombres de las personas que aduzca que incumplen los requisitos para integrar válidamente la mesa directiva de una casilla en particular; es decir, el citado criterio no implica que se releve totalmente de las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló que al menos debe precisarse la casilla y el nombre de la persona que presuntamente fungió ilegalmente.

La referida exigencia garantiza que la impugnación tenga los elementos mínimos para sustentar lo afirmado por la parte actora, lo que no sucede cuando simplemente se mencionan casillas y/o cargos, ya que ello traslada la carga a la autoridad jurisdiccional electoral de analizar la conformación de toda la mesa directiva, lo que es inconsistente con la exigencia general de los medios de impugnación en el sentido de que los actores deben plantear los hechos en los que se basa su pretensión[7].

En correlación con lo expuesto, la Ley exige para el estudio de las causales de nulidad, entre otras cuestiones, el deber de precisar la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Lo anterior, para que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar las citadas causales de nulidad, por lo que resulta indispensable que en la demanda se precisen tales requisitos, los cuales se traducen en los datos mínimos y alegaciones básicas necesarias de sus agravios, los cuales sirvan para evidenciar las presuntas irregularidades, acompañando las pruebas en las que tales menciones se apoyan y la forma en qué los medios probatorios resultan útiles para demostrar tales afirmaciones.

Tal posición ha sido consistente por la Sala Superior de este Tribunal Electoral al resolver el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-75/2022, en el que confirmó el análisis de la autoridad responsable que declaró inoperantes agravios en los que se señalaba casilla y cargo, pero omitió precisar nombre de la persona funcionaria.

De modo que tal exigencia, para el análisis de la causal de referencia es necesario que además de precisar la casilla, se indique el nombre de la persona respecto de la cual se alega la recepción de la votación de forma indebida.

- Estudio del caso

Para llevar a cabo el análisis correspondiente de los alegatos de la parte actora, se presenta un cuadro esquemático y comparativo con la identificación de cada casilla, los nombres de los funcionarios designados por la autoridad electoral federal conforme al procedimiento ordinario, de aquéllos que actuaron el día de la jornada electoral y de las personas que señala la parte actora.

Los datos de los cuadros que se insertan enseguida se obtuvieron de los documentos siguientes: 1. Copia certificada de las actas de jornada electoral; 2 Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo; 3. Publicación de la lista de personas funcionarias de casilla, realizada por la autoridad administrativa electoral (encarte), 4. Listas nominales, y 5. Los desahogos de los requerimientos presentado por el Secretario del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima y por el Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica de la citada autoridad administrativa electoral nacional.

Los medios de convicción enunciados son documentales públicas y, por ende, tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, del análisis de tales documentos se arriba a lo siguiente:

- Agravios infundados

i) Personas que no fungieron como funcionarias de casilla (en los que existe otro nombre con cierto grado de similitud en el Encarte)