JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: ST-JIN-180/2024, ST-JIN-181/2024 Y JIN-183/2024 ACUMULADOS

PARTE ACTORA: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: 08 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

PARTE TERCERA INTERESADA: MORENA Y CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL ELECTO

MAGISTRADA PONENTE: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

SECRETARIADO: ADRIANA ARACELY ROCHA SALDAÑAY MARCO VINICIO ORTÍZ ALANÍS

COLABORARON: REYNA BELEN GONZÁLEZ GARCÍA E IVÁN GARDUÑO RÍOS

Toluca de Lerdo, Estado de México, a diecinueve de julio de dos mil veinticuatro.

V I S T O S, para resolver los autos de los juicios de inconformidad identificados con las claves ST-JIN-180/2024, ST-JIN-181/2024 y ST-JIN-183/2024, promovidos por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, por conducto de quienes se ostentan como sus representantes propietarios acreditados ante el 08 Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral, con sede en Morelia, Michoacán, a fin de controvertir, entre otras cuestiones, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez por nulidad de votación recibida en varias casillas o por nulidad de la elección de la Diputación por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de los hechos que realizan las partes actoras, así como de las constancias que obran en autos y de los hechos notorios vinculados con la materia de la presente determinación[1], se advierte lo siguiente.

1. Inicio del proceso electoral. Inicio del proceso electoral. El siete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante sesión pública realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral inició formalmente el proceso federal electoral 2023-2024, entre otros, para las elecciones de Presidencia de la República, Senadurías por ambos principios, y de diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

2. Jornada electoral. El dos de junio de dos mil veinticuatro, se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral federal 2023-2024.

3. Sesión, cómputo y declaración de validez de la elección El cinco de junio, el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán inició el cómputo de la elección federal de diputaciones por ambos principios, los cuales concluyeron el seis de junio siguiente, con los siguientes resultados[2]:

Principio de representación proporcional

Concluido el cómputo, el Consejo responsable declaró la validez de la elección de la diputación por ambos principios y expidió la constancia de mayoría y validez a favor de la fórmula de candidaturas encabezada por Ernesto Núñez Aguilar, postulado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y MORENA.

II. Juicios de inconformidad. Los días nueve y diez de junio del presente año, el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y, Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, promovieron juicio de inconformidad, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo distrital antes inserta.

III. Parte tercera interesada. Durante la tramitación de los juicios de inconformidad compareció MORENA y el Candidato electo a Diputado Federal con el carácter de parte tercera interesada en los juicios ST-JIN-181/2024 y ST-JIN-183/2024.

IV. Turno. El diecisiete de junio del año en curso, el Magistrado Presidente de Sala Regional Toluca acordó integrar los expedientes de los juicios de inconformidad al rubro indicado, y dispuso turnarlos a la Ponencia de la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Radicación y admisión. Por autos de diecinueve y veinte de junio posterior, la Magistrada Instructora radicó cada uno de los juicios al rubro citados y al no advertir alguna causa evidente de improcedencia admitió las demandas.

VI. Requerimientos. En diversas fechas, la Magistrada Instructora formuló sendos requerimientos a la autoridad administrativa electoral responsable a fin de integrar debidamente los expedientes.

Tales requerimientos fueron desahogados en tiempo y forma por parte de la autoridad responsable.

VII. Cierres de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencia pendiente por desahogar, la Magistrada Instructora determinó cerrar la instrucción, quedando los asuntos en estado de resolución; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, toda vez que se trata de dos medios de impugnación, promovidos por dos partidos políticos a fin de controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez por nulidad de votación recibida en varias casillas o por nulidad de la elección de la Diputación por ambos principios, correspondiente al Distrito Electoral Federal 08 en el Estado de Michoacán, entidad federativa en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción y acto respecto del cual es competente para conocer.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI; 60 párrafo segundo, 94, párrafos primero y quinto, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 164, 165, 166, párrafo primero, fracción I; 173, párrafo primero, y 176, párrafo primero, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, 53, párrafo 1, inciso b), 56, 57 y 58, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Designación del Magistrado en funciones. Teniendo como criterio orientador lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro “SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO” [3], se reitera que se hace del conocimiento de las partes la designación del Secretario de Estudio y Cuenta de esta Sala Regional, Fabián Trinidad Jiménez, en funciones de Magistrado del Pleno de esta autoridad federal[4].

TERCERO. Acumulación. En los juicios en los que se actúa existe conexidad en la causa, debido a que se controvierte el cómputo distrital de la elección de diputaciones por ambos principios y se trata de la misma autoridad responsable, es decir, el 08 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Morelia, Michoacán, por lo que se estima conveniente su estudio en forma conjunta.

Por tanto, con la finalidad de facilitar la resolución de estos juicios, así como evitar el dictado de sentencias contradictorias, lo procedente es acumular los juicios ST-JIN-181/2024 y ST-JIN-183/2024 al diverso ST-JIN-180/2024, por ser éste el más antiguo, con la finalidad de facilitar la pronta y expedita resolución de los expedientes. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en los artículos 79 y 80, del Reglamento Interno de este Tribunal.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de esta sentencia al expediente del juicio acumulado.

CUARTO. Parte tercera interesada. En tal calidad pretende comparecer MORENA en el juicio ST-JIN-181/2024, así como el Candidato electo a Diputado Federal en el juicio ST-JIN-183/2024, a quienes se le reconoce tal calidad en virtud de cumplimentar los requisitos legales que a continuación se enlistan:

En tal calidad pretende comparecer el Diputado Federal electo y el partido político MORENA, a quien se les reconoce tal calidad en virtud de cumplimentar los requisitos legales que a continuación se enlistan:

a) Interés incompatible. De conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la parte tercera interesada, entre otros, es el Diputado Federal electo y el partido político con un interés legítimo en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende la parte actora.

En esa arista, el citado partido político y el Diputado Federal electo tienen interés para comparecer como parte tercera interesada al haber formado parte de la Coalición que postuló a la fórmula de candidaturas que obtuvo la mayoría de la votación en la elección controvertida, de ahí que, si el instituto político actor como el candidato electo pretenden modificar los resultados o anular tales comicios, es evidente que existe un derecho incompatible.

b) Legitimación y personería. El párrafo 2, del artículo 12, de la ley citada, señala que la parte tercera interesada deberá presentar su escrito, por sí mismo o a través de la persona que lo represente, siempre que justifique la legitimación para ello.

Al respecto, se tiene por colmado el citado requisito, en consideración que el escrito objeto de análisis fue presentado por el candidato electo por propio derecho y respecto al partido político fue presentado por Luis Silva Pérez, quien se ostenta como representante del citado partido político acreditado ante el Consejo Distrital responsable, circunstancia que si bien no fue probada por éste, tal calidad le es reconocida por la responsable y de las diversas actas elaboradas por el órgano colegiado distrital que obran en el sumario se constata que tal persona ha actuado y participado con la calidad de representante del citado partido político durante las sesiones del Consejo Distrital demandado.

c) Oportunidad. De conformidad con el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la invocada Ley procesal electoral, la autoridad u órgano partidista, según sea el caso, que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, bajo su más estricta responsabilidad y de inmediato, deberá hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 72 (setenta y dos) horas fije en los estrados respectivos o por cualquier otro procedimiento que garantice su publicidad.

El párrafo cuarto del citado precepto legal, señala que dentro del plazo de publicación del medio de impugnación las partes terceras interesadas podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

En el caso, la publicitación de la demanda del juicio de inconformidad ST-JIN-181/2024 se realizó a las nueve horas del diez de junio del presente año, por lo que el plazo de comparecencia finalizó a las nueve horas del trece de junio; en tanto que MORENA presentó su ocurso a las veintitrés horas con cincuenta y tres minutos del día doce de junio, por lo que es evidente su oportunidad.

En cuanto se refiere al juicio de inconformidad ST-JIN-183/2024, la publicación se realizó a las nueve horas del diez de junio del año en curso, por lo que el plazo de comparecencia finalizó a las nueve horas del trece de junio; en tanto que el citado partido político presentó su ocurso a las veintiún horas con cincuenta y tres minutos del doce de junio siguiente, por lo que se realizó dentro del plazo legalmente previsto.

De ahí que se acredita que en ambos casos la presentación de los escritos de comparecencia fue oportuna.

QUINTO. Causal de improcedencia. La parte tercera interesada en el expediente ST-JIN-181/2024 hace valer como causales de improcedencia que en el escrito de demanda el instituto político “pretende impugnar más de una elección”, el partido actor presentó de forma extemporánea el medio de impugnación, aunado a que razona que “los actos impugnados no son definitivos ni firmes”, tales tópicos serán analizados en los subapartados posteriores.

1. Pretensión de controvertir más de una elección

La parte tercera interesada arguye que el juicio de inconformidad es improcedente, debido a que con la demanda respectiva el partido político accionante pretende controvertir la elección de la Presidencia de la República, la de Senaduría y la de Diputación Federal, por lo que considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A juicio de Sala Regional Toluca, la causal de improcedencia se debe desestimar.

Lo anterior, en virtud que del análisis integral de la demanda es manifiesto e indudable el hecho de que la pretensión de la parte accionante se dirige a impugnar la elección de la Diputación Federal en cuestión.

La aserción precedente se verifica al tener en consideración que en la página primera de la demanda, la parte actora identifica expresamente la elección que impugna como la de la “DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN”, lo cual es reiterado, en el contenido del ocurso, al desarrollar los requisitos formales de la demanda del juicio de inconformidad, en particular en lo que respecto a la exigencia de identificar la elección que se controvierte en el medio de impugnación, en la que se reitera que se cuestiona el referido ejercicio democrático, como se advierte de las imágenes siguientes del indicado documento:

Primer página de la demanda

Pagina tres de la demanda sobre el requisito formal de la elección que se controvierte

Como se advierte, en la demanda se expresa de manera concreta la elección que impugna, lo cual se robustece con lo señalado en el propio rubro; aunado del resto de su contenido no se advierte señalamiento alguno para cuestionar alguna otra elección, en los términos que plantea la parte tercera interesada, por lo que se desestima la causal de improcedencia.

2. Extemporaneidad de la demanda

La parte tercera interesada aduce que la demanda se presentó de forma inoportuna, en virtud de que la interposición de la demanda empezó a contar a partir de los días cinco, seis y siete de junio y feneció el ocho, nueve y diez de junio de dos mil veinticuatro; por lo que la propia parte tercera interesada afirma que, en atención a que la demanda de juicio de inconformidad se presentó el nueve de junio de dos mil veinticuatro resulta extemporánea.

La causal de improcedencia se desestima, conforme a las premisas siguientes.

La demanda mediante la cual se promueve el juicio de inconformidad se presentó de forma oportuna, en tanto que se promovió dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente al distrito electoral federal en análisis, se advierte que el cómputo para la elección de Diputaciones al Congreso de Unión concluyó a las diecinueve horas con treinta y nueve minutos del seis de junio, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del siete al diez de junio siguiente, de ahí que al haberse presentado la demanda el nueve de junio, es que se estima que el medio de impugnación se promovió oportunamente, destacándose que las fechas en las que tuvieron lugar esas actuaciones, incluso, son reconocidas por la propia parte tercera interesada.

3. Impugnación de actos que no son definitivos ni firmes

A partir de que la parte tercera interesada considera que en la demanda del juicio de inconformidad se impugna la elección de Presidencia de la República, la de Senaduría y la de Diputación de Mayoría Relativa, sostiene que la controversia sobre los primeros dos ejercicios democráticos mencionados corresponde a una impugnación que se sustenta en hechos futuros e inciertos, en virtud de que a la fecha de la presentación de la demanda respectiva no se había realizado la declaración de validez y la emisión de constancia en las elecciones de Senadurías y Presidencia de la República, por lo que considera que el medio de impugnación es improcedente en términos de lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la ley procesal electoral.

A juicio de Sala Regional Toluca, la causal de improcedencia se debe desestimar.

Esto es el de modo apuntado, debido a que, como se ha razonado, se ha considerado que con la demanda del juicio de inconformidad en que se actúa únicamente se controvierte la elección de Diputación Federal respectiva y no así las demás elecciones que menciona la parte tercera interesada.

Destacándose que respecto de la controversia de la elección de la Diputación referida es un acto que resulta definitivo para su impugnación ante esta sede jurisdiccional electoral federal, en términos de lo previsto en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI; 60 párrafo segundo, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 166, párrafo primero, fracción I, y 176, párrafo primero, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 56 y 57, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Conforme a tales consideraciones, la causal de improcedencia bajo análisis se desestima.

SEXTO. Análisis de los requisitos de procedencia. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran colmados los requisitos generales y especiales exigidos por los artículos 9, párrafo 1; 52, párrafo 1; 54, párrafo 1, inciso a), y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la presentación y procedencia de los juicios de inconformidad en cuestión, como a continuación se razona.

A. De los generales

a. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable; consta el nombre de los partidos políticos actores, la firma autógrafa de quienes promueven en su representación, el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para tal efecto; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se enuncian los hechos y agravios que el acto impugnado les causa, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

b. Legitimación. Los enjuiciantes cuentan con legitimación para promover los juicios de inconformidad que se resuelven, en términos de lo dispuesto por el artículo 54, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que corresponde incoarlos a los partidos políticos, y en la especie, la parte actora son precisamente entes políticos con carácter nacional.

c. Personería. En los presentes asuntos, los partidos actores impugnaron a través de sus representantes propietarios acreditados ante el Consejo Distrital responsable, lo cual, si bien no fue probado directamente por los promoventes a través de alguna constancia que los acreditara como tales, es visible para esta autoridad que tal carácter les es reconocido expresamente por la autoridad administrativa electoral en sus informes circunstanciados.

d. Oportunidad. Las demandas mediante las cuales se promueven los juicios de inconformidad se presentaron de forma oportuna, en tanto que se promovieron dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente al que concluyó la práctica del cómputo distrital de la elección que se controvierte, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, del acta circunstanciada de la sesión de cómputo del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente al distrito electoral federal en análisis, se advierte que el cómputo para la elección de Diputados al Congreso de Unión concluyó el seis de junio a las diecinueve horas con treinta y nueve minutos, por lo que el plazo para impugnar transcurrió del siete al diez de junio siguiente, de ahí que al haberse presentado las demandas los días nueve y diez de junio respectivamente, es que se estima que los medios de impugnación se promovieron oportunamente.

e. Interés jurídico. Para Sala Regional Toluca, las partes actoras tienen interés jurídico para promover los juicios de inconformidad que se resuelven, dado que alegan que se presentaron inconsistencias en la recepción de la votación en diversas casillas, por lo que, en su concepto, se actualiza la nulidad de votación recibida en casillas y en consecuencia la nulidad de la elección, ello con independencia de que les asista o no razón respecto al fondo de la controversia.

f. Definitividad y firmeza. De conformidad con lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también están colmadas las aludidas condiciones, porque en la legislación electoral federal no está previsto medio de impugnación alguno que se deba agotar previamente, por el cual el acto impugnado pudiera ser revocado, anulado o modificado; por tanto, es definitivo y firme para la procedibilidad de los juicios de que se trata.

B. De los especiales

a. Señalamiento de la elección que se controvierte. Los escritos de demanda mediante los cuales se promueven los presentes juicios de inconformidad satisfacen el requisito a que se refiere el artículo 52, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que la elección que las partes actoras controvierten es la correspondiente a la Diputación Federal desarrollada en el 08 Distrito Electoral Federal del Estado de Michoacán, ya que desde su perspectiva se actualiza la nulidad de votación recibida en diversas casillas así como la nulidad de la elección.

b. Referencia individualizada del acta distrital controvertida. En los casos que se analizan, se cumple el presupuesto previsto en el artículo 52, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque de los argumentos formulados por las partes actoras se constata que se impugna el acta de cómputo distrital de la referida elección del legislador en el mencionado distrito electoral federal.

c. Mención individualizada de las mesas directivas de casilla cuya votación se controvierte del acta distrital respectiva. En la demanda se precisan las mesas directivas de casillas en las que se alega su nulidad y las causales invocadas para ello, conforme se precisa en el siguiente cuadro:

Al encontrarse cumplidos en la especie los presupuestos procesales de los presentes juicios, lo conducente es llevar a cabo el estudio de la materia de la presente sentencia.

SÉPTIMO. Motivos de inconformidad. Las partes actoras en sus demandas hacen valer los motivos de inconformidad que se sintetizan enseguida:

La actualización de la causal de nulidad previstas en el artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, arábigo 1, incisos e), f), g) e i), en diversas casillas que enumera y precisa, porque en ellas se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por error o dolo en los cómputos distritales, permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y ejercer violencia física o presión.

Asimismo, se exponen diversos argumentos relativos a la intervención del gobierno federal, de MORENA y de sus partidos coaligados, así como de su candidata a la Presidencia de la República, la intermitencia del sistema de cargas de información de los cómputos distritales y rebase de topes de gastos de campaña que propiciaron variaciones irregulares en los porcentajes de votación; lo que actualiza el supuesto previsto en el artículo 78, numeral 1, de la invocada Ley procesal electoral, esto es, la nulidad de la elección.

OCTAVO. Método de estudio. Sala Regional Toluca considera pertinente advertir que la nulidad de la votación recibida en mesa directiva de casilla tiene supuestos expresamente establecidos en la Ley, sin que las partes puedan invocar diversas causas, circunstancias o hechos, por lo cuales consideren que se debe anular la votación.

Al respecto, el artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se hará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; y que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

De esos principios, destaca el de certeza que, en términos generales, significa conocimiento seguro y claro de algo y en especial, en materia electoral, se traduce en el deber que tienen todas las autoridades de actuar con apego al marco normativo, constitucional y legal, a efecto de dotar de certidumbre a sus actuaciones.

Al respecto cabe precisar, como se expuso en los requisitos especiales de procedibilidad, que los promoventes de los juicios de inconformidad deben aducir de forma individualizada las casillas y causa o causas de nulidad en cada una de ellas, pues sólo de esta forma el órgano jurisdiccional puede entrar al estudio de las invocadas irregularidades.

En el anotado contexto, se debe considerar que las causales específicas de nulidad de la votación recibida en casilla, en el sistema electoral federal mexicano, están previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual es al tenor siguiente:

Artículo 75

1. La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente;

b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señale;

c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo;

d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

g) Permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción señalados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de esta ley;

h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada;

i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación, y

k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Por tanto, los argumentos de las partes actoras en los juicios de inconformidad deben tener sustento en las causas expresamente previstas en el ordenamiento procesal electoral federal.

En ese contexto, si se invoca como causal de nulidad de la votación recibida en casilla una circunstancia diversa, ello no puede ser razón justificada para anular la votación.

De ahí que primero se precisará cuáles son las causales que la parte actora hace valer a efecto de lograr la nulidad de la votación recibida en las mesas directivas de casilla; y, posteriormente se analizarán de forma individualizada, tales argumentos, para después estudiar los argumentos relativos a las causales de nulidad de la elección invocadas por ambas partes actoras y, en su caso, se procederá a confirmar o recomponer el cómputo distrital correspondiente.

El método reseñado de análisis y resolución de los motivos de disenso de los juicios, en concepto de esta autoridad federal no causa afectación a las partes, porque lo jurídicamente significativo no es el orden de prelación en que se analizan los conceptos de agravio, sino que todos esos razonamientos sean resueltos, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 4/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”[5].

NOVENO. Elementos de convicción. Previo a realizar el estudio y resolución de los conceptos de agravio que formulan las partes actoras, Sala Regional Toluca considera necesario precisar que el examen de tales motivos de disenso se realizará teniendo en consideración la valoración de las pruebas que las partes enjuiciantes ofrecieron y/o aportaron con sus ocursos de impugnación.

Respecto de tales elementos de convicción, Sala Regional Toluca precisa que, en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las documentales públicas que obran en autos, así como a la instrumental de actuaciones, se les reconoce valor de convicción pleno.

Por otra parte y conforme a lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, incisos b), d) y e), así como 16, de la Ley procesal electoral, a las documentales privadas que obren en autos y presuncionales, se les reconoce valor probatorio indiciario y sólo harán prueba plena cuando, a juicio de esta autoridad federal, del análisis de los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados o con los hechos con los que se relacionan tales elementos de convicción.

Precisada tal cuestión, se procede al estudio y resolución de los argumentos de las partes justiciables, conforme al método de estudio que se señala a continuación.

DÉCIMO. Estudio de fondo de litis

A. Estudio de las causales de nulidad de votación recibida en casilla

Dada la pretensión de nulidad de la votación recibida en la casilla, este órgano colegiado considera pertinente analizar en primer término aquellas alegaciones en las cuales ambas partes actoras exponen argumentos de causal de nulidad de la votación de casillas en las que se identifican de forma específica la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 75, numeral 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, atendiendo a los argumentos expresados en cada uno de los juicios.

En segundo término, se procederá a analizar por separado los demás agravios hechos valer por las partes actoras en sus demandas.

A.1 Casillas en las que se impugna la causal de nulidad prevista en el artículo 75, numeral 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: Recibir la votación por personas distintas a las facultadas legalmente

Las partes actoras invocan la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la cual prevé como causal de nulidad recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, a las personas designadas por la autoridad administrativa electoral nacional para fungir como tales.

Marco normativo

Para analizar la causa de nulidad planteada, es conveniente considerar que el procedimiento de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla está compuesto de reglas específicas, que deben seguirse de manera sistemática, y se conforma por etapas sucesivas que se desarrollan de manera continua y ordenada.

Al respecto, el artículo 81, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las Mesas Directivas de Casilla son los órganos electorales formados por personas ciudadanas, facultadas para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en que se dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electorales de las entidades de la República.

Asimismo, prevé que tales Mesas Directivas de Casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

Por su parte el artículo 82 de la invocada Ley sustantiva electoral, establece que las Mesas Directivas de Casilla se integrarán por las personas siguientes: persona presidenta, persona secretaria, dos personas escrutadoras y tres personas suplentes generales, y que en los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una Mesa Directiva de Casilla Única para ambos tipos de elección; tal Mesa Directiva  se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con una persona secretaria y una persona escrutadora adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior.

Ahora, para ser persona integrante de Mesa Directiva de Casilla, es necesario reunir los requisitos previstos en el artículo 83, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es:

a)  Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que comprenda a la casilla;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores;

c) Contar con credencial para votar;

d) Estar en ejercicio de sus derechos políticos;

e) Tener un modo honesto de vivir;

f)  Haber participado en el curso de capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente;

g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y

h)  Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.

El artículo 253, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en las elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, la integración y designación de las personas integrantes de las Mesas Directivas de Casillas se realizará con base en las disposiciones de esa propia Ley.

El numeral en cita prevé que las secciones en que se dividen los distritos uninominales tendrán como máximo 3,000 personas electoras, y que en toda sección electoral por cada 750 personas electoras o fracción se instalará una casilla para recibir la votación de las personas ciudadanas residentes en la misma; de ser dos o más se colocarán en forma contigua y se dividirá la lista nominal de electores en orden alfabético.

Descrito lo anterior, también es posible que el día de la jornada electoral alguna o varias personas designadas por la autoridad para integrar la Mesa Directiva de Casilla no asistan, de modo que para su debida integración deben considerarse las personas electoras para sustituirlas en las funciones, las cuales siempre deben corresponder a la casilla básica, o bien, a la contigua o contiguas instaladas en la misma sección, porque en cualquier caso de sustitución el nombramiento debe recaer en personas ciudadanas residentes en la sección correspondiente conforme a lo previsto en el inciso a) del numeral 1, del artículo 274, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora, teniendo como base la referida regulación, la causal de nulidad de la votación recibida en casilla en análisis se actualiza cuando se cumplan los elementos constitutivos siguientes:

a)       Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados.

b)       Que la irregularidad sea determinante.

Respecto al segundo supuesto referido, debe precisarse que la irregularidad actualizada siempre es determinante conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 13/2000 de rubro: “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”[6].

Asimismo, debe señalarse que la Sala Superior de este Tribunal al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, determinó interrumpir la vigencia de la jurisprudencia 26/2016 de rubro “NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO” en la que se establecían 3 (tres) requisitos que debían cumplir los conceptos de agravio para que el órgano jurisdiccional analizara la causal en cuestión, consistentes en: (i) la identificación de la casilla, (ii) el nombre de quienes no cumplían los requisitos y (iii) el cargo que ejercieron.

En la sentencia referida, la Sala Superior razonó que la interpretación textual de la jurisprudencia llevaba a exigir elementos desproporcionales, ya que implicaba la concurrencia de los 3 (tres) factores descritos, cuando en los criterios reiterados que dieron origen a la jurisprudencia y, en el propio caso resuelto en ese recurso, se había señalado que era suficiente con que el impugnante aportara el nombre completo de la persona cuya actuación controvertía en cada casilla; esto es, no era necesario además señalar el cargo desempeñado en la mesa directiva, porque en ese fallo se consideró suficiente que las partes actoras precisen la identificación de la casilla y el nombre y apellido de la persona que presuntamente la integró indebidamente.

De esa forma, es evidente que aun cuando la Sala Superior interrumpió la vigencia del criterio jurisprudencial citado, ha sido consistente en sostener que existe la carga procesal para la parte justiciable de señalar el o los nombres completos de las personas que aduzca que incumplen los requisitos para integrar válidamente la mesa directiva de una casilla en particular; es decir, el citado criterio no implica que se releve totalmente de las cargas a las partes, precisamente, porque ahí se señaló que al menos debe precisarse la casilla y el nombre completo de la persona que presuntamente fungió ilegalmente.

La referida exigencia garantiza que la impugnación tenga los elementos mínimos para sustentar lo afirmado por la parte actora, lo que no sucede cuando simplemente se mencionan casillas y/o cargos, ya que ello traslada la carga a la autoridad jurisdiccional electoral de analizar la conformación de toda la mesa directiva, lo que es inconsistente con la exigencia general de los medios de impugnación en el sentido de que los actores deben plantear los hechos en los que se basa su pretensión[7].

En correlación con lo expuesto, la Ley exige para el estudio de las causales de nulidad, entre otras cuestiones, el deber de precisar la mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada, la causal que se invoque para cada una de ellas, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Lo anterior, para que los órganos jurisdiccionales estén en condiciones de estudiar las citadas causales de nulidad, por lo que resulta indispensable que en la demanda se precisen tales requisitos, los cuales se traducen en los datos mínimos y alegaciones básicas necesarias de sus agravios, los cuales sirvan para evidenciar las presuntas irregularidades, acompañando las pruebas en las que tales menciones se apoyan y la forma en qué los medios probatorios resultan útiles para demostrar tales afirmaciones.

Tal posición ha sido consistente por la Sala Superior de este Tribunal Electoral al resolver el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-75/2022, en el que confirmó el análisis de la autoridad responsable que declaró inoperantes agravios en los que se señalaba casilla y cargo, pero omitió precisar nombre completo de la persona funcionaria.

De modo que tal exigencia, para el análisis de la causal de referencia es necesario que además de precisar la casilla, se indique el nombre completo de la persona respecto de la cual se alega la recepción de la votación de forma indebida.

Estudio de caso

Las partes actoras argumentan que en las casillas siguientes fungieron como personas funcionarias de casilla personas no autorizadas por la Ley, debido a que no fueron autorizados como tales y, por ende, recibieron la votación transgrediendo el orden jurídico.

Sustentan su argumento de nulidad en la premisa consistente en que no fueron designadas para ese fin, ya que su domicilio corresponde a una sección electoral diferente e independiente a las que componen a la Mesa Directiva de Casilla al no pertenecer a la sección electoral, por lo que no se encuentran inscritos en el listado nominal correspondiente a esas Mesas Directivas de Casillas.

ST-JIN-181/2024 (Partido de la Revolución Democrática)

El Partido de la Revolución Democrática argumenta que, en las casillas siguientes, fungieron como personas funcionarias de casilla personas no autorizadas por la Ley y, por ende, recibieron la votación transgrediendo el orden jurídico.

Sustenta su argumento de nulidad en la premisa consistente en que las personas que indica no fueron designadas para ese fin, ya que su domicilio corresponde a una sección electoral diferente e independiente a las que componen a la mesa directiva de casilla al no encontrarse inscritas en él y no pertenecen a la sección electoral por lo que no se encuentran inscritos en el listado nominal correspondiente a esas Mesas Directivas de Casilla.

El alegato en análisis, a juicio de Sala Regional Toluca es inoperante por las razones siguientes:

La calificativa apuntada obedece a que la parte actora omite precisar el nombre y apellido para identificar a la persona que integró la Mesa Directiva de Casilla, esto es, incumple los requisitos para identificar qué persona funcionaria indebidamente la integró, lo cual constituye un aspecto indispensable para estar en posibilidad de definir si la integración de la casilla se realizó conforme a la Ley electoral sustantiva.

En el caso, la parte actora en su escrito de demanda se limita a insertar un cuadro, en el que señala únicamente la entidad federativa, distrito, cabecera distrital, sección, tipo de casilla, número de casilla y persona funcionaria, sin señalar los datos mínimos ya mencionados, que permitan llevar a cabo el estudio de la causa de nulidad que pretende, como enseguida se muestra:

Por tanto, al haberse incumplido el señalamiento de indicar el nombre completo de la persona que, en su concepto, indebidamente integró la casilla, es que el análisis del disenso en estudio resulta inoperante.

ST-JIN-180/2024 (Partido Acción Nacional)

Por lo que respecta al juicio de inconformidad promovido por el Partido Acción Nacional, alega que en su concepto se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en las casillas que a continuación se precisan, porque personas funcionarias de casilla no fueron designadas para tal efecto, ni pertenecen a la sección electoral.

Para llevar a cabo el análisis correspondiente de los alegatos de la parte actora, se presenta un cuadro esquemático y comparativo con la identificación de cada casilla, los nombres de las personas funcionarias designadas por la autoridad electoral federal conforme al procedimiento ordinario, de quienes actuaron el día de la jornada electoral y de las personas que señala la parte actora.

Los datos del cuadro se obtuvieron de los documentos siguientes: 1. Copia certificada de las actas de jornada electoral; 2 Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo; 3. Publicación final de la lista de funcionarios de casilla, realizada por la autoridad administrativa electoral (encarte); y, 4. Listas nominales de electores.

Los medios de convicción enunciados son documentales públicas y por ende tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, incisos a) y b) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, del análisis de tales documentos se arriba a lo siguiente:

i)                    Personas que no fungieron como funcionarios de casilla