JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: ST-JLI-3/2026

PARTE ACTORA: ELENA MARGARITA CONTRERAS MIRANDA

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

SECRETARIO: GERARDO RAFAEL SUÁREZ GONZÁLEZ

COLABORARON: REYNA BELEN GONZÁLEZ GARCÍA Y SANDRA ESPERENCITA DÍAZ LAGUNAS

Toluca de Lerdo, Estado de México, a quince de abril de dos mil veintiséis.

V I ST O S, para resolver los autos del expediente del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de las personas servidoras del Instituto Nacional Electoral ST-JLI-3/2026, promovido por Elena Margarita Contreras Miranda, a fin de reclamar el reconocimiento de la relación laboral y antigüedad, así como el pago de diversas prestaciones con motivo de su desempeño en la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán; y,

R E S U L T A N D O

I.    Antecedentes. De las constancias que obran en autos y de los hechos notorios vinculados con la materia de la presente determinación1, se advierte lo siguiente:

1.   Relación contractual. La parte actora manifiesta que ingresó a laborar al Instituto Federal Electoral el uno de enero de mil novecientos

1 En términos de lo previsto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General de Sistemas de Medio de Impugnación en Materia Electoral.

noventa y uno. Que desde esa fecha y hasta el veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, ha ocupado diversos cargos en el citado Instituto, a saber:

2.   Régimen de honorarios. La parte actora argumenta que durante el mencionado periodo prestó sus servicios bajo el régimen de honorarios permanentes, lo cual cumplía con los requisitos de subordinación, prestación de un trabajo personal y mediante el pago de un salario.

Relación que estuvo regida por un horario fijo, un esquema de trabajo sometido a instrucciones jerárquicas cotidianas dentro de las instalaciones del entonces Instituto Federal Electoral, así como de pago de un salario bajo nóminas expedidas por el propio Instituto.

II.  Juicio laboral

1.  Presentación. El veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, la parte actora presentó ante la Oficialía de Partes de Sala Regional Toluca demanda de juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de las personas servidoras del Instituto Nacional Electoral al rubro indicado, por el que reclama el reconocimiento de la relación laboral y el pago de diversas prestaciones con motivo de su desempeño en diversas áreas del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán.

2.   Integración y turno de expediente. El inmediato veinticuatro de febrero, la Magistrada Presidenta de Sala Regional Toluca acordó la integración del expediente ST-JLI-3/2026, y ordenó su turno a la Ponencia de la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Tal determinación fue cumplida por el Secretario General de Acuerdos en igual data.

3.     Radicación, admisión, emplazamiento y requerimiento. El veinticinco de febrero del año en curso, la Magistrada Instructora, entre otras cuestiones, radicó el juicio en la Ponencia a su cargo, admitió a trámite la demanda y corrió traslado al Instituto Nacional Electoral demandado con el escrito inicial y sus anexos, para que contestara lo que a su derecho conviniera; asimismo, se le requirió a efecto de que remitiera diversa documentación solicitada por la parte actora.

4.    Desahogo de requerimiento parcial. El cuatro de marzo del presente año, el Instituto Nacional Electoral demandado, por conducto de la persona apoderada legal, remitió diversa documentación relacionada con el requerimiento precisado en el punto inmediato anterior.

5.       Segundo requerimiento. El inmediato seis de marzo, la Magistrada Instructora tuvo por recibida la documentación remitida por el Instituto Nacional Electoral demandado y, dada su remisión incompleta, se realizó un segundo requerimiento al Instituto Nacional Electoral demandado, así como al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del citado Instituto en Michoacán.

6.    Contestación de la demanda. El inmediato once de marzo, el Instituto Nacional Electoral demandado, por conducto de la persona apoderada legal, dio contestación a la demanda y ofreció las pruebas que consideró convenientes a sus intereses, aunado a que hizo valer excepciones y defensas.

7.    Desahogo de requerimientos. En la propia fecha, el Instituto Nacional Electoral demandado, por conducto de la persona apoderada legal y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del citado Instituto en Michoacán, remitieron diversa documentación relacionada con el requerimiento precisado en el punto cinco.

8.  Traslado a la parte actora y vista. El trece de marzo del presente año, la Magistrada Instructora, entre otras cuestiones, acordó: i) La recepción de la contestación de demanda; ii) corrió traslado a la parte actora para que manifestara lo que ha su derecho conviniera respecto a la contestación de la demanda; iii) se dio vista a la parte actora con la documentación por la cual el citado Instituto y el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva pretendieron desahogar los requerimientos; y, iv) señaló fecha de audiencia.

9.   Lineamientos para la celebración de la audiencia de Ley. Por acuerdo de diecisiete de marzo último, la Magistrada Instructora ordenó hacer del conocimiento de las partes la liga electrónica para la celebración

de la audiencia de Ley, así como los Lineamientos respectivos a que debía sujetarse la indicada diligencia.

10.  Desahogo de vista y formulación de alegatos. El dieciocho de marzo siguiente, la parte actora desahogó la vista otorgada por auto de trece de marzo y formuló los alegatos correspondientes.

11.    Acuerdo de recepción. El diecinueve de marzo siguiente, la Magistrada Instructora determinó, entre otras cuestiones: i) tener a la parte actora expresando su conformidad para que la audiencia de Ley se realizara mediante videoconferencia; ii) dar vista a la parte demandada con el escrito de objeciones presentado por la accionante para que lo desahogara durante la audiencia de Ley; y, iii) reservarse para el momento procesal oportuno lo relacionado con los alegatos de la parte actora.

12.    Tercer requerimiento. De la revisión de las constancias y en diligencias para mejor proveer, por auto de veintiséis de marzo se requirió al Instituto Nacional Electoral demandado, el contrato HE16160500002-9813- 10627, de uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, toda vez que el mismo se encontraba ilegible en algunas de sus partes.

13.         Certificación, desahogo de requerimiento y cuarto requerimiento. El inmediato treinta de marzo, la Magistrada Instructora tuvo por recibida: i) la certificación del Secretario General de Acuerdos de Sala Regional Toluca en la que consta la no presentación de escrito, comunicación o documento con relación al requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral demandado mediante diverso auto de veintiséis de marzo último y, ii) se requirió de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral demandado y al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del citado Instituto en Michoacán el contrato HE16160500002-9813-10627, de uno de julio de mil novecientos noventa y ocho, toda vez que el mismo se encontraba ilegible en algunas de sus partes.

14.   Desahogo de requerimiento. El treinta y uno de marzo del año en curso, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del citado Instituto en Michoacán, remitió la documentación requerida y realizó las manifestaciones que estimó pertinentes.

15.   Desahogo de requerimiento. En esa propia fecha, el Instituto Nacional Electoral demandado, remitió la documentación requerida y realizó las manifestaciones que estimó pertinentes.

16.      Certificación. El Secretario General de Acuerdos de Sala Regional Toluca remitió la certificación en la que consta la no presentación de escrito, comunicación o documento con relación al requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral demandado mediante diverso auto de veintisiete de marzo último.

17.   Audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos por videoconferencia. El uno de abril del año en curso, con la comparecencia de ambas partes, se llevó a cabo la mencionada audiencia de Ley, en la que se acordó la recepción de la documentación recibida el treinta y uno de marzo, así como la certificación remitida por el Secretario General de Acuerdos de Sala Regional Toluca y determinó que conforme a lo manifestado por las partes i) no era posible llegar a un acuerdo conciliatorio, por lo que debía continuarse con la siguiente etapa de la audiencia; ii) se tuvieron por ofrecidas y admitidas pruebas de las partes;

iii)  se desahogaron cada uno de los medios de convicción admitidos; y, iv) se declaró cerrada la instrucción, poniendo los autos en estado de resolución; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y Sala Regional Toluca es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, párrafo primero; y 99, párrafo cuarto, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 251; 252; 253; párrafo primero, fracción IV, inciso d); 260; 261; 263; párrafo primero, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3, párrafo 2, inciso e); 4, párrafo 1; y, 94, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, por tratarse de un juicio laboral promovido por quien manifiesta prestar sus servicios en la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán; supuesto que es competencia de Sala Regional Toluca debido a que el órgano electoral en el que la parte actora aduce estar adscrita no es de carácter central sino desconcentrado, y se encuentra ubicado en una entidad federativa que forma parte del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción esta autoridad.

No pasa inadvertido para Sala Regional Toluca que, en el escrito de contestación de demanda se opone la excepción de improcedencia de la vía al aludirse que los contratos celebrados entre las partes fueron de naturaleza civil y por ello no existe afectación a sus derechos pactados en los contratos de prestación de servicios celebrados.

No obstante, en concepto de esta autoridad jurisdiccional electoral federal se estima infundada tal excepción, dado que el hecho de que el conflicto de intereses de trascendencia jurídica que se analiza sea susceptible de tener connotaciones de índole civil, atendiendo a los términos formales en los que las partes involucradas en el litigio suscribieron los respectivos contratos, no se debe traducir en que prima facie decline su competencia a favor de alguna otra autoridad jurisdiccional de naturaleza civil.

Lo anterior, porque conforme a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las autoridades tienen el deber de interpretar las normas de conformidad a lo establecido en la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de manera que la persona obtenga la protección más amplia, en términos del principio hermenéutico pro persona.

El anterior razonamiento es congruente con las tesis aisladas registradas con las claves 2a LVI/2015 (10a) y I. 4o.A.20 K (10a), emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Constitucional, de rubros: “PRINCIPIO DE

INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN2” y “PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN3”.

Ante lo expuesto, es manifiesto para Sala Regional Toluca que, de actualizarse una relación de naturaleza laboral, el inconforme estaría en aptitud de reclamar el ejercicio de derechos que generan mayor beneficio que los reconocidos y pactados en los contratos de prestación de servicios que, acorde a lo precisado, tienen connotación civil.

Además, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, establecida en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, se traduce en el deber correlativo de los órganos jurisdiccionales de tutelar el derecho de las personas gobernadas a obtener una resolución que ponga fin a la controversia planteada, siempre que la vía impugnativa así lo permita, lo que, en el caso se garantiza al privilegiar el cauce procesal y la acción intentada por el promovente.

En atención a que la vía laboral impugnativa fue elegida por el accionante, la cual eventualmente puede reportarle mayores beneficios que el ejercicio de una acción civil, y tomando en consideración que en el caso particular también se presentan elementos indiciarios de la existencia de una relación laboral; sumado al deber correlativo de que en materia de derechos humanos tiene esta autoridad jurisdiccional, en cuanto a aplicar la norma que resulte más favorable a la persona, ello justifica que Sala Regional Toluca asuma competencia para conocer y resolver del litigio que se plantea en el juicio al rubro citado y estimar infundada la excepción que al respecto hace valer el Instituto Nacional Electoral demandado.

Al asumir la referida determinación esta autoridad tiene en consideración que el Instituto Nacional Electoral demandado, en diversas actuaciones en la sustanciación del medio de impugnación, argumentó que en el caso no existió una relación de naturaleza laboral, sino de carácter civil, lo cual podría llevar a considerar la incompetencia por materia de la

2 Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009545.

3 Ibidem: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005203.

Sala Regional Toluca; no obstante, tal cuestión sólo es susceptible de ser analizada al resolver el estudio del fondo de la controversia planteada, conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes y, a efecto de no incurrir en el vicio lógico de petición de principio.

Al respecto, resulta orientador el criterio establecido en la tesis I.15o.A.4 K (10a.), de rubro: “PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL4”.

SEGUNDO. Sustitución patronal. Conforme al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, en el artículo 41, párrafo tercero, Base V, de la Carta Magna, se establece que el Instituto Federal Electoral fue sustituido por mandato constitucional por un nuevo organismo que tomó posesión de su patrimonio, derechos, obligaciones, así como del estado y responsabilidad de los asuntos pendientes de sustanciación, los cuales quedan subsumidos en la esfera de competencia del Instituto Nacional Electoral, al que pasaron los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la entidad extinta.

Así, se debe entender que las prestaciones que pudieran ser reclamadas al Instituto Federal Electoral deben ser atendidas por el Instituto Nacional Electoral.

TERCERO. Régimen jurídico aplicable. En los juicios en que se tenga por objeto la resolución de los conflictos laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras, además de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y

4 FUENTE: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000863.

la normativa interna del propio Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

1.                      La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

2.                      La Ley Federal del Trabajo;

3.                      El Código Federal de Procedimientos Civiles;

4.                      Las leyes de orden común;

5.                      Los principios generales de derecho; y,

6.                      La equidad.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, siempre que no contravenga al régimen laboral de las personas servidoras del Instituto Nacional Electoral previsto en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, en la instrucción del presente juicio se aplican las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CUARTO. Prestaciones laborales reclamadas por la parte demandante. La parte actora en su escrito de demanda reclama del Instituto Nacional Electoral las prestaciones laborales siguientes:

a)       Reconocimiento de la relación laboral desde el uno de enero de mil novecientos noventa y uno al veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

b)       Pago de las aportaciones de seguridad social por todo el tiempo de subsistencia de la relación laboral, así como del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

c)       Pago de diversas prestaciones con motivo de su desempeño en la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, a saber:

      Quinquenio;

      Incentivo por antigüedad;

      Entrega de constancia laboral; y,

      Entrega de hoja única de servicios;

QUINTO. Excepciones y defensas por parte del Instituto Nacional Electoral demandado. En el escrito de contestación de demanda, además de la excepción relacionada con la improcedencia de la vía, el citado Instituto opone las siguientes excepciones y defensas:

a)                      La de acción y falta de derecho de la parte actora, para reclamar el reconocimiento de relación laboral con anterioridad al uno de enero de dos mil cuatro, toda vez que en el periodo que se controvierte, prestó sus servicios en diferentes etapas mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil, con las interrupciones precisadas entre sí.

b)                     La de pago, en virtud de que a partir del uno de enero de dos mil once, se dio de alta a la parte actora ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), pagando ordinariamente las cuotas y aportaciones que reclama, incluyendo las cuotas y aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, tal como se acredita con los avisos de movimientos filiatorios y los CDFI que se agregaron a la contestación de demanda, así como el SINAVID que la propia actora exhibe.

c)                      La de pago, en virtud de que le fueron pagadas a la parte actora las prestaciones laborales a las que tuvo derecho desde su ingreso a la rama administrativa en el periodo del uno de enero de dos mil cuatro a la fecha, sin que le asista derecho alguno para el reclamo de prestaciones de carácter laboral con anterioridad a este periodo.

d)                     La de prescripción, con relación a las prestaciones consistentes en reconocimiento de la relación y antigüedad laboral, así como el pago de las aportaciones de seguridad social y demás que la accionante no haya reclamado dentro del plazo especifico de un año a partir de que el derecho pudo ejercerse o gozarse.

e)                      La de falta de legitimación de la parte actora, que se hace valer para el caso de que se estime la existencia de relación de trabajo entre las partes, ya que para tener derecho al pago de las prestaciones extralegales, conforme al Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral se otorga al personal que una vez llevado a cabo el mecanismo de ingreso correspondiente obtuvo su nombramiento como trabajadora del citado Instituto, siendo que en el caso de la parte actora, durante el periodo controvertido no se sujetó a ninguno de los mecanismos de ingreso para obtener el nombramiento respectivo y con ello ubicarse en los requisitos de procedencia para tener derecho al pago de dichas prestaciones extralegales.

f)                        La de inexistencia de la relación de trabajo entre la parte actora y el Instituto Nacional Electoral demandado, derivada de la prestación de servicios, a la cual se comprometió libremente la parte actora con el Instituto Nacional Electoral demandado, tal y como se desprenden de los contratos de prestación de servicios por el periodo comprendido del uno de enero de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de diciembre de dos mil tres.

g)                     La de relaciones contractuales independientes, ya que en el periodo controvertido, entre las partes han existido diversas relaciones contractuales, todas ellas mediante la celebración de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil, los cuales tuvieron una fecha de inicio y conclusión con lapsos en los que no existió algún tipo de vinculo jurídico, por lo que, no se puede considerar la existencia de una continuidad, ni permanencia y menos aún ininterrupción en la prestación de servicios.

h)                     La de plus petitio, al pretender la parte actora recibir prestaciones a las que no tiene derecho durante el periodo controvertido, por no haberse sujetado a los mecanismos de ingreso previstos en la norma para obtener el nombramiento respectivo que la acredite como trabajadora del Instituto Nacional Electoral demandado, para con ello tener la calidad de personal de la rama administrativa de nivel operativo.

i)                        La de falsedad, en virtud de que la parte actora apoya sus reclamaciones en hechos y argumentos falsos, pretendiendo obtener de manera indebida el pago de lo reclamado, además de haberse negado lisa y llanamente los hechos.

j)                        Todas las demás que se deriven de los términos en que se encuentra contestada la demanda, atendiendo al principio jurisprudencial de que la acción como la excepción procede en juicio sin necesidad de que se indique su nombre.

Del análisis de las excepciones se desprende que se encuentran relacionadas con la manifestación del Instituto Nacional Electoral demandado, en el sentido de que el vínculo que unió a las partes fue de naturaleza civil; así como de que tal nexo surgió mediante la celebración de diversos contratos por tiempo determinado.

Por tanto, el estudio de las excepciones depende del análisis de la controversia hecha valer, por lo que tales planteamientos serán objeto de pronunciamiento al analizar el fondo del presente juicio.

SEXTO. Estudio de la cuestión planteada

La presente controversia se circunscribe a determinar si le asiste o no derecho a la parte actora, en cuanto al reclamo de las prestaciones consistentes en el reconocimiento de la relación laboral del uno de enero de mil novecientos noventa y uno al veintitrés de febrero de dos mil veintiséis, entre ambas partes; el reconocimiento de antigüedad, el pago de cuotas y aportaciones omitidas por el Instituto Nacional Electoral al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), así como a las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), así como el pago de quinquenio; incentivo por antigüedad; entrega de una constancia laboral; y, hoja única de servicios.

Las excepciones y defensas formuladas por el Instituto demandado se analizarán de forma siguiente: en primer lugar, se estudiarán las

excepciones relativas al vínculo que unió a las partes derivado de la celebración de los contratos aportados y recibos de pago, así como demás constancias que sobre tal cuestión incide la pretensión de este juicio.

De acreditarse la naturaleza laboral de la relación que unió a las partes, se procederá al análisis de su continuidad; y, finalmente, lo relacionado a la procedencia o no del pago de las prestaciones laborales que se demandan, lo cual se resolverá de manera conjunta con las excepciones y defensas que, en su caso, formula el Instituto Nacional Electoral demandado.

Naturaleza jurídica de la relación laboral

La pretensión de la parte actora es que Sala Regional Toluca reconozca la naturaleza laboral de la relación entre ella y el Instituto Nacional Electoral, por el periodo del uno de enero de mil novecientos noventa y uno al veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral demandado señala que la relación que existió con la parte actora antes de que le fuera asignada una plaza presupuestal era de carácter civil.

Asimismo, niega lisa y llanamente la relación laboral y de cualquier naturaleza con la accionante y manifiesta que sólo reconoce los siguientes periodos a través de la firma de contratos de prestación de servicios de carácter eventual:

Expuesto lo anterior, primero se analizará la existencia o no de un vínculo laboral entre las partes, de existir se estudiarán las prestaciones planteadas.

Esto, porque si no se acredita la relación laboral, Sala Regional Toluca no podría pronunciarse respecto a las prestaciones reclamadas por la parte actora, que derivan de la naturaleza de tal relación.

Dado que la parte actora basa su acción en la supuesta existencia de una relación laboral que ha sostenido con el Instituto Nacional Electoral, corresponde al Instituto demandado demostrar su inexistencia, al aseverar que el vínculo es de naturaleza civil.

Ello tiene sustento en la jurisprudencia 2°a./J.40/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro: “RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO”5.

Al respecto, el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, define una relación laboral como aquella que surge ⎯con independencia del acto que le dé origen⎯ de la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

Con base en esa definición, se obtienen los siguientes elementos para considerar la existencia de una relación laboral:

5 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a Época, Tomo IX, mayo de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), página 480.

a.                      La prestación de un trabajo personal que implique hacer actos materiales, concretos y objetivos que ejecuta una persona trabajadora en beneficio de la parte patronal.

b.                      La subordinación, que se refiere al poder jurídico de mando de quien emplea que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, es decir, la persona trabajadora.

c.                      El pago de un salario en contraprestación por el trabajo prestado.

Respecto del segundo elemento, la Suprema Corte6 ha sostenido que la subordinación es lo que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios, de ahí que su existencia es determinante para establecer la naturaleza de la relación de trabajo o de prestación de servicios, siendo importante atender el carácter de tipo de trabajo o actividad que se desempeña.

Así, es evidente que la relación de trabajo entre una persona servidora pública y el Instituto Nacional Electoral se tendrá por demostrada, si se acredita que existe un vínculo de subordinación.

En consecuencia, Sala Regional Toluca analizará la existencia de los citados elementos determinantes de la relación laboral de acuerdo con las constancias que se encuentran en el expediente, las pruebas admitidas y desahogadas por las partes7.

Prestación de un trabajo personal

De las pruebas admitidas y desahogadas en la audiencia de Ley consistentes en:

6 En la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, de rubro “SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 187-192, Quinta Parte, página 185. Asimismo, sirve de orientación la jurisprudencia de Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro “RELACIÓN LABORAL. LA SUBORDINACIÓN ES EL ELEMENTO DISTINTIVO DE LA”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, I, mayo de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), página 289.

7 Valoradas conforme a los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 2º, 5º, 33 y 841 de la Ley del Trabajo.

Parte actora:

1.                      Quince gafetes de identificación laboral a favor de la parte actora;

2.                      Treinta y ocho recibos de pago;

3.                      Siete contratos;

4.                      Expediente electrónico SINAVID;

5.                      Solicitud de pago de parte proporcional aguinaldo;

6.                      Cuatro cartas declaratorias;

7.                         Un convenio modificatorio al contrato NH-HP-54160500000- HP-160375-12053-11;

8.                      Una constancia de nombramiento como responsable de

módulo “A”;

9.                      Una constancia laboral de veintitrés de agosto de dos mil once, expedida por el Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral

10.                  Tres constancias de movimientos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE);

11.                  Siete informes de actividades prestación de servicios profesionales;

12.                  Cinco oficios;

13.                  Tres constancias de hechos;

14.                  Cinco impresiones de correos electrónicos;

15.                  Escrito de once de abril de mil novecientos noventa y siete dirigido a la Vocal Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en la Piedad, Michoacán; y,

16.                  Constancias de capacitación de los cursos (sistema de control interno institucional por el periodo de 18/09/2024 al 27/09/2024) y (Sistema de Gestión de la Calidad Inducción al SGC, Enfoque a Procesos, Acciones para Abordar los Riesgos y Oportunidades, Indicadores, Información Documentada, Acciones Correctivas y Herramientas de Mejora, celebrado el 08/02/2024).

Instituto Nacional Electoral demandado:

1.                      Expediente personal a nombre de la parte actora conformado por la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral;

2.                      Expediente personal a nombre de la parte actora conformado por la Junta Local Ejecutiva del citado Instituto en Michoacán;

3.                         Ciento treinta y cuatro contratos de prestación de servicios bajo el régimen de honorarios celebrados entre el Instituto Nacional Electoral y la parte actora;

4.                      Ciento sesenta y nueve de avisos de alta y movimiento afiliatorios al ISSSTE; y,

5.                      Doscientos treinta y nueve recibos CFDI expedidos a favor de la parte actora.

Recabadas por Sala Regional Toluca:

1.                      Expediente personal;

2.                      Contratos de prestación de servicios;

3.                      Formatos de movimientos;

4.                      Avisos del ISSSTE;

5.                      CFDIS;

6.                      Oficio INE/JLEMICH/VE/241/2026;

7.                      Dos constancias de movimientos ISSSTE;

8.                      Oficio VRFE0090_2025;

9.                      Oficio VRFE181_2023;

10.                  Constancia hechos_22-11-2025;

11.                  Cuatro correos electrónicos;

12.                  Constancia de nombramiento Responsable de Módulo A.

De los medios probatorios ofrecidos y aportados por las partes, se desprende los cargos asignados a la parte actora, son los siguientes:

 Auxiliar técnico municipal B,C y E;

 Operador de equipo tecnológico;

 Responsable de módulo “A”

 Responsable de módulo “F”; y,

 Responsable de módulo “G”.

 Responsable de módulo A2

Lo anterior, sin soslayar que, dentro de la estructura del Instituto demandado, la parte actora actualmente ostenta el cargo de responsable de módulo “A” en la 05 Junta Distrital Ejecutiva del citado Instituto en el Estado de Michoacán; y su contratación laboral es reconocida por el Instituto Nacional Electoral demandado, así como su relación a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro, por lo que tal situación no es materia de análisis en la presente controversia.

Así, de los contratos que obran en autos se desprende que la parte actora realizó las actividades siguientes:

De lo expuesto, se destaca que de las “constancias de nombramientos” y de cada contrato aportado por las partes, se desprende que:

 Identificó a la parte actora como “el prestador de servicios”.

 La parte contratada se comprometió a estar bajo la dirección y vigilancia del demandado, así como a seguir sus instrucciones.

 Los servicios se prestarían en el lugar que le designara el demandado.

 Pactó el pago quincenal por los servicios prestados.

Así, se advierte que las condiciones de trabajo que ofreció el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral) fueron claras y precisas, por lo que la persona interesada en acceder a tales puestos era conocedora de los alcances de la oferta (objeto de trabajo, persona a la que debería rendir cuentas y la retribución económica que recibiría en su caso).

Tales contratos constituyen documentales privadas de conformidad con el artículo 16, numerales 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con valor indiciario, pero al ser analizadas en conjunto con los elementos del expediente y las manifestaciones de las partes, y no haber sido controvertidos en cuanto a su autenticidad, logran generar convicción de su contenido.

Esto es, el Instituto Nacional Electoral demandado hizo del conocimiento de la parte actora las condiciones del trabajo, las actividades a realizar (objeto del trabajo), es decir la prestación de un trabajo personal, así como en su caso la retribución económica por el trabajo realizado; que contienen características de una relación laboral.

Subordinación

La parte actora señala que durante el tiempo que trabajó para el Instituto demandado siempre lo hizo de forma subordinada y de acuerdo con las órdenes y cuidado de sus personas superiores jerárquicas, por lo que no realizó funciones de manera autónoma, unilateral e independiente.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral demandado manifiesta que la parte actora jamás estuvo subordinada o sujeta a instrucciones directas del funcionariado del entonces Instituto Federal Electoral.

Al respecto, de los contratos exhibidos como prueba y demás probanzas Sala Regional Toluca concluye que las actividades señaladas

con anterioridad no pueden ser realizadas de manera autónoma e independiente por la parte actora, sino que deben ser supervisadas, orientadas y coordinadas por personas funcionarias de mando del Instituto Nacional Electoral (entonces Instituto Federal Electoral) e incluso, solamente pueden ser realizadas en un espacio físico determinado por el referido Instituto.

Esta conclusión es relevante para determinar si en este caso, la relación que existió entre las partes fue de naturaleza laboral, porque ésta sólo puede existir cuando tiene el elemento de la subordinación8.

Se arriba a tal determinación porque el Instituto Nacional Electoral (entonces Instituto Federal Electoral) tiene en sus atribuciones, las actividades relacionadas con el Padrón Electoral y las listas de personas electoras, como lo establece el artículo 41, Base V, apartado B, inciso a), párrafo 3, de la Constitución Federal.

En ese sentido, el artículo 69, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía como uno de los fines del Instituto, la integración del Registro Federal Electoral.

La Dirección Ejecutiva del citado Registro Federal tiene entre sus atribuciones, la de formar el Padrón Electoral, expedir las credenciales para votar y mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal, distrito electoral local, municipio y sección electoral; en términos de lo dispuesto en la normativa vigente Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es importante mencionar que el Registro Federal Electoral es un instrumento de carácter permanente y público, cuyos servicios son prestados por el Instituto Nacional Electoral y el (entonces Instituto Federal Electoral) por conducto de su Dirección Ejecutiva, así como de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales.

Aunado a que las funciones que fueron encomendadas a la parte

8 Conforme con lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Trabajo.

actora y constan en los documentos analizados, se vinculan de manera directa con las actividades relacionadas con la actualización de productos electorales, entre los que se encuentra la expedición de la credencial para votar con fotografía.

En este sentido, con base en los hechos probados y reconocidos, es evidente que las actividades materia de los contratos no podían ser realizadas de manera autónoma e independiente por la parte actora, sino que deben ser analizadas en un contexto integral, en virtud de que deben ser supervisadas, orientadas y coordinadas por el funcionariado de mando del propio Instituto Nacional Electoral, lo que actualiza el elemento de la relación de trabajo consistente en la subordinación.

Por otra parte, dadas las funciones que la parte actora desempeñó a favor del entonces Instituto Federal Electoral puede desprenderse que no prestó el servicio con recursos propios, sino que lo realizó con los medios que le fueron proporcionados por el demandado; lo que se advierte de los contratos.

En efecto, una de las características de los contratos de prestación de servicios profesionales es que tales servicios sean realizados con medios propios de quien presta el servicio; por tanto, para concluir que en este caso existía una relación civil, los medios para realizar el servicio no deberían ser proporcionados por el Instituto Nacional Electoral (entonces Instituto Federal Electoral).

Así, se advierte que entre las partes existió una relación jurídica laboral, lo que se evidencia dado que las actividades convenidas que denomina a la parte actora como “prestadora del servicio” y que debería realizar no podrían ser llevadas a cabo ni con instrumentos personales, ni en un domicilio diverso al Instituto Nacional Electoral (entonces Instituto Federal Electoral), y mucho menos en los horarios y términos que determinara de manera libre.

De ahí que, la sola denominación de los contratos y las constancias que exhibió el Instituto Nacional Electoral son insuficientes para acreditar una relación distinta a la laboral, ya que de los mismos se advierte que las

actividades que realizaba la parte actora eran subordinadas a las instrucciones del personal del demandado y con equipo, espacios y horarios proporcionado por el mismo.

Pago de un salario

Se actualiza también el tercer elemento de la relación laboral, consistente en el pago de un salario.

Lo anterior, porque de los contratos celebrados entre las partes y de las constancias exhibidas se desprende que el entonces Instituto Federal Electoral actualmente Instituto Nacional Electoral, entregaría a la parte actora cierta cantidad de dinero en retribución por el trabajo que desempeñaría para éste.

En efecto, de la lectura de los contratos que se han listado, se advierte que el demandado se obligó a pagar a la parte actora, por la prestación de sus servicios, un salario o sueldo.

Tal entrega se tiene por acreditada en términos del artículo 15, numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no haber sido objeto de cuestionamiento, ya que la parte actora implícitamente reconoce el pago al haber indicado el salario base conforme al cual pretendía el pago de las prestaciones reclamadas y el Instituto demandado reconoció la entrega de una contraprestación a la parte actora con motivo del pago de sus servicios -aun cuando no lo identificó como salario, sino como honorarios-.

No obsta a esta determinación que el Instituto Nacional Electoral denomine “honorarios” al pago que proporcionaba a la parte actora por la prestación de sus servicios, dado que ha sido criterio de diversos órganos jurisdiccionales que la denominación de honorarios no determina por sí misma que la relación jurídica entre las partes contratantes sea de naturaleza civil, porque como se señaló, ésta debe definirse sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad, y dependencia económica, entre otros.

Lo anterior encuentra sustento en las jurisprudencias de tribunales colegiados de circuito de rubros: “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA”9 y “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA”10.

En tal sentido, la parte actora probó su acción en cuanto a la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, toda vez que las actividades que desempeñó corresponden a las esenciales y propias del Instituto Nacional Electoral (entonces Instituto Federal Electoral), relacionadas con la actualización del Padrón Electoral y la lista nominal, actividades que no pueden considerarse de carácter esporádico o eventual.

Así, está acreditado que la relación que unió a las partes es de naturaleza laboral, por lo que las excepciones relacionadas con la falta de acción y de derecho, inexistencia de la relación laboral, relaciones contractuales independientes, de falsedad, en cuanto al reconocimiento de la relación laboral entre las partes, al fundarse en argumentos que sostienen que la relación era de naturaleza civil y no acreditarse ello, son improcedentes.

Lo anterior, en términos de la jurisprudencia I.5o.T. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de rubro: “RELACION LABORAL, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO AFIRMA QUE ES DE OTRA NATURALEZA”11.

Temporalidad e interrupción de la relación laboral

La parte actora en su escrito de demanda sostiene que ingresó a laborar en el Instituto Nacional Electoral demandado, anteriormente Instituto Federal Electoral, a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y uno, en el puesto de auxiliar municipal, de Yurécuaro,

9 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril de 2007 (dos mil siete), Tomo XXV, página 1396.

10 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006 (dos mil seis), página 1017.

11 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996 (mil novecientos noventa y seis), página: 379.

Michoacán, desempeñando con posterioridad diversos cargos, entre los cuales se encontraban los siguientes:

 Jefe de oficina municipal;

 Coordinador distrital de verificación;

 Responsable de zona;

 Responsable de módulo;

 Validador;

 Técnico electoral;

 Auxiliar de atención en módulo;

 Operador de equipo tecnológico; y,

 Supervisor “E”.

Señala que actualmente se desempeña dentro de la rama administrativa desde el uno de enero de dos mil veinticuatro, se le otorgó plaza presupuestal en el puesto de responsable de módulo adscrita a la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral demandado, al dar contestación a la demanda, señala que durante el periodo de uno de enero de mil novecientos noventa y uno al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, en los periodos en los que existió vinculo jurídico entre las partes estuvo contratada como prestadora de servicios, bajo el régimen de honorarios.

A continuación, se inserta una tabla en la que se precisan los periodos reclamados, así como aquellos que son reconocidos por el Instituto Nacional Electoral demandado y los periodos en que existe controversia.

Conforme a lo anterior, los periodos precisados en el cuadro que antecede, relacionados con el reconocimiento del vínculo jurídico por parte del Instituto Nacional Electoral demandado, no serán materia de análisis en el juicio que se resuelve.

En ese sentido, sólo serán motivo de estudio en el presente apartado, los periodos que se indican en la tabla que a continuación se inserta, respecto de los cuales se precisan las constancias que obran en autos con las que se acreditan tales periodos.

Del contenido de la tabla anterior y de las probanzas que se precisan en ella, generan convicción a Sala Regional Toluca que el Instituto Nacional Electoral demandado no logró desvirtuar los periodos en los que manifestaba la inexistencia de algún vínculo jurídico con la parte actora, a saber:

Lo anterior, porque se limita a manifestar en su escrito de contestación de demanda que objeta los recibos de pago en cuanto a su contenido, alcance y valor probatorio, ya que con ellos no se acredita fehacientemente la existencia de una relación laboral, aunado a que niega lisa y llanamente la existencia de un vínculo de esa naturaleza, al no existir prueba plena que permita acreditar la procedencia de las prestaciones que reclama el accionante.

De igual forma, el Instituto demandado por lo que se refiere a las credenciales ofrecidas y aportadas por la parte actora, se limita a manifestar que las objeta lisa y llanamente, dado que son documentos privados que no tienen ningún valor público, ni siquiera indiciario.

Al respecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 784, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 95, párrafo 1, incisos b) y e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre la fecha de ingreso y la antigüedad del trabajador.

Al resolver asuntos similares al presente12, la Sala Superior de este Tribunal ha sostenido el criterio de que la parte demandada es quien tiene la carga de probar que la relación se vio interrumpida. Las razones fundamentales que se han expresado para justificar ese criterio son las siguientes:

A)                    Por regla general, la carga de la prueba recae en quien afirma

12 SUP-JLI-7/2003.

un hecho y no en quien lo niega; sin embargo, existen casos en los que la carga de la prueba recae en quien sustenta una negativa; por ejemplo, cuando la negación envuelva la afirmación de un hecho o cuando se desconoce la presunción que tiene a su favor la contraparte.

B)                    Las partes deben acreditar los hechos en que sustenten sus pretensiones; empero, esa regla no es absoluta, porque la carga de la prueba debe arrojarse al colitigante que cuente con los mejores elementos para probar el hecho discutido.

C)                    Cuando se presenta un caso, en el que las partes reconocen la existencia de la relación laboral, así como las fechas de inicio y de conclusión del vínculo, se genera una presunción iuris tantum a favor del trabajador, en el sentido de que los servicios se prestaron en forma ininterrumpida; y,

D)                    Conforme a lo dispuesto en el artículo 784, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria, corresponde al patrón la carga de la prueba sobre la antigüedad del trabajador, siempre que exista controversia sobre ello.

Lo anterior, guarda congruencia con las razones que sustentan las tesis de jurisprudencia VII.2o.T. J/41 (10a.) y relevante I.11o.T.77 L (10a), de rubro: “ANTIGÚEDAD GENERAL DE EMPRESA. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN LEGAL, CUANDO EXISTE CONTROVERSIA EN SU RECONOCIMIENTO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL PATRÓN” y “ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE). CUANDO DEMANDAN SU RECONOCIMIENTO, EL PATRÓN PUEDE OFRECER LOS MEDIOS DE PRUEBA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 804 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA ACREDITAR QUE AQUÉLLOS NO PRESTARON SUS SERVICIOS EN EL PERIODO RECLAMADO, LO CUAL NO IMPLICA DEMOSTRAR UN HECHO NEGATIVO”.

Asimismo, la jurisprudencia 2ºa./J.40/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO”.

En este contexto, de los citados criterios se desprende en esencia lo

siguiente: Cuando se reclama el derecho al reconocimiento de la antigüedad general de empresa respecto a los lapsos que hayan laborado debe considerarse que se trata de una prestación legal y, por tanto, corresponde al patrón la carga de acreditarla con pruebas idóneas, de conformidad con el artículo 784, fracción II, de la Ley referida; consecuentemente, debe relevarse al trabajador de esa carga probatoria.

En el caso, la carga de acreditar que la parte actora no prestó sus servicios en los periodos materia de la litis, no se satisface cuando el Instituto Nacional Electoral demandado ofrece pruebas que sustancialmente no corresponden a los periodos controvertidos, dado que aunque se refieran a la accionante, son insuficientes para estimar acreditada la excepción en el sentido de que en los periodos de referencia no hubo prestación de servicios, sin que sea obstáculo considerar su imposibilidad para acreditarlo o se le imponga la obligación de acreditar un hecho negativo, al estar facultado para ofrecer los medios de convicción previstos en el mencionados artículo 804, de la Ley Federal del Trabajo.