VERSIÓN PÚBLICA, RESOLUCIÓN EXPEDIENTE ST-JLI-21/2024

Fecha de clasificación: 21 de marzo de 2025, mediante acuerdo CT-CI- OT-XXXVI.2-SE09/2025 emitido por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su Novena Sesión Extraordinaria.

Unidad Administrativa: Secretaría General de Acuerdos de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Clasificación de información: Confidencial por contener datos personales.

Periodo de clasificación: Sin temporalidad por ser confidencial.

Fundamento Legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Trigésimo Octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Rúbrica del titular de la unidad responsable:

JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: ST-JLI-21/2024

PARTE ACTORA: HILARIO GUTIÉRREZ TORRES

DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

SECRETARIO: GERARDO RAFAEL SUÁREZ GONZÁLEZ

COLABORARON: BERENICE HERNÁNDEZ FLORES Y LUCERO MEJÍA CAMPIRÁN

Toluca de Lerdo, Estado de México, a cinco de febrero de dos mil veinticinco.

V I ST O S, para resolver los autos del expediente del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral ST-JLI-21/2024, promovido por Hilario Gutiérrez Torres, por conducto de su apoderado, a fin de reclamar el reconocimiento de la relación laboral y el pago de diversas prestaciones; y,

R E S U L T A N D O

I.   Antecedentes. Del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente, se desprende lo siguiente:

1. Relación contractual. La parte actora manifiesta que en el Instituto Nacional Electoral ha desempeñado diversos puestos y por los periodos que se indican a continuación:

Precisando que firmó contratos de prestación de servicios “eventuales”, pero desarrollando su trabajo personal subordinado, con herramientas e implementos de trabajo proporcionados por el otrora Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, encontrándose bajo las órdenes de los Vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en Michoacán.

II.  Juicio laboral

1.   Presentación. El quince de noviembre de dos mil veinticuatro, la parte actora, por conducto de su apoderado, presentó ante la Oficialía de Partes de Sala Regional Toluca demanda de juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral al rubro indicado, por el que reclama el reconocimiento de la

relación laboral y el pago de diversas prestaciones con motivo de su desempeño del cargo en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán.

2.    Integración y turno de expediente. En la precitada fecha, el Magistrado Presidente de Sala Regional Toluca acordó la integración del expediente ST-JLI-21/2024, y ordenó su turno a la Ponencia de la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Tal determinación fue cumplida por el Secretario General de Acuerdos en igual data.

3.     Radicación, admisión, emplazamiento y requerimiento. El diecinueve de noviembre del año próximo pasado, la Magistrada Instructora, entre otras cuestiones, radicó el juicio en la Ponencia a su cargo, admitió a trámite la demanda y corrió traslado al Instituto Nacional Electoral demandado con el escrito inicial y sus anexos, para que contestara lo que a su derecho conviniera; asimismo, requirió al Instituto Nacional Electoral demandado diversa documentación relacionada con el juicio al rubro indicado.

4.     Contestación de la demanda y pretensión de desahogar requerimiento. El tres de diciembre del dos mil veinticuatro, el Instituto Nacional Electoral demandado, por conducto de su persona apoderada, dio contestación a la demanda y ofreció las pruebas que consideró conveniente a sus intereses, aunado a que hizo valer excepciones y defensas; asimismo, aportó diversa documentación que le fue previamente requerida.

5.      Traslado a la parte actora y requerimientos a la parte demandada. El inmediato seis de diciembre, la Magistrada Instructora, entre otras cuestiones, acordó; i) La recepción de la contestación de demanda; ii) Requerir diversa documentación al Instituto demandado; iii) ordenar la certificación de contenidos de ligas electrónicas y de la memoria USB aportada por la parte demandada; iv) correr traslado a la parte actora con el escrito de contestación de la demanda y anexos; v) reservar el señalamiento de la fecha de audiencia de Ley, hasta en tanto se contara

con la información solicitada al Instituto Nacional Electoral, respecto al segundo periodo vacacional de su personal; y, vi) dar vista a las partes para que manifestaran si era su deseo desahogar la audiencia en forma presencia o mediante videoconferencia;

6.      Desahogo de requerimientos. Los días nueve y once de diciembre del propio año, el Instituto Nacional Electoral demandado, por conducto de su persona apoderada legal, desahogó los requerimientos que le fueron formulados por este órgano jurisdiccional, a efecto de que informara sobre el segundo periodo vacacional de su personal y, aportara diversa documentación.

7.  Recepción, suspensión de plazos y fecha para celebración de audiencia de Ley. El once de diciembre de dos mil veinticuatro, la Magistrada Instructora tuvo por recibida la documentación previamente recibida el nueve de diciembre, y debido a que el Instituto Nacional Electoral estaría en el segundo periodo vacacional (del veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro al siete de enero de dos mil veinticinco), quedarían suspendidos los plazos para la sustanciación del juicio al rubro indicado durante el tiempo señalado, por lo que desde el ocho de enero del presente año, se reanudaría el cómputo de los plazos en la sustanciación del juicio; asimismo, señaló las doce horas con treinta minutos del día nueve de enero de dos mil veinticinco, para la celebración de la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos.

8.     Desahogo de requerimiento y vista. El inmediato doce de diciembre, la parte actora desahogó la vista otorgada; objetó las pruebas ofrecidas por el Instituto demandado y, expresó su conformidad para que la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos se realizara mediante videoconferencia, proporcionando la cuenta de correo electrónico y teléfono móvil para el caso de que durante el desarrollo de la audiencia existiera alguna falla de comunicación.

9.     Acuerdo de recepción, vista y requerimiento. El trece de diciembre de dos mil veinticuatro, la Magistrada Instructora tuvo por recibida la documentación presentada por el Instituto demandado el once de ese mes y el escrito de desahogo de vista de la parte actora, así como la manifestación de ésta última en cuanto a la omisión de la parte demandada de presentar en forma completa diversos contratos.

10.      Requerimiento al Instituto demandado. Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinticuatro, la Magistrada Instructora en vías de preparación de la audiencia de Ley y como diligencias para mejor proveer, requirió al Instituto Nacional Electoral, por conducto de su persona apoderada, para que remitiera original o copia certificada de los contratos celebrados entre ambas partes, que la accionante había manifestado que no fueron enviados por el Instituto demandado.

11.  Primera audiencia laboral. El nueve de enero del presente año, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, en la que se determinó que conforme a lo manifestado por ambas partes, no era posible llegar a un acuerdo conciliatorio, por lo que debía continuar con la siguiente etapa de la audiencia; asimismo, el Secretario de Estudio y Cuenta informó a la Magistrada Instructora que se encontraba transcurriendo el plazo otorgado al Instituto demandado para desahogar el requerimiento precisado en el numeral 10 del presente apartado, por lo que la Magistrada Instructora determinó suspender la audiencia y fijar para su continuación las doce horas con treinta minutos del día veintitrés de enero siguiente.

12.   Vista a la parte actora. El diez de enero del presente año, la Magistrada Instructora tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral demandado mediante proveído de dieciocho de diciembre anterior y ordenó dar vista a la parte actora con las manifestaciones realizadas por el demandado a efecto de que expresara lo que a su derecho conviniera.

13.  Requerimiento a la Jefatura de Departamento de Sistemas de Sala Regional Toluca. El trece de enero siguiente, la Magistrada Instructora requirió a la Jefatura del Departamento de Sistemas de Sala Regional Toluca para que gestionara una sesión por videoconferencia en la plataforma electrónica “Videoconferencia Telmex”; proporcionara la clave de acceso correspondiente; y, efectuara las gestiones necesarias para grabar la continuación de la audiencia de Ley señalada para las doce horas con treinta minutos del día veintitrés de enero siguiente.

14.   Notificación de datos de acceso. Mediante acuerdo de catorce de enero del año en curso, la Magistrada Instructora tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Jefe del Departamento de Sistemas de Sala Regional Toluca y reiteró a las partes la fecha de continuación de la audiencia de Ley, haciendo de su conocimiento los datos necesarios para intervenir en ella.

15.  Segunda audiencia laboral. A las doce horas con treinta minutos del veintitrés de enero del presente año, con la comparecencia de la parte actora y del Instituto Nacional Electoral demandado, por conducto de su persona apoderada, se llevó a cabo la continuación de la mencionada audiencia en la que se tuvieron por objetadas las pruebas de las partes; por ofrecidas y admitidas sus respectivas pruebas; se desahogaron cada uno de los medios de convicción admitidos; asimismo, se declaró cerrada la instrucción; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y Sala Regional Toluca es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base VI, párrafo primero; y 99, párrafo cuarto, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 251, 252, 253, párrafo primero, fracción IV, inciso d), 260, 261, 263, párrafo primero, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3°, párrafo 2, inciso

e); 4º, párrafo 1, y 94, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, por tratarse de un juicio laboral promovido por quien manifiesta prestar sus servicios en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, supuesto que es competencia de Sala Regional Toluca debido a que el órgano electoral en el que la parte actora aduce estar adscrita no es de carácter central sino desconcentrado, y se encuentra ubicado en una entidad federativa que forma parte del ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción esta autoridad.

No pasa inadvertido para Sala Regional Toluca que tanto en los contratos que se acompañaron, como en el escrito de contestación de demanda por parte del Instituto Nacional Electoral demandado, se aduce que las partes en conflicto acordaron someterse a los Tribunales Federales en materia civil de la Ciudad de México, por lo que se deberá dejar a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía y forma que se obligó.

No obstante, en concepto de esta autoridad jurisdiccional electoral federal se estima infundada tal excepción, dado que el hecho de que el conflicto de intereses de trascendencia jurídica que se analiza sea susceptible de tener connotaciones de índole civil, atendiendo a los términos formales en los que las partes involucradas en el litigio suscribieron los respectivos contratos, no se debe traducir en que prima facie decline su competencia a favor de alguna otra autoridad jurisdiccional de naturaleza civil.

Lo anterior, porque conforme a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, las autoridades tienen el deber de interpretar las normas de conformidad a lo establecido en la Constitución Federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de manera que la persona obtenga la

protección más amplia, en términos del principio hermenéutico pro persona.

El anterior razonamiento es congruente con las tesis aisladas registradas con las claves 2a LVI/2015 (10a) y I. 4o.A.20 K (10a), emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Constitucional, de rubros: “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN1” y “PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO COMPONEN2”.

En este orden de ideas, es manifiesto para Sala Regional Toluca que, de actualizarse una relación de naturaleza laboral, el inconforme estaría en aptitud de reclamar el ejercicio de derechos que generan mayor beneficio que los reconocidos y pactados en los contratos de prestación de servicios que, acorde a lo precisado, tienen connotación civil.

Además, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, establecida en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, se traduce en el deber correlativo de los órganos jurisdiccionales de tutelar el derecho de las personas gobernadas a obtener una resolución que ponga fin a la controversia planteada, siempre que la vía impugnativa así lo permita, lo que, en el caso se garantiza al privilegiar el cauce procesal y la acción intentada por el promovente.

En atención a que la vía laboral impugnativa fue elegida por el accionante, la cual eventualmente puede reportarle mayores beneficios que el ejercicio de una acción civil, y tomando en consideración que en el caso particular también se presentan elementos indiciarios de la existencia de una relación laboral; sumado al deber correlativo que en materia de derechos humanos tiene esta autoridad jurisdiccional, en cuanto a aplicar la norma que resulte más favorable a la persona, ello justifica que Sala

1 Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009545.

2 Ibidem: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005203.

Regional Toluca asuma competencia para conocer y resolver del litigio que se plantea en el juicio al rubro citado y estimar infundada la excepción que al respecto hace valer el Instituto Nacional Electoral demandado.

Al asumir la referida determinación esta autoridad tiene en consideración que el Instituto Nacional Electoral demandado, en diversas actuaciones en la sustanciación del medio de impugnación, argumentó que en el caso no existió una relación de naturaleza laboral, sino de carácter civil, lo cual podría llevar a considerar la incompetencia por materia de la Sala Regional Toluca; no obstante, tal cuestión sólo es susceptible de ser analizada al resolver el estudio del fondo de la controversia planteada, conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes y, a efecto de no incurrir en el vicio lógico de petición de principio.

Al respecto, resulta orientador el criterio establecido en la tesis I.15o.A.4 K (10a.), de rubro: “PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL3”.

SEGUNDO. Designación del Secretario de Estudio y Cuenta Regional en funciones de Magistrado. Teniendo como criterio orientador lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro: “SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA

CONOCER DEL ASUNTO”4, se hace del conocimiento de las partes la designación del Secretario de Estudio y Cuenta de esta Sala Regional, Fabián Trinidad Jiménez, en funciones de Magistrado del Pleno de esta autoridad federal5.

3 FUENTE: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000863.

4 Emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 119/2010, correspondiente a la Novena Época, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312.

5 Mediante el “ACTA DE SESIÓN PRIVADA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA QUE SE PRONUNCIA

TERCERO. Sustitución patronal. Conforme al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, en el artículo 41, párrafo tercero, Base V, de la Carta Magna, se establece que el Instituto Federal Electoral fue sustituido por mandato constitucional por un nuevo organismo que tomó posesión de su patrimonio, derechos, obligaciones, así como del estado y responsabilidad de los asuntos pendientes de sustanciación, los cuales quedan subsumidos en la esfera de competencia del Instituto Nacional Electoral, al que pasaron los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la entidad extinta.

Así, se debe entender que las prestaciones que pudieran ser reclamadas al Instituto Federal Electoral deben ser atendidas por el Instituto Nacional Electoral.

CUARTO. Régimen jurídico aplicable. En los juicios en que se tenga por objeto la resolución de los conflictos laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus personas servidoras, además de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y la normativa interna del propio Instituto, son aplicables en forma supletoria y en el siguiente orden:

1.           La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

2.           La Ley Federal del Trabajo;

3.           El Código Federal de Procedimientos Civiles;

4.           Las leyes de orden común;

5.           Los principios generales de derecho, y

6.           La equidad.

SOBRE LAS PROPUESTAS DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRATURAS REGIONALES

PROVISIONALES”, de 12 de marzo de 2022.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 95, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, siempre que no contravenga al régimen laboral de las personas servidoras del Instituto Nacional Electoral previsto en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, en la instrucción del presente juicio se aplican las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

QUINTO. Prestaciones laborales reclamadas por la parte demandante. La parte actora en su escrito de demanda reclama del Instituto Nacional Electoral las prestaciones laborales siguientes:

a)     El reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado entre ambas partes.

b)     La asignación de la plaza presupuestal que regularice la situación jurídico-laboral entre las partes.

c)      El reconocimiento de antigüedad.

d)     Pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo por todo el tiempo laborado para el demandado y que no le han sido retribuidas por no habérsele reconocido como trabajador.

e)     Pago de la prestación denominada “Despensa”, prevista en el artículo247, del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, que se integra bajo los conceptos 38 “Despensa Oficial” y 39 “Apoyo para Despensa”, por la cantidad de $175.00 (ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) quincenales.

f)       Pago de la prestación denominada “Previsión Social Múltiple”, prevista en el artículo 248 del citado Manual de Normas Administrativas, que se reclama a razón de $60.00 (sesenta pesos 00/100 M.N.) quincenales.

g)     Pago de la prestación denominada “Vales de Fin de Año”, prevista en los artículos 274 a 278 del referido Manual de Normas Administrativas, a razón de $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 M.N.) anuales.

h)     Pago de la prestación denominada “Ayuda para alimentos”, prevista en los artículos 250, 251 y 252, del indicado Manual de Normas Administrativas, a razón de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) mensuales, a través de nómina.

i)        Pago de prima quinquenal, prevista en el artículo 318, del citado Manual de Normas Administrativas, por los años de servicios prestados a razón: 5-9 años, $80.00 (ochenta pesos 00/100 M.N.); 10-14 años, $110.00 (ciento diez pesos 00/100 M.N.); 15-19 años, $140.00 (ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.); 20-24, $170.00 (ciento setenta pesos 00/100 M.N.); y, 25 años o más, $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.).

j)        Pago de “Incentivo por años de servicio”, previsto en los artículos 438, 439 y 440, del referido Manual de Normas Administrativas, a razón de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), por 10 años de servicios; $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por 15 años de servicios;

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), por 20 años de servicios; y la cantidad de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), por 25 años de servicios.

k)     Pago de cuotas y aportaciones omitidas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), por los periodos laborados entre el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete y el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

l)        Entrega de una constancia laboral por el tiempo laborado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia.

SEXTO. Excepciones y defensas por parte del Instituto Nacional Electoral demandado. En el escrito de contestación de demanda, el citado Instituto en contestación a las prestaciones reclamadas hace valer:

a)     La de falta de acción y derecho de la parte actora para reclamar el reconocimiento de la relación laboral, dado que fue contratado como prestador de servicios a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios regulados por la legislación civil.

b)     La de validez de los contratos de prestación de servicios celebrados entre la parte actora y el Instituto, en virtud de que los contratos de prestación de servicios por honorarios fueron firmados por la parte actora de mutuo propio y con los cuales se acredita el régimen civil de honorarios que une al actor con ese Instituto.

c)     La de prescripción, en cuanto al reconocimiento de la relación laboral que aduce la parte actora, que supuestamente sostuvo con el Instituto Nacional Electoral demandado durante el periodo comprendido desde el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete a la fecha; así como la relacionada con los artículos 112 y 516, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, respectivamente, con relación a las prestaciones reclamadas en el escrito de demanda y demás prestaciones que el accionante no haya reclamado dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha en que hipotéticamente generó el derecho a ellas.

d)     La de falsedad, en virtud de que el actor apoya sus reclamaciones en hechos y argumentos falsos, dado que no ha sido trabajador de ese Instituto, no ha tenido una jornada de trabajo y tampoco ha estado sujeto a la subordinación ni órdenes de ningún funcionario de ese organismo electoral.

e)     La de improcedencia de la acción y falta de derecho de la parte actora, para reclamar las prestaciones de índole laboral como son: antigüedad laboral; vacaciones; prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quinquenal, incentivo por años de servicio, así como pago de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), por ser prestaciones que sólo se otorgan a los trabajadores del Instituto demandado, calidad de la que no goza la parte actora.

f)       La de plus petitio, al pretender el actor recibir el pago de diversas prestaciones de carácter laboral a las que no tiene derecho, debido a que la relación contractual celebrada por las partes corresponde al régimen de prestación de servicios eventuales por honorarios, cuya naturaleza es civil.

g)     La de falta de legitimación de la parte actora, que se hace valer para el caso de que se estime la existencia de la relación de trabajo entre las partes, ya que para tener derecho al pago de las prestaciones extralegales consistentes en: antigüedad laboral; vacaciones; prima vacacional; aguinaldo; despensa; previsión social múltiple; vales de fin de año; ayuda para alimentos; prima quinquenal; incentivo por años de servicio, el referido Manual de Normas las otorga al personal que una vez llevado a cabo el mecanismo de ingreso correspondiente obtuvo su nombramiento como trabajador del Instituto Nacional Electoral, siendo que en el caso la parte actora no e ha sujetado a ninguno de los mecanismos de ingreso para obtener el nombramiento respectivo y con ello ubicarse en los requisitos de procedencia para tener derecho al pago de tales prestaciones extralegales.

h)     La de oscuridad y defecto legal en la demanda, dado que la parte actora reclama el pago de diversas prestaciones sin señalar

el monto, término y condiciones de éstas, lo cual deja en estado de indefensión al Instituto Nacional Electoral demandado.

i)       Todas las demás que se deriven de los términos en que se encuentra contestada la demanda, atendiendo al principio jurisprudencial de que la acción como la excepción procede en juicio sin necesidad de que se indique su nombre.

Del análisis de las excepciones se desprende que se encuentran relacionadas con la manifestación del Instituto Nacional Electoral demandado, en el sentido de que el vínculo que unió a las partes fue de naturaleza civil; así como de que tal nexo surgió mediante la celebración de diversos contratos por tiempo determinado.

Por tanto, el estudio de las excepciones depende del análisis de la controversia hecha valer, por lo que tales planteamientos serán objeto de pronunciamiento al analizar el fondo del presente juicio.

SÉPTIMO. Estudio de la cuestión planteada.

La presente controversia se circunscribe a determinar si le asiste o no derecho a la parte actora, en cuanto al reclamo de las prestaciones consistentes en el reconocimiento de la relación laboral por tiempo indeterminado entre ambas partes; la asignación de la plaza presupuestal que regularice la situación jurídico-laboral entre las partes; el reconocimiento de antigüedad; el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, despensa, previsión social múltiple, vales de fin de año, ayuda para alimentos, prima quinquenal, incentivo por años de servicio, cuotas y aportaciones omitidas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y, entrega de una constancia laboral por el tiempo laborado.

Las excepciones y defensas hechas valer por el Instituto demandado se  analizarán  de  forma  siguiente:  en  primer  lugar,  se  analizarán las

excepciones relativas al vínculo que unión a las partes (civil o laboral) derivado de la celebración de los contratos aportados por las partes, debido a que sobre tal cuestión incide la pretensión de en este juicio.

De acreditarse la naturaleza laboral de la relación que unió a las partes, se procederá al análisis de su continuidad; y, finalmente, lo relacionado a la procedencia o no del pago de las prestaciones laborales que se demandan, lo cual se resolverá de manera conjunta con las excepciones y defensas que, en su caso, formula el Instituto Nacional Electoral demandado.

a. Naturaleza jurídica de la relación entre ambas partes.

El análisis de la naturaleza jurídica de la relación que existió entre el Instituto Nacional Electoral demandado y la parte actora se realizará tomando en consideración que, en términos de lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es un hecho no controvertido que el demandante se desempeña como “Técnico I”, así como que la relación entre las partes inició el dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete hasta la fecha, con las intermitencias que se precisarán más adelante.

Las partes reconocen que mantienen un vínculo jurídico entre ellas; no obstante, para el Instituto Nacional Electoral demandado tal relación es civil, en tanto que la parte actora es de carácter laboral.

En concepto de Sala Regional Toluca, del análisis de los elementos de convicción que obran en el expediente y de las manifestaciones de las partes se constata la existencia de un vínculo laboral entre la parte actora y el Instituto Nacional Electoral demandado, por las razones siguientes:

Marco jurídico

En términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero, Base V, apartados A y D, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el Instituto Nacional Electoral demandado es un organismo constitucional público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que cuenta en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia que disponen del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones.

La disposición Constitución en comento y las relativas de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal la Rama Administrativa del Instituto Nacional Electoral, rigen las relaciones de trabajo entre el citado Instituto y sus personas servidoras.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 123, párrafos primero y segundo, así como su apartado B, fracciones VII al IX, de la Constitución Federal, corresponde al Congreso de la Unión expedir Leyes sobre el trabajo, entre ellas, las que rigen las relaciones de los Poderes de la Unión y sus personas trabajadoras.

Conforme al referido apartado del citado artículo 123 constitucional, entre las bases que rigen la relación laboral entre los Poderes de la Unión y sus personas trabajadoras, se establecen las siguientes:

a)       La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de las personas aspirantes;

b)       Las personas trabajadoras gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad;

c)       En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;

d)       Las personas trabajadoras sólo podrán ser suspendidas o cesadas por causa justificada, en los términos que fije la Ley;

e)       En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal; y

f)         En los casos de supresión de plazas, las personas trabajadoras afectadas tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de Ley.

Lo anterior resulta relevante, ya que el artículo 206, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que todo el personal del Instituto Nacional Electoral demandado será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV, del apartado B, del artículo 123, de la Ley Fundamental.

En los artículos 30, párrafos 3 y 4, así como 203, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé que para el desempeño de sus actividades, el Instituto Nacional Electoral demandado contará con un cuerpo de personas servidoras públicas en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que apruebe el Consejo General del propio Instituto.

El servicio profesional tendrá dos (2) sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales, que contendrán, entre otras cuestiones, el Catálogo General de Cargos y Puestos del Personal Ejecutivo y Técnico.

Además, el Instituto cuenta con personal adscrito a una rama administrativa para el óptimo desempeño de las funciones institucionales, que se regirá por el referido Estatuto.

En adición a lo anterior, conforme al artículo 7, del mencionado Estatuto, para el cumplimiento del objeto de tal instrumento, se autoriza que el Instituto Nacional Electoral demandado contrate servicios personales bajo los regímenes siguientes:

1.                      Laboral, con plaza presupuestal, o

2.                      Civil, bajo la figura de honorarios.

Respecto del primero de los regímenes mencionados, en el referido precepto se dispone que el órgano electoral podrá establecer relaciones laborales temporales, por obra o tiempo determinado, quedando estrictamente prohibido prorrogarlas después de concluida la obra o fenecido el plazo respectivo.

Por lo que hace al régimen de honorarios, en su artículo 395, el citado Estatuto prevé que el Instituto podrá contratar personas prestadoras de servicios bajo el régimen de honorarios en términos de la legislación civil federal con cargo al capítulo de servicios personales, por tiempo determinado, sin exceder de un ejercicio fiscal y con la finalidad que:

   Auxilien en los procesos electorales, programas o proyectos institucionales inherentes al mismo.

   Participen en los programas o proyectos institucionales de índole administrativa, distintos a los procesos electorales federales.

   En ambos casos, se dispone que la temporalidad de la contratación deba estar debidamente justificada.

Del marco constitucional, legal y estatutario que regula las relaciones del Instituto Nacional Electoral demandado con sus servidores, se advierte que éstas pueden válidamente establecerse bajo los regímenes laboral — como lo reclama la parte actora— o civil, bajo la institución de honorarios

—como se excepciona el citado Instituto demandado—.

Sin embargo, los cargos de naturaleza civil no pueden exceder de un ejercicio fiscal y son únicamente con la finalidad de auxiliar en procesos electorales o proyectos específicos del Instituto.

Establecido lo anterior, corresponde a este órgano jurisdiccional electoral federal, con base en las pruebas aportadas por las partes, determinar la naturaleza de los servicios contratados a la parte actora por el Instituto Nacional Electoral demandado.

Por regla, la existencia del vínculo laboral se presume, en el presente caso el Instituto Nacional Electoral demandado lo negó, aduciendo que los servicios que presta el impugnante derivaron de una relación jurídica de carácter civil, bajo la institución de honorarios, surgida de la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios profesionales en distintas temporalidades, sin las características propias de una relación laboral.

Así, corresponde al Instituto Nacional Electoral demandado la carga de acreditar su aseveración, tal y como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.40/99, de rubro: “RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO”.

Ahora, para efecto de determinar la existencia o no del vínculo laboral entre las partes, se debe tener en consideración que de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 206, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria, los elementos esenciales para acreditar la relación de trabajo son:

1.        La prestación de un trabajo personal,

6 Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.

2.        La subordinación, y

3.        El pago de un salario en contraprestación.

Al respecto, es pertinente tener como criterio orientador lo sustentado en la jurisprudencia de rubro: “SUBORDINACION. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACION DE TRABAJO”, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la subordinación, en el sentido que el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio; de ahí que su existencia determina la naturaleza de la relación de trabajo o de prestación de servicios.

De lo anterior, se concluye que la relación de trabajo entre un servidor público y el Instituto Nacional Electoral demandado se genera cuando existe un vínculo de subordinación.

En el supuesto que se acredite lo anterior, así como la existencia de continuidad en la prestación del servicio y que la persona trabajadora lo prestó en el lugar y conforme al horario que se le asignó, a cambio de una remuneración económica, se concluirá que existe el vínculo de trabajo, sin que sea obstáculo que los servicios realizados se hayan originado con motivo de la firma de un contrato de prestación de servicios profesionales, debido a que no es la denominación de ese contrato lo que determina la naturaleza de los servicios prestados al Estado, de tal suerte que si éstos reúnen las características propias del vínculo laboral entre el Estado y sus personas trabajadoras, debe tenerse por acreditado.

Ello, de conformidad con las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito bajo los siguientes rubros: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”, así como “RELACIÓN DE

TRABAJO. UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL VERDADERO VÍNCULO EXISTENTE, SI OBRAN EN EL JUICIO OTRAS PRUEBAS DE LAS QUE SE DESPRENDAN LOS ELEMENTOS DE SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA PARA RESOLVER LO CONDUCENTE”.

En el caso, el Instituto Nacional Electoral demandado afirma en su contestación de demanda que la relación jurídica que lo unió con la parte actora es de carácter civil, como se ha señalado, en principio tiene la carga de la prueba para acreditarlo.

Al respecto, acompañó a su escrito de contestación de demanda cuarenta y nueve contratos, los cuales fueron admitidos en la continuación de la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos celebrada el veintitrés de enero del presente año, que se describen en la tabla siguiente:

Tales contratos son valorados por esta autoridad, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 1, inciso a), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que demuestran las actividades para las que se contrató a la parte actora, el carácter de la contratación, de donde se observa, en concordancia con la normativa aplicable, que la prestación de servicios se realizaba bajo la instrucción y mando del Instituto Nacional Electoral demandado, por lo que no se le puede considerar una prestación de servicios de carácter civil, dado que se advierte una subordinación.

De los citados contratos que obran en el expediente y que no fueron objetados por las partes, no se acredita por sí mismos que la relación jurídica haya sido de carácter civil, aun cuando la contratación fuera temporal (porque así se señalaba en los contratos, aunque materialmente no se trataba de una actividad temporal del Instituto Nacional Electoral) y

que los pagos se efectuaron bajo el concepto de “honorarios”, dado que lo que se debe demostrar es que el servicio se prestó con plena libertad en su ámbito temporal y profesional a cargo de la persona prestadora de servicios y no, por el contrario, que se efectuó bajo la instrucción y mando del empleador.

En consecuencia, de los referidos contratos de prestación de servicios se advierte que, durante los años que la parte actora prestó sus servicios al Instituto Nacional Electoral demandado, se desempeñó como Auxiliar Técnico “B”; Auxiliar Técnico “C”; Auxiliar Técnico “D”; Auxiliar Técnico “E”; Coordinador Electoral de Junta Distrital Ejecutiva; y, Técnico “I”.

Conforme a lo dispuesto en la normativa interna del Instituto Nacional Electoral y del contenido de los referidos contratos, en esos cargos la parte actora desempeñó las actividades siguientes:

Auxiliar Técnico “B”

-          Verificar la calidad de imágenes digitales a través de un control estadístico sobre los recibos procesados.

-          Operar el computador y equipo de cómputo periférico (impresora para reportes de credenciales, comunicaciones, etc.), para la ejecución de procesos en general.

-          Monitorear los procesos y el desempeño de los sistemas.

Auxiliar Técnico “C”

-          Elaborar, analizar y verificar el avance de labores.

-          Elaborar periódicamente informes o reportes de volúmenes de trabajo efectuados.

Auxiliar Técnico “D”

-          Coadyuvar en el diseño de planos cartográficos que permitan actualizar la geografía de los trescientos distritos electorales.

-          Elaborar bitácoras de vehículos y mantenimiento a equipos de oficina del Registro Federal de Electores.

-          Establecer los controles necesarios para que la documentación que se recibe en las unidades administrativas llegue en forma oportuna.

Auxiliar Técnico “E”

-          Extraer, cuantificar y verificar que la documentación fuente de las remesas del operativo de campo sea correcta.

-          Validar la captura original de documentación fuente.

-          Integrar por entidad, sección y folio nacional los documentos fuente para su correcto almacenamiento.

Coordinador Electoral de Junta Distrital Ejecutiva

-          Desarrollar, revisar y controlar el manejo de recursos humanos asignados, verificando que la normatividad sea aplicada.

-          Elaborar los informes o reportes que se le soliciten.

Técnico “I”

-          Coadyuvar en la realización y control de actividades específicas para impresión y lectura de recibos y verificación de productos electorales.

-          Realizar el deseño y seguimiento a la aplicación de los procedimientos a instrumentar en campo por cada figura de la estructura de organización estatal, relacionados con la atención ciudadana.

Por lo que se refiere a los mencionados cargos de Auxiliar Técnico “B”; Auxiliar Técnico “C”; Auxiliar Técnico “D”; Auxiliar Técnico “E”; Coordinador Electoral de Junta Distrital Ejecutiva; y, Técnico “I”, desde la

descripción genérica de las actividades, así como de las funciones que se han precisado, contenidas en los documentos que fueron expedidos por el propio Instituto Nacional Electoral y que fueron aportados ante esta instancia jurisdiccional por el propio Instituto, se advierte que la contratación de la parte actora no se llevó a cabo para que prestara un servicio con independencia y libertad para su desarrollo a partir de sus conocimientos y habilidades.

Sino que su contratación se efectuó para desarrollar una serie de tareas propias de la actividad sustantiva dentro del Instituto Nacional Electoral y que se relacionan con sus actividades cotidianas como llevar controles estadísticos; operar las impresoras; verificar avances de actividades; realizar reportes de trabajos efectuados; participar en la realización de planos cartográficos; y, establecer controles de la documentación recibida en las unidades administrativas, todo ello, en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del citado Instituto en el Estado de Michoacán y que implican una relación de subordinación.

De esta forma, la parte actora no solamente desarrolló sus labores de manera subordinada, sino que era necesario, para llevarlas a cabo, que fuera con los instrumentos de trabajo que para tal efecto le proporcionó el Instituto Nacional Electoral demandado en su calidad de empleador.

Por lo expuesto, las condiciones antes anotadas evidencian la existencia de una relación de trabajo, con independencia del nombre que reciba el acto de contratación o lo que haya generado ese vínculo.

No pasa desapercibido que, en el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, específicamente, en los artículos 3 y 639, disponen que se considerará como prestador de servicios a la persona que realiza actividades en favor de ese Instituto con la finalidad de auxiliar en los programas o proyectos institucionales de carácter administrativo.

Sin embargo, tal normativa no puede ser interpretada en el sentido de que la sola celebración de contratos denominados de prestación de servicios profesionales conlleve siempre una relación de carácter civil, ya que lo anterior contravendría lo dispuesto en el artículo 20, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual, en términos de lo previsto en el artículo 95, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es aplicable de forma supletoria al régimen laboral de los servidores del Instituto Nacional Electoral.

Concluir lo contrario implicaría desconocer la naturaleza de los contratos y de las relaciones laborales.

En consecuencia, queda probado que más allá de la denominación de los contratos celebrados entre las partes, en la especie, existe una relación de supra-subordinación. De ahí que el vínculo que unió a la parte actora con el Instituto Nacional Electoral demandado, en su carácter de Auxiliar Técnico “B”; Auxiliar Técnico “C”; Auxiliar Técnico “D”; Auxiliar Técnico “E”; Coordinador Electoral de Junta Distrital Ejecutiva; y, Técnico “I”, fue sustancialmente de naturaleza laboral.

Aunado a lo anterior, de las pruebas ofrecidas por las partes y de las obtenidas por este órgano jurisdiccional federal, a través de las providencias para mejor proveer, en términos de lo dispuesto en los artículos 783 y 784, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado en forma supletoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende lo siguiente:

•  A la parte actora se le reconoce en todos y cada uno de los contratos con el carácter de “prestador de servicios” al Instituto Nacional Electoral demandado, de manera eventual.

•  La “prestación del servicio” eventual se da en los cargos anteriormente precisados.

•  Por realizar tales servicios, el Instituto Nacional Electoral demandado se obligó a pagar como contraprestación, diversas cantidades, por concepto de honorarios.

•  En ninguna circunstancia los honorarios fijados podrían variar durante la vigencia de los contratos, y que el prestador de servicios no tenía derecho a ninguna otra percepción diversa a las establecidas en esos contratos o a las que eventualmente se establecieran en otros instrumentos o acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral demandado.

•  En caso de terminarse de manera anticipada el contrato, la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral demandado es únicamente para cubrir el pago de honorarios generados hasta la fecha de conclusión y que no se hubieren pagado previamente.

•  El Instituto se encarga de retener el Impuesto sobre la Renta respecto de los honorarios, y enterarlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

•  Es obligación del “prestador de servicios” seguir todas y cada una de las instrucciones recibidas de las autoridades del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, relacionadas con la forma de desempeñar su trabajo.

•  La facultad del Instituto Nacional Electoral demandado de supervisar y vigilar el cumplimiento de las actividades realizadas por el “prestador de servicios”.

•  El establecimiento de un lugar por parte del Instituto Nacional Electoral demandado, en el que se presta el servicio.

•  El incumplimiento de las actividades y obligaciones consignadas en tales contratos es motivo suficiente para que el Instituto Nacional Electoral demandado pueda rescindirlo.

Con la información obtenida de los contratos aportados por el Instituto Nacional Electoral demandado, Sala Regional Toluca considera que las actividades materia de los contratos no pueden ser realizadas de manera autónoma e independiente por parte del supuesto prestador de servicios, sino que las mismas deben ser supervisadas, orientadas y coordinadas por los funcionarios de mando del Instituto.

En este sentido, se considera que los trabajos realizados por la parte actora fueron coordinados y supervisados por las personas funcionarias de mando del Instituto Nacional Electoral demandado y fueron de carácter permanente, con los recursos propios del Instituto y en un horario de servicio determinado.

De igual forma, se insiste, la naturaleza de los trabajos encargados a la parte actora corresponde a tareas sujetas al cumplimiento de las instrucciones que recibía por parte de los representantes del Instituto Nacional Electoral demandado, conforme a los reportes que debía entregar; situación que evidencia el elemento de subordinación, que constituye el punto primordial para demostrar la existencia de una relación laboral.

Por otra parte, dadas las funciones de la parte actora, se concluye que no prestó los servicios descritos en los contratos con sus propios recursos, sino que los llevaba a cabo con los medios que le fueron proporcionados por el Instituto Nacional Electoral demandado, en el caso concreto, con el equipo tecnológico necesario para desarrollar las actividades que le fueron encomendadas.

En ese aspecto, la doctrina judicial considera que las actividades objeto de los contratos de servicios profesionales deben ser realizadas con los medios propios del prestador, lo que se entiende, contrario sensu, que,

en el caso concreto para estar en presencia de una relación civil, los medios para prestar el servicio no debían ni deben ser proporcionados por el Instituto Nacional Electoral demandado.

Lo anterior, tiene sustento en el criterio contenido de la tesis jurisprudencial con clave de identificación I.1º.T.J/528, y número de registro 174925, de Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materia Laboral, de rubro: “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA

ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA”, mismo que se invoca de manera orientadora para resolver este asunto.

Como se advierte de lo anterior, las actividades desempeñadas por la parte actora no se pueden considerar de carácter temporal, ya que se relacionaban directamente con la función permanente que realiza el Instituto Nacional Electoral demandado.

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO POR TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL ESTADO, EN SU CARÁCTER DE EMPLEADOR EQUIPARADO JUSTIFICAR LA TEMPORALIDAD DE SU NOMBRAMIENTO (LEGISLACIONES BUROCRÁTICA FEDERAL Y DEL ESTADO DE COLIMA)”.

Así, del análisis concatenado de las cláusulas dispuestas en los contratos aportados por las partes, los preceptos legales y la doctrina judicial antes apuntada, es suficiente para indicar y evidenciar que, fácticamente el Instituto Nacional Electoral ejerció sobre la parte actora conductas de mando, lo que materializó una relación de supra- subordinación, en la que, incluso, se le impusieron al accionante obligaciones y prohibiciones que no son propias de una relación jurídica de naturaleza civil.

En ese orden de ideas, Sala Regional Toluca considera que a pesar de que en los contratos se señala que se constituye una relación civil de prestación de servicios, la relación jurídica contiene características como son la subordinación y la ejecución de las funciones convenidas con los

medios proporcionados por el Instituto Nacional Electoral demandado y no los propios de la parte actora, lo que evidencia que las actividades objeto de los contratos que obran en el expediente no se pueden desarrollar al libre albedrío de la parte actora; por ende, se concluye que la relación emanada de los contratos correspondía a una relación de naturaleza jurídico laboral.

No es obstáculo para la anterior conclusión que los pagos recibidos por la parte actora como retribución por los servicios prestados se hayan denominado como “honorarios”, ya que existe doctrina judicial en torno a que la existencia de recibos de honorarios no es un elemento determinante por sí mismo, de que la relación jurídica entre las personas contratantes sea de naturaleza civil, la cual se insiste, se define sobre la base de los conceptos de subordinación, temporalidad y dependencia económica, entre otros.

Apoya lo anterior, el criterio sustentado en las tesis de jurisprudencia con clave de identificación I.7o.T.J/2510 y I.1o.T.J/5211, con números de registro 172794 y 174925, de Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materia Electoral, cuyos rubros son: “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y RELACIÓN LABORAL, EL PAGO DE HONORARIOS NO DETERMINA LA EXISTENCIA DE AQUÉL Y LA INEXISTENCIA DE ÉSTA”, y “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LOS RECIBOS DE HONORARIOS NO SON SUFICIENTES PARA ACREDITAR UNA RELACIÓN DE ESA NATURALEZA”.

Atendiendo a las características de las funciones que desempeñaba la parte actora, las cláusulas de obediencia y supervisión pactadas en los contratos, no se puede considerar que se trataba de personal temporal; además de que esas tareas formaban y forman parte de las actividades propias que lleva a cabo la Junta Distrital Ejecutiva en la presta sus servicios la parte actora.

De ahí que no sea obstáculo para estimar que existe una relación de trabajo entre las partes, la simple denominación que se haya dado a los contratos respectivos o que en aquellos se hubiera señalado que la

relación era de carácter eventual, acorde a lo antes argumentado, por lo que es necesario tener presente la naturaleza misma de las actividades desempeñadas, y con base en ellas determinar el tipo de relación jurídica existente.

Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J.20/200512, con registro número 178849, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Laboral, bajo el rubro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES”.

En efecto, Sala Regional Toluca considera que asiste la razón a la parte actora, toda vez que las actividades que desempeñaba eran de carácter permanente y no eventual, por lo que en el caso se surten los elementos característicos de una relación de trabajo.

Asimismo, se actualiza el elemento de subordinación ya que las funciones que realizaba la parte actora fueron supervisadas por personal del Instituto Nacional Electoral demandado y, finalmente, se acredita el pago de un salario.

Así, tal y como se ha señalado con anterioridad, aun cuando en la norma de referencia se establece que se celebrará un contrato en términos de la legislación federal, ello no implica que toda contratación de personal auxiliar tenga naturaleza civil y no laboral, por lo que debe ser, en cada caso concreto, que se defina la naturaleza de la relación contractual establecida, dado que sólo interpretando de esa forma es que la norma resulta conforme a la Constitución federal y a los diversos ordenamientos de protección de derechos a las y los trabajadores.

La decisión que aquí se sostiene toma en cuenta los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emanados del Expediente Varios 912/2010, los cuales están dirigidos a interpretar las obligaciones

contenidas en el artículo 1, de la Constitución federal vigente a partir del diez de junio de dos mil once, consistentes en que todas las autoridades del país, incluyendo las judiciales, deberán velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución federal, y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, por lo que deberán adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, de conformidad con el principio pro persona.

Por lo expuesto, Sala Regional Toluca considera que a partir de una interpretación conforme, se debe considerar que la relación que existió entre la parte actora y el Instituto Nacional Electoral demandado durante los periodos que se analizan, es propia de una relación laboral, ya que se reitera, existió subordinación de la parte actora en los servicios prestados al Instituto Nacional Electoral demandado, aunado a que el servicio se prestó utilizando los recursos materiales y tecnológicos de tal autoridad y medió una remuneración económica –salario–.

En similar sentido se ha pronunciado Sala Regional Toluca al resolver, entre otros, los juicios laborales siguientes: ST-JLI-6/2015, ST- JLI-7/2015 y ST-JLI- 8/2015 acumulados, ST-JLI-9/2015, ST-JLI-20/2015, ST-JLI-1/2016, ST-JLI-4/2016, ST- JLI-6/2018, ST-JLI-8/2018, ST-JLI- 3/2019, ST-JLI-4/2019, ST-JLI-6/2019, ST-JLI-11/2019, ST-JLI-12/2019, ST-JLI-1/2020, ST-JLI-3/2020, ST-JLI-4/2020, ST-JLI-5/2020, ST-JLI- 7/2020, ST-JLI-6/2022, ST-JLI-4/2023, ST-JLI-16/2023, ST-JLI-21/2023 y ST-JLI-2/2024

Es importante señalar que respecto de la naturaleza de los cargos que ocupó y ocupa la parte actora, esta Sala Regional se ha pronunciado al resolver el diverso ST-JLI-16/2022.

Por las razones que han quedado expuestas, devienen infundadas las excepciones de validez de los contratos y de falsedad, así como de oscuridad y defecto legal.

No pasa desapercibido para esta Sala Regional que el Instituto Nacional Electoral demandado señala que, en el presente caso, opera la prescripción para reclamar el reconocimiento de la relación laboral.

Lo anterior, porque si bien la acción de reconocimiento de la relación laboral es imprescriptible, al estar ligada al derecho fundamental de seguridad social prevista constitucionalmente, tiene una excepción, la cual se presenta si se emite una determinación en la que se establezca el tiempo de antigüedad por las instancias competentes del patrón, supuesto en el cual se debe presentar la impugnación dentro del plazo legal de un año.

Para el caso del personal del Instituto Nacional Electoral, tal determinación corresponde a la emisión de la Hoja Única de Servicio o la Constancia de Servicios, según corresponda al caso.

En el presente asunto, el citado Instituto manifiesta que debido a que, desde el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, la parte actora tuvo conocimiento de la fecha en que el Instituto Nacional Electoral le reconoce su relación laboral, resulta evidente que el plazo de un año para hacer efectivo ese derecho, feneció el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, por lo que, al no hacer manifestación alguna en contra de tal determinación, es que su derecho para reclamarla prescribió.

De esta forma, el Instituto demandado señala que partir de esa data, la parte actora tuvo conocimiento cierto y fehaciente que la prestación de servicios que realizó con anterioridad, no le era reconocida como antigüedad por ese Instituto.

La Constancia de Servicios entregada a la parte actora refuerza que ésta tuvo conocimiento pleno de que el inicio de la relación laboral fue a partir del dieciséis de febrero de dos mil, es decir, que la accionante conocía fehacientemente esa información a partir de la entrega de la citada constancia, por lo que era a partir de esa fecha que debía interponer su medio de impugnación para declarar el reconocimiento correcto de su

antigüedad, por lo que al no haberlo hecho así, trae consigo el reconocimiento tácito y expreso del tiempo que se le reconoció como antigüedad y no como pretende realizar de forma extemporánea.

De la citada constancia emitida por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, es que resulta evidente que a partir del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés se le reconoció el periodo en el cual se desempeñó como prestador de servicios bajo el régimen de carácter civil, a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios eventuales.

De esa forma, en opinión del Instituto demandado, el enjuiciante tenía la carga procesal de ejercer su acción hasta el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, esto es, dentro del plazo legal de un año, circunstancia que no aconteció, ya que su demanda la presentó hasta el quince de noviembre del año próximo pasado, transcurriendo más de un año sin que hubiere reclamado sus prestaciones ante esta instancia jurisdiccional.

Por su parte, el accionante al contestar la vista ordenada por auto de seis de diciembre del año próximo pasado, manifestó que la excepción de prescripción alegada por el Instituto Nacional Electoral demandado resultaba infundada, toda vez que ha sido criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la solicitud de reconocimiento de relación laboral y antigüedad no caduca si a la fecha en que se solicita persiste el vínculo jurídico entre las partes; la única excepción a esa regla se presenta si se emite una determinación en la que se establezca el tiempo de antigüedad por las instancias competentes, supuesto en el cual se debe presentar la impugnación dentro del plazo legal de un año.

Para el caso, si bien de la documentación aportada por el Instituto demandado se advierte una Constancia de Servicios de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, suscrita por el Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, también lo es que no fue entregada al accionante, de ahí que no obre el respectivo acuse de recibo, ni tampoco exista constancia fehaciente de que

la parte actora hubiere manifestado expresamente su conformidad con los datos de los años de servicios que consigna o haber manifestado expresamente su conformidad con los datos de los años de servicios que en ella se indican.

Por lo que el citado formato no es idóneo para que la parte actora estuviera en aptitud de inconformarse, ya que era necesario que hubiese tenido pleno conocimiento del tipo de relación que amparaba, sin que ello se desprenda de manera fehaciente del citado documento.

Al respecto, Sala Regional Toluca califica infundadas las excepciones de falta de acción y derecho, así como de prescripción para reclamar el reconocimiento de la relación laboral, por las razones siguientes:

El reconocimiento de la antigüedad es un derecho del que gozan las personas trabajadoras al servicio del Estado y que es “imprescriptible” mientras subsiste la relación laboral, toda vez que la antigüedad se genera día con día y durante el desarrollo de la relación laboral.

Lo anterior, de conformidad con el criterio orientador contenido en la jurisprudencia de los plenos de circuito PC.I.L. J/54 L (10a.) de rubro “SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO”7.

Tal y como lo refiere el Instituto Nacional Electoral demandado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversos precedentes ha sostenido que si bien la acción de reconocimiento

7  Gaceta  del  Semanario   Judicial   de   la   Federación.   Libro   71,   octubre   de   2019 (dos mil diecinueve), tomo III, página 2357. Registro digital: 2020765. Surgida de la contradicción de tesis 24/2018.

de la relación laboral es imprescriptible, también lo es que la excepción a esa regla se presenta si se emite una determinación en la que se establezca el tiempo de antigüedad por las instancias competentes del Instituto Nacional Electoral, supuesto en el cual se debe presentar la impugnación dentro del plazo legal de un año.

Para el personal del Instituto Nacional Electoral demandado, de plaza presupuestal o prestadores de servicios, la determinación de que se trata es la emisión de la Hoja Única de Servicio o la Constancia de Servicios, según corresponda.

Asimismo, la citada Sala Superior señaló al dictar sentencia en el expediente SUP-JLI-3/20228, que de conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro: “ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR SU RECONOCIMIENTO

PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO”, la sola expedición de la Hoja Única de Servicios o la Constancia de Servicios es insuficiente para que inicie el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción de mérito, ya que se trata de un documento unilateral que no es definitivo, salvo cuando exista constancia fehaciente de que el empleado hubiere manifestado expresamente su conformidad con los datos de los años de servicios que consigne; realice manifestaciones de voluntad que entrañen tal reconocimiento; o a partir de que el trabajador reciba la resolución definitiva respecto a las aclaraciones y documentos que hubiese proporcionado para que se subsanaran los errores u omisiones relativos.

Lo que no sucede en el caso, toda vez que si bien obra en el expediente la Constancia de Servicios de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, expedida por el Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, a nombre de GUTIÉRREZ TORRES HILARIO, lo cierto es que contrariamente a lo sostenido por el demandado, de tal documento no se advierte que la parte actora lo hubiere recibido y mucho menos que tuviera

8 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Jurisprudencia. Registro digital 2020714.

conocimiento de su contenido por haberlo así manifestado expresamente.

De lo anterior, resulta evidente que el citado documento no es apto para iniciar el cómputo de la prescripción respecto a la antigüedad de la parte actora, al tratarse de un documento unilateral en el que no se consigna acuse alguno de recibido por parte del accionante; razón por la cual no existe evidencia que se hubiere aceptado su contenido y mucho menos que exista alguna constancia fehaciente de que la accionante manifestara expresamente su conformidad con tal documento, de ahí lo infundado de la excepción bajo estudio.

a.2  Temporalidad e interrupción de la relación laboral

La parte actora en su escrito de demanda sostiene que ingresó a laborar en el Instituto Nacional Electoral a partir del dieciséis de enero de mil novecientos noventa y siete, como Coordinador Electoral en la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Michoacán, puesto que desempeñó hasta el treinta y uno de agosto de ese mismo año.

Posteriormente, manifiesta haber ocupado los siguientes cargos en los periodos que a continuación se indican: del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho al trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, le fue asignado el puesto de Jefe de Visitadores; del cinco de abril al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, se desempeñó como Responsable de Módulo; del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, como Responsable de Zona; del uno al treinta y uno de enero de dos mil, como Responsable de Módulo; del uno de febrero al quince de julio de dos mil, como Coordinador Electoral; del dieciséis de julio de dos mil al veintidós de enero de dos mil uno, como Responsable de Módulo; del uno de febrero al treinta de abril de dos mil uno, como Especialista Técnico Distrital; del uno de mayo al treinta de noviembre de dos mil uno, como Valiador Especialista Técnico; del veintiuno de mayo al cuatro de junio y del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, se desempeñó como Operador de Equipo Tecnológico (OET); y, finalmente, a partir del uno de junio de dos mil tres a la fecha, como Técnico “I”.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral demandado, al dar contestación a la demanda, señala que en los siguientes periodos no existió relación laboral entre las partes: del uno de septiembre de mil novecientos noventa y siete al veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; del catorce de enero al cuatro de abril de mil novecientos noventa y nueve; del uno al treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve; del uno de julio al doce de julio de dos mil; del uno de enero al veintiocho de febrero de dos mil uno; del uno de septiembre de dos mil uno al veinte de mayo de dos mil dos; del cinco de junio de dos mil

dos al treinta y uno de marzo de dos mil cuatro; del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; y del uno de enero de dos mil seis al uno de julio de dos mil once.

A continuación, se inserta una tabla en la que se precisan los periodos reclamados, así como aquellos que son reconocidos por el Instituto Nacional Electoral demandado y los periodos en que existe controversia.

Se precisa que la parte actora no reclama el reconocimiento de la relación laboral por los periodos siguientes:

•  Del uno de septiembre de mil novecientos noventa y siete al veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

•  Del catorce de enero al cuatro de abril de mil novecientos noventa y nueve.

•  Del cinco de junio al treinta y uno de octubre de dos mil dos.

Por lo que tales periodos no serán materia de análisis en el juicio que

se resuelve, así como aquellos en que el Instituto Nacional Electoral demandado reconoció el vínculo jurídico entre ambas partes.

En ese sentido, sólo serán motivo de estudio en el presente apartado, los periodos que se indican en la tabla que a continuación se inserta, respecto de los cuales se precisan las constancias que al respecto obran en autos con las que se acreditan tales periodos.