JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: ST-JRC-33/2012.

ACTORA: COALICIÓN “COMPROMISO CON EL ESTADO DE MÉXICO”.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MAGISTRADO PONENTE: SANTIAGO NIETO CASTILLO.

SECRETARIOS: ARMANDO CORONEL MIRANDA, ABDÍAS OLGUÍN BARRERA, CLAUDIO CÉSAR CHÁVEZ ALCÁNTARA Y PERLA BERENICE BARRALES ALCALÁ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a treinta agosto de dos mil doce.

VISTOS, para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral al rubro indicado, promovido por la Coalición “Compromiso con el Estado de México”, por conducto de su representante propietario ante el 16 Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral del Estado de México con sede en Atizapán de Zaragoza, a fin de impugnar la sentencia dictada el trece de agosto del año en curso, por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el expediente del juicio de inconformidad JI/99/2012 relacionado con la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa en el distrito 16 con cabecera en el Municipio de Atizapán de Zaragoza de la citada entidad federativa, y

RESULTANDO

I. Antecedentes. De la narración de hechos que la coalición actora hace en su demanda, y del contenido de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral en el Estado de México. El dos de enero del año en curso, dio inicio el proceso electoral ordinario dos mil doce para elegir a diputados y a los integrantes de los ciento veinticinco ayuntamientos en el Estado de México, de conformidad con el artículo 139 del Código Electoral del Estado de México.

2. Jornada electoral. El uno de julio de dos mil doce, se llevó a cabo en el Estado de México la jornada electoral para elegir a los diputados a la legislatura local para el periodo constitucional 2012-2015, entre ellos, el relativo al 16 distrito electoral con cabecera en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de conformidad con el artículo 38 de la Constitución Política del Estado de México y el artículo 142 del Código Electoral del Estado de México.

3. Cómputo distrital. El seis de julio siguiente, el 16 Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral del Estado México, con sede en Atizapán de Zaragoza, realizó el cómputo correspondiente, el cual arrojó los siguientes resultados:[1]

Al concluir el cómputo respectivo, el citado Consejo declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional.[2]

4. Juicio de inconformidad promovido por la Coalición “Compromiso con el Estado de México”. El diez de julio de dos mil doce, en desacuerdo con tales resultados, la Coalición “Compromiso con el Estado de México” a través de su representante propietario ante el Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral de México, en Atizapán de Zaragoza, Rigoberto Enguntza Palacios, promovió juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de México, el cual fue radicado con la clave JI/99/2012.[3]

5. Resolución impugnada. El trece de agosto de dos mil doce, el citado órgano jurisdiccional dictó sentencia en el juicio de origen, al tenor de los puntos resolutivos que se transcriben:[4]

“RESUELVE

PRIMERO. Se MODIFICAN los resultados contenidos en el acta de cómputo de la elección de Diputados en el Estado de México correspondiente al Distrito XVI con cabecera en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en términos de la consideración final de esta sentencia.

SEGUNDO. Se CONFIRMA la declaratoria de validez emitida por el Consejo Distrital responsable, así como la constancia de mayoría expedida a favor de la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional.

TERCERO. Se reserva la determinación respecto de los efectos de la nulidad de la votación aquí anulada para la elección de diputados por el Principio de Representación Proporcional para la sección de ejecución que al efecto se realice en el momento correspondiente.”

Dicha sentencia fue notificada a la coalición actora el trece de agosto del año en curso, como se desprende de la cédula de notificación personal y de la razón de notificación personal.[5]

II. Juicio de revisión constitucional electoral. El diecisiete de agosto de dos mil doce, inconforme con la sentencia antes señalada, mediante escrito presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de México, el representante propietario de la Coalición “Compromiso con el Estado de México”, ante el Consejo Distrital Electoral en Atizapán de Zaragoza, promovió juicio de revisión constitucional electoral.[6]

III. Recepción en Sala Regional. El propio diecisiete de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el oficio TEEM-P/351/2012, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, al que acompañó el escrito de demanda y sus anexos, el informe circunstanciado y constancias de trámite, así como el expediente original JI/99/2012.[7]

IV. Turno del expediente. Por acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar el expediente ST-JRC-33/2012 y turnarlo a la Ponencia a cargo del Magistrado Santiago Nieto Castillo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[8] Dicho acuerdo se cumplimentó en la misma fecha por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional federal, mediante el oficio TEPJF-SGA-4869/12.[9]

V. Certificación de no comparecencia de tercero interesado. Mediante la razón de retiro de veinte de agosto de dos mil doce, realizada por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, se hizo constar que dentro del término de setenta y dos horas a que se refiere la cédula de publicación de la interposición del Juicio de Revisión Constitucional Electoral, no se recibió escrito de tercero interesado.[10]

VI. Comparecencia de tercero interesado. El veintiuno de agosto de dos mil doce, el Partido Acción Nacional presentó ante la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, escrito mediante el cual pretendió comparecer como tercero interesado en el presente juicio.[11]

VII. Radicación y admisión. El veintitrés de agosto del presente año, el Magistrado Instructor radicó y admitió la demanda del expediente en que se actúa.[12]

VIII. Cierre de instrucción. Finalmente, al considerar que no había diligencias pendientes por desahogar, en su oportunidad, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de resolución, ordenando formular el proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia y jurisdicción. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafo primero, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 87, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por una coalición, a fin de controvertir una sentencia definitiva que guarda relación directa con la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el Estado de México, en la especie, el correspondiente al 16 distrito electoral, con cabecera en Atizapán de Zaragoza, de dicha entidad federativa, la cual forma parte del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción esta Sala Regional.

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral. En el medio de impugnación que se analiza, se satisfacen los requisitos generales y especiales de procedibilidad previstos en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los numerales 8, 9, párrafo 1, 86, párrafo 1, y 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se expone enseguida:

a) Forma. El escrito de demanda reúne los requisitos formales que establece el artículo 9 de la mencionada ley adjetiva electoral federal, porque se hace constar el nombre de la coalición actora, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se sustenta la impugnación, así como los conceptos de agravio que la coalición enjuiciante consideró pertinentes para controvertir la resolución emitida por el tribunal responsable; además de hacer constar el nombre y firma autógrafa del representante de la coalición promovente.

b) Oportunidad. El juicio de revisión constitucional electoral que se resuelve fue promovido dentro del plazo de cuatro días, previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la resolución impugnada fue notificada el trece de agosto de dos mil doce a la coalición actora, con lo cual, el citado plazo transcurrió del catorce al diecisiete de agosto del año en curso, habiéndose presentado la demanda en forma oportuna éste último día.[13]

c) Legitimación. El presente medio de impugnación fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto en el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues si bien, en principio la legitimación para interponer el medio de impugnación corresponde a los partidos políticos, en la especie, quien lo promueve es la Coalición “Compromiso con el Estado de México”, la cual se conforma por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México; dicha coalición no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, aunque para efectos de su participación en los comicios éstos deban actuar como un solo partido, debe entonces necesariamente entenderse que su legitimación para intentar este tipo de juicios se sustenta en la que tienen los partidos políticos que la conforman.

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 21/2002, con el rubro: “COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL”.[14]

d) Personería. Se aprecia que la coalición actora promueve el presente juicio a través de su representante legítimo ya que el mismo está acreditado en términos del artículo 88, párrafo 1, inciso a), de la ley adjetiva electoral, en tanto que se acredita la personería de Rigoberto Enguntza Palacios, como representante propietario de la Coalición “Compromiso con el Estado de México” ante el 16 Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Atizapán de Zaragoza, conforme a su nombramiento ante el Instituto Electoral citado,[15] personería que también reconoce el Tribunal Electoral del Estado de México al rendir su informe circunstanciado,[16] además, no pasa desapercibido para esta Sala Regional que Rigoberto Enguntza Palacios es la misma persona que en representación de la Coalición “Compromiso con el Estado de México”, promovió el juicio de inconformidad que dio origen al expediente, cuya resolución impugna por la presente vía[17] y que ahora promueve el presente juicio en representación de la referida coalición, por todo la anterior se tiene por acreditada su personería.

e) Definitividad y firmeza. En cuanto a los requisitos previstos en los incisos a) y f), del artículo 86 de la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también están satisfechos, en tanto que el artículo 13, párrafo VI, de la Constitución Política del Estado de México, indica que al Tribunal Electoral del Estado de México le corresponderá resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones en contra de actos y resoluciones del Instituto Electoral a través de los medios establecidos en la materia; de lo cual se advierte que no existe alguna otra instancia o medio de impugnación que debiera agotarse previamente para acudir a este juicio constitucional, lo que evidencia que se cumple el requisito de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, consistente en que el acto impugnado tenga el carácter de definitivo y firme.

f) Violación a preceptos constitucionales. La coalición actora manifiesta expresamente que, con la sentencia impugnada, se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 41, Base V y VI, 116, fracción IV, Inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual se debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad previsto en el inciso b) del apartado 1, del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que el demandante hace valer conceptos de agravio tendentes a demostrar la violación de esos preceptos constitucionales.

Encuentra apoyo el razonamiento anterior, en la jurisprudencia 02/97, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, con el rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.”[18] que indica que el requisito de procedibilidad, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones “Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo que el requisito en estudio debe tenerse por acreditado cuando en el escrito correspondiente se hagan valer agravios de los que se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia.

g) Violación determinante. El citado artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución General de la República, establece que al Tribunal Electoral le corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.

Por su parte, el artículo 86, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o para el resultado final de la elección.

En este sentido, una violación puede resultar determinante para el desarrollo de un proceso electoral o el resultado de una elección, cuando exista la posibilidad fáctica de constituirse en causa o motivo suficiente para provocar una alteración o cambio substancial de cualquiera de las etapas o fases de que consta el proceso comicial, o del resultado final de las elecciones, reflejada en la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios, tal como se desprende de la jurisprudencia 15/2002, con el rubro: “VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO”.[19]

En la especie, la coalición actora aduce que las setenta y nueve casillas impugnadas en el juicio de inconformidad local no cumplen con los elementos mínimos de certeza  para tener por ciertos los resultados obtenidos en dichas casillas. En el supuesto de que se acogieran las pretensiones del partido inconforme, consistentes en que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, y se anulara la votación recibida en las setenta y nueve casillas que refiere en su escrito de demanda resultaría una modificación en los resultados que podría cambiar el resultado final de ganador en la elección de mérito, conforme se explica enseguida con los resultados de la votación obtenida en las casillas impugnadas, de acuerdo con los datos del acta de sesión de cómputo correspondiente.

De acuerdo con la tabla anterior, los votos anulados tendrían que restarse a los institutos políticos contendientes y serían catorce mil trescientos ochenta y uno para el Partido Acción Nacional y nueve mil quinientos ochenta para la Coalición “Compromiso con el Estado de México”.

Como se aprecia, los resultados arrojados implicarían un cambio de ganador de la elección; de ahí que se surta el requisito de procedencia en análisis.

Cabe señalar que la parte actora impugna además la falta de estudio de cincuenta y dos casillas adicionales; sin embargo, éstas no se consideran en este apartado, puesto que su análisis debe realizarse en el estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

h) Que la reparación solicitada sea posible. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible, dentro del plazo electoral constitucionalmente previsto, en razón de que los diputados electos en la pasada jornada electoral del uno de julio del presente año, tomarán posesión de su encargo el cinco de septiembre de dos mil doce, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de México, con lo cual, en caso de que asista la razón a la promovente, existe tiempo suficiente para restituir a la parte actora en el goce del derecho que aduce violado.

TERCERO. Requisitos del escrito del tercero interesado. Durante la tramitación del presente juicio de revisión constitucional electoral, compareció el Partido Acción Nacional por conducto de Mauro Granja Jiménez, representante propietario del citado instituto político ante el 16 Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral de México en Atizapán de Zaragoza, a efecto de que se le reconociera el carácter de tercero interesado.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12, párrafo 1, inciso c), 17, párrafo 4 y 19, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se tiene por no presentado el escrito por el cual el Partido Acción Nacional pretende comparecer con el carácter de tercero interesado en el presente juicio, toda vez que dicho escrito fue presentado ante la Oficialía de Partes de esta Sala Regional de manera extemporánea.

En efecto, el artículo 17, párrafos 1, inciso b), y 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que la autoridad que reciba un medio de impugnación lo hará del conocimiento público mediante cédula que fije en los estrados o por otro procedimiento, durante setenta y dos horas, plazo dentro del cual podrán comparecer los terceros interesados, por escrito que reúna los requisitos establecidos en el propio ordenamiento jurídico.

Por su parte, el artículo 19, párrafo 1, inciso d), de la misma Ley, prevé que el magistrado instructor, en su proyecto de sentencia, propondrá a la Sala tener por no presentado el escrito del tercero interesado, cuando entre otros supuestos, comparezca en forma extemporánea.

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente principal, se desprende que la demanda promovida por la Coalición “Compromiso con el Estado de México” fue presentada el diecisiete de agosto del año en curso, se hizo del conocimiento público en la propia fecha y para tal efecto se fijó la cédula de publicitación respectiva a las veintiuna horas en los estrados del Tribunal Electoral del Estado de México, como se advierte de la referida cédula y la razón de su publicación que obran agregadas en autos a foja 58 y 59 respectivamente, otorgándose un plazo de setenta y dos horas, para que quienes se consideraran terceros interesados manifestaran lo que a su derecho conviniera.

En consecuencia, el plazo concedido para la presentación del escrito de tercero interesado (setenta y dos horas), transcurrió de las veintiuna horas del diecisiete de agosto del presente año a las veinte horas con cincuenta y nueve minutos del veinte de agosto siguiente, contándose todos los días como hábiles toda vez que nos encontramos en un proceso electoral local para la integración de la Legislatura en el Estado de México.

No obstante lo anterior, el escrito de tercero interesado se presentó ante la Oficialía de Partes de esta Sala Regional a las veintitrés horas con tres minutos del veintiuno de agosto de dos mil doce, según consta del sello de recepción de dicho escrito,[21] por lo que resulta claro que fue presentado de manera extemporánea.

Por lo anterior, al actualizarse el supuesto de comparecencia extemporánea, con fundamento en los citados artículos 17, párrafo 4, y 19, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es conforme a Derecho tener por no presentado al Partido Acción Nacional, en su carácter de tercero interesado, en el presente juicio constitucional.

CUARTO. Sentencia impugnada. Las consideraciones y fundamentos que sustentan el fallo reclamado, son las siguientes:

“CONSIDERACIONES JURÍDICAS

(…)

SÉPTIMA. Casillas impugnadas. De una lectura exhaustiva de la demanda se puede deducir que el actor pretende, la declaración de nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas, debido a irregularidades que acontecieron el día de la jornada electoral, invocadas a través de diversas hipótesis contenidas en el artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

Así mismo, se tiene un total de setenta y nueve (79) casillas impugnadas tomando en cuenta tanto las aducidas expresamente en el capítulo respectivo, como las advertidas por este órgano jurisdiccional en otras partes de su demanda, las cuales a continuación se citan:

Así, en cuanto a los hechos planteados por la Coalición actora serán estudiados haciendo uso, en lo conducente de la facultad conferida a este Órgano Jurisdiccional en el artículo 334 del Código Electoral del Estado de México, por lo que, en aquellos casos en que la actora haya omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o los cite de manera equivocada, este Tribunal Electoral suplirá el agravio, tomando en cuenta los que debieron ser invocados o los aplicables al caso concreto, siempre que puedan ser deducidos de los hechos expuestos.

Por otro lado, respecto al factor determinante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido de manera jurisprudencial que la declaración de nulidad de los sufragios recibidos en una casilla solo se justifica, si el vicio o irregularidad a que se refiere la causal invocada es determinante para el resultado de la votación.

Esta circunstancia constituye un elemento que siempre está presente en la hipótesis de nulidad, de manera expresa o implícita, la finalidad del sistema de nulidades en materia electoral consiste en eliminar las circunstancias que afecten la certeza del voto; por consiguiente cuando este valor no es afectado y el vicio no altera el resultado de la votación, deben preservarse los votos válidos. El hecho de que en algunas hipótesis de nulidad se mencione expresamente, que el vicio o irregularidad sea determinante para el resultado de la votación, en tanto que en otras no se haga el señalamiento explicito está diferencia no implica que en el último caso no debe tomarse en cuenta este elemento, puesto que su referencia expresa o implícita repercute únicamente en la carga de la prueba.

Así, cuando en el supuesto se cita el elemento en cuestión, quien invoque la causa de nulidad debe demostrar  además del vicio que esa irregularidad es determinante para el resultado de la elección. En cambio cuando se omite mencionar el requisito, la omisión significa que dada la magnitud del vicio o irregularidad, existe la presunción iuris tantum, de la determinancia en el resultado de la votación. Sin embargo, si en el expediente se encuentran elementos demostrativos de que el vicio o irregularidad no son determinantes para el resultado de la votación, no se justifica el acogimiento de la pretensión de nulidad.

Sentado lo anterior, se procede al estudio de las casillas impugnadas agrupándolas de acuerdo a la causal invocada, tomando en cuenta el orden en que se encuentran contenidas en el referido artículo 298 del Código electoral (sic) del estado (sic) de México.

OCTAVA. Instalar la casilla en lugar distinto, al autorizado por el Consejo Electoral (fracción I). La Coalición actora invoca la nulidad de votación recibida en casilla, por haberse instalado en lugar distinto, al señalado por el Consejo Distrital Electoral XVI con cabecera en Atizapán de Zaragoza, en las casillas siguientes:

En efecto, el actor asiente que en las precitadas cuarenta y seis (46) casillas fueron instaladas en lugar distinto al autorizado legalmente.

En primer lugar, es de señalar que el artículo 298, fracción I del citado ordenamiento legal, expresa que la votación de una casilla deberá ser anulada cuando la casilla sea instalada, sin causa justificada, en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo.

Sin embargo, con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, los artículos 171 y 172 del código de la materia, establecen que los Consejos Distritales, deberán dar publicidad a las listas de los lugares en que serán instaladas, para lo cual, serán fijadas en las oficinas de los consejos, en los edificios y lugares públicos más concurridos.

No obstante lo anterior, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, teniendo como causas de justificación para ello, las previstas en el artículo 206 del código en mención, como son:

I)          No exista el local indicado en la publicaciones respectivas;

II)       El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;

III)     Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley;

IV)    Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores, o bien no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

V)      El Consejo Distrital o Municipal así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito, lo que deberá notificar al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla.

El precepto antes señalado, agrega en su párrafo tercero que, en caso de cambio de ubicación de la casilla por causa justificada, el nuevo sitio deberá estar comprendido en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original.

En ese orden de ideas, los supuestos normativos que integran la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 298, fracción I del Código Electoral del Estado de México son:

a.        Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo; y,

b.       Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital  respectivo.

En cuanto al segundo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado artículo 206 del código de la materia; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de las pretensiones de la Coalición actora por la causal de nulidad prevista en el artículo 298 fracción I del Código Electoral del Estado de México, es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla publicadas el primero de junio del dos mil doce, comúnmente llamadas encarte; Actas de la Jornada Electoral; Actas de Escrutinio y Cómputo y Hojas de Incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis.

Dichas documentales tienen el carácter de públicas, ya que al no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 326, fracción I, 327, fracción I y, 328, párrafo segundo del código electoral en comento.

Ahora bien, del análisis de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla; su ubicación conforme al encarte de primero de julio del presente año, así como las direcciones precisadas en las Actas de Jornada Electoral; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de la causal en concreto. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

A)                    Coincidencia plena en datos principales veintidós (22) casillas:

En vista de la información contenida en el cuadro anterior, es posible distinguir que en la columna referente al Acta de Jornada Electoral, en varios cuadros, se encuentra  la leyenda “Espacio en blanco”, por lo que se robusteció la búsqueda haciendo un comparativo con el Acta de Escrutinio y Cómputo, ello aunado al estudio del material probatorio que obra en autos del Juicio de Inconformidad citado al rubro, destacando, que en ninguna de las actas citadas, en el apartado correspondiente a incidentes durante la instalación, se encuentra dato alguno que pudiera llevar a presumir que las casillas impugnadas se instalaron en lugar distinto al autorizado; tampoco se encuentran firmadas bajo protesta por los representantes de los partidos políticos y Coalición ante esas mesas directivas de casilla, de lo que se infiere que dichas casillas fueron ubicadas de la manera indicada en el encarte, en estas condiciones, no es posible acoger la pretensión de nulidad solicitada.

B) Datos mínimos en la instalación dieciséis (16) casillas:

En vista del cuadro inserto, se tiene que del análisis de las Actas de la Jornada Electoral, específicamente en el apartado relativo a la instalación, se observa que se asentaron de manera incompleta, los datos correspondientes al lugar en donde fueron ubicadas las casillas de referencia.

En este contexto es importante precisar, que por lugar de ubicación no debe entenderse únicamente una dirección, integrada por el señalamiento de una calle y un número, sino que lo preponderante debe ser que los signos externos del lugar en donde se ubique la casilla, garanticen su plena identificación, con el objeto de evitar que se produzca confusión o desorientación en el electorado.

En tal virtud, si en las Actas de la Jornada Electoral no se anotó el lugar preciso de su ubicación en los términos en que apareció publicado en las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, debido a que no se asentaron los datos completos del lugar donde se ubicó el centro de votación, ello no es suficiente para considerar que la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital respectivo, máxime que la Coalición actora no ofreció prueba alguna para acreditar su afirmación.

Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 14/2001, cuyo rubro es INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD (Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: http//portal.te.gob.mx.)

De igual modo, se deduce que la discordancia en el número de ubicación del domicilio de la casilla, así como la inscripción breve en el llenado de éste, puede consistir en error no voluntario ocasionado por el funcionario de casilla habilitado para tal efecto, que es el secretario, asimismo conforme con las máximas de la experiencia y la sana crítica, es de reconocer que los ciudadanos que colaboran en la jornada electoral participando como funcionarios de casilla, son personas que no cuentan con una preparación o conocimiento específico de la papelería electoral, que es utilizada para tal efecto y que solo reciben una capacitación breve, por lo que es de comprender que cometan errores, ello sin el afán de provocar un daño mayor o perjuicio, para beneficiar o lesionar a determinado partido o Coalición, al llenar de manera indebida los rubros de las diversas actas utilizadas en dicha jornada, ello aunado a que dentro del material probatorio no obra elemento alguno que demuestre lo contrario, como podrían ser las Hojas de Incidentes de dichas casillas o en su defecto los escritos de protesta presentados por los representantes de la Coalición recurrente, más aún no se desprende de acta alguna que exista firma bajo protesta por parte de los representantes de la Coalición referida, por lo que se tiene por INFUNDADA la manifestación de la recurrente a este respecto.

C)                No coinciden los datos, espacios en blanco, siete (7) casillas:

En el cuadro que precede este apartado se encuentran las casillas que contienen dos patrones distintos, por un lado, aquellas en las cuales los funcionarios de esos centros de votación fueron omisos en asentar la dirección donde esos centros de votación fueron instalados; y por otro, aquellas casillas cuyos datos no coinciden con los del encarte.

Ahora bien, respecto a las casillas 331 C1, 336 B, 400 C2 y 411 B, resulta coincidente su situación, ya que en estos cuatro (4) centros de votación, si bien existe ausencia en la actas respectivas de los datos de ubicación, de la revisión minuciosa de las Actas de Jornada Electoral, se advierte que en su numeral trece (13) contienen de manera textual la pregunta, ¿Se instaló la casilla en un lugar diferente al aprobado?, además de contener después de la interrogante la leyenda, en caso afirmativo, registrar en la hoja de incidentes los motivos de la reubicación y el nombre de las personas que intervinieron en la misma.

Atendiendo a ese dato, en las cuatro casillas antes referidas la respuesta de dichos funcionarios fue en sentido negativo, lo que permite colegir que no obstante que el espacio relativo al lugar de instalación, se encuentra en blanco, esa anomalía no indica que dichos centros de votación se hayan instalado en lugares distintos, sino más bien que el funcionario electoral que tenía a su cargo el levantamiento del acta, omitió precisarlo, pues de manera espontánea, también afirmó instalar la casilla en el lugar legalmente permitido.

Lo anterior se robustece, dado que el actor no aporta algún medio convictivo adicional que genere la certeza a este órgano jurisdiccional de una conclusión distinta, como por ejemplo algún escrito de incidentes o bien que las actas antes valoradas hubieran sido firmadas bajo protesta por su representación en dichas casillas; en ese sentido resulta INFUNDADO el agravio por cuanto hace a estas cuatro (4) casillas.

Por lo que respecta a la casilla 326 B, contrario a las casillas antes enumeradas, los funcionarios de casilla contestaron de manera afirmativa la pregunta analizada, por tanto, para constatar que tal aseveración no fuera un error al momento de llenar dicha acta, lo concerniente sería revisar la hoja de incidentes, ya que la aseveración afirmativa a la pregunta ¿Se instaló la casilla en un lugar diferente al aprobado?, es el asentamiento en dicho documento de los incidentes los motivos de la reubicación; no obstante, a requerimiento expreso del ponente, la autoridad responsable afirmó no contar con tal documental pública.

En ese sentido, ante la incertidumbre de corroborar si fue un error del funcionario al contestar la referida pregunta, se debe tener como cierta su afirmación respecto al cambio de ubicación de la casilla, sin embargo, como quedó precisado en el marco jurídico, es necesario precisar, si el cambio de ubicación de las casillas sin causa justificada es determinante para el resultado de la votación y en consecuencia, analizar si se vulneró el principio de certeza, al provocar confusión o desorientación en los electores, respecto del sitio exacto donde debían sufragar; lo cual se realizará más adelante.

Por otro lado, en las casillas 327 C1 y 342 B, se aprecia que existe una discordancia en la dirección señalada en el encarte con los datos asentados por los funcionarios que actuaron el día de la jornada electoral, irregularidades que encuentran la siguiente explicación.

En la casilla 342 B, la dirección asentada en el encarte es “Canchas de basquetbol, Calle 27 de junio sin número, Colonia Alfredo Vladimir Bonfil, Código Postal 52940, Atizapán de Zaragoza, entre calle cerrada 20 de Noviembre y 16 de Septiembre” y el funcionario electoral de la casilla sólo asentó  “20 de Noviembre s/n”, lo que en prima facie resulta distinto a la ubicación asignada para ese centro de votación.

No obstante debemos tener en cuenta que la dirección aportada en el encarte contiene otros datos de ubicación, ya que refiere que la dirección mencionada se encuentra “Atizapán de Zaragoza, entre cerrada 20 de noviembre y 16 de septiembre”, datos que resultan relevantes pues ya hacen referencia a la nomenclatura asentada en el acta de escrutinio y cómputo.

Para tener certeza de lo sucedido en esa casilla, este Tribunal con fundamento en el artículo 330, último párrafo del Código Electoral del Estado de México, recurre al uso de la tecnología de internet para observar los mapas seccionales, así como de la herramienta Google maps al igual que en otras ocasiones (Resolución emitida en el Juicio de Inconformidad  con clave de identificación JI/7/2011, resuelto por este Tribunal Electoral, consultable en el portal: http:www.teemmx.org.mx.); de la cartografía electoral de la entidad, consultada en el página de internet del Instituto Electoral del Estado de México (Consultable en el portal: http://www.ieem.org.mx.), tenemos que la sección 342 es la siguiente:

(Se inserta imagen)

Igualmente, dicha ubicación es analizada a través de google maps, en donde al anotar la dirección señalada en el encarte, canchas de basquetbol, calle 27 de junio sin número, colonia Alfredo Vladimir Bonfil, código postal 52940, Atizapán de Zaragoza, entre cerrada 20 de Noviembre y 16 de Septiembre, se extrae la siguiente imagen:

(Se inserta imagen)

La imagen antes inserta, en concatenación con los datos adicionales de localización del encarte, permiten ubicar en la herramienta tecnológica antes mencionada el lugar exacto de la casilla en estudio, y apreciar la Cancha de Basquetbol, ello porque efectivamente, la cancha de basquetbol está ubicada ente las calles de 20 de noviembre y la avenida 16 de septiembre.

De esta forma, al realizar un acercamiento en esa zona geográfica se tiene la imagen que se inserta a continuación:

(Se inserta imagen)

En esta segunda imagen, en el fondo se aprecia la cancha de basquetbol, además que la calle donde se ubica es precisamente 27 de junio, pero que a escasos metros, hace esquina con la calle 20 de noviembre, lo que demuestra que la ubicación asentada por el funcionario de casilla, si bien no es conforme al encarte, hace referencia al lugar correcto de ubicación.

En apariencia, se podría pensar que de la comparación de los datos asentados tanto en el Acta de Jornada Electoral como en el encarte, la casilla impugnada se instaló en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital.

Sin embargo, es importante señalar que en ocasiones, en la instalación de la casilla concurren circunstancias especiales como las señaladas, esto es, que los funcionarios de casilla en lugar de apuntar en el Acta de Jornada Electoral el domicilio que aparece en el encarte, anotan el nombre del lugar o calle con el que comúnmente ellos lo identifican, lo que podría implicar en apariencia, que se trata de lugares distintos.

En ese tenor, para estimar transgredido el principio de certeza que tutela la causal en estudio, se requiere la existencia de elementos probatorios indubitables, para acreditar los hechos manifestados por el actor para actualizar la causal de nulidad de que se trata, es decir, que se ponga de manifiesto el cambio de ubicación de la casilla, para poder acoger favorablemente la pretensión respectiva.

Ahora bien, es importante precisar que por lugar de ubicación, no debe entenderse únicamente una dirección integrada por el señalamiento de una calle y un número, sino que lo preponderante debe ser que los signos externos del lugar en donde se ubique la casilla, garanticen su plena identificación, con el objeto de evitar que se produzca confusión o desorientación en el electorado.

Sirve de apoyo a lo anterior mutatis mutandis, la Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 14/2001, de rubro INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD. (Consultable en el portal de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: http://portal.te.gob.mx.)

En el caso, es evidente que el funcionario de esa casilla, identifica la ubicación de las canchas de basquetbol sobre la calle 20 de noviembre, y no sobre su similar denominada 27 de junio, lo que en modo alguno implica que se trate de lugares distintos.

Lo anterior se corrobora dado que la instalación fue a las 8:15 horas, lo que refleja que no hubo ningún cambio de domicilio, pues en condiciones diferentes, un cambio representa un retardo considerable en su instalación; en las actas de referencia, no existe reporte alguno que permita demostrar que existió cambio de domicilio y los representantes de partido ante la casilla, firmaron las actas sin realizar manifestación alguna en ese sentido.

Por tanto, y en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, se concluye que la casilla se instaló en el lugar previsto por el Consejo Distrital y lo único que ocurrió, fue que los funcionarios de la casilla anotaron el nombre del lugar con el que ellos lo identifican comúnmente en las actas electorales. En consecuencia, no ha lugar a decretar la nulidad de la votación emitida en esa casilla.

En la casilla 327 C1, del análisis de los documentos que obran en autos, se desprende que se ubicó en un lugar diverso al señalado por el Consejo Distrital respectivo, sin que haya mediado causa justificada para ello.

Lo anterior se corrobora con las actas de casilla, tanto la de jornada electoral como de escrutinio y cómputo, así como la información consignada en el encarte, pues se observa que fueron instaladas en: “ESC. SEC. 99 “SALVADOR DÍAZ MIRÓN” MAR MEDITERRÁNEO S/N LOMAS LINDAS CP. 52947”, siendo que debían ubicarse en: “Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón, Calle Mar de Irlanda número 17, Fraccionamiento Lomas Lindas Segunda Sección, Código Postal 52947”.

No pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional, que el funcionario de casilla haya mencionado en el apartado correspondiente que la casilla –NO- se instaló en lugar distinto al legalmente estipulado y que el Consejo responsable haya informado que no cuentan con Hoja de Incidentes de ese centro de votación, pues como se demuestra a continuación se trata de un lugar diverso.

Para discernir la ubicación de la casilla, este Tribunal con fundamento en el artículo 330, último párrafo del código comicial local, recurre de nueva cuenta al uso de la cartografía electoral de la entidad (mapas seccionales), consultable en el portal electrónico del Instituto Electoral del Estado de México (Consultable en el portal http://www.ieem.org.mx), de donde obtenemos que la sección 327 es la siguiente:

(Se inserta imagen)

Igualmente, se recurre a la herramienta tecnológica de internet  (Google Maps), en la cual  al insertar la dirección registrada en el encarte, Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón, calle Mar de Irlanda número 17, fraccionamiento lomas lindas segunda sección, código postal 52947, Atizapán de Zaragoza, esquina mar de Java, nos muestra lo siguiente:

(Se inserta imagen)

Al anotar la dirección que aparece descrita en las Actas de Jornada Electoral y en la de Escrutinio y Cómputo, escuela secundaria 99 Salvador Díaz Mirón Mar Mediterráneo sin número, lomas lindas 52947, al acercarse obtenemos la subsecuente imagen:

(Se inserta imagen)

La simple comparativa de las imágenes antes insertas, demuestra que se trata de dos lugares distintos, lo que hace presumir que la instalación no fue realizada en la dirección marcada en el encarte, y al no obrar documento que justifique tal proceder es que, se determina que el cambio fue indebido.

En tal virtud, al igual que la casilla 326 B, es necesario precisar si el cambio de ubicación es determinante para el resultado de la votación.

Para tal efecto, en los términos del artículo 328 del Código Electoral del Estado de México, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, en particular con el principio ontológico en materia probatoria, conforme al cual, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se tiene que es un hecho conocido y cierto que en los Estados Unidos Mexicanos y específicamente en el Estado de México, son excepcionales, las casillas que alcanzan el cien por ciento de participación ciudadana, dado que en los procesos electorales, constituye una circunstancia reiterada, que sólo un porcentaje del electorado acude a sufragar, el cual suele variar de una casilla a otra.

Por tal motivo, para determinar si el cambio de ubicación vulneró el principio de certeza, se pueden tomar en cuenta las circunstancias y hechos que rodean el ámbito de participación ciudadana en la casilla, cuya votación se solicita sea anulada. Para ello, es posible establecer un parámetro (porcentaje de votación) que se considere la muestra más representativa de la participación del electorado en una elección, dentro de un ámbito territorial determinado.

A partir de esta idea, es factible establecer un parámetro idóneo para analizar la causal en estudio, por ejemplo, el porcentaje de votación recibida a nivel distrital de la elección impugnada, toda vez que un distrito electoral uninominal, estadísticamente, es un ámbito territorial que puede aportar una información apegada a la realidad, acerca de la participación de los votantes en las casillas que lo integran.

En el caso a estudio, el referido porcentaje de la votación emitida en el Distrito Electoral controvertido es el resultado de multiplicar la cantidad que representa el total de ciudadanos que votaron en dicho distrito, por cien, y dividirlo entre el total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a éste.

Por cuento hace al Acta de Sesión de Cómputo Distrital, se tiene que la lista nominal de ese municipio asciende a 366,339 ciudadanos, de los cuales votaron un total de 229,085, lo que arroja un promedio de votación de distrital de 62.53%. (Dato extraído del Cómputo Distrital 2012 del Distrito XVI, con cabecera en Atizapán de Zaragoza, que obra a foja seiscientos ochenta y dos (682) del presente expediente.)

Determinado el porcentaje de votación de las casillas que conforman esa sección, y con el objeto de precisar si el cambio de ubicación del centro de votación básica sin causa justificada, provocó confusión o desorientación en el electorado; a continuación se presenta un cuadro que contiene:

En la primera columna el número progresivo, en la segunda el número y tipo de la casilla cuya votación se solicita sea anulada; en la tercera se hace referencia al total de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la casilla en cuestión, incluyendo los de la lista adicional y los representantes de las coaliciones y partidos políticos participantes, dato que se obtiene del propio documento, o bien, del apartado del acta de la jornada electoral, donde se registra la cantidad de boletas recibidas, dado que la cantidad de boletas otorgadas a cada centro de votación debe ser igual a la cantidad de ciudadanos inscritos en el listado de dicha sección, más las correspondientes a los representantes que fungirán en ese centro de votación.

En la cuarta columna, se asienta el total de ciudadanos que votaron en la casilla, dato que ordinariamente se extraería del acta de escrutinio y cómputo respectiva, no obstante, se tiene en cuenta que en el distrito en revisión, el consejo responsable realizó la apertura total de paquetes, por tanto, el dato concerniente a dicha columna será la cantidad arrojada en dicho acto.

En la quinta columna, se alude al porcentaje de votación en la casilla, el cual, es el resultado de multiplicar el número de electores que votaron en la casilla según el acta de escrutinio y cómputo, por cien, y dividirlo entre el total de ciudadanos incluidos en la lista nominal de electores de la casilla y finalmente, en la sexta, se establece el porcentaje medio de votación distrital de la elección impugnada.

Cabe precisar, que cuando exista una correspondencia entre ambos porcentajes, o bien, el porcentaje de votación en la casilla sea superior al distrital, se entenderá que el referido cambio de ubicación de la casilla no generó confusión o desorientación en los electores, respecto del lugar al que debían acudir para ejercer su derecho al voto, toda vez que se acreditó una afluencia importante de votantes igual o superior al porcentaje de votación en el distrito.

Empero, cuando el porcentaje de votación en la casilla sea inferior al emitido en el distrito, se considerará que el referido cambio de ubicación de la casilla provocó confusión en los electores, en relación al lugar exacto en donde debieron sufragar, ya que la afluencia de votantes fue menor al porcentaje de votación a nivel distrital. Lo anterior para que este órgano jurisdiccional determine si es fundado el agravio esgrimido por el promovente y proceda a declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla de mérito, ya que se estaría ante una violación al principio de certeza.

Son INFUNDADOS los agravios en relación a las casillas 326 B y 327 C1, pues como se aprecia, las casillas mencionadas fueron instaladas sin causa justificada, en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Distrital respectivo; sin embargo, de los datos consignados en el cuadro, se puede apreciar que el porcentaje de la votación recibida en ellas, es mayor al porcentaje de la votación emitida a nivel distrital, lo que genera convicción en el sentido de que el cambio de ubicación de casilla, sin causa justificada, no vulneró el principio de certeza.

D)                    Casilla sin documentación, una (1) casilla.

Como una mención especial, tenemos a la casilla 393 C1, ya que no obra en autos Acta de Jornada Electoral ni Acta de Escrutinio y Cómputo, por lo que con fecha diecisiete de julio de dos mil doce, se requirió al Consejo Distrital proporcionará las referidas probanzas, sin embargo el siguiente dieciocho, se recibió oficio de respuesta en donde menciona que no tiene en su poder la documentación requerida, cuestión que pondría en duda la veracidad de los hechos ahí ocurridos, entre ellos, su ubicación.

En principio se puede inferir que dichas documentales se traspapelaron en el transcurso posterior del recuento total de la votación emitida en las casillas correspondientes al XVI Consejo Distrital, ya que tanto la Coalición actora como la autoridad responsable, hacen referencia a dichas documentales elaboradas en ese centro de votación.

En efecto, el actor en su escrito recursal enuncia:

Por su parte, la autoridad responsable dentro de su informe circunstanciado en cuadro similar al que a continuación se cita, refiere lo siguiente:

De lo contenido en los cuadros que anteceden, se entiende claramente que tanto la Coalición recurrente como la autoridad responsable tuvieron a la vista los documentos citados, por tanto existe una presunción de que sí fueron elaborados en la casilla el día de la jornada electoral.

Ahora bien, tomando en cuenta el principio general de derecho que dice que, quien afirma está obligado aprobar, y que se recoge en la parte final del artículo 332 del código electoral local, se tiene que en el caso, el actor no demuestra que la casilla se haya instalado en lugar diverso al señalado por el Consejo Distrital, ya que contrario a lo afirmado en su demanda, del análisis de las probanzas aportadas por éste, no obra la copia al carbón del acta de la jornada electoral de esa casilla,

Aunado a lo anterior, aún en el mejor de los escenarios para la recurrente y que el acta contuviera los datos como él afirma, el supuesto cambio de domicilio se sustenta en la omisión de los funcionarios de casilla de asentar la ubicación de ese centro de votación, lo cual como quedó evidenciado no es suficiente para estimar que una casilla fue instalada en lugar distinto al legalmente establecido por el Consejo Distrital.

A mayor abundamiento, el principio ontológico de que lo ordinario se presume y lo extraordinario, se prueba, casos donde los funcionarios omiten llenar algunos espacios en las diferentes actas que ese día se levantan se debe a descuidos de éstos; en ese sentido, su argumento cobraría mayor convicción si es que el propio actor mencionará la dirección donde indebidamente se ubicó dicha casilla, o bien que aportara algún medio convictivo que demostrara que la omisión en el llenado de las actas se debió a un cambio en su ubicación, como por ejemplo, algún escrito de incidentes que su representación en la casilla hubiera interpuesto.

En resumen, de acuerdo a lo expuesto, respecto de las casillas mencionadas en los grupos que anteceden, este Tribunal concluye que contrario a lo manifestado por la Coalición actora, cuarenta y cuatro (44) de éstas se instalaron en el lugar previamente autorizado por el Consejo Electoral correspondiente, mientras que dos (2), se ubicaron en lugar distinto, sin embargo dicha situación no es determinante para el resultado de votación; por lo que en el caso, resultan INFUNDADOS los agravios aducidos por el actor.

NOVENA. Permitir sufragar a personas sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores. También la Coalición recurrente hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 298, fracción V del Código Electoral del Estado, aduciendo que en la casilla 307 Ext. 3, se permitió votar a ciudadanos que no contaban con credencial para votar con fotografía, o bien sin estar inscritos en la lista nominal de la casilla, lo que es determinante para el resultado de la votación.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 del Código Electoral para el Estado de México, los ciudadanos con derecho a votar el día de la jornada electoral, son aquellos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos políticos, estén inscritos en el padrón electoral correspondiente, cuenten con la credencial para votar respectiva y no tengan impedimento legal para el ejercicio de ese derecho.

De igual forma, para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su derecho al sufragio, deben contar con su credencial para votar con fotografía, y también aparecer inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, atento a lo establecido en  el artículo 209 del Código Electoral local.

No obstante lo anterior, de la interpretación gramatical del citado precepto legal y del artículo 213 del mismo ordenamiento, se desprende que existen casos de excepción en que los ciudadanos pueden emitir su sufragio, sin estar inscritos en la lista nominal. Estas excepciones, de conformidad con lo previsto en tal numeral, comprenden a:

Los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la mesa directiva de casilla donde estén acreditados.

En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, con base en la causal prevista en el artículo 298, fracción V, del Código Electoral para el Estado de México, se deben acreditar los supuestos normativos siguientes:

a)                      Que en la casilla se permita votar a personas sin derecho a ello, ya sea por no contar con su credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores; y,

b)                     Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

Para que se acredite el primer supuesto normativo, es necesario que la parte promovente pruebe que hubo electores que emitieron su voto sin contar con su credencial para votar con fotografía o sin estar incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no estén comprendidos dentro de los casos de excepción previstos  en el código electoral de la materia.

En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal de nulidad de mérito, consistente en que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, éste podrá estudiarse atendiendo al criterio cuantitativo o aritmético, o bien, al cualitativo.

De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la irregularidad ocurrida será determinante para el resultado de la votación, cuando el número de votos emitidos en forma contraria a la ley, sea igual o superior a la diferencia existente entre los partidos políticos (o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación en la casilla, ya que de no haberse presentado las irregularidades de cuenta, el partido político (o Coalición) que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo, la irregularidad en comento podrá ser determinante para el resultado de la votación, cuando sin haberse demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, en autos queden probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y, por tanto, se afecte el valor de certeza que tutela esta causal.

Para determinar si se actualiza la causal de nulidad hecha valer, es necesario analizar las documentales pertinentes, consistentes en: Acta de Jornada Electoral, Acta de Escrutinio y Cómputo, Hoja de Incidentes, Lista Nominal de electores con fotografía; documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad, se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo en lo dispuesto en los artículos 326, fracción I, 327 fracción I y 328 párrafo segundo del Código Electoral de la entidad.

De igual forma, se tendrán en consideración, los escritos de protesta y de incidentes que se hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna, documentales privadas que adminiculadas con los demás elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales privadas en términos de lo dispuesto por el artículo 328, párrafo tercero, de la ley adjetiva de la materia.

En consideración de lo anterior, el hecho de que la Coalición actora en el presente juicio sostenga que se permitió sufragar a personas sin derecho a ello, y de que en la casilla cuestionada señalé que a la ciudadana Patricia Trejo González, se le permitió votar dos veces, tal circunstancias no la corrobora con ningún medio de prueba, no obstante de que en su demanda menciona que lo acredita con la Hoja de Incidentes que elaboró el secretario de la mesa directiva de casilla, sin que conste en autos tal medio de convicción, y sí por el contrario la documental referente a el Acta de Jornada Electoral que en el rubro correspondiente a “incidente”, las autoridades electorales no reportaron suceso alguno, documental que en términos de lo dispuesto por el artículo 328 del Código Electoral, adquiere valor probatorio pleno, aunado a que en el recuento de votos que llevo a cabo el Consejo Distrital, tal irregularidad no fue manifestada por la representación de la actora y además en dicha acta circunstanciada firman de conformidad.

Asimismo, bajo este contexto y al no encontrarse vinculada con la prohibición de permitir sufragar a persona sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores; por tanto, resultan INFUNDADOS los agravios relacionados con esta causal de nulidad; no obstante, de que en el supuesto que se anulara la casilla de estudio por ser la diferencia de un (1) voto entre el primero y segundo lugar, sin embargo, en el Acta de Escrutinio y Cómputo visible a fojas doscientos treinta y seis (236), en el apartado de ciudadanos que votaron, trecientos cuarenta y uno (341) y boletas extraídas de la casilla, trecientos cuarenta y uno (341) coinciden con la cantidad de ciudadanos que votaron en esta casilla, trecientos cuarenta y uno (341), luego entonces, el argumento de la Coalición inconforme de que se le haya permitido votar a la ciudadana Patricia Trejo González dos veces, es INFUNDADO, si tomamos en cuenta que los datos precitados los contiene un documento público el cual por ser expedido por funcionarios en ejercicio de sus funciones adquiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 328, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México, aunado a que la Coalición quejosa, no aportó medio de prueba que justificara su afirmación,  además no existe escrito de protesta u Hoja de Incidentes por parte de la agraviada, lo que engendra la presunción de que en la casilla en comento, se recibió la votación  sin incidencia alguna, privilegiando y respetando la voluntad de los electores que emitieron su voto el día primero de julio del año en curso.

DÉCIMA. La recepción o el cómputo de votación realizado por personas u órganos distintos a los facultados. La parte actora plantea la nulidad de votación recibida en cuarenta y seis (46) casillas, con base en lo previsto por el artículo 298 fracción VII, del Código Electoral del Estado de México, porque argumenta que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas, por la ley electoral en las siguientes casillas:

La descrita irregularidad, debe sancionarse con la nulidad de la votación de las casillas en las cuales se acredite plenamente la infracción, toda vez que las mesas directivas de casilla, son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones en que se dividan los Distritos Electorales de la entidad, además de ser responsables de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizando las características de éste, es decir, que sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 128 párrafo segundo del código electoral de la entidad, las mesas directivas de casillas se integran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, quienes, de acuerdo con lo previsto en el mismo precepto en su fracción IV, deberán ser ciudadanos residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se establecen las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de éstas.

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección deberán seleccionarse mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del código en consulta.

En la misma tesitura, en caso de que los ciudadanos originalmente designados no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a las ocho horas con quince minutos (8:15), con el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador local en el artículo 202 del mismo código, establece, en sus diversas fracciones, el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla.

De lo antes señalado, se advierte que el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla que se analiza, protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera:

a)                      Cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y

b)                     Cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con los funcionarios designados.

Así, conforme con lo previsto en el artículo 298, fracción VII, del Código Electoral  del Estado de México, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto normativo siguiente:

Que la votación se haya recibido por personas u órganos distintos a los facultados conforme al citado código electoral.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con los datos asentados en la “lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla”, comúnmente denominado “encarte”, con los anotados en las Actas de la Jornada Electoral, y en su caso, en las Listas Nominales de la sección correspondiente.

Para el estudio de esta causal, se procede a elaborar un cuadro comparativo que contiene: número de cada casilla; el nombre de los funcionarios que aparecen en la lista publicada para la instalación e integración de las mesas directivas de casillas en el distrito electoral en estudio; los nombres de los funcionarios de la mesa directiva de casilla que actuaron el día de los comicios (que aparecen anotados en el Acta de la Jornada Electoral); y finalmente de haber discrepancia, se determina en que consistió y en su caso, si las personas habilitadas pertenecen a la sección de la casilla donde fueron habilitados para fungir como funcionarios de casilla.

Es necesario precisar que el cuadro antes descrito, contiene datos extraídos del encarte y del Acta de Jornada Electoral, los cuales fueron analizados con la demás documentación que obra en el expediente, por tanto, la validez de los datos contenidos atiende a la fuente de donde provienen, y no a la textualidad con la que están redactados, esto es, se trata de instrumentos de apoyo que no demeritan su valor y veracidad (y menos del fallo que lo contiene), por el hecho de no transcribir de manera textual la información como la colocaron los funcionarios de casilla.

Lo anterior, porque el juzgador debe hacer una operación de raciocinio al momento de recabar la información de los ciudadanos que participaron en las mesas directivas de casillas instaladas en el Distrito, pues resulta ilógico que esta operación tan fundamental para el descubrimiento de la verdad histórica de una jornada electoral se realice de manera mecánica, soslayando errores mínimos contenidos en las respectivas actas, al momento de ser redactados por ciudadanos que no son especialistas en la materia.

En ese tenor, el cuadro que se refiere a manera de apoyo, contiene datos, que si bien es cierto, no corresponde de manera textual a lo contenido en el encarte, situación que no significa que estos no sean datos aportados por el funcionario electoral encargado de dicha tarea el día de la jornada electoral.

Precisado lo anterior, y a efecto de no incluir cuadros de estudios demasiado extensos, se realizan diversos grupos de análisis el primero de éstos se enuncia a continuación:

Con relación a las casillas contenidas en el cuadro comparativo que antecede, se aprecia que los funcionarios designados por el Consejo Distrital son los mismos que fungieron como tales el día de la jornada electoral, independientemente de que se trate de suplentes, o que hayan realizado una función diversa a la originalmente encomendada.

Ahora bien, la figura de los funcionarios suplentes generales, está prevista en el artículo 128 del código comicial, y tiene por objeto reemplazar a los funcionarios titulares que por alguna causa no se presenten a cumplir con su obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas de casilla, por lo que al darse esta circunstancia, dichos puestos deben ser ocupados por los suplentes. En consecuencia, la sustitución de funcionarios titulares por suplentes, no actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados y designados por su idoneidad para fungir como tales el día de la jornada electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo de la jornada electoral.

En tal virtud, es evidente que la sustitución de funcionarios en las casillas señaladas no lesiona los intereses de la actora, ni vulnera el principio de certeza de la recepción de la votación, al haberse recibido por funcionarios designados por el Consejo Distrital y, en consecuencia, al no actualizarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 298, fracción VII, del Código Electoral del Estado de México, resultan INFUNDADOS los agravios aducidos por la coalición impugnante respecto de dichas casillas.

De los datos vertidos en el cuadro base del presente estudio, se desprende que en la casilla contenida, funcionó y recibió la votación, con los ciudadanos previamente designados para la casilla contigua y viceversa, la ciudadana Rosas Vera María Antonia, esto es, dicha persona que integra la mesa directiva de casilla contigua, estaba nombrada para ejercer funciones en la casilla 414 básica como suplente general.

En vista de lo anterior, se puede inferir que, si bien la casilla controvertida funcionó con un ciudadano designado para una distinta, constituye una diferencia, sin embargo la misma no afecta el resultado de la votación, pues en aras de conservarla, debe concluirse que las casillas recibieron la votación con los funcionarios que fueron designados y capacitados para ello, por lo que, se presume que se cumplieron con todas y cada una de las funciones que debe realizar dicho órgano electoral, principalmente la recepción del voto y su cómputo, a fin de que quedará plasmada la voluntad ciudadana al elegir a sus representantes.

Además, no obra en autos elemento de convicción alguno que permita sostener que en las casillas combatidas, el escrutinio y cómputo de los votos, se haya llevado en forma irregular debido a la sustitución de funcionarios, lo que en todo caso podría originar la nulidad de la misma.

En consecuencia, al no actualizarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 298, fracción VII, del Código Electoral del Estado de México, resultan INFUNDADOS los agravios vertidos por la actora.