Toluca de Lerdo, Estado de México, a siete de enero de dos mil nueve.

VISTOS para resolver los autos de los juicios de revisión constitucional electoral identificados al rubro, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática y la Coalición “Más por Hidalgo”, respectivamente, en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a fin de impugnar la sentencia de diecisiete de diciembre de dos mil ocho, dictada en el juicio de inconformidad radicado en el expediente JIN-26-CMPH-032/2008, y

R E S U L T A N D O

I. Jornada electoral. El nueve de noviembre de dos mil ocho, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a los miembros de los ayuntamientos en el Estado de Hidalgo.

II. Cómputo municipal. El doce de noviembre siguiente, el Consejo Municipal Electoral en Huazalingo, Estado de Hidalgo, realizó el cómputo atinente, declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática.

El cómputo municipal mencionado, arrojó los siguientes resultados:

III. Juicio de inconformidad. Disconforme con los resultados anteriores, el dieciséis de noviembre de dos mil ocho, la Coalición “Más por Hidalgo”, a través de Aurelio Badillo Gómez, en su carácter de representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral en Huazalingo, Estado de Hidalgo, promovió juicio de inconformidad, el cual fue registrado bajo el número de expediente JIN-26-CMPH-032/2008, y resuelto el diecisiete de diciembre siguiente, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en el que se declaró la nulidad de la elección del ayuntamiento de Huazalingo, Hidalgo, y en consecuencia dejó sin efectos la expedición de constancias de mayoría que les fueron entregadas a los integrantes de la planilla del Partido de la Revolución Democrática.

IV. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconformes con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, el veintiuno de diciembre de dos mil ocho, el Partido de la Revolución Democrática y la Coalición “Más por Hidalgo”, a través de sus respectivos representantes promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral que ahora se resuelven.

V. Recepción. El veintidós de diciembre siguiente, la autoridad responsable remitió las demandas y el expediente formado con motivo de la presentación de los juicios de referencia a esta Sala Regional, acompañados con los informes circunstanciados correspondientes y demás anexos.

VI. Turno. Por acuerdos de la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar los expedientes ST-JRC-34/2008 y ST-JRC-36/2008, así como turnarlos a la ponencia del Magistrado Carlos A. Morales Paulín para los efectos de los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; mismos que se cumplieron a través de los oficios TEPJF-ST-SGA-0668/08 y TEPJF-ST-SGA-0670/08, respectivamente, signados por el Secretario General de Acuerdos de la propia Sala Regional.

Vll. Terceros Interesados. A las catorce horas con cuarenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil ocho, Aurelio Badillo Gómez en su carácter de representante propietario de la Coalición “Más por Hidalgo” ante el Consejo Municipal en Huazalingo, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, presentó escrito por el que comparece al juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave ST-JRC-34/2008, en su calidad de tercero interesado, quien manifestó lo que a su derecho convino, el cual fue recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala el día treinta de diciembre de dos mil ocho.

Por su parte, siendo las quince horas con cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de diciembre pasado, Héctor Martínez Galindo, en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal en Huazalingo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, presentó escrito por el que comparece al juicio de revisión constitucional electoral, identificado con el número de expediente ST-JRC-36/2008, en su calidad de tercero interesado, manifestando lo que a su derecho convino, mismo que fue recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el día veintinueve de diciembre de dos mil ocho.

VIII. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor al considerar que se encontraban debidamente integrados los expedientes indicados, admitió a trámite las demandas, y declaró cerrada la instrucción, por lo que los asuntos quedaron en estado de resolución,

IX. Engrose. En sesión pública celebrada el siete de enero de dos mil nueve, el Magistrado Instructor propuso un proyecto de sentencia mediante el cual, se confirmaban los resultados contenidos en el Acta de Cómputo Municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Huazalingo, Estado de Hidalgo, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática, y la declaración de validez de la citada elección.

Dicho proyecto fue votado en contra por la mayoría de los integrantes de la Sala Regional, por lo cual se encargó realizar el engrose del mismo al Magistrado Santiago Nieto Castillo, al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación en materia electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafos primero y cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso d), 4, 6 y 87, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por tratarse de juicios de revisión constitucional electoral, promovidos en contra de una resolución que guarda relación con la elección de autoridades municipales, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que forma parte del ámbito territorial donde esta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Del examen de los escritos de demanda relativos a los juicios de revisión constitucional electoral, contenidos en los expedientes ST-JRC-34/2008 y ST-JRC-36/2008, esta Sala Regional advierte la conexidad en la causa, dado que existe identidad en los actos reclamados y en el órgano responsable, pues en ambos se impugna la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, recaída al juicio de inconformidad radicado bajo el número de expediente JIN-26-CMPH-032/2008.

En esas condiciones, a fin de resolver de manera conjunta, pronta y expedita los referidos juicios, con fundamento en los artículos 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 73, fracciones VI y IX, y 74 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave ST-JRC-36/2008, al diverso ST-JRC-34/2008, por ser éste el más antiguo.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

TERCERO.- Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para la procedencia de los juicios de revisión constitucional electoral, como a continuación se precisan.

1. Forma. Las demandas de los presentes juicios, se presentaron por escrito ante el Tribunal responsable, y en ellas constan los nombres y firmas de los representantes del Partido de la Revolución Democrática y de la Coalición “Más por Hidalgo”; además, identifican la resolución impugnada, la autoridad responsable, mencionan los hechos materia de la impugnación, y expresan los agravios que en concepto de los actores ocasiona la resolución reclamada; por lo que en ambos medios de impugnación, se satisfacen los requisitos formales previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Oportunidad. Los medios de impugnación que se resuelven, se presentaron dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues de autos se desprende que la sentencia impugnada, les fue notificada personalmente a los actores, el día diecisiete de diciembre del año dos mil ocho, y las demandas fueron presentadas por ambos actores el veintiuno de diciembre siguiente; por lo que es inconcuso, que los juicios de mérito fueron promovidos oportunamente.

3. Legitimación y personería. Los juicios de revisión constitucional electoral fueron promovidos por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, inciso b) de la ley adjetiva electoral, pues corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos y coaliciones; en la especie, quienes promueven son el Partido de la Revolución Democrática quien compareció en su calidad de tercero interesado ante la instancia local; y la Coalición “Más por Hidalgo”, por conducto de Héctor Martínez Galindo y Aurelio Badillo Gómez, respectivamente, en su carácter de representantes de los citados partido y coalición, ante el Consejo Municipal Electoral en Huazalingo, Estado de Hidalgo, quienes a su vez, fueron partes en el juicio de inconformidad ante la instancia jurisdiccional local competente, que emitió la resolución que por esta vía se combate.

Sustenta lo anterior, el reconocimiento que hace la autoridad responsable al rendir sus informes circunstanciados, del carácter con que se ostentan ambos representantes; por lo que los actores se encuentran legitimados para promover los juicios en que se actúa.

4. Actos definitivos y firmes. El requisito de definitividad y firmeza, previsto por el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también se surte en la especie, toda vez que para combatir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no está previsto otro medio de impugnación en la legislación electoral de dicha entidad federativa, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad para revisar, y en su caso, revocar, modificar o anular oficiosamente el acto impugnado, de modo que es evidente la cabal satisfacción del requisito en cuestión.

Lo expuesto encuentra su explicación en el principio de que los juicios como el de revisión constitucional electoral, constituyen medios de impugnación excepcionales y extraordinarios, a los que sólo pueden ocurrir los partidos políticos o coaliciones, cuando ya no existan a su alcance medios de impugnación ordinarios e idóneos, mediante los cuales sea factible modificar, revocar o anular, los actos o resoluciones como el que ahora se controvierte, con la finalidad de conseguir la reparación plena de los derechos y prerrogativas que hubieren sido afectados.

En esto estriba el principio de definitividad establecido en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en los invocados incisos a) y f) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos y resoluciones impugnables mediante el juicio de revisión constitucional electoral, deben ser definitivos y firmes, para lo cual se requiere agotar, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas en las leyes de la entidad federativa correspondiente.

Lo expuesto se ha sostenido en la tesis de jurisprudencia emitida por este órgano jurisdiccional, bajo el rubro: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL", tesis identificada con la clave S3ELJ 23/2000, consultable en las páginas setenta y nueve a ochenta, de la Compilación Oficial intitulada Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen "Jurisprudencia".

5. Violación a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación al requisito de procedibilidad señalado en el párrafo 1, inciso b), del artículo 86 de la citada ley adjetiva, se satisface este requisito, toda vez que, en su escrito de demanda, el Partido de la Revolución Democrática se duele de la violación a los artículos 16 y 116 fracción IV, incisos b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que la coalición “Más por Hidalgo” aduce que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 41, 116, 130 y 134 de la citada Constitución General; lo que resulta suficiente por tratarse de un requisito formal.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, visible en las páginas 155 y 156 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997–2005, cuyo rubro, texto y datos de identificación son del tenor siguiente:

“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.—Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones: Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3o., de la ley general citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-032/97.—Partido de la Revolución Democrática.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/97.—Partido de la Revolución Democrática.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-034/97.—Partido de la Revolución Democrática.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.”

6. La violación reclamada pueda ser determinante para el desarrollo del proceso y el resultado final de la elección. En estos casos se cumple con el requisito previsto por el artículo 86, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o para el resultado final de la elección, porque de acogerse la pretensión del Partido de la Revolución Democrática, respecto a la nulidad de la elección decretada por el órgano jurisdiccional responsable, en el caso de que se declarasen fundados sus motivos de disenso, ello generaría la posibilidad jurídica de revocar el fallo combatido; lo cual a su vez, repercutiría en las pretensiones de la Coalición “Más por Hidalgo”, ya que ésta pretende que quede incólume la sentencia impugnada.

7. La reparación solicitada es factible. Por último, la reparación solicitada por los enjuiciantes, es material y jurídicamente posible, dentro de los plazos electorales legal y constitucionalmente previstos, en razón de que los miembros electos del ayuntamiento de Huazalingo, Estado de Hidalgo, tomarán posesión de sus cargos el dieciséis de enero de dos mil nueve, en términos del artículo 127 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

En el caso, resulta aplicable la tesis S3ELJ 01/98, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 286-288, cuyo rubro, texto y precedentes son los siguientes:

“REPARABILIDAD, COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. DEBE DETERMINARSE EN FUNCIÓN DEL MOMENTO EN QUE SURJA LA SENTENCIA Y NO SOBRE LA BASE DE ALGÚN OTRO ACTO PROCESAL.—El surtimiento del requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, referente a que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, prevista en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe determinarse a través de la relación que se establezca entre el momento en que surja la sentencia estimatoria, que se pudiera llegar a dictar en el juicio (lo cual se realiza con la votación del asunto y la declaración de los puntos resolutivos que formula el Presidente del tribunal, según el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) con las fechas de la instalación o de la toma de posesión, mencionadas en los preceptos invocados, y sólo habrá lugar a darlo por satisfecho, si se advierte que el primero de dichos actos (sentencia estimatoria) puede surgir antes de que se produzcan los segundos, ya que cuando en el fallo se decide acoger la pretensión del actor, el efecto que se genera, en términos del artículo 93, párrafo 1, inciso b), de la ley secundaria citada, es el de modificar o revocar el acto o resolución impugnados, efecto que trae como consecuencia, que se provea lo necesario para reparar la violación constitucional que se hubiera cometido, lo que evidencia claramente, que la sentencia es el acto procesal que genera el efecto reparador, acto que se produce con la plenitud de jurisdicción que el artículo 6o., párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral confiere a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo ejercicio implica, en primer lugar, que se modifique o incluso, se anule el acto o resolución impugnados y, en segundo lugar, que lo privado de efectos quede sustituido por lo resuelto en la ejecutoria que se dicte. Es por esta razón, que la reparabilidad de que hablan los dos primeros artículos señalados, debe verse en función del momento en que surja la sentencia y no sobre la base de algún otro acto procesal, como pudiera ser, por ejemplo, la notificación de la propia resolución.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-029/98.—Partido de la Revolución Democrática.—8 de julio de 1998.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-030/98.—Partido de la Revolución Democrática.—8 de julio de 1998.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-031/98.—Partido de la Revolución Democrática.—8 de julio de 1998.—Unanimidad de votos.”

8. En cuanto a los terceros interesados.

A. Coalición “Más por Hidalgo”

a) Oportunidad. Durante la tramitación del juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve, compareció oportunamente Aurelio Badillo Gómez, en su carácter de representante propietario de la Coalición “Más por Hidalgo” ante el Consejo Municipal en Huazalingo, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en su calidad de tercero interesado, tal y como se desprende de la certificación realizada por la responsable del retiro de la cédula de notificación por estrados del presente medio de impugnación.

b) Forma. El escrito de referencia fue debidamente presentado ante la autoridad responsable; y en él se hace constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto; así también, formula oposición a las pretensiones del actor del juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-34/2008.

c) Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación del tercero interesado, en virtud de que de conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, acredita su personería con la certificación elaborada por el Secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, en la que se establece que el c. Aurelio Badillo Gómez, se encuentra registrado como representante propietario de la Coalición “Más por Hidalgo ante el Consejo Municipal Electoral de Huazalingo, misma que se encuentra anexa a su escrito de comparecencia, en el que se advierte además, que el promovente tiene un derecho oponible al del promovente del juicio indicado en el inciso anterior.

B. Partido de la Revolución Democrática

a) Oportunidad. Durante la tramitación del juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-36/2008, que ahora se resuelve, compareció oportunamente Héctor Martínez Galindo en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal en Huazalingo, del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en su calidad de tercero interesado, tal y como se desprende de la certificación realizada por la responsable del retiro de la cédula de notificación por estrados del presente medio de impugnación.

b) Forma. El escrito del tercero interesado fue debidamente presentado ante la autoridad responsable; en el que se hace constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto; así también, formula la oposición a las pretensiones de la Coalición “Más por Hidalgo” y ofrece pruebas de su parte.

c) Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación del Partido de la Revolución Democrática como tercero interesado, en virtud de que de conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se desprende de autos, éste compareció ante el Tribunal Electoral responsable, en su calidad de tercero interesado, en el cual se le tuvo por acredita su personería, además de que éste tiene un derecho oponible al de la coalición accionante del diverso juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-36/2008.

Precisado lo anterior, en razón de que se cumplen los requisitos de procedibilidad de los juicios de revisión constitucional electoral, y de que no se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, lo conducente es realizar el estudio de fondo de las litis planteadas, a partir de la sentencia impugnada en ambas y conforme a los motivos de disenso expuestos por los impetrantes, en sus respectivos escritos de demanda.

CUARTO. Sentencia impugnada. Las consideraciones que sustentan la resolución impugnada, en lo que interesa, son las siguientes:

“C O N S I D E R A N D O

I.- Que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver el presente Juicio de Inconformidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24, fracción IV; 99, apartado C fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 73, y 78 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 96, 101 y 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

II.- Que el recurso de inconformidad que motivó la instauración del presente expediente, reúne todos los requisitos establecidos en el artículo 10, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

III.- Que la Coalición "Más por Hidalgo" se encuentra legitimada para promover el presente recurso, toda vez que los artículos 14, fracción I y 79, párrafo primero, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral disponen que el Juicio de Inconformidad pueden interponerlo los partidos políticos a través de sus representantes municipales, lo cual en la especie se concreta toda vez que de las constancias que integran los autos en estudio se revela que la Coalición “Más por Hidalgo” lo hizo en tiempo, el dieciséis de noviembre de dos mil ocho, por medio de Aurelio Badillo Gómez, en su calidad de representante propietario de la Coalición “Más por Hidalgo" ante el Consejo Municipal de Huazalingo, Hidalgo; acreditando su personería con la copia certificada expedida a su favor, por el Profesor Francisco Vicente Ortega Sánchez, Secretario General del Instituto Estatal Electoral.

IV.- Que una vez analizados los requisitos de procedibilidad, y desestimadas las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 11 de la citada legislación, lo cual se verificó de oficio por ser su estudio primario respecto del fondo del presente, por tratarse de un asunto de interés público, sin que se actualice ninguna de las hipótesis previstas por esos dispositivos legales; se procede a su estudio con el objeto de estar en aptitud de calificar si los motivos de inconformidad del recurrente son fundados o infundados, y si los resultados consignados en el acta de cómputo municipal emitida en Huazalingo, Hidalgo, el 12 de noviembre de 2008 se encuentran o no ajustados a derecho.

Por cuestión de método, este Tribunal se ocupará de forma primaria de resolver lo conducente respecto de la pretensión de la Coalición “Más por Hidalgo”, que se hace valer en el escrito de inconformidad registrado bajo la clave JIN-26-CMPH-032/2008, relativa a la nulidad de la elección que invoca, para posteriormente entrar al estudio de los conceptos de violación que hacer valer tendentes a la anulación de la votación recibida en la casilla en términos de alguna de las causales previstas por el artículo 40 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En esa tesitura, como conceptos de violación, el inconforme argumenta que se debe anular la elección del ayuntamiento de Huazalingo, Hidalgo, en virtud de:

a) Que se viola el principio constitucional de separación iglesia-Estado debido a que, durante los días previos a la jornada electoral se distribuyó por parte del Partido de la Revolución Democrática propaganda con símbolos e imágenes de carácter religioso; b) que se utilizaron programas y fondos públicos que rompieron la equidad en la contienda electoral y el principio de imparcialidad que rige la actuación de los servidores públicos, ya que militantes del Partido de la Revolución Democrática y el candidato, se presentaron en diversos domicilios particulares y en lugares públicos para ofrecer a las personas, certificados de subsidio federal para la obtención de una vivienda o material para construcción que otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social; c) que en el municipio de Huazalingo se realizaron actos que afectaron la libertad del sufragio que como principio se establece en la Constitución Federal, los cuales hace consistir en que durante los días previos a la jornada electoral e incluso el mismo día en que se llevó a cabo la jornada electoral, el candidato del Partido de la Revolución Democrática y personas afines a él, se presentaron en diversos domicilios y en distintos lugares públicos de ese municipio, a fin de comprometer a los electores para que votaran por ese candidato, a través de promesas y en otros casos entrega de recursos económicos, despensas, instrumentos musicales y material de construcción; d) que se realizaron actos de intimidación en contra del electorado en los días previos a la jornada electoral.

Por tanto el actor considera que:

“Se violan disposiciones de orden público y de forma grave el principio constitucional de “separación Iglesia-Estado”. Así mismo considera que los actos que se reclaman son violatorios de los artículos 130, 134 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo así como el artículo 24 de la Constitución Política del Estado”, particularmente por lo que hace a los principios de equidad, imparcialidad, legalidad, independencia seguridad jurídica, certeza y objetividad.

Advierte esta autoridad que el demandante no invoca el precepto legal en el que fundamenta sus argumentos de inconformidad, sin embargo de la esencia de ellos se observa que invocan violaciones directas a principios constitucionales, tal como el artículo 130 constitucional que establece el principio histórico de separación Iglesia-Estado.

Los motivos de inconformidad expuestos por el ente político actor a través de su representante deviene FUNDADO, en virtud de que las pruebas ofrecidas, y desahogadas en autos, son aptas para justificar la premisa en que se sustenta la pretendida causa de nulidad de la elección, que gira en torno a la utilización de símbolos religiosos en la campaña electoral.

Con la finalidad de arribar a la conclusión antes precisada, resulta necesario desentrañar el contenido y alcance del artículo 183 fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, para establecer si la conducta desplegada por el candidato triunfador del Partido de la Revolución Democrática, encuadra o no en la hipótesis contemplada por la norma:

“Artículo 183.- La propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que produzcan y difundan los partidos políticos, sus candidatos, fórmulas, planillas registradas y simpatizantes.

…

IV.- No se deberán emplear símbolos, distintivos, signos, emblemas, figuras y motivos extranjeros que se relacionen con el racismo o la religión; y…”

Es importante dejar precisado que lo expresado en las líneas antecedentes, son conductas referidas a la propaganda política de los partidos políticos, por tanto se procede a determinar el concepto de propaganda según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda edición 2001.

“… f. Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores…”.

A su vez, el mismo Diccionario establece, en referencia a la propaganda ó publicidad política, que ésta consiste en lo que a continuación se traza:

“Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores.// Se trata de una actividad lícita que influye decisivamente en la selección de los gobernantes, como lo demuestra el monto excesivo que los partidos políticos le dedican a ese rubro en la campaña electoral.// Por esa razón, se requiere una regulación adecuada. Para intentar precisar el contenido y alcance de la regulación jurídica a esa actividad, decisiva en el proceso electoral, se intentará examinar someramente su noción, la libertad de expresión y la propaganda y finalmente sus límites.”

De lo anterior es posible concluir que la propaganda se caracteriza por el uso de mensajes emotivos más objetivos y porque trata de estimular la acción; dice qué pensar, no enseña a pensar, esto es, la propaganda influencia a las personas a pensar y hacer cosas del modo que no lo harían si hubieran sido dejadas decidir por sus propios medios.

En ese orden de ideas es dable señalar que el objetivo de la propaganda política es aumentar el apoyo, en este caso de la población con capacidad de sufragio; esto es: el fin es convencer al electorado para que los ciudadanos voten por un partido o candidato específico.

Para el citado diccionario el verbo “utilizar” significa:

“aprovecharse de algo”, y la palabra “símbolo”, quiere decir: “Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con ésta por una convención socialmente aceptada… 3. Tipo de abreviación de carácter científico o técnico, constituida por signos no alfabetizados o por letras, y que difiere de la abreviatura en carecer de punto… 4. Emblema o figura accesoria que se añade al tipo en las monedas y medallas”.

De lo anteriormente expuesto se deduce que los partidos políticos no pueden sacar ventaja o provecho de una figura o imagen que materialmente o de palabra, representa un concepto, en este caso el religioso.

Asimismo, cabe dejar precisados algunos significados sobre la palabra religión y religioso:

Religión. (Del lat. Religio, -onis.) f. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. 2. Virtud que nos mueve a dar a Dios el culto debido. 3. Profesión y observancia de la doctrina religiosa. 4. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. La RELIGIÓN del juramento. 5. Orden, instituto religioso. Católica. La revelada por Jesucristo y conservada por la Santa Iglesia Romana. Natural. La descubierta por la sola razón y que funda las relaciones del hombre con la divinidad en la misma naturaleza de las cosas. Reformada. Orden o instituto religioso en que se ha restablecido su primitiva disciplina.2. Protestantismo. Entrar en religión. Una persona. Fr. Tomar el hábito en una orden religiosa.

Religioso, sa. (Del lat. Religiosus.) adj. Perteneciente o relativo a la religión o a los que la profesan. 2. Que tiene religión, y particularmente que la profesa con celo. 3. Que ha profesado en una orden religiosa regular. Ú.t.c.s. 4. Fiel y exacto en el cumplimiento del deber. 5. Moderado, parco. 6.V. Arquitectura religiosa. 7. V. Lugar religioso.

De tal modo, atendiendo a los transcritos significados de los vocablos referidos, se entiende la limitación contemplada en el artículo 183, fracción IV de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, consistente en que los partidos políticos no pueden sacar beneficio o ventaja del empleo de palabras o señas de carácter religioso, empleadas en su propaganda, para conseguir el propósito fijado.

En tal virtud, válidamente puede decirse que la prohibición impuesta a los partidos políticos en este caso, estriba en sacar provecho o utilidad a la referencia indirecta de una imagen o fe religiosa en su propaganda, a fin de conseguir los objetivos pretendidos.

En conclusión, es dable señalar que la obligación impuesta a los partidos políticos, ya por sí mismos, o a través de sus militantes o candidatos, es la de abstenerse de utilizar símbolos religiosos.

Queda claro entonces que, la propaganda electoral, es una forma de comunicación persuasiva; que trata de promover o desalentar actitudes en pro o en contra de una organización, un individuo o una causa; implica un esfuerzo sistemático en una amplia escala para influir la opinión, conforme con un plan deliberado que incluye la producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para llegar a la audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar los efectos calculados.

Finalmente cabe subrayar que el propósito de la propaganda electoral es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada manera; adopten ciertas ideologías o valores; cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos.

De acuerdo con lo anterior, cabe concluir que la violación a lo dispuesto en el artículo 183, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, por sí misma, es sustancial y grave, atendiendo a los principios jurídicos que vulnera y el carácter expreso de la prohibición subvertida.

Ahora bien, en el caso en particular obra en autos un impreso que fue allegado por el instituto político coaligado –actor- en el que se reproduce la imagen de la Virgen de Guadalupe y sobre ella una leyenda que indica:

“VOTA 9 DE NOVIEMBRE MANIFIESTA TU FE POR HUAZALINGO”

Además, claramente se aprecia, en la parte inferior izquierda el escudo distintivo del Partido de la Revolución Democrática, incluidas sus siglas impresas –PRD-, en la parte inferior del escudo.

A continuación se presenta la imagen reseñada:

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Igualmente obra en autos, por haberla allegado el recurrente, una publicación con la imagen de San Judas Tadeo en la que se invita a votar por el candidato al cargo de presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática, en cuya imagen en la parte inferior izquierda se aprecia claramente el escudo del Partido de la Revolución Democrática, misma que se reproduce para mayor claridad:

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Ambas pruebas, debido a su naturaleza, se consideran como técnicas, mismas que por ende, en principio sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos que de ellas se advierten; sin embargo en el caso concreto se ven robustecidas con la prueba testimonial que rindiera la señora Domitila Martínez Gómez, y que obra en autos en la escritura pública 19,774 de fecha doce de noviembre de dos mil ocho, pasada ante la fe pública del notario número uno del municipio de Huejutla, Hidalgo, en la que se aprecia lo siguiente:

“Manifiesto que siendo casi las 09:30 horas del día 08 de noviembre del año en curso, un día antes de las elecciones municipales para el periodo 2009-2012, fui a visitar a la familia de mi hijo de nombre JACINTO ESTEBAN MARTÍNEZ, quien tiene su domicilio en la misma comunidad, y al regresar a mi casa venía por la calle y con los reflejos de la luz alcancé a ver que el señor FAUSTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, originario de la misma comunidad, simpatizante y promotor del voto por el Partido de la Revolución Democrática, tiró unas hojas sobre la calle, y al pasar yo por ahí, las levanté y me las llevé a mi casa y me dí cuenta que en las hojas llevaban una imagen de la virgen de Guadalupe, y un dibujo de P.R.D. y como no puedo leer al día siguiente 09 de noviembre muy temprano le llevé la hoja a mi hijo JACINTO ESTEBAN MARTÍNEZ, y le pregunté qué decía y por qué venía una imagen de la virgencita, y él me contestó que era una invitación para votar el 09 de noviembre por el Partido de la Revolución Democrática, y yo le dije entonces hay que apoyar a ese candidato ya que se ve que es muy católico y ese tipo de personas ayudan mucho al pueblo y como toda mi familia es creyente católica yo les dije a todos que entonces hay que votar por el candidato de ese partido.”

De los antecedentes señalados y en particular de la adminiculación de los referidos medios de prueba aportados por el recurrente, es de colegirse que la violación al precepto legal antes referido, sin lugar a dudas influyó de manera determinante en el ánimo de la población, para que votara a favor de determinado Partido Político, para arribar a tal consideración se tuvo en cuenta que:

- La población mexicana, en su mayoría profesa la religión católica, y máxime en comunidades no urbanas, tal y como se acredita con datos del INEGI en que se establece que el 88% de la población nacional profesa dicha religión –datos obtenidos de la pagina web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.gob.mx.

- Las imágenes utilizadas en dicha propaganda son de las más conocidas y veneradas por la religión católica.

Del testimonio de la referida señora, se aprecia que además de serle determinante en el sentido de su voto, también influyó en que le comentara a sus demás familiares para que votaran a favor de determinado candidato o grupo político, afectando la libertad del voto.

- Que se acredita la determinancia de la violación, con el hecho de que, el partido político que utilizó de manera indebida dicha propaganda religiosa, obtuvo la mayoría de los votos, amén del margen tan estrecho entre el primero y segundo lugar de tan sólo ciento setenta y ocho.

- Que se tiene la convicción de que la autoría de dicha propaganda, fue el propio partido político de la Revolución Democrática, pues de la declaración en análisis se observa que la testante refiere el nombre del individuo que la distribuía además de que de igual modo refiere que es promotor del voto de dicho Partido.

Consecuentemente al violentar de manera flagrante el principio constitucional e histórico de la separación del Estado y las Iglesias, establecido en el artículo 130 Constitucional; se viola además, el principio de libertad en la emisión del voto.

Dicho principio histórico admite la existencia de dos poderes:

a)          El poder espiritual que corresponde atender a las iglesias, y

b)          El poder temporal o político que corresponde atender al Estado.

Dentro de las características filosóficas e históricas mexicanas de dicho principio y su necesaria división, podemos mencionar que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX la Iglesia católica en México, no conforme con su influencia espiritual, penetró en el poder temporal y con él logró ser un factor determinante en la vida social del pueblo mexicano, así como detentar un extraordinario dominio sobre la propiedad inmobiliaria nacional.

Fue hasta el siglo XIX cuando el Estado mexicano, después de haber logrado su independencia, eleva a rango de ley suprema la separación del Estado y las Iglesias, y con ello la reivindicación de dichas prerrogativas y bienes inmobiliarios, precisamente en la Constitución de 1857 y con posterioridad en la de 1917; sin lo cual sería imposible explicar la esencia filosófica, jurídica y política, ni el discurso histórico del Estado laico mexicano, porque constituye uno de los ejes esenciales de nuestro sistema jurídico.

De ahí, que las causas fundamentales de la existencia del citado principio y sus correspondientes prohibiciones, sea la necesidad social, jurídica y política del Estado mexicano de tutelar y proteger los bienes y valores, históricamente legitimados y garantizados por los estados de la Federación en las diversas constituciones locales, sobre todo porque dicho principio filosófico-jurídico en México, no se originó en la lucubración de los pensadores, sino en la experiencia histórica del pueblo mexicano plasmada en nuestras Cartas Fundamentales, con la conseja de una vigencia permanente.

Lo anterior, jurídicamente hablando, se encuentra contemplado en el citado artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que aquí interesa dispone literalmente lo siguiente:

“El principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las Iglesias y demás Agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

…. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

Finalmente, los medios de convicción aportados por los impugnantes, consistentes en documentales privadas y técnicas desahogas y analizadas en autos, al adminicularse entre sí, convencen en el ánimo de este órgano colegiado, que el Partido de la Revolución Democrática, al utilizar las imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, en la publicidad que utilizó para promocionar el voto en el municipio de Huazalingo, Hidalgo, infringe lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso artículo 183 fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de la procedencia de la nulidad de una elección, es necesario que se demuestre la realización cabal del supuesto jurídico que comprende cinco elementos, que son los siguientes: a) que existan irregularidades graves; b) que las irregularidades sean plenamente acreditadas; c) que las irregularidades no sean reparables durante la jornada electoral; d) que las irregularidades, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y e) que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la elección.

Pero no cualquier irregularidad o violación a la ley es suficiente para declarar la nulidad de la elección, pues se requiere que esa irregularidad sea grave. La gravedad de una irregularidad, está relacionada con la violación a cualquier disposición legal que se refiere a los principios que rigen al sufragio, como son la libertad o la secrecía, pero además deberá de tener el efecto de poner en duda la veracidad o certeza de una elección.

Cobra aplicación al criterio antes sostenido por este Órgano Colegiado, la tesis número S3EL 046/2004, emitida por la Sala Superior, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 935-937, la cual dispone que:

“SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVE A DISPOSICIONES JURÍDICAS DE ORDEN E INTERÉS PÚBLICO (Legislación del Estado de México y similares). La obligación de los partidos políticos de abstenerse de utilizar símbolos religiosos en su propaganda, está prevista expresamente en el artículo 52, fracción XIX, del Código Electoral del Estado de México, así como en el artículo 38, párrafo 1, inciso q), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (cuando se trata de partidos políticos nacionales), y su incumplimiento constituye una infracción de carácter grave, pues se contravienen tales disposiciones que son de orden e interés público, conforme a los preceptos 1, párrafo primero, del código local y 1, párrafo 1, del código federal citados. Esta obligación se advierte también en los deberes impuestos a los partidos políticos en los artículos 25, párrafo 1, incisos a) y c), y 27, párrafo 1, inciso a) del código federal de referencia, al preverse que los partidos políticos deberán formular una declaración de principios y unos estatutos que contendrán, la primera, las obligaciones de observar la Constitución federal, respetar las leyes e instituciones que de ella emanen, no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas o iglesias; y los segundos la denominación, el emblema y color o colores del partido político, los cuales estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Con estas disposiciones se busca que las actividades de los partidos políticos, como la realización de propaganda electoral, no se vean influidas por cuestiones religiosas. La calificación de grave que se da al incumplimiento de dicha obligación, además, encuentra sustento en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las relaciones entre el Estado y las iglesias, conforme al cual se evidencia la necesidad de preservar la separación absoluta entre ellos, a efecto de impedir que fuerza política alguna pueda coaccionar moral o espiritualmente a los ciudadanos, para que se afilien o voten por ella, y de garantizar la libertad de conciencia de los participantes en el proceso electoral, que debe mantenerse libre de elementos religiosos, finalidades que no se lograrían si se permitiera a un partido político utilizar símbolos religiosos en su propaganda electoral, pues con ello evidentemente se afectaría la libertad de conciencia de los votantes, y con ello, las cualidades del voto en la renovación y elección de los órganos del Estado.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-069/2003.- Partido Acción Nacional.- 26 de junio de 2003. Unanimidad de votos.- Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.- Secretario: Juan Carlos Silva Adaya.

Recurso de reconsideración. SUP-REC-034/2003.- Partido de la Revolución Democrática.- 19 de agosto de 2003.- Unanimidad en el criterio.- Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.- Secretario: Adán Armenta Gómez.

Sala Superior, tesis S3EL 046/2004.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 935-937.”

La propaganda electoral que utiliza o incluye símbolos religiosos, como las imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, que como se dijo además de ser los más conocidos por la religión católica, también son los más venerados, influye de manera contundente en el ánimo del electorado que comulga con ese credo, en virtud del profundo sentimiento religioso y las fuertes tradiciones católicas de la gran mayoría del pueblo mexicano; con ella se induce a los ciudadanos a apoyar a un determinado candidato cuya imagen o nombre se relaciona con dichos símbolos, por considerar que comparte la misma creencia religiosa, y en consecuencia constituye un medio de persuasión y una incitación moral o espiritual para que el electorado vote a favor de ese candidato, atentando así contra la libertad de discernimiento de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio.

Por las razones anteriores, resulta incuestionable que, de acuerdo a la tradición laica del sistema jurídico mexicano, el ejercicio del sufragio debe ser una expresión exclusivamente cívica (derivada de la razón y la conciencia) y no religiosa (que se sustenta en la fe). La utilización de elementos religiosos en las campañas electorales, vicia la libertad y la certeza sobre la verdadera voluntad del elector, porque implícitamente se vincula a los dogmas revelados por un poder divino con un partido político o candidato; además de significar una ilegítima ventaja de carácter espiritual, moral o psicológico de quien lo hace, en relación con los demás contendientes de la justa electoral.

Por mandato constitucional y legal, la libertad es una característica consustancial del voto y se entiende como la potestad de proceder por reflexión mental y por elección de nuestra voluntad, no por violencia ajena, presión, ni necesidad, o por cuestiones de determinismo o fatalismo. El sufragio es un acto voluntario que para su validez esencial debe estar exento de cualquier vicio que ataque a la plena conciencia o la libertad en su manifestación, de tal suerte que cualquier forma de inducción o manipulación que atenta contra la razón o la voluntad del elector, hace nugatoria la libertad del sufragio.

Por todo lo anterior este Tribunal considera procedente el declarar, como lo solicita el instituto político coaligado, recurrente, declarar la nulidad de la elección por haber violaciones directas y flagrantes a los propicios constitucionales de la libertad en la emisión del voto y de la separación entre la iglesia y el Estado.

V.- También el recurrente impugnó mediante su escrito recursal la causal de nulidad prevista en el artículo 40, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en la casilla 431 Básica. Misma que en atención al principio de exhaustividad y por ser ésta una autoridad primerinstancial, se encuentra obligada a su estudio a pesar de haber procedido el primero de los agravios.

Así, el artículo 40, fracción II, establece que la votación recibida en una o varias casillas, será nula, cuando sin causa justificada:

II.- Se realice la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por la ley electoral;

Al respecto, el actor en sus motivos de inconformidad en lo medular refiere que en la casilla antes mencionada, la recepción de la votación fue hecha por personas distintas a las facultadas por la Ley sustantiva electoral del Estado, toda vez que la C. GRACIELA BALTAZAR RUÍZ, quien fungió como presidenta de la mesa directiva de casilla, aún cuando aparece incluida en el encarte correspondiente a la casilla 431, no aparece en el listado nominal de esa ni de alguna otra sección.

Resultan infundados sus motivos de inconformidad, por las siguientes razones y consideraciones legales:

Obran en autos el acta única de la jornada electoral correspondiente a la casilla 431 Básica de Huazalingo, Hidalgo, y copia certificada del encarte de ese municipio; documentos que por tener el carácter de públicos, en términos de los artículos 15, fracción I, y 19 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen pleno valor probatorio.

Del primer documento en mención, efectivamente se aprecia que la C. Graciela Baltazar Ruíz, fungió como Presidenta de la mesa directiva de la casilla que se impugna; lo cual es comprensible tomando en cuenta que, de acuerdo con la copia certificada del encarte aludido se aprecia que tal nombramiento fue debidamente asignado por el Consejo Municipal Electoral de Huazalingo, Hidalgo, tal como se publicó de la siguiente manera:

Presidente: GRACIELA BALTAZAR RUÍZ Secretario: IGNACIA LARA VARGAS

Escrutador: ELENA CASTILLO CRESCENCIO

Escrutador: LORENA MENDOZA LUCERO

Suplentes comunes: NOHEMI ELIZABETH HEREDIA PÉREZ

MARTHA MARÍA MENDOZA LUCERO

LUCERO MARTÍNEZ SOLIS

MIRNA MARCOS SEBASTIÁN.

Para efecto de mejor proveer, este Tribunal solicitó la lista nominal de electores con fotografía para la elección de ayuntamientos del nueve de noviembre de dos mil ocho, correspondiente a la sección 431, y precisamente de ese documento se desprende que de una minuciosa y exhaustiva revisión a ese listado nominal, no aparece en ella el nombre de Graciela Baltazar Ruíz.

Sin embargo ello no lleva a la nulidad de la aludida casilla, toda vez que el nombramiento asignado por el Consejo Municipal, a favor de Graciela Baltazar Ruíz como presidenta de la casilla antes mencionada, es un acto consentido por la coalición hoy inconforme, por lo cual ese acto adquirió definitividad.

Esto es, de una sana interpretación a lo previsto por el artículo 41, segundo párrafo, fracción IV, de la Ley Fundamental, en adminiculación con el numeral 24, segundo párrafo, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, se colige que todos los actos y resoluciones emitidos por las autoridades electorales, como en este caso lo fue el Consejo Municipal de Huazalingo, Hidalgo, en cuanto a que los procesos electorales, adquieren definitividad al finalizarse cada una de las etapas en que se emite el acto o resolución de que se trate; ello tiene una razón de ser: que prevalezca el principio de certeza en el desarrollo de los comicios y se otorgue seguridad jurídica a quienes intervienen en los mismos.

En ese sentido, la insaculación de los funcionarios de las mesas directivas que integrarán cada casilla y la publicación de esas asignaciones en el respectivo encarte, forman parte de la etapa de preparación de la elección y, en atención a que ésta finaliza al inicio de la jornada electoral, con apoyo en el principio de definitividad de las etapas electorales constitucionalmente regulado, deviene material y jurídicamente imposible en la etapa de resultados electorales reparar una violación que, en su caso, se cometió a través del encarte que suscribieron los partidos políticos intervenientes, y entre ellos la Coalición “Más por Hidalgo”; en atención a que no podría modificarse o revocarse el cargo de presidente propietario asignado a Graciela Baltazar Ruíz por tratarse de una etapa ya concluida y consentida. Estimar lo contrario conllevaría lesionar el bien jurídicamente tutelado, que es la certeza en el desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica de quienes en ellos participan, pues ha surtido efectos el nombramiento de los integrantes de la mesa directiva, por lo que debe dejarse intocada la función asignada, con la finalidad de que los partidos políticos, ciudadanos y autoridades electorales se conduzcan conforme a las etapas posteriores al encarte aprobado por los integrantes del Consejo Municipal.

Así lo patentiza la siguiente tesis jurisprudencial, registrada con la clave SUP-JRC-146/98, del rubro y texto que a continuación se citan:

“PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (Legislación de Tamaulipas y similares).—Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 41, segundo párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales ... y, 20, segundo párrafo, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que en la parte correlativa, y en lo que interesa, señala: La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar ... que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad ... tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales ... se concluye que las resoluciones y los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos. En ese sentido, el acuerdo por el cual se amplía el plazo para el registro de los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y de sus representantes generales que pueden actuar ante las mismas por la ausencia de aquellos, forma parte de la etapa de preparación de la elección y, toda vez que ésta concluye al inicio de la jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales constitucionalmente previsto, resulta material y jurídicamente imposible en la etapa de resultados electorales reparar la violación que, en su caso, se hubiere cometido a través del referido acuerdo de ampliación de los correspondientes registros, en virtud de que no puede revocarse o modificarse una situación jurídica correspondiente a una etapa anterior ya concluida, como es el caso de la preparación de la elección, toda vez que lo contrario implicaría afectar el bien jurídico protegido consistente en la certeza en el desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica a los participantes en los mismos, ya que, al concluir la etapa de preparación de la elección, los actos y resoluciones ocurridos durante la misma que hayan surtido plenos efectos y no se hayan revocado o modificado dentro de la propia etapa, deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores, adquiriendo por tales razones el carácter de irreparables a través del juicio de revisión constitucional electoral, en términos del artículo 86, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.”

Señala el artículo 96 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, que el Consejo Municipal se integra, entre otros, por un representante de cada partido político con registro; y el diverso numeral 105 de ese cuerpo normativo, confiere a ese Consejo Municipal diversas facultades y atribuciones, entre ellas vigilar que se cumpla lo dispuesto por esa ley de la materia, así como aprobar la integración de las mesas directivas de casilla, es decir las personas que han de recibir la votación del electorado, entre otras funciones.

A su vez, el artículo 109 de la Ley Estatal Electoral señala como requisito para ser integrante de la mesa directiva, ser residente de la sección respectiva; y la asignación de los integrantes de ese órgano electoral debe seguir el procedimiento previsto en los numerales 110 a 112 de la citada legislación. Una vez cumplidas las etapas de insaculación, los consejos municipales son los encargados de publicar el encarte, previa conformidad con su contenido.

De suerte que, si en este asunto se cuenta con la copia certificada del encarte del municipio de Huazalingo, Hidalgo, y en dicho documento se advierte que obra la firma de conformidad de los partidos integrantes de ese Consejo Municipal, entre ellos la del representante de la Coalición “Más por Hidalgo”; entonces se considera que la designación de Graciela Baltazar Ruíz como presidenta de la casilla 431 Básica, fue una determinación adoptada en la etapa correspondiente, con la aprobación del ahora inconforme, por ello adquiere definitividad y firmeza, lo cual de ninguna manera puede constituir un argumento para pedir la nulidad de la citada casilla, máxime que no se impugnó el citado encarte dentro de la etapa procedimental correspondiente.

Es aplicable en ese sentido la tesis con el número SUP-JRC-146/98, del rubro y texto siguientes:

“PROCESO ELECTORAL. SUPUESTO EN QUE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DE CADA UNA DE SUS ETAPAS PROPICIA LA IRREPARABILIDAD DE LAS PRETENDIDAS VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA ETAPA ANTERIOR (Legislación de Tamaulipas y similares).—Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 41, segundo párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente dispone: Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales ... y, 20, segundo párrafo, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, que en la parte correlativa, y en lo que interesa, señala: La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación para garantizar ... que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad ... tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales ... se concluye que las resoluciones y los actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades electorales correspondientes, en relación con el desarrollo de un proceso electoral, adquieren definitividad a la conclusión de cada una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad esencial de otorgarle certeza al desarrollo de los comicios, así como seguridad jurídica a los participantes en los mismos. En ese sentido, el acuerdo por el cual se amplía el plazo para el registro de los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y de sus representantes generales que pueden actuar ante las mismas por la ausencia de aquellos, forma parte de la etapa de preparación de la elección y, toda vez que ésta concluye al inicio de la jornada electoral, con base en el principio de definitividad de las etapas electorales constitucionalmente previsto, resulta material y jurídicamente imposible en la etapa de resultados electorales reparar la violación que, en su caso, se hubiere cometido a través del referido acuerdo de ampliación de los correspondientes registros, en virtud de que no puede revocarse o modificarse una situación jurídica correspondiente a una etapa anterior ya concluida, como es el caso de la preparación de la elección, toda vez que lo contrario implicaría afectar el bien jurídico protegido consistente en la certeza en el desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica a los participantes en los mismos, ya que, al concluir la etapa de preparación de la elección, los actos y resoluciones ocurridos durante la misma que hayan surtido plenos efectos y no se hayan revocado o modificado dentro de la propia etapa, deberán tenerse por definitivos y firmes con el objeto de que los partidos políticos, ciudadanos y autoridades electorales se conduzcan conforme a ellos durante las etapas posteriores, adquiriendo por tales razones el carácter de irreparables a través del juicio de revisión constitucional electoral, en términos del artículo 86, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.”

Por lo cual en caso de que no hubiese procedido la nulidad de la elección, tendría que haberse declarado subsistentes los resultados consignados en el acta única de la jornada electoral en la referida casilla 431 Básica.

Con base en las anteriores manifestaciones, y con fundamento en los artículos 41 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, apartado C, y 128 fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 17, 19, 109, 110, 206, 208, 209, 211, 212, 215, 217, 218 y 219 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 4 fracción III, 5, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 38, 39, 40 fracciones I, II, III y IX, 72, 73, 78, 87 y 88 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 104, 106, 109 fracción I y 117 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, es de resolverse y se :

R E S U E L V E:

PRIMERO.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo ha sido y es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos del considerando I de la presente resolución.

SEGUNDO.- Se tiene por reconocida la personería de Aurelio Badillo Gómez, en calidad de representante de la Coalición “Más por Hidalgo” formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza.

TERCERO.- Se declara la Nulidad de la Elección del Ayuntamiento de Huazalingo, Hidalgo, así como la Expedición de Constancias de Mayoría que les fueron entregadas a los integrantes de la planilla del Partido de la Revolución Democrática, en atención a las consideraciones vertidas en el considerando IV de esta resolución.

CUARTO.- Comuníquese la presente determinación al Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, así como al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a fin de que la soberanía proceda conforme a la ley.

QUINTO.- Notifíquese a las partes en los términos de ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, 34 y 35 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Hidalgo; asimismo, hágase del conocimiento público en el portal web de este órgano jurisdiccional.”

QUINTO. Agravios. Por cuestión de método serán estudiados por este órgano jurisdiccional, en primer término, los agravios expresados por la Coalición “Más por Hidalgo” y en segundo lugar los formulados por el Partido de la Revolución Democrática, dada la naturaleza de los motivos de disenso formulados por cada una de ellos.

Asimismo, se omite la transcripción de los agravios hechos valer por cada partido político, dada la extensión que abarcan, por lo que serán resumidos y estudiados a la vez, en la parte conducente de la presente resolución.

SEXTO. Estudio de fondo. Como un aspecto previo al análisis de los argumentos planteados en la demanda respectiva, es importante destacar que la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral implica el cumplimiento irrestricto de ciertos principios y reglas establecidos, principalmente, en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 195, fracción llI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso d), y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, conforme a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el presente juicio no procede la suplencia para el caso de la deficiencia en la expresión de agravios, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto derecho, que impide a este órgano jurisdiccional suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los conceptos de agravio del incoante, por lo que se impone a la Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el imperativo de resolver la controversia con sujeción estricta a los agravios expuestos por el enjuiciante y conforme al acervo probatorio atinente, cuya valoración no puede apartarse de la naturaleza que el legislador le dio al juicio de revisión constitucional  electoral en tanto es un proceso jurisdiccional de estricto derecho.

En ese sentido, la Sala Superior de este Tribunal Electoral, ha considerado que para analizar un concepto de agravio, su formulación debe ser expresando claramente la causa de pedir, detallando la lesión o perjuicio que le ocasiona la sentencia impugnada, así como los motivos que originaron ese agravio, de tal forma que se encamine a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en la actuación de la autoridad responsable, con independencia de la ubicación de los conceptos de agravio en cierto capítulo o sección del escrito de demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya como silogismo jurídico o mediante la utilización de cualquier fórmula deductiva, inductiva o dialéctica, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no está sujeto a un procedimiento que requiera de una especial estructura o de determinadas palabras o expresiones sacramentales o solemnes.

Al respecto, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, publicada en las páginas veintiuno y veintidós de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen Jurisprudencia, cuyo rubro, texto y datos de identificación son del tenor siguiente:

“AGRAVIOS, PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Coalición integrada por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99.—Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México.—9 de septiembre de 1999.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-291/2000.—Coalición Alianza por Querétaro.—1o. de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos.”

De lo expuesto se concluye, que los conceptos de agravio deben estar encaminados a desvirtuar todas y cada una de las consideraciones o razones de hecho y de derecho, que la autoridad responsable tomó en cuenta al emitir la sentencia reclamada; esto es, el demandante debe hacer patente que los argumentos en los cuales la autoridad enjuiciada sustentó el acto reclamado conforme a los preceptos jurídicos que estimó aplicables, son contrarios a derecho.

Precisado lo anterior, se procede al estudio de los agravios vertidos por la coalición “Más por Hidalgo” y  por el Partido de la Revolución Democrática, mediante los que pretende la modificación de la parte considerativo del fallo impugnado, y, en el primer supuesto, la confirmación de la resolutora de anular la elección celebrada en el Municipio de Huazalingo, Estado de Hidalgo y, para el segundo promovente, la revocación de dicha resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

SÉPTIMO.- Agravios del expediente ST-JRC-36/2008 promovido por la Coalición “Más por Hidalgo.”

La coalición actora, en el agravio TERCERO de su demanda expone sustancialmente como argumentos los siguientes:

1. Que la responsable en la resolución impugnada no fijó adecuadamente la litis, en virtud de que únicamente enfocó su estudio a una sola parte de las irregularidades invocadas (violación al artículo 130 constitucional) en su demanda primigenia, siendo que la accionante, además expuso que se había quebrantado de manera grave, reiterada, directa y determinante la garantía de libertad del sufragio, porque de los hechos narrados y constancias que se acompañaron ante la instancia local, también se acreditaban violaciones directas a los artículos 116 y 134 de la Constitución General de la República, en virtud de lo siguiente:

A. Que se omitió el estudio de las irregularidades y de las pruebas que se hicieron valer respecto a la utilización de programas y fondos públicos que rompieron con la equidad en la contienda electoral.

B. Que se omitió el estudio de diversos actos y pruebas que se hicieron valer, como violatorios de la garantía de libertad del sufragio, tutelada en el artículo 116 de la Constitución General de la República; irregularidades que se hicieron consistir básicamente en la entrega y/o promesa de entrega de dinero en efectivo, artículos de consumo de primera necesidad, entre otras, y

C. Que se omitió dar respuesta a las solicitudes y cuestiones que fueron referidas en la parte final de la demanda del juicio de inconformidad, relativos a que las probanzas aportadas, resultan eficaces para demostrar las irregularidades invocadas; además de que solicitó se ordenará el desahogo de diligencias para mejor proveer a fin de que se comisionara a personal del Tribunal, para que se imponga directamente de los electores; que corresponde a este órgano jurisdiccional cesar los efectos que estuvieron generando los actos ilícitos, mediante la declaración de nulidad correspondiente; y por último, que de manera específica, fueron violados los principios de separación Iglesia-Estado, el de imparcialidad de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y el atinente a que se afectó la libertad del sufragio.

Al respecto, en la resolución de los asuntos sometidos a la jurisdicción de las autoridades competentes, éstas se encuentran obligadas a emitir sus fallos atendiendo a cada uno de los motivos de agravio planteados por las partes, en observancia al principio de exhaustividad, máxime si se trata de órganos que por su naturaleza sus resoluciones son sujetas a revisión ante una instancia constitucional.

Lo anterior es así, pues de conformidad con los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución General de la República, 186, fracción III, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 86 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establece la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revise las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales electorales de las entidades federativas, como en el caso, las emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; de ahí que, al ser sus resoluciones sujetas de control constitucional, es indispensable que se pronuncien sobre todos los motivos de disenso que ante ellas se plantean, a fin de cumplir con el requisito de exhaustividad, ante la posibilidad latente de que sus resoluciones puedan ser impugnadas ante la instancia federal.

En el presente asunto, la coalición actora, se queja de la indebida fijación de la litis, derivado de las omisiones en que incurrió el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, pues desde su persepectiva, dicha autoridad no analizó todos los argumentos que le fueron formulados y a los que se encontraba obligada a pronunciarse; por lo que una vez que se confrontaron los hechos y agravios vertidos en la demanda primigenia con lo resuelto por el Tribunal Electoral responsable, se advierte que en efecto, únicamente se pronunció sobre los argumentos atinentes a la nulidad de la elección por violaciones directas al artículo 130 de la Carta Magna, y el relativo a la nulidad de la votación recibida en la casilla 431 Básica; sin embargo, fue omisa en analizar los demás agravios vertidos por la coalición inconforme, en particular, los que han quedado vertidos en líneas anteriores, lo que genera que la resolución combatida adolezca de la debida exhaustividad.

En efecto, la responsable no agotó todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por la actora, por lo que debió haberse pronunciado en sus consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de las probanzas allegadas; por lo que al advertirse las omisiones en las que incurrió el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, vulnera el principio de exhaustividad en perjuicio de la parte actora; sustenta lo anterior, la jurisprudencia número S3ELJ 12/2001, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, consultable a foja ciento veintiséis, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Jurisprudencia, cuyo rubro, texto y precedente son:

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.—Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-167/2000.—Partido Revolucionario Institucional.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-309/2000.—Partido de la Revolución Democrática.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-431/2000.—Partido de la Revolución Democrática.—15 de noviembre de 2000.—Unanimidad de votos.”

Por tanto, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 6, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, se procede al estudio de los agravios que omitió el Tribunal Electoral responsable.

A. AGRAVIOS RELACIONADOS CON  LA UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS Y FONDOS PÚBLICOS.

La coalición actora aduce sustancialmente en su escrito de demanda primigenia, que en la elección realizada en el Municipio de Huazalingo, Estado de Hidalgo, servidores públicos utilizaron programas sociales para influir en la competencia entre los partidos políticos a favor de uno de los institutos políticos contendientes; ello rompió con la equidad en la contienda electoral, constituyendo una violación a los principios de imparcialidad y neutralidad electoral que rige la actuación de los servidores públicos, tutelado por el artículo 134, antepenúltimo párrafo de la Constitución General de la República.

Lo anterior, debido a que los días seis, siete y ocho de noviembre del año dos mil ocho, militantes del Partido de la Revolución Democrática y su propio candidato a la presidencia municipal de nombre FERMÍN GABINO BRANDI, se constituyeron en diversos domicilios particulares y también en lugares públicos para ofrecer, a cambio del voto a favor del citado candidato, certificados de subsidio federal para la obtención de una vivienda o material para construcción que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social “SEDESOL”,  y que derivado de ello, un gran número de personas accedió a votar por el referido candidato, con la esperanza de obtener el apoyo, supuestamente respaldado, en algunos casos, por vales que incluían el nombre de identificación del destinatario y número de folio correspondiente.

Para tal efecto, refiere que aportó como medios de prueba, los siguientes:

1. La documental pública consistente en copias certificadas de cuatro actas circunstanciadas de fecha nueve de noviembre de dos mil ocho, expedidas por el Agente del Ministerio Público Determinador de la Mesa II adscrito a la Subprocuraduría de Asuntos Electorales dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que contiene denuncia radicada bajo el número AC/SUBAE/RA/143/2008.

2. Las documentales consistentes en quince escrituras públicas tramitadas ante el Notario Público número Uno del Distrito Judicial de Huejutla, Estado de Hidalgo, Licenciado OCTAVIO HERNÁNDEZ VALENCIA, en los que diversas personas narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos irregulares.

3. La documental consistente en copias certificadas pasadas ante la fe de la Notario Público número Uno del Distrito Judicial de Huejutla, Hidalgo, en el que se da fe de un diverso documento que entre otras características contiene una leyenda que dice: “FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES.”

4. La documental privada consistente en una nota periodística de fecha tres de noviembre del año próximo pasado, publicada en el Semanario “Zucesos de las Huastecas”, intitulada: “Vecinos de Chiatipan aseguran que candidato del PRD ofreció vales de sedesol.”

Los motivos de disenso resultan fundados, conforme a lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases conforme a las cuales se renuevan los poderes públicos del Estado, entre las que se encuentran, las relativas a que debe haber elecciones libres, auténticas, y periódicas, en las que el pueblo designe a los funcionarios a través del voto universal, secreto y directo; que estos valores deben regir y ser garantía de las elecciones, según puede advertirse de lo previsto en los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Carta Magna, pues sólo de esta forma puede considerarse legítima la renovación de los poderes, por provenir de un proceso democrático; tales principios se encuentran regulados, de igual forma, en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; así como 4, 67, 68 y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral de la citada entidad federativa.

De ahí que en todo proceso electoral, es un imperativo el observar y garantizar los principios constitucionales referidos, para que pueda estimarse que los principios rectores del mismo, como son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de las elecciones se respetaron y que el sufragio se ejerció de manera plena, esto es, con absoluto respeto a sus características constitucionales: universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; lo anterior, a propósito de garantizar la legitimidad y la calidad de las elecciones, por lo que se encomienda a un órgano autónomo e independiente de los poderes estatales, la organización, desarrollo y vigilancia del proceso respectivo.

En este sentido, el artículo 3 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, señala que los órganos electorales para el desempeño de sus funciones, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales velarán porque se respete la voluntad popular y que los procesos electorales se lleven a cabo conforme a los principios precisados, entre ellos, el de imparcialidad, y el de objetividad; y que tanto, los ciudadanos como los partidos políticos, son corresponsables de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos de elección, así como las autoridades se encuentran obligadas por prescripción constitucional y legal, a garantizar los principios rectores de los procesos electorales, tal y como lo prevé el artículo 66 de la normativa en cita.

La observancia de los principios rectores del proceso electoral a cargo de las instituciones electorales, autoridades, ciudadanos y partidos políticos, garantiza la transparencia y credibilidad en la renovación de los poderes públicos.

Por tanto, en el caso de las autoridades y partidos políticos en una contienda electoral, su actividad debe regirse dentro de los cauces legales que permitan transparentar la aplicación de los recursos financieros que para tal efecto les son asignados a estos últimos por el órgano electoral administrativo; y en el caso de las autoridades, éstas deberán abstenerse de proporcionar o destinar recursos públicos o programas sociales en favor de determinada opción política o candidato; por lo que toca a los partidos políticos evitar en todo momento el uso de recursos que no provengan de los estrictamente regulados por la norma electoral.

Lo anterior, tiene como finalidad garantizar la equidad entre los partidos o coaliciones contendientes, y por otro lado, mantener la neutralidad de las autoridades de gobierno.

En efecto, la aplicación de fondos públicos o de programas sociales con fines electorales para beneficiar a determinada opción política o candidato, trastoca los principios de equidad e imparcialidad, en tanto que rompe con el equilibrio que dentro del marco legal, deben observar los partidos políticos contendientes, afectando así las bases sobre las que se sustentan la renovación de los poderes públicos del Estado, entre otras, las relativas a que debe haber elecciones libres, auténticas y periódicas en las que el pueblo designa a los funcionarios a través del voto universal, libre, secreto y directo.

En otro orden de ideas, los programas sociales tienen por finalidad cumplir con objetivos de desarrollo y mejora social, los cuales son consecuencia del Sistema Nacional de Planeación, que encuentra fundamento principalmente en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correlativos 82 al 87 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y es la base sobre la que se sustenta la rectoría del desarrollo de la entidad. En consecuencia de ello, los gobernantes no pueden hacer uso de los mismos para fines políticos o electorales; es decir, utilizarlos para campañas, propaganda o cualquier acto de proselitismo, para favorecer a un candidato o partido político en aras de respetar el marco constitucional y legal mexicano.

Ahora bien, cabe atender al significado del verbo utilizar, el que de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española (Madrid, Espasa-Calpe, 22a ed., 2001); significa: 'aprovecharse de una cosa'. Por lo cual se infiere, que el utilizar programas de carácter público, es aprovecharse de ellos a favor de intereses partidistas.

Esta conducta que por sí misma, constituye actos contrarios a la ley, se ve agravada si es que dichos programas sociales son utilizados por los candidatos o partidos políticos con la finalidad de ejercer presión sobre el electorado, y con ello obtener una ventaja sobre los demás contendientes; rompiendo el principio de equidad.

Luego entonces, para que una elección sea considerada como válida, deben respetarse los principios de certeza, los valores de equidad y transparencia en las circunstancias actuales en que participan los partidos políticos, para ello se establecieron ciertas reglas tendientes a conservar dichos principios rectores del derecho electoral, uno de ellos que es el que nos atañe, por el que los partidos políticos y coaliciones no podrán utilizar los programas públicos de carácter social, para realizar actos de proselitismo político en su favor.

En esta tesitura, el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal establece:

“Artículo 134

(…)

"Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

El citado párrafo séptimo, establece una norma constitucional de principio, pues prescribe una orientación general para que todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los apliquen con imparcialidad, salvaguardando, en todo momento, la equidad en la contienda electoral.

A efecto de garantizar de manera efectiva e indubitable el cumplimiento irrestricto al principio en comento, el Poder Reformador de la Constitución plasmó en el trasunto párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, el bien jurídico tutelado por la propia norma constitucional, a saber, que no se altere “la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”

De lo anterior, se colige que el artículo 134 constitucional, no sólo salvaguarda el correcto destino de los recursos públicos, sino también la equidad en la contienda electoral.

En la especie se encuentra demostrada la violación al antepenúltimo párrafo del artículo 134 de la Constitución General de la República, pues de las constancias aportadas por la coalición inconforme se desprenden datos que sustentan que una servidora pública, la regidora Mili Martínez Galindo utilizó programas sociales o fondos públicos en beneficio del Partido de la Revolución Democrática en la pasada elección celebrada el nueve de noviembre del año dos mil ocho, en el Municipio de Huazalingo, Estado de Hidalgo, tal como se advierte de una nota periodística así como de dos testimoniales rendidas ante fedatario público, situación que fue corroborada mediante diligencia para mejor proveer consistente en la revisión, a través de la página de internet del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, de los nombres de los regidores de los municipios de Huazalingo y Huejutla de Reyes, este último en donde, según la nota periodística y uno de los testimonios, se desarrollaron las irregularidades. De esta manera, constituye un hecho notorio que Milli Martínez Galindo es regidora municipal.

En este orden de ideas, p ara que se dé la violación al citado precepto constitucional, es necesario, en primer lugar, que en los autos queden debidamente demostrados los nombres y los cargos de las personas a las que se les atribuye la calidad de servidores públicos, y en segundo lugar, que estas personas hayan utilizado programas sociales o fondos públicos en beneficio de algún candidato o instituto político.

En la especie, de los hechos narrados por la coalición “Más por Hidalgo”, se desprende que la entrega de certificados de subsidio federal para la obtención de una vivienda o material para construcción que otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social “SEDESOL”, respaldados por vales que incluían el nombre del destinatario y número de folio correspondiente, los atribuye a una regidora, a los militantes del Partido de la Revolución Democrática y a su candidato a la presidencia municipal de nombre FERMÍN GABINO BRANDI, quienes a decir de la actora, se constituyeron en diversos domicilios particulares y también en lugares públicos para ofrecer dichos beneficios a cambio del voto a favor del citado candidato.

Como se observa, la actora atribuye la realización de tales irregularidades, en un primer orden: a la regidora Mili Martínez Galindo, en un segundo lugar a los militantes del Partido de la Revolución Democrática, señalando con el carácter de regidora a Cayetana Martínez Hernández; y, finalmente, en tercer sitio: al candidato de ese instituto político de nombre FERMÍN GABINO BRANDI.

Cabe señalar que, por cuanto hace a los militantes del Partido de la Revolución Democrática, en autos no existe constancia alguna que permita identificarlos y sobre todo que tuvieran el carácter de servidores públicos, para ubicarlos en el supuesto contemplado en el artículo 134 constitucional, de ahí que se considere que no se actualiza la violación al precepto constitucional referido, tal y como se revela de la argumentación derivada de las pruebas que se aportaron.

En relación al candidato a la presidencia municipal de Huazalingo, Estado de Hidalgo, por parte del Partido de la Revolución Democrática de nombre FERMÍN GABINO BRANDI, por el sólo hecho de ser contendiente en el proceso electoral, es indudable que no reúne la calidad de servidor público; aunado a que en autos no existen constancias que demuestren lo contrario, como se expone a continuación.

Respecto a la presenta regidora Cayetana Martínez Hernández (instrumentos notariales 19,654, 19,670, 19,719 y 19,785), a pesar de que en el primero de los citados instrumentos notariales se refieren a dicha persona como regidora, en ninguna de las probanzas contenidas en el expediente se acredita que tenga tal carácter, por lo que este órgano jurisdiccional no puede considerarla como servidora pública del municipio de Huazalingo.

Caso contrario el mencionado de la servidora pública Mili Martínez Galindo que, según se ha dicho, se desempeña como regidora por el Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Huejutla de Reyes, en donde se desarrollaron algunas de las irregularidades.

En ese sentido, como a este tribunal corresponde calificar los hechos aducidos como causa de una irregularidad, en tanto que las partes sólo están obligadas a precisar los hechos y los juzgadores a decir el derecho, es conveniente establecer que la intervención de los servidores públicos y militantes como un hecho que afecta al proceso comicial subyacente, debe ser analizado a la luz del artículo 41, base V, así como al numeral 116, de la constitución, como cuestiones que pudieran afectar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, a partir de la ingerencia que pudiera tener el empleo de recursos públicos para fines partidistas, independientemente de que el sujeto activo sea un servidor público o un militante partidista.

Considerar lo contrario, es decir, que la violación a los principios de equidad e imparcialidad, previstos en los artículos 41, y 116 constitucionales, en relación con el diverso 134, sólo pueda ser tutelada cuando el sujeto activo sea un servidor público y no en los supuestos en que un militante partidista utilice los recursos públicos para promocionar o combatir a un partido político o candidato es contrario a la interpretación teleológica del último precepto citado dado que, en la exposición de motivos de la reforma constitucional de trece de noviembre de 2007, al abordar el poder revisor de la Constitución las razones para la modificación al estatuto jurídico de los servidores públicos, puntualizó lo siguiente:

“… Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carta Magna las normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de índole política.”

Es decir, el poder revisor de la Constitución planteó dos hipótesis, la primera impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidato, y, por otra parte, el uso del poder para promocionar a un determinado servidor público. En el caso en comento, nos encontramos en la primera hipótesis, esto es, en aquellos casos en donde lo fundamental es impedir el uso del poder público, en la especie, programas sociales, a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.

Para acreditar dichas conductas, la Coalición Más por Hidalgo presentó las siguientes probanzas, mismas que, atendiendo a la sana crítica, producen las conclusiones siguientes:

1. En cuanto a la documental pública consistente en un juego de copias certificadas, entre las que se contienen diversas actas circunstanciadas de fecha nueve de noviembre de dos mil ocho, relacionadas con la averiguación previa AC/SUBAE/RA/143/2008, expedidas por el Agente del Ministerio Público Determinador de la Mesa II adscrito a la Subprocuraduría de Asuntos Electorales dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, valorada en términos del artículo 16, párrafo 2 de la ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es útil para demostrar que el día nueve de noviembre del año dos mil ocho, comparecieron ante dicha autoridad, los señores ARCADIO MARTÍNEZ ANTONIO y JACINTO TORRES MAGDALENA a fin de denunciar conductas irregulares cometidas por el candidato del Partido de la Revolución Democrática de nombre FERMÍN GABINO BRANDI, y que tienen como finalidad que la citada autoridad los investigue, derivado de lo siguiente:

En el caso de ARCADIO MARTÍNEZ ANTONIO: refiere que el día ocho de noviembre del año dos mil ocho aproximadamente a las ocho de la noche, se presentó en su domicilio el referido candidato a fin de obtener su voto, entregándole para ello, un certificado de subsidio federal para la obtención de una vivienda que otorga el gobierno federal a través de SEDESOL, el cual está a nombre del denunciante con el número de folio 0000115139, exhibiendo el original de dicha documental, solicitando le fuera devuelto previo cotejo que se hiciera con copia simple de la misma.

En cuanto a JACINTO TORRES MAGDALENA: refiere que el día sábado ocho de noviembre del dos mil ocho, llegó a su domicilio el señor FERMÍN GABINO BRANDI y le dio un vale de vivienda de programas de la SEDESOL y FONHAPO con número 000015814, canjeable por veinticinco hojas de lámina, a cambio de que votara por él, exhibiendo dicha documental, de lo que dan fe los funcionarios del Ministerio Público.

Como se observa de las declaraciones referidas, las citadas personas atribuyen la realización de conductas irregulares al candidato a la presidencia municipal de Huazalingo, Estado de Hidalgo, por parte del Partido de la Revolución Democrática; exhibiendo ante el representante social las documentales de mérito, para cotejo y devolución, situación que es reconocida por el propio Ministerio Público. En ambas declaraciones, vertidas ante el Ministerio Público el día de la jornada electoral, se advierte una misma metodología de actuación: el candidato presuntamente se presenta en los domicilios de los declarantes solicitando el voto, ofreciendo a cambio apoyo para recibir un certificado de subsidio federal del programa de vivienda rural del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

2. En cuanto a las documentales consistentes en quince escrituras públicas tramitadas ante el Notario Público número Uno del Distrito Judicial de Huejutla, Estado de Hidalgo Licenciado OCTAVIO HERNÁNDEZ VALENCIA, en el que diversas personas narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos irregulares; las mismas son valoradas en términos del artículo 16, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en  virtud de que las declaraciones en ellas contenidas adquieren la calidad de testimonios, por haberse desahogado en conformidad con el artículo 14, párrafo 2 de la Ley adjetiva electoral.

Ahora bien, para visualizar y precisar sus alcances, se reproduce el siguiente cuadro esquemático, cuya descripción coincide en esencia con lo referido por la actora en su escrito de demanda primigenia:

Como puede observarse del cuadro de referencia, a excepción de los señores de nombres JUAN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JESÚS HERNÁNDEZ ÁNGELES  y ANSELMA SEBASTIAN HILARIA, las demás personas de alguna forma refieren el nombre de la persona que a su decir les ofreció la entrega de un beneficio, entre otros, para obtener una vivienda (programa SEDESOL), o material para la construcción, con el fin de que votaran a favor del candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Huazalingo, Estado de Hidalgo.

Cabe precisar que, como se ha dicho con anticipación, aun cuando es cierto que no se trata por lo general de servidores públicos, en virtud de que sólo se comprueba dicho carácter de la regidora del ayuntamiento Municipal de Huejutla Mily Martínez Galindo, también lo es que existen en los testimonios citados un procedimiento común: en todos ellos, los testigos señalan, ante el fedatario público, que determinadas personas solicitaron, en días previos a la jornada electoral, su voto a favor del candidato FERMIN GABINO BRANDI, a cambio de apoyos económicos o materiales.

Esta probanza tiene un valor de indicio que debe adminicularse con los demás elementos del expediente; sin embargo, aun cuando los testimonios se rindieron el doce de noviembre de dos mil ocho, esto es, con posterioridad a la jornada electoral del día nueve de noviembre, ello no es causa para restarles valor probatorio, pues la ley no establece un plazo determinado para que se rinda un testimonio sobre un hecho del que se tiene conocimiento, por lo que el hecho de que se hayan rendido con tres días de diferencia, no vulnera los principios de inmediatez y espontaneidad, máxime tratándose de un municipio de naturaleza rural de difícil acceso.

Cabe recordar que, por la naturaleza del contencioso electoral, que se desarrolla a través de plazos muy cortos, no se prevén, por regla general, términos probatorios para que sean los órganos jurisdiccionales quienes reciban una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy breves; de ahí que, la legislación electoral no reconozca a la testimonial como medio de convicción, en la forma que usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, en donde se da la intervención directa del juez en su desahogo y de las partes en litigio.

Sin embargo, al considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera directa, puede ser útil para producir convicción en los juzgadores, es por ello, que en la legislación adjetiva atinente, se ha establecido que dichos testimonios se hagan constar en acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba, imponiendo así una modalidad a este medio de prueba para hacerlo acorde con las necesidades y posibilidades del contencioso electoral.

Por su parte, en la valoración de tal probanza, no se prevé un sistema de prueba tasado, en el que una vez cumplidos ciertos requisitos, pueda alcanzar el rango de prueba plena, sino que, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada caso, y en relación con los demás elementos que obren en el expediente, cuya fuerza, dependerá de las circunstancias con que concurra en cada caso.

3. En relación a las documentales consistentes en seis copias certificadas de los documentos relativos a certificados de subsidio federal expedidos por el gobierno federal por conducto del “FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES” signados aparentemente por SALVADOR LÓPEZ ORDUÑA en su calidad de Director General y JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ CALVILLO, en su calidad de Delegado Federal de SEDESOL, pasados ante la fe de la Notario Público número Uno del Distrito Judicial de Huejutla, Hidalgo, valoradas en términos del artículo 16, párrafo 2 de la ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sirven para demostrar que ante la fedataria pública se presentaron unos documentos, la cual en ejercicio de sus facultades una vez que los cotejó con sus originales, certificó las copias. Esta documental, debe adminicularse con los demás elementos del expediente, particularmente con las documentales públicas levantadas ante la fe del Ministerio Público así como las testimoniales rendidas, para que adquieran un valor probatorio mayor.

En el caso, los certificados expedidos por el gobierno federal del “FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES” signados por SALVADOR LÓPEZ ORDUÑA en su calidad de Director General y JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ CALVILLO, pasados ante la fe de la Notario Público número Uno del Distrito Judicial de Huejutla se relacionan con las actas circunstanciadas levantadas ante la fe del Ministerio Público, en las cuales el Lic. Iván Ramírez Hernández, Agente del Ministerio Público y Vicente Ruiz Tapia, Secretario del Ministerio Público, afirman que los ciudadanos  ARCADIO MARTÍNEZ ANTONIO y JACINTO TORRES MAGDALENA, el día de la jornada electoral, exhibieron dichos certificados en original y copia simple, procediendo el representante social a su cotejo y devolución.  El hecho de que haya sido el día de la jornada electoral, ante la Procuraduría de Justicia del Estado en la Ciudad de Pachuca, en donde se hayan levantado las actas circunstanciadas, produce ante esta Sala Regional la convicción de la espontaneidad de su dicho.

4. En cuanto a la documental privada consistente en una nota periodística de fecha tres de noviembre del año próximo pasado, publicada en el Semanario “Zucesos de las Huastecas”, en la que se cita: “Vecinos de Chiatipan aseguran que candidato del PRD ofreció vales de SEDESOL.”

Respecto de esta documental valorada conforme con el artículo 16, párrafo 3 de la Ley adjetiva de la materia, únicamente aporta un indicio leve en tanto que sólo constituye manifestaciones expresadas en dicho semanario, por lo que, debe adminicularse con los demás elementos del expediente para acrecentar su valor probatorio.

En el caso concreto, la probanza de merito refiere, entre otras circunstancias que:

“De acuerdo con la versión del grupo de inconformes, Gabino Brandi ha entregado a los ciudadanos un vale para la adquisición de material para construcción, mismo que sólo se podrán hacer realidad si votan por el PRD, de lo contrario dicho documento correspondiente al Gobierno Federal por conducto del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares que integran al Programa Vivienda Rural que otorga la SEDESOL, no lo podrán recibir.

Indicaron que dicha indicación la ha vertido a la ciudadanía que recibe este vale la regidora del Ayuntamiento Municipal de Huejutla Mily Martínez Galindo”

Como puede apreciarse, el contenido de la nota de fecha tres de noviembre coincide en lo esencial con lo expuesto por María de Jesús Hernández Ángeles en el instrumento notarial 19,675, pasado ante la fe del notario público Octavio Hernández Valencia, misma que obra en autos. En efecto, en la nota de referencia y en el testimonio, se da cuenta de hechos sustancialmente coincidentes, toda vez que en ambos se menciona que, la regidora municipal Mili Martínez Galindo ofreció la entrega de vales para construcción a ciudadanos a cambio del voto del candidato a Presidente Municipal de su partido en Huazalingo.

La conducta irregular atribuida a la regidora municipal Mili Martínez Galindo, también se constata con lo manifestado por Diego Lucas Vargas en el instrumento notarial 19,674, ante el fedatario público ya referido, en tanto que el deponente señala que la mencionada regidora, el seis de noviembre de dos mil ocho, le dio un vale de SEDESOL, con la condición de qe votara por el PRD el nueve de noviembre siguiente y que si no lo hacía, no serviría de nada el vale.

De conformidad con lo anterior, valoradas en su conjunto todas y cada una de las pruebas aportadas por la coalición actora, para demostrar el uso de programas sociales en el desarrollo de los pasados comicios, las mismas generan las siguientes conclusiones:

a. A pesar de que la procedencia de los programas sociales de mérito, que tal y como se advierte del contenido de las copias certificadas aportadas por la actora, corresponden a programas otorgados por el gobierno federal, con lo cual, no se encuentra demostrada la vinculación o relación posible que pudiera haber existido entre quienes autorizaron el otorgamiento de los beneficios sociales y el candidato o militantes del Partido de la Revolución Democrática, en algunas testimoniales se aprecia que los lugares de reunión para la entrega de los certificados o para la coacción del voto, eran los domicilios de los promotores de los programas sociales, los domicilios de las personas que deponen o el Auditorio Municipal de Huejutla, por lo que, atendiendo a que es una práctica común que se utilicen determinados domicilios para desarrollar reuniones vinculadas con la distribución de ayudas gubernamentales, particularmente en zonas aisladas, se genera un indicio suficiente de la vinculación entre el uso de programas sociales de manera irregular a favor del candidato a presidente municipal de dicho instituto político en Huazalingo.

b. En los testimonios notariales rendidos ante la fe del notario público Lic. Octavio Hernández Valencia y en las actas circunstanciadas levantadas ante el Ministerio Público, se aprecia un método de operación que consiste, entre otros aspectos coincidentes, en que ciudadanos del municipio de Huazalingo dieron cuenta de diversos hechos percibidos de manera directa por sus sentidos, en donde precisan que recibieron, en días próximos a la jornada electoral o incluso el mismo día de la jornada, las promesas de entrega de materiales para construcción y apoyo en programas de vivienda, condicionado a la emisión de votos a favor del candidato del Partido de la Revolución Democrática a Presidente Municipal de Huazalingo, Estado de Hidalgo. La cantidad y coincidencia de elementos en cada una de las testimoniales, adminiculados con otros elementos de prueba del expediente, generan la convicción de que existió una conducta reiterada del uso de programas públicos, lo que vulnera, por si, la libertad del sufragio y la equidad en la contienda electoral.

c. Que la nota periodística ofrecida como prueba, coincide en lo esencial con lo expuesto por María de Jesús Hernández Ángeles en el instrumento notarial 19,675, pasado ante la fe del notario público Octavio Hernández Valencia, misma que obra en autos. En efecto, en la nota de referencia y en el testimonio, se da cuenta de hechos sustancialmente coincidentes, toda vez que en ambos se menciona que, en el Auditorio Municipal de Huejutla, la regidora municipal Mili Martínez Galindo ofreció la entrega de vales para construcción a ciudadanos a cambio del voto del candidato a Presidente Municipal de su partido en Huazalingo, aunado a que ese actuar irregular de la regidora se corrobora con el testimonio de Diego Lucas Vargas.

B. AGRAVIOS RELACIONADOS CON LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE LA LIBERTAD DEL SUFRAGIO.

Expone la demandante en su escrito de inconformidad, que en el artículo 116, fracción IV, incisos a)  y b) de la Constitución General de la República, se establece que las elecciones de ayuntamientos se realizarán mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, y que son principios rectores en la función electoral, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

En concordancia con lo anterior, aduce la actora que en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, se establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el de los ayuntamientos, se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y democráticas, y que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

Que conforme a criterios sustentados por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna; la fuerza organizada y el poder del capital no deben emplearse para influir en el elector porque destruyen la naturaleza del sufragio, y que si el voto no se emite libremente, la expresión de voluntad del votante no merece efectos jurídicos.

Que en el desarrollo del proceso electoral llevado a cabo en Huazalingo, Estado de Hidalgo, se ejecutaron actos de presión e intimidación sobre los electores, con base en lo siguiente:

I. COMPRA DE VOTOS ANTES Y DURANTE LA JORNADA ELECTORAL.

Que del primero al nueve de noviembre del año dos mil ocho, el candidato a la presidencia municipal por parte del Partido de la Revolución Democrática de nombre FERMIN GABINO BRANDI y personas afines a él, se presentaron en diversos domicilios y en distintos lugares públicos de dicho municipio, para comprometer a los electores a que votaran a su favor, prometiendo para ello la entrega de recursos económicos, despensas, instrumentos musicales, material de construcción como bultos de cemento, blocks, hojas de lámina de zinc; para tal efecto, ofrece como pruebas:

1. Documental pública, consistente en copia certificada de dos actas circunstanciadas de fecha nueve de noviembre de dos mil ocho, expedida por el Agente del Ministerio Público determinador de la Mesa II adscrito a la Subprocuraduría de Asuntos Electorales dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que contiene denuncia radicada bajo el número AC/SUBAE/RA/143/2008.

2. Las documentales consistentes en setenta y seis instrumentos públicos tramitados ante el Notario Público número uno del Distrito Judicial de Huejutla, Estado de Hidalgo Licenciado OCTAVIO HERNÁNDEZ VALENCIA, en el que diversas personas narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos irregulares.

3. La prueba técnica, consistente en dos placas fotográficas, en las que a decir de la actora, se aprecia un vehículo de redilas en cuya caja se observan paquetes de láminas al parecer de zinc, el cual coincide con las características narradas por las personas que acudieron ante el Notario Público anteriormente señalado.

4. En cuanto a la documental privada consistente en una nota periodística de fecha tres de noviembre del año próximo pasado, publicada en el Semanario “Zucesos de las Huastecas”, en la que se cita: “Vecinos de Chiatipan aseguran que candidato del PRD ofreció vales de SEDESOL.”

Respecto de esta documental valorada conforme con el artículo 16, párrafo 3 de la Ley adjetiva de la materia, únicamente aporta un indicio leve en tanto que sólo constituye manifestaciones expresadas en dicho semanario, por lo que, debe adminicularse con los demás elementos del expediente para acrecentar su valor probatorio.

En el caso concreto, la probanza de merito refiere, entre otras circunstancias que:

“De acuerdo con la versión del grupo de inconformes, Gabino Brandi ha entregado a los ciudadanos un vale para la adquisición de material para construcción, mismo que sólo se podrán hacer realizad si votan por el PRD, de lo contrario dicho documento correspondiente al Gobierno Federal por conducto del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares que integran al Programa Vivienda Rural que otorga la SEDESOL, no lo podrán percibir.

Indicaron que dicha indicación la ha vertido a la ciudadanía que recibe este vale la regidora del Ayuntamiento Municipal de Huejutla Mily Martínez Galindo”

Como puede apreciarse, el contenido de la nota de fecha tres de noviembre coincide en lo esencial con lo expuesto por María de Jesús Hernández Ángeles en el instrumento notarial 19,675, pasado ante la fe del notario público Octavio Hernández Valencia, misma que obra en autos. En efecto, en la nota de referencia y en el testimonio, se da cuenta de hechos sustancialmente coincidentes, toda vez que en ambos se menciona que, en el Auditorio Municipal de Huejutla, la regidora municipal Mili Martínez Galindo ofreció la entrega de vales para construcción a ciudadanos a cambio del voto del candidato a Presidente Municipal de su partido en Huazalingo.

Cabe precisar que constituye un hecho notorio que Milli Martínez Galindo es regidora en el municipio de Huazalingo, Estado de Hidalgo.

II. ACTOS DE INTIMIDACIÓN. 

Que en días previos a la jornada electoral e incluso ese mismo día, distintas personas fueron visitadas en su domicilio por simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática desplegando conductas intimidatorias, consistentes en que si no votaban por su candidato, se atuvieran a las consecuencias; en otros casos, se postraron en las inmediaciones de los domicilios de los electores portando machetes y palos con el ánimo de intimidarlos. Al respecto, ofrece como pruebas:

1. Las documentales consistentes en diez instrumentos públicos tramitados ante el Notario Público número uno del Distrito Judicial de Huejutla, Estado de Hidalgo Licenciado OCTAVIO HERNÁNDEZ VALENCIA.

Derivado de todo lo anterior, el actor elabora una relación de noventa y siete ciudadanos que a su decir, fueron afectados por los actos desplegados por simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática.

Los argumentos en comento resultan fundados con base en lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases conforme a las cuales se renuevan los poderes públicos del Estado, entre las que se encuentran, las relativas a que debe haber elecciones libres, auténticas, y periódicas, en las que el pueblo designe a los funcionarios a través del voto universal, secreto y directo; que éstos valores deben regir y ser garantía de las elecciones, según puede advertirse de lo previsto en los artículos 39, 40, 41 y 116 del citado ordenamiento, pues sólo de esta forma puede considerarse legítima la renovación de los poderes, por provenir de un proceso democrático; tales principios se encuentran regulados, de igual forma, en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; así como 4, 67, 68 y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral de la citada entidad federativa.

De ahí que en todo proceso electoral es un imperativo el observar y garantizar los principios constitucionales referidos para que pueda estimarse que los principios rectores del mismo, como son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de las elecciones se satisficieron y que el sufragio efectivamente se ejerció de manera plena, esto es, con absoluto respeto a sus características constitucionales: universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, lo anterior, a propósito de garantizar la legitimidad y la calidad de las elecciones, se encomienda a un órgano autónomo e independiente de los poderes estatales, la organización, desarrollo y vigilancia del proceso respectivo.

La observancia de los principios rectores del proceso electoral a cargo de las instituciones electorales, autoridades, ciudadanos y partidos políticos garantiza la transparencia y credibilidad en la renovación de los poderes públicos.

De lo anterior, se colige que en todo proceso electoral se debe garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de su derecho de voto, sin que exista condicionante o presión alguna que norme su decisión para elegir al candidato de su preferencia. Esto es, que el derecho de voto está identificado con el principio de libertad de elección, que implica la prohibición de cualquier tipo de coacción en el proceso de formación de la voluntad y emisión del sufragio ciudadano.

En este sentido, el artículo 69 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, en su fracciones lll y lV, señala que son fines del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, los relativos a asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; así como el de velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. Lo que se traduce en que las elecciones deben ser ciertas y positivas.

Por lo que respecta a las características del sufragio, podemos decir que, las constituciones y leyes de los Estados garantizarán que en el quehacer electoral el voto sea universal, es decir, todo varón o mujer, que teniendo la calidad de mexicanos y tengan dieciocho años cumplidos, así como un modo honesto de vivir, puedan votar en las elecciones para renovar a los gobernadores, diputados locales y miembros de los ayuntamientos que se eligen popularmente.

De igual forma, el voto es libre, lo cual significa que todo ciudadano con derecho al mismo, debe hacerlo sin presión alguna, coacción o intimidación de cualquier tipo, teniendo la potestad de decidir cual de las propuestas elije, en virtud de compartir ya sea su pensamiento o ideología, o simplemente llena su expectativa como mejor propuesta, ya que, sufraga a su libre albedrío por un candidato o una lista que se ha puesto a consideración en un evento democrático, o por el contrario, sufraga a favor o en contra de una opción participativa que se coloque a su decisión.

Asimismo, el voto es secreto, ya que todo proceso electoral debe propender para asegurar que el sufragio y las votaciones se constituyan y por ende se traduzcan en la libre, espontánea y auténtica voluntad de los ciudadanos, razón por la cual el voto debe ser secreto y en consecuencia, las autoridades deberán garantizar que cuando un ciudadano sufrague lo haga libremente sin revelar sus preferencias.

Por último, es directo, toda vez que es el mismo ciudadano, el que por sí mismo ejerce este derecho, es quien acude a la casilla a depositar la boleta en la urna instalada para tal fin.

En el caso que nos ocupa, la parte actora aduce que el Partido de la Revolución Democrática, llevó a cabo actos violatorios de la garantía de la libertad del sufragio.

En efecto, la libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades públicas constitucionales, se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. En particular, la fuerza organizada, el poder del capital, el poder público, la fuerza pública o los poderes coercitivos de los aparatos estatales, no deben emplearse para influir al elector, porque destruyen la naturaleza del poder del sufragio.

Si el acto jurídico, consistente en el ejercicio del derecho al voto, no se emite libremente, porque, por ejemplo, el sufragante fue objeto de presión, amenaza, coerción o intimidación, la expresión de la voluntad del votante no merece efectos jurídicos.

Así, la libertad de los votantes constituye un elemento esencial del acto del sufragio y, por tanto, de una elección propiamente democrática.

Precisado lo anterior, esta Sala Regional considera fundados los argumentos expuestos, en virtud de que los medios de prueba aportados resultan suficientes, en atención al tipo de conductas que se suscitaron y por tanto son idóneos para demostrar los extremos de las pretensiones solicitadas por la parte actora, como a continuación se expone.

I. COMPRA DE VOTOS ANTES Y DURANTE LA JORNADA ELECTORAL.

1. En cuanto a la documental pública consistente en un juego de copias certificadas, entre las que se contienen dos actas circunstanciadas de fecha nueve de noviembre de dos mil ocho, relacionadas con la averiguación previa AC/SUBAE/RA/143/2008, expedidas por el Agente del Ministerio Público Determinador de la Mesa II adscrito a la Subprocuraduría de Asuntos Electorales dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, se desprende que existieron irregularidades que afectaron la libertad del sufragio y constituyen conductas que perjudican el sistema democrático y la libre competencia entre los contendientes, por lo que en términos del artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este órgano jurisdiccional le otorga un valor probatorio indiciario, el cual se valorará conjuntamente con otros elementos de prueba que obran en el expediente.

Ahora bien, la diversa acta circunstanciada en la que consta la declaración de DIEGO LUCAS VARGAS valorada en términos del artículo 16, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al igual que las diversas actas circunstanciadas referidas en el apartado relativo al uso de programas sociales, es útil para demostrar lo que en ella se contiene; esto es, que el día nueve de noviembre del año dos mil ocho, compareció ante la autoridad ministerial investigadora, el señor DIEGO LUCAS VARGAS a fin de denunciar conductas irregulares cometidas por el candidato del Partido de la Revolución Democrática de nombre FERMÍN GABINO BRANDI, y que tiene como finalidad que la citada autoridad los investigue, derivado de lo siguiente:

Que el día ocho de noviembre del año dos mil ocho, se presentó el candidato del Partido de la Revolución Democrática de nombre FERMÍN GABINO BRANDI, en el domicilio del profesor SANTIAGO MARTÍNEZ al que le dejó la cantidad de diez mil pesos, y al declarante sólo le dejó una hoja que exhibe ante la autoridad ministerial, y que el dinero fue para que votaran a favor del  citado instituto político; que además había otras personas a las que les dejó la cantidad de trescientos pesos, y éstas le prometieron votar por él, y que no quiso decir sus nombres porque teme que le hagan algo.

Al respecto, cabe precisar que los testimonios rendidos en diversas averiguaciones previas, guardan ciertas características que fortalecen su valor probatorio, por ejemplo: fueron rendidos ante una autoridad facultada para investigar ilícitos en ejercicio de sus funciones, dentro de una averiguación previa penal.

Los comparecientes, por regla general en estos casos, fueron apercibidos de los delitos en que podían incurrir en caso de rendir testimonios falsos y rindieron protesta de decir verdad.

Los hechos sobre los cuales versó su testimonio, por lo general, son propios, y coinciden con el dicho de otros, además, en su mayoría, se encuentran respaldados con otros elementos de convicción, tales como las notas periodísticas y los instrumentos notariales.

Estas circunstancias que concurren en las declaraciones que se analizan, permiten tomar en cuenta y obtener indicios de que lo declarado es verídico, pues la experiencia enseña que, ordinariamente, cuando los ciudadanos acuden a declarar ante el ministerio público se ven comprometidos a conducirse con verdad, ya que éste órgano estatal es el encargado de investigar los delitos y les apercibe en el sentido de que si falsean su declaración pueden incurrir en un ilícito, por lo que el grado de certeza de lo declarado es altamente considerable.

Por tanto, deben considerarse las anteriores circunstancias y el hecho de que no existen contradicciones sustanciales en lo declarado, sino que, por el contrario refieren las mismas circunstancias, los cuales son relatados por las personas que los presenciaron directamente.

Esos elementos de prueba, conforme con lo dispuesto en los artículos 14, párrafos 4, inciso c) y 5, 16, párrafos 1, 2 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen crédito probatorio, por haber sido expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, y son suficientes para acreditar los siguientes hechos:

a. Una serie de personas acudieron al Ministerio Público a denunciar, el día de la jornada electoral, diversos hechos que consideraron constitutivos de delito, particularmente la compra del voto.

b. En todos los casos, las denuncias se referían a actividades de promoción del candidato a Presidente Municipal por el Partido de la Revolución Democrática en el Municipio de Huazalingo.

2. En cuanto a las documentales consistentes en setenta y seis testimonios rendidos ante el Notario Público número uno del Distrito Judicial de Huejutla, Estado de Hidalgo Licenciado OCTAVIO HERNÁNDEZ VALENCIA, en el que diversas personas narran las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos irregulares; las mismas son valoradas en términos del artículo 16, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en  virtud de que las declaraciones en ellas contenidas adquieren la calidad de testimonios, por haberse desahogado en conformidad con el artículo 14, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral.

Ahora bien, para visualizar y precisar sus alcances, se reproduce el siguiente cuadro esquemático:

Como puede observarse del cuadro de referencia, se advierten una serie de irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral, consistentes en actividades encaminadas a viciar la voluntad de los electores, como el otorgamiento de dinero y ofrecimiento de apoyos para la construcción, así como de la promesa de más apoyos en dinero o en especie a cambio del voto de las personas a favor del candidato del Partido de la Revolución Democrática, la anterior circunstancia quedó asentada a través de uno de los medios que ofrece el contencioso electoral para dejar constancia de actividades ilícitas de los candidatos y los partidos políticos, como es el caso de los testimonios notariales, los cuales reúnen los  requisitos esenciales de este tipo de probanzas.

Sin embargo, no pasa inadvertido para esta Sala Regional que de las setenta y seis personas que rinden declaración, dos de ellos, declaran el diez de noviembre del año dos mil ocho, y las siguientes setenta y cuatro personas declararon el doce de noviembre de ese año, empero es necesario considerar las características del municipio y la proximidad en la ubicación de las oficinas del notario público ante quien se emitieron los testimonios.

Al respecto, los testimonios bajo análisis tienen un valor indiciario leve, porque si bien no se les puede otorgar un valor probatorio pleno en atención al tipo de acto que constatan y al tipo de materia en el que se actúa, sí tienen un alcance probatorio importante, pues debe considerarse que la información que dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera directa, puede contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos, siempre y cuando consten en acta levantada por fedatario público y se aporten como prueba.

En la especie, existe el testimonio de una serie de ciudadanos que presenciaron de manera directa actos que se presumen ilícitos de acuerdo a la legislación electoral, por lo que esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está obligada a valorarlos según las reglas de la lógica y la sana crítica que imperan en el orden jurídico mexicano.

Del estudio que realiza esta Sala Regional sobre los citados documentos, se percata que existen algunas contradicciones en el dicho de algunos de los deponentes, al ubicar en las mismas circunstancias de tiempo a las mismas personas, como por ejemplo, dos personas, relatan que el señor Melquíades Martínez Zúñiga, el mismo día y a la misma hora los visitó en su domicilio, sin embargo, a juicio de este Órgano Jurisdiccional lo anterior deberá valorarse, como ya se apuntó conforme a las reglas de la lógica y con el margen de error que en estos casos debe ponderarse, particularmente en un municipio con las características de Huazalingo.

De los testimonios antes transcritos, se advierte que se hace referencia a diversas personas a las que se identifica como militantes o simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática y se les imputan hechos tendientes a la compra del voto a través de dinero (las cantidades varían) o de la entrega de materiales.

Las personas involucradas en estos hechos irregulares, a las que se hace referencia en diversas ocasiones, son:

1. Cayetana Martínez Hernández o Hernández Hernández (4 referencias).

2. Miguel Ángel Francisco Crescencio Bautista (3 referencias).

3. Miguel Ángel Ortega Tapia o Tapia Ortega (9 referencias).

4. Juan Martínez Hernández (3 referencias).

5. Santiago Martínez Zuñiga (8 referencias).

6. Nicolás Hernández Hernández (2 referencias).

7. Francisco Hernández Hernández (2 referencias).

8. Miguel Ortiz “N” o Magdalena (5 referencias).

9. Melquiades Martínez Zuñiga (9 referencias).

10. Otilia Crescencio Marcelina (6 referencias).

11. Roberto Gregorio Martínez (4 referencias).

12. Agustina Cruz Hernández (6 referencias).

13. Elena Roberto Reyes (2 referencias).

Asimismo, en las testimoniales se hace mención de que Gregorio Quirino, Fermín Gabino Brandi, Magdalena Juárez Francisca, Francisco Hernández Gabino o Galindo, Francisca Paulina Espinoza, Leonila Mateo Bautista, Pedro Atanasio Bautista, Cecilia Bautista Antonia, Fausta Francisco Hernández y Miguel Zenil Cruz, intervinieron en los hechos irregulares consistentes en la compra de voto, con la peculiaridad de que sólo son referidos una vez, cada uno de ellos.

Se resalta que de las personas involucradas en los hechos irregulares antes referidos, se encuentran integrantes de la Planilla a miembros del Ayuntamiento de Huazalingo, registrada por el Partido de la Revolución Democrática, como son:

- Fermín Gabino Brandi, candidato propietario a presidente municipal

- Miguel Zenil Cruz, candidato suplente a presidente municipal.

- Cayetana Martínez Hernández, candidata propietaria a primer regidor.

- Pedro Atanasio Bautista, candidato propietario a cuarto regidor.

Además, se advierte que existe coincidencia entre algunas personas que, según las testimoniales, participaron en la indebida utilización de recursos públicos para lograr votos a favor del candidato a Presidente Municipal postulado por el Partido de la Revolución Democrática y las personas que realizaron actos con la finalidad de comprar el voto a favor del mencionado partido político, las cuales a continuación se enlistan:

- Miguel Ángel Ortega Tapia o Tapia Ortega.

- Santiago Martínez Zuñiga.

- Francisco Hernández Hernández.

- Melquiades Martínez Zuñiga.

- Roberto Gregorio Martínez.

- Agustina Cruz Hernández.

Con base en lo anterior, se puede apreciar una serie de actos planeados y dirigidos a forzar el voto del electorado a favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática

3. En relación con la prueba técnica, consistente en dos placas fotográficas, en las que a decir de la actora, se aprecia un vehículo de redilas en cuya caja se observan paquetes de láminas al parecer de zinc, el cual coincide con las características narradas por Crecencio Bautista Gabino y Alejandro Flores Magallón que acudieron ante el Notario Público anteriormente señalado, valoradas en términos del artículo 16, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se les confiere el valor de un leve indicio.

En suma, las probanzas citadas y analizadas en este apartado en su conjunto, a juicio de esta Sala Regional sí son suficientes para demostrar que días antes y durante la jornada electoral, simpatizantes, militantes y candidatos del Partido de la Revolución Democrática al ayuntamiento de Huazalingo, realizaron actos irregulares tendientes a obtener el voto a favor del mencionado partido político, por lo que ha quedado de manifiesto en la presente causa, que se configuran diversos  indicios de un ejercicio indebido de libertades para allegarse ilícitamente del voto ciudadano, consistentes precisamente en la entrega de dinero, recursos materiales y bienes en especie para la obtención del voto.

En efecto, esta Sala Regional sí tiene por acreditadas las irregularidades que se suscitaron en el municipio de Huazalingo, Estado de Hidalgo, lo anterior de acuerdo al caudal probatorio que exhibe la parte actora en su escrito de demanda y las constancias de autos que al respecto valoró el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.

De lo expuesto, al resultar suficiente el acervo probatorio ofrecidas por la actora, es fundado el agravio en comento.

4. En cuanto a la documental privada consistente en una nota periodística de fecha tres de noviembre del año próximo pasado, publicada en el Semanario “Zucesos de las Huastecas”, en la que se cita: “Vecinos de Chiatipan aseguran que candidato del PRD ofreció vales de SEDESOL.”

Respecto de esta documental valorada conforme con el artículo 16, párrafo 3 de la Ley adjetiva de la materia, aporta un indicio leve en tanto que sólo constituye manifestaciones expresadas en dicho semanario, por lo que, debe adminicularse con los demás elementos del expediente para acrecentar su valor probatorio.

En el caso concreto, la probanza de merito refiere, entre otras circunstancias que:

“De acuerdo con la versión del grupo de inconformes, Gabino Brandi ha entregado a los ciudadanos un vale para la adquisición de material para construcción, mismo que sólo se podrán hacer realizad si votan por el PRD, de lo contrario dicho documento correspondiente al Gobierno Federal por conducto del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares que integran al Programa Vivienda Rural que otorga la SEDESOL, no lo podrán percibir.

Indicaron que dicha indicación la ha vertido a la ciudadanía que recibe este vale la regidora del Ayuntamiento Municipal de Huejutla Mily Martínez Galindo”

Como puede apreciarse, el contenido de la nota de fecha tres de noviembre coincide en lo esencial con lo expuesto por María de Jesús Hernández Ángeles en el instrumento notarial 19,675, pasado ante la fe del notario público Octavio Hernández Valencia, misma que obra en autos. En efecto, en la nota de referencia y en el testimonio, se da cuenta de hechos sustancialmente coincidentes, toda vez que en ambos se menciona que, en el Auditorio Municipal de Huejutla, la regidora municipal Mili Martínez Galindo ofreció la entrega de vales para construcción a ciudadanos a cambio del voto del candidato a Presidente Municipal de su partido en Huazalingo.

De lo expuesto, al resultar suficiente el acervo probatorio ofrecidas por la actora, es fundado el agravio en comento.

II. INTIMIDACIÓN.

Con relación a las pruebas relativas a demostrar los actos intimidatorios que la actora atribuye a militantes del Partido de la Revolución Democrática, las mismas que trata de acreditar con documentales consistentes en diez escrituras públicas tramitadas ante el Notario Público número Uno del Distrito Judicial de Huejutla, Estado de Hidalgo Licenciado OCTAVIO HERNÁNDEZ VALENCIA, las cuales contienen las declaraciones de diversas personas, mismas que adquieren el carácter de testigos, y por tanto, son valoradas en términos del artículo 16, párrafo 3 de la ley adjetiva de la materia, resultan indiciarias para demostrar los hechos invocados, siguiendo la misma suerte que las anteriores testimoniales valoradas en apartados anteriores; esto es, independientemente que se vertieron con una temporalidad diferida y que no acreditan per sé una violación al principio de equidad, sí se acredita con las mismas que antes y durante la jornada electoral existió una estrategia encaminada a desvirtuar los principios de certeza, legalidad, objetividad e independencia que deben imperar en todo proceso electoral, y que si bien es cierto, no hacen prueba plena, sí deben considerarse en esta instancia para salvaguardar los principios y valores del Estado Constitucional y democrático de derecho.

A fin de clarificar la fecha en que declaran con la fecha en la que tuvieron conocimiento de los hechos, se vierte el siguiente cuadro esquemático

Por lo expuesto, se advierte que dichos actos constituyen un indicio de la realización de conductas graves que afectan el voto público, por lo que esta Sala Regional debe pronunciarse sobre dichas irregularidades, por ello, en el particular otorga una valoración indiciaria a estas probanzas.

De las probanzas se advierte la existencia de actos de presión a los electores, actividad que comenzaron a desplegar el día de la jornada desde temprana hora o, incluso, desde el día anterior. Esas testimoniales constituyen indicios leves de que el día de la jornada electoral, el grupo de personas identificadas realizó las conductas mencionadas, de lo que se infiere que en el municipio se generó un clima de tensión durante algún tiempo.

Por tanto, deben considerarse las anteriores circunstancias y el hecho de que no existen contradicciones sustanciales en lo declarado, sino que, por el contrario refieren las mismas circunstancias, los cuales son relatados por las personas que los presenciaron directamente.

Esos elementos de prueba, por sí solos, merecen únicamente el valor de indicios leves sobre el hecho con el que se relacionan, pero una vez que se vinculan entre sí, se advierte, esencialmente, el mismo modo de realización, y por tanto, se estiman suficientes para tener por acreditado, también, que  días previos a la jornada electoral, un grupo organizado desplegó actos intimidatorios de molestia que afectaron la libertad del sufragio.

C. AGRAVIOS RELACIONADOS CON CUESTIONES QUE FUERON SOLICITADAS EN LA PARTE FINAL DE LA DEMANDA DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD.

La actora en la parte final de su escrito primigenio de demanda, elabora una serie de conclusiones, que en resumen se hacen consistir en:

a) Que las probanzas que se aportaron relacionadas entre sí, y valoradas conforme a las reglas de la lógica, de la experiencia y la sana crítica, resultan eficaces para demostrar las irregularidades invocadas.

b) Que solicita del órgano jurisdiccional realice las diligencias para mejor proveer, a fin de que se comisione a personal de la Institución, para que se impongan directamente de los electores de las irregularidades invocadas.

c) Que una vez demostradas las irregularidades que constituyen violaciones directas a la Constitución, corresponde al órgano jurisdiccional cesar los efectos que estuvieron generando los actos ilícitos mediante la declaración de nulidad correspondiente.

d) Que de manera específica fueron violados los principios de separación Iglesia-Estado; el de imparcialidad de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y se afectó la libertad del sufragio; todos, contemplados en los artículos 116, 130 y 134 de la Carta Magna.

En mérito de lo anterior, esta Sala Regional considera que respecto al inciso b) tal consideración es inoperante pues a ningún fin práctico conduciría el hecho de que se efectuaran medidas para mejor proveer en un asunto toda vez que con el material probatorio que obra en autos se puede hacer un estudio de fondo al respecto.

En cuanto a las consideraciones señaladas en los incisos a) y c), esta Sala Regional las estima fundadas, pues existen datos y elementos que conforman indicios de conductas graves que violentaron el proceso electoral en el municipio de Huazalingo, por lo que deben hacerse respetar los principios que rigen en todo proceso electoral. Si bien la parte actora no ofreció pruebas contundentes de sus afirmaciones y en cambio, sí ofreció pruebas suficientes para configurar indicios sobre lo acontecido, esta Sala Regional al valorar dicho caudal probatorio conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica encuentra fundado el agravio.

Los hechos expuestos resultan suficientes para acreditar la causa de nulidad de elección, porque la valoración concatenada de los medios de convicción que existen en el expediente pone de manifiesto que en la elección de presidente municipal de Huazalingo, Estado de Hidalgo, se afectaron los principios rectores de dicho proceso electivo que justifican su invalidez.

En efecto las irregularidades que quedaron suficientemente demostradas son de tal naturaleza graves que pueden, por sí mismas, dar lugar a estimar que el resultado de la elección pudo ser distinto de no haberse presentado, pero esa gravedad se ve incrementada al apreciarlas de manera conjunta y sobre la base de que, según el resultado de la votación emitida en dicha elección, la diferencia de votos que existe entre los candidatos que obtuvieron el primer lugar y los que quedaron en segundo sitio, es de ciento setenta y ocho votos, y ese margen mínimo de votación puede deberse a los efectos producidos por los actos irregulares suscitados en el proceso electoral.

En efecto, la interrelación de los hechos probados, así como de los indicios obtenidos con anterioridad permiten afirmar que durante el proceso electoral se desarrollaron actividades tendentes a comprometer el uso de programas sociales, particularmente prometiendo materiales para construcción, a cambio del voto de un partido político, así como la compra de votos y la presencia de acciones intimidatorias a los electores, que enturbiaron el proceso electoral.

Si bien cada uno de estos elementos, valorados en su individualidad, definitivamente no podría generar una irregularidad grave,  de una valorada conjunta entre ellos, pueden adquirir, como ocurre en el caso, dimensiones diferentes.

El conjunto de irregularidades precisadas, por la gravedad intrínseca que muestran, bastan por sí mismas para generar la nulidad de la elección, según se explicó en párrafos precedentes, pero ese efecto encuentra mayor justificación. Si se considera que tuvieron participación en tales hechos servidores públicos municipales como el caso de la regidora Mili Martínez Galindo, la cantidad de denuncias presentadas ante el Ministerio Público y testimonios rendidos ante el notario público, las características socio-económicas de la población y, esa circunstancia se relaciona con la relativa a que el resultado de la votación emitida muestra que la diferencia entre los partidos que obtuvieron el primero y el segundo lugar en la elección que se analiza es mínima (ciento setenta y ocho votos), podemos concluir que el margen pudo deberse a los actos contrarios a la ley que transgreden los principios de constitucionalidad, legalidad, equidad y libertad de voto, así como el incumplimiento a la obligación de respeto que se deben entre sí los partidos políticos.

Ante esa afectación a los principios rectores del proceso electoral y ante el mínimo margen de diferencia que existe entre la votación obtenida por los candidatos que ocuparon el primero y el segundo lugar, evidentemente se afecta a su vez el principio de certeza, al no poder afirmarse que la elección se llevó a cabo de manera libre, auténtica y democrática, mediante sufragio libre, secreto y directo, lo que da lugar a decretar la nulidad de la elección

Conforme a lo expuesto, resulta fundada la pretensión de la coalición actora.

OCTAVO.- Agravios del expediente ST-JRC-34/2008 promovido por el Partido de la Revolución Democrática

Por cuestión de método, se estima oportuno el estudio del segundo agravio formulado por el accionante, ya que de ser fundado, se tornaría innecesario el análisis del resto de los motivos de disenso.

El agravio se hace consistir en que la autoridad jurisdiccional responsable, efectuó una incorrecta valoración de los medios de prueba, lo que trajo como consecuencia que se anulara indebidamente la elección de mérito. El actor refiere que la autoridad jurisdiccional local, soporta su fallo anulatorio en dos medios de prueba a saber:

1).- Un par de copias fotostáticas simples (propaganda); y

2).- La declaración de la ciudadana DOMITILA MARTÍNEZ GÓMEZ rendida ante Notario Público.

Que respecto de las primeras, la responsable en lugar de tomarlas como documentales privadas, en la página 12 de la resolución combatida, las valora como pruebas "técnicas", y las catalogó como indicios; respecto a la segunda prueba, no hace referencia al valor que le concede, simplemente se limita a enunciar que ésta robustece el indicio de la anterior y la toma como determinante para anular la elección.

Señala que contrario a lo que establece la responsable, las documentales privadas consistentes en dos copias fotostáticas simples que contienen imágenes de carácter, únicamente tienen el carácter de indicios, sin que sus alcances puedan acreditar toda la serie de sucesos que traza la responsable en su resolución.

En tal sentido el artículo 19 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala literalmente por cuanto a lo que interesa destacar lo siguiente:

“Artículo 19.- Las pruebas aportadas serán valoradas por el órgano competente para resolver, atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y de la experiencia al resolver los medios de impugnación de su competencia, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con las pretensiones reclamadas, conforme a las siguientes reglas:

I.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran;

II.-Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados; y…”

De lo transcrito, refiere el actor que la autoridad efectúa una sobrevaloración de los medios probatorios, tomándolos como fuertes indicios para anular toda la elección; que, si bien es cierto los documentos que expide el notario público en uso de sus facultades, son instrumentos públicos, no menos cierto es que tal probanza a la luz del derecho electoral, sólo puede acreditar que una persona compareció ante fedatario público a enunciar determinadas consideraciones, pero con ello, no se prueba que los hechos que narra la declarante son ciertos; y reproduce la tesis cuyo rubro es: “TESTIMONIOS DE LOS FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA ANTE FEDATARIO PÚBLICO, CON POSTERIORIDAD A LA JORNADA ELECTORAL. VALOR PROBATORIO.”

Considera que la autoridad jurisdiccional estatal sobrevalora los dos medios de convicción que le aporta la Coalición "Más por Hidalgo" y exagera en los efectos jurídicos de lo que supuestamente se acredita con las dos copias fotostáticas y la declaración testimonial.

Todo lo cual, en concepto del impetrante transgrede el artículo 19 fracciones I y II de la Ley procesal electoral de Hidalgo, al otorgar al exiguo caudal probatorio un impacto y alcances jurídicos que trascienden la lógica y el recto raciocinio.

En atención a que el presente agravio, guarda estrecha relación con lo argumentado en el tercero, es preciso relacionarlo en forma conjunta. Como tercer agravio, el actor refiere que la autoridad jurisdiccional responsable efectúa una incorrecta valoración de los medios de prueba, porque contradice sus razonamientos referentes a la supuesta fecha en que ocurrieron.

Al efecto, el actor resalta las diferencias que existen entre la declaración testimonial a que se ha hecho referencia.

1.- La declaración testimonial no señala la hora en ésta le fue tomada, esto es importante para darle credibilidad a la fe notarial; y que el accionante presenta más de 90 declaraciones testimoniales en las que únicamente en el acta número 19,648 de fecha 9 de noviembre, se señala la hora en que le es tomada su declaración al interfecto; en este caso, aduce que resulta inverosímil que las testimoniales restantes, se hayan levantado en su totalidad el día doce de noviembre, pues si el día tiene 1,440 minutos y si cada testimonial se lleva a cabo en 20 minutos (aplicando rapidez) entonces se ocuparon más de 1,800 minutos del día 12 de noviembre lo que evidencia la poca seriedad del cúmulo de testimonios.

2. El notario público NO ES TESTIGO de los hechos que le narran, tampoco se demuestra que haya estado en el lugar de los hechos.

3.- La declarante no señala la hora en que sucedieron los hechos; tampoco señala el lugar o las calles en los que supuestamente pasaron los hechos que aduce.

4.- La declarante no refiere por qué conoce al señor FAUSTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, por qué le consta que él es el sujeto que actúa, y las razones por las que le consta que es un simpatizante y promotor del voto por el PRD.

5.- No se adjunta a la escritura pública la copia de la credencial de elector de la declarante, a efecto de corroborar la vecindad de la declarante.

Por otra parte, de la declaración de la señora DOMITILA MARTÍNEZ GÓMEZ se puede concluir que, contrario a lo que establece el Tribunal, en el supuesto caso de concederle credibilidad a la interfecta y valor probatorio pleno a la prueba, lo que se obtiene en verdad es que el sujeto que supuestamente tiró "las hojas" no estaba haciendo propaganda a favor del PRD, puesto que desechó las hojas en la calle, (lo que en todo caso constituye una infracción contra la sanidad municipal) la señora es quien levanta las hojas y se las lleva a casa de su hijo.

Así, el actor arguye que en todo caso, quien hace propaganda a favor del Partido de la Revolución Democrática es la propia señora quien invita a su familia para que vote por dicho partido político, pero no el sujeto que supuestamente tiró las dos copias fotostáticas.

Advierte que, es de capital importancia dejar señalado que las copias simples que contienen imágenes religiosas, además de que no se acredita con ningún medio de prueba, que su representado las haya elaborado, distribuido y utilizado, en las mismas, está mal escrito el nombre del candidato a Presidente Municipal, debido a que el apellido que aparece en la propaganda dice "BRANDY", cuando en realidad es "BRANDI", lo que resulta contrario a la lógica.

Destaca que es la propia responsable, quien establece "quién es" o "qué es" lo que se ve en la copia fotostática, pero que no hay un elemento objetivo que identifique per se a la imagen misma, que permita afirmar que coincide con “San Judas Tadeo.”

El actor controvierte los pronunciamientos del Tribunal Electoral responsable, efectuados en las páginas doce y trece de la resolución impugnada que a la letra dice:

“De los antecedentes señalados y en particular de la adminiculación de los referidos medios de prueba aportados por el recurrente, es de colegirse que la violación al precepto legal antes referido, sin lugar a dudas influyó de manera determinante en el ánimo de la población, para que votara a favor de determinado partido político, para arribar a tal consideración se tuvo en cuenta que:…”

Refiere que el hecho de que sea la autoridad responsable, quien realiza la afirmación “influyó de manera determinante en el ánimo de la población", no la exime de comprobar fehacientemente tal argumentación, lo cual no acontece.

Si bien la señora afirma de manera unilateral, sin que pueda existir la oportunidad de contradicción procesal, que se vio influenciada por las dos copias fotostáticas, no menos cierto es que la responsable o la coalición electoral no establecieron porqué razón estas "dos hojas" afectaron a toda la población o cuando menos a 178 electores para que pudiera ser determinante cuantitativamente.

Aduce que resulta equivocada la supuesta convicción que se forma la jurisdicente, con base en el dicho unívoco de la señora DOMITILA MARTÍNEZ GÓMEZ, sobre todo porque, como ya se refirió, la declarante omite señalar datos importantes que sumen credibilidad a su dicho, además de que no existe prueba alguna de que el señor FAUSTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ exista, luego, sea promotor del voto, sea del PRD, sea autor de la conducta que se le imputa, y sea del municipio de Huazalingo; con lo que la responsable actúa lejos de los principios de la lógica, la experiencia y mucho más lejos del recto raciocinio que debe imperar en el ánimo de un juzgador.

Que todo lo anterior, conllevaría a que resultara sumamente fácil confeccionar un caudal probatorio para anular cualquier elección; de manera tal, que al no estar soportado el fallo sobre medios probatorios contundentes y eficaces, que acrediten la determinancia electoral, es irrelevante que la autoridad jurisdiccional local exprese la violación al artículo 130 constitucional.

Que la propia jurisdicente asienta en la página 15 de la sentencia, cuáles son los factores que deben acreditarse para la procedencia de la nulidad de una elección, poniendo énfasis en la "gravedad" de la falta y reproduciendo la tesis número S3EL046/2004 referente a los símbolos religiosos en la propaganda electoral.

Concluye que, al no existir violación de la libertad del sufragio como lo presume la autoridad jurisdiccional responsable, lo procedente es revocar el fallo y declarar la validez de la elección y de las constancias de mayoría entregadas a su representado.

Al respecto, el tribunal electoral responsable, en la parte que interesa consideró lo siguiente:

“Ahora bien, en el caso en particular obra en autos un impreso que fue allegado por el instituto político coaligado –actor- en el que se reproduce la imagen de la Virgen de Guadalupe y sobre ella una leyenda que indica:

“VOTA 9 DE NOVIEMBRE MANIFIESTA TU FE POR HUAZALINGO”

Además, claramente se aprecia, en la parte inferior izquierda el escudo distintivo del Partido de la Revolución Democrática, incluidas sus siglas impresas –PRD-, en la parte inferior del escudo.

A continuación se presenta la imagen reseñada:

Imagen

Igualmente obra en autos, por haberla allegado el recurrente, una publicación con la imagen de San Judas Tadeo en la que se invita a votar por el candidato al cargo de presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática, en cuya imagen en la parte inferior izquierda se aprecia claramente el escudo del Partido de la Revolución Democrática, misma que se reproduce para mayor claridad:

Imagen

Ambas pruebas, debido a su naturaleza, se consideran como técnicas, mismas que por ende, en principio sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos que de ellas se advierten; sin embargo en el caso concreto se ven robustecidas con la prueba testimonial que rindiera la señora Domitila Martínez Gómez, y que obra en autos en la escritura pública 19,774 de fecha doce de noviembre de dos mil ocho, pasada ante la fe pública del notario número uno del municipio de Huejutla, Hidalgo, en la que se aprecia lo siguiente:

“Manifiesto que siendo casi las 09:30 horas del día 08 de noviembre del año en curso, un día antes de las elecciones municipales para el periodo 2009-2012, fui a visitar a la familia de mi hijo de nombre JACINTO ESTEBAN MARTÍNEZ, quien tiene su domicilio en la misma comunidad, y al regresar a mi casa venía por la calle y con los reflejos de la luz alcancé a ver que el señor FAUSTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, originario de la misma comunidad, simpatizante y promotor del voto por el Partido de la Revolución Democrática, tiró unas hojas sobre la calle, y al pasar yo por ahí, las levanté y me las llevé a mi casa y me dí cuenta que en las hojas llevaban una imagen de la virgen de Guadalupe, y un dibujo de P.R.D. y como no puedo leer al día siguiente 09 de noviembre muy temprano le llevé la hoja a mi hijo JACINTO ESTEBAN MARTÍNEZ, y le pregunté qué decía y por qué venía una imagen de la virgencita, y él me contestó que era una invitación para votar el 09 de noviembre por el Partido de la Revolución Democrática, y yo le dije entonces hay que apoyar a ese candidato ya que se ve que es muy católico y ese tipo de personas ayudan mucho al pueblo y como toda mi familia es creyente católica yo les dije a todos que entonces hay que votar por el candidato de ese partido.”

De los antecedentes señalados y en particular de la adminiculación de los referidos medios de prueba aportados por el recurrente, es de colegirse que la violación al precepto legal antes referido, sin lugar a dudas influyó de manera determinante en el ánimo de la población, para que votara a favor de determinado Partido Político, para arribar a tal consideración se tuvo en cuenta que:

- La población mexicana, en su mayoría profesa la religión católica, y máxime en comunidades no urbanas, tal y como se acredita con datos del INEGI en que se establece que el 88% de la población nacional profesa dicha religión –datos obtenidos de la pagina web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.gob.mx.

- Las imágenes utilizadas en dicha propaganda son de las más conocidas y veneradas por la religión católica.

Del testimonio de la referida señora, se aprecia que además de serle determinante en el sentido de su voto, también influyó en que le comentara a sus demás familiares para que votaran a favor de determinado candidato o grupo político, afectando la libertad del voto.

- Que se acredita la determinancia de la violación, con el hecho de que, el partido político que utilizó de manera indebida dicha propaganda religiosa, obtuvo la mayoría de los votos, amén del margen tan estrecho entre el primero y segundo lugar de tan sólo ciento setenta y ocho.

- Que se tiene la convicción de que la autoría de dicha propaganda, fue el propio partido político de la Revolución Democrática, pues de la declaración en análisis se observa que la testante refiere el nombre del individuo que la distribuía además de que de igual modo refiere que es promotor del voto de dicho Partido.

Consecuentemente al violentar de manera flagrante el principio constitucional e histórico de la separación del Estado y las Iglesias, establecido en el artículo 130 Constitucional; se viola además, el principio de libertad en la emisión del voto.”

A mi juicio son fundados los agravios en estudio, por las consideraciones que se exponen a continuación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades están obligadas a fundar y motivar sus actos y resoluciones; es decir, todas las autoridades tienen la obligación de citar los preceptos de ley en que apoyan sus decisiones, y de invocar las causas particulares y las razones especiales por las que estiman, que los hechos narrados y probados surten las hipótesis de la disposición que sirve de sustento a su actuar, el cual debe coincidir con la consecuencia de derecho a que se refiere el propio precepto.

Robustece lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este Tribunal, aplicable al caso, cuyo rubro, texto y datos de identificación son del tenor siguiente:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes y similares).—Conforme se dispone en el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, los acuerdos, resoluciones o sentencias que pronuncien el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, los consejos distritales y municipales, así como el tribunal local electoral deben contener, entre otros requisitos, los fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que sirvan de base para la resolución o sentencia, de lo que se deduce que es la sentencia, resolución o acuerdo, entendido como un acto jurídico completo y no en una de sus partes, lo que debe estar debidamente fundado y motivado, por lo que no existe obligación para la autoridad jurisdiccional de fundar y motivar cada uno de los considerandos en que, por razones metodológicas, divide una sentencia o resolución, sino que las resoluciones o sentencias deben ser consideradas como una unidad y, en ese tenor, para que cumplan con las exigencias constitucionales y legales de la debida fundamentación y motivación, basta que a lo largo de la misma se expresen las razones y motivos que conducen a la autoridad emisora a adoptar determinada solución jurídica a un caso sometido a su competencia o jurisdicción y que señale con precisión los preceptos constitucionales y legales que sustenten la determinación que adopta.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-056/2001.—Partido del Trabajo.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-377/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-383/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.”

En suma, fundar un acto o resolución implica que se debe señalar el precepto legal en que se sustente, y motivarlo significa que se expresen con precisión las circunstancias especiales, razonamientos particulares o causas inmediatas que se tomen en consideración, lo que se debe mencionar al producirse la resolución, sin que puedan suplirse estos requisitos en actos posteriores, porque ello implicaría dejar en estado de indefensión al sujeto hacia quien se dirige el acto o resolución, al estar impedido para defender sus derechos o para impugnar el razonamiento aducido.

La obligación para las autoridades electorales de fundar y motivar sus actos o resoluciones, se satisface desde el punto de vista formal, cuando se expresen, por un lado, los preceptos legales aplicables y, por otro, los hechos y circunstancias que hace que el caso encuadre en las hipótesis normativas, debiendo quedar claro el razonamiento sustancial al respecto, ya que de existir omisión total de motivación o que ésta sea imprecisa, ello redundaría en un estado de indefensión a quien va dirigido el acto, violando así los preceptos de la Carta Magna citados.

En otro orden de ideas, en el dictado de sus resoluciones, específicamente en lo atinente a la valoración de pruebas, las autoridades también están obligadas a exponer las razones por las que consideran, que los medios de convicción del expediente son suficientes o, en su caso, insuficientes, para tener por demostrados los hechos en los que se sustenta la pretensión formulada en el medio de impugnación, pues sólo así es como los justiciables cuentan con los elementos indispensables para, en su caso, combatir la decisión adoptada por la autoridad.

Con base en lo anterior, en el presente asunto, es evidente que la autoridad responsable, acogió el agravio formulado por los inconformes en el que afirmaron que, el Partido de la Revolución Democrática, utilizó en su propaganda símbolos religiosos, sobre la base de dos copias simples y la testimonial de una persona, que conforme a su dicho evidenciaban tales circunstancias; con lo cual la responsable les concedió la razón, porque a su parecer, lo manifestado por ellos quedó demostrado con las probanzas aportadas para tales efectos, al tiempo en que concluyó que: “se actualiza la violación a lo dispuesto en el artículo 183, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, que por sí misma, es sustancial y grave, atendiendo a los principios jurídicos que vulnera y el carácter expreso de la prohibición subvertida.”

Como se observa, la decisión tomada por la autoridad responsable  no tiene un sustento sólido, pues dicha autoridad en ningún momento expone razón alguna para justificar, si el instituto político acusado, utilizó propaganda de tipo religioso durante su campaña electoral.

En efecto, sobre el agravio formulado por los entonces inconformes (Coalición “Más por Hidalgo”), la autoridad responsable se concreta a manifestar, de manera dogmática y subjetiva, que la pretendida irregularidad se prueba con dos copias simples y una testimonial rendida ante fedatario público, por lo que procedió a declarar fundados los agravios formulados en torno al uso de propaganda electoral con imágenes religiosas y con argumentos que jamás fueron expuestos por la coalición actora en el juicio primigenio, relacionados con los índices de población que profesa la religión católica, y con el hecho de que las imágenes contenidas en las copias simples, corresponden a Santos que son venerados por la mayoría de los mexicanos, por lo que es claro que no hay base suficiente para asegurar que en la elección municipal de Huazalingo, Estado de Hidalgo, se actualizó la hipótesis de nulidad de la elección.

A partir de lo resuelto por la responsable y de los agravios expuestos por el Partido de la Revolución Democrática, relacionados con la irregularidad aducida en el párrafo que antecede, se advierte que las pruebas aportadas ante la instancia primigenia, para demostrar los hechos irregulares denunciados, son insuficientes y, por tanto, carecen de pleno valor probatorio, toda vez que el caudal probatorio consiste en dos copias simples, tamaño carta, en blanco y negro, cuyo contenido se puede observar claramente a través del escaneo que esta autoridad jurisdiccional procedió a realizar y que se observa a continuación:

Dichas probanzas en principio, tienen el carácter de documentos privados, mismos que conforme al artículo 16 párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Los citados medios de prueba, fueron valorados por la responsable erróneamente como pruebas técnicas, que a su juicio sólo arrojaban indicios sobre los hechos que de ellas se advierten; sin embargo, consideró que éstas se robustecían con la testimonial a cargo de la señora Domitila Martínez Gómez rendida ante el Notario Público número uno del municipio de Huejutla, Hidalgo, lo que es incorrecto por las siguientes razones.

Tal y como se observa de las documentales privadas, carecen por sí solas de valor probatorio pleno, pues lo único que se demuestra con su aportación, es que contienen imágenes religiosas acompañadas de las leyendas “VOTA 9 DE NOVIEMBRE MANIFIESTA TU FE POR HUAZALINGO” y “VOTA ESTE 9 DE NOVIEMBRE POR FERMIN GABINO BRANDY CANDIDATO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”; sin embargo, no son aptas para demostrar que el partido político de referencia haya sido quien las confeccionó y mucho menos si éstas fueron distribuidas entre la población de Huazalingo, Hidalgo para obtener votos a favor del candidato a presidente municipal o candidatos a diversos cargos postulados por el citado partido político, en ese municipio.

Por cuanto hace a la declaración de la señora Domitila Martínez Gómez rendida ante el Notario Público número uno del municipio de Huejutla, Hidalgo; tampoco puede otorgársele valor probatorio pleno, toda vez que el citado testimonio sólo genera un valor indiciario de escasa eficacia demostrativa.

Lo anterior es así, en atención a que por la naturaleza del contencioso electoral, que se desarrolla a través de plazos muy cortos, no se prevén, como se expuso con anterioridad, por regla general, términos probatorios para que sean los órganos jurisdiccionales quienes reciban una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy breves; de ahí que, la legislación electoral no reconozca a la testimonial como medio de convicción, en la forma que usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, en donde se da la intervención directa del juez en su desahogo y de las partes en litigio.

Sin embargo, al considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera directa, puede ser útil para producir convicción en los juzgadores, es por ello, que en la legislación adjetiva atinente, se ha establecido que dichos testimonios se hagan constar en acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba, imponiendo así una modalidad a este medio de prueba para hacerlo acorde con las necesidades y posibilidades del contencioso electoral.

Por su parte, en la valoración de tal probanza, no se prevé un sistema de prueba tasado, en el que una vez cumplidos ciertos requisitos, pueda alcanzar el rango de prueba plena, sino que, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada caso, y en relación con los demás elementos que obren en el expediente, dentro de cuyo marco no suele alcanzar mayor valor que el de un indicio, cuya fuerza, mayor o menor, dependerá de las circunstancias con que concurra en cada caso, sin que deba perderse de vista, que como en la diligencia en la que el notario elabora el acta, no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de inmediación merma de por sí el probable valor de esta probanza, al favorecer la posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc, sin que el juzgador o la contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos.

Lo anterior, se corrobora con las siguientes tesis emitidas por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional:

Tesis S3ELJ 11/2002, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, visible en las páginas 252-253, que es del tenor siguiente:

“PRUEBA TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR INDICIOS.—La naturaleza del contencioso electoral, por lo breve de los plazos con los que se cuenta, no prevé, por regla general, términos probatorios como los que son necesarios para que sea el juzgador el que reciba una testimonial, o en todo caso, los previstos son muy breves; por consecuencia, la legislación electoral no reconoce a la testimonial como medio de convicción, en la forma que usualmente está prevista en otros sistemas impugnativos, con intervención directa del Juez en su desahogo, y de todas las partes del proceso. Sin embargo, al considerarse que la información de que dispongan ciertas personas sobre hechos que les consten de manera directa, puede contribuir al esclarecimiento de los hechos controvertidos, en la convicción de los juzgadores, se ha establecido que dichos testimonios deben hacerse constar en acta levantada por fedatario público y aportarse como prueba, imponiéndose esta modalidad, para hacer posible su aportación, acorde con las necesidades y posibilidades del contencioso electoral. Por tanto, como en la diligencia en que el notario elabora el acta no se involucra directamente al juzgador, ni asiste el contrario al oferente de la prueba, tal falta de inmediación merma de por sí el valor que pudiera tener esta probanza, si su desahogo se llevara a cabo en otras condiciones, al favorecer la posibilidad de que el oferente la prepare ad hoc, es decir, de acuerdo a su necesidad, sin que el juzgador o la contraparte puedan poner esto en evidencia, ante la falta de oportunidad para interrogar y repreguntar a los testigos, y como en la valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba tasado, por la forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, en consideración a las circunstancias particulares que se presenten en cada caso, y en relación con los demás elementos del expediente, como una posible fuente de indicios.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-412/2000.—Partido Revolucionario Institucional.—26 de octubre de 2000.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-330/2001.—Partido Acción Nacional.—19 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-405/2001.—Coalición Unidos por Michoacán.—30 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.”

En mérito de lo anterior, las declaraciones contenidas en el primer testimonio de la escritura número 19,774, rendida ante la Notaria adscrita a la Notaría Pública número uno de Huejutla, Hidalgo, el doce de noviembre del año dos mil ocho, conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al igual que los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establecen que las pruebas testimoniales podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, las mismas por sí solas no tienen valor probatorio pleno sino solamente de indicio, el cual se ve disminuido además, porque en la especie, la declaración aludida, padece de deficiencias que le restan credibilidad a su contenido, en virtud de que el notario público NO ES TESTIGO de los hechos que le narra la señora DOMITILA MARTÍNEZ GÓMEZ, simplemente recibe la declaración, sin que al efecto le consten los hechos que se le enuncian; tampoco se señalan circunstancias de modo y lugar que permitan verificar o por lo menos presumir que la propaganda con símbolos religiosos fue editada y distribuida por el Partido de la Revolución Democrática y, particularmente, porque la testigo no refiere cómo es que identificó a la persona que reconoce como el señor FAUSTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, tampoco señala cómo le consta que él es el sujeto que tiró las hojas que ella recogió, y no expone las razones por las cuales le consta que aquél es un simpatizante y promotor del voto del Partido de la Revolución Democrática.

Con lo anterior es inconcuso, que la autoridad realizó una sobrevaloración de los medios probatorios, al ser tomados en su conjunto como fuertes indicios para anular la multicitada elección, lo que de suyo es indebido, ya que las pruebas de mérito, son insuficientes para acreditar que el Partido de la Revolución Democrática se haya valido del uso de símbolos religiosos en su propaganda electoral.

Por lo expuesto y fundado se RESUELVE:

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente relativo al juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave ST-JRC-36/2008 al diverso ST-JRC-34/2008, por ser éste el más antiguo. Al efecto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al juicio acumulado.

SEGUNDO.- En consecuencia, al ser éstos los únicos medios de impugnación promovidos en contra de la resolución indicada en el considerando cuarto que antecede; se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo en el expediente JIN-26-CMPH-032/2008 de conformidad a las razones expuestas en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE personalmente al actor en el domicilio señalado en autos; a la autoridad responsable, al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y al Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, por oficio, con copias certificadas de la presente resolución, y por estrados; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 28, 29, párrafos 1 y 3, 93, párrafo 2, incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 41 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo; asimismo, hágase del conocimiento público en la página que tiene este órgano jurisdiccional en Internet.

Devuélvanse los documentos atinentes y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.