JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: ST-JRC-42/2011.

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS A. MORALES PAULÍN.

SECRETARIO: FRANCISCO GAYOSSO MÁRQUEZ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veintiocho de septiembre de dos mil once.

VISTOS para resolver los autos del expediente ST-JRC-42/2011, integrado con motivo del juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil once, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en el juicio de inconformidad registrado bajo el número de expediente JIN-72-PRI-037/2011, que confirmó la declaración de validez de la elección de Tlanchinol, Hidalgo, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional.

RESULTANDO

I. Jornada electoral. El tres de julio de dos mil once, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a los miembros de los ayuntamientos en el Estado de Hidalgo, para el periodo constitucional 2012-2016, entre ellos, el de Tlanchinol.

II. Cómputo municipal. El seis de julio del año en curso, el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Tlanchinol, realizó el cómputo atinente, declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. (Páginas 85-108 del cuaderno accesorio).

El cómputo municipal mencionado arrojó los siguientes resultados:

III. Juicio de inconformidad. Inconforme con los resultados señalados en el numeral anterior, el diez de julio de dos mil once, el Partido Revolucionario Institucional, a través de Alberto Estrada Estrada, en su carácter de representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Tlanchinol, promovió juicio de inconformidad (fojas 7-68 del cuaderno accesorio), el cual fue registrado bajo el número de expediente JIN-72-PRI-037/2011, y resuelto el diez de agosto de dos mil once, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en el que se confirmaron los resultados, y la declaración de validez de la elección de miembros del ayuntamiento del Municipio de Tlanchinol, Estado de Hidalgo; así como el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Acción Nacional. (fojas 380-422 del cuaderno accesorio).

Dicha resolución le fue notificada al actor el once de agosto del año en curso. (foja 422 reverso, del cuaderno accesorio).

IV. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme con la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, dictada en el expediente JIN-72-PRI-037/2011; el doce de agosto de dos mil once, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante acreditado ante el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Tlanchinol, promovió el juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve. (Páginas. 5-54 del cuaderno principal).

V. Recepción. En la misma fecha, la autoridad responsable remitió la demanda y el expediente formado con motivo del presente juicio a esta Sala Regional, acompañados del informe circunstanciado correspondiente y demás anexos. (Páginas 2 y 3 del cuaderno principal).

VI. Turno. Por auto del quince de agosto del año en curso, el magistrado presidente de esta Sala Regional acordó integrar el expediente ST-JRC-42/2011 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Carlos A. Morales Paulín, para los efectos de los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; mismo que se cumplió a través del oficio TEPJF-ST-SGA-0573/11, signado por el Secretario General de Acuerdos de la propia Sala Regional.

VII. Tercero interesado. El quince de agosto del presente año, a las doce horas con nueve minutos, Víctor Amaury Medina Escudero, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Tlanchinol, presentó escrito mediante el que comparece como tercero interesado en el juicio de mérito, quien manifestó lo que a su derecho convino.

VIII. Radicación, admisión y cierre de instrucción. Mediante auto de diecinueve de agosto del año que trascurre, el magistrado instructor radicó el medio de impugnación, admitió la demanda, y en su oportunidad, declaró cerrada la instrucción, por lo que el asunto quedó en estado de dictar resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en materia electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafo primero, y 99, párrafos primero y cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafos 1 y 2, inciso d), 4, 86, y 87, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido en contra de una resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con motivo de la elección municipal celebrada el pasado tres de julio, a efecto de renovar a los integrantes del ayuntamiento de Tlanchinol, en la citada entidad federativa, que forma parte del ámbito territorial donde esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

Se precisa que si bien, en diversos apartados de la demanda (fojas 12, 14 y 28 del expediente principal), se cita a la “Sala Superior” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; lo cierto es, que dicho señalamiento no es suficiente para concluir que la intención de la parte actora consiste en plantear la competencia de la Sala Superior de este tribunal para conocer del presente asunto, o que la misma ejerza su facultad de atracción respecto de este juicio, lo anterior en atención a las razones que a continuación se exponen.

En primer lugar, del escrito de presentación de la demanda, que obra a foja 5 del expediente en que se actúa, se desprende la intención del partido actor de que este juicio de revisión constitucional electoral sea resuelto por esta Sala Regional, tal como se aprecia de la transcripción del citado escrito, en cuya parte atinente se señala lo siguiente (énfasis añadido en la presente ejecutoria):

“…

Que en nombre y representación del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, 86, 87, párrafo 1, inciso b) y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vengo a promover Juicio de Revisión Constitucional Electoral para impugnar la sentencia emitida el día 29 de julio del presente año (sic), por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en el expediente identificado con la clave alfanumérica JIN-72-PRI-037/2011.

Por lo expuesto y fundado, A ESTE H. TRIBUNAL, solicito:

…

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, remitir a la brevedad a la Sala Regional Toluca, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el escrito de demanda junto con el expediente respectivo y comunicar a dicho órgano jurisdiccional federal que tengo reconocido el carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral con sede en Tlanchinol, Estado de Hidalgo y por ese H. órgano jurisdiccional local.

…”

De la transcripción anterior, se desprende la intención de la parte actora de que el escrito inicial de juicio de revisión constitucional electoral se remitiera a esta Sala Regional para que lo resolviera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual establece que las Salas Regionales son competentes para conocer de los juicios de revisión constitucional electoral relacionados, entre otras, con las elecciones de las autoridades municipales, como en el caso que nos ocupa.

Por otro lado, de la lectura integral del escrito de demanda se puede apreciar que el actor no plantea argumentos encaminados a justificar la competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que resuelva el presente medio de impugnación, o bien, que solicite que la misma ejerza su facultad de atracción o que rechace la competencia de esta Sala Regional, para sustanciar o resolver este asunto.

No es óbice a lo anterior, que en el escrito de demanda (foja 28 del expediente principal), el enjuiciante haya señalado que “… esta H. Sala Superior, proceda a determinar el estudio de los agravios planteados a la luz de la causal abstracta y consecuentemente la nulidad de la elección”; en atención a que dicha invocación se entiende en el sentido de indicar al órgano jurisdiccional que va a resolver el juicio de revisión constitucional electoral, provea sobre los aspectos que son materia de queja; empero, no se cuestionan temas de competencia o de facultad de atracción a cargo de la Sala Superior.

Aunado a lo anterior, puede apreciarse que en el propio escrito de demanda, la parte actora señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados de esta Sala Regional, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral.

Por las consideraciones anteriores, esta Sala Regional estima que el hecho de que en diversos apartados de la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, se invoque a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obedece a un error en la cita de la autoridad, sin que de tales imprecisiones se pueda desprender la intención de controvertir la competencia de esta Sala Regional para conocer y resolver el presente asunto, aunado a que la demanda tampoco contiene razonamientos en ese sentido.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Como una cuestión previa al estudio de fondo, es menester analizar si en el caso concreto, se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser su examen de estudio preferente y de orden público, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Partido Acción Nacional, en su escrito de comparecencia, señala que el presente juicio resulta improcedente, en virtud de que no se viola en perjuicio del actor ninguna disposición constitucional y mucho menos se ha cometido en su agravio violación alguna que pudiere calificarse como determinante para que la parte actora ocurriera ante esta Sala Regional a promover el juicio de mérito.

Las causales invocadas por el tercero interesado deben desestimarse, en atención a que el requisito de procedibilidad señalado en el párrafo 1, inciso b), del artículo 86 de la ley adjetiva de la materia, se satisface toda vez que, en su escrito de demanda, el actor se duele de la violación a los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 41, y 116, párrafo segundo, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente por tratarse de un requisito formal.

Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 02/97, emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, visible en las páginas 354 y 355 de la Compilación 1997-2010, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.—Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones: Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3o., de la ley general citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral. ”

Por otra parte, también se cumple con el requisito previsto por el artículo 86, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o para el resultado final de la elección, porque el demandante aduce que su causa de pedir ante la responsable fue la nulidad de la elección de miembros del ayuntamiento de Tlanchinol, Estado de Hidalgo; de tal suerte que, de resultar fundada la mencionada pretensión, en su aspecto formal y de fondo, generaría que la elección objeto de impugnación, sea anulada.

En cuanto a la causal de improcedencia que se hace consistir en que el presente juicio es improcedente porque resulta evidentemente frívolo, al contener pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no existen elementos objetivos que puedan estar al amparo del derecho; y  que, en ese orden de ideas, sólo se trata de prácticas que intentan entorpecer el actuar de los tribunales y poner en duda una elección que se realizó de manera libre y sin presión alguna; aunado a que los agravios formulados no se encuentran debidamente configurados, toda vez que son oscuros y confusos, que se trata de aseveraciones de carácter general de tipo subjetivo, sin estar respaldadas por argumentos jurídicos, y que ante la falta de relación de los hechos que se invocan como ilegales, o los razonamientos que cita como agravios, el partido actor incumple con lo ordenado en la ley de la materia.

La referida causal de improcedencia, invocada por el tercero interesado, debe desestimarse en atención a las siguientes consideraciones.

Es criterio reiterado por la Sala Superior de este tribunal que el concepto de frivolidad, aplicado a los recursos o juicios que se promueven contra actos de carácter electoral, debe entenderse referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen concientemente pretensiones que no se puedan alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no encuentran amparo en el derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan; esto es, cuando se activen con inutilidad evidente, patente y manifiesta los mecanismos de la impartición de justicia para iniciar, tramitar, substanciar y resolver situaciones cuya finalidad no se puede conseguir.

Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre y prolongarlo.

Sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se puede advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al órgano jurisdiccional de que se trate, a entrar al fondo de la cuestión planteada, lo que implica poner en movimiento todo el aparato jurisdiccional, para pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas, donde se incluyen aquellas que resultan frívolas.

En el presente asunto, de la revisión integral al escrito de demanda por la que se promueve el presente juicio, esta Sala Regional advierte que el actor en diversos apartados del mismo, aludió a instancias jurisdiccionales que conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, resultan inexistentes; aunado a que al Tribunal Electoral responsable le atribuyó razonamientos que no forman parte de la resolución controvertida; sin embargo, en atención a que dichos alegatos forman parte integral de un todo; ello no actualiza el desechamiento de la demanda; y por ende, en el fondo del asunto se hará su análisis correspondiente.

En ese sentido, los alegatos aducidos por el tercero interesado, respecto de la improcedencia del presente juicio, devienen infundados.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 33/2002, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, consultable a fojas 317 a 319, de la Compilación 1997-2010, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro y texto es:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.”

TERCERO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 1, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, como a continuación se precisa.

1. Forma. La demanda del presente juicio, se presentó por escrito ante la autoridad responsable, y en ella consta el nombre y firma del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Tlanchinol, en la que se identifican la resolución impugnada y la autoridad responsable; se mencionan los hechos materia de la impugnación, y se expresan los agravios que en concepto del actor le ocasiona la resolución reclamada; por lo que se satisfacen los requisitos formales previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Oportunidad. El medio de impugnación que se resuelve, se presentó dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues de autos se desprende que la sentencia impugnada, le fue notificada personalmente al actor, el día once de agosto de dos mil once, y la demanda fue presentada el doce siguiente; por lo que es inconcuso que el presente juicio fue promovido oportunamente.

3. Legitimación y personería. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos y coaliciones; en la especie, quien promueve es el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Norma Islas López, en su carácter de representante propietaria ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Tlanchinol.

Sustenta lo anterior, el reconocimiento que hace la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, del carácter con el que se ostenta la representante del Partido Revolucionario Institucional, así como la certificación del once de agosto del año en curso emitida por el Secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, misma que le reconoce tal calidad; documental a la que se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. Actos definitivos y firmes. El requisito de definitividad y firmeza, previsto por el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también se surte en la especie; toda vez, que para combatir la sentencia reclamada, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, no está previsto otro medio de impugnación en la legislación electoral de dicha entidad federativa, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad para revisar, y en su caso, revocar, modificar o anular oficiosamente el acto impugnado, de modo que es evidente la cabal satisfacción del requisito en cuestión.

5. Violación a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal y como se mencionó en el considerando segundo de esta sentencia, el requisito de procedibilidad señalado en el párrafo 1, inciso b), del artículo 86 de la ley adjetiva de la materia, se encuentra satisfecho.

6. La violación reclamada pueda ser determinante para el desarrollo del proceso y el resultado final de la elección. Por cuanto hace al requisito en comento, también se satisface, en términos de lo expuesto en el considerando segundo de la presente sentencia.

7. La reparación solicitada es factible. Por último, la reparación solicitada por el enjuiciante es material y jurídicamente posible, dentro de los plazos electorales legal y constitucionalmente previstos, en razón de que los miembros electos de los ayuntamientos en el Estado de Hidalgo, tomarán posesión de sus cargos el dieciséis de enero de dos mil doce, en términos de lo establecido por el artículo noveno transitorio del Decreto Número 209, que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa, el seis de octubre de dos mil nueve.

En cuanto al tercero interesado.

a) Oportunidad. Durante la tramitación del juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve, compareció Víctor Amaury Medina Escudero, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Tlanchinol; en su calidad de tercero interesado, toda vez que así se desprende de la razón de retiro de la cédula de notificación en estrados, realizada por la responsable; de ahí que se cumpla con el requisito de haber comparecido de forma oportuna.

b) Forma. El escrito del tercero interesado fue debidamente presentado ante la autoridad responsable; en el que se hace constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto; así también, se formula la oposición a las pretensiones del actor.

c) Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación del Partido Acción Nacional, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues de su escrito de comparecencia se advierte que tiene un derecho incompatible con el que pretende el actor; por otra parte, su representante propietario Víctor Amaury Medina Escudero acredita su personería con la certificación de once de agosto del presente año, expedida por el Secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.

CUARTO. Sentencia impugnada. Las consideraciones que sustentan la resolución impugnada, en lo que interesa, son las siguientes:

“RESULTANDOS:

1. A las veintitrés horas con quince minutos del 10 de julio de 2011, el Licenciado ALBERTO ESTRADA ESTRADA, presentó Juicio de Inconformidad ante el Consejo Municipal Electoral de Tlanchinol, Hidalgo, en contra de los actos precisados en el párrafo anterior.

2. El 12 de julio del año en curso, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, se recibió en este Tribunal el medio de impugnación, remitido por RAÚL RUANO SALAZAR, Secretario del Consejo Municipal, de Tlanchinol Hidalgo.

3. Mediante oficio TEEH-P-171/2011 signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Licenciado ALEJANDRO HABIB NICOLÁS, fue turnado el expediente al Magistrado Licenciado RICARDO CÉSAR GONZÁLEZ BAÑOS, para la sustanciación y resolución correspondiente con el número que le fue asignado por la Secretaria General de este órgano jurisdiccional.

4. Por acuerdo de 2 de agosto de 2011, el Magistrado del conocimiento radicó el expediente en estudio bajo el número indicado, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 83, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

5. Habiéndose integrado el expediente en su totalidad, en fecha 9 de agosto del año en curso, se acordó el Cierre de Instrucción y se ordenó su listado poniéndolo en estado de resolución, la que se dicta en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS:

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, es competente para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 24, fracción IV y 99, inciso c, fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 104, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; y 1, 2, 3, 4, fracción III, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 27, 38, 39, 40, 72, 73, 78, 79, 80, 86, 87 y 88 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

II. PROCEDENCIA. Previo al análisis de fondo sobre la litis planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia que en la especie pudieran actualizarse, toda vez que su examen es de pronunciamiento previo y de orden público, ya sea que se analicen de oficio o a petición de alguna de las partes, atento al criterio de la Jurisprudencia cuyo rubro y texto es:

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES

PREFERENTE.” (Se transcribe)

Por ello, al verificar el contenido de las constancias procesales, se advierte que el Juicio de Inconformidad en estudio, satisface los requisitos previstos en los artículos 9, 10, 11, 80 y 81, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que fue interpuesto, por el representante propietario debidamente acreditado, dentro del plazo legal establecido, ante la autoridad responsable, por triplicado, consta la firma autógrafa del promovente, se acompaña documento con el que acredita su personería (foja 66), indica de manera individualizada las casillas impugnadas y la elección de que se trata; razón por la que esta autoridad estima que el escrito recursal satisface los requisitos generales y particulares del medio impugnativo previstos en la Ley Adjetiva de la materia, concluyendo que en el caso concreto no se actualiza causal de improcedencia alguna respecto del recurso en mención; y por ende se procede al estudio de los motivos de disenso que hace valer el recurrente.

Sin embargo, previo al estudio de fondo, es necesario hacer referencia a los resultados obtenidos del Acta de Cómputo Municipal elaborada por el Consejo Municipal Electoral de Tlanchinol, Hidalgo, el 6 de julio de 2011, de la cual se advierten los siguientes datos:

III. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. En acatamiento al principio de exhaustividad que debe observar el juzgador al analizar todos y cada uno de los planteamientos formulados por las partes en apoyo a sus pretensiones, este órgano jurisdiccional procederá al estudio de todos los argumentos y razonamientos expuestos en los agravios o conceptos de violación y en su caso, de las pruebas aportadas, examinándolos en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno, en el orden propuesto por el actor o en orden diverso, de los hechos y agravios mencionados en su escrito de demanda, en observancia a la Jurisprudencia de rubro y texto:

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.” (Se transcribe)

Así como en estricta obediencia a la diversa:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”

Del mismo modo, debe precisarse que los argumentos que serán objeto de estudio en la presente resolución fueron obtenidos de la lectura acuciosa del escrito recursal presentado por el promovente, ya que los agravios o conceptos de violación pueden encontrarse en cualquier parte del escrito impugnativo, siempre y cuando se formule una construcción lógica-jurídica en forma de silogismo o cualquier fórmula deductiva o inductiva, donde se exprese de manera clara la causa de pedir, la lesión o agravio que le cause el acto o resolución reclamado y los hechos que originaron ese motivo de inconformidad.

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.”

Ahora bien, de la lectura integral del escrito que contiene el medio de impugnación, se advierte que el promovente hace valer el Juicio de Inconformidad en contra del Acta de Cómputo Municipal de la Elección del Ayuntamiento de Tlanchinol, Hidalgo, por nulidad de la votación recibida en casillas, y en consecuencia el otorgamiento de la Constancia de Mayoría y Declaración de Validez de la Elección, para lo cual el justiciable hace valer diversos agravios que se encuentran en un apartado que así denomina o bien en diferentes partes de su escrito recursal que consta de fojas 7 a 65 del expediente en que se actúa, empero que esta autoridad no se encuentra obligada a transcribir, en virtud de que su transcripción no irroga perjuicio al recurrente, puesto que con ello no se vulneran los principios de exhaustividad y congruencia que deben cumplir las resoluciones que emita la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando se precisen los puntos controvertidos derivados de la demanda, se estudien y se les dé respuesta de acuerdo a los principios de constitucionalidad y legalidad; criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 058/2010:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”

Así las cosas, de manera sintetizada el actor argumenta que le causa agravio al instituto político que representa las irregularidades que se enlistan enseguida:

1). Que en 42 casillas se actualiza la causal prevista en el artículo 40 fracción VIII, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se ejerció violencia o presión a los electores, funcionarios de casilla y representantes de los partidos políticos por parte de funcionarios de la Presidencia Municipal que estaban presentes durante periodos prolongados, incitando el voto a favor del Partido Acción Nacional;

2). Que en las mismas casillas también se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IX del artículo 40, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que hubo error o dolo en el computo de los votos, así como espacios en blanco, ilegibles o alterados en las actas de la jornada electoral, lo que pone en duda el principio de certeza en los resultados consignados;

3). Que se actualiza la causal contemplada en el artículo 40 fracción XI, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debido a que:

a) En el paquete de la casilla 1426 Básica, existe una hoja de incidentes por compra de votos el día de la jornada electoral para hacer notar que se favoreció al candidato del Partido Acción Nacional;

b) En las casillas 1409 y 1412 había “turismo electoral”, porque las comunidades de Cuatlimax y San José, son los lugares de origen del candidato y presidente municipal de Tlanchinol, y que pertenecen al Partido Acción Nacional;

c) Hubo funcionarios de la Presidencia Municipal de Tlanchinol que repartieron despensas, apoyos económicos y vales con promesa de vivienda por el Partido Acción Nacional, teniendo como excusa la contingencia del clima que se presento el día de la jornada electoral;

d) Ante la obstrucción de caminos y carreteras del municipio por las constantes lluvias, se impidió a sus simpatizantes que salieran a votar a su favor; y,

e) La autoridad municipal (Presidente y Secretario General) expidió el oficio 0584/2011/2012, mediante el cual hace del conocimiento del Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional una relación de personas que serán beneficiadas a cambio de trabajar y apoyar al candidato de ese partido, así como que los regidores cobrarán el doble de sueldo a partir del mes de marzo.

A los anteriores argumentos, el Partido Acción Nacional como tercero interesado, a través de su representante propietario VÍCTOR AMAURY MEDINA ESCUDERO, acreditado ante la autoridad responsable, mediante escrito presentado en este órgano jurisdiccional el 13 de julio de 2011, dio contestación en los términos expuestos en su ocurso de comparecencia, visible a fojas 160 a 177 del expediente en que se actúa, que de manera sucinta expuso:

a).- El recurso interpuesto por el actor resulta improcedente porque los agravios formulados no se encuentran debidamente configurados, son oscuros y confusos y no precisa la lesión o agravio que le causa el acto;

b).- Al invocar las causales de nulidad del artículo 40 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, noseñala circunstancias de modo, tiempo y lugar, solo refiere hechos de forma vaga, imprecisa y general;

c).- Que esta autoridad, al analizar las causales de nulidad que invoca el recurrente en las todas las casillas del Municipio, incluso en las que obtiene el primer lugar, sería extralimitarse en la suplencia de la deficiencia de los agravios;

d).- Que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 10 fracciones VI y VII, 11 fracciones I y II, y 80 fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral;

e).- Relativo a la fracción VIII del artículo 40 de la Ley Adjetiva de la Materia, el actor no señala qué funcionarios y los cargos de éstos; en qué casillas estaban presentes; momento en que llegaron y se retiraron dichos funcionarios; el número aproximado de electores que fueron presionados; cómo se ejerció presión sobre ellos, por tanto carece de circunstancias de modo, tiempo y lugar;

f).- En cuanto a la fracción IX, del artículo 40, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las Actas Únicas de la Jornada Electoral presentan errores o espacios en blanco de algunos rubros que no son determinantes para el resultado de la votación, toda vez que los datos faltantes pueden ser extraídos de otros rubros que si fueron llenados;

g).- Tocante a la supuesta compra de votos, el inconforme no menciona el número de electores que se coacciono ni el tiempo en que se realizó dicha acción;

h).- Respecto del “turismo electoral” aducido, no fue una acción generalizada ya que solo menciona las casillas 1409 y 1412, además no existe queja, escrito de protesta o prueba que demuestre tal hecho;

i).- Respecto de los vales con promesa de vivienda, no fueron repartidos por su representado ni fueron realizados los intercambios ni dádivas;

j).- Relativo al supuesto aumento de sueldos a funcionarios municipales, argumenta que el oficio es falso, dado que ese número de oficio se giró al General de Brigada Diplomado del Estado Mayor de la 18ª Zona Militar el 5 de mayo de 2011; y,

h).- Finalmente, respecto del clima presentado el día de la jornada electoral, aduce que no repercutió en la votación municipal, toda vez que el porcentaje de votación fue de 69.2 %.

Así las cosas, la “litis” en el presente asunto consiste en determinar si los actos e irregularidades que hace valer el actor acontecieron en las casillas del municipio de Tlanchinol, Hidalgo, que refiere en su escrito impugnativo; por lo que esta autoridad se avocará al estudio pormenorizado de cada una de ellas por las causales de nulidad invocadas de acuerdo con los medios de prueba que aporta el justiciable en su escrito de cuenta; y para una mejor compresión del expediente en cuestión, se inserta un cuadro ilustrativo en el que se identifica el número de casilla, así como la causal que relata el recurrente:

Ahora bien, de acuerdo a la ilustración anterior se hará el estudio minucioso de las casillas indicadas por cada una de las causales que hace valer el justiciable, en el orden en que están establecidas en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A.- VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES O FUNCIONARIOS DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.- Causal de nulidad prevista en el artículo 40 fracción VIII, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que hace valer el recurrente, aduciendo que en las 42 casillas (señaladas en el cuadro inserto) que se instalaron en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, se ejerció violencia y presión a los electores, funcionarios de casilla y representantes del inconforme, por la presencia de funcionarios de la Presidencia Municipal durante periodos prolongados e incitando el voto a favor del Partido Acción Nacional.

A este respecto el Partido Acción Nacional esgrime que el recurso interpuesto por el actor resulta improcedente porque los agravios formulados no se encuentran debidamente configurados, son oscuros y confusos y no precisa la lesión o agravio que le causa el acto; y que no señala qué funcionarios y los cargos de éstos; en qué casillas estaban presentes; momento en que llegaron y se retiraron dichos funcionarios; el número aproximado de electores que fueron presionados; cómo se ejerció presión sobre ellos, y por tanto carece de circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Previo a analizar la procedencia de su agravio, conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, fracción III de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 68 de la Ley Electoral de la entidad, los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los principios de certeza, objetividad, legalidad, independencia e imparcialidad.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren viciados por actos depresión o de violencia, las leyes electorales regulan las características que deben revestir los votos de los electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos e integrantes de las mesas directivas de casilla; y la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

En este contexto, acorde con lo plasmado en el artículo 4, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, el voto ciudadano se caracteriza por ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, quedando prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, incisos f) y g) de la Ley Sustantiva de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones la de solicitar el auxilio de la fuerza pública para preservar el orden, garantizar la libre emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla; declarar la suspensión temporal o definitiva de la votación o retirar a cualquier persona, en caso de que altere las condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los actores políticos antes señalados.

De las anteriores disposiciones legales, es posible advertir que sancionar la emisión del voto bajo presión física o moral, tutela los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en su emisión, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida, expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos.

En este orden de ideas, el artículo 40 fracción VIII, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten plenamente los tres elementos siguientes:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y,

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Por violencia física debemos entender la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas, y por presión, el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes; siendo la finalidad en ambos casos, provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva; criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia:

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del Estado de Guerrero y similares).” (Se transcribe).

Por ello, los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto, orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado candidato, partido político o coalición, o bien para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio. Respecto del segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

Y finalmente, relativo al tercer supuesto normativo, es necesario que el actor demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad y si los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Concerniente a los dos últimos elementos mencionados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sustentado el siguiente criterio:

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del

Estado de Jalisco y Similares)”. (Se transcribe).

Además, para establecer si la violencia física o presión ejercida sobre los electores o funcionarios de casilla es determinante para el resultado de la votación, se han utilizado dos criterios, uno cuantitativo o numérico, con el que se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugares en la votación; por lo que si el número de electores que votó bajo presión o violencia, es igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación; y otro cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

Para el análisis de esta causal de nulidad en estudio, se tomarán en cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son las Actas Únicas de la Jornada Electoral; y cualquier otro documento público de donde se desprenda la existencia de los hechos aducidos por el actor en el escrito de demanda; documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 fracción I y 19 fracción I, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen el carácter de públicos con valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

De igual forma, se tomarán en cuenta dos escritos de protesta exhibidos por el recurrente, concernientes a las casillas 1426 Básica y 1428 Básica que fueron presentados en las mesas directivas de casilla, asentando en el primero: “A las 9:45 minutos del día 3 de julio de 2011, el regidor del PAN C. José Manuel Hernández, estaba haciendo invitación a todas las personas que pasaban en ese camino donde les decía que votaran por el PAN ya que es el que va ganar y es el mejor partido” (sic); mientras que en el segundo escrito expresa un incidente que no guarda relación con la causal en estudio; así mismo, el 5 de julio del año en curso presenta dos escritos de protesta ante el Consejo Municipal Electoral de Tlanchinol, Hidalgo, y en solo uno de ellos expresa: “Aproximadamente a las 09:45 hrs. el representante de casilla PRI en dicha sección se percató que el regidor de la fracción panista de este municipio de nombre José Manuel Medina se encontraba en el domicilio, el cual se ubica sobre el acceso que conduce a la ubicación de la casilla y en el transcurso del paso de los votantes los abordaba e invitaba a su casa para promocionar el voto a favor del PAN, intimidando y condicionando la intención del voto tendiente a favorecer al PAN”; medios de prueba que son considerados documentos privados en términos de lo previsto por el artículo 15, fracción II de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con valor de indicio, según lo dispone el numeral 19, fracción II del mismo ordenamiento legal.

En este sentido, el justiciable aduce que en las casillas 1403 B, 1403 C1, 1403 C2, 1404 B, 1405 B, 1406 B, 1406 C1, 1407 B, 1408 B, 1409 B, 1410 B, 1410 C1, 1410 C2, 1410 EX, 1411 B, 1412 B, 1412 C1, 1413 B, 1414 B, 1414 C1, 1415 B, 1415 C1, 1416 B, 1417 B, 1417 C1, 1418 B, 1419 B, 1419 C1, 1420 B, 1421 B, 1422 B, 1422 EX, 1423 B, 1423 C1, 1424 B, 1425 B, 1425 C1,1426 B, 1427 B, 1428 B, 1428 C1 y 1428 C, se ejerció violencia física o presión sobre los electores, funcionarios de casilla y representantes de los partidos políticos, ya que en las mismas hubo trabajadores de la Presidencia Municipal que coaccionaron la libre emisión del voto de los ciudadanos; empero, de los medios probatorios que exhibe el recurrente en su escrito de demanda, se advierte que los mismos no son eficientes ni suficientes para demostrar las presuntas irregularidades que aduce, en virtud de que solo exhibe escritos de protesta que a manera de indicio muestran que en las casillas 1426 Básica y 1428 Básica, estuvo presente un Regidor del Partido Acción Nacional, sin especificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil su aseveración, puesto que no indica detalladamente el lapso de tiempo en que el presunto funcionario municipal estuvo presente en esas casillas, el número de votantes a los que presumiblemente incito a votar a favor del Partido Acción Nacional, si la presunta coacción se suscito antes o después de que los electores acudieron a sufragar en las respectivas casillas, ni mucho menos en que consistieron los actos de intimidación o de agresión física que recayó sobre los electores, funcionarios de casilla o representantes de los partidos políticos; máxime que en las Actas Únicas de la Jornada Electoral de las casillas de referencia no se anotan incidentes que tengan relación con la causal de nulidad que invoca el recurrente, estimando esta autoridad que incumple con lo previsto por los artículos10 fracción VII y 18, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establecen:

“Artículo 10.- Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito, debiendo cumplir con los requisitos siguientes:

VII.- Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente Ley, mencionar, en su caso, las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que oportunamente las solicito por escrito al órgano o a la Autoridad competente y éstas no le hubieren

sido entregadas…”

“Artículo 18.- El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.”

Por tanto, al no haber aportado los medios de prueba idóneos y suficientes para la demostración de la irregularidad que pretende hacer valer al momento de presentar su escrito impugnativo ante la autoridad señalada como responsable, es claro, que con las que constan en autos no se acreditan los extremos legales exigidos por la causal en estudio, y en consecuencia su motivo de disenso resulta INFUNDADO.

B.- ERROR O DOLO EN EL CÓMPUTO DE LOS VOTOS.- En este apartado se realizara el estudio de las casillas en las que, a consideración del recurrente, se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 40 fracción IX, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que en las Actas Únicas de la Jornada Electoral se observan errores que no coinciden en los rubros fundamentales o bien espacios en blanco o ilegibles en algunos rubros que ponen en duda la certeza de la votación, al no poder corroborar los datos asentados en dichos documentos; las casillas cuestionadas por el recurrente son: 1403 B, 1403 C1, 1403 C2, 1404 B, 1405 B, 1406 B, 1406 C1, 1407 B, 1408 B, 1409 B, 1410 B, 1410 C1, 1410 C2, 1410 EX, 1411 B, 1412 B, 1412 C1, 1413 B, 1414 B, 1414C1, 1415 B, 1415 C1, 1416 B, 1417 B, 1417 C1, 1418 B, 1419 B, 1419 C1, 1420 B, 1421 B, 1422 B, 1422 EX, 1423 B, 1423 C1, 1424 B, 1425 B, 1425 C1, 1426 B, 1427 B, 1428 B, 1428 C1 y 1428 C.

Previo al estudio de cada una de las casillas impugnadas, es necesario precisar el marco normativo que rige la causal de nulidad que invoca el impetrante, y en primer término debemos indicar que el artículo 40, fracción IX de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala:

“Artículo 40.-La votación recibida en una o varias casillas, será nula cuando sin causa justificada:

IX.- Se computen los votos habiendo mediado error o dolo manifiesto y esto impida cuantificar la votación adecuadamente;...”

De una interpretación funcional de este precepto jurídico, se desprende que el valor jurídico tutelado, es el principio de certeza en los resultados electorales, es decir, el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

En cuanto a ello, los artículos 217, 218 y 219, de la Ley Estatal Electoral, señalan el procedimiento de escrutinio y cómputo, el orden en que se lleva a cabo, las reglas conforme a las cuales se realiza, así como los criterios que se deben aplicar para determinar la validez o nulidad de los votos emitidos.

En este contexto, “voto nulo” es el expresado por el elector en una boleta que depositó en la urna, en el que no marcó un sólo cuadro con el emblema del partido político o coalición, o bien marcó más de uno, y no queda clara su voluntad respecto de qué instituto político desea sufragar; así mismo las boletas sobrantes son las que, habiendo sido entregadas al Presidente de la mesa directiva de casilla, no fueron utilizadas el día del jornada electoral, es decir, que nunca se depositaron en la urna.

Ahora bien, el escrutinio y cómputo de la elección se realiza conforme a los lineamientos establecidos en el numeral 218, de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, que una vez concluido, se levantará el acta correspondiente de la elección, la cual deberá ser firmada por todos los funcionarios de las mesas directivas de casilla y representantes de los partidos políticos o coaliciones, de acuerdo a lo previsto en los diversos artículos 222 y 223, del ordenamiento legal antes citado.

Toda vez que la causal de nulidad que ocupa nuestra atención en este apartado, prevé como hipótesis el “error”, cabe señalar que por ello se entiende, cualquier idea o expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto y que, jurídicamente, implica la ausencia de mala fe; por el contrario, el “dolo” debe ser considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira, lo cual indica que no se presume, sino que es un hecho que debe ser acreditado plenamente por quien lo invoca, toda vez que existe la presunción “juris tantum” de que la actuación de los miembros de la mesa directiva de casilla es de buena fe; por tanto se considera error en el cómputo de los votos cuando exista una inconsistencia no subsanable entre los siguientes rubros:

1.- Votación emitida (sumatoria de cada uno de los votos obtenidos por cada partido político o coalición, incluyendo votos nulos más planillas no registradas);

2.- Número de electores que votaron; y,

3.- Número de boletas extraídas de la urna.

También debe dejarse en claro, que además de la actualización del error, se requiere que éste sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla, lo cual puede deducirse aplicando un criterio cuantitativo, que ocurre cuando el error en el cómputo de votos resulta aritméticamente igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones contendientes que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación, o bien que, en el caso de anularse la votación de la casilla, se revierta el resultado de la elección municipal; o el criterio cualitativo, que deriva cuando en el Acta Única de la Jornada Electoral y en especial en el apartado de

“Acta de Escrutinio y Cómputo”, se adviertan alteraciones graves o ilegibilidad en los datos asentados o, en su caso, espacios en blanco o datos omitidos, que no puedan ser inferidos de las cantidades asentadas en los demás apartados, o subsanados con algún otro documento que obre en el expediente y con esto se ponga en duda el principio de certeza de los resultados electorales obtenidos en la casilla.

Ahora bien, la falta de correspondencia aritmética o inconsistencia entre las cifras, o la existencia de espacios en "blanco" en las actas, por no haberse anotado en ellos dato alguno, se estima una irregularidad, pero tal situación no puede considerarse necesariamente imputable a los funcionarios de la mesa directiva de casilla, ya que en ocasiones puede ocurrir que aparezca una diferencia entre las boletas recibidas, con la suma de boletas extraídas de la urna y las boletas sobrantes; o bien, entre el número de ciudadanos que votaron, la cantidad de boletas encontradas en las urnas y la cantidad obtenida de la suma de la votación emitida, cuya explicación puede obedecer, por ejemplo, a que algunos electores hayan destruido las boletas que se les entregaron o que se las hayan llevado sin depositarlas en las urnas; asimismo, en otros supuestos, puede ocurrir que los funcionarios de la mesa directiva de casilla, por descuido, no hayan incluido entre los electores que votaron conforme a la lista nominal a algún ciudadano o a los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante esa casilla que también hayan votado, ni aquellos ciudadanos que, en su caso, ejercieron su derecho al voto por contar con resolución favorable para tal efecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y que, obviamente apareciera un mayor número de votos encontrados en la urna y de votos emitidos que, el del total de electores que votaron conforme a la lista nominal.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, este órgano jurisdiccional tomará en consideración las Actas Únicas de la Jornada Electoral, las listas nominales de electores que se utilizaron el día de la jornada electoral de en las casillas cuya votación se impugna, y su caso el Acta de la Sesión de Cómputo realizada por el Consejo Municipal de Tlanchinol, Hidalgo; documentales, que por tener el carácter de públicas de conformidad con el artículo 15, fracción I de Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19, fracción I del mismo ordenamiento legal.

Así también serán tomados en cuenta los incidentes asentados en las Actas Únicas de la Jornada Electoral, los escritos de protesta, y en su caso, las pruebas técnicas ofrecidas por el actor, así como cualquier otro elemento probatorio, que en concordancia con el citado artículo 19 de la ley invocada, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de apreciar con claridad la existencia de algún error en la computación de los votos y evaluar si es determinante o no para el resultado de la votación, se presenta un cuadro comparativo donde se precisan los datos numéricos en relación a todas y cada una de las casillas cuya votación se impugna por la causal de nulidad en estudio:

( )  Error detectado en votos nulos al sumar a éstos las boletas inutilizadas.

*   Datos subsanados de las listas nominales de casilla.

**  Dato subsanado del acuse de recibo de material electoral.

__ Datos obtenidos del acta de la sesión permanente de jornada electoral.

En la columna identificada bajo el número 1, se hace referencia a la cantidad de boletas recibidas para la elección municipal, que fueron entregadas al presidente de casilla para recibir la votación de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, así como las que corresponden a los representantes de los partidos políticos o coaliciones ahí acreditados; dato que se obtiene del apartado correspondiente del Acta Única de la Jornada Electoral o, en su caso, de los recibos de documentación y materiales electorales entregados al presidente de la casilla.

En la columna número 2, consta la cantidad de boletas inutilizadas, que son aquellas que no se usaron por los electores el día de la jornada electoral, por lo cual fueron inutilizadas por el secretario de la mesa directiva de casilla; dato que se toma del apartado de escrutinio y cómputo del Acta Única de la Jornada Electoral.

En la columna identificada con el número 3, se consigna la cantidad que resulta de restar a las boletas recibidas las boletas sobrantes, y que se infiere representa el número de boletas que fueron utilizadas por los electores para emitir su voto, razón por la cual, dicha cantidad servirá de comparativo con las anotadas en los subsecuentes tres rubros de la tabla, con los que guarda especial relación.

Así, en la columna bajo el número 4, se anota el número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal; en la columna número 5, se precisa el total de boletas extraídas de la urna; en la 6, se anotan los resultados de la votación obtenida que se obtiene de sumar los votos emitidos en favor de cada partido político o coalición y los relativos a los votos nulos más planillas no registradas; cantidades que se obtienen de los recuadros respectivos del apartado correspondiente de escrutinio y cómputo del Acta Única de la Jornada Electoral.

En las columnas 7 y 8, contienen el número de votos obtenidos por los partidos políticos o coaliciones que obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente, los cuales se obtiene del apartado correspondiente del multicitado documento público.

En la penúltima columna, se anotan las diferencias de votos existentes entre los partidos que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación recibida en cada casilla, la cual se obtiene de realizar la sustracción de los números consignados en las columnas 7 y 8.

Finalmente en la última columna, se anota el número de votos que fueron computados de manera irregular por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, el cual se extrae de realizar la comparación de los rubros fundamentales que se encuentran en las columnas 4, 5, y

6; que en caso de que resulte igual o mayor a la diferencia de votos obtenidos por el primer y segundo lugar (penúltima columna) se estimará que el error es determinante para el resultado de la votación, por lo cual procederá anular la votación recibida en la casilla de que se trate.

Bajo este marco normativo, es importante resaltar que la existencia de datos en blanco, ilegibles o discordantes entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, como son: el de “BOLETAS RECIBIDAS MENOS BOLETAS INUTILIZADAS”, “NÚMERO DE CIUDADANOS QUE VOTARON”, “NÚMERO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA” y “VOTACIÓN TOTAL OBTENIDA”, no siempre constituye causa suficiente para anular la votación recibida encasilla por la causal en estudio, acorde con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia:

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.” "ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.” (Se transcribe).

Precisado lo anterior, se procede al análisis de las casillas impugnadas por el Partido Revolucionario Institucional a través de su representante acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de Tlanchinol, Hidalgo, y para una mayor claridad es conveniente realizar la siguiente agrupación:

1.- CASILLAS EN LAS QUE EXISTE PLENA COINCIDENCIA ENTRE RUBROS FUNDAMENTALES Y NO FUNDAMENTALES DEL ACTA ÚNICA DE LA JORNADA ELECTORAL.

En las casillas que se enlistan enseguida, del análisis de los datos asentados en las Actas Únicas de la Jornada Electoral, se aprecia exacta correspondencia tanto en rubros no fundamentales como en los fundamentales, es decir, que no existe discrepancia o error en el cómputo de los votos recibidos en estas mesas receptoras de votos, contrario a lo que afirma el inconforme; y para mejor comprensión se presenta el siguiente cuadro esquemático:

Por ende, los agravios formulados por el justiciable se estiman INFUNDADOS en relación a las casillas 1403 B, 1403 C2, 1406 B, 1406 C1, 1407 B, 1409 B, 1410 EX, 1411 B, 1412 B, 1412 C1, 1413 B, 1414 B, 1416 B, 1420 B, 1422 EX, 1424 B, 1425 C1, 1426 B, 1427 B y 1428 B, dado que en las mismas no existe error o discrepancia en el cómputo de los votos efectuados por los funcionarios de las mesas directivas de las casillas citadas, tal como puede observarse de los datos antes señalados.

Mención aparte merece la casilla 1417 B, toda vez que de los datos asentados en el Acta Única de la Jornada Electoral se aprecia que en el rubro de “BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA” se anoto la cantidad de “411”; cantidad ilógica si se toma en consideración que de acuerdo al “TOTAL DE ELECTORES QUE VOTARON” y “VOTACIÓN TOTAL OBTENIDA” arrojan cantidades idénticas, es decir, 251 votos, razón por la que no es creíble ni posible aritméticamente que se hayan extraído de la urna 411 boletas, ya que ese número representa el “TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS”; motivo por el cual, de la plena coincidencia de los dos rubros fundamentales que contienen cantidades iguales, puede deducirse válidamente que el total de “BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA” son 251; constituyendo dicha irregularidad un error en la anotación de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, al anotar también en este rubro las boletas inutilizadas o sobrantes; por tanto, de igual forma se considera INFUNDADO el agravio relativo a la casilla particularizada.

2.-CASILLAS EN QUE SE PLANTEA ERROR EN DATOS

RELATIVOS A RUBROS NO FUNDAMENTALES.

Del estudio de los datos asentados en las Actas Únicas de Jornada Electoral, el impugnante pretende la nulidad de la votación recibida en casillas por el error en boletas (no votos), como se aprecia en el siguiente cuadro, donde si bien es cierto existe una diferencia en los rubros no fundamentales, también los es que los datos asentados en los rubros de mayor relevancia (fundamentales) existe plena coincidencia, como se ilustra de la siguiente forma:

De los datos precisados en las casillas anteriores, se deduce que el error es en el rubro de boletas recibidas, boletas inutilizadas y la diferencia de éstas dos, ya que no coinciden con la cantidad de boletas que fueron utilizadas el día de la jornada electoral; pero se trata de una información que, en nada afecta la validez de la votación recibida en esas casillas, pues la subsistencia o no de los resultados no depende de la numeración progresiva de las boletas, sino de los votos que haya emitido la ciudadanía, mediante los cuales expresó su voluntad a favor de uno de los partidos políticos o coaliciones contendientes.

Por ende, la información relevante para estos efectos es la consignada en los apartados de número de boletas extraídas de la urna, votación total obtenida y el número de electores que votaron en la casilla conforme al listado nominal.

Por tanto, se afirma que el agravio relativo a las casillas 1403 C1, 1410 B, 1415 B y 1419 B es INFUNDADO, puesto que el error fue detectado en el numero de boletas que debieron ser utilizadas el día de la jornada electoral, empero que los datos reflejados en los rubros que contienen el número de votos validos que fueron emitidos para la elección del Ayuntamiento de Tlanchinol, Hidalgo, coinciden a cabalidad sin contener algún error que ponga en duda el principio de certeza que tutela la causal en estudio.

3.-CASILLAS EN LAS QUE EXISTE PLENA COINCIDENCIA EN LOS DATOS ASENTADOS EN LOS RUBROS DE NÚMERO DE ELECTORES QUE VOTARON Y VOTACIÓN TOTAL OBTENIDA, PERO APARECE EN BLANCO O CON CERO EL RUBRO DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA.

En las mesas receptoras de la votación mencionadas en el siguiente cuadro, que fueron instaladas para recibir la votación en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, para la elección del Ayuntamiento, se observa que el rubro de boletas extraídas de la urna se encuentra en blanco, o bien los funcionarios de casilla anotaron el número 0.

La anterior omisión detectada en las Actas Únicas de la Jornada Electoral, no representa una irregularidad grave que ponga en tela de juicio los resultados obtenidos, si tomamos en cuenta, que quienes reciben los sufragios el día de la jornada electoral son ciudadanos que recibieron un curso de capacitación por la autoridad administrativa electoral para desempeñar la tarea encomendada, pero que no son expertos o profesionales en la materia y que por ello se les exija que sean infalibles en sus funciones; razón por la que no están exentos de omitir o asentar datos o hacerlo de manera errónea; aunado a que de los rubros de “NÚMERO DE ELECTORES QUE VOTARON” y

“VOTACIÓN TOTAL OBTENIDA” coinciden en sus resultados consignados, lo que indica que de la urna extrajeron el mismo número de boletas; ante tal circunstancia, esta autoridad estima que resulta INFUNDADO el motivo de disenso hecho valer por el justiciable, respecto de las casillas 1404 B, 1410 C1, 1415 C1, 1422 B, 1423 B y 1425 B.

Respecto de las casillas 1408 B, 1417 C1 y 1421 B, es necesario hacer mención especial, toda vez que al revisar la votación total obtenida comparándola con el total de boletas recibidas, se aprecia que las cifras son idénticas, presumiendo que en esas mesas acudieron a sufragar la totalidad de los electores inscritos en la lista nominal; sin embargo; también se observa que en el rubro de votos nulos más planillas no registradas se anotaron las cantidades de 168, 160 y 155, respectivamente, de las cuales se deduce que los funcionarios de las mesas directivas de casillas anotaron en este rubro las boletas inutilizadas más los votos nulos así calificados por ellos mismos; motivo por el cual, al realizar la sumatoria de los votos obtenidos por cada partido político o coalición más los votos nulos y planillas no registradas, arroja el mismo número de boletas recibidas, siendo que el número correcto de votos nulos más planillas no registradas son las cantidades de 3, 6 y 21, respectivamente, los cuales se obtienen de la sustracción de “ELECTORES QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL” menos los “VOTOS OBTENIDOS POR CADA PARTIDO POLÍTICO”, arrojando el número correcto de votos nulos recibidos en esas mesas receptoras de votos; irregularidad que no puede ser considerada como grave y determinante para el resultado de la votación, en atención a que el error se originó por un descuido o falsa apreciación de los conceptos antes citados por parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla; en consecuencia el agravio vertido por el actor, se considera INFUNDADO, lo cual se corrobora por lo dispuesto en la Jurisprudencia:

“ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN.”

4.-CASILLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRAN INCONSISTENCIAS ENTRE LOS RUBROS FUNDAMENTALES, PERO QUE NO SON DETERMINANTES EN EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN.

Para mayor entendimiento y claridad, se inserta un cuadro con las casillas 1410 C2, 1414 C1, 1418 B, 1419 C1, 1428 C1 y 1428 C2:

En el supuesto de las casillas señaladas en el cuadro anterior, se observa que efectivamente existe error en el llenado de las Actas Únicas de la Jornada Electoral; sin embargo; la errata de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, quienes son personas que, de forma gratuita y, en cumplimiento de un deber ciudadano, colaboraron en el proceso electoral sin ser peritos en la materia, no constituye una irregularidad grave que afecte el principio de certeza que tutela esta causal, pues la diferencia existente en los rubros fundamentales no es determinante para anular la votación recibida en esas casillas.

En esa tesitura, de acuerdo con los criterios adoptados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se considerará que cuando algún dato de rubros fundamentales no coincide con los demás, y no existen manifestaciones o elementos demostrativos de que el escrutinio y cómputo se haya realizado bajo condiciones que pudieran afectar su normal desarrollo y generan duda de sus resultados, se debe considerar como un mero producto de error en la anotación, más no en el acto electoral y o bien cuyas discrepancias no son determinantes para modificar los resultados obtenidos en esas casillas.

Ahora, para establecer si la diferencia existente en los rubros fundamentales es o no determinante para el resultado de la votación, se toma en consideración si el margen de error detectado es igual o mayor a la diferencia numérica de los votos obtenidos por el primer y segundo lugar de los partidos políticos o coaliciones que contendieron en la elección, de manera tal que de no haber existido ese error, quien ocupó el segundo lugar pudiera haber alcanzado el mayor número de votos, pues en este supuesto, si se considera que el error cometido por los funcionarios de las mesas directivas de casilla es grave que produce la nulidad de la votación; criterio plasmado en la Jurisprudencia:

“ERROR GRAVE EN EL CÓMPUTO DE VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (legislación de Zacatecas y similares)”. (Se transcribe)

Por lo anteriormente expuesto, el agravio formulado por el inconforme respecto de las casillas 1410 C2, 1414 C1, 1418 B, 1419 C1, 1428 C1 y 1428 C2, se estima INFUNDADO.

5.- CASILLAS EN QUE LOS ERRORES EN EL CÓMPUTO DE LOS RUBROS FUNDAMENTALES, SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN.

Finalmente, se estima esencialmente FUNDADO el motivo de inconformidad planteado por el recurrente respecto de las casillas 1405 B y 1423 C1, como se ilustra en el cuadro siguiente:

El error es determinante para el resultado de la votación recibida en estas casillas, pues existe incongruencia en los rubros fundamentales, es decir, entre “NÚMERO DE ELECTORES QUE VOTARON”, “BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA” y “VOTACIÓN TOTAL OBTENIDA”; así mismo la discrepancia detectada es igual o mayor a la cantidad de votos obtenidos por los partidos políticos que ganaron el primer y segundo lugar; por lo cual se actualiza la causal de nulidad de error en el cómputo de los votos, ya que aritméticamente no se tiene la certeza acerca de la real voluntad de la ciudadanía que acudió a sufragar en esas casillas el día de la jornada electoral, lo que conlleva a decretar la nulidad de la votación emitida, pues además al no existir incidente en que se aclare tal situación, y no haber posibilidades lógicas matemáticas para deducirlo, esta autoridad se encuentra impedida de corregirlo; en consecuencia se declara la nulidad de la votación emitida en las casillas 1405 B y 1423 C1, y se ordena la recomposición de los votos consignados en el Acta de Cómputo elaborada por el Consejo Municipal Electoral de Tlanchinol, Hidalgo.

C.- ESTUDIO DE LAS IRREGULARIDADES GRAVES QUE HACE VALER EL RECURRENTE.

El justiciable a través de su escrito impugnativo, invoca que se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 40, fracción XI de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al considerar que durante la jornada electoral del 3 de julio de 2011, en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, acontecieron irregularidades que considera graves y que no fueron reparadas el día de la elección con lo cual se pone en tela de juicio la certeza de la votación emitida; motivos de inconformidad que hace consistir en:

a). En el paquete de la casilla 1426 Básica existe una hoja de incidentes por compra de votos el día de la jornada electoral para hacer notar que se favoreció al candidato del Partido Acción Nacional;

b). En las casillas 1409 y 1412 había “turismo electoral”, porque las comunidades de Cuatlimax y San José, son los lugares de origen del candidato y presidente municipal de Tlanchinol, y que pertenecen al Partido Acción Nacional;

c). Hubo funcionarios de la Presidencia Municipal de Tlanchinol que repartieron despensas, apoyos económicos y vales con promesa de vivienda por el Partido Acción Nacional, teniendo como excusa la contingencia del clima que se presentó el día de la jornada electoral;

d). Ante la obstrucción de caminos y carreteras del municipio por las constantes lluvias, se impidió a sus simpatizantes que salieran a votar a su favor; y,

e). La autoridad municipal (Presidente y Secretario General) expidió oficio 0584/2011/2012, mediante el cual hace del conocimiento del Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional una relación de personas que serán beneficiadas a cambio de trabajar y apoyar al candidato de ese partido, así como que los regidores cobrarán el doble de sueldo a partir del mes de marzo.

Como tercero interesado, el Partido Acción Nacional, argumentó lo siguiente:

1.- El recurso interpuesto por el actor resulta improcedente porque los agravios formulados no se encuentran debidamente configurados, son oscuros y confusos y no precisa la lesión o agravio que le causa el acto;

2.- Al invocar las causales de nulidad del artículo 40, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no señala circunstancias de modo, tiempo y lugar, solo refiere hechos de forma vaga, imprecisa y general;

3.- Que esta autoridad, al analizar las causales de nulidad que invoca el recurrente en todas las casillas del Municipio, incluso en las que obtiene el primer lugar, sería extralimitarse en la suplencia de la deficiencia de los agravios;

4.- Que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 10, fracciones VI y VII, 11 fracciones I y II, y 80 fracción II de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral;

5.- Tocante a la supuesta compra de votos, el inconforme no menciona el número de electores que se coacciono ni el tiempo en que se realizó dicha acción;

6.- Respecto del turismo electoral aducido, no fue una acción generalizada ya que solo menciona las casillas 1409 y 1412, además no existe queja, escrito de protesta o prueba que demuestre tal hecho;

7.- Respecto de los vales con promesa de vivienda, no fueron repartidos por su representado ni fueron realizados los intercambios ni dádivas;