JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTES: ST-JRC-60/2012 Y ST-JRC-61/2012 ACUMULADOS.

ACTORES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO DEL TRABAJO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

TERCERO INTERESADO: COALICIÓN “COMPROMETIDOS POR EL ESTADO DE MÉXICO”.

MAGISTRADO PONENTE: SANTIAGO NIETO CASTILLO.

SECRETARIOS: ARMANDO CORONEL MIRANDA, ABDÍAS OLGUÍN BARRERA, CLAUDIO CÉSAR CHÁVEZ ALCÁNTARA Y PERLA BERENICE BARRALES ALCALÁ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a cuatro de diciembre de dos mil doce.

VISTOS, para resolver, los autos de los juicios de revisión constitucional electoral citados al rubro, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática. a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Partido del Trabajo a través de su representante propietario ante el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Otzolotepec en la citada entidad federativa, a fin de impugnar la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil doce, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, en los expedientes de los juicios de inconformidad identificado con la clave JI/13/2012, JI/14/2012 y JI/15/2012 acumulados a través de la cual se confirmaron los resultados señalados en el acta de cómputo municipal, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, todas relacionadas con la elección de miembros del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México.

RESULTANDO

I. Antecedentes. De la narración de los hechos que la parte actora hace en sus demandas, de las constancias que obran en autos, así como de diversos hechos notorios para esta Sala Regional en términos de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte lo siguiente:

1. Jornada electoral. El uno de julio del año en curso, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los integrantes del los ayuntamientos del Estado de México, entre ellos, el relativo al Municipio de Otzolotepec.

2. Cómputo municipal, declaración de validez de la elección y entrega de constancias de mayoría. El cuatro de julio de dos mil doce, el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Otzolotepec, llevó a cabo la sesión ininterrumpida de cómputo de la elección del ayuntamiento respectivo, de la cual se obtuvieron los resultados siguientes:[1]

En dicha sesión, mediante acuerdo número 8, del propio cuatro de julio de dos mil doce, se declaró la validez de la elección y se hizo entrega de la constancia de mayoría respectiva a la planilla postulada por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”.[2]

3. Juicio de inconformidad local. Inconformes con el cómputo anterior, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo a través de sus respectivos representantes ante el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Otzolotepec, mediante escritos presentados el ocho de julio de dos mil doce, promovieron sendos juicios de inconformidad, los que fueron radicados por el Tribunal Electoral del Estado de México con los números de expedientes JI/13/2012 y JI/15/2012.[3]

4. Sentencia del juicio de inconformidad JI/13/2012 y sus acumulados JI/14/2012 y JI/15/2012. El diecisiete de octubre del año en curso, el tribunal electoral local dictó sentencia en los medios de impugnación referidos,[4] en los que determinó lo siguiente:

“PRIMERO. Se acumulan los juicios de inconformidad identificados con la clave de expediente JI/14/2012 y JI/15/2012, al medio de impugnación identificado con la clave JI/13/2012. Se ordena glosar copia certificada de esta sentencia, a los expedientes de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se CONFIRMAN los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento por el principio de mayoría relativa de Otzolotepec, Estado de México, en consecuencia, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría”.

La referida sentencia se notificó a los partidos políticos actores el diecisiete de octubre del año en curso.[5]

II. Juicios de revisión constitucional electoral. Inconformes con la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, el veintiuno de octubre de dos mil doce, se promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral:

1.     El Partido de la Revolución Democrática a través de Mario Enrique del Toro, representante propietario ante el Instituto Electoral del Estado de México,[6] y

2.     El Partido del Trabajo a través de Benjamín Domínguez Santín, representante propietario ante el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en Otzolotepec.[7]

III. Recepción en Sala Regional. El veintidós de octubre siguiente, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional los oficios siguientes:

1.     TEEM/P/513/2012, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, al que acompañó el escrito de demanda del Partido de la Revolución Democrática, el informe circunstanciado y las respectivas constancias de trámite, así como los expedientes originales de los juicios de inconformidad JI/13/2012, JI/14/2012 y JI/15/2012.[8]

2.     TEEM/P/505/2012 suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, al que acompañó el escrito de demanda del Partido del Trabajo, el informe circunstanciado y las respectivas constancias de trámite.[9]

IV. Turno a ponencia. Mediante acuerdos de veintidós de octubre del año en curso, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ordenó integrar los expedientes ST-JRC-60/2012 y ST-JRC-61/2012 respectivamente, y turnarlos a la Ponencia del Magistrado Santiago Nieto Castillo, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al considerar que se encontraban vinculados dichos asuntos.[10]

Dichos acuerdos se cumplimentaron mediante los oficios TEPJF-ST-SGA-4852/12 y TEPJF-ST-SGA-4853/12 respectivamente, de fecha veintidós de octubre del año en curso, por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional federal.[11]

V. Admisión. Mediante proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, al estimar colmados los requisitos de procedencia de los juicios de revisión constitucional electoral ST-JRC-60/2012 y ST-JRC-61/2012, el Magistrado Instructor admitió a trámite las demandas de los juicios de mérito.[12]

VI. Tercero interesado. El veinticuatro de octubre de dos mil doce, la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” compareció con el carácter de tercero interesado en los medios de impugnación ST-JRC-60/2012 y ST-JRC-61/2012[13] y realizó las manifestaciones que estimó pertinentes.

Dichos escritos de tercero se tuvieron por presentados el veinticinco de octubre siguiente, mediante sendos acuerdos del Magistrado Instructor.[14]

VII. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor, al considerar que se encontraban debidamente sustanciados los expedientes, declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia y jurisdicción. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, en conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b) y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de dos juicios de revisión constitucional electoral promovidos por dos partidos políticos, para controvertir una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, relativa a la elección del Ayuntamiento de Otzolotepec, de la mencionada entidad federativa, misma que se encuentra dentro de la circunscripción donde esta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Del examen de los escritos de demanda, esta Sala Regional advierte la existencia de conexidad en la causa en los juicios identificados con las claves ST-JRC-60/2012 y ST-JRC-61/2012, en virtud de que en los presentes juicios, los actores son los Partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, quienes por conducto de sus respetivos representantes, promueven los juicios de revisión constitucional electoral a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, el diecisiete de octubre de dos mil doce, mediante la cual se confirma los resultados contenidos en el acta de computo municipal de cuatro de julio del presente año, así como la declaratoria de validez de la elección del Ayuntamiento de Otzolotepec, Estado de México y la respectiva entrega de constancias de mayoría a los candidatos postulados por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”, aduciendo en esencia las mismas pretensiones, de ahí que, en la especie, se surta la conexidad de la causa.

Al respecto, debe precisarse que el objetivo primordial de la acumulación de autos es acatar el principio de economía procesal traducido en que en un solo momento se resuelvan dos o más juicios o procedimientos en donde exista identidad en las personas, acciones, bienes o causas, y evitar que se dicten sentencias contradictorias, resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias.

Lo anterior es conforme a Derecho, si se toma en cuenta que la acumulación de expedientes solamente tiene efectos procedimentales o procesales y de carácter práctico, en este caso específico, en razón de la existencia de conexidad en la causa de las demandas y la identidad sustancial del acto reclamado y la autoridad responsable.

En esas condiciones, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 86 del Reglamento Interno de este Tribunal, lo conducente es decretar la acumulación del juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-61/2012 al diverso juicio ST-JRC-60/2012, por ser éste el más antiguo.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del expediente acumulado.

TERCERO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de las impugnaciones planteadas, se analizan las causales de improcedencia que se derivan de los juicios que se resuelven, por ser de orden público y su estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A continuación se estudia las causales de improcedencia hechas valer por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” en sus respectivos escritos de tercero interesado.

1.                     La referida coalición señala que los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo no cumplen con el requisito contemplado en el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral al no establecer con claridad y precisión en qué consiste la violación a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Esta causal de improcedencia se desestima en razón de que para el cumplimiento de dicho requisito especial de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral se ha establecido que esta exigencia debe entenderse en sentido formal, no como el análisis previo de los agravios propuestos por los actores en relación con una violación concreta de un precepto de la Constitución, en virtud de que ello implicaría entrar al estudio del fondo del asunto; en consecuencia, dicho requisito debe estimarse satisfecho cuando en el juicio de revisión constitucional electoral se alega la violación a disposiciones constitucionales.

Es el caso concreto, los partidos políticos aducen que la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México vulneró lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17, párrafo tercero, 35, fracciones I y II, 39, 41 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se tiene por satisfecho el requisito de procedencia regulado en el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo anterior hace factible que esta Sala Regional realice posteriormente el análisis de sustancial de los agravios planteados en el medio de impugnación, para que determine si la sentencia impugnada efectivamente vulnera o no los preceptos constitucionales que señalan los promoventes.

Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia con la clave 02/97, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”,[15] la cual refiere que es suficiente con que en la demanda se precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a evidenciar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de una indebida o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral.

2.                     Por cuanto hace a la causal de improcedencia establecida en el artículo 88, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en la falta de personería de Mario Enrique del Toro, toda vez que éste es representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

Asimismo, señala la coalición compareciente que a quien le asiste el derecho para efectos de interponer el presente juicio es a Juan Hugo de la Rosa García, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática o, en su caso, a Ivette Roldán Estrada como representante propietaria ante el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en Otzolotepec.

En este sentido, la causal de nulidad hecha valer por la coalición tercera interesada se desestima en atención a las siguientes consideraciones:

Como se precisó en el apartado de antecedentes de la presente sentencia, el juicio de inconformidad radicado con la clave JI/15/2012 ante el Tribunal Electoral del Estado de México fue promovido por Ivette Roldán Estrada, quien se ostento con el carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en Otzolotepec, en la referida entidad federativa.

En tanto que la demanda del juicio de revisión constitucional electoral que se promovió en contra de la sentencia dictada en el juicio de inconformidad local, se encuentra firmada por Mario Enrique del Toro, quien se ostenta con el carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, personalidad que acredita con la copia certificada de la solicitud de registro[16] de trece de julio de dos mil doce, emitida a su favor por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del citado instituto político, documental que se adjunta en copia certificada y a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 4, inciso c), con relación al diverso 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A partir de lo anterior, resalta que quien promovió el juicio de inconformidad local es una persona diferente de quien suscribe la demanda del presente juicio de revisión constitucional electoral, circunstancia que, en principio, implicaría una falta de personería de quien instó el juicio que se resuelve, sin embargo, ello no acontece en la especie, como se explica enseguida.

El artículo 88, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que el juicio de revisión constitucional electoral puede ser promovido por los partidos políticos, a través de sus representantes legítimos registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado.

Sin embargo, la Sala Superior de este órgano jurisdiccional ha sostenido que para la actualización de este supuesto, no es indispensable que el órgano electoral ante el que se efectuó el registro del representante partidista, sea directa y formalmente autoridad responsable dentro del trámite concreto del juicio de revisión constitucional electoral, ni que su acto electoral sea el impugnado destacadamente en éste, sino que también se actualiza el supuesto en estudio cuando dicho órgano electoral haya tenido la calidad de autoridad responsable y su acto o resolución fueran combatidos en el medio de impugnación en el que se emitió la resolución jurisdiccional que constituya el acto reclamado en el juicio de revisión constitucional electoral.

Toda vez que, por las peculiaridades de este juicio, semejantes en cierta medida a los de una segunda o posterior instancia dentro de un proceso, a pesar de que formalmente la autoridad responsable lo sea el órgano jurisdiccional que emite el auto o sentencia controvertida, en la realidad del conflicto jurídico objeto de la decisión los órganos electorales administrativos no pierden su calidad de autoridades responsables, y como tales quedan obligados con la decisión que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea que confirme, revoque o modifique la resolución del tribunal local que se ocupó con anterioridad de la cuestión, y esto con todas las consecuencias, inclusive para la ejecución del fallo, ya que finalmente los actos que en el fondo son materia y objeto de la decisión jurisdiccional son los de dichos órganos electorales, aunque su análisis se realice de primera mano o a través de la resolución o determinación que hubiera tomado un tribunal que conoció del asunto con antelación.

Criterio que se reitera en la jurisprudencia 2/99 cuyo rubro es “PERSONERÍA, LA TIENEN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN FORMALMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.”[17]

A partir de lo anterior, se desprende válidamente que el juicio de revisión constitucional electoral puede ser promovido por los partidos políticos, a través de sus representantes legítimos registrados formalmente ante el órgano electoral que haya tenido la calidad de autoridad responsable y su acto o resolución fueran combatidos en el medio de impugnación en el que se emitió la resolución jurisdiccional que constituya el acto reclamado en el juicio de revisión constitucional electoral.

En este sentido, constituye un hecho notorio para esta Sala Regional en términos de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que a la fecha en que se promovió el presente juicio de revisión constitucional electoral, el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Otzolotepec, Estado de México, órgano electoral que emitió el acto impugnado en la instancia primigenia concluyó sus actividades, como se corrobora en el acuerdo IEEM/CG/253/2012, de tres de septiembre de dos mil doce, en el que se señala:

“Se determina el cierre de 4 Juntas Distritales y 73 Juntas Municipales del Instituto Electoral del Estado de México que fueron integradas para atender el proceso electoral 2012”.[18]

De tal manera, en el punto SEGUNDO del acuerdo citado, se previó lo siguiente:

“(…) para el caso de que deban atenderse requerimientos o darse cumplimiento a las sentencias que se emitan por parte de los órganos jurisdiccionales electorales, este Consejo General se abocará a realizar, en forma supletoria y en sustitución de los órganos desconcentrados municipales, los actos que sean necesarios (…)”

En consecuencia, es procedente que el juicio de revisión constitucional electoral se haya presentado a través del representante del Partido de la Revolución Democrática acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, quien sustituyó al entonces Consejo Municipal Electoral 68 de Otzolotepec, máxime que del diecisiete de octubre de dos mil doce, fecha en que se dictó la sentencia que ahora se impugna transcurrieron cuarenta y tres días después de la publicación del acuerdo IEEM/CG/253/2012 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México donde se daban por concluidas las actividades del Consejo Municipal Electoral del Otzolotepec, en la citada entidad federativa.

De ahí que se tenga por cumplido el requisito bajo análisis y por consecuencia se desestime la causal de improcedencia señalada.

3.                     Por cuanto hace a la tercera de las causales de improcedencia hecha valer por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”, en el sentido de que no se cumple con el requisito especial de procedencia contenido en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones.

Lo anterior, porque de los hechos y de los conceptos de agravio que pretende hacer valer y de los que presuntamente se duelen los partidos políticos actores, no existe tal afectación o menoscabo alguno que pueda causar la resolución que se impugna.

Al respecto, esta Sala Regional considera que se debe desestimar la causal de improcedencia hecha valer por la coalición compareciente en atención a las siguientes consideraciones:

El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución General de la República, establece que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, sobre las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.

Por su parte, el artículo 86, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o para el resultado final de la elección.

En este sentido, una violación puede resultar determinante para el desarrollo de un proceso electoral o el resultado de una elección, cuando exista la posibilidad fáctica de constituirse en causa o motivo suficiente para provocar una alteración o cambio substancial de cualquiera de las etapas o fases de que consta el proceso comicial, o del resultado final de las elecciones, reflejada en la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios, tal como se desprende de la jurisprudencia 15/2002,[19] con el rubro: “VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO”.

En la especie, los partidos políticos actores aducen en sus demandas que se surte el requisito de determinancia en virtud de que la resolución no fue apegada al principio de legalidad dado que la autoridad responsable fue omisa en considerar los agravios completos, faltando con ello también al principio de exhaustividad; asimismo, refiere que en el juicio de inconformidad dejó muy claro que la causa de pedir consistió en la nulidad de la elección, a partir del cómputo municipal, por haberse actualizado en los hechos las hipótesis normativas previstas en el precepto invocado.

Por lo que la parte actora estima procedente que se revoque la sentencia impugnada y en su lugar se emita otra en la que se realice el análisis total e integral de los agravios, lo anterior porque la autoridad responsable incumplió con los principios de exhaustividad y legalidad, sin que en su concepto existiera ningún obstáculo material ni jurídico para que se dejara de estudiar sus agravios.

Finalmente, señala la parte actora que los actos delictivos que ocurrieron en las casillas referidas en su primer escrito, no deben soslayarse con el simple hecho de encuadrarse dudosamente en una causa justificada.

En este sentido, de las demandas de los juicios de inconformidad se advierte que el Partido de la Revolución Democrática impugnó cuarenta y tres casillas y el Partido del Trabajo impugnó treinta y nueve casillas de las setenta y cuatro casillas instaladas el día de la jornada electoral en el Municipio de Otzolotepec, Estado de México, porque a su juicio se presentaron diversas irregularidades graves plenamente acreditadas.

En el supuesto de que se acogieran las pretensiones de los partidos inconformes, consistentes en que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México y se anulara la votación recibida en las cuarenta y tres y treinta y nueve casillas, respectivamente, que refieren en sus escritos de demanda se actualizaría la hipótesis prevista en el artículo 299, fracción II, del Código Electoral del Estado de México, para declarar la nulidad de la elección.

Lo anterior es así porque, de acuerdo con el Acta de Sesión Permanente de fecha primero de julio de dos mil doce del 68 Consejo Municipal Electoral, se instalaron en el municipio un total de setenta y cuatro casillas,[20] por lo que las cuarenta y tres casillas que alega el Partido de la Revolución Democrática constituye el cincuenta y ocho punto once por ciento de las casillas instaladas, asimismo las treinta y nueve casillas que impugnó el Partido del Trabajo, constituyen el cincuenta y veintidós punto siete por ciento de las casillas instaladas, es decir, en el caso hipotético de actualizarse la nulidad de dichas casillas podría actualizarse la causal de nulidad de la elección alegada.

Por lo anterior, se concluye se los partidos promoventes cumplen con el requisito de determinancia contemplado en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya que la solicitud de nulidad de la elección justifica el requisito en análisis, lo anterior conforme a los criterios señalados en los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-155/2012, SUP-JRC-158/2012, SUP-JRC-254/2012 ST-JRC-30/2011 y ST-JRC-108/2012.

De aquí, que la causal de improcedencia hecha valer por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” deba desestimarse.

CUARTO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y especiales de procedibilidad. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos generales y especiales exigidos por los artículos 7, 8, 9, 86 y 88, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, como a continuación se expone.

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, en ellas consta el nombre y firma del representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, así como del representante propietario del Partido del Trabajo ante el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Otzolotepec; se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de la impugnación y se expresan los agravios que, en concepto de los institutos políticos actores, les ocasiona la sentencia controvertida.

2. Oportunidad. Los medios de impugnación se presentaron dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la sentencia impugnada fue notificada a los institutos políticos promoventes el diecisiete de octubre de dos mil doce.[21]

En razón de lo anterior, el plazo de cuatro días con el que contaban los partidos políticos actores para controvertir la sentencia reclamada, transcurrió del dieciocho al veintiuno de octubre del año en curso, por lo que al presentarse las demandas atinentes el último día del plazo, es inconcuso que se cumple con el requisito bajo análisis.

3. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral fue presentado por parte legítima, porque en términos de lo previsto en el numeral 12, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen la calidad de parte en los medios de impugnación, entre otros, los partidos políticos y, conforme a lo previsto en el diverso 88, párrafo 1, de la citada ley adjetiva electoral federal, el juicio de revisión constitucional electoral sólo podrá ser promovido por dichas entidades de interés público; en la especie, quienes promueven son el Partido de la Revolución Democrática por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, y el Partido del Trabajo, a través de su representante propietario ante el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en Otzolotepec, razón por la cual debe tenerse por satisfecho el requisito en estudio.

4. Personería. Se aprecia que los presentes juicios acumulados son promovidos a través de sus representantes legítimos, los que están acreditados en términos del artículo 88, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral.

a)                     Respecto del Partido de la Revolución Democrática la personería de Mario Enrique del Toro como representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, ha quedado acreditada en términos del considerando tercero, apartado 2, de esta sentencia, toda vez que a partir del acuerdo IEEM/CG/253/2012 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, dicho consejo se sustituye al 68 Consejo Municipal Electoral del Otzolotepec, al tiempo que dio por concluidas sus actividades.

b)                    En cuanto a la personería de Benjamín Domínguez Santín, como representante propietario del Partido del Trabajo ante el 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Otzolotepec, conforme a su nombramiento ante el Instituto Electoral citado,[22] personería que también reconoce el Tribunal Electoral del Estado de México al rendir su informe circunstanciado,[23] tampoco pasa desapercibido para esta Sala Regional que Benjamín Domínguez Santín es la misma persona que en representación del Partido del Trabajo promovió el juicio de inconformidad que dio origen al expediente, cuya resolución impugna por la presente vía[24] en representación del referido partido político, por todo la anterior se tiene por acreditada la personería de Benjamín Domínguez Santín, aunado a que la autoridad responsable reconoce la personería del promovente.

5. Definitividad y firmeza. Este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que los institutos políticos enjuiciantes agotaron los respectivos juicios de inconformidad regulados en los artículos 301, facción III y 302, Bis, fracción III, del Código Electoral del Estado de México, siendo estos los medios de impugnación idóneos para controvertir, entre otros supuestos, los resultados consignados en las actas de cómputo municipales; las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y la declaración de validez, por la nulidad de la elección.

En este sentido, los requisitos previstos en los incisos a) y f) del artículo 86 de la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral también están satisfechos, en tanto que el artículo 13, párrafo VI, de la Constitución Política del Estado de México, indica que al Tribunal Electoral del Estado de México le corresponderá resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones en contra de actos y resoluciones del Instituto Electoral a través de los medios establecidos en la materia; de lo cual se advierte que no existe alguna otra instancia o medio de impugnación que debiera agotarse previamente para acudir a este juicio, lo que evidencia el cumplimiento del requisito de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, consistente en que el acto impugnado tenga el carácter de definitivo y firme.

6. Violación a preceptos constitucionales. Dicho requisito de procedencia ha quedado analizado en el considerando tercero, apartado uno de esta sentencia, en el que se refiere a que los partidos políticos actores al manifiestar expresamente que con la sentencia impugnada se violan en su perjuicio los artículos 14, 15, 16, 17, párrafo tercero, 35, fracciones I y II, 39, 41, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad previsto en el inciso b) del apartado 1, del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 02/97, de rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.”[25]

7. Violación determinante. Dicho requisito de procedencia ha quedado analizado en el considerando tercero, apartado tres de esta sentencia, en la que se estableció que en el supuesto de que se acogieran las pretensiones de los partidos inconformes, consistentes en que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México y se anulara la votación recibida en las cuarenta y tres y treinta y nueve casillas, respectivamente, que refieren en sus escritos de demanda actualizaría la hipótesis prevista en el artículo 299, fracción II, del Código Electoral del Estado de México, para declarar la nulidad de la elección, ya que con lo anterior se anularía mas del veinte por ciento de las casillas instaladas en la jornada electoral.

8. Que la reparación solicitada sea posible. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro del plazo electoral constitucionalmente previsto, en razón de que los candidatos de los ayuntamientos electos en la pasada jornada electoral del uno de julio del presente año, tomarán posesión de su encargo el uno de enero de dos mil trece, de conformidad con lo dispuesto en el Séptimo transitorio del decreto número 163, publicado en la “Gaceta del Gobierno del Estado de México” el nueve de mayo de dos mil ocho, con lo cual, en caso de que asista la razón a los promoventes, existe tiempo suficiente para restituir a la parte actora en el goce del derecho que aduce violado.

En consecuencia, al encontrarse colmados los requisitos generales y especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, y al no haberse actualizado causal de improcedencia alguna, lo procedente es realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

QUINTO. Tercero interesado. A continuación se procede a realizar el análisis respecto del cumplimiento de los requisitos del escrito de tercero interesado presentado por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”.

1. Forma. En los escritos de comparecencia, se hace constar el nombre de la coalición con el carácter de tercero interesado, nombre y firma autógrafa de quien comparece en su nombre.

2. Oportunidad. Los escritos de la coalición compareciente se presentaron oportunamente, en tanto que el plazo de setenta y dos horas para que pudieran comparecer terceros interesados inició a las veintiuna horas del veintiuno de octubre del año en curso y concluyó a las veinte horas con cincuenta y nueve minutos del veinticuatro de octubre siguiente, como lo hace constar el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México.[26]

En este sentido, los escritos de comparecencia se presentaron el veinticuatro de octubre del año que transcurre, como a continuación se señala:

a)    El escrito de tercero interesado con relación al juicio de revisión constitucional electoral con la clave ST-JRC-61/2012 fue presentado a las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos.[27]

b)    El escrito de tercero interesado con relación al juicio de revisión constitucional electoral con la clave ST-JRC-60/2012 fue presentado a las diecinueve horas con cuarenta y siete minutos.[28]

De lo anterior, resulta inconcuso que dichos escritos de comparecencia fueron presentados ante la responsable dentro del plazo fijado para tal efecto, de aquí que se cumpla el requisito en análisis.

3. Legitimación. La Coalición “Comprometidos por el Estado de México” está legitimada para comparecer al presente juicio como tercero interesado en términos del artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de una coalición, que en sus escritos hace valer un interés incompatible con el de los partidos políticos actores, puesto que su pretensión consiste en la subsistencia de la resolución impugnada.

4. Personería. Se tiene por acreditada la personería de Ricardo Ávila González en su carácter de representante propietario de la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” ante el entonces 68 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Otzolotepec, toda vez que, en términos de lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, compareció con el carácter de tercero interesado en el juicio de inconformidad al cual le recayó la resolución impugnada.

SEXTO. Acto impugnado. La parte conducente de la sentencia combatida es del tenor siguiente:

“NOVENA. Ejercer violencia física, presión o coacción sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores. Los actores hacen valer la causal de nulidad prevista en el artículo 298, fracción III del Código Electoral del Estado de México, respecto de la votación recibida en las casillas 3903 C1, 3910 C2 y 3914 C1.

Conforme con lo dispuesto en los artículos 11, de la Constitución Política del Estado de México; y 82, del Código Electoral para el Estado, los actos de las autoridades electorales deben estar regidos por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

Para lograr que los resultados de la votación sean fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no se encuentren viciados por actos de presión o de violencia, las leyes electorales regulan las características que deben revestir los votos de los electores; la prohibición de actos de presión o coacción sobre los votantes; los mecanismos para garantizar la libre y secreta emisión de los votos y la seguridad de los electores, representantes de partidos políticos (o coaliciones) e integrantes de las mesas directivas de casilla; y, la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que se ejerza violencia física o presión sobre sus miembros o sobre los electores, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Atento a lo preceptuado en el artículo 214, del código de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla tiene entre otras atribuciones, la de mantener el orden en la casilla, asegurar el libre acceso de los electores, y garantizar el secreto del voto y que los miembros de la Mesa Directiva en ningún caso podrán interferir afectando la libertad y el secreto del voto de los electores.

En este orden de ideas, y de conformidad con lo previsto en el artículo 298, fracción III del Código Electoral para el Estado, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los tres elementos siguientes:

a.        Que exista violencia física o presión;

b.        Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y,

c.        Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Respecto al primer elemento, por violencia física se entiende la materialización de aquellos actos que afectan la integridad física de las personas; y, presión es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes, siendo la finalidad en ambos casos, provocar que determinada conducta se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

Lo anterior, se sustenta en la Jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  24/2000 de rubro “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO (Legislación del Estado de Guerrero y similares)”.

Así, por ejemplo, los actos públicos realizados al momento de la emisión del voto orientados a influir en el ánimo de los electores para producir una preferencia hacia un determinado partido político, coalición, candidato, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, se traducen como formas de presión sobre los ciudadanos, que lesionan la libertad y el secreto del sufragio.

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

En cuanto al tercero, es necesario que el demandante demuestre los hechos relativos, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad y, si los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Respecto a los dos últimos elementos mencionados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado el siguiente criterio, reflejado en la Jurisprudencia 53/2002, de rubro “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación del Estado de Jalisco y Similares)”.

Así, para establecer si la violencia física o presión es determinante para el resultado de la votación, se han utilizado los criterios siguientes:

De acuerdo al criterio cuantitativo o numérico, se debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia, para comparar este número con la diferencia de votos que existe entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación de la respectiva casilla; así, en el caso de que el número de electores que votó bajo presión o violencia, sea igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse que la irregularidad es determinante para el resultado de la votación en la casilla.

También, podrá actualizarse este tercer elemento en base al criterio cualitativo, cuando sin estar probado el número exacto de electores que votaron bajo presión o violencia, se acrediten en autos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que demuestren que durante un determinado lapso se ejerció presión en la casilla y que los electores estuvieron sufragando bajo violencia física, o moral, afectando el valor de certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final podría haber sido distinto.

Para el análisis de esta causal de nulidad, se tomarán en cuenta los medios de prueba que obran en autos, como son: las actas de la jornada electoral; actas de escrutinio y cómputo; hojas de incidentes; y cualquier otro documento público de donde se desprenda la existencia de los hechos aducidos en el escrito de demanda; documentales que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 326, fracción I y 327 fracción I y 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, tienen el carácter de públicas, con valor probatorio pleno, por no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

Igualmente, se tomarán en cuenta las documentales privadas, como los escritos de protesta y de incidentes que se hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna o cualquier otro medio de prueba, como pueden ser fotografías, cintas de audio o video aportadas por las partes, que adminiculados con los demás elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales privadas, en términos de lo dispuesto por los artículos 326, fracciones II y III, 327 II y III y 328 párrafo tercero del código comicial local.

En ese orden de ideas, para esquematizar el estudio de las casillas impugnadas por esta causal se inserta el cuadro en el cual se asentará la casilla invocada, los hechos denunciados y las pruebas existentes. Así, con la información recabada se podrá analizar si le asiste o no la razón a los actores.

En la tabla que antecede, se observa que los actores denuncian un total de 3 hechos acaecidos en los centros de votación, empero, ninguno de ellos colma a cabalidad los extremos necesarios para decretar la nulidad de la votación ahí recibida.

Respecto del contenido de las hojas de incidentes que se ofrecen como medio de prueba, este órgano jurisdiccional estima que resultan insuficientes, pues a pesar de tratarse de documentales públicas, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia establecido en el artículo 328 del Código Electoral local, respecto de su contenido sólo constituye un leve indicio.

Ello porque, los hechos descritos en la indicada hoja de incidentes citada, sólo se desprenden que ciertas personas realizaban actos de coacción para votar a favor de determinado partido político, sin embargo, este órgano jurisdiccional no cuenta con mayores datos fácticos que permitan determinar conductas concretas que puedan encuadrarse de manera objetiva en una irregularidad o infracción a la normativa electoral, esto es, identificando personas, los actos desplegados, la temporalidad y la consecución de la finalidad pretendida; en otra, no existe evidencia indiciaria que suministre convicción en el ánimo del juzgador para apreciar conforme a derecho los planteamientos de los accionantes y, en consecuencia valorar los elementos constitutivos de la causal en estudio.

De ahí que a pesar de la hoja de incidentes apuntada, la insuficiencia deviene por la imposibilidad de configurar una conducta susceptible de reproche jurídico; o sea, hechos a los que pueda apreciarse los elementos subjetivos como la violencia física o presión que son ineludibles para otorgar veracidad respecto a lo acontecido en un momento determinado; lo anterior, para valorar si esa irregularidad es determinante y en consecuencia se provoque la pretendida nulidad.

Sirve de apoyo al razonamiento vertido la jurisprudencia 53/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SIMILARES)”.

En ese orden ideas, al haberse desestimado la totalidad de hechos aducidos por los actores respecto a esta causal, se concluye que el agravio deviene infundado.

DÉCIMA. Permitir sufragar a personas sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores. Los actores aducen que en las casillas 3905 C2 y 3908 C1, se permitió votar a ciudadanos que no contaban con credencial para votar con fotografía, o bien sin estar inscritos en la lista nominal de la casilla, lo que es determinante para el resultado de la votación.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 6 del Código Electoral para el Estado de México, los ciudadanos con derecho a votar el día de la jornada electoral, son aquellos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos políticos, estén inscritos en el padrón electoral correspondiente, cuenten con la credencial para votar respectiva y no tengan impedimento legal para el ejercicio de ese derecho.

Así, para que los ciudadanos puedan ejercer válidamente su derecho al sufragio, deben contar con su credencial para votar con fotografía, y también aparecer inscritos en el listado nominal de electores correspondiente a la sección de su domicilio, atento a lo establecido en  el artículo 209 del Código Electoral para el Estado.

No obstante, de la interpretación gramatical del mismo precepto legal y del artículo 213 del mismo ordenamiento, se desprende que existen casos de excepción en que los ciudadanos pueden emitir su sufragio, sin estar inscritos en la lista nominal. Estas excepciones, de conformidad con lo previsto en tal numeral, comprende a:

1.        Los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante la mesa directiva de casilla donde estén acreditados;

2.        Los electores que cuenten con resolución favorable emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que les otorga el derecho a votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con Credencial para Votar o en ambos casos, conforme con lo establecido en el artículo 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En tal virtud, para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, con base en la causal prevista en el artículo 298, fracción V, del Código Electoral para el Estado, se deben acreditar los supuestos normativos siguientes:

a)        Que en la casilla se permita votar a personas sin derecho a ello, ya sea por no contar con su credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores; y,

b)       Que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

Para que se acredite el primer supuesto normativo, es necesario que la parte promovente pruebe que hubo electores que emitieron su voto sin contar con su credencial para votar con fotografía o sin estar incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, siempre y cuando no estén comprendidos dentro de los casos de excepción previstos  en el Código Electoral para el Estado de México.

En lo que respecta al diverso elemento que integra la causal de nulidad de mérito, consistente en que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, éste podrá estudiarse atendiendo al criterio cuantitativo o aritmético, o bien, al cualitativo.

De acuerdo con el criterio cuantitativo o aritmético, la irregularidad ocurrida será determinante para el resultado de la votación, cuando el número de votos emitidos en forma contraria a la ley, sea igual o superior a la diferencia existente entre los partidos políticos (o coaliciones), que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación en la casilla, ya que de no haberse presentado las irregularidades de cuenta, el partido político (o coalición) que le correspondió el segundo lugar, podría haber alcanzado el mayor número de votos.

Por otro lado, de acuerdo con el criterio cualitativo, la irregularidad en comento podrá ser determinante para el resultado de la votación, cuando sin haberse demostrado el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular, en autos queden probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestren que un gran número de personas votaron sin derecho a ello y, por tanto, se afecte el valor de certeza que tutela esta causal.

Para determinar si se actualiza la causal de nulidad hecha valer, es necesario analizar las documentales pertinentes, consistentes en: acta de jornada electoral; acta de escrutinio y cómputo, hoja de incidentes; lista nominal de electores con fotografía y, lista adicional de electores que pueden sufragar con sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad, se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo en lo dispuesto en los artículos 326, fracción I, 327 fracción I y 328 párrafo segundo del Código Electoral de la entidad.

De igual forma, se tendrán en consideración, los escritos de protesta y de incidentes que se hubieren presentado en las casillas cuya votación se impugna, documentales privadas que adminiculados con los demás elementos probatorios existentes en autos, puedan aportar convicción sobre los hechos aducidos, quedando a cargo del juzgador establecer el valor probatorio que debe otorgárseles, dada su naturaleza de documentales privadas en términos de lo dispuesto por el artículo 328, párrafo tercero, de la ley adjetiva de la materia.

Para el análisis de esta causal, a continuación se presenta un cuadro que precisa la información siguiente: En las primeras dos columnas el número progresivo y casilla; en la tercera, el número de votos emitidos irregularmente; en la cuarta columna, las pruebas con las cuales pretende acreditarse la irregularidad;  en la quinta columna, la cantidad de irregularidades acreditadas; en la sexta, la diferencia existente entre la votación obtenida por los partidos políticos y/o coaliciones que alcanzaron el primero y segundo lugares en la votación; y por último se asentará en la séptima columna, si resultaron determinantes o no, los votos emitidos en forma irregular.

De esta forma, acorde con las diferentes constancias que obran en el expediente, se tiene la siguiente información:

Sin que se sustituya la obligación procesal de los actores de narrar en su demanda los hechos en que sustente la pretensión, pues no es suficiente con señalar hechos genéricos y apreciaciones personales, sino que tal carga consiste en relatar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de cómo sucedieron cada uno de los hechos en que apoye su libelo; este órgano jurisdiccional estima con apoyo en la hoja de incidentes de las referidas casillas, que a dos ciudadanos se les permitió votar a pesar de no encontrarse inscritos en la lista nominal; documentales que obran agregados a fojas 189 y 197 [ciento ochenta y nueve y ciento noventa y siete], del tomo I del expediente JI/13/2012, a las que al no existir prueba que controvierta la autenticidad de los hechos contenidos en las mismas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 326, fracción I, 327, fracción I y 328, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México.

Sin embargo, esa situación no acarrea la nulidad dado que no resultan determinantes para el resultado final de la votación obtenida en esas casillas.

Ello es así porque, al comparar la cantidad de ciudadanos que sufragaron de manera irregular, resulta inferior respecto a la diferencia existente entre las fuerzas políticas que obtuvo el primer y segundo lugar, por esto, aun y cuando los votos irregulares fueran descontados, el resultado final no cambiaría. Resulta aplicable al razonamiento sostenido la jurisprudencia 9/1998, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

Por tanto, resulta infundado el agravio relacionado con esta causal de nulidad.

DÉCIMA PRIMERA. La recepción o el cómputo de votación realizado por personas u órganos distintos a los facultados. Los partidos políticos actores plantean la nulidad de votación recibida en 35 casillas, con base en lo previsto por el artículo 298 fracción VII del Código Electoral del Estado de México, porque argumenta que la votación se recibió por personas distintas a las autorizadas por la ley, no pertenecientes a la sección electoral correspondiente, tales casillas son:

Esta irregularidad debe sancionarse con la nulidad de la votación de las casillas en las cuales se acredite plenamente la infracción, toda vez que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos facultados para recibir la votación, realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones que en que se dividan los municipios, además de ser responsables de respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizando las características de éste, es decir, que sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

En cuanto a su integración, atento a lo previsto en el artículo 128 párrafo segundo del código electoral de la entidad, las mesas directivas de casillas se integran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, quienes, de acuerdo con lo previsto en el mismo precepto fracción IV, deberán ser ciudadanos residentes en la sección electoral que comprenda a la casilla.

Con el propósito de garantizar la actuación imparcial y objetiva de los miembros del órgano electoral, la legislación sustantiva contempla dos procedimientos para la designación de sus integrantes: el primero, para realizarse durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se implementa el día de la jornada electoral y tiene como fin suplir las ausencias de los ciudadanos designados y dar transparencia al procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla. Además, se establecen las funciones que corresponden a cada uno de los integrantes de las mesas directivas de casilla.

Acorde con lo anterior, los ciudadanos designados en la etapa preparatoria de la elección, deberán seleccionarse mediante el procedimiento que comprende, fundamentalmente, una doble insaculación y un curso de capacitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166 del código en consulta.

En el caso de que los ciudadanos originalmente designados no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y en el supuesto de que ésta no se instale a las ocho horas con quince minutos, con el objeto de asegurar la recepción de la votación, el legislador local en el artículo 202 del mismo código, establece en sus diversas fracciones, el procedimiento que debe seguirse el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla.

De lo antes señalado, se advierte que el supuesto de nulidad de votación recibida en la casilla que se analiza, protege el valor de certeza que debe existir en la recepción de la votación por parte de las personas u órganos facultados por la ley. Este valor se vulnera:

a)        Cuando la mesa directiva de casilla se integra por funcionarios que carecen de las facultades legales para ello; y

b)       Cuando la mesa directiva de casilla como órgano electoral no se integra con los funcionarios designados.

Así, conforme con lo previsto en el artículo 298, fracción VII, del Código Electoral  del Estado de México, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite el supuesto normativo siguiente:

Que la votación se haya recibido por personas u órganos distintos a los facultados conforme al referido Código Electoral  del Estado de México.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que la causal invocada debe analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir en los nombres de los ciudadanos que fueron designados funcionarios de las mesas directivas de casillas, de acuerdo con los datos asentados en la “lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla”, comúnmente denominado “encarte”, los anotados en las actas de la jornada electoral, y en su caso, en las listas nominales de la sección correspondiente.

Para resolver el planteamiento se toman en cuenta los medios de prueba siguientes: encarte publicado por el Instituto Electoral del Estado de México, donde se incluye la ubicación de las casillas y las personas autorizadas para integrar las Mesas Directivas de Casilla y copias certificadas de las actas, de jornada electoral y escrutinio y cómputo. Dichas documentales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 326, fracción I, 327, fracción I y 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México.

Para el estudio de esta causal, se procede a elaborar un cuadro comparativo que contiene: 1. Número de cada casilla; 2. El nombre de los funcionarios que aparecen en la lista publicada para la instalación e integración de las mesas directivas de casillas en el municipio en estudio; 3. Los nombres de los funcionarios de la mesa directiva de casilla que actuaron el día de los comicios (que aparecen anotados en el acta de la jornada electoral); y finalmente de haber discrepancia, se determina en qué consistió y en su caso, si las personas habilitadas pertenecen a la sección de la casilla donde fueron habilitados para fungir como funcionarios de casilla.

Es necesario precisar que el cuadro antes descrito contiene datos extraídos del encarte y del acta de jornada electoral, los cuales fueron analizados con la demás documentación que obra en el expediente; por tanto, la validez de los datos contenidos atiende a la fuente de donde provienen, y no a su textualidad con que están redactados, esto es, se tratan de instrumentos de apoyo que no demeritan su valor y veracidad (y menos del fallo que lo contiene), por el hecho de no transcribir de manera textual la información como la colocaron los funcionarios de casilla.

Lo anterior, porque el juzgador debe hacer una operación de raciocinio al momento de recabar la información de los ciudadanos que participaron en las mesas directivas de casillas instaladas en el municipio, pues resulta ilógico que esta operación tan fundamental para el descubrimiento de la verdad histórica de una jornada electoral se realice de manera mecánica, soslayando errores mínimos contenidos en las respectivas actas al momento de ser redactados por ciudadanos que no son especialistas en la materia.

En ese tenor, el cuadro de apoyo a que se hace referencia contiene información que si bien no es textual, no por ello, no es fiel reflejo de los datos plasmados por los funcionarios que actuaron el día de la jornada electoral.

Precisado lo anterior y a efecto de no incluir cuadros de análisis demasiados extensos, se realizan diversos grupos de análisis que se enuncian a continuación:

Del análisis comparativo de los datos asentados en el cuadro anterior, se desprende que en las 18 casillas ahí contenidas, los nombres y los cargos de las personas que el día de la jornada electoral actuaron como funcionarios de la mesa directiva de casilla, coinciden plenamente con los ciudadanos que aparecen en la lista de integración de dichos órganos colegiados y que fueron originalmente designados y capacitados por la autoridad electoral administrativa para desempeñar las funciones respectivas, en los cargos de presidente, secretario, primero y segundo escrutadores.

Sin que pase inadvertido que en las casillas: 3907 C2, José Sierra Guerrero y 3923 C1, Mirsa Cisneros Martínez, fungieron en los cargos que aparecen en el cuadro muestra, a partir de su designación conforme al aviso de la tercera publicación e integración de mesas directivas de casilla que obra en autos a fojas 926 a 927 [novecientos veintiséis a novecientos veintisiete], del tomo II, del expediente JI/15/2012.  Documental que al no existir prueba que controvierta la autenticidad de los hechos contenidos en las mismas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 326, fracción I, 327, fracción I y 328, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México.

Por otra parte, en la casilla 3913 C1, conforme al encarte, se aprecian los nombres de García Saldivar Laura Ivette y González Santana Antonia, en tanto que en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo que obran a foja 280 y 140, del tomo I del expediente JI/13/2012, se asentaron como: Laura Ivette Saldivar García y Guadalupe Antonia Santana González; documentos que en vía de adquisición procesal de la prueba se tienen a la vista para resolver los asuntos en estudio, a las que al no existir prueba que controvierta la autenticidad de los hechos contenidos en las mismas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 326, fracción I, 327, fracción I y 328, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México.

Este órgano jurisdiccional considera que tal inconsistencia no propicia incertidumbre respecto a las personas que realizaron la recepción o el cómputo de la votación, en atención a que esa situación es humanamente creíble que se deba a un lapsus calami al momento de asentar los nombres de los funcionarios de casilla, situación que se robustece con el acta de la jornada electoral, donde se aprecia un signo con lo que comúnmente suele identificarse una inversión en los datos; de ahí que al no existir prueba que de manera contraria sostenga que se trataron de personas distintas, no se vulnera el bien jurídico tutelado, prevaleciendo como cierta que las personas referidas singularizan a las mismas. Resulta aplicable al razonamiento sostenido la jurisprudencia 9/1998, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro: “PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN”.

Con relación a las 16 casillas contenidas en el cuadro comparativo que antecede, se aprecia que los funcionarios designados por el Consejo Municipal son los mismos que fungieron como tales el día de jornada electoral, independientemente de que se trate de suplentes, o que hayan realizado una función diversa a la originalmente encomendada.

Ahora bien, la figura de los funcionarios suplentes generales, está prevista en el artículo 128 del código comicial, y tiene por objeto reemplazar a los funcionarios titulares que por alguna causa no se presenten a cumplir con su obligación ciudadana de formar parte de las mesas directivas de casilla, por lo que al darse esta circunstancia, dichos puestos deben ser ocupados por los suplentes. En consecuencia, la sustitución de funcionarios titulares por suplentes, no actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, toda vez que estos ciudadanos fueron insaculados, capacitados y designados por su idoneidad para fungir como tales el día de la jornada electoral, con lo que se garantiza el debido desarrollo de la jornada electoral.

En tal virtud, es evidente que la sustitución de funcionarios en las casillas señaladas no lesiona los intereses de los actores, ni vulnera el principio de certeza de la recepción de la votación, al haberse recepcionado por funcionarios designados por el Consejo Municipal.

Respecto de estas 3 casillas, del análisis comparativo del cuadro esquemático se aprecia que algunos de los funcionarios de la mesa directiva que actuaron el día de la jornada electoral, no fueron designados por el Consejo Municipal respectivo.

En efecto, en muchas de las actas de la jornada electoral se asentó que algunos de los ciudadanos quienes desempeñaron los diversos puestos no aparecen en el listado que contiene la relación de ubicación e integración de casillas.

No obstante, ello debe considerarse que cuando no se presenten los ciudadanos que fueron designados por el Consejo Municipal respectivo, para recibir la votación en las mesas directivas de casilla, se faculta al presidente de la misma para que realice las habilitaciones de entre los electores que se encuentren formados en espera de emitir su voto en la casilla correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México.

La única limitante que establece el propio código electoral, para la sustitución de los funcionarios, consiste en que los nombramientos deberán recaer en ciudadanos que se encuentren en la casilla para emitir su voto, esto es, que sean residentes en la sección electoral que comprenda la casilla y que no sean representantes de los partidos políticos o coaliciones, en términos del párrafo tercero, del artículo citado.

Como se aprecia de lo anterior, el legislador estableció una norma de excepción, a efecto de que el día de la jornada electoral, si no se presenta alguno o algunos de los funcionarios de casilla, ésta se instale, funcione y reciba el voto de los electores, fijando las reglas para que se instalen las casillas en las que ocurra tal ausencia, estimando que no es posible cumplir con las formalidades de designación establecidas por el sistema ordinario, ni tampoco recurrir a ciudadanos que fueron capacitados, doblemente insaculados y designados para desempeñar las funciones en las casillas.

El criterio anterior, encuentra sustento en la tesis XIX/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada de rubro: “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL”.

Entonces, el hecho de que ciudadanos que no fueron designados previamente por el Consejo Municipal, actúen como funcionarios de casilla, no es motivo suficiente para acreditar que la votación se recibió por un órgano o personas distintas a las facultadas por el código electoral, pues en todo caso, la sustitución estuvo apegada a la normatividad vigente.

Empero, si se demuestra que las sustituciones se realizaron con personas que no están incluidas en el listado nominal de la sección, o bien, son representantes de los partidos políticos o coaliciones, se tiene por acreditada la causal de nulidad que se invoca, pues con ello se pondría en entredicho el apego irrestricto a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad del órgano receptor de la votación.

De esta manera, en las casillas en análisis se encuentra que las sustituciones de funcionarios se hicieron con electores de la sección correspondiente, cuyos nombres se encontraban incluidos en el listado de la sección correspondiente a la casilla impugnada que obra en autos como anexo I (diversas listas nominales) del expediente JI/15/2012, que en vía de adquisición procesal de la prueba se tuvieron a la vista al momento de resolver los asuntos en examen, por lo que es evidente que en el caso concreto no se afecta la certeza de la votación recibida, pues la sustitución de los funcionarios se hizo en los términos que señala la ley. Documentales que al no existir prueba que controvierta la autenticidad de los hechos contenidos en las mismas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 326, fracción I, 327, fracción I y 328, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México.

Consecuentemente, al no acreditarse los supuestos normativos de la causal de nulidad de votación recibida en casilla prevista en el artículo 298, fracción VII, del Código Electoral del Estado de México, resulta infundado el agravio hecho valer en relación a las casillas cuya votación fue impugnada.

DÉCIMA SEGUNDA. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en sitio diferente al de la instalación de la casilla. Los actores hacen valer la causal de nulidad prevista en el artículo 298, fracción X, del Código Electoral del Estado de México, en la casilla 3910 C3.

Ahora bien, el Código Electoral, señala lo que debe entenderse como escrutinio y cómputo; la autoridad electoral encargada de realizarlo y de asegurar su autenticidad; el tiempo y forma para la realización del mismo y para el levantamiento de las actas correspondientes; además, establece la sanción de nulidad para la votación recibida en casillas en las que, sin causa justificada, se realice el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo.

Por su parte, el artículo 227, señala que los integrantes de la mesa directiva de casilla, una vez cerrada la votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, procederán a realizar el escrutinio y cómputo de los votos sufragados, debiendo seguir el orden y procedimiento previsto por los artículos 228 y 230 del mismo ordenamiento legal invocado.

De la misma manera, se establece el derecho de los representantes de los partidos políticos acreditados ante las mesas directivas de casilla, de observar y vigilar el desarrollo de la elección, así como el imperativo de firmar el acta de escrutinio y cómputo, pudiéndolo hacer bajo protesta, señalando la causa que la motiva, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 234 y 235, del propio ordenamiento.

En su conjunto, las normas mencionadas procuran asegurar que no se generen dudas sobre los resultados de las elecciones obtenidos en las casillas y que, por el contrario, estos resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad que se imponen en la actuación de las autoridades electorales; asimismo, protegen específicamente la voluntad popular expresada por los ciudadanos a través de sufragios emitidos en forma libre, secreta y directa, considerando que el sentido de esa voluntad se determina a través del procedimiento de escrutinio y cómputo y se hace constar en el acta correspondiente.

Además, cabe señalar que el artículo 227 Código Electoral del Estado de México, determina que habrá causa justificada para efectuar el escrutinio y cómputo en sitio diferente, por causas de fuerza mayor o caso fortuito; situación que el secretario hará constar por escrito en el acta correspondiente, la cual deberán firmar los representantes de los partidos políticos.

Atendiendo a una interpretación sistemática y funcional de diversos preceptos del código electoral de la entidad, de la que se desprende que, en principio y como regla general, la instalación de la casilla, la recepción de la votación y las operaciones de escrutinio y cómputo, deben realizarse en un mismo lugar.

Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Sala Superior, en la tesis relevante XXII/97, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: “ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. CUÁNDO JUSTIFICA SU REALIZACIÓN EN LOCAL DIFERENTE AL AUTORIZADO”.

De conformidad con la jurisprudencia invocada y en términos de lo previsto en el artículo 298, fracción X, del Código Electoral del Estado de México, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a.   Haber realizado el escrutinio y cómputo de la votación en un lugar diferente al en que fue instalada la casilla; y,

b.   No existir causa justificada para haber hecho el cambio.

Para que se actualice el primer supuesto normativo, basta analizar las pruebas aportadas por los actores y las demás constancias que obren en el expediente, y determinar que el local en el que se realizó el escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la casilla, es distinto al de su instalación.

En cuanto al segundo supuesto, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que, para la realización del escrutinio y cómputo en local distinto, hubo una causa justificada; valorando aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

Consecuentemente, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado, a juicio de este órgano jurisdiccional, que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, en virtud de que no se afectó la voluntad popular expresada por los ciudadanos, habida cuenta que el escrutinio y cómputo de los votos y los resultados consignados en el acta correspondiente son fidedignos y confiables.

Para el estudio de esta causal, se tomarán en cuenta los encartes; las actas de jornada electoral; actas de escrutinio y cómputo; y hojas de incidentes; documentales públicas con valor probatorio pleno en términos de los artículos 326, fracción I, 327, fracción I y 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México.

Con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por los actores, a continuación se presenta un cuadro comparativo, en cuya primera columna se señala el tipo de casilla cuya votación se impugna; en la segunda y tercera, la ubicación de la casilla según el acta de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo de la elección impugnada, respectivamente; y en la cuarta, las observaciones que se desprendan de las hojas y escritos de incidentes, así como de cualquier otra constancia que obre en autos, respecto de las circunstancias que hubieren motivado y las condiciones por las que se generó el cambio de lugar para la realización del escrutinio y cómputo, o bien, se trate de información que permita concluir que las discrepancias entre los datos de ubicación consignados son producto de imprecisiones al momento de llenar las actas y no producto de un cambio de lugar, así como también todas aquellas circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos.

Los demandantes aducen que “se realizó el escrutinio y cómputo en lugar diferente al de la instalación de la casilla y sin causa justificada, esto es así, en virtud del que el representante del PRD manifestó su inconformidad por tal hecho y a lo que los funcionarios de la mesa directiva de casilla hicieron caso omiso”.

El alegato vertido es insuficiente, pues si bien es cierto que en la hoja de incidentes relativa a la casilla en cita que obra a foja 205 del expediente JI/13/2012, se desprende que el funcionario de la mesa directiva anotó que “un representante del PRD está inconforme que se contaran los votos en el salón”; esta circunstancia a criterio del órgano resolutor no trasgrede el bien jurídico tutelado, pues el hecho de que se haya realizado el cómputo de los votos al interior de un salón que corresponde al mismo lugar autorizado tanto para la recepción como el escrutinio y cómputo de la votación en manera alguna actualiza la hipótesis de nulidad, en tanto existe una presunción de que se efectuó en el lugar autorizado y, la situación concreta de llevar a cabo el conteo de los votos en un salón, puede atribuirse de manera razonable a condiciones del clima o bien de seguridad para los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

Sin que de autos se adviertan elementos de convicción que tiendan a evidenciar que entre el lugar en que se instaló la casilla y aquél donde se efectuó el escrutinio y cómputo sea diferente al legalmente autorizado.

Sirve de apoyo al razonamiento vertido la jurisprudencia 14/2001, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro: “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”.

En consecuencia, por las consideraciones anteriores, es infundado el agravio esgrimido por los actores, respecto de la casilla estudiada.

DÉCIMA TERCERA. Entregar, sin causa justificada, el paquete que contiene los expedientes electorales, al consejo correspondiente, fuera de los plazos que este Código establece. El recurrente aduce que en la casilla 3904 C1 debe anularse la votación recibida por actualizarse la causal establecida en el artículo 298, fracción XI del código en cita.

El artículo 227, así como los diversos 228 al 239 del código de la materia, establecen que cerrada la votación se procederá a la etapa del escrutinio y cómputo de la casilla con base en las reglas establecidas en los mismos preceptos y al término del escrutinio y cómputo se procederá a formar un expediente de casilla que deberá incluirse en el paquete electoral, el cual deberá quedar cerrado y sobre su envoltura firmarán los miembros de la mesa directiva y los representantes, si lo desearen, levantándose una constancia de la integración y remisión del mencionado paquete, lo que sin duda es para garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga.

El artículo 240 del código de la materia, establece que los paquetes de casilla, una vez clausurada ésta, quedarán en poder de los funcionarios integrantes de casilla, en especial del presidente de la misma, quienes entregarán bajo su responsabilidad, al Consejo o centro de acopio correspondiente, dentro de los plazos siguientes, que se contarán a partir de la hora de clausura:

a)                      Inmediatamente, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito;

b)                      Hasta doce horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito; y,

c)                       Hasta veinticuatro horas, cuando se trate de casillas rurales.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 243 del código invocado, los paquetes con los expedientes de casillas podrán ser entregados al Consejo fuera de los plazos, solamente cuando medie caso fortuito o causa de fuerza mayor.

En este orden de ideas y para el estudio de la causal que nos ocupa, resulta claro que ambos conceptos constituyen excepciones al cumplimiento de la obligación de entregar los paquetes electorales dentro de los plazos legales.

En tal virtud, el único caso de excepción permitido por la ley para que los paquetes electorales puedan entregarse fuera de los plazos señalados, es que exista causa justificada en la entrega extemporánea de los paquetes respectivos, es decir, que medie "caso fortuito o causa fuerza mayor".

De la interpretación sistemática y funcional de los numerales antes citados, se desprende que el legislador estableció los requisitos y formalidades que deben contener los paquetes electorales, fijando el procedimiento tanto para su integración como para su traslado y entrega a los Consejos respectivos, en el entendido de que dichos actos representan aspectos trascendentes para la clara y correcta culminación del proceso de emisión del sufragio, garantizando la seguridad del único medio material con que se cuenta para conocer el sentido de la voluntad popular, de tal manera que su debida observancia permita verificar el apego de dichos actos al mandato de la ley.

En esta tesitura, para la verificación del cumplimiento de los requisitos y formalidades esenciales que reviste la entrega de los paquetes electorales a los Consejos, se debe atender básicamente a dos criterios relacionados entre sí, uno temporal y otro material.

I. El criterio temporal, consiste en determinar el tiempo razonable para que se realice el traslado de los paquetes electorales de casilla a los Consejos respectivos.

Este criterio se deriva de lo dispuesto en los  artículos 240 y 243 del código de la materia, que establecen tanto los plazos para realizar la entrega, así como la causa justificada para el caso de su retraso.

En efecto, cabe precisar que el traslado y entrega de los paquetes electorales que contienen la documentación relativa a los resultados de la votación recibida en casilla, implica el cambio de una etapa a otra, como lo es de la jornada electoral a la etapa de resultados y declaración de validez de las elecciones, y tiene como objetivo que los resultados de la votación recibida en casilla puedan ser tomados en cuenta para obtener los resultados preliminares de la elección de que se trate y, en su momento, para la realización del cómputo distrital o municipal correspondiente.

II. El criterio material, tiene como finalidad que el contenido de los paquetes electorales llegue en forma íntegra ante la autoridad encargada de publicar los resultados preliminares y realizar el cómputo municipal de la elección respectiva, salvaguardando así el principio de certeza, a fin de evitar la desconfianza sobre los resultados finales de los procesos electorales, los cuales deben ser auténticos y confiables.

En tal virtud, en aras de no hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares, en los casos en que se acredite la entrega extemporánea de los paquetes electorales fuera de los plazos legales, sin causa justificada, este Tribunal Electoral debe analizar si de las constancias que obran en autos se desprende que los referidos paquetes evidencian muestras de alteración o cualquier otra irregularidad que genere duda fundada sobre la autenticidad de su contenido y transgreda el principio constitucional de certeza.

En consecuencia, conforme con la jurisprudencia PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN, y en términos de lo previsto en el artículo 298, fracción IX del Código Electoral para el Estado de México, la votación recibida en una casilla será nula cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a)                      Que el paquete de casilla, haya sido entregado a los Consejos, fuera de los plazos establecidos en el citado código; y,

b)                      Que la entrega extemporánea haya sido sin causa justificada.

Para que se actualice el primero de los supuestos normativos, basta analizar las pruebas aportadas por los actores y las demás que obran en el expediente, determinándose así el tiempo transcurrido entre la hora en que fue clausurada la casilla y la hora en que fue entregado el paquete electoral en el Consejo correspondiente. Si el lapso rebasa los plazos establecidos, deberá estimarse que la entrega de la documentación electoral es extemporánea.

En cuanto al segundo supuesto, se deberán desvirtuar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad para sostener que en la entrega extemporánea de los paquetes electorales, medió un caso fortuito o de fuerza mayor; valorando todas aquellas constancias que se aporten para acreditarlo.

En consecuencia, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se acrediten los elementos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado, que el paquete electoral permaneció inviolado, ya que al constar los resultados en documentos confiables y fidedignos, se estima que en todo momento se salvaguardó el principio de certeza.

Ahora, en el escrito de demanda los actores señalan que “…EL PAQUETE TARDA MÁS DE 2 HORAS EN SER REMITIDO A LA JUNTA MUNICIPAL…”; manifestaciones que en concepto de este resolutor son insuficientes.

En efecto, del examen de la hoja de incidentes; del acta de escrutinio y cómputo; y del acta de sesión ininterrumpida de escrutinio y cómputo; elementos que obran a fojas 109, 183 y 317 a 396 [ciento nueve, ciento ochenta y tres, trescientos diecisiete a trescientos noventa y seis], del expediente JI/13/2012; valorados en su conjunto conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia; a las que al no existir prueba que controvierta la autenticidad de los hechos contenidas en las mismas, tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 326, fracción I, 327, fracción I y 328, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México; permiten arribar a la conclusión de que no asiste razón a los inconformes porque no existen elementos de prueba suficientes para considerar que la entrega del paquete electoral relativo a la casilla en estudio se realizó fuera del plazo legalmente previsto.

Por el contario, en el acta de la sesión ininterrumpida del cómputo municipal, el órgano responsable ante la presencia de los representantes de los partidos políticos y coalición, asentó que de los setenta y cuatro paquetes electorales que estaban en resguardo, al momento de tenerlos físicamente a la vista, no se apreciaron muestras de alteración; circunstancia que resulta suficiente para estimar que no se afectó el bien jurídico tutelado.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, debe declararse infundado el agravio esgrimido por los actores, respecto de la causal de nulidad prevista en la fracción XI, del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, consistente en entregar, sin causa justificada, el paquete que contiene los expedientes electorales al consejo correspondiente, fuera de los plazos previstos en la ley.

DÉCIMA CUARTA. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Los actores hacen valer la causal de nulidad prevista en la fracción XII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, por diversas irregularidades ocurridas el día de la jornada electoral, en las casillas que se muestran en el siguiente cuadro.

No pasa inadvertido señalar que en las casillas destacadas con asterisco contienen dos planteamientos de los inconformes, de ahí que para efectos gráficos se ha obviado su reiteración, no obstante, en el examen de fondo se atenderá a la integralidad de la pretensión de los inconformes en aras de privilegiar el principio de exhaustividad.

De una interpretación sistemática y funcional de lo establecido en el artículo 298 del Código Electoral Mexiquense, se advierte que, en las fracciones I a la XI, se contienen las causas de nulidad de votación recibida en casillas consideradas específicas.

Las referidas causales, se encuentran identificadas por un motivo específico y contienen referencias de modo, tiempo, lugar y eficacia, las cuales deben actualizarse necesaria y concomitantemente, para el efecto de que se tenga por acreditada la causal respectiva y se decrete la nulidad de la votación recibida en casilla.

Por otra parte, la fracción XII de dicha norma, prevé una causa de nulidad genérica de votación recibida en casilla diferente a las enunciadas en los incisos que le preceden, ya que aun cuando se trata de disposiciones que pueden tener un mismo efecto jurídico (la nulidad de la votación recibida en casilla), poseen elementos normativos distintos.

En este orden de ideas, los elementos que integran la fracción XII, prevista en el artículo 298 del Código Electoral para el Estado de México, siguiendo el criterio Relevante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el número de clave XXXII/2004 de rubro: “NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del Estado de México y similares)”, son los siguientes:

a)                      La existencia de irregularidades graves. Se actualiza cuando el ilícito o infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Electoral del Estado de México o cualquier norma jurídica de orden público y observancia general, incluidos los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, siempre que su cumplimiento sea necesario para el desarrollo y conclusión del proceso electoral.

b)                      El acreditamiento pleno de las irregularidades graves. Consiste en que la irregularidad grave esté plenamente acreditada; se obtiene con la valoración conjunta de las pruebas documentales públicas o privadas, técnicas, periciales, reconocimiento e inspección ocular, presuncional legal y humana, así como instrumental de actuaciones, según consten en el expediente, sobre la base de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por las que el órgano de decisión llegue a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave, sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancias de los hechos controvertidos objeto de prueba.

c)                      La irreparabilidad de las irregularidades durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Este elemento, se da cuando no hay posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad trasciendan o se actualicen en el momento que se llevan a cabo los comicios.

d)                      La evidencia de que las irregularidades ponen en duda la certeza de la votación. Este elemento debe ser de tal magnitud, características o calidad que, en forma razonable, haga dubitable la votación afectando la certeza o certidumbre sobre ella, esto es, debe advertirse de forma manifiesta que la votación no se recibió atendiendo el principio constitucional de certeza que rige la función electoral, y por ende, la voluntad del elector emitida a través del voto no ha sido respetada.

e)                      Las irregularidades deben ser determinantes para el resultado de la votación recibida en casilla. Las irregularidades deben analizarse desde dos puntos de vista, el cuantitativo y cualitativo; el primero, se utilizará cuando las irregularidades trasciendan al resultado de la votación recibida en la casilla, porque exista la posibilidad racional de que defina las posiciones que cada fórmula de candidatos o planilla postulada por los diversos partidos políticos ocupe en la casilla; mientras que el segundo, cuando las irregularidades que se registren en una casilla sean de tal gravedad o magnitud, que por su número o características, también pueda racionalmente establecerse una relación causal con las posiciones que se registren en la votación recibida en la casilla entre las distintas fuerzas políticas.

Lo anterior, además se apoya en Tesis de Jurisprudencia 39/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO”.

Precisado lo anterior, las irregularidades aducidas por los actores respecto a esta causal son las siguientes: