JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: ST-JRC-62/2012.

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

TERCEROS INTERESADOS: COALICIÓN “COMPROMETIDOS POR EL ESTADO DE MÉXICO” Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS A. MORALES PAULÍN.

SECRETARIO: ISRAEL HERRERA SEVERIANO.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a cuatro de diciembre de dos mil doce.

Vistos para resolver, los autos del juicio de revisión constitucional ST-JRC-62/2012, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México de diecisiete de octubre del año en curso, al resolver el juicio de inconformidad identificado con el número de expediente JI/69/2012, y

RESULTANDO

I. Jornada electoral. El uno de julio de dos mil doce, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a los miembros de los ayuntamientos en el Estado de México, para el periodo constitucional 2013-2015; entre ellos el de La Paz.

II. Cómputo municipal. El cuatro de julio del año en curso, el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en La Paz, realizó el cómputo municipal, declaró la validez de la elección y otorgó las constancias de mayoría a la planilla postulada por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”.

El cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento mencionado, arrojó los siguientes resultados:

PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN	(VOTACIÓN CON NÚMERO)	(VOTACIÓN CON LETRA)
$Descripción: C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\PAN1.jpg$ PARTIDO ACCIÓN NACIONAL	7, 136	Siete mil ciento treinta y seis
$Descripción: C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\_COMPROMETIDOS.jpg$ COMPROMETIDOS POR EL EDOMÉX	44,889	Cuarenta y cuatro mil ocho cientos ochenta y nueve
$Descripción: C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\PRD2.jpg$ PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA	32, 196	Treinta y dos mil ciento noventa y seis
PARTIDO DEL TRABAJO	3,549	Tres mil quinientos cuarenta y nueve
$Descripción: C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\Logo Movimiento Ciudadano-1.jpg$ MOVIMIENTO CIUDADANO	4,009	Cuatro mil nueve
CANDIDATOS NO REGISTRADOS	146	Ciento cuarenta y seis
VOTOS NULOS	7,638	Siete mil seiscientos treinta y ocho
VOTACIÓN TOTAL EMITIDA	99,563	Noventa y nueve mil quinientos sesenta y tres

III. Juicios de inconformidad. Inconforme con los resultados anteriores, el ocho de julio de dos mil doce, el Partido de la Revolución Democrática, a través de Luis Pérez Muñiz representante propietario ante el 71 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en La Paz, promovió juicio de inconformidad, el cual fue registrado bajo el número de expediente JI/69/2012; dicho medio de impugnación fue resuelto el diecisiete de octubre del presente año, por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el que se modificaron los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del ayuntamiento de La Paz, y se confirmó la declaración de validez de la elección, así como la entrega de las constancias de mayoría otorgadas a la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”.

IV. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, en el expediente JI/69/2012, el veintiuno de octubre de dos mil doce, el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante propietario ante el consejo municipal en La Paz, del Instituto Electoral del Estado de México, promovió el juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve.

V. Recepción. El veintidós de octubre del año en curso, la autoridad responsable remitió a esta Sala Regional la demanda y el expediente formado con motivo del presente juicio, acompañado del informe circunstanciado correspondiente y demás anexos.

VI. Turno. Por acuerdos de la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, acordó integrar el expediente ST-JRC-62/2012 y turnarlo a la ponencia a su cargo, para los efectos de los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; mismo que se cumplimentó a través del oficio TEPJF-ST-SGA-4854/12, signado por el Secretario General de Acuerdos de la propia Sala Regional.

VII. Terceros interesados. El veinticuatro de octubre del presente año, a las doce horas con siete minutos y a las quince horas con cuarenta y seis minutos, Luis Ángel González Cabrera y Oscar Ernesto Salazar Lucas, en su carácter de representante propietario y suplente de la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” y Félix Jhoan Arriaga Jiménez representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, ante el 71 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en La Paz, presentaron escritos mediante los que comparecen como terceros interesados en el juicio de mérito, quienes manifestaron lo que a su derecho convino.

VIII. Radicación y admisión. Mediante auto de veintiséis de octubre del año que trascurre, el magistrado instructor radicó el presente medio de impugnación y admitió la demanda.

IX. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el magistrado instructor declaró cerrada la instrucción, por lo que el asunto quedó en estado de dictar resolución, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral, con cabecera en la ciudad de Toluca, Estado de México, tiene competencia para conocer y resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral; toda vez que es promovido por un partido político con acreditación en el Instituto Electoral del Estado de México para impugnar una resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, entidad federativa que en razón de su ubicación geográfica, corresponde a la demarcación territorial en la que este órgano colegiado ejerce competencia; además de que versa sobre una hipótesis legal reservada al conocimiento y resolución de este órgano colegiado.

Lo anterior se sustenta en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafo primero, 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción III, inciso b), 192, párrafo primero, 195, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso d), 4, párrafo 1, 6, 86, párrafo 1, 87, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. De conformidad con los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento es cuestión de orden público y por ende, su estudio resulta preferente, pues de presentarse alguna de estas, imposibilitaría el estudio del fondo de los presentes juicios.

En el presente medio de impugnación, los terceristas –Coalición “Comprometidos por el Estado de México” y Partido Movimiento Ciudadano- hacen valer idénticas causales de improcedencia respecto al juicio de revisión constitucional que promueve el Partido de la Revolución Democrática, por lo que se resolverán de forma conjunta, las cuales versan en lo siguiente:

a) Que el actor, no expuso de manera expresa y clara los hechos en que se basa para impugnar la resolución emitida por la autoridad responsable en el expediente número JI/69/2012.

b) Que el escrito del Partido de la Revolución Democrática es frívolo.

Respecto a la primera causa de improcedencia identificada con el inciso a), los terceristas indican que se acredita el supuesto previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso e) y párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tal motivo, a su decir, debe ser desechado su Juicio de Revisión Constitucional, al actualizarse la causal señalada en el artículo 10, numeral 1, inciso b) y 86, párrafos 1 y 2 de la ley en cita.

A su decir, la demanda del actor no cumple con lo establecido en el artículo 9, párrafo 1, inciso e) de la ley en comento, que establece que todo medio de impugnación debe cumplir con el requisito de “mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados…”.

En concepto de los terceros interesados, el demandante no expone de manera expresa y clara los hechos en que se basa para impugnar la resolución emitida en el expediente número JI/69/2012, emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, ni precisa con claridad en que consiste la violación a los preceptos constitucionales que refiere.

Una vez indicado lo anterior, esta Sala Regional considera que la causa de improcedencia aducida por los terceristas, se debe desestimar por las siguientes razones.

El artículo 9, apartado 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que los actores en un medio de impugnación, tienen la obligación de mencionar de forma expresa y clara los hechos en que basen su impugnación, así como los agravios que les cause el acto o la resolución controvertida, y los preceptos presuntamente violados. Además, el precepto que se comenta, en su párrafo 3, establece que operará el desechamiento cuando no se expongan hechos y agravios, o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno.

De esa forma, para la procedencia de cualquier medio de impugnación electoral, el ordenamiento legal de referencia, impone como obligación la de mencionar de manera expresa y clara los agravios que cause el acto o resolución reclamada.

En este sentido, contrario a lo aducido por los terceros interesados, el requisito de mérito se encuentra satisfecho, ya que de la lectura integral del medio de impugnación se advierte un capítulo de agravios, cuyas manifestaciones formuladas por el partido actor en ese apartado válidamente deben tenerse como constitutivas de agravios; en razón de que en términos generales, el hoy recurrente expresa hechos y argumentos tendentes a evidenciar la eventual ilegalidad de la resolución controvertida, respecto al considerando tercero de la sentencia de marras (intitulada cuestión previa); en el cual se realizó, el análisis pertinente de los escritos presentados por el actor el día treinta y uno de julio y veinte de agosto ambos del año en curso, por medio de los cuales, solicitó entrar al estudio de fondo de los agravios aducidos en sendos escritos, de manera oficiosa por parte del Tribunal responsable.

Más aun, si se toma en cuenta que los motivos de inconformidad expuestos, con independencia de si son o no idóneos para combatir la resolución reclamada, por cuanto se demuestra o no la afectación del interés jurídico del partido actor, es una cuestión que no debe resolverse a priori, ya que de proceder así se estaría prejuzgando sobre su eficacia; tal como se establece, mutatis mutandis, en la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro son: número P./J. 135/2001. 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XV, Enero de 2002; Pág. 5 de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

En consecuencia, se desestima la causal de improcedencia hecha valer por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” y el Partido Movimiento Ciudadano en su calidad de terceros interesados.

Ahora bien, en relación a lo aducido por los terceros interesados en cuanto a que el escrito del hoy recurrente es frívolo, tal causal de improcedencia es inatendible por lo siguiente.

Conforme a lo previsto en el artículo 9, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, un medio de impugnación es frívolo cuando, a juicio de este Tribunal Electoral, sea notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir motivo o fundamento alguno para ello o aquél en el cual, evidentemente, no se puede alcanzar el objetivo que se pretende; la frivolidad de un medio de impugnación significa que es totalmente intrascendente o carente de sustancia.

Lo anterior se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no están bajo la tutela del Derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.

Cuando esta circunstancia se da respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no se puede dar, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la controversia planteada.

En el caso concreto, de la lectura de la demanda se puede advertir que no se actualiza la causal de improcedencia, dado que el demandante señala hechos y conceptos de agravio específicos, con el propósito de que este órgano jurisdiccional, revoque la determinación del tribunal responsable de no admitir a trámite los escritos de treinta y uno de julio y veinte de agosto ambos de este año, así como las pruebas que a dichos escritos adjuntó, y en tal virtud proceda al análisis de los mismos.

Lo expuesto, denota que no se trata de demandas carentes de sustancia o trascendencia; en todo caso, la eficacia de los conceptos de agravio expresados por el enjuiciante, para alcanzar sus pretensiones, serán motivo de análisis, en el fondo de la controversia, de ahí que se concluya que no le asiste la razón a los terceros interesados, al expresar sus apreciaciones y argumentos, sobre la pretendida improcedencia del juicio que ahora se resuelve.

Sirve de apoyo a lo anterior, la ratio essendi contenida en la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior, identificada con la clave 33/2002, consultable a páginas 341 a 343, consultable en la Compilación 1997-2012, “Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, Jurisprudencia, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente:

“FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.”

TERCERO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, y de los escritos de tercero interesado. En cuanto a este medio de impugnación, se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia contemplados en los artículos 8, 9 párrafo 1, y 86, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos que a continuación se exponen.

a) Oportunidad. El juicio de revisión constitucional electoral se promovió oportunamente, ya que la demanda se presentó dentro del término de cuatro días establecido por el artículo 8, del ordenamiento legal antes invocado, contado a partir del día siguiente, al de aquél en que el demandante tuvo conocimiento de la resolución impugnada.

En efecto, como se advierte de las constancias que informan de los juicios que se resuelven, la sentencia reclamada se notificó al hoy instituto político actor el diecisiete de octubre del año en curso, en tanto que el libelo inicial fue presentado ante el tribunal responsable, el veintiuno de octubre siguiente, respectivamente; esto es, al cuarto día de su notificación, de ahí que se tenga presentado oportunamente.

b) Requisitos de forma del escrito de demanda. El escrito de demanda reúne los requerimientos generales que establece el artículo 9 de la ley adjetiva en cita, ya que se hace constar el nombre del enjuiciante; se identifica la resolución cuestionada y la autoridad responsable; se mencionan de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que a juicio del instituto político causa la resolución combatida, así como los preceptos presuntamente violados, además de que consignan el nombre y firma autógrafa del promovente.

c) Legitimación. El Partido de la Revolución Democrática, se encuentra legitimado para promover el presente juicio, habida cuenta que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 88, párrafo 1 dispone que este medio impugnativo, sólo puede ser promovido por los partidos políticos.

En la especie, es un hecho público y notorio para esta Sala Regional, en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que el mencionado instituto político tienen ese carácter; por tanto, resulta manifiesta su legitimación, en términos del precepto legal antes invocado.

d) Personería. Para verificar si en el caso concreto se cumple con este requisito, es necesario hacer las siguientes precisiones:

En principio, se destaca que en el Estado de México, en términos del artículo 113, fracción III y 122, fracción III, ambos del Código Electoral del Estado de México, los partidos políticos y las coaliciones cuentan con representantes acreditados ante los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, ello a partir de que los órganos desconcentrados de ese instituto son instalados con motivo de la iniciación del proceso electoral constitucional de que se trate.

Ahora bien, en el caso concreto, quien promueve el presente juicio de revisión constitucional electoral es el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal Electoral de La Paz, Estado de México, carácter que acredita con la copia certificada de su nombramiento, la cual obra agregada a foja 22 del cuaderno principal del expediente en el que se actúa; asimismo, dicho carácter le es reconocido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

Por otra parte, entre los antecedentes del presente asunto, relacionados con la acreditación de la personería del hoy actor, tenemos que el mismo fue quién promovió juicio de inconformidad, en contra de los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de La Paz, Estado de México.

Dicho medio de impugnación se radicó en el Tribunal Electoral del Estado de México con el número de expediente JI/69/2012 de dos mil doce, se emitió sentencia en la cual se determinó modificar el cómputo municipal, confirmar la declaración de validez de la elección y la expedición de las constancias de mayoría del Ayuntamiento de La Paz, Estado de México.

En contra de la referida sentencia, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de La Paz, Estado de México, promovió juicio de revisión constitucional, mismo que ahora se resuelve.

Cabe destacar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria celebrada el tres de septiembre de dos mil doce, aprobó el acuerdo número IEEM/CG/253/2012, en el que determinó lo siguiente:

- En el punto de acuerdo primero determinó el cierre de 4 Juntas Distritales así como de 73 Juntas Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, entre ellas la Junta Municipal Electoral de La Paz, Estado de México, a efecto de que concluyeran sus actividades a partir del día siete de septiembre de dos mil doce.

- En el punto de acuerdo segundo determinó que para el caso en que deban atenderse requerimientos o darse cumplimientos a las sentencias que se emitan por los órganos jurisdiccionales, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México se abocará a realizar, en forma supletoria y en sustitución de los órganos desconcentrados municipales, los actos que sean necesarios.

- En el punto de acuerdo tercero determinó que la Secretaría Ejecutiva General, por conducto de la Dirección de Administración, proveería lo necesario para que se realizaran los trámites administrativos conducentes para el cierre por conclusión de actividades de las 4 Juntas Distritales y 73 Juntas Municipales ahí referidas.

- En el punto de acuerdo cuarto se instruyó a la Secretaría Ejecutiva General para que hiciera del conocimiento de los órganos jurisdiccionales electorales, la determinación del cierre de las Juntas Municipales indicadas.

Ahora bien, tomando en consideración que el Partido de la Revolución Democrática, promueve el presente juicio de revisión constitucional electoral por conducto de Luis Pérez Muñiz, quien se ostenta con el carácter de representante propietario de dicha partido político ante el Consejo Municipal Electoral de La Paz, Estado de México, y atendiendo a que, como se expuso, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante el acuerdo número IEEM/CG/253/2012, aprobado el tres de septiembre de dos mil doce, determinó el cierre de 4 Juntas Distritales así como de 73 Juntas Municipales de ese instituto electoral, entre ellas la Junta Municipal Electoral de La Paz, Estado de México, a efecto de que concluyeran sus actividades a partir del día siete de septiembre de dos mil doce.

De las circunstancias anteriores, esta Sala Regional considera que cuando un partido o coalición promovió un medio de impugnación local, por conducto de su representante ante el respectivo órgano electoral municipal que emitió el acto o resolución primigeniamente impugnada, y durante la sustanciación y resolución de ese medio de defensa, concluyen las funciones de dicho órgano electoral, debe considerarse dable que la resolución que recaiga al medio de defensa local puede ser cuestionada por los partidos políticos o coaliciones a través del juicio de revisión constitucional electoral que éstos presenten, ya sea, por conducto de las personas que fungieron como sus representantes ante el órgano electoral municipal primigeniamente responsable, sin que para ello obste el hecho de que dichos órganos ya hayan concluido sus funciones; en tanto que, se privilegia la posibilidad de que las personas que en representación del partido o coalición, presentaron el medio de defensa primigenio, continúen la cadena impugnativa iniciada, o bien, por conducto de sus representantes registrados ante el órgano del instituto electoral local que asumió las funciones de la autoridad electoral municipal que emitió la determinación primeramente cuestionada, y que motivó el inicio de la cadena impugnativa, que incluye la posibilidad de promover el respectivo juicio de revisión constitucional electoral.

Lo anterior, tiene sustento en una interpretación amplia de las hipótesis previstas en el artículo 88, apartado 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que se considera que cuando durante la sustanciación y resolución de un medio de defensa local, cesa en sus funciones el órgano electoral que emitió la determinación cuyo cuestionamiento dio origen al inicio de la cadena impugnativa; con el objeto de garantizar la continuidad de la misma, los partidos políticos y coaliciones pueden optar por promover el juicio de revisión constitucional electoral a través de:

- Sus representantes registrados ante el respectivo órgano electoral que asumió las responsabilidades del órgano que ya no está en funcionamiento, hipótesis que se ubicaría en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; ello a pesar de que no tenga el carácter de órgano responsable del acto o resolución que se cuestiona mediante el juicio de revisión ni haya emitido la determinación primigenia cuyo cuestionamiento originó la cadena impugnativa.

- Sus representantes que fueron registrados ante un órgano electoral que cesó en sus funciones durante la sustanciación y resolución del medio de defensa al que recayó la determinación que se controvierte ante la instancia federal, hipótesis que se ubicaría en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; ello a pesar de que dicho órgano electoral ya hayan cesado en sus funciones, pues debe privilegiarse la posibilidad de que dichos representantes den continuidad a la cadena impugnativa que inició con el cuestionamiento de la determinación emitida por el órgano electoral ante el cual fueron registrados como representantes.

Así las cosas, esta Sala Regional arriba a las siguientes conclusiones:

a) Órgano electoral que tuvo el carácter de autoridad responsable primigenia, sigue funcionando. Si la cadena impugnativa inició por el cuestionamiento de un acto o resolución emitida por el órgano electoral (municipal o distrital) que continúa en funcionamiento al momento en que es factible acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el juicio de revisión constitucional, y el medio de defensa primigenio lo presentó un partido político o coalición a través de su representante registrado ante dicho órgano electoral administrativo; entonces, el juicio de revisión constitucional electoral que se promueva para controvertir lo resuelto en el referido medio de defensa primigenio, solamente se puede presentar a través de su representante registrado ante ese órgano electoral, para el efecto de actualizar la hipótesis prevista en el inciso b) párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en tanto que, no existiría alguna circunstancia que justificara que el representante del partido o coalición ante un órgano electoral diverso, continuara con la cadena impugnativa iniciada por un representante registrado en un órgano electoral que sigue funcionando. Esta conclusión tiene sustento en el criterio adoptado por esta Sala Regional al resolver el expediente identificado con la clave ST-JRC-57/2009.

b) Órgano electoral que tuvo el carácter de autoridad responsable primigenia, cesó en sus funciones. Si la cadena impugnativa inició por el cuestionamiento de un acto o resolución emitida por el órgano electoral (municipal o distrital) que ya no continúa en funcionamiento al momento en que es factible acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el juicio de revisión constitucional, y el medio de defensa primigenio lo presentó un partido político o coalición a través de su representante registrado ante dicho órgano electoral administrativo; entonces, el juicio de revisión constitucional electoral que se promueva para controvertir lo resuelto en el referido medio de defensa primigenio, se puede presentar por los partidos o coaliciones, de manera opcional, por conducto de:

 Sus representantes registrados ante el respectivo órgano electoral que asumió las responsabilidades del órgano que ya no está en funcionamiento, hipótesis que se ubicaría en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta conclusión tiene sustento en el criterio adoptado por esta Sala Regional al resolver los expedientes identificados con las claves ST-JRC-120/2011 y su acumulado ST-JRC-121/2011, así como ST-JRC-111/2011, ST-JRC-123/2011, entre otros.

 Sus representantes que fueron registrados ante un órgano electoral que cesó en sus funciones durante la sustanciación y resolución del medio de defensa al que recayó la determinación que se controvierte ante la instancia federal, hipótesis que se ubicaría en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta conclusión tiene sustento en el criterio adoptado por esta Sala Regional al resolver el expediente identificado con la clave ST-JRC-120/2011 y su acumulado ST-JRC-121/2011.

Precisado lo anterior, se destaca que, en el caso concreto, el Consejo Municipal Electoral de La Paz, México, cesó en sus funciones desde el pasado siete de septiembre de dos mil doce, mientras que, la resolución ahora impugnada se emitió el diecisiete de octubre de dos doce y, en su contra, la parte accionante presentó el juicio de revisión constitucional electoral, a través del ciudadano Luis Pérez Muñiz, quien fue registrado como su representante propietario ante el referido órgano electoral municipal. Al respecto, esta Sala Regional estima que la mencionada persona sí tiene acreditada su calidad de representante del Partido de la Revolución Democrática; en tanto que, fue quien promovió el juicio de inconformidad local, cuya sentencia se cuestiona a través del presente juicio de revisión constitucional electoral, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el inciso b), del párrafo 1, del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

e) Definitividad y firmeza. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 86, apartado 1, incisos a) y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, exigen concomitantemente, acorde a la naturaleza del juicio de revisión constitucional electoral, como medio de impugnación excepcional y extraordinario, que la resolución contra la que se encauce, sea definitiva y firme, es decir, que no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, o bien, a través de su revisión por el superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas que se hubieren visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o en razón de que los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado.

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia identificada con la clave 23/2000, consultable en las páginas 253 y 524 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, con el rubro: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL."

En el caso, se satisface dicha hipótesis de procedencia, dado que contra la resolución impugnada, la legislación adjetiva electoral del Estado de México, no prevé medio de impugnación alguno, a través del cual se pueda obtener su modificación o revocación.

f) Violación a un precepto constitucional. El accionante manifiesta expresamente que con la determinación impugnada se violan en su perjuicio los artículos 17, 41, primer párrafo, fracción IV y 116, fracción IV, incisos a), b), c), l) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indistintamente, de manera que, se debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad previsto por el inciso b), del artículo 86, párrafo 1, de la ley electoral en cita, en tanto que los demandantes hacen valer agravios tendentes a demostrar la violación a esos preceptos constitucionales.

Esta exigencia debe entenderse en sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el análisis previo de los agravios propuestos por el actor, en relación con una violación concreta de un precepto de la Carta Magna, en virtud de que ello implicaría entrar al fondo del asunto impugnado; en consecuencia, cabe estimarse satisfecho cuando en el juicio de revisión constitucional electoral se alega la violación a disposiciones constitucionales.

Encuentra apoyo el razonamiento anterior, en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 02/97, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, consultable en las páginas 380 y 381, de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2012, Volumen "Jurisprudencia", cuyo rubro es: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA."

g) La violación reclamada puede ser determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo. En primer término, es menester recordar que el carácter determinante, atribuido a la conculcación reclamada en el juicio de que se trata, responde al objetivo de llevar al conocimiento de este órgano de justicia federal, sólo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del proceso electoral o el resultado final de la elección respectiva.

En el caso que se analiza, se cumple el requisito previsto en el artículo 86, párrafo primero, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante.

Lo anterior es así, considerando que el juicio de revisión constitucional electoral, conforme a su naturaleza jurídica, es la vía constitucional y legalmente establecida a favor de los partidos políticos para controvertir la legalidad de los actos, resoluciones o procedimientos de índole electoral, definitivos y firmes, emitidos por las autoridades administrativas, legislativas o jurisdiccionales, en las entidades federativas, que sean determinantes para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado final de la elección.

Por lo que, tomando en cuenta que en la sentencia emitida el diecisiete de octubre de dos mil doce por el Tribunal Electoral del Estado de México, que resolvió el juicio de inconformidad identificado con el expediente número JI/69/2012 presentado por el Partido de la Revolución Democrática, en la que por una parte se modificó el cómputo municipal de la elección de los miembros del Ayuntamiento de La Paz y, por otra, se confirmó la declaración de validez de la citada elección y la entrega de la constancia de mayoría a la planilla de candidatos postulada por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”, en el considerando tercero de dicha resolución, la autoridad responsable, realizó un estudio respecto de dos escritos presentados por el hoy actor los días treinta y uno de julio y veinte de agosto, ambos de este año, y estimó no admitirlos como ampliaciones de demanda, ni considerar a las pruebas ofrecidas con ellos, como supervenientes.

En efecto, el Tribunal Electoral del Estado de México consideró que no había lugar a la admisión de las pruebas ofrecidas mediante escrito de treinta y uno de julio de este año, así como tampoco de tomar en cuenta los argumentos contenidos en el escrito de veinte de agosto, en el cual el actor con base en las pruebas antes citadas, trata de ampliar su demanda primigenia, y hace valer distintas causales de nulidad en ciento once casillas, porque dichos elementos de convicción no se encontraban dentro de los parámetros establecidos en el artículo 331, párrafo segundo del Código comicial atinente, para ser consideradas como pruebas supervenientes.

Inconforme con la resolución de mérito, el hoy actor promueve el presente juicio de revisión constitucional electoral, en el que sustancialmente controvierte la no admisión de dichas pruebas, así como la falta de análisis de los argumentos expresados en un diverso presentado el veinte de agosto del año en curso, ante la hoy responsable.

Bajo ese contexto, resulta notorio que la controversia que plantea el hoy actor, amerita un estudio de fondo por versar sobre aspectos de carácter formal, de ahí que, si los agravios que formula el impetrante fueran fundados; ello traería como consecuencia un cambio radical en el estudio llevado a cabo por el Tribunal Electoral de dicha entidad federativa y, de asistirle la razón, por ende, en la confirmación de la declaración de validez de la elección y la expedición de las constancias de mayoría, a la planilla de candidatos de la colación comprometidos por el Estado de México, expedida por el Consejo Municipal electoral del municipio de La Paz, Estado de México, resuelta por dicho órgano jurisdiccional.

Lo anterior es así, porque de asistirle la razón al accionante, los efectos de la determinación que se adopte en este fallo traerían como consecuencia necesaria, la modificación sustancial de la resolución impugnada, en tanto que, de ser procedente, se analizarían aspectos que el tribunal responsable determinó no estudiar por considerar que no se actualizaban, en la especie, diversos requisitos procesales.

En ese tenor, esta Sala Regional concluye que no es factible realizar un pronunciamiento previo respecto a la procedencia del presente medio de impugnación con base a los argumentos que hace valer el impetrante, en tanto que constituyen cuestiones que sólo pueden ser analizados en el fondo.

En efecto, emprender el análisis atinente, en el apartado de procedencia del presente juicio implicaría, sin duda, prejuzgar, sobre la cuestión medular que se plantea en la presente controversia, misma que por su propia naturaleza debe resolverse de fondo. De lo contrario, pretender que dicha cuestión se analice en el capítulo que nos ocupa, redundaría en la imposibilidad de decidir lo concerniente a la legalidad y constitucionalidad del acto de autoridad que se combate, y, como consecuencia, se generaría un estado de indefensión; aspecto que se equipararía a una negativa de acceso a la justicia.

En razón de lo anterior, el presente juicio deviene procedente en tanto que constituye un medio extraordinario idóneo para determinar si el acto reclamado resulta apegado a derecho.

Lo anterior, encuentra sustento en su ratio essendi de la jurisprudencia número 33/2010, sostenida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, visible a fojas 284 y 285 de la Compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, 1997-2012, Volumen 1, Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:

DETERMINANCIA. EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL SE ACTUALIZA EN LA HIPÓTESIS DE DENEGACIÓN DE JUSTICIA.—Al ser la legalidad un principio rector de la función estatal electoral, se establece un sistema de medios de impugnación en la materia, cuya finalidad consiste en que todos los actos, resoluciones y procedimientos electorales, se ajusten a ese principio; en consecuencia, la interpretación funcional de los artículos 41, párrafo segundo, bases III y VI; 99, párrafo cuarto, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lleva a considerar que el requisito de procedibilidad relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo de un proceso electoral o para el resultado final de las elecciones, se debe estimar colmado, cuando se impugna un acto u omisión de la autoridad que implique negativa de acceso a la justicia.

h) Posibilidad material y jurídica de reparación del perjuicio causado con la violación impugnada. Los requisitos contemplados en los incisos d) y e) del indicado artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos; también se encuentran colmados, si se toma en cuenta que los miembros de los ayuntamientos en el Estado de México, tomarán posesión de sus cargos el uno de enero de dos mil trece, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

i) En cuanto a los terceros interesados. A continuación se procede a realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos de los escritos de terceros interesados presentados por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” y por el Partido Movimiento Ciudadano, conforme a lo siguiente:

1) Oportunidad. Durante la tramitación del juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve, los escritos por medio del cual comparecieron la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” y el Partido Movimiento Ciudadano, ambos en su calidad de terceros interesados, fueron presentados oportunamente en el plazo de setenta y dos horas, según se desprende de la razón de publicación y de retiro de las cédulas de notificación en estrados, realizada por la autoridad responsable (fojas 28 y 58 del cuaderno principal).

De lo anterior, que se estime que los terceros interesados comparecieron en tiempo, en términos de lo dispuesto por los artículos 17, párrafo 4 y 91, párrafo 1, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

2) Forma. En los escritos que se analizan, se hace constar el nombre de los terceros interesados, nombre y firma autógrafa de los representantes de los comparecientes, la razón del interés jurídico en que se fundan y su pretensión concreta.

3) Legitimación. La Coalición “Comprometidos por el Estado de México” y el Partido Movimiento Ciudadano están legitimados para comparecer al presente juicio como terceros interesados, por tratarse de una coalición y un partido político; ya que en sus escritos hacen valer un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora, en términos del artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Además, es de señalarse que tanto la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” como el Partido Movimiento Ciudadano, acudieron ante el Tribunal Electoral del Estado de México, en el juicio de inconformidad JI/69/2012, en donde les fue reconocida la legitimación como terceros interesados, por tanto, a efecto de poder continuar la secuela procesal es de reconocerse su legitimación en este juicio.

d) Personería. Se tiene por acreditada la personería de Luis Ángel González Cabrera y Oscar Ernesto Salazar Lucas, como representante propietario y suplente de la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”, y Félix Arriaga Jiménez en su carácter de representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, todos, acreditados ante el Consejo Municipal Electoral número 71, con residencia en La Paz, Estado de México, del Instituto Electoral de esa entidad federativa.

Lo anterior, ya que el representante de la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” acredita su personería con la certificación emitida el tres de octubre del presente año por el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, (foja 56 del cuaderno principal del expediente en que se actúa), y, el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, con la certificación de once de julio del año en que se actúa, emitida por el Presidente del Consejo Municipal número 71, con residencia en La Paz, Estado de México (foja 66 del cuaderno principal del expediente en que se actúa). Aunado al hecho de que comparecieron con tal carácter ante la autoridad responsable, la cual, los tuvo por legitimados y reconoció su personería.

CUARTO. Resolución impugnada. La resolución impugnada, en lo que al caso interesa, se encuentra sustentada en las siguientes consideraciones:

“CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Electoral del Estado de México, es competente para conocer y resolver el medio de impugnación interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, por tratarse de un Juicio de Inconformidad hecho valer en contra de los resultados del cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de La Paz, Estado de México, con fundamento en lo establecido en los artículos 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 282, 289, 302 Bis fracción III inciso c) y 303 párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México; así como 2, 17, 20 fracción I y 60, del Reglamento Interno del propio Tribunal.

SEGUNDO. Presupuestos procesales. Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, se procede al análisis del cumplimiento de los requisitos y presupuestos de procedibilidad, por ser su examen preferente, dada la naturaleza de orden público de las disposiciones del Código Electoral del Estado de México, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de dicho ordenamiento.

I. ACTOR

a) Legitimación. El actor, Partido de la Revolución Democrática, está legitimado para promover el presente juicio por tratarse de un ente político nacional con registro ante el Instituto Electoral del Estado de México, en términos de lo establecido en los artículos 304, fracción I del Código Electoral local.

b) Personería. Con fundamento en la fracción 1, inciso a), del artículo 305 del Código Electoral del Estado de México, se tiene por acreditada la personería de Luis Pérez Muñiz, quien presentó la demanda del juicio de inconformidad en representación de la parte actora, toda vez que a su promoción acompañó copia certificada de su acreditación ante el órgano electoral señalado como responsable, quien a través de su informe circunstanciado, reconoció que aquél tiene acreditado ante ella tal carácter.

c) Presentación oportuna. El escrito inicial del medio de impugnación en que se actúa fue presentado a las veintitrés horas con treinta y siete minutos del ocho de julio de dos mil doce y, por tanto, dentro del plazo establecido por el artículo 308 de la normatividad Electoral vigente en el Estado de México.

Lo anterior es así en virtud de que tal y como se advierte del acta circunstanciada de la sesión ininterrumpida de cómputo municipal de la Elección del Ayuntamiento de La Paz, Estado de México de cuatro de julio de dos mil doce, ésta culminó a las diecisiete horas con once minutos del mismo día; encontrándose el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática (Luis Pérez Muñiz) presente en dicho procedimiento, pues de la documental en cita se colige la firma de éste.

Por lo anterior es que el juicio de inconformidad presentado por el Partido de la Revolución Democrática se encuentra dentro del plazo establecido por la normativa electoral.

TERCEROS INTERESADOS.

a) Legitimación. La Coalición Comprometidos por el Estado de México, así como el Partido Movimiento Ciudadano están legitimados para comparecer en el juicio como terceros interesados, en términos de lo dispuesto por el artículo 304 fracción III del Código Electoral local, toda vez que alegan tener un derecho incompatible con el pretendido por el actor.

Personería. Es de reconocerse la personería de Luis Ángel González Cabrera y Oscar Ernesto Salazar, quienes comparecieron al juicio de inconformidad en que se actúa, en representación de la Coalición Comprometidos por el Estado de México, toda vez que a su escrito anexaron copia certificada de sus acreditaciones ante la responsable, quien además le reconoce la personería con que se ostentan

De igual manera se reconoce la personería de Felix Jhoan Arriaga Jiménez quien compareció al juicio de inconformidad en que se actúa, en representación del Partido Movimiento Ciudadano, toda vez que a su escrito anexó copia certificada de su acreditación ante la responsable, quien además le reconoce la personería con que se ostenta.

c) Presentación oportuna. Por lo que se refiere a la revisión de los requisitos que deben satisfacer los escritos de los terceros interesados, en atención a lo dispuesto por el artículo 312 de la ley electoral local, se advierte que ambos fueron presentados ante la autoridad responsable, dentro de las setenta y dos horas que siguieron a la publicación del medio de impugnación, como se deriva de los acuerdos de recepción de los escritos de los comparecientes en los que se expresó: el nombre del tercero interesado, el nombre y firma autógrafa de su representante, así como la razón del interés jurídico en que funda su pretensión concreta.

III. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.

En relación con los requisitos que conforme con lo ordenado en los artículos, 311 y 311 Bis de la normatividad electoral debe satisfacer la presentación de la demanda, se advierte que la misma fue presentada por escrito ante la autoridad señalada como responsable; dentro del plazo de cuatro días establecido por la ley; que en ella se consignan tanto el nombre del actor como el nombre y firma del promovente; que el mismo acreditó su personería, identificó el acto impugnado, la elección que se impugna y lo que en relación con ella se objeta; expresó agravios, mencionó en forma individualizada las casillas cuya votación solicita sea anulada, mencionó la causal de nulidad que se invoca para cada una de ellas y señaló los hechos en que basa su impugnación, ofreciendo y aportando pruebas de su parte.

IV. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.

Los terceros interesados afirman que el medio de impugnación debe desecharse debido al incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 302 bis, fracción III, inciso c) del Código Electoral del Estado de México, en relación con las causales de improcedencia señaladas en el artículo 317 del mismo ordenamiento.

Manifiestan que el actor no aportó pruebas suficientes para acreditar su pretensión de modificar el cómputo de la elección del municipio de La Paz, Estado de México, por lo que tal omisión, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 326 del código comicial local, razón por la cual debe desecharse el medio de impugnación.

Sobre ello, este Tribunal Electoral local considera que no les asiste la razón, ya que de conformidad con el artículo 330 del Código Electoral del Estado de México, la falta de aportación de pruebas por parte del actor, no es motivo para desechar el juicio, pues este órgano jurisdiccional, en todo caso, tiene la obligación de resolver los medios de impugnación con los elementos que consten en autos, siendo facultad del tribunal, allegarse de los elementos que se estimen necesarios para dictar la resolución correspondiente.

Sirve de apoyo a lo razonado, en lo conducente, la tesis emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "PRUEBAS, LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN (Legislación de Guanajuato)[1].

En todo caso, este órgano jurisdiccional, en el estudio de fondo, llevará a cabo un análisis exhaustivo del caudal probatorio que forma parte del presente juicio de inconformidad, para así estar en posibilidad de determinar si el mismo es el , idóneo y suficiente para actualizar o no las causales de nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas por la parte actora, por lo que contrario a lo afirmado por los terceros interesados, la viabilidad de las pruebas será motivo de pronunciamiento hasta el examen de fondo de la inconformidad planteada, sin que sea posible hacer pronunciamiento alguno en el presente apartado.

Potra parte, tampoco asiste la razón a los terceros interesados al afirmar que el juicio de inconformidad es improcedente porque los agravios expresados por la parte actora están redactados de manera lacónica, imprecisa e incoherente contraviniendo con ello el artículo 311, fracción V del Código Electoral del Estado de México, es decir, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios que cauce el acto o resolución impugnada, pues sostienen que los agravios que menciona el promovente son absolutamente imprecisos y redactados de manera general, sin que en estos se demuestre la existencia de las causas de nulidad que invoca.

Lo incorrecto de dicha afirmación tiene sustento en que del análisis que este órgano colegiado realizó al escrito de inconformidad, se advierte que el actor sí señala razonamientos encaminados a evidenciar la actualización de diversas causales de nulidad de votación recibida en casilla; y los agravios esgrimidos tienen relación con los hechos que señala acontecieron durante la jornada electoral en las casillas que impugna, señalando las lesiones causadas por las vicisitudes acontecidas; sin que en el presente apartado sea procedente estudiar si los mismos son subjetivos y genéricos, puesto que este análisis debe realizarse en el estudio de fondo respectivo.

Finalmente, es incorrecta la aseveración de los terceros interesados en el sentido de que la demanda de inconformidad debe desecharse por ser frívola, pues ambos consideran que la parte actora de forma genérica señala las casillas, sin especificar los hechos y agravios que le pudieran causar a éste; por lo que al no llevar a cabo dicha individualización, es claro que se debe desechar el medio de impugnación.

Sobre este punto, debe señalarse que el calificativo de frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. De esta manera, cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre.

En el presente asunto, este órgano resolutor considera que el escrito de demanda de inconformidad de la parte actora, de manera alguna puede calificarse como frívola, pues como ya se ha relatado, en la misma, se detallaron los hechos, agravios y se individualizaron las casillas en las que pide la nulidad de la votación; asimismo, las pretensiones del actor son compatibles con los efectos que se pueden declarar al emitir la resolución de fondo del presente medio impugnativo, por lo que no es notoria y evidente la frivolidad de la demanda.

Por otra parte, cabe hacer mención que la Coalición Comprometidos por el Estado de México, analiza de manera individual los agravios vertidos por cada una de las casillas impugnadas por el actor, solicitando 'en algunos casos la improcedencia del motivo de disenso, circunstancia que por pertenecer al estudio de fondo de la controversia planteada, este órgano jurisdiccional estudiará esos argumentos en el apartado respectivo, sin que en el estudio de las causales de improcedencia sea factible la determinación de la viabilidad de los agravios por cada una de las casillas impugnadas. Por lo anterior, no es procedente acoger la pretensión de los terceros interesados, en el sentido de desechar el juicio de inconformidad.

Por tanto, y en virtud de que en el presente asunto no se actualiza causal de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en los artículos 317 y 318 de la Ley Electoral de la entidad, procede realizar el análisis de fondo de la controversia planteada.

TERCERO. Cuestión previa. Este órgano jurisdiccional considera necesario pronunciarse acerca de los escritos presentados por el Partido de la Revolución Democrática ante la oficialía de partes de este Tribunal Electoral el treinta y uno de julio y veinte de agosto de dos mil doce.

1. Escrito presentado por el partido actor el treinta y uno de julio de dos mil doce.

En dicho escrito, el instituto político actor aporta diversa documentación al presente juicio de inconformidad (hojas de incidentes, actas de escrutinio y cómputo, actas de jornada electoral, escritos de protesta e incidentes; actas emitidas por el Consejo Municipal de La Paz tanto de las casillas impugnadas; así como de las que no fueron motivo de impugnación) argumentando que ésta, debe ser admitida en atención a que no le fue otorgada por la autoridad responsable en tiempo, a pesar de haberla solicitado durante el lapso en que corría el plazo para la interposición del juicio de inconformidad.

Asimismo, el actor manifiesta que al no haber tenido en su posesión los documentos que solicitó a la autoridad responsable, le fue imposible tener conocimiento de distintas irregularidades acontecidas el día de la jornada electoral; por lo que una vez analizados los instrumentos entregados por la autoridad responsable, se percató de la actualización de la causal de nulidad prevista en la fracción VII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, en ciento once (111) casillas.

En este mismo sentido, el promovente señala que una vez que le fueron entregadas de manera parcial las actas de escrutinio y cómputo, se percató de que existen varias irregularidades en la sumatoria, como en el número de ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal o con el total de boletas recibidas; señalando que existen errores en 155 casillas. Por otra parte, en el libelo que se analiza, el actor argumenta que respecto de los escritos de incidentes solicitados ante la autoridad responsable, la totalidad de ellos no le fueron entregados; a pesar de que en algunas de las actas de escrutinio y cómputo se advierte que fueron presentados un número considerable de escritos de incidentes y de protesta; y que al buscarlos en el legajo que le fue entregado, no le fueron incluidos.

Finalmente, el actor señala en su escrito, que anexa cuarenta y siete fotografías impresas que desglosando en forma individual el número de sección y tipo de casillas, demuestran en forma genérica las diferentes irregularidades, lo que denotan el vicio de origen de acciones de ciudadanos y funcionarios electorales; además de la intervención de los servidores públicos de la administración municipal, inmersos en el proceso electoral de la elección de ayuntamientos en sus actos preparatorios, de jornada electoral y cómputo municipal.

En atención a lo narrado, el peticionario solicita:

 Tenerlo por presentado en tiempo y forma, para el efecto de que se admitan en todos su términos todo lo peticionado

 Tener por exhibidas y admitidas las pruebas de carácter superveniente que se anexaron a su escrito, las cuales fueron entregadas por la autoridad responsable con posterioridad al plazo concedido por la legislación para interponer el juicio de inconformidad

 Entrar al fondo y estudio de la litis de manera oficiosa, por el estado de indefensión por el que se vio expuesto, en atención a la omisión y falta de documentales públicas que se debieron haber entregado en tiempo

En este sentido, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente:

a) Petición referente a tener por exhibidas y admitidas las pruebas de carácter superveniente

Respecto a la aportación de las documentales relativas a:

 "...Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión permanente de fecha 01 de julio del presente

 Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión ininterrumpida del cómputo municipal de la elección de ayuntamientos, de 04 de julio del presente

 Copias certificadas de las actas de jornada electoral de 06 de julio del presente

 Copias certificadas de las hojas de incidentes de fecha 06 de julio del presente

 Los escritos sobre incidentes de partidos políticos y coaliciones certificadas de fecha 07 de julio del presente

 Copias certificadas de los escritos de protesta de los diferentes partidos políticos y coaliciones de fecha 08 de julio del presente

 Las actas de escrutinio y cómputo certificadas de fecha 08 de julio del presente..."

Este órgano colegiado concluye que no deben ser tomadas en consideración, pues su aportación no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el artículo 331, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México; es decir, contrario a lo manifestado por el incoante, las probanzas señaladas no son de las consideradas supervenientes.

Para comprensión de lo anterior, es preciso señalar que tal y como se advierte del precepto citado, la única excepción a la regla sobre la presentación de pruebas en los plazos legalmente establecidos, es la de las pruebas supervenientes, entendiéndose como tales, los medios de convicción surgidos o conocidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando dicha eventualidad se acredite de manera fehaciente; y que además dichos medios convictivos se aporten antes del cierre de la instrucción.

Por ello, en los casos de los juicios de inconformidad, para que sean tomadas en consideración pruebas que se ofrezcan o aporten después del plazo para la interposición de los medios de impugnación, se debe actualizar alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el medio de prueba surja después del plazo legalmente previsto para ello; y

Que se trate de medios existentes, pero que no fue posible ofrecerlos oportunamente, por existir inconvenientes que no se pudieron superar. En cuanto al supuesto del inciso a), para que se actualice es necesario que el oferente refiera las circunstancias bajo las cuales tuvo conocimiento de la existencia de los medios de convicción ofrecidos, y que las mismas queden demostradas, por lo menos indiciariamente, a fin de que el juzgador esté en condiciones de valorar, conforme a la lógica, la experiencia y la sana crítica, que se trata de una narración probable y coherente, que haga verosímil el conocimiento posterior de dichos medios de prueba o, en su caso, demostrar la circunstancia extraordinaria que generó ese conocimiento, a fin de justificar la excepcionalidad necesaria para no aplicar la regla general, relativa a ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo de interposición del juicio de inconformidad; puesto que, de otro modo se propiciaría una inobservancia a la ley, al permitir el ejercicio del derecho procesal de ofrecer y aportar pruebas, no obstante su preclusión, con lo cual se permitiría al oferente que se subsanaran las deficiencias del cumplimiento de su carga probatoria.

Respecto al supuesto contenido en el inciso b), es menester que se acredite fehacientemente que por causas extraordinarias a la voluntad de su oferente, no fue posible aportar las pruebas dentro del plazo legalmente exigido.

En el presente asunto, no resulta dable admitir los elementos probatorios que exhibe el impetrante; no obstante que en la demanda de inconformidad, el incoante anunció como medios probatorios para acreditar sus afirmaciones: actas de jornada electoral; de escrutinio y cómputo; hojas de incidentes; escritos de incidentes y protesta de las casillas impugnadas en su escrito primigenio; así como las actas de jornada electoral y de sesión ininterrumpida que efectuó el consejo municipal de La Paz, México.

Lo anterior en virtud de que en el caso que se analiza se advierte que si bien el oferente de las probanzas mencionadas acreditó en el presente procedimiento que mediante diferentes escritos solicitó diversa documentación al Consejo Municipal Electoral de La Paz, Estado de México, al solicitar la documentación a la autoridad responsable lo hizo de manera genérica, pues en el requerimiento en cita pretende que el Consejo Municipal le expida copias certificadas de las actas de jornada electoral; escrutinio y cómputo; hojas de incidentes; de todas las casillas que se instalaron en el municipio de La Paz, Estado de México; así como de todas las actas levantadas por el consejo electoral mencionado durante todo el proceso electoral; es decir, su petición no sólo versó sobre los documentos relacionados con el presente juicio de inconformidad, sino con elementos que no son motivo de controversia en el medio impugnativo que se resuelve.

Aunado a lo anterior, este Tribunal Electoral estima que, no se colma el requisito relativo a justificar que por causas extraordinarias a su voluntad, no fue posible aportarlas dentro del tiempo establecido por el código comicial; y que pretenda exhibirlos mediante escrito presentado hasta el treinta y uno de julio del dos mil doce. Ello es así, pues de los artículos 174; 175 fracción I y II; 236 y 237 segundo párrafo, del Código Electoral del Estado de México; se colige que los partidos políticos tienen derecho a nombrar dos representantes propietarios y dos suplentes, ante cada mesa directiva de casilla, con la finalidad de que participen en el buen desarrollo de las actividades de ésta durante toda la jornada electoral (instalación, desarrollo de la votación, clausura de la votación, cierre de la casilla, escrutinio y cómputo y remisión del paquete electoral).

Asimismo, de los preceptos citados se advierte que los representantes de los partidos políticos registrados ante las mesas directivas de casilla, recibirán copia de las actas de instalación, cierre de la votación y de escrutinio elaboradas en la misma; recabándose el acuse de recibo correspondiente.

De lo narrado se desprende que la ley electoral local prevé mecanismos a través de los cuales los partidos políticos, sean garantes de los procesos comiciales, específicamente de la etapa de jornada electoral, por medio de los representantes generales y de mesas directivas de casilla, y que éstos tienen la posibilidad de tener acceso a las documentales que durante ese día se utilizan.

En este orden de ideas, no es una causa extraordinaria a la voluntad del oferente que manifieste que las probanzas relativas a actas de jornada electoral, escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, escritos de protesta e incidentes; fueron solicitadas ante la autoridad responsable y que éstas no le habían sido entregadas; debido a que de las normas legales citadas se desprende que los partidos políticos tienen acceso a esa documentación a través de los representantes acreditados ante cada una de las mesas directivas de casilla; por lo que, lo ordinario es que los entes políticos que participen en los comicios estén en aptitud no sólo de tener conocimiento de todas las eventualidades que surjan durante la jornada electoral y de allegarse de medios probatorios; sino que en adición, se les entrega copia de las actas que se ocupan en las mencionadas mesas directivas de casilla.

Por lo razonado es que no se justifica que en su escrito inicial de inconformidad haya manifestado que requirió diversa documentación al consejo municipal responsable, debido a que de ninguna forma alegó, por ejemplo, que en algunas casillas (indicando cuáles) el partido político no tuvo representación, o que de las copias que le fueron entregados a sus representantes en las mesas directivas de casilla (de conformidad con el artículo 237), no se encontró algún acta o que eran ilegibles; esto es, no justificó en ningún momento el por qué existió un obstáculo para poder aportarlas dentro de los plazos legales establecidos por la legislación electoral, el cual le hizo solicitarlas ante la autoridad competente.

En atención a lo argumentado, es que este órgano jurisdiccional considera que las documentales que el hoy impugnante aporta y pretende que se tomen en consideración en el juicio que se resuelve, no son de las denominadas supervenientes; por lo que no es dable acoger la pretensión del peticionario en el sentido de:

"Tener por exhibidas y admitidas las pruebas de carácter superveniente que se anexaron, las cuales fueron entregadas por la autoridad responsable con posterioridad al plazo concedido por la legislación para interponer el juicio de inconformidad'.

Con independencia de lo anterior, se aclara que tanto la autoridad responsable al remitir el expediente que dio origen al juicio de inconformidad, así como los terceros interesados, aportaron copias certificadas de las actas de jornada electoral; actas de escrutinio y cómputo; hojas de incidentes de las casillas impugnadas en su ocurso inicial; así como diversos escritos de protesta e incidentes. Además de ello, este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de veintiséis de julio de dos mil doce, requirió al Consejo Municipal Electoral número 71 de La Paz, Estado de México, para que remitiera actas de jornada electoral; hojas de incidentes; actas de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas por no encontrarse en las que había enviado el consejo, o porque eran ilegibles); solicitud que fue desahogada el veintisiete de julio de dos mil doce.

En este orden de ideas, es inconcuso que de manera alguna le irroga perjuicio el que no se tomen en consideración las pruebas aportadas en el escrito que se analiza, pues en todo caso, las probanzas relacionadas con las casillas impugnadas y que eran necesarias para la resolución de la presente controversia fueron traídas a juicio a través de la aportación de las mismas por parte del tercero interesado; de la autoridad responsable, o por medio de requerimiento llevado a cabo por este órgano jurisdiccional.

Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional toma como base para la resolución del juicio de inconformidad que se examina, el principio de adquisición procesal en materia electoral, el cual consiste en analizar cualquier medio de convicción que obre en el expediente (que se haya ofrecido en tiempo y forma) con independencia de la parte que lo haya aportado, sino solamente analizado su fuerza probatoria en relación a los hechos planteados por las partes, con la finalidad de llegar a la verdad legal. Sirve de apoyo a lo razonado, la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, clave 19/2008, que establece lo siguiente:

"ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIÁ ELECTORAL. (Se transcribe)”[2]

Ahora bien, referente a las documentales consistentes en:

 "Copias certificadas del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 24 de febrero del año 2012

 Copia certificada del acta de sesión ordinaria de fecha 27 de marzo del presente

 Copia certificada del acta de sesión ordinaria de fecha 27 de abril del presente

 Copia certificada del acta de la sesión ordinaria de fecha 3 de mayo del presente

 Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de fecha 9 de mayo del presente

 Copia certificada del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de junio del presente

 Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de fecha 8 de junio del presente

 Copia certificada del acta circunstanciada de sesión extraordinaria de fecha 22 de junio del presente"

Tampoco deben ser tomadas en cuenta, puesto que además de no tener relación con la litis planteada, no tienen el carácter de supervenientes en razón de que tales documentales no surgieron después del plazo legalmente previsto para la interposición del juicio de inconformidad, ya que todas fueron emitidas entre el veinticuatro de febrero y ocho de junio; ni se acredita que al oferente no le fue posible ofrecerlos de manera oportuna, en virtud de que las actas señaladas fueron emitidas en el Consejo Municipal Electoral número 71, de La Paz, en donde se encuentra el representante propietario y suplente del Partido de la Revolución Democrática; por lo que al tener representación ante la autoridad que emitió las probanzas que pretende aportar, no es dable afirmar que existieron obstáculos para ofrecerlos y aportarlos oportunamente; en atención a que las probanzas citadas no fueron anunciadas en el escrito inicial de demanda, ni relacionadas con los hechos o agravios; por lo que tampoco es procedente acoger la pretensión del solicitante, pues no se ofrecieron de conformidad con la legislación electoral.

Además, el promovente no argumenta de manera alguna, cuál fue el impedimento que tuvo para poder ofrecerlas de conformidad con los plazos establecidos en la normatividad electoral local.

Finalmente, referente a la prueba consistente en:

"47 fotografías impresas que servirán como testimonio de documental privada, desglosando en forma individual el número de sección y tipo de casillas que demuestran en forma genérica las diferentes irregularidades, y que dan notoriedad al vicio de origen de acciones de ciudadanos y funcionarios electorales, así como la intervención que se ve adminiculada en los párrafos anteriores por los servidores públicos de la administración municipal en turno..."

Tampoco es dable tomarla en consideración, puesto que la misma se aportó fuera de los plazos establecidos para ello; y al igual que las anteriores, tampoco recae en una excepción de las contempladas en el artículo 331 párrafo segundo del código comicial local; pues no se trata de documentos surgidos después de la fecha de la presentación de la demanda, en razón de que las fotografías supuestamente se tomaron de las diversas mesas directivas de casilla que se instalaron el primero de julio de dos mil doce.

Sumado a lo anterior, tampoco se colige que el actor haya estado imposibilitado para aportarlas dentro del plazo, pues él mismo fue el que las capturó, por lo que en todo caso, la imposibilidad que surgió para aportarlas dentro del lapso establecido por la ley electoral local es imputable al oferente y no a circunstancias extraordinarias que no estuviera a su alcance superar. Además, en su escrito inicial de demanda, en el apartado de ofrecimiento de pruebas el actor se limitó a señalar que ofrecía:

"LA TÉCNICA, consistente en fotografías y video, hacer narración"

Siendo evidente que su ofrecimiento no fue en términos del artículo 327, fracción III del Código Electoral del Estado de México, pues es una carga del oferente de las pruebas técnicas precisar de manera concreta aquello que pretende probar, identificando a las personas, lugares y circunstancias de modo, tiempo y lugar; y en el caso concreto (como se muestra de la transcripción), el actor se limitó a señalar que ofrecía la prueba técnica relativa a fotografías y video, sin precisar qué sujetos aparecían en las mismas, en dónde se encontraban, etc; situación que hace concluir que no se cumplió con el precepto citado.

En conclusión, toda vez que las aludidas probanzas no justifican la calidad de supervenientes, con base en las consideraciones expuestas no es dable decretar su admisión correspondiente.

Al respecto, resulta aplicable la ratio essendi contenida en la jurisprudencia número 12/2002, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, consultable a fojas 505 y 506, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y tesis en materia electoral 1997-2010, Volumen 1, Jurisprudencia, de rubro y texto:

"PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU SURGIMIENTO EXTEMPORÁNEO DEBE OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL OFERENTE. (Se transcribe)

b) Petición referente a entrar al fondo y estudio de la litis de manera oficiosa

Por otro lado, respecto a las afirmaciones del incoante en el escrito que se analiza referentes a que:

 Al no haber tenido en su posesión los documentos que solicitó ante la autoridad responsable, le fue imposible tener conocimiento de distintas irregularidades acontecidas el día de la jornada electoral; por lo que una vez analizados los instrumentos entregados por la autoridad responsable, se percató de la actualización de la causal de nulidad prevista en la fracción VII del artículo 298, en 111 casillas (señalando cuáles son).

 Una vez que le fueron entregadas de manera parcial las actas de escrutinio y cómputo, se percató de que existen varias irregularidades en la sumatoria, como en el número de ciudadanos que votaron de acuerdo con la lista nominal o con el total de boletas recibidas; señalando que existen errores en 155 casillas (señalando cuáles son).

Por lo que solicita a este órgano resolutor:

Este órgano jurisdiccional local estima improcedente su solicitud; en razón de que el incoante con su escrito de treinta y uno de julio de dos mil doce pretende ampliar su demanda, sin que de lo señalado se advierta que se lleve a cabo por hechos supervenientes o desconocidos por el Partido de la Revolución Democrática; por lo que es evidente que feneció su derecho para ampliar la demanda que instauró el ocho de julio del presente año.

Para esclarecer la afirmación anterior, es necesario precisar que el Código Electoral del Estado de México, al prescribir la procedencia y tramitación del juicio de inconformidad, prevé una serie de actos que se llevan a cabo mediante etapas sucesivas y concatenadas que, una vez concluidas, se clausuran en definitiva, por lo que no queda al arbitrio de las partes el poder elegir el momento para realizar ciertos actos procesales, sino que los deben promover de manera oportuna, circunstancia que vincula a que exista certidumbre y seguridad jurídica e igualdad entre las partes en el proceso jurisdiccional que se desarrolle.

Relativo a la presentación de la demanda, el código comicial local estatuye plazos ante la autoridad responsable, para que a su vez, ésta publique el medio de impugnación; y remita al órgano competente la documentación relativa a la controversia planteada; haciendo patente que el sistema de medios de impugnación en materia electoral, como en otros similares, la recepción de un primer escrito en que se haga valer un juicio o recurso, constituye un real y verdadero ejercicio de acción, lo cual cierra la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas, para impugnar el mismo acto, resolución o resultado.

Así la presentación de una demanda del juicio de inconformidad, o de los recursos de revisión o apelación, ocasiona la clausura definitiva de la etapa procesal relativa al ejercicio del derecho de acción del partido político o coalición que la ejerza, pues una vez extinguida o consumada una etapa procesal, no es posible regresar a ella, y en consecuencia fenece la oportunidad de que un mismo partido presente nuevas impugnaciones contra el mismo acto o resolución combatido; ya que de otra forma se propiciaría a la modificación de la controversia planteada, pues el incoante tendría la oportunidad de ingresar escritos de manera indiscriminada, lo que traería como consecuencia la modificación o adición de los agravios originalmente expuestos, lo cual implica ir en contra de los principios de seguridad jurídica y de la voluntad del legislador que dispuso de un plazo de cuatro días para la interposición del juicio de inconformidad.

Con ello se obtiene que al haberse promovido el juicio, con independencia de lo que se determine sobre su procedencia, la parte actora agota, precisamente en ese momento, la facultad de ejercer la acción, sin que se prevea en la ley la posibilidad de volverla a promover en diversa y posterior ocasión, dada la clausura de cada una de sus etapas en el medio de impugnación.

Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios identificados con las claves TEEMEX.R.ELE 01/09 y TEEMEX.JR.ELE 18/09; emitidos por este órgano jurisdiccional, los cuales son del tenor literal siguiente:

"AMPLIACIÓN DE AGRAVIOS. ES IMPROCEDENTE. (Se transcribe)

"JUICIO DE INCONFORMIDAD. ES IMPROCEDENTE LA PRESENTACIÓN DE MÁS DE UNO TRATÁNDOSE DE LA MISMA CAUSA DE PEDIR. (Se transcribe)

Por otra parte, debe aclararse que existen supuestos de excepción en los que se permite la ampliación de la demanda, como es el caso de hechos nuevos íntimamente relacionados con la pretensión deducida o desconocidos por el promovente al presentar el escrito principal, para con ello privilegiar el acceso a la jurisdicción. No obstante, para que la ampliación de la demanda en materia electoral sea procedente es menester que:

- Se sustente en hechos supervenientes o desconocidos previamente por la parte actora.

Lo cual implica que la ampliación de demanda procede siempre que se trate de hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que la parte accionante sustentó sus pretensiones y que surjan de forma posterior a la presentación de la demanda o que se ignoren, pues sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado, pues la ampliación de la demanda no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos, que obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.

En relación a lo anterior, debe precisarse que la ampliación de demanda por hechos nuevos íntimamente relacionados con la pretensión deducida o desconocidos por la parte actora al momento de presentar la demanda, está sujeta a las reglas relativas a la promoción de los medios de impugnación, lo que conlleva a que los escritos de ampliación deben presentarse dentro de un plazo igual al previsto para el escrito inicial, contado a partir de la respectiva notificación o de que se tenga conocimiento de los hechos materia de impugnación, siempre que sea anterior al cierre de instrucción, pues con esa interpretación se privilegia el acceso a la jurisdicción.

Apoyan las consideraciones anteriores, los criterios contenidos en las jurisprudencias 18/2008 y 13/2009, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubros: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL. ACTOR" y "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).

Por lo relatado, este órgano de justicia electoral considera que la petición del incoante no es viable, debido a que las afirmaciones con las que pretende ampliar la litis en el presente juicio de inconformidad, no se sustentan en hechos supervenientes o desconocidos previamente. Se reitera, los hechos en que basa las supuestas irregularidades acontecidas en diversas casillas las hace depender de acontecimientos suscitados el primero de julio de dos mil doce, es decir, el día en que se desarrolló la jornada electoral; situación que hace evidente que no se trata de hechos supervenientes o surgidos después de haberse presentado el juicio de inconformidad que se resuelve.

Asimismo, tampoco se trata de hechos desconocidos por el incoante, debido a que tal y como ha sido razonado, el día de la jornada electoral, el partido político actor como garante del proceso electoral, tuvo la posibilidad de que los representantes acreditados ante las mesas directivas de casilla instaladas en el Municipio de La Paz, México, conocieran todas las vicisitudes que se actualizaron durante el desarrollo de la jornada electoral; además de que al tener también representación ante el Consejo Municipal Electoral 71; estuvo en posibilidad de conocer los acontecimientos del primero de julio del año en curso.

En atención a ello, es que este órgano jurisdiccional estima que no es razón suficiente la circunstancia de que el actor en su escrito de treinta y uno de julio de dos mil doce, manifieste que fue hasta que las actas de jornada electoral y escrutinio y cómputo fueron entregadas por la autoridad administrativa electoral cuando tuvo conocimiento de diversas irregularidades acontecidas en distintas casillas; puesto que por la naturaleza jurídica de los entes políticos, así como de los derechos y obligaciones que devienen tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del propio Código Electoral del Estado de México (ser garantes del proceso electoral; tener representación en los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México), hacen concluir que la circunstancia' aducida por el inconforme no sea suficiente para justificar que no tuvo conocimiento de irregularidades acaecidas en distintas casillas, antes de la interposición del juicio de inconformidad.

Dicha consideración cobra fuerza, pues en su escrito inicial de demanda se advierte que el actor narra hechos de ochenta y seis (86) casillas instaladas en el municipio de La Paz, Estado de México; en el que en algunas de ellas, incluso señala el nombre de ciudadanos que ocuparon cargos de funcionarios sin supuestamente estar autorizados para ello; circunstancia que pone de relieve que sí tuvo conocimiento de cómo se desarrolló la jornada electoral en el municipio aludido; de lo contrario, no habría tenido la posibilidad de controvertir ninguna casilla, ni menos de aducir hechos relacionados con las mismas.

Por ello, resulta inadmisible que con el escrito que se analiza pretenda que por la falta de expedición de los documentos requeridos a la autoridad responsable, no había tenido oportunidad de conocer las supuestas irregularidades acaecidas el día de la jornada electoral en las casillas instaladas; lo que lleva a este órgano electoral local a estimar que, en el caso, no resulta procedente su admisión, dado que en dicho escrito no se exponen hechos supervenientes o desconocidos previamente por la parte actora, en tanto que se trata de supuestas irregularidades acontecidas durante el desarrollo de la jornada electoral.

Por lo anterior no es dable acoger la pretensión del promovente en el sentido de que este tribunal electoral debe llevar a cabo un estudio oficioso de la litis, en atención a que los medios de impugnación en materia electoral que se ventilen ante un órgano jurisdiccional se deben analizar a partir de los motivos de disenso esgrimidos por el incoante, y en base a los hechos planteados por las partes, lo cual se encuentra apegado al principio de congruencia externa que deben contener todas las resoluciones emanadas de algún órgano impartidor de justicia.

En este orden de ideas es incuestionable que la naturaleza jurídica de un órgano jurisdiccional no deviene de facultades de investigación en el que su objetivo principal sea buscar irregularidades de oficio, sino que, es a partir del ejercicio de la acción por parte de algún justiciable, que el impartidor de justicia se encuentra compelido a resolver sólo sobre la cuestión que sea planteada a través de la demanda respectiva.

2) Escrito presentado por el partido actor el veinte de agosto de dos mil doce.

En este escrito el actor solicita a este tribunal la admisión de lo que denomina: pruebas supervenientes, aduciendo que la autoridad responsable lo dejó en estado de indefensión al no proporcionar en tiempo y forma las documentales públicas existentes en el Consejo Municipal 071 de La Paz, Estado de México.

Asimismo el actor solicita a este órgano jurisdiccional tenga por presentado: "el presente complemento del escrito adminiculado con el juicio de inconformidad de fecha 08 de julio de dos mil doce...admitiéndolo en todos sus términos..."

En conocimiento del escrito presentado por el Partido de la Revolución Democrática, este órgano jurisdiccional revisó de manera minuciosa dicho libelo, advirtiendo que este constituye una ampliación de demanda del presentado el ocho de julio ante la autoridad responsable, y en el cual impugna los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamientos, por nulidad de la votación recibida en diversas casillas, así como la expedición de las constancias de mayoría otorgadas por la responsable a la Coalición Comprometidos por el Estado de México; ello en razón de que en el escrito que se analiza se desarrollan argumentos en vía de agravio tendentes a poner en conocimiento a este tribunal distintas irregularidades que bajo la óptica del actor actualizan diversas causales de nulidad de votación recibida en las distintas casillas que se individualizan en el mismo, las cuales son divergentes a las que en un principio impugnó en su escrito de demanda primigenia.

Lo anterior se sostiene porque del análisis que este juzgador realizó al escrito de veinte de agosto de dos mil doce, se colige que la intención del actor es ampliar su demanda con hechos y casillas que no fueron planteados ni impugnadas de manera inicial en el ocurso de inconformidad; o en algunos casos perfeccionar los argumentos que en el momento inicial de promoción del juicio de inconformidad no se introdujeron, teniendo el objeto de fortalecer las razones en las que se sostenía la nulidad de la votación recibida en diversas casillas; situación que el propio actor admite, puesto que en el escrito que se analiza manifiesta que, éste es un complemento del libelo presentado el ocho de julio de la anualidad que trascurre ante el Consejo Municipal de 071 en La Paz, Estado de México, pretendiendo que esta autoridad jurisdiccional adminicule uno y otro con la finalidad de que sean estudiados todos y cada uno de los argumentos vertidos en ambos escritos.

Lo que resulta contrario a derecho, en virtud de que el ocurso presentado el veinte de agosto del dos mil doce, debe correr la misma suerte que el promovido el treinta de julio del mismo año, en tanto que ambos constituyen una ampliación de demanda del juicio de inconformidad que se resuelve.

En atención a que (igual que el ocurso presentado el treinta de julio) el escrito que se examina, no configura los elementos necesarios para que este pueda constituir una ampliación de demanda, los cuales se hacen consistir en: que los hechos aducidos en la ampliación se sustenten en hechos supervenientes o desconocidos previamente por la parte actora y que la misma se haya promovido dentro del plazo previsto para impugnar los actos generadores de afectación a los derechos del incoante; hipótesis que no se actualizan en el caso concreto.

Ello debido a que las afirmaciones con las que pretende ampliar la litis en el presente juicio de inconformidad, no se sustentan en hechos supervenientes o desconocidos previamente, pues todos los relatados en el escrito que se analiza se refieren a acontecimientos suscitados el primero de julio de dos mil doce; es decir, el día en que se desarrolló la jornada electoral; situación que hace evidente que no se trata de hechos supervenientes o surgidos después de haberse presentado el juicio de inconformidad que se resuelve.

De igual manera que se razonó en el apartado anterior, tampoco se trata de hechos desconocidos por el actor, puesto que el día de la jornada electoral, el partido político como garante del proceso electoral, tuvo la posibilidad de que los representantes acreditados ante las mesas directivas de casilla instaladas en el Municipio de La Paz, México, conocieran todas las vicisitudes que se actualizaron durante el desarrollo de la jornada electoral; además de que al tener también representación ante el Consejo Municipal Electoral 71, de La Paz; estuvo en posibilidad de conocer los acontecimientos del primero de julio del año en curso.

Además de ello, es importante señalar que el escrito que se analiza fue presentado fuera de los plazos que el Código Electoral local establece para la presentación del juicio de inconformidad, ya que como se advierte del sello de recibido de la oficialía de partes de esta autoridad, el escrito fue presentado el veinte de agosto de dos mil doce, es decir cuarenta y tres días después del plazo para la interposición del juicio de inconformidad, razón por la que tampoco se cumplen los principios sobre los cuales se rige la implicación de demanda.

Sobre lo argumentado, es que no es admisible la solicitud del incoante en el sentido de que el escrito presentado el veinte de agosto de dos mil doce sea analizado en conjunto con la litis plantada en el juicio de inconformidad presentado el ocho de julio de la misma anualidad.

Apoyan los anteriores razonamientos los criterios contenidos en las jurisprudencias 18/2008 y 13/2009, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal Tribunal Electoral, de rubros: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR" y AMPLIACIÓN DE DEMANDA. PROCEDE DENTRO DE IGUAL PLAZO AL PREVISTO PARA IMPUGNAR (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).

Por otra parte, este órgano jurisdiccional advierte que en el escrito que se analiza, el actor anuncia como pruebas supervenientes, las consistentes en:

 Copias certificadas del Acta de Sesión Ordinaria de fecha 24 de febrero del año 2012

 Copia certificada del acta de sesión ordinaria de fecha 27 de marzo del presente

 Copia certificada del acta de sesión ordinaria de fecha 27 de abril del presente

 Copia certificada del acta de la sesión ordinaria de fecha 3 de mayo del presente

 Copia certificada del acta de sesión extraordinaria de fecha 9 de mayo del presente

 Copia certificada del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de junio del 4 presente