JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: ST-JRC-82/2011, ST-JRC-83/2011 y JDC-447/2011 ACUMULADOS

ACTORES: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO NUEVA ALIANZA Y ROSA HILDA ABASCAL RODRÍGUEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

TERCERO INTERESADO: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MAGISTRADO PONENTE: SANTIAGO NIETO CASTILLO

SECRETARIOS: LUIS ESPÍNDOLA MORALES, OCTAVIO RAMOS RAMOS Y SHARON CRISTINA MORALES MARTINEZ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a ocho de noviembre de dos mil once.

VISTOS, para resolver, los autos de los juicios de revisión constitucional electoral y para la protección de los derechos político-electorales al rubro indicados, promovidos por los partidos políticos Acción Nacional y Nueva Alianza por conducto de sus representantes, propietario y suplente, respectivamente, ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, así como Rosa Hilda Abascal Rodríguez, en su carácter de candidata a Presidenta Municipal de Zamora, Michoacán, postulada en candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional y Nueva Alianza a fin de impugnar la sentencia de veintiocho de octubre del año en curso, por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en el expediente del recurso de apelación TEEM-RAP-037/2011, mediante la cual se modificó el acuerdo del citado Consejo General sobre la solicitud de registro de planillas de candidatos en común a integrar ayuntamientos en la citada entidad federativa, presentada por los Partidos Políticos, Acción Nacional y Nueva Alianza, para el proceso electoral del año dos mi once, y se revocó el registro de la candidata postulada para el cargo de Presidenta Municipal de Zamora, Michoacán.

RESULTANDO

I. Antecedentes. De la narración de hechos que los actores hacen en sus demandas, así como del contenido de las constancias que obran en los expedientes citados al rubro, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral. El diecisiete de mayo de dos mil once, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán declaró el inicio del proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en la citada entidad federativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 del Código Electoral del Estado de Michoacán.

2. Solicitud de registro de candidaturas en común. El catorce de septiembre de dos mil once, los Partidos Políticos Acción Nacional y Nueva Alianza, solicitaron el registro de planillas de candidatos en común para integrar ayuntamientos en el Estado de Michoacán, entre ellos el de Zamora. En la planilla relativa a este Municipio se incluyó a Rosa Hilda Abascal Rodríguez como candidata a Presidenta Municipal, tal como se advierte de la solicitud de registro que obra a fojas 292 a 331 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JRC-82/2011.

3. Acuerdo de aprobación de registro de candidaturas en común. El veinticuatro de septiembre de dos mil once, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán emitió el acuerdo CG-56/2011, mediante el cual aprobó la solicitud de registro de candidaturas en común a integrar ayuntamientos presentada por los Partidos políticos Acción Nacional y Nueva Alianza, tal como se advierte a fojas 188 a 205 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JRC-82/2011.

4. Recurso de apelación. El veintiocho de septiembre de dos mil once, inconforme con el citado acuerdo, el Partido de la Revolución Democrática promovió recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por considerar que la candidata a presidenta municipal de Zamora, Michoacán, registrada por los citados institutos políticos no cumplía con el requisito de elegibilidad, consistente en acreditar la vecindad en dicho municipio, tal como consta del escrito de recurso que obra a fojas 5 a 61 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JRC-82/2011.

5. Resolución del recurso de apelación. El veintiocho de octubre del año en curso, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán emitió la sentencia definitiva en el expediente TEEM-RAP-037/2011, al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. Se modifica el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, sobre la solicitud de registro de planillas de candidatos en común a integrar Ayuntamientos, presentada por los Partidos Políticos Acción Nacional y Partido Nueva Alianza, para el proceso electoral ordinario del año 2011 dos mil once”, aprobado en la sesión especial de veinticuatro de septiembre de dos mil once, específicamente del H. Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, para los efectos precisados en la parte in fine del Considerando Séptimo de esta resolución.

SEGUNDO. Se cancela el registro de la ciudadana Rosa Hilda Abascal Rodríguez, como candidata a Presidenta Municipal de Zamora, Michoacán, postulada en candidatura común por los Partidos Políticos Acción Nacional y Nueva Alianza, para lo cual se ordena a la Autoridad Responsable proceda en términos de la parte final del Considerando Séptimo de la presente resolución.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en términos de lo establecido en el artículo 158 del Código Electoral del Estado de Michoacán, tome las medidas necesarias a efecto de realizar la corrección de las boletas electorales para este proceso electoral dos mil once, en el municipio de Zamora, Michoacán, en la parte relativa al nombre del candidato común de los Partidos Políticos Acción Nacional y Nueva Alianza, para el cargo de Presidente Municipal de dicho municipio; bajo el concepto de que si por razones técnicas no pudiera efectuar la corrección o sustitución de boletas los votos, contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen registrados al momento de la elección.

Dicha sentencia les fue notificada a los partidos políticos actores y a la promovente el veintinueve de octubre siguiente, tal como se desprende de las constancias de notificación que obran a fojas 883 a 888 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JRC-82/2011.

II. Juicio de revisión constitucional electoral del Partido Acción Nacional. Inconforme con la sentencia señalada, mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil once, el Partido Acción Nacional, por conducto de Everardo Rojas Soriano, representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, promovió juicio de revisión constitucional electoral, tal como se advierte a fojas 5 a 86 del expediente ST-JRC-82/2011.

III. Juicio de revisión constitucional electoral del Partido Nueva Alianza. El mismo treinta y uno de octubre del año en curso, el Partido Nueva Alianza, por conducto de Leticia Cruz González, representante suplente ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la referida resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, tal como se advierte a fojas 5 a 86 del expediente ST-JRC-83/2011.

IV. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El treinta y uno de octubre del mes y año en curso, Rosa Hilda Abascal Rodríguez promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de la resolución referida, tal como se advierte del escrito de presentación que corre agregado a foja 5 del expediente ST-JDC-447/2011.

V. Recepción en Sala Regional de los juicios de revisión constitucional electoral. El uno de noviembre siguiente, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional los oficios TEEM-SGA-573/2011 y TEEM-SGA-574/2011, suscritos por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, a los que acompañó los escritos presentación, escritos de demanda y su anexos, informes circunstanciados, constancias de trámite, el expediente original TEEM-RAP-037/2011, así como copia certificada del mismo, tal como se aprecia a fojas 2 y 3 de los expedientes ST-JRC-82/2011 y ST-JRC-83/2011.

VI. Turno de expedientes. Por acuerdos dictados el uno de noviembre del año en curso, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar los expedientes ST-JRC-82/2011 y ST-JRC-83/2011 y turnarlos a la ponencia a su cargo, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dichos acuerdos se cumplimentaron en la misma fecha por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, mediante oficios TEPJF-ST-SGA-1060/11 y TEPJF-ST-SGA-106111(sic), tal como se advierte de las constancias que obran a fojas 95 y 96, y 94 y 95, respectivamente, de los citados sumarios.

VII. Recepción en Sala Regional de escritos de terceros interesados. El cuatro de noviembre del año en curso, la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral de Michoacán, mediante oficios TEEM-SGA-600/2011, TEEM-SGA-601/2011 y TEEM-SGA-603/2011, remitió a esta Sala Regional los escritos de tercero interesado presentados por la representante propietario del Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, ambos ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por lo que, mediante acuerdo de propio cuatro de noviembre del presente año, el magistrado instructor, acordó tenerlos por presentados.

VIII. Recepción en Sala Regional del juicio ciudadano y escritos de terceros interesados. El cuatro de octubre de dos mil once, se recibió en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el oficio TEEM-SGA-602/2011 suscrito por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, mediante el cual remitió escrito de demanda y sus anexos, informe circunstanciado, copia certificada del expediente TEEM-RAP-037/2011, constancias de trámite del juicio ciudadano, así el escrito de tercero interesado, suscrito por José Juárez Valdovinos, en su carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, tal como se advierte a fojas 2 y 3 del expediente ST-JDC-447/2011.

IX. Turno de expediente del juicio ciudadano. En la misma fecha el Magistrado Presidente de esta Sala Regional acordó integrar el expediente ST-JDC-447/2011 y turnarlo a la ponencia a cargo del Magistrado Santiago Nieto Castillo, para los efectos, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo fue cumplimentado en la misma fecha por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional, mediante oficio TEPJF-ST-SGA-1084/11, tal como se advierte de las constancias que obran a fojas 138 y 139 del expediente citado.

X. Radicación y admisión. El cuatro de noviembre siguiente, el Magistrado Instructor radicó y admitió las demandas de los expedientes en que se actúa, tal como consta a fojas 99 y 100 del expediente ST-JRC-82/2011 y 98 y 99 del expediente ST-JRC-83/2011 y 142 y 143 del expediente ST-JDC-447/2011.

XI. Cierre de instrucción. Finalmente, al considerar que no había diligencias pendientes por desahogar, en su oportunidad, el Magistrado ponente declaró cerrada la instrucción en sendos juicios, con lo cual los asuntos quedaron en estado de resolución, ordenando formular el respectivo proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 87, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de dos juicios de revisión constitucional electoral promovidos por sendos partidos políticos, así como un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a fin de controvertir una sentencia definitiva que guarda relación directa con la elección de ayuntamiento del municipio de Zamora Michoacán, entidad federativa que forma parte de la circunscripción plurinominal donde esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Del análisis de los escritos de demanda de los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves ST-JRC-82/2011 y ST-JRC-83/2011, así como del diverso juicio ciudadano ST-JDC-447/2011, se advierte conexidad en la causa, puesto que se controvierte el mismo acto, consistente en la resolución del veintiocho de octubre de dos mil once emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el expediente TEEM-RAP-037/2011, se hacen valer agravios similares en los escritos de impugnación y la pretensión y causa de pedir de los actores es la misma.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, procede decretar la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral ST-JRC-83/2011 y para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ST-JDC-447/2011 al diverso expediente ST-JRC-82/2011, por ser éste el presentado en primer término, a efecto de facilitar su pronta y expedita resolución en forma conjunta.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia, a los autos de los expedientes acumulados.

SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación.

1. Juicios de revisión constitucional electoral. En los medios de impugnación con las claves ST-JRC-82/2011 y ST-JRC-83/2011, satisfacen los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los numerales 8, 9, párrafo 1, 86, párrafo 1, y 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se expone enseguida:

a) Oportunidad. Los juicios de revisión constitucional electoral se promovieron oportunamente, porque las demandas se presentaron dentro del término de cuatro días contado a partir del día siguiente, al de aquél en que los demandantes tuvieron conocimiento de la resolución impugnada, conforme a lo establecido por los artículos 7, párrafo 1, y 8 de la ley adjetiva electoral federal.

-ST-JRC-82/2011.

En cuanto al juicio de revisión constitucional electoral con la clave ST-JRC-82/2011, de las constancias de autos se advierte que la resolución reclamada se notificó al Partido Acción Nacional el veintinueve de octubre de dos mil once, como se advierte de la cédula de notificación que obra agregada a foja 900 del cuaderno accesorio 1; por tanto, el plazo de cuatro días con el que contaba el referido instituto político para controvertir la resolución reclamada transcurrió del treinta de octubre al dos de noviembre del año en curso, y si en el caso, la demanda que se analiza se presentó el treinta y uno de octubre de dos mil once como se advierte del sello de recepción que obra asentado a foja 05 del referido expediente, es inconcuso que la demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días previsto para ello.

-ST-JRC-83/2011.

En relación al juicio de revisión constitucional electoral con la clave ST-JRC-83/2011, la resolución controvertida fue notificada el veintinueve de octubre del año en curso, el plazo de cuatro días para impugnar dicha resolución se verificó del treinta de octubre al dos de noviembre del año en curso, por lo que, si la demanda se presentó el treinta y uno de octubre del actual, como se advierte del sello de recepción que obra asentado a foja 05 del citado expediente, es claro que la demanda se presentó oportunamente.

b) Legitimación. El presente medio de impugnación fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto en el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos, por lo que, si en la especie, quienes promueven son los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza, resulta evidente que ambos están legitimados para hacerlo.

c) Personería. La personería de Everardo Rojas Soriano, quien suscribe la demanda en el expediente ST-JRC-82/2011 como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán se encuentra acreditada, en términos del artículo 88, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que es el representante de dicho instituto político ante el órgano administrativo que emitió el acto que generó la sentencia ahora combatida, además de que el tribunal responsable le reconoce tal carácter por haber comparecido en representación del partido tercero interesado en el recurso de apelación, cuya sentencia se combate, lo anterior en términos de la certificación expedida por el Secretario General del Instituto Electoral de Michoacán y del informe circunstanciado que obran a fojas 87, 88 y 89, respectivamente del expediente citado.

La personería de Leticia Cruz González, quien suscribe la demanda en el expediente ST-JRC-83/2011 como representante propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán se encuentra acreditada, en términos del artículo 88, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que es el representante de dicho instituto político ante el órgano administrativo que emitió el acto que generó la sentencia ahora combatida, según consta en la certificación que corre agregada a foja 87 del referido expediente.

d) Forma. Ambos escritos de demanda reúnen los requisitos formales que establece el artículo 9 de la mencionada ley adjetiva electoral federal, porque en ambos se hace constar el nombre del actor; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se sustenta la impugnación, así como los conceptos de agravio que los institutos políticos consideraron pertinentes para controvertir la sentencia dictada por la responsable, además de hacer constar el nombre y firma autógrafa de cada representante.

e) Definitividad y firmeza. En cuanto a los requisitos previstos en los incisos a) y f) del artículo 86 de la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también están satisfechos, en tanto que el artículo 98 apartado A, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, indica que las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán tienen el carácter de definitivas, sin que se advierta la existencia de algún otro medio de impugnación que debiera agotarse previamente a acudir a este juicio, lo que evidencia que se cumple el requisito de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, consistente en que el acto impugnado tenga el carácter de definitivo y firme.

f) Violación a preceptos constitucionales. Los institutos políticos enjuiciantes manifiestan expresamente y en los mismos términos, que con la sentencia impugnada, se violan en su perjuicio los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual se debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad previsto en el inciso b) del apartado 1 del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que el demandante hace valer conceptos de agravio tendentes a demostrar la violación de esos preceptos constitucionales.

Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificada con la clave 02/97, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, consultable en las páginas 354 y 355, de la Compilación 1997-2010. Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, volumen 1, con el rubro: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA” que indica que el requisito de procedibilidad, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio, por lo que el requisito en estudio debe tenerse por acreditado cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios de los que se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia.

g) Violación determinante. En el caso que se analiza, se cumple el requisito previsto en el artículo 86, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del procedimiento electoral respectivo o para el resultado final de la elección.

Lo anterior, porque en la especie, la sentencia impugnada se canceló el registro de la candidata postulada en común por los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza para el cargo de Presidenta Municipal en el Municipio de Zamora, Michoacán, y ordenó realizar la corrección de las boletas electorales para el proceso electoral en el citado municipio, lo cual, a juicio de esta Sala Regional puede ser determinante para el proceso y resultado de la elección.

h) Que la reparación solicitada sea posible. En la especie se cumple con el requisitos previstos en los incisos d) y e) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que de resultar fundados los agravios formulados por los partidos actores, se revocaría la sentencia reclamada, así como la cancelación del registro de la candidata común para el Municipio de Zamora, Michoacán, previo a que tenga verificativo la jornada electoral, toda vez que ésta se llevará a cabo el próximo trece de noviembre, en términos de lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto número 69, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintidós de septiembre de dos mil seis.

2. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

El presente juicio satisface los requisitos generales del artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a) Forma. Se satisfacen las exigencias formales de ley, porque la demanda se presentó por escrito, consta en ella el nombre y la firma autógrafa de la actora; se indica el domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autorizada para tales efectos; se identifica la autoridad responsable, así como el acto impugnado; se exponen tanto los hechos en los cuales se sustenta la impugnación, como los agravios que le causa la resolución reclamada; finalmente, se citan los preceptos legales considerados violados, así como las pruebas que estimó pertinentes.

b) Oportunidad. En las constancias que obran en el sumario se aprecia que la demanda fue presentada dentro del término previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, de la cédula de notificación que obra a foja 885 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JDC-447/2011 se desprende que la resolución impugnada le fue notificada a la actora el veintinueve de octubre de dos mil once, por lo que el plazo para interponer su demanda transcurrió del treinta de octubre al dos de noviembre de la presente anualidad, con lo cual, es indudable que si la actora presentó su demanda el citado treinta y uno de octubre, es inconcuso que la misma fue interpuesta dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la citada ley adjetiva electoral federal.

c) Legitimación. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por los artículos 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que quien lo promueve es una ciudadana que actúa por sí mismo y en forma individual, aduce la supuesta violación a su derecho a ser votada al estimar que la resolución que combate es violatoria de las diversas disposiciones constitucionales y convencionales que señala en su demanda.

d) Definitividad. En términos del artículo 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales puede ser promovido por los ciudadanos cuando se hayan agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado.

En el caso se cumple con este requisito, toda vez que el actor controvierte una resolución dictada en un recurso de apelación por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la cual tiene el carácter de definitiva, en términos del artículo 98 apartado A, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Michoacán.

TERCERO. Requisitos de los escritos de tercero interesado. El Partido de la Revolución Democrática, y el Partido Revolucionario Institucional a través de José Juárez Valdovinos y Jesús Remigio García Maldonado, representantes propietarios de dichos institutos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, presentaron sendos escritos de tercero interesado en los juicios de revisión constitucional electoral que se resuelven, como se advierte a fojas del expediente ST-JRC-82/2011 y 101 a 125, del expediente ST-JRC-83/2011, cuyos requisitos de procedibilidad se encuentran satisfechos, como a continuación se expone.

a) Forma. Los escritos de tercero interesado fueron debidamente presentados ante la autoridad responsable; en ellos se hacen constar los nombres y firmas autógrafas de la representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, y del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, el domicilio para oír y recibir notificaciones, las personas autorizadas para ese efecto; así como la oposición a las pretensiones formuladas por el Partido Acción Nacional.

b) Oportunidad. Durante la tramitación de las demandas juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-82/2011 y ST-JRC-83/2011, comparecieron en su calidad de terceros interesados, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de José Juárez Valdovinos, representante propietario de ese instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, y el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Jesús Remigio García Maldonado por lo que ambos escritos cumplen con el requisito previsto en el artículo 17, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se expone.

-ST-JRC-82/2011.

Respecto al juicio de revisión constitucional electoral con la clave ST-JRC-82/2011, la publicación del medio de impugnación en los estrados de la autoridad responsable se realizó a las veintidós horas del treinta y uno de octubre del año en curso, como se advierte de la cedulas de publicación y razón de fijación en los estrados de la autoridad responsable, que obran asentadas a foja 093 y 094 de autos, por lo que, si en el caso, el referido plazo feneció a las veintidós horas del tres de noviembre siguiente, como se advierte de la certificación que corre agregada a foja 236 del sumario, y los escritos de comparecencia fueron presentados por los representantes de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional a las dieciséis horas con cinco minutos y a las veintiún horas con treinta y cuatro minutos respectivamente, del ultimo día para que los referidos institutos políticos comparecieran al presente juicio con tal carácter, es inconcuso que, en el caso, se satisface requisito bajo análisis.

-ST-JRC-83/2011.

En relación al juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-83/2011, la publicación del medio de impugnación en los estrados de la autoridad responsable se realizó a las veintitrés horas con cinco minutos del treinta y uno de octubre del año en curso, como se advierte de la cédula de publicación y razón de fijación respectivas en los estrados de dicha autoridad, las cuales obran agregadas a fojas 092 y 093 de autos, por lo que, si en la especie, el referido plazo feneció a las veintitrés horas con cinco minutos tres de noviembre siguiente, como se advierte de la certificación agregada a foja 127 del sumario, y el escrito de comparecencia del Partido de la Revolución Democrática se presentó a las dieciséis horas con tres minutos del ultimo día para que el referido instituto político compareciera con tal carácter al presente juicio, es inconcuso que se satisface requisito bajo análisis.

c) Legitimación. Se reconoce la legitimación del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional en su calidad de terceros interesados en los juicios de revisión constitucional electoral que se resuelven, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que de los escritos respectivos se advierte que los comparecientes tienen un derecho oponible al del instituto político actor.

d) Personería. Se tiene por acreditado dicho requisito, debido a que debido a que los representantes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el artículo 88, inciso c), de la ley adjetiva electoral federal, el primero de ellos tiene reconocida dicha calidad por la autoridad responsable y el segundo con base en la certificación que anexa a su escrito de comparecencia, como se advierte a foja 249 del expediente con la clave ST-JRC-82/2011, con lo que se cumple con el requisito en estudio.

-Requisitos de procedibilidad del escrito de tercero interesado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con la clave ST-JDC-447/2011.

Durante la tramitación del juicio ciudadano compareció el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de José Juárez Valdovinos, representante del citado instituto político ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de que se le reconociera el carácter de tercero interesado.

Dicho carácter, debe reconocerse al partido compareciente, habida cuenta que se satisfacen los requisitos establecidos en los artículos 17, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a) Oportunidad. En efecto, según se desprende de la cédula de publicitación del juicio ciudadano y de la razón de retiro que obran a fojas 103 y 105 del expediente ST-JDC-447/2011, el plazo para la presentación oportuna del escrito de tercero interesado corrió de las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del treinta y uno de octubre a las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos del tres de noviembre del año en curso.

Luego, si el escrito fue presentado a las dieciséis horas con dos minutos del día tres de noviembre del año que transcurre, tal y como se desprende del sello de recepción de la responsable que obra en la primera foja del escrito de mérito, visible a foja 106 del expediente referido; es evidente que su presentación fue en tiempo.

b) Forma. El escrito del tercero interesado satisface los requisitos legales para su presentación, previstos en los artículos 17, párrafo 4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que fue presentado por escrito ante la autoridad responsable; en él se hacen constar el nombre del compareciente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto; así también, se formula la oposición a las pretensiones del actor y, finalmente, el nombre y firma de la persona que promueve en representación del partido político actor.

c) Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación del partido tercero interesado, en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues quien promueve es el Partido de la Revolución Democrática, el cual aduce tener un interés incompatible con el del actor, en tanto que pretende que se desestimen los agravios expresados por la actora y se confirme la sentencia impugnada.

d) Personería. Se tiene reconocida la personería con que se ostenta José Juárez Valdovinos, quien promueve en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, personalidad que tiene reconocida en los autos del recurso de apelación cuya resolución constituye el acto impugnado.

CUARTO. Los partidos políticos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, en sus escritos de tercero interesado, hacen valer la siguiente causal de improcedencia.

-Improcedencia de los agravios.

Señalan los comparecientes, que son improcedentes los motivos de disenso esgrimidos por el Partido Acción Nacional, así como del Partido Nueva Alianza, y para tal efecto, exponen una serie de argumentos, que a su juicio lo evidencian.

La causal de improcedencia es infundada.

Se arriba a dicha conclusión, en atención a que, de la simple lectura de los argumentos hechos valer por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, que comparecen como terceros interesados, en los presentes medios de impugnación se desprende que los mismos, de ninguna forma se encuentran encaminados a demostrar la improcedencia del medio de impugnación, sino que, en su formulación, tratan de desvirtuar los argumentos hechos valer en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral formulada por el partido político actor.

En tal sentido, el análisis de la viabilidad de los agravios expuestos, será materia del estudio de fondo del presente juicio en el análisis que de ellos realice esta Sala Regional en el considerando atinente, toda vez que la validez o invalidez de los referidos motivos de disenso de ninguna forma interfieren con la procedencia del medio de impugnación que se examina en este apartado, ni constituye causa notoria o manifiesta de improcedencia del presente juicio.

Precisado lo anterior, en razón de que, en el caso, se cumplen los requisitos generales y especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral y tomando en consideración que las causas de improcedencia hechas valer por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional terceros interesados en los presente juicios han sido desestimadas y esta Sala Regional no advierte, de oficio, que se actualice alguna de ellas; en atención a ello, lo procedente es realizar el estudio de fondo de la litis planteada, a partir de la sentencia impugnada y los motivos de disenso expuestos por el instituto político enjuiciante en su escrito de demanda.

QUINTO. Consideraciones de la sentencia impugnada. La sentencia que por esta vía se impugna, en lo que es materia de impugnación, en el juicio que se resuelve, encuentra sustento jurídico en las siguientes consideraciones:

“

SÉPTIMO. Estudio de fondo. En su escrito de apelación el accionante aduce que el acto impugnado, relativo al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, que aprueba el registro de la ciudadana Rosa Hilda Abascal Rodríguez, como candidata postulada en común por los partidos políticos Acción Nacional y Nueva Alianza a Presidenta Municipal de Zamora, Michoacán, es violatorio del principio de legalidad, por lo siguiente:

a) La ciudadana Rosa Hilda Abascal Rodríguez no acreditó el requisito de elegibilidad contenido en el artículo 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, consistente en haber adquirido la vecindad en el Municipio por lo menos dos años antes al día de la elección, y no obstante ello, se aprobó el registro correspondiente.

b) La autoridad responsable no tomó en cuenta violaciones graves al Código Electoral del Estado, cometidas por la candidata, al haber realizado actos anticipados de precampaña y campaña, violando con ello, dice, los principios de legalidad y equidad.

I. Marco normativo.

En primer lugar cabe recordar que, conforme a lo dispuesto por los artículos 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8° de la Particular del Estado, son prerrogativas del ciudadano, entre otros, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.

En tanto que, por cuanto ve a las calidades necesarias para ser votado, el numeral 119 de la Norma Suprema de la Entidad señala:

“Artículo 119. (se transcribe).

Por su parte, el artículo 13 del Código Electoral dispone:

“Artículo 13. (se transcribe).

En ese mismo orden de ideas, el numeral 153 del Ordenamiento acabado de citar previene:

“Artículo 153. (se transcribe).

A su vez el artículo 154 del ordenamiento invocado estatuye:

“Artículo 154. (se transcribe).

Finalmente, en los Lineamientos para el Registro de Candidatos, para el Proceso Electoral Ordinario del año dos mil once, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el cinco agosto de este año, se indica que las solicitudes de registro de candidatos deberán ser presentadas, a través de los representantes de los partidos políticos o coaliciones debidamente acreditados, por escrito en la sede oficial del Órgano Administrativo y ante el Secretario General, dentro de períodos establecidos en el artículo 154 del Código Electoral del Estado y precisados en el Calendario Electoral aprobado por la propia autoridad -en el caso particular de las planillas a integrar los Ayuntamientos, del treinta y uno de agosto al catorce de septiembre-, las cuales deberán contener la información prevista en el artículo 153, fracciones I y II del propio Código y acompañarse los documentos que acrediten lo establecido en la diversa fracción IV de dicho dispositivo legal.

Asimismo, el punto II, apartado 3, de dichos Lineamientos, intitulado “DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE CANDIDATOS”, señala en lo que aquí interesa:

“3. Para acreditar los requisitos de elegibilidad de los candidatos a integrar los ayuntamientos, los partidos políticos y las coaliciones deberán presentar, junto con la solicitud de registro de las planillas, los siguientes documentos por cada uno de los propuestos:

Del anterior marco normativo se desprenden las premisas siguientes:

1). Son prerrogativas de los ciudadanos, entre otras, poder ser votados para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley;

2). Para ser electo Presidente Municipal se requiere cumplir, además de otras condiciones, haber nacido en el Municipio respectivo o adquirido la vecindad en el mismo, por lo menos dos años antes al día de la elección –en la especie por lo menos desde el trece de noviembre de dos mil nueve-;

3). La solicitud de registro deberá contener, entre otros datos, el lugar de nacimiento, edad, vecindad y domicilio, y se deben acreditar los requisitos de elegibilidad del candidato, de conformidad con la Constitución Política del Estado y el Código Sustantivo de la Materia; y

4). Para acreditar el requisito del artículo 119, fracción III de la Norma Suprema de la Entidad, debe presentarse acta de nacimiento y constancia de residencia efectiva por más de dos años, expedida por funcionario competente del Ayuntamiento de que se trata.

Debiendo señalar que esto último no implica que se limite a los institutos políticos o candidatos a demostrar exclusivamente a través de ese medio –constancia municipal de residencia efectiva- la vecindad, puesto que como es sabido, tanto la residencia como la vecindad, por su propia naturaleza, presentan un alto grado de dificultad para acreditarse con las características que suelen exigir por la ley, especialmente cuando no existen mecanismos para preconstituir una prueba de esos hechos, y ante tal situación, se necesita recurrir ordinariamente a la prueba indiciaria mediante la apreciación de elementos indirectos, revisados detalladamente con gran flexibilidad, para establecer su alcance con apoyo en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia1

II. Marco conceptual.

Como se advierte de los preceptos legales transcritos, los requisitos de elegibilidad son circunstancias inherentes a la persona del candidato, que le califican como apto para desempeñar una función pública que pueden ser de carácter positivo o negativo, previstos en el precitado artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, cuya fracción III establece, según se ha dicho, que para ser electo Presidente Municipal se requiere “haber nacido en el Municipio respectivo o haber adquirido la vecindad en el mismo por lo menos dos años antes al día de la elección”2

Como se ve, el requisito que el Órgano Revisor de la Constitución en Michoacán, instituyó en diciembre de dos mil siete, como indispensable para la obtención del registro de candidato a Presidente Municipal, consiste precisamente en acreditar la vecindad en el Municipio de que se trate por más de dos años previos a la jornada electoral, requisito sine qua non para ser elegible, entre otros, a dicho cargo de elección popular, mismo que refleja la preocupación porque quienes formen parte de los Ayuntamientos estén inmersos en la problemática de los mismos, ya que de esa manera realizarán mejor sus funciones. Así se advierte de la propia exposición de motivos contenida en la iniciativa de reforma aludida, por la que se adicionó al marco constitucional local esa exigencia, de donde además se desprende que el término vecindad fue utilizado por el legislador Local como sinónimo de residencia efectiva, que tiene como finalidad que los candidatos a Presidente Municipal realmente tengan arraigo en el área geográfica que pretenden gobernar.

Para mayor ilustración, resulta necesario traer a colación las principales razones en las que se sustenta la iniciativa referida, que en lo que aquí interesa son del tenor siguiente:

“…

Que como podemos advertir, cada uno de los requisitos de referencia se encuentra sustentado en valores que se han considerado indispensables tanto para la consecución de contiendas electorales equitativas, como para el ejercicio independiente y responsable de los cargos populares de los cabildos; no obstante lo anterior, se advierte, se encuentra ausente de la norma constitucional que se analiza, un requisito que a nuestro juicio resulta trascendente en la vida institucional del Municipio: la necesidad de ser originario del lugar por el que ha de elegirse o bien haber adquirido la vecindad en el mismo cuando menos dos años antes de la elección.

Que ser originario de un lugar se constituye en un elemento de valor superior al de la vecindad, la cual en un punto no liga suficientemente al individuo con la comunidad; es decir, la vecindad no necesariamente involucra al individuo con el entorno, en tanto que la oriundez, genera la idea de la pertenencia al lugar. Para efectos de elegir una autoridad, lo que se privilegia no es si el propuesto es vecino del lugar, pues para adquirir esta condición basta un trámite administrativo simple, sino lo importante es el electo (sic) esté suficientemente vinculado con la problemática que eventualmente va a resolver, tomando decisiones adecuadas en virtud, entre otras cosas, a su conocimiento de la gestión de dicha problemática. Es decir, si el ser electo es producto de una prerrogativa que está por encima de un derecho, el requisito de ser originario debe ser superior a la obligación de ser vecino.

Que el requisito de referencia que a través de la presente proponemos se incorpore a la disposición constitucional citada, radica esencialmente en el sentido de pertenencia del individuo con su comunidad y se traduce en el compromiso de los gobernantes con el lugar que han de representar, así como conocimiento de su entorno geográfico y social para un efectivo desempeño de las funciones propias del encargo; es decir, que los municipios sean gobernados por quienes estén al tanto de la problemática que se vive en el seno de su comunidad y con ello se dé cabida a acciones para encontrar las soluciones a los problemas de la región y todo que se trate de ciudadanos con un alto sentido de solidaridad con el grupo social con el que conviven, necesario para velar por los intereses del mismo; lo que puede no ocurrir conforme a la normatividad vigente.

Que en efecto, la aplicación literal del artículo 119, admite que pueda ser electo como presidente municipal, síndico o regidor, cualquier ciudadano que no tenga ninguna vinculación con el lugar en el que ha de fungir como representante, lo que con toda seguridad impacta en el cumplimiento eficaz del cargo al no conocer adecuadamente la dinámica de los problemas que enfrenta el municipio; de ahí la necesidad de establecer el requisito que proponemos.

Que la disposición constitucional de referencia, en relación al punto que se estudia, originalmente preveía el requisito de “Ser del Estado o tener un año de residencia en el municipio donde debe ejercer su encargo”, para ser electo presidente municipal o regidor; este requisito, que si bien no resolvía el problema que en esta iniciativa abordamos, refería al concepto “residencia” que desapareció del texto mediante decreto de fecha 15 de junio de 1983, sin que se encuentre ni en la exposición de motivos de la iniciativa, ni en la contenida en el dictamen respectivo, referencia a las razones de la reforma particular a este dispositivo.

Lo anterior implicaría que quien sea electo Presidente, síndico o regidor de un ayuntamiento y no sea originario del municipio de que se trate, tenga al menos dos años de residencia efectiva en el lugar por el que ha de elegirse, ello en el caso de haber renunciado a su anterior vecindad y manifestando su propósito de adquirir la nueva, y de dos años a partir de su establecimiento, en caso de no acreditar renuncia expresa a la vecindad anterior”. (énfasis añadido).

Más aún, cabe destacar que la comisión dictaminadora en sus consideraciones destacó, entre otras cosas, que la iniciativa tenía como finalidad la de garantizar, por una parte que el electorado conozca plenamente a los candidatos, por los que puede emitir su sufragio; y por otra, que con tal requisito se obliga a que el aspirante a un cargo público municipal conozca más a fondo los usos, costumbres y necesidades, así como los potenciales de la comunidad; esto es, tener el conocimiento real y arraigo efectivo para desempeñar el cargo.

Así entonces, es claro que la intención del legislador al incluir tal requisito de elegibilidad, fue evitar que el desconocimiento de la problemática y dinámica social, repercuta en el desempeño de las autoridades municipales, y en cambio, se buscó que quienes gobiernen los Municipios conozcan su situación, lo que se consideró se puede cumplir mediante la acreditación de la vecindad en el municipio de que se trate, la que por lo menos deberá ser por un lapso de dos años previos a que se celebre la elección.

De igual modo, como se indicó con antelación, de dicha exposición de motivos se advierte también que el término vecindad contenido en la redacción del artículo 119, fracción III, fue utilizado como sinónimo de residencia efectiva, por lo que se vuelve indispensable realizar algunas precisiones respecto a lo que debe entenderse por residencia, domicilio, y vecindad o residencia efectiva, para los fines que nos ocupan, dada su íntima relación.

Así, el diccionario de la Real Academia Española, señala simplemente que la residencia es el lugar en que se reside. Por su parte, en la Enciclopedia Jurídica Mexicana se define como: “el lugar en el que una persona habita. Supone una relación de una persona con un lugar. Puede distinguirse la residencia simple de la habitual, porque esta requiere, para conformarse, un elemento temporal; para ser habitual, debe ser prolongada”.3