JUICIO de revisión constitucional electoral.

EXPEDIENTE: ST-JRC-88/2012.

PARTE ACTORA: COALICIÓN “COMPROMETIDOS POR EL ESTADO DE MÉXICO”.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

mAGISTRADA PONENTE: adriana m. favela herrera.

SECRETARIOS: ABRAHAM GONZÁLEZ ORNELAS Y FELIPE JARQUÍN MÉNDEZ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a cuatro de diciembre de dos mil doce.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave ST-JRC-88/2012, promovido por la coalición “Comprometidos por el Estado de México”, en contra la resolución de nueve de noviembre de dos mil doce, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el expediente JI/103/2012 y,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De la narración de los hechos que la parte actora hace en su demanda y de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

1. Jornada Electoral. El uno de julio de dos mil doce se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los integrantes de los ayuntamientos del Estado de México, entre ellos, el relativo al Municipio de Valle de Bravo.

2. Cómputo municipal. El cuatro y cinco de julio de dos mil doce, el Consejo Municipal Electoral número 111 de Valle de Bravo, Estado de México, realizó la sesión de cómputo correspondiente a la elección de ese municipio (fojas 89 a la 108 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JRC-88/2012).

Dicho cómputo arrojó los siguientes resultados (foja 228 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JRC-88/2012):

En la citada sesión se declaró la validez de la elección y se hizo entrega de las constancias de mayoría respectivas a los integrantes de la planilla postulada por el Partido Acción Nacional, que obtuvo la mayoría en la votación de la elección de munícipes del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México (fojas 237 a la 268 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JRC-88/2012).

3. Interposición de juicio de inconformidad. El nueve de julio del presente año, la coalición “Comprometidos por el Estado de México” promovió juicio de inconformidad en contra de los resultados contenidos en la referida acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría respectivas; dicho medio de impugnación se radicó en el Tribunal Electoral del Estado de México, con el número de expediente JI/103/2012 (fojas 04 a la 33 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JRC-88/2012).

4. Resolución del juicio de inconformidad. El nueve de noviembre de dos mil doce, el Tribunal Electoral del Estado de México dictó sentencia en el expediente antes referido y determinó confirmar los actos impugnados, en los siguientes términos (fojas 387 a la 479 del cuaderno accesorio 2 del expediente ST-JRC-88/2012):

“RESUELVE

PRIMERO. Son INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios esgrimidos por el actor en su demanda, en términos del considerando SEXTO de esta sentencia y, en consecuencia, se CONFIRMAN los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento por el Principio de Mayoría Relativa correspondiente al 111 Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, la declaración de validez de la elección.

SEGUNDO. Se CONFIRMAN las constancias de mayoría otorgadas a la planilla de candidatos del Partido Acción Nacional.

TERCERO. Una vez que quede firme la presente resolución, devuélvanse los documentos originales a la autoridad señalada como responsable o, de ser el caso, al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.”

Dicha sentencia fue notificada a la Coalición “Comprometidos por el Estado de México” el mismo nueve de noviembre del año en curso (fojas 486 y 487, del cuaderno accesorio 2 del expediente ST-JRC-88/2012).

II. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme con la sentencia antes referida, mediante escrito presentado el trece de noviembre del presente año, la coalición “Comprometidos por el Estado de México” promovió juicio de revisión constitucional electoral ante el tribunal responsable (fojas 06 a la 84 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-88/2012).

III. Recepción de expediente en esta Sala Regional. El catorce de noviembre de dos mil doce, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, el oficio número TEEM/P/579/2012 de esa misma fecha signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México, a través del cual remitió el escrito de demanda, el informe circunstanciado de ley y demás documentación correspondiente (fojas 02 y 03 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-88/2012).

IV. Turno a ponencia. Mediante acuerdo de quince de noviembre del año en curso, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ordenó integrar el expediente ST-JRC-88/2012 y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Adriana M. Favela Herrera, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dicho acuerdo se cumplimentó en esa propia fecha por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional federal, a través del oficio TEPJF-ST-SGA-4950/12 (fojas 92 y 93 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-88/2012).

V. Acuerdo de radicación. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil doce, la Magistrada Instructora acordó la radicación del expediente relativo al presente juicio de revisión constitucional electoral (fojas 96 a 98 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-88/2012).

VI. Tercero interesado. Por oficio número TEEM/SGA/1331/2012, de diecisiete de noviembre dos mil doce, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional en esa misma fecha, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México remitió a esta Sala Regional las constancias relativas a la publicitación del presente juicio y el escrito mediante el cual el Partido Acción Nacional pretende comparecer con el carácter de tercero interesado a este juicio (fojas 101 a la 108 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-88/2012).

VII. Acuerdo de admisión. Mediante proveído de veinte de noviembre de dos mil doce, la Magistrada Instructora admitió el presente medio de impugnación y tuvo al Partido Acción Nacional pretendiendo comparecer como tercero interesado (fojas 109 a 110 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-88/2012).

VIII. Cierre de instrucción. En su oportunidad, al no existir diligencias por desahogar se ordenó el cierre de instrucción respectivo, con lo cual el asunto quedo en estado de resolución; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia y jurisdicción. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, en conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 94, párrafo primero, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción II, 184, 185, 186, párrafo primero, fracción III, inciso b), 192, párrafo primero y 195, párrafo primero, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso d), 4 y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido para controvertir una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, correspondiente a una entidad federativa que se encuentra dentro del territorio de la circunscripción donde esta Sala ejerce jurisdicción; controversia que se encuentra relacionada con los resultados del cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Como una cuestión previa al estudio de fondo, es menester analizar si en el caso concreto, se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser su examen de estudio preferente y de orden público, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Partido Acción Nacional, en su escrito de comparecencia como tercero interesado, alega que el presente juicio debe desecharse, toda vez que la parte actora omite expresar agravio alguno y que los mismos no los acreditó fehacientemente, con lo que a su parecer se actualiza lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el 317, fracción VI, del Código Electoral del Estado de México.

La causal de improcedencia aducida por el tercero interesado resulta inatendible, ya que la parte accionante sí hace valer agravios y, en todo caso, la determinación respecto de si los mismos resultan fundados o no, es una cuestión que se analizará en el estudio de fondo; por lo que no puede juzgarse, en este momento, si le asiste la razón a la parte actora respecto de lo que reclama.

TERCERO. Requisitos de la demanda y especiales de procedibilidad. Esta Sala Regional procede a analizar si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos generales y los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral.

1. Forma. La demanda se presentó por escrito, ante la autoridad responsable y en ella consta el nombre y firma autógrafa de la parte promovente, el domicilio para oír y recibir notificaciones, se identifica con precisión el acto impugnado y la autoridad responsable, se enuncian los hechos y agravios que dicha resolución le causa y se señalan los preceptos presuntamente violados.

2. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que la sentencia reclamada se notificó a la coalición “Comprometidos por el Estado de México” el nueve de noviembre de dos mil doce, como consta en la cédula y razón de la notificación respectiva que obran a fojas 486 y 487 del cuaderno accesorio 2 del expediente en el que se actúa; por lo que el plazo de cuatro días previsto en el citado precepto, transcurrió del diez al trece de noviembre siguiente. Mientras que la demanda de juicio de revisión constitucional electoral que nos ocupa se presentó el trece de noviembre de este año, como se advierte, del sello de acuse de recibo impreso en el escrito de demanda, visible a foja 06 del cuaderno principal del expediente, por lo que, resulta evidente que el medio de impugnación se promovió en forma oportuna.

3. Legitimación e interés jurídico. La legitimación de la coalición está colmada en la especie, según lo establecido por el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En este caso, el presente juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”, la cual se conforma por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; en tal sentido, si bien la coalición no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, aunque para efectos de su participación en los comicios éstos deban actuar como un solo partido, debe necesariamente entenderse que su legitimación para intentar este tipo de juicios se sustenta en la que tienen los partidos que la conforman, en atención de que es un ente jurídico íntimamente vinculado con los institutos políticos que se han coaligado para su creación en un proceso electoral específico, y su legitimación encuentra sustento en éstos.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 21/2002, consultable en las páginas 169 y 170, de la "Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral", Volumen 1, Jurisprudencia, publicada por este Tribunal Electoral, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL.- Conforme al artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral únicamente los partidos políticos tienen la condición jurídica necesaria para acudir, mediante el juicio de revisión constitucional electoral, a reclamar la violación a un derecho; sin embargo, si quien acude a la instancia jurisdiccional federal es una coalición, ésta no necesariamente carece de legitimación, pues si bien la coalición no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, aunque para efectos de su participación en los comicios éstos deban actuar como un solo partido, debe necesariamente entenderse que su legitimación para intentar este tipo de juicios se sustenta en la que tienen los partidos que la conforman; criterio que comulga tanto con el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la ley se deben determinar las formas específicas de participación de los partidos políticos en los procesos electorales, como con el diverso 63, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala la obligación de los partidos políticos que pretendan coaligarse, de prever en el convenio respectivo quién ostentará la representación de la coalición para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, lo cual implica que, efectivamente, las coaliciones están legitimadas para presentar o interponer las demandas o recursos en materia electoral federal que sean procedentes.”

Además, la referida coalición fue parte actora en el juicio de inconformidad local, al cual recayó la resolución materia de controversia en el presente medio de impugnación, razón por la cual se considera que tiene interés jurídico para cuestionar la sentencia impugnada.

Similar criterio fue sostenido por esta Sala Regional al resolver los diversos juicios de revisión constitucional electoral ST-JRC-118/2011 y su acumulado ST-JRC-119/2011, y ST-JRC-48/2012.

4. Personería. Para verificar si en el caso concreto se cumple con este requisito, es necesario hacer las siguientes precisiones:

En principio, se destaca que en el Estado de México, en términos del artículo 113, fracción III y 122, fracción III, ambos del Código Electoral del Estado de México, los partidos políticos y las coaliciones cuentan con representantes acreditados ante los Consejos Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, ello a partir de que los órganos desconcentrados de ese instituto son instalados con motivo de la iniciación del proceso electoral constitucional de que se trate.

Ahora bien, en el caso concreto, quien promueve el presente juicio de revisión constitucional electoral es el ciudadano Julio César Palma Mejía, quien se ostenta con el carácter de representante propietario de la coalición “Comprometidos por el Estado de México”, ante el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México, carácter que acredita con la copia certificada de su nombramiento presentado el veintiocho de mayo de dos mil doce ante el Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, constancia que fue certificada el treinta de mayo de dos mil doce, por el Presidente del Consejo Municipal Electoral número 111, con sede en Valle de Bravo, Estado de México, y la cual obra agregada a foja 85 del cuaderno principal del expediente en el que se actúa; asimismo, dicho carácter le es reconocido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado que obra a fojas 86 a la 88 del cuaderno principal del expediente en el que se actúa.

Por otra parte, entre los antecedentes del presente asunto, relacionados con la acreditación de la personería de la hoy coalición actora, se precisa que, el nueve de julio del presente año, la coalición “Comprometidos por el Estado de México” promovió juicio de inconformidad, en contra de los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México; ello a través de Julio César Palma Mejía, quien tenía la calidad de representante propietario de esa coalición partidista político ante el Consejo Municipal número 111 de Valle de Bravo del Instituto Electoral del Estado de México (fojas 06 reverso y 34 del cuaderno accesorio 1 del expediente ST-JRC-88/2012).

Dicho medio de impugnación se radicó en el Tribunal Electoral del Estado de México con el número de expediente JI/103/2012 y, el nueve de noviembre de dos mil doce, se emitió sentencia en la cual se determinó confirmar el cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la expedición de las constancias de mayoría del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México (fojas 862 del cuaderno accesorio 1 y 387 a la 478 del cuaderno accesorio 2 del expediente ST-JRC-88/2012).

En contra de esa sentencia, el trece de noviembre del presente año, la coalición “Comprometidos por el Estado de México”, por conducto de Julio César Palma Mejía, en su calidad de representante propietario de esa coalición partidista ante el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México (fojas 06 a la 84 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-88/2012).

Por otra parte, cabe precisar que el cuatro de septiembre de dos mil doce, el Secretario Ejecutivo General del Instituto Electoral del Estado de México, a través del oficio número IEEM/SEG/14698/2012, remitió a esta Sala Regional copia certificada del acuerdo número IEEM/CG/253/2012, aprobado en sesión ordinaria celebrada el tres de septiembre de dos mil doce “Por el que se determina el cierre de 4 Juntas Distritales y 73 Juntas Municipales del Instituto Electoral del Estado de México que fueron integradas para atender el proceso electoral 2012”, y en el que se acordó que a partir del día siete del mismo mes y año se daban por concluidas las funciones de setenta y siete órganos desconcentrados de esa autoridad electoral administrativa, entre ellos el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, documentos que obran agregados a fojas 92 a la 100 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-48/2012, lo anterior constituye un hecho notorio para este tribunal en términos del artículo 15, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Para una mejor apreciación de lo anterior, a continuación se transcriben los puntos de acuerdo tomados por ese órgano electoral, los cuales son del tenor siguiente:

“ACUERDO Nº. IEEM/CG/253/2012

Por el que se determina el cierre de 4 Juntas Distritales y 73 Juntas Municipales del Instituto Electoral del Estado de México que fueron integradas para atender el proceso electoral 2012.

(...)

A CU E R D O

PRIMERO.- Se determina el cierre de 4 juntas Distritales así como de 73 Juntas Municipales de este Instituto Electoral del Estado de México, cuyas cabeceras y sedes se precisan en el Anexo del presente Acuerdo, a efecto de que concluyan sus actividades el día siete de septiembre de dos mil doce.

SEGUNDO.- Para el caso de que deban atenderse requerimientos o darse cumplimiento a las sentencias que se emitan por parte de los órganos jurisdiccionales electorales, este Consejo General se abocará a realizar, en forma supletoria y en sustitución de los órganos desconcentrados municipales, los actos que sean necesarios.

TERCERO.- La Secretaría Ejecutiva General, por conducto de la Dirección de Administración, proveerá lo necesario para el cierre de las 4 Juntas Distritales y de las 73 juntas Municipales ya referidas, así como para que éstas remitan a los órganos centrales la documentación o mobiliario que en su caso, aún obre en su poder.

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría ejecutiva General, haga del conocimiento de los órganos jurisdiccionales electorales, la determinación del cierre de las juntas municipales ya indicadas, a fin de que las notificaciones que realicen, de ser procedente, se efectúen a este Órgano Superior de Dirección.

(...)”

De lo anterior se desprende, que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en sesión ordinaria celebrada el tres de septiembre de dos mil doce, aprobó el acuerdo número IEEM/CG/253/2012, en el que determinó lo siguiente:

-         En el punto de acuerdo primero determinó el cierre de 4 Juntas Distritales así como de 73 Juntas Municipales del Instituto Electoral del Estado de México, entre ellas la Junta Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México, a efecto de que concluyeran sus actividades a partir del día siete de septiembre de dos mil doce.

-         En el punto de acuerdo segundo determinó que para el caso en que deban atenderse requerimientos o darse cumplimientos a las sentencias que se emitan por los órganos jurisdiccionales, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México se abocará a realizar, en forma supletoria y en sustitución de los órganos desconcentrados municipales, los actos que sean necesarios.

-         En el punto de acuerdo tercero determinó que la Secretaría Ejecutiva General, por conducto de la Dirección de Administración, proveería lo necesario para que se realizaran los trámites administrativos conducentes para el cierre por conclusión de actividades de las 4 Juntas Distritales y 73 Juntas Municipales ahí referidas.

-         En el punto de acuerdo cuarto se instruyó a la Secretaría Ejecutiva General para que hiciera del conocimiento de los órganos jurisdiccionales electorales, la determinación del cierre de las Juntas Municipales indicadas.

Se destaca que en términos del artículo 95, fracción XXV, del Código Electoral del Estado de México, se establece que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México tiene la atribución de sustituir a los órganos desconcentrados en los casos de suspensión de actividades o de imposibilidad material de integración, lo que incluye los supuestos en los que los órganos desconcentrados hayan concluido sus funciones.

Ahora bien, tomando en consideración que la coalición “Comprometidos por el Estado de México”, promueve el presente juicio de revisión constitucional electoral por conducto de Julio César Palma Mejía, quien se ostenta con el carácter de representante propietario de dicha coalición ante el Consejo Municipal Electoral número 111, de Valle de Bravo, Estado de México, y atendiendo a que, como se expuso, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México mediante el acuerdo número IEEM/CG/253/2012, aprobado el tres de septiembre de dos mil doce, determinó el cierre de 4 Juntas Distritales así como de 73 Juntas Municipales de ese instituto electoral, entre ellas la Junta Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México, a efecto de que concluyeran sus actividades a partir del día siete de septiembre de dos mil doce y que para el caso en que debieran atenderse requerimientos o darse cumplimientos a las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México realizaría en forma supletoria y en sustitución de los órganos desconcentrados municipales, los actos que resultaran necesarios, esta Sala Regional estima necesario pronunciarse respecto a si los partidos políticos o coaliciones pueden instar el juicio de revisión constitucional electoral a través de sus representantes acreditados ante los órganos electorales municipales primigeniamente responsables, en aquellos casos en que éstos ya hubieran concluido sus funciones.

Para analizar lo anterior, es necesario realizar las siguientes precisiones:

-         El nueve de julio de dos mil doce, la coalición “Comprometidos por el Estado de México”, a través de Julio César Palma Mejía en su carácter de representante propietario de esa coalición partidista ante el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México, promovió juicio de inconformidad a fin de impugnar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor del Partido Acción Nacional de la elección del Ayuntamiento de Valle de Bravo, actos emitidos por el precitado órgano electoral municipal.

-         El tres de septiembre de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó el acuerdo número IEEM/CG/253/2012 de tres de septiembre de dos mil doce, por el que determinó el cierre de 4 Juntas Distritales así como de 73 Juntas Municipales de ese instituto electoral, entre ellos la Junta Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México, a efecto de que concluyeran sus actividades a partir del día siete de septiembre de este año, y que el referido Consejo General se abocará a realizar, en forma supletoria y en sustitución de los órganos municipales los actos que fueran necesarios.

-         El siete de septiembre de dos mil doce, el Consejo Municipal Electoral número 111 de Valle de Bravo, Estado de México, concluyó sus funciones relacionadas con el proceso constitucional electoral celebrado el año dos mil doce para la renovación de los ayuntamientos y el Congreso de esa entidad federativa.

-         El mismo siete de septiembre de dos mil doce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México asumió las funciones de los setenta y siete órganos desconcentrados que concluyeron sus funciones en esa fecha, conforme al acuerdo número IEEM/CG/253/2012, en concordancia con el artículo 95, fracción XXV, del Código Electoral del Estado de México.

-         El nueve de noviembre de dos mil doce, el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió el juicio de inconformidad identificado con la clave JI/103/2012, promovido por la coalición “Comprometidos por el Estado de México” en contra de los resultados de la elección de munícipes del Ayuntamiento de Valle de Bravo.

-         El trece de noviembre de dos mil doce, la coalición “Comprometidos por el Estado de México” promovió el juicio de revisión constitucional electoral que nos ocupa, a través de Julio César Palma Mejía, quien se ostenta en el escrito de demanda con el carácter de representante propietario de esa coalición partidista ante el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México.

De lo anterior se pueden obtener las siguientes conclusiones:

A. El juicio de inconformidad que dio origen a la cadena impugnativa del presente juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por la coalición “Comprometidos por el Estado de México”, por conducto de Julio César Palma Mejía en su carácter de representante propietario de dicha coalición ante el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México.

B. Durante la secuela procesal del juicio de inconformidad promovido por la coalición “Comprometidos por el Estado de México”, el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo concluyó sus funciones relacionadas con el proceso constitucional electoral de este año, ya que éstas culminaron el siete de septiembre de dos mil doce, mientras que el juicio de origen fue resuelto por el tribunal electoral local hasta el nueve de noviembre siguiente.

C. A partir del ocho de septiembre de dos mil doce, las atribuciones relacionadas con el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México, fueron asumidas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 95, fracción XXV, del Código Electoral del Estado de México y el acuerdo número IEEM/CG/253/2012.

D. A la fecha en que se promovió el presente juicio de revisión constitucional electoral (trece de noviembre de dos mil doce), el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo había cesado en sus funciones, órgano electoral ante el cual Julio César Palma Mejía tenía registrada su personería como representante propietario de la coalición ahora partidista.

Tomando en cuenta las anteriores circunstancias fácticas y con el objeto de garantizar a los partidos políticos y coaliciones el acceso a la justicia electoral, esta Sala Regional considera que cuando un partido o coalición promovió un medio de impugnación local, por conducto de su representante ante el respectivo órgano electoral distrital o municipal que emitió el acto o resolución primigeniamente impugnada, y durante la sustanciación y resolución de ese medio de defensa, concluyen las funciones de dicho órgano electoral, debe considerarse dable que resolución que recaiga al medio de defensa local puede ser cuestionada por los partidos políticos o coaliciones a través del juicio de revisión constitucional electoral que estos presenten, ya sea, por conducto de las personas que fungieron como sus representantes ante el órgano electoral distrital o municipal primigeniamente responsable, sin que para ello obste el hecho de que dichos órganos ya hayan concluido sus funciones, en tanto que se privilegia la posibilidad de que las personas que en representación del partido o coalición presentaron el medio de defensa primigenio continúen la cadena impugnativa iniciada, o bien, por conducto de sus representantes registrados ante el órgano del instituto electoral local que asumió las funciones de la autoridad electoral distrital o municipal que emitió la determinación primeramente cuestionada y que motivó el inicio de la cadena impugnativa, que incluye la posibilidad de promover el respectivo juicio de revisión constitucional electoral.

Lo antes considerado, tiene sustento en una interpretación amplia de los hipótesis previstas en el artículo 88, apartado 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El referido inciso a) del artículo invocado, establece que el juicio de revisión constitucional electoral puede ser promovido por los partidos políticos, a través de sus representantes legítimos registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado.

Sobre el particular, la Sala Superior de este tribunal ha sostenido que para la actualización de este supuesto, no es indispensable que el órgano electoral ante el que se efectuó el registro del representante partidista, sea directa y formalmente autoridad responsable dentro del trámite concreto del juicio de revisión constitucional electoral, ni que su acto electoral sea el impugnado destacadamente en la revisión constitucional, sino que también se actualiza este supuesto cuando dicho órgano electoral haya tenido la calidad de autoridad responsable y su acto o resolución fueran combatidos en el medio de impugnación en el que se emitió la resolución jurisdiccional que constituya el acto reclamado en el juicio de revisión constitucional; toda vez que, por las peculiaridades de este juicio, semejantes en cierta medida a los de una segunda o posterior instancia dentro de un proceso, a pesar de que formalmente la autoridad responsable lo sea el órgano jurisdiccional que emite el auto o sentencia controvertida, en la realidad del conflicto jurídico objeto de la decisión, los órganos electorales administrativos no pierden su calidad de autoridades responsables, y como tales quedan obligados con la decisión que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya sea que confirme, revoque o modifique la del tribunal local que se ocupó antes de la cuestión, y esto con todas las consecuencias, inclusive para la ejecución del fallo, ya que a fin de cuentas los actos que en el fondo son materia y objeto de la decisión jurisdiccional son los de dichos órganos electorales, aunque su análisis se realice de primera mano o a través de la resolución o determinación que hubiera tomado un tribunal que conoció del asunto con antelación.

Criterio contenido en la Jurisprudencia 2/99 identificada con el rubro “PERSONERÍA, LA TIENEN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN FORMALMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL”, consultable en las páginas 469 y 470, de la “Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Volumen 1, Jurisprudencia, publicada por este Tribunal Electoral.

De esta manera, es dable sostener que de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los partidos políticos pueden promover el juicio de revisión constitucional electoral, a través de sus representantes acreditados ante los órganos electorales emisores del acto primigeniamente impugnado.

Asimismo, realizando una interpretación extensiva de dicho inciso a) del artículo invocado, con el ánimo de garantizar a plenitud el derecho de acceso a la justicia electoral, es posible estimar que cuando cesa en sus funciones el órgano electoral que emitió la determinación primigeniamente impugnada y que motivó el inició de la cadena impugnativa, en ese supuesto resulta viable que el juicio de revisión constitucional electoral se presente por conducto del representante del partido político o coalición acreditado ante el respectivo órgano electoral que asumió las responsabilidades del órgano que ya no está en funcionamiento, ello a pesar de que no tenga el carácter de órgano responsable del acto o resolución que se cuestiona mediante el juicio de revisión ni haya emitido la determinación primigenia cuyo cuestionamiento dio inicio a la cadena impugnativa que debe continuarse, incluyendo la promoción del juicio de revisión constitucional.

Lo anterior es así, porque el simple hecho de que cese en sus funciones un determinado órgano electoral, ello no genera, por sí mismo, la improcedencia de los medios de impugnación que se hayan promovido para cuestionar alguna determinación que dicho órgano emitió, pues deben tomarse en cuenta los efectos jurídicos que esa decisión generó y si continúan vigentes. Aunado a que el hecho de que un órgano electoral asuma las funciones de otro diverso que cesó en sus actividades, ello genera la posibilidad de que los representantes de los partidos y coaliciones acreditados ante el mismo, puedan continuar con la cadena impugnativa que inicio por la impugnación de una determinación de un órgano que ya cesó en su funcionamiento.

Además, si el órgano electoral que tenía el carácter de responsable primigenio cesó en sus funciones, antes de que concluyera la cadena impugnativa que inicio con el cuestionamiento de una determinación que emitió, es entendible que el partido político o coalición que presentó la impugnación pueda suponer que concluyeron también las funciones de los representantes que designaron ante dicho órgano electoral y, por tanto, optar por continuar la cadena impugnativa por conducto de se representante ante el órgano electoral que asumió las funciones del que cesó en su actividad.

Por otro lado, el artículo 88, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé que el juicio de revisión constitucional electoral podrá ser promovido por los partidos políticos, a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos los que hayan interpuesto el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución impugnada.

Ahora bien, de una interpretación amplia de tal disposición, esta Sala Regional considera que esta hipótesis también resulta aplicable a los representantes de los partidos y coaliciones que fueron registrados ante un órgano electoral que cesó en sus funciones durante la sustanciación y resolución del medio de defensa al que recayó la determinación que se controvierte ante la instancia federal, pues debe privilegiarse la posibilidad de que dichos representantes den continuidad a la cadena impugnativa que inició con el cuestionamiento de la determinación emitida por el órgano electoral ante el que fueron registrados como representantes.

Con base en lo antes considerado, esta Sala Regional considera que cuando durante la sustanciación y resolución de un medio de defensa local, cesa en sus funciones el órgano electoral que emitió la determinación cuyo cuestionamiento dio origen al inicio de la cadena impugnativa y con el objeto de garantizar la continuidad de la misma, los partidos políticos y coaliciones pueden optar por promover el juicio de revisión constitucional electoral a través de:

-         De sus representantes registrados ante el respectivo órgano electoral que asumió las responsabilidades del órgano que ya no está en funcionamiento, hipótesis que se ubicaría en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; ello a pesar de que no tenga el carácter de órgano responsable del acto o resolución que se cuestiona mediante el juicio de revisión ni haya emitido la determinación primigenia cuyo cuestionamiento dio inicio a la cadena impugnativa; o bien,

-         De sus representantes que fueron registrados ante un órgano electoral que cesó en sus funciones durante la sustanciación y resolución del medio de defensa al que recayó la determinación que se controvierte ante la instancia federal, hipótesis que se ubicaría en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; ello a pesar de que dicho órgano electoral ya haya cesado en sus funciones, pues debe privilegiarse la posibilidad de que dichos representantes den continuidad a la cadena impugnativa que inició con el cuestionamiento de la determinación emitida por el órgano electoral ante el que fueron registrados como representantes.

Como se puede advertir, tales posibilidades tienen como finalidad dar un cause jurídico a la circunstancia fáctica que se puede generar si un órgano electoral cesa en sus funciones.

Así las cosas, esta Sala Regional arriba a las siguientes conclusiones:

a) Órgano electoral que tuvo el carácter de autoridad responsable primigenia, sigue funcionando. Si la cadena impugnativa inicio por el cuestionamiento de un acto o resolución emitida por el órgano electoral (municipal o distrital) que continúa en funcionamiento al momento en que es factible acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el juicio de revisión constitucional, y el medio de defensa primigenio lo presentó un partido político o coalición a través de su representante registrado ante dicho órgano electoral administrativo, entonces el juicio de revisión constitucional electoral que se promueva para controvertir lo resuelto en el referido medio de defensa primigenio, solamente se puede presentar a través de su representante registrado ante ese órgano electoral, para el efecto de actualizar la hipótesis prevista en el inciso b) párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en tanto que no existiría alguna circunstancia que justificara que el representante del partido o coalición ante un órgano electoral diverso, continuara con la cadena impugnativa iniciada por un representante registrado en un órgano electoral que sigue funcionando. Esta conclusión tiene sustento en el criterio adoptado por esta Sala Regional al resolver el expediente identificado con la clave ST-JRC-57/2009.

b) Órgano electoral que tuvo el carácter de autoridad responsable primigenia, cesó en sus funciones. Si la cadena impugnativa inicio por el cuestionamiento de un acto o resolución emitida por el órgano electoral (municipal o distrital) que ya no continúa en funcionamiento al momento en que es factible acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el juicio de revisión constitucional, y el medio de defensa primigenio lo presentó un partido político o coalición a través de su representante registrado ante dicho órgano electoral administrativo, entonces el juicio de revisión constitucional electoral que se promueva para controvertir lo resuelto en el referido medio de defensa primigenio, se puede presentar por los partidos o coaliciones, de manera opcional, por conducto de:

        De sus representantes registrados ante el respectivo órgano electoral que asumió las responsabilidades del órgano que ya no está en funcionamiento, hipótesis que se ubicaría en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta conclusión tiene sustento en el criterio adoptado por esta Sala Regional al resolver los expedientes identificados con la clave ST-JRC-120/2011 y su acumulado ST-JRC-121/2011, así como ST-JRC-111/2011, ST-JRC-123/2011, entre otros.

        De sus representantes que fueron registrados ante un órgano electoral que cesó en sus funciones durante la sustanciación y resolución del medio de defensa al que recayó la determinación que se controvierte ante la instancia federal, hipótesis que se ubicaría en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta conclusión tiene sustento en el criterio adoptado por esta Sala Regional al resolver el expediente identificado con la clave ST-JRC-120/2011 y su acumulado ST-JRC-121/2011.

Precisado lo anterior, se destaca que, en el caso concreto, el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México, cesó en sus funciones desde el pasado siete de septiembre de dos mil doce, mientras que la resolución ahora impugnada se emitió el nueve de noviembre siguiente y, en su contra, la parte accionante presentó el juicio de revisión constitucional electoral el trece de noviembre de este año, a través del ciudadano Julio César Palma Mejía, a quien registró como su representante propietario ante el referido órgano electoral municipal. Al respecto, esta Sala Regional estima que la mencionada persona sí tiene acreditada su calidad de representante de la citada coalición, en tanto que fue quien promovió el juicio de inconformidad local, cuya sentencia se cuestiona a través del presente juicio de revisión constitucional electoral, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el inciso b), del párrafo 1, del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Similar criterio fue sostenido por esta Sala Regional al resolver el diverso juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-48/2012.

5. Definitividad. La sentencia combatida constituye un acto definitivo y firme, porque el Código Electoral del Estado de México no prevé algún medio de defensa a oportinaci Regional,  ERegional e esta Sala regional pueda pronunciarse sobre el actuar del Hidalgo, en el juicio de para impugnar lo resuelto en un juicio de inconformidad por el Tribunal Electoral de dicha entidad federativa, con lo que se satisface el requisito indicado, previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

6. Violación de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se cumple también con el requisito exigido por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la parte actora aduce que se transgredió lo establecido en los artículos 41, fracción IV, 99, párrafo cuarto, fracción VI y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual es suficiente para tener por satisfecho el requisito en comento, pues esta exigencia es formal, por lo que para su cumplimiento basta atribuir al acto impugnado la infracción de determinados preceptos constitucionales, al margen del resultado de su examen de fondo.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 02/97, emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, visible en las páginas 380 y 381 de la “Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Volumen 1, Jurisprudencia, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:

“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de Constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.”

7. La violación reclamada pueda ser determinante para el desarrollo del proceso electoral y el resultado de la elección. En el caso se cumple con el requisito previsto por el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que, en la especie, la pretensión inmediata de la parte actora consiste en la revocación de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el expediente JI/103/2012, mientras que su pretensión mediata consiste en que se anule la votación recibida en cuarenta y siete casillas impugnadas, dado que en su concepto se actualizan las hipótesis de nulidad previstas en las fracciones I, III, VII, XI y XII, del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

Al respecto, debe precisarse que existen diversos supuestos que pueden acreditar el requisito de procedibilidad consistente en que la violación sea determinante para el resultado de la elección, entre otros, tratándose de violaciones relacionadas con el resultado de la elección están los relativos a los supuestos de que pueda generarse un cambio de ganador, se declare nula una elección o tal declaración se revoque o, en su caso, cambie la asignación de cargos por el principio de representación proporcional.

Se destaca que si la violación alegada no es susceptible de producir los cambios antes enunciados en el resultado de las elecciones, eso da lugar a considerar que permanecerán sus circunstancias y, de ese modo, no se cumpliría el objeto del juicio de revisión constitucional electoral, porque de esa forma la resolución no trascendería en la sustancia de los actos electorales impugnados.

Ahora bien, en relación al primer supuesto relacionado con que pueda generarse un cambio de ganador, se precisa que según el resultado del cómputo final de la elección municipal que se cuestiona, el Partido Acción Nacional alcanzó la mayoría de sufragios al obtener diez mil novecientos cincuenta y cinco (10,955) votos, mientras que la coalición “Comprometidos por el Estado de México” integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza quedó en segundo lugar al haber recibido diez mil setecientos treinta y dos (10,732) votos; por tanto, se evidencia que la diferencia de la votación obtenida en la elección municipal entre el primero y segundo lugar fue de doscientos veintitrés (223) votos.

Una vez establecido lo anterior, en el juicio de origen, la parte actora impugnó la votación recibida en cuarenta y siete casillas, a saber: 5556 C1, 5654 B, 5654 C1, 5655 B, 5655 C1, 5655 C2, 5655 C3, 5655 C4, 5656 B, 5656 C2, 5657 B, 5657 C1, 5657 C2, 5658 B, 5658 C1, 5658              C2, 5658 C3, 5659 B, 5659 C1, 5659 C2, 5660 B, 5660 C1, 5661 B, 5661 C1, 5662 B, 5662 C1, 5663 B, 5663 C1, 5664 B, 5664 C1, 5665 B, 5666 B, 5666 C1, 5667 E1, 5667 E2, 5668 C2, 5669 B, 5669 E3, 5674 B, 5677 B, 5677 C1, 5677 C2, 5679 B, 5679 C1, 5680 B, 5680 C1 y 5680 C2.

En principio, es de precisarse que si bien la parte actora aduce como casilla impugnada la 5556 C1, lo anterior se debe a un error al escribir la demanda, pues de autos se desprende que la casilla que la parte actora ha refutado durante la secuencia impugnativa corresponde a la 5656 C1.

Ahora bien, en las citadas casillas se obtuvieron los resultados que enseguida se muestran gráficamente, los cuales son extraídos del Acta de sesión ininterrumpida de cómputo municipal del Consejo Municipal Electoral No. 111 de Valle de Bravo, Estado de México, que se encuentra agregada a fojas 229 y 230 del cuaderno accesorio 1 del expediente en que se actúa.

Dicha votación recibida en las casillas cuestionadas tendría que descontarse del cómputo de la elección impugnada.

A continuación, se procede a realizar la recomposición hipotética del cómputo de la elección impugnada, para lo cual se tomará en cuenta la votación obtenida por las coaliciones e institutos políticos en el cómputo municipal, según el Acta de sesión ininterrumpida de cómputo municipal del Consejo Municipal Electoral No. 111 de Valle de Bravo, Estado de México, que se encuentra agregada a fojas 228 a la 230 del cuaderno accesorio 1 del expediente en el que se actúa, al cual se le restaría la votación emitida en las referidas casillas impugnadas, operación aritmética de la cual se desprende lo siguiente:

Como se puede advertir, en el supuesto de acogerse la pretensión formulada por la parte actora y resultar procedente la anulación de la votación recibida en las cuarenta y siete casillas primigeniamente impugnadas, no se modificaría el resultado de la elección, ya que el Partido Acción Nacional continuaría ocupando la primera posición con cuatro mil ciento setenta y un (4,171) votos, mientras que la coalición “Comprometidos por el Estado de México” integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza seguiría teniendo el segundo lugar en la elección con cuatro mil treinta y nueve (4,039) votos, circunstancia que por sí sola, no evidencia el carácter determinante de la violación reclamada para el resultado de la elección, en tanto que no produce una modificación en las posiciones electorales en que se ubican los partidos políticos y coaliciones contendientes en relación al resultado de la elección y la diferencia de votación que existe entre el primero y segundo lugar.

No obstante lo anterior, en el caso concreto, de ser procedente la pretensión planteada por la coalición actora, esto es, decretarse la nulidad de la votación recibida en las cuarenta y siete casillas antes precisadas, lo cierto es que se anularía más de un veinte por ciento de las casillas instaladas el día de la jornada electoral para la elección de miembros del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, y en ese caso hipotético, tal circunstancia sí resultaría determinante para el resultado de la elección, pues actualizaría el segundo de los supuestos enunciados correspondiente a que pudiera decretarse la nulidad de la elección, como se evidencia a continuación.

Al respecto, cabe precisar que los artículos 297 y 299 del Código Electoral del Estado de México, a la letra establecen lo siguiente:

“Artículo 297.- Las causales establecidas en este Código, podrán provocar la nulidad de:

I. La votación emitida en una o varias casillas y, en consecuencia, los resultados del cómputo de la elección impugnada;

II. La elección de Gobernador;

III. La elección de diputados por el principio de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal; y

IV. La elección de miembros de un Ayuntamiento.

Las declaraciones de nulidad de votación recibida en casilla, decretadas por el Tribunal, al resolver los juicios de inconformidad, afectarán exclusivamente, la votación o la elección para la que de manera expresa se hubiera hecho valer el medio de impugnación correspondiente, salvo el caso de la declaración de nulidad de la votación recibida en una o varias casillas de la elección de diputados de mayoría relativa, que surtirá efectos también respecto de los resultados por el principio de representación proporcional.

Sólo podrá ser declarada la nulidad de la votación recibida en una casilla o de una elección, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas, sean determinantes para los resultados de la casilla o de la elección de que se trate y estén expresamente señaladas en este Código.

Los partidos políticos o coaliciones no podrán invocar en su favor, en medio de impugnación alguno, causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hubiesen provocado.

Las elecciones cuyos cómputos, constancias de mayoría o de asignación, o declaraciones de validez, no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.

En ningún caso la interposición de los medios de impugnación suspenderá los efectos de los actos o resoluciones recurridos.

(…)

Artículo 299.- El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernador, de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento de un municipio, en los siguientes casos:

I. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, o los integrantes de la planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento, que hayan obtenido la mayoría de votos en la elección correspondiente, no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Particular o los señalados en este Código;

II. Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior, se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas instaladas en el Estado, distrito uninominal o municipio, que corresponda;

III. Cuando no se instale el 20% o más de las casillas electorales que correspondan al territorio de la entidad, distrito uninominal o municipio, según sea el caso;

IV. Cuando en actividades o actos de campaña o durante la jornada electoral, en la entidad, el distrito uninominal o el municipio de que se trate, el partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría, realice conductas que actualicen alguno de los siguientes supuestos:

a) Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas en forma determinante para el resultado de la elección, lo anterior sin perjuicio de otras responsabilidades legales en las que incurran quienes aparezcan como responsables;

b) Exceder los topes para gastos de campaña establecidos por el presente Código de manera determinante para el resultado de la elección; y

c) Utilizar recursos públicos o los destinados a programas sociales de cualquier nivel de gobierno, en forma determinante para el resultado de la elección.

V. Cuando servidores públicos provoquen en forma generalizada temor a los electores o afecten la libertad en la emisión del sufragio y se demuestre que esos hechos fueron determinantes para el resultado de la elección de que se trate; y

VI. Cuando se acrediten irregularidades graves y no reparadas, desde la preparación del proceso electoral, hasta la conclusión de los cómputos respectivos y que en forma determinante vulneren los principios constitucionales que deben regir en las elecciones democráticas.”

(Énfasis agregado por esta autoridad jurisdiccional)

De lo anterior, se desprende que podrá ser anulada una elección municipal, entre otros supuestos, cuando alguna de las causas de nulidad de votación recibida en casilla se acredite en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el municipio de que se trate y el elemento de la determinancia de la hipótesis de nulidad de la elección en cuestión se actualizará cuando las causas que se invoquen sean determinantes para el resultado de la elección, lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 297, párrafo tercero y 299, párrafo primero, fracción II, ambos del Código Electoral del Estado de México.

Se destaca que el elemento de la determinancia de la hipótesis de nulidad de la elección antes enunciado, puede actualizarse por distintos supuestos, entre otros, que tal anulación de votación recibida en casilla produzca un cambio de ganador o, en su caso, que la votación anulada ascienda a más de la mitad de la votación total emitida tratándose de elecciones realizadas por el principio de mayoría relativa, pues en éstas cobra especial preponderancia el principio de la mayoría simple.

En el caso concreto, el día de la jornada electoral se instalaron setenta y siete (77) casillas en el Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, por lo que de anularse la votación en las cuarenta y siete casillas primigeniamente impugnadas, éstas representarían el sesenta y uno punto cero tres por ciento (61.03%) del total de las casillas instaladas en la elección, lo que actualizaría el primero de los elementos del supuesto de nulidad de elección previsto en el artículo 299, párrafo primero, fracción II, del Código Electoral del Estado de México.

Asimismo, tal circunstancia implicaría anular diecinueve mil cuatrocientos un (19,401) votos que representa el sesenta y cuatro punto quince por ciento (64.15%) del total de la votación emitida en la elección municipal de Valle de Bravo, ya que ésta ascendió a treinta mil doscientos cuarenta y tres (30,243) sufragios y, por tanto, la violación reclamada resultaría determinante para el resultado de la elección, porque el total de la votación que hipotéticamente se anularía supera el umbral del cincuenta por ciento de la votación total recibida en la elección, lo que vulneraría el principio de legitimidad que debe ser observado en toda elección que se realice por el principio de mayoría relativa.

En efecto, en la elección de munícipes del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, se recibieron un total de treinta mil doscientos cuarenta y tres (30,243) votos, mientras que el total de la votación recibida en las cuarenta y siete casillas primigeniamente impugnadas corresponde a diecinueve mil cuatrocientos un (19,401) sufragios, lo que representa el sesenta y cuatro punto quince por ciento (64.15%) de la votación total emitida en esa elección, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:

De esta forma, la votación que podría anularse correspondería a un porcentaje mayor de la mitad o cincuenta por ciento (50%) del total de la votación emitida, por lo cual la violación reclamada resultaría determinante para el resultado de la elección, ya que sólo subsistiría como válida el treinta y cinco punto ochenta y cinco por ciento (35.85%) de la votación total emitida, esto es, menos de la mayoría de los votos, lo que vulneraría de forma sustancial el principio de mayoría relativa que rige la elección celebrada en relación a la mayoría simple que debe ser observada en este tipo de elecciones, circunstancia que resulta relevante tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo.

En ese sentido, de realizar un análisis del elemento de la determinancia en su aspecto cuantitativo, se estima que se trata de un porcentaje determinante, porque la votación que podría ser anulada que asciende al sesenta y cuatro punto quince por ciento (64.15%) del total de la votación emitida corresponde a un porcentaje que es mucho mayor al porcentaje de la votación que quedaría como válida, que sería el treinta y cinco punto ochenta y cinco por ciento (35.85%).

En cuanto al aspecto cualitativo, la violación reclamada también es determinante, porque precisamente es mayor la votación que hipotéticamente podría ser anulada, por lo que la votación que quedaría válida no es suficiente para dar subsistencia a la elección, ya que no se puede sobreponer una votación válida que es plausiblemente menor a la votación anulada, por lo que no es legalmente posible que subsistan los efectos de la votación válidamente emitida cuando es mayor la cantidad de votación anulada de la elección, de ahí que se actualice el requisito de procedibilidad en estudio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 15/2002, emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, consultable en las páginas 638 y 639 de la “Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia electoral”, Volumen 1, Jurisprudencia, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen:

“VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO. El alcance del requisito establecido en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral consiste, en que el carácter de determinante atribuido a la conculcación reclamada responde al objetivo de llevar al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien, el resultado final de la elección respectiva. Es decir, para que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral se requiere, que la infracción tenga la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral, como podría ser de que uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, o bien, que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el proceso electoral, por ejemplo, el registro de candidatos, las campañas políticas, la jornada electoral o los cómputos respectivos, etcétera. Será también determinante, si la infracción diera lugar a la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios.”

(Énfasis agregado por esta autoridad jurisdiccional)

Similar criterio fue sostenido por esta Sala Regional al resolver el diverso juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-48/2012.

8. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible, dentro de los plazos electorales. El requisito constitucional de procedencia, consistente en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, se encuentra satisfecho, toda vez que la fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos en el Estado de México, será el uno de enero de dos mil trece, de conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, en relación al diverso numeral 16 de la Ley Orgánica Municipal de dicha entidad federativa y séptimo transitorio del Decreto número 163, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, el nueve de mayo de dos mil ocho, en el que se señala: “Los ayuntamientos que resulten electos el primer domingo de julio de 2012, iniciarán su ejercicio constitucional el 1 de enero de 2013 y lo concluirán el 31 de diciembre de 2015.”, lo cual es acorde.

En consecuencia, al encontrarse colmados los requisitos generales y especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, lo procedente es realizar el estudio de fondo de la controversia planteada.

CUARTO. Tercero interesado. A continuación se procede a realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos del escrito de tercero interesado presentado por el Partido Acción Nacional, conforme a lo siguiente:

a) Forma. En el escrito que se analiza, se hace constar el nombre del tercero interesado, nombre y firma autógrafa del representante del compareciente, la razón del interés jurídico en que se funda y su pretensión concreta.

b) Oportunidad. El escrito del partido político compareciente fue presentado oportunamente, en tanto que el plazo de setenta y dos horas para que pudiera comparecer tercero interesado inició a las doce horas del catorce de noviembre del año en curso, según consta la original de la cédula de publicitación de este juicio que obra a foja 91 del cuaderno principal del expediente en el que se actúa, y concluyó a las doce horas del diecisiete de noviembre siguiente, como lo hace constar el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México en la razón de retiro, visible a foja 108 del cuaderno principal de este expediente; mientras que el escrito del Partido Acción Nacional fue presentado, a las trece horas con veintisiete minutos del dieciséis de noviembre de esta anualidad, como se advierte del sello de recepción impreso en dicho escrito, visible a fojas 102 y 103 del cuaderno principal en el que se actúa.

De ahí que se estime que el tercero interesado compareció oportunamente, en términos de lo dispuesto por los artículos 17, párrafo 4 y 91, párrafo 1, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c) Legitimación. El Partido Acción Nacional está legitimado para comparecer al presente juicio como tercero interesado por tratarse de un partido político, ya que en su escrito se advierte que hace valer un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora, en términos del artículo 12, apartado 1, inciso c), de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d) Personería. Se tiene por acreditada la personería de Juan René Espinosa Flores, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal en Valle de Bravo del Instituto Electoral del Estado de México, toda vez que tal representación la acredita con la certificación emitida el nueve de julio del presente año por el Presidente del Consejo Municipal Electoral número 111, de Valle de Bravo, Estado de México, (foja 106 del cuaderno principal del expediente en que se actúa).

Como se puede advertir, el nueve de julio de dos mil doce, el Presidente del Consejo Municipal Electoral número 111, de Valle de Bravo, Estado de México, expidió constancia en la que certifica que de acuerdo a los archivos que obran en el Consejo Municipal Electoral de referencia, el ciudadano Juan René Espinosa Flores se encuentra registrado como representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo del Instituto Electoral del Estado de México. A dicho elemento de prueba se le concede valor probatorio suficiente conforme a lo establecido en el artículo 14, párrafos 1, inciso a) y 4, inciso b), en relación con el diverso numeral 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para demostrar que Juan René Espinosa Flores se encuentra acreditado como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo del Instituto Electoral del Estado de México.

Ahora bien, esta Sala Regional considera que Juan René Espinosa Flores sí cuenta con personería para promover con el carácter de tercero interesado en representación del Partido Acción Nacional en este juicio de revisión constitucional electoral que se presentó el trece de noviembre de dos mil doce, por las circunstancias especiales que se actualizan en el caso que nos ocupa, en tanto que desde el siete de septiembre de este año concluyeron las funciones del Consejo Municipal de Valle de Bravo, Estado de México, órgano electoral desconcentrado que realizó el cómputo de la elección de integrantes del Ayuntamiento de ese municipio y que declaró la validez de la referida elección municipal, que fue el acto primigenio que fue cuestionado a través del juicio de inconformidad cuya sentencia se cuestiona en el presente medio de impugnación.

Se reitera que, a partir del siete de septiembre de dos mil doce concluyeron las funciones del Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México; órgano electoral que, como ya se dijo, realizó el cómputo de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de ese municipio, emitió la declaración de validez de esa elección y entregó las constancias de mayoría respectivas, elección en la que obtuvo el triunfo electoral el Partido Acción Nacional; actos emitidos por el citado consejo municipal electoral que fueron cuestionados por la coalición “Comprometidos por el Estado de México” a través del juicio de inconformidad, cuya resolución aquí se impugna.

Una vez precisado lo anterior, se debe resaltar que en términos del artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puede comparecer como tercero interesado a los medios impugnativos electorales, entre otros, los partidos políticos que cuenten con interés incompatible con el planteado por la parte actora y, tratándose del juicio de revisión constitucional electoral éstos podrán comparecer a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos:

-                     Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado.

-                     Los que hayan interpuesto o comparecido como terceros interesados en el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución impugnada en el juicio de revisión constitucional electoral en el que pretenden comparecer.

-                     Los que tengan facultades de representación de acuerdo con los estatutos del partido político respectivo, en los casos que sean distintos a los antes precisados.

En el asunto en estudio, como ya se dijo, los partidos políticos o coaliciones pueden optar por promover el juicio de revisión constitucional electoral a través de sus representantes acreditados ante el Consejo Municipal Electoral primigeniamente responsable o por conducto de sus personeros registrados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México.

En ese contexto, se tiene por acreditada la personería del representante del Partido Acción Nacional, que comparece en su calidad de tercero interesado al presente juicio, a la luz de lo expuesto en el capítulo de la personería de la parte actora, pues cabe recordar que, los partidos políticos o coaliciones pueden optar por comparecer a través de los representantes acreditados ante el Consejo Municipal Electoral primigeniamente responsable.

QUINTO. Resolución impugnada. En lo que interesa, la resolución impugnada es del tenor siguiente:

“CUARTO. Litis. El presente asunto se constriñe en determinar, si las causales de nulidad aducidas por la actora efectivamente acontecieron en las casillas impugnadas, y en consecuencia, si procede modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal por el principio de mayoría relativa y revocar las constancias de mayoría otorgadas a la planilla ganadora.

En el siguiente cuadro, se identifican las casillas impugnadas por el actor y las causales de nulidad que en cada caso se invocan, del que resulta un total de cuarenta y nueve casillas impugnadas por cinco causales de nulidad invocadas.

QUINTO. Suplencia de los Agravios. Del medio de impugnación se desprende que el actor señala expresamente las causales previstas en el artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, por las cuales pretende se anulen las casillas impugnadas; sin embargo, de la lectura de los hechos consignados en el escrito recursal, se advierte que éstos corresponden a causales de nulidad diversas a las señaladas, lo cual de ninguna forma constituye un motivo para que este Tribunal no se pronuncie respecto de los hechos afirmados por el actor, toda vez que en términos de los principios de derecho: iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus, (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), para tener por debidamente configurado un agravio es suficiente con expresar la causa de pedir, de ahí que, este Tribunal hace uso de la facultad concedida en el artículo 334 del Código Electoral del Estado de México, para suplir la deficiente manifestación de agravios.

Por otro lado, no pasa inadvertido para este Tribunal que el impetrante señala irregularidades acontecidas en la casilla 5667 EXT, sin que se precise el número de casilla extraordinaria de que se trata, en tal virtud, al realizar el análisis del expediente en cuestión, específicamente el encarte relativo a la sección en cuestión, se advierte que a ésta sección pertenecen dos casillas extraordinarias; por tanto, si el incoante también impugna expresamente la casilla 5667 extraordinaria 2, por consiguiente se llega a la conjetura de que la precedente se trata de la casilla 5667 extraordinaria 1.

Finalmente, por lo que hace a la casilla 5654 B, debe indicarse que el actor aduce diversos hechos que acontecieron en la misma, por tal razón, cada hecho será estudiado de acuerdo a la hipótesis de nulidad que proceda.

Por lo anterior, los hechos narrados en el medio de impugnación serán analizados bajo las siguientes causales de nulidad:

SEXTO. Estudio de Fondo.

I. Fracción I del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

Con relación a la fracción I del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, la actora aduce irregularidades en la casilla 5664 C1.

La inconforme argumenta que se actualizan los extremos de nulidad de tal hipótesis, en el tenor siguiente:

“ […]

CAUSA DE PEDIR.

Que el día primero de julio de dos mil doce, en la casilla cuya votación se demanda la nulidad, se actualizó la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que sin existir causa justificada la casilla que más adelante se precisa, se ubicó en lugar distinto al señalado y ordenado por el consejo distrital correspondiente.

[…]

A fin de demostrar lo anteriormente manifestado, se presenta un cuadro esquemático, en cuya primera columna se identifica el número y tipo de la casilla; en la segunda, la ubicación de las casillas según la lista de ubicación e integración de las mesas directivas de las casilla publicada por el consejo electoral con base en el artículo 173, del Código Electoral del Estado de México, comúnmente llamada “encarte”, en la tercera, la ubicación precisada en el acta de la jornada electoral; y, en la cuarta columna, las pruebas que, además del encarte, se acompañan, con las que se acredita que las casillas se ubicaron en distinto lugar al autorizado por el consejo distrital, consistentes en: actas de la jornada electoral y, en su caso, las hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral de las casillas cuya impugnación se impugna, mismas que se indican con las siglas AJE y HI, respectivamente, todas esas documentales, de naturaleza pública, conforme con al (sic) 328 párrafo segundo del Código Electoral tienen valor probatorio pleno:

Como ha quedado demostrado, la casilla impugnada fue ubicadas (sic), sin causa justificada, en un lugar distinto al autorizado por el consejo electoral competente, lo que provocó confusión o desorientación en los ciudadanos, por lo que sus resultados carecen de la certidumbre, no pueden ser verificados, no son fidedignos ni confiables, por lo que constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 169, 171, 173, 197 y 206 del Código Electoral del Estado de México; en consecuencia al haberse tomado en cuenta en el cómputo de la votación ilegalmente recibida, se causa agravio a la parte demandante, por lo que solicito atentamente a ese órgano jurisdiccional, decrete la actualización de la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, y por tanto, la declaración de nulidad correspondiente.”

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, se pronunció respecto a lo alegado en este agravio por el enjuiciante, de la manera que se cita en seguida:

“[…]

En relación al Segundo agravio que refiere, el enjuiciante, aprecia que hubo error en el acta de la Jornada Electoral, por parte del secretario de la Mesa directiva de casilla 5664 C1, ya que el funcionario escribió como ubicación de casilla “VELO DE NOVIA”, y en la acta de Escrutinio y Cómputo escribió “VEGA DEL ÁLAMO, VELO DE NOVIA” ya que el lugar donde se ubicaron las casillas 5664 Básica, 5664 contigua uno, así como las mismas del Instituto Federal Electoral, se le conoce como Velo de Novia, y para mayor abundamiento en la acta de Escrutinio y Cómputo marcada con el folio 009787, hoja de incidentes ocurridos durante la jornada electoral no se registró ningún incidente que de la certeza de que dicha casilla se ubicó en el lugar diferente a el que está escrito en el encarte segunda publicación y que lo es: JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN, AVENIDA VEGA DEL ÁLAMO 13, AVÁNDARO, CÓDIGO POSTAL 51200, DEL OTRO LADO DE LA ACERA DE LA IGLESIA, tal como se puede probar con la acta de escrutinio y cómputo, las fotografías que se tomaron en relación a los carteles de ubicación de casilla, que se publicaron en dicho lugar cinco días antes de la jornada electoral.

Por otra parte en el acta de la jornada electoral, documental pública con pleno valor probatorio, se aprecia en el rubro: SE INSTALÓ LA CASILLA EN LUGAR DIFERENTE AL APROBADO y los funcionarios de la Mesa Directiva de casilla señalaron que NO, avalando este hecho los representantes de los partidos políticos y coaliciones, sin que presentara algún escrito de incidentes, además en la instalación de la casilla se marca que no hubo incidentes, asimismo durante el cierre de la votación, cabe mencionar que de acuerdo al acta de la jornada electoral antes señalada, en la parte relativa a la instalación de la casilla, no se encontró anotación respecto a que se haya suscitado incidente alguno en este sentido durante la etapa de la instalación, aunado a que los representantes de los partidos políticos acreditados ante la misma firmaron sin hacer observación alguna sobre estos hechos, incluyendo al representante del partido inconforme. Omisión que permite estimar que la casilla se instaló en el lugar determinado por el Consejo correspondiente.”(sic)

Para el análisis de la causal de nulidad invocada por la coalición actora, este Tribunal considera en principio, el texto de la fracción I del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, el cual establece:

“Artículo 298. La votación recibida en una casilla, será nula, cuando se acredite alguna de las siguientes causales:

I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en distinto lugar al autorizado por el Consejo Electoral correspondiente;”

Del texto anterior, es necesario determinar los elementos que integran el marco normativo de la causal invocada, de entre los cuales tenemos:

I. Procedimiento para instalación de las casillas.

a.                       Requisitos de ubicación.

La ubicación e instalación de la casilla debe cumplir con tres condiciones primordiales.

a)     Garantizar el respeto al carácter secreto del voto;

b)    Facilitar al ciudadano el cumplimiento de su obligación de votar en un lugar cercano a su domicilio; y

c)     Ser del conocimiento público de los electores antes de la elección para que cada uno de ellos conozca claramente donde debe votar.

Una vez que los Consejos verifican que los lugares seleccionados reúnen los requisitos antes indicados, proceden a aprobar la lista en que se contenga la ubicación de casillas y ordenan su publicación, así como su fijación en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito o municipio. Además, se debe de entregar una copia a cada uno de los representantes de los partidos políticos, de conformidad con el artículo 171 del Código Electoral del Estado de México.

De esta manera, se hace del conocimiento de la ciudadanía en general, el lugar en que se ubicarán las casillas el día de la jornada electoral, para que puedan acudir a la que les corresponda a emitir su sufragio.

II. Causas justificadas para instalar la casilla en un lugar distinto al señalado por el Consejo Municipal como lo determina el artículo 206 del Código Electoral del Estado de México.

Una vez que el Consejo correspondiente ha identificado y establecido el lugar donde deberán instalarse las casillas, las mismas no podrán cambiarse del lugar, a menos que:

a)     No exista el local indicado en las publicaciones respectivas.

b)     El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación.

c)     Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que es un lugar prohibido por la ley.

d)     Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o, bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso será necesario que los funcionarios y representantes de los partidos políticos presentes tomen la determinación de común acuerdo.

e) Cuando así lo disponga el consejo electoral respectivo, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y se lo notifique al presidente de la casilla.

III. Requisitos de cambio de lugar de instalación.

Si la casilla tuviera que cambiar de lugar de ubicación, deberán reunirse los siguientes requisitos:

1.     Quedar instalada en la misma sección.

2.     En el lugar adecuado más próximo.

3.     Así como dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar previamente establecido.

En todo caso, se debe de considerar que el lugar de ubicación de la casilla, no debe provocar confusión o desorientación en los electores que acuden a sufragar, lo que permitirá garantizar el principio de certeza.

De ahí que, se debe tener presente que el valor jurídicamente tutelado de esta causal, es garantizar el respeto al principio de certeza, el cual va encaminado tanto a los electores como a los partidos políticos, en el sentido de que los primeros pueden identificar claramente la casilla en donde deben ejercer su derecho al sufragio y los segundos, para que puedan estar presentes a través de sus representantes, para vigilar la jornada electoral, para lo cual se fija el lugar donde se instalarán las casillas, con la debida anticipación y siguiendo el procedimiento que marque la legislación electoral, con el fin de conseguir las condiciones más óptimas para la emisión y recepción de los sufragios.

Atento a lo anterior, la votación recibida en casilla se declarará nula cuando se actualicen los tres extremos que integran la causal en estudio:

  Que la casilla se instaló en un lugar distinto al autorizado por el Consejo Electoral correspondiente;

  Que el cambio de ubicación se realizó sin justificación legal para ello; y

  Que sea determinante para el resultado de la elección.

En consecuencia, para que se actualice el primer elemento de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora acredite con las pruebas conducentes, que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que autorizó el Consejo Electoral Municipal respectivo.

En cuanto al segundo elemento, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el artículo 206 del código de la materia, valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Evidentemente, cuando acontece una causa que justifique el cambio de ubicación de la casilla, se tiene que asentar en el acta de la jornada electoral, concretamente en el rubro relativo a “Instalación de la Casilla”, que señala si la casilla se instala en lugar distinto al aprobado por el consejo electoral explicando la causa y, en su caso, describir brevemente los incidentes ocurridos durante la instalación de la casilla y los hechos que se registraron, o bien, en la hoja de incidentes respectiva.

Esto es, no basta que los funcionarios de las mesas directivas de casilla afirmen de una manera abstracta la existencia de una causa justificada de caso fortuito, o de fuerza mayor, para la instalación de la casilla en lugar distinto al señalado por la autoridad electoral, sino que es indispensable que se describa y compruebe el hecho real al que se atribuye tal calificación, asentándolo en la documentación electoral.

En efecto, es criterio de este Tribunal que la finalidad de la causal en comento, es evitar que los votantes confundan el lugar de ubicación de la casilla para ejercer el derecho al sufragio, pues la intención del legislador al fijar un lugar para la ubicación de las casillas, responde al cumplimiento del principio de certeza que va dirigido tanto a los partidos, como a los electores, de manera tal que se oriente a los votantes respecto al lugar donde deben acudir a votar.

Finalmente, por cuanto hace al tercer extremo, en términos de la jurisprudencia 13/2000, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, denominada “NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN LA QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN”[1]. Aun cuando en la hipótesis respectiva, tal elemento no se menciona expresamente, el cambio de domicilio debe de ser determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Esto es, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los tres extremos que integran la causal en estudio, es decir, que la casilla se haya instalado en un lugar diverso al aprobado por el consejo electoral correspondiente, que dicho cambio haya sido sin causa justificada, y siempre que se hubiere vulnerado el principio de certeza de forma determinante para el resultado de la votación en la casilla, ya que como ha quedado asentado en párrafos anteriores, es el principio que se tutela con la causal de nulidad que se estudia.

Así, también es de considerarse que por lugar de ubicación de la casilla no debe entenderse únicamente una dirección, esto es, una calle y un número, sino que ha de atenderse a los signos externos del lugar, con el efecto de que se garantice su plena identificación, evitando inducir a confusión a los electores; por ello, esta finalidad primordial de certeza, no se ve desvirtuada cuando la casilla se instala en lugar distinto al señalado, de manera tal que por la proximidad física y los signos externos, no provoca desorientación o confusión.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del actor, es necesario analizar las constancias que obran en autos, particularmente las que se relacionan con los agravios en estudio, mismas que consisten en:

1.                       La segunda publicación oficial de integración y ubicación de mesas directivas de casilla, también llamada encarte.

2.                       Copia certificada del acta de jornada electoral de la casilla 5664 C1.

3.                       Copia certificada del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 5664 C1.

4.                       Copia certificada de la hoja de incidentes de la casilla 5664 C1.

5.                       Original de los avisos de la tercera publicación de la ubicación e integración de mesas directivas de casilla.

6.                       Plano urbano de sección individualizada (PUSI).

7.                       Copia certificada del acta de sesión permanente de la jornada electoral del primero de julio de dos mil doce, celebrada por el Consejo Municipal Electoral número 111, con sede en Valle de Bravo México.

Documentales que fueron presentadas por la autoridad responsable; todas con la naturaleza de públicas de conformidad con lo establecido en los artículos 326 fracción I, 327 fracción I inciso a) y b) del Código Electoral vigente en la Entidad, por lo que acorde al artículo 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, tienen pleno valor probatorio, pues en autos del expediente no consta prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo en el que se asienta la información contenida en el listado de ubicación e integración de mesas directivas de casilla (encarte), en el acta de la jornada electoral o, en su caso, la de escrutinio y cómputo, así como un cuadro donde se asienta alguna observación relevante respecto a la casilla bajo estudio.

En cuanto a la casilla 5664 C1, del cuadro que antecede se observa, que aunque las coincidencias en los datos contenidos en el encarte, el acta de jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo no resultan correspondientes, del análisis de las pruebas que obran en autos se desprende que tampoco le asiste la razón a la parte actora en el presente juicio.

Esto es así, porque de la revisión del acta de la jornada electoral de la casilla en comento, se advierte que los funcionarios de la mesa directiva de casilla al contestar a la pregunta ¿Se instaló la casilla en lugar diferente al aprobado?, asentaron NO; así mismo, no fue firmada bajo protesta por los representantes de los partidos políticos y coaliciones, lo que genera la presunción iuris tantum (salvo prueba en contrario) de que la casilla fue instalada en el lugar autorizado para tal efecto; en tanto que, de la hoja de incidentes de la casilla en estudio, que obra agregada en autos a foja 68, se advierte que los funcionarios de la mesa directiva de casilla no asentaron la existencia de cambio de lugar de instalación.

Aunado a lo anterior, conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia, en particular, con el principio ontológico en materia probatoria, conforme al cual, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se tiene que es un hecho conocido y cierto que el acta de jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo de la referida casilla, contienen los domicilios en que éstos se llevaron a cabo; en circunstancias normales el escrutinio y cómputo se realiza en el mismo lugar de instalación de la casilla, y no existe la más mínima presunción de que ello no hubiese sido así, entonces se debe sostener que ésta fue instalada en el mismo lugar en que se realizó el escrutinio y cómputo de la casilla en comento.

Bajo esta premisa, el acta de escrutinio y cómputo de la casilla cuya nulidad solicita el actor, señala como domicilio “VALLE DE BRAVO. LOCALIDAD AVÁNDARO. VEGA DEL ÁLAMO, COLONIA VELO DE NOVIA”; de ésta, se observan dos datos de suma relevancia como lo son: “Vega del Álamo” y “Colonia Velo de Novia”, el primero de ellos coincide con el nombre de la avenida asentado en el encarte; mientras que el segundo, concuerda con el acta de jornada electoral de la casilla impugnada en su apartado de “Instalación de la Casilla”, referente al rubro de identificación del lugar. De ahí que, sea válido deducir que la discordancia observada en el cuadro se debe a una omisión de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, de asentar el domicilio completo de la ubicación de la casilla durante la jornada electoral y el escrutinio y cómputo, y que puede ser atribuible a la carga de responsabilidad que se les confiere y a la premura del tiempo para realizar las actividades encomendadas, más aún, cuando en esta misma documental no se hace referencia alguna a un cambio de lugar de instalación de la casilla; y si bien, el encarte en ningún momento alude a un lugar denominado “Velo de Novia”, la autoridad responsable en su informe circunstanciado manifiesta que el lugar donde se instaló la casilla 5664 C1 es conocido por la comunidad como “Velo de Novia”, aunque oficialmente no sea la denominación correcta.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido el criterio que a continuación se transcribe[2]:

“INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD.—El concepto de lugar de ubicación de la casilla, ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional, con expresiones gramaticales distintas, que su concepto no se refiere rigurosa y necesariamente a un punto geográfico preciso, que sólo se pueda localizar mediante trabajos técnicos de ingeniería o cálculos matemáticos, o con los elementos de la nomenclatura de una población, sino que es suficiente la referencia a un área más o menos localizable y conocida en el ámbito social en que se encuentre, mediante la mención de los elementos que puedan ser útiles para tal objetivo, por lo que se pueden proporcionar diversos signos externos del lugar, que sean suficientes para evitar confusiones al electorado. Así, a guisa de ejemplo, puede identificarse, lo que usualmente acontece, con el señalamiento del nombre de una plaza, de un edificio, de un establecimiento comercial, de alguna institución pública o privada, como las bibliotecas, las escuelas, las comisarías, los mercados, etcétera; mismas que son del conocimiento común para los habitantes del lugar, y estas referencias llegan a cumplir con el fin más que los datos de nomenclatura que les corresponden, sucediendo con frecuencia que muchas personas conozcan plenamente el lugar pero ignoren el nombre de la calle, el de la colonia, y el número con que está marcado un inmueble. Los anteriores argumentos resultan lo suficientemente ilustrativos para arribar al convencimiento del hecho de que, si en el acta de la jornada electoral o en aquella destinada para asentar los datos obtenidos con motivo del escrutinio y cómputo realizados en las casillas, no se anota el lugar de su ubicación en los mismos términos publicados por la autoridad competente, esto de ninguna manera implica, por sí solo, que el centro de recepción de votos ubicado en un lugar distinto al autorizado, sobre todo que, conforme con las máximas de la experiencia y la sana crítica, a que se refiere el artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, surge la convicción de que, ocasionalmente, los integrantes de las mesas directivas de casilla, al anotar en las actas respectivas el domicilio de instalación, omiten asentar todos los datos que se citan en el encarte como fueron publicados por el Consejo Electoral del Estado, sobre todo cuando son muchos, y normalmente, el asiento relativo lo llenan sólo con los datos a los que se da mayor relevancia en la población, que se relacionan con el lugar físico de ubicación de la casilla, o con los que se identifica en el medio social. En esa medida, cuando concurren circunstancias como las anotadas, en donde el mismo sitio puede ser conocido de dos, tres o más formas, cuyas denominaciones, aunque aparentemente resultan distintas, se comprueba que se refieren a idéntico lugar, verbigracia frente a la plaza municipal, en la escuela Benito Juárez, a un lado de la comisaría, etcétera, donde aparentemente la descripción de un lugar se hace de modo distinto, lógicamente pueden referirse al mismo sitio, lo que hace indiscutible que para estimar transgredido el anotado principio se requiere la existencia, en el juicio correspondiente, de elementos probatorios que tengan el alcance para acreditar, de manera plena, los hechos en que se sustenta la causal de nulidad de que se trata, tendientes a poner de manifiesto el cambio de ubicación, para poder acoger favorablemente la pretensión respectiva. En las condiciones anteriores, cuando de la comparación de los lugares de ubicación de las casillas establecidos en el encarte con los datos asentados en las actas de la jornada electoral, o en aquellas destinadas para asentar los resultados del escrutinio y cómputo, se advierte que existen coincidencias sustanciales, que al ser valoradas conforme a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, produzcan la convicción en el juzgador de que existe una relación material de identidad, esto es suficiente para acreditar tal requisito, aunque se encuentren algunas discrepancias o diferencias de datos, y si después de esto el impugnante sostiene que, no obstante ello, se trata de lugares distintos, pesa sobre el mismo la carga de la prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Robustece la conclusión anterior, la copia certificada del acta de sesión permanente del Consejo Municipal Electoral número 111, con sede en Valle de Bravo, Estado de México, de la que se desprende, que al inicio de la sesión permanente se formaron rutas para la atención de los incidentes que pudieran suscitarse durante el desarrollo de la jornada electoral, sin que se reportara incidente alguno respecto a la instalación de la casilla en comento, en lugar diverso al autorizado y, por el contrario, según la constancia de referencia, a las once horas el presidente del consejo electoral responsable informó la instalación del cien por ciento de las casillas autorizadas.

A mayor abundamiento, debe considerarse que ninguna de las actas utilizadas en la casilla 5664 C1 durante la jornada electoral, se encuentran firmadas bajo protesta por los representantes de los partidos políticos y coalición ante esas mesas directivas de casilla. Sin que pase desapercibido que la actora, no aportó escritos de incidentes y de protesta, ni probanza alguna tendiente a demostrar los agravios aducidos, incumpliendo con ello, el principio de la carga de la prueba contenido en el artículo 332 del Código Electoral del Estado de México, bajo el cual, el que afirma se encuentra obligado a probar, por tanto este Tribunal no puede tener por ciertas las afirmaciones aducidas por el actor.

En consecuencia, y de acuerdo con las consideraciones que anteceden, se declara INFUNDADO el agravio esgrimido por la actora en relación con la votación emitida en la casilla 5664 C1, por la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, consistente en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al autorizado por el consejo electoral correspondiente.

II.                       Fracción III del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

La parte actora aduce hechos que corresponden a la causal de nulidad prevista en la fracción III del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, respecto de la votación recibida en cuatro casillas, que son las siguientes: 5654 B, 5662 B, 5667 EXT 1 y 5667 EXT 2.

La parte actora manifiesta, en lo que interesa lo siguiente:

“…5662 B; Municipio VALLE DE BRAVO, ubicación Escuela Adolfo López Mateos, La representante del Trabajo de Nombre Garduño Espinoza Agustina, se presenta en todas las casilla, forma a la gente y aconseja voten por su partido.

5667 EX, Municipio VALLE DE BRAVO, ubicación Escuela José María Morelos; El representante de casilla del PT, que se encuentra ubicado a un costado de las urnas, cuenta con propaganda en sus manos.

5667 EX/2 Municipio VALLE DE BRAVO, ubicación Escuela José María Morelos; Se observa a 2 personas del PRD y PT promoviendo el voto a favor de los mismos ya mencionados en los accesos de las casillas

5654 B; Municipio VALLE DE BRAVO, ubicación Base de Taxis. Se ejerció violencia física. Hago constar que representantes dialogaban con cada votante que llegaba a la casilla, posteriormente llego el candidato y permaneció bastante tiempo haciendo lo mismo con las personas, permaneciendo junto a las casillas. Sus representantes eran más de 5, saludaban de mano a cada uno de los electores…”

La autoridad responsable, en la parte conducente de su informe circunstanciado, manifestó lo siguiente:

“…Dicha causal la hace valer respecto de la siguientes casillas: 5654 B, 5662 B, 5667 EX, 5667 EX2, y 5669 B, señalando los hechos que se registran en el siguiente cuadro:

(Se transcribe cuadro)

“… Así las cosas, los argumentos vertidos por el incoante fueron insuficientes para determinar lo sucedido, y más aún, considerando que no aportó prueba alguna para corroborar su dicho, siendo irregularidades no ponen en duda la certeza de la votación, ni mucho menos son determinantes para considerar que deba anularse la votación en dichas casillas.

Por tanto, en razón de todas las anteriores consideraciones, ese Tribunal DEBE DECLARAR que son INFUNDADOS los agravios aducidos.

El tercero interesado aduce los siguientes argumentos:

“….3. Este hecho tercero es falso y se niega en razón de que si bien es cierto menciona las casillas pero no hace un análisis certero de los votos sobrantes, los votos nulos y los votos que obtuvieron los partidos políticos, por ello deja en total estado de indefensión a mi representada para contestar adecuadamente.

3.- El hecho tres que se contesta es totalmente falso y se niega, además que la responsable no acreditó fehacientemente los hechos que señala se suscitaron en las casillas que refiere el quejoso, además no señala con precisión el nombre del representante del Partido que dignamente representa el suscrito y que haya estado recibiendo la votación en la casilla…”

Previo al análisis de los agravios expuestos por la impetrante, es necesario estudiar la causal de nulidad de votación invocada, contenida en la fracción III del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, que indica textualmente lo siguiente:

“Artículo 298.- La votación recibida en una casilla, será nula, cuando se acredite alguna de las siguientes causales:

…

III. Ejercer violencia física, presión o coacción sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores y que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

…”

Para la correcta comprensión de esta causal, es necesario establecer los elementos normativos que la rigen.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diversas resoluciones ha considerado que, en materia electoral, la violencia consiste en situaciones de hecho que pudieran afectar en su integridad al elector o al funcionario de la mesa directiva de casilla; mientras que por presión ha considerado la afectación interna del integrante de casilla o elector, de tal manera que pueda modificar su voluntad ante el temor de sufrir un daño. Así las cosas, por violencia física ha de entenderse la fuerza externa que se ejerce sobre la naturaleza y constitución corpórea de alguien; por presión, el apremio o amenaza que induce temor fundado en una persona, y por coacción, la violencia física, psíquica o moral para obligar a una persona a decir o hacer algo contra su voluntad, bien como un poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción; lo anterior tal y como lo ha ponderado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la jurisprudencia 24/2000, cuyo rubro indica: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO”.[3]

Dicha violencia física, presión o coacción, para que pueda generar la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas, debe ejercerse siempre sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla, o sobre los electores; es decir, el Presidente, Secretario o Escrutadores que actuaron en la casilla correspondiente el día de la jornada electoral, o bien, sobre los ciudadanos que sufragaron en la misma, de tal forma que, los hechos que se pueden traducir en violencia física o presión deben tener la finalidad propia de influir en el ánimo de los electores, para obtener un resultado concreto de alteración de la voluntad, lo cual conllevaría a modificar el sentido de su voto.

En efecto, la única violencia física o moral que puede verse reflejada en el resultado de la votación recibida en la casilla correspondiente, es la ejercida sobre quienes concurren a emitir su voto, antes de que esto suceda, o sobre los encargados de recibirlo el día de la jornada electoral. Estimar lo contrario conduciría a invalidar sufragios por acontecimientos que de ninguna manera pueden incidir en el resultado de la votación, como sería el caso de ejercer violencia sobre ciudadanos que ya hubieran sufragado.

Otro extremo a comprobar, consiste en que los hechos en que se basa la impugnación sean determinantes para el resultado de la votación de la casilla de que se trate, es decir, que los actos de violencia física, presión o coacción, trasciendan al resultado de la casilla, de manera tal, que no exista la certeza de que la votación refleja fielmente la voluntad del electorado, ya sea porque el número de ciudadanos que sufrieron la irregularidad es igual o superior al número de votos que separaron a los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar en la casilla, o bien, porque la magnitud de la irregularidad conduce a calificarla como grave. En tal sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la tesis relevante XXXI/2004, intitulada: “NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD”[4].

Por lo tanto, esta causal de nulidad protege los valores de libertad, secrecía, autenticidad y efectividad en la emisión del sufragio, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en una casilla revelan fielmente la voluntad libre de la ciudadanía expresada en las urnas.

Debe aclararse, que adicionalmente a la plena acreditación de los extremos de la causal, deben probarse las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que acontecieron los hechos afirmados, con el propósito de que el juzgador se encuentre en posición de evaluar si, como lo afirma el enjuiciante, se vulneró la libertad o el secreto del voto al grado de que deba privarse de validez a todos los sufragios emitidos en la casilla impugnada. Atento a la naturaleza jurídica de la causal de nulidad de que se trata, lo que es susceptible de comprobación son los hechos expuestos por los contendientes, por ser precisamente tales manifestaciones las que propiamente dan la materia para la prueba. Precisamente en función a lo especial de la causa de anulación en estudio, es necesario que en el escrito de inconformidad se relaten ciertas circunstancias que a la postre serán objeto de comprobación; por lo tanto, es indispensable que el recurrente precise las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos correspondientes, con el objeto de tener conocimiento pleno del lugar preciso en que se afirma se dieron, el momento exacto o cuando menos aproximado en que se diga ocurrieron, así como la persona o personas que intervinieron en ellos.

Cuando el partido político recurrente, por ejemplo, acredite que hubo proselitismo en la zona de la casilla, esto se traduce como una forma de presión sobre los electores con el fin de influir en su ánimo para obtener votos en favor de un determinado partido político o fórmula de candidatos, lesionando de esta manera la libertad y el secreto del sufragio. Sirve de base, la tesis de jurisprudencia publicada con la clave 53/2002, emitida por la sala antes citada, denominada: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA”.[5]

Expuesto lo anterior, se analizarán de manera integral los argumentos de las partes, valorando los medios probatorios presentados; lo que permitirá a este órgano jurisdiccional conocer la verdad histórica y pronunciarse respecto de la pretensión del promovente.

Cabe señalar que al realizar el estudio del escrito de juicio de inconformidad, presentado por la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”, se observa que ésta omitió ofrecer pruebas que acrediten su dicho, por tal razón, este Tribunal se pronunció en el considerando tercero, visible a párrafo tercero de la foja trece, de la presente ejecutoria, señalando que se resolverá atendiendo al principio de adquisición procesal, de ahí que las pruebas que obran en autos ahora son del proceso, y no de la parte que la ofreció.

Ahora bien, por cuanto hace a la autoridad responsable, ésta ofrece como pruebas:

1)                       El original y/o copias certificadas de las Hojas de Incidentes de las casillas impugnadas.

2)                       Informe del Presidente del Consejo Electoral responsable sobre el desarrollo del proceso electoral.

3)                       Original del segundo encarte de ubicación e integración de casillas, correspondiente al municipio 111, con sede en Valle de Bravo, Estado de México.

4)                       Copia certificada del acta de la sesión permanente de la jornada electoral, de fecha primero de julio del dos mil doce, celebrada por el consejo municipal electoral con sede en Valle de Bravo, México.

Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 326 fracción I, 327 fracción I incisos a) y b) y 328 párrafo segundo del Código Electoral vigente en el Estado de México, por tratarse de documentos emitidos por funcionarios electorales en ejercicio de sus funciones.

Por su parte, el tercero interesado ofrece como prueba la consistente en el encarte original de la segunda publicación, misma que ha sido valorada en el párrafo anterior.

Así las cosas, este órgano jurisdiccional estima que los agravios esgrimidos con relación a la causal de nulidad de votación recibida en las casillas estudiadas en este apartado, resultan INFUNDADOS por los siguientes razonamientos.

Si bien es cierto que la simple omisión de ofrecer pruebas por la actora, no es causa suficiente para que este juzgador se abstenga de atender su pretensión; conforme a los principios procesales del derecho, la prueba es una carga para el impugnante, y por la cual se pretende generar convicción en el juzgador de los hechos afirmados.

En forma objetiva, la prueba implica un elemento primordial del juicio, por lo cual, cuando falta no se pueden demostrar los hechos afirmados por el incoante, de ahí que el juez debe proferir una sentencia de fondo desfavorable para quien tenía la carga de suministrarla, por tratarse de simples manifestaciones que no se encuentran sustentadas con ningún elemento probatorio que pueda influir en el ánimo del juzgador.

Se llega a la conclusión anterior, porque del examen del caudal probatorio, este Tribunal no advierte que los incidentes aducidos por la actora hayan acontecido, en razón, de que las hojas de incidentes, si bien es cierto, contienen hechos, éstos de ningún modo guardan relación con los señalados por la impetrante, lo que impide a este órgano jurisdiccional tener por acreditadas sus afirmaciones, en consecuencia, si no se prueban los hechos denunciados no se tiene por actualizada la causal de nulidad de votación recibida en las casillas impugnadas. De ahí lo INFUNDADO de los agravios esgrimidos, en las casillas 5654 B, 5662 B, 5667 EXT1 y 5667 EXT2.

III. Fracción VII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

La Coalición “Comprometidos por el Estado de México”, aduce que en las casillas 5656 C1, 5657 C1, 5657 C2, 5658 C1, 5659 C1, 5663 B, 5668 C2, 5669 B, 5669 E3 y 5674 B, se actualizan los extremos de la hipótesis de nulidad contenida en la fracción VII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, la cual transcribe a continuación:

“Artículo 298.- La votación recibida en una casilla electoral, será nula, cuando se acredite alguna de las siguientes causales:

…

VII. La recepción o el cómputo de la votación realizado por personas u órganos distintos a los facultados por este Código;”

En ese tenor, la coalición actora argumentó lo siguiente:

“Es el caso, que en las casillas 5656 C1; 5657 C1; 5657 C2; 5658 C1; 5659 C1; 5669 E3; 5674 B; 5669 B; 5668 C2; 5663 B; del Municipio 111, Valle de Bravo, la recepción de la votación fue hecha por personas distintas a las facultadas por el ordenamiento antes invocado, por lo que procede se declare la nulidad de la votación recibida en las referidas casillas.

Específicamente, en estas casillas, alguna de las personas que integraron las mesas directivas, según actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, no aparecen en el encarte de integración de casillas, ni en las listas nominales de electores correspondientes a sus respectivas secciones electorales.” (sic)

En su informe circunstanciado, la responsable manifestó:

“Así las cosas al ser corroborado por los denominados encartes en relación con las diversas actas electorales que quienes recibieron la votación y realizaron el escrutinio y cómputo fueron personas distintas, pero además ambas personas fueron designadas por la autoridad correspondiente como integrantes de Mesa Directiva de Casilla, situación que lógicamente evidencia la inexacta apreciación de operancia que tiene el partido enjuiciante respecto de la causal de nulidad de la votación de la que pretende la declaración de procedencia.

A mayor abundamiento y considerando que la eficacia probatoria de las referidas documentales deriva de la fe pública de los funcionarios que las expiden respecto de los actos conforme a la ley les corresponde autorizar, realizar o certificar y que ante ellos tuvieron verificativo, así las cosas el artículo 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México señala que las documentales públicas tendrán pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, en este caso, del estudio pormenorizado del presente expediente no se encuentra elemento alguno que ponga en duda la validez de los documentos indicados considerando que son las pruebas idóneas que desvirtúan el dicho del inconforme.

En efecto, del análisis del expediente de las casillas impugnadas, se aprecia que quienes fungieron en ellas como integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, fueron personas legalmente autorizadas para tales efectos.”

Para el estudio de esta causal es necesario analizar los elementos que constituyen el marco normativo de la misma, en los siguientes términos:

El artículo 127 del Código Electoral del Estado de México, establece que las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados por ciudadanos, que tienen a su cargo respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales. Éstas están integradas por ciudadanos que son designados para fungir el día de la votación como autoridades electorales (un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores, y tres Suplentes Generales) como lo ordena el artículo 128 del mismo Código.

Estos funcionarios son doblemente insaculados y reciben una capacitación por el Instituto Electoral del Estado de México, para estar en aptitud de realizar adecuadamente sus funciones de acuerdo al artículo 166 del Código de la materia.

Como lo dispone el artículo 128 del Código Electoral del Estado de México, son requisitos para ser integrante de mesa directiva de casilla:

“(…)

I. Saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la elección.

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía.

IV. Residir en la sección electoral respectiva.

V. No ser servidor público con cargo directivo o con funciones de mando, independientemente de su denominación, en la administración pública federal, estatal o municipal.

VI. No tener parentesco en línea directa con candidatos registrados en la elección de que se trate.

VII. No ser delegado municipal o miembro directivo de los Consejos de Participación Ciudadana.

(…)”

Por otro lado, los artículos 202 y 203 del ordenamiento legal en cita, establece el procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla que no concurran a la instalación de la misma, señalando lo siguiente:

“Artículo 202.- De no instalarse la casilla conforme al artículo anterior, se procederá a lo siguiente:

I. Si a las 8:15 horas no se presentara alguno o algunos de los funcionarios propietarios y estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para la integración de la casilla, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes, con los propietarios presentes, habilitará a los suplentes generales presentes para cubrir a los faltantes y, en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

II. Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en la fracción anterior;

III. Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla, de conformidad con lo señalado en la fracción I;

IV. Si sólo estuvieran los suplentes generales, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros, de estar presentes, las de secretario y primer escrutador. El presidente procederá a instalar la casilla y nombrará a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes;

V. Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo municipal o, tratándose de la elección de Gobernador, el consejo distrital, tomará las medidas necesarias para la instalación de la casilla y designará al personal del Instituto encargado de ejecutar dichas medidas y cerciorarse de su instalación; y

VI. Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal que el Instituto haya designado para los efectos de la fracción anterior, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos ante la casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la Mesa Directiva de Casilla, de entre los electores de la sección electoral presentes, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

La actualización de cualquiera de los supuestos a que hace referencia este artículo se hará constar en el acta de la jornada electoral.

Artículo 203.- En el supuesto previsto en la fracción VI del artículo anterior, se requerirá:

I. La presencia de un juez o notario público, quien deberá acudir y dar fe de los hechos; y

II. En ausencia de juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la Mesa Directiva.”

Es conveniente resaltar, que la misma normatividad electoral previene, que de actualizarse el supuesto de la fracción VI del artículo 202, antes transcrito, será necesaria la presencia de un juez o notario público, para dar fe de tal actuación o, en su defecto, la expresión de conformidad de los representantes de partido, quienes nombrarán a los funcionarios de común acuerdo.

Asimismo, es insoslayable considerar que en ningún caso y por ningún motivo, los nombramientos de los funcionarios de la mesa directiva de casilla podrán recaer en los representantes de los partidos políticos, por lo que dicha actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto.

Con las consideraciones anteriores, este Tribunal razona que el supuesto de nulidad en estudio protege el valor de certeza, el cual se vulnera cuando la recepción o el cómputo de la votación son realizados por personas que carecen de facultades legales para ello, o que no cumplen con los requisitos legales indicados en el artículo 128 del Código Electoral del Estado de México, lo cual permite al electorado saber que su voto será recibido y custodiado por autoridades legítimas, lo que significa que la norma sanciona con nulidad la votación que fue recibida por autoridades no establecidas de acuerdo con los lineamientos legales, a fin de que los resultados de la elección sean ciertos y firmes, de modo que el sufragio se traduzca verdaderamente en el fundamento de las instituciones democráticas, en concreto de las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad que se analiza, se entenderá actualizada cuando sin lugar a dudas, se acredite que la recepción o el cómputo de la votación efectivamente se realizaron por personas distintas a las facultadas por el Código Electoral del Estado de México, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley y, por lo tanto, no fueron insaculadas, capacitadas y designadas por su idoneidad para fungir el día de la jornada electoral en las casillas, con las salvedades que el propio ordenamiento señala.

Además, es importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios, deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente; en tal sentido, este Tribunal forma su criterio con fundamento en la Jurisprudencia número JR ELE 12/2009 cuyo rubro es: “SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA. DEBE RECAER SOBRE CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL DE LA CASILLA O SECCIÓN”.[6]

De conformidad con lo manifestado, este Tribunal considera que la causal invocada ha de analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, según los acuerdos adoptados en las sesiones del consejo electoral correspondiente, con relación a las personas que realmente actuaron durante la jornada electoral, de conformidad con las actas respectivas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo correspondientes, así como a la legalidad en las sustituciones justificadas realizadas con motivo de la inasistencia de los ciudadanos insaculados y capacitados.

En efecto, en las citadas actas aparecen los espacios para anotar los nombres de los funcionarios que participan en la instalación, recepción de la votación, escrutinio y cómputo del sufragio en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y sus respectivas firmas; además, contienen los espacios destinados a expresar si hubo o no incidentes durante la instalación, durante la recepción de la votación y durante el escrutinio y cómputo, así como, en su caso, la cantidad de escritos de incidentes en que éstos se registraron. Por lo tanto, se atenderá también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio, con el fin de establecer si en dichas documentales se expresó circunstancia alguna relacionada con el supuesto en cuestión.

Consecuentemente, con el propósito de comprobar la actualización de la causal de nulidad invocada por el actor en cada una de las casillas referidas; este Tribunal estudiará los siguientes elementos probatorios:

a.                       Copia certificada del acta de sesión permanente de la jornada electoral del Consejo Municipal Electoral número 111, con sede en Valle de Bravo, México, celebrada en fecha primero de julio de dos mil doce.

b.                       Original de la segunda publicación de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla del Municipio número 111, de Valle de Bravo, Estado de México, también llamada encarte.

c.                        Copia certificada del aviso de tercera publicación, mediante el cual se hacen del conocimiento los cambios por causas supervenientes de la Ubicación e Integración de las Mesas Directivas de casilla a instalar el primero de julio de dos mil doce, en el municipio número 111, con sede en Valle de Bravo, Estado de México.

d.                       Original del listado nominal utilizado en las secciones 5656, 5657, 5658, 5659, 5663, 5669 y 5674.

e.                       Copia certificada de las actas de la jornada electoral correspondientes a las casillas 5656 C1, 5657 C1, 5657 C2, 5658 C1, 5659 C1, 5663 B, 5668 C2, 5669 B, 5669 E3, y 5674 B.

f. Copia certificada de las actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas 5656 C1, 5657 C1, 5657 C2, 5658 C1, 5659 C1, 5663 B, 5668 C2, 5669 B, 5669 E3, y 5674 B.

g.                       Copia certificada de las hojas de incidentes correspondientes a las casillas 5656 C1, 5657 C1, 5657 C2, 5658 C1, 5659 C1, 5663 B, 5668 C2, 5669 B, 5669 E3, y 5674 B.

Todos los documentos anteriores deben ser considerados documentales públicas con pleno valor probatorio, al no existir prueba que controvierta su autenticidad o la veracidad de los hechos contenidos en las mismas; ello, en términos de los artículos 326 fracción I, 327 fracción I incisos a) y b) y 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México.

A fin de examinar si en las casillas cuestionadas se actualiza la causal de nulidad en estudio, a continuación se introduce un cuadro con los datos relativos a éstas, el cual se compone de los siguientes rubros:

                     En la primera, el número consecutivo de casillas impugnadas.

                     En la segunda, se anotará el número y tipo de la casilla impugnada.

                     En la tercera, se asentarán cargos que integran la mesa directiva de casilla.

                     En la cuarta, los nombres de los funcionarios propietarios autorizados por el consejo correspondiente, ya sea que se encuentren señalados en el encarte o en el aviso de cambios en la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla.

                     En la quinta, se consignarán los nombres de los funcionarios de casilla que actuaron el día primero de julio conforme al acta de jornada electoral.

                     En la sexta, se expresará si coinciden las personas que señaladas en el acta de jornada electoral de las casillas impugnadas, con las personas autorizadas para realizar la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación y, en su caso, el corrimiento realizado.

                     En las filas 5, 6, y 7 de la cuarta y quinta columnas se contienen los nombres de los funcionarios suplentes generales, ya sea que se encuentren señalados en el encarte o en el aviso de cambios en la ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla.

Del análisis de los datos consignados en el cuadro que antecede se desprende lo siguiente:

1.                       En cuanto a las casillas 5656 C1, 5657 C1, 5657 C2, 5658 C1, 5659 C1, 5663 B, 5669 B, 5669 E3 y 5674 B, del cuadro de referencia, así como de las diversas constancias que obran en autos, se desprende que no todos los funcionarios que actuaron en ellas, efectivamente son las personas previamente insaculadas, designadas y capacitadas para ocupar tales cargos. Sin embargo, de la cuidadosa revisión del expediente se desprende que dichos ciudadanos se encuentran incluidos en el listado nominal de la sección en que fungieron.

En efecto, el legislador previó un mecanismo en el Código Electoral Local para que, ante la ausencia de los funcionarios autorizados por el consejo electoral correspondiente, la designación recayera en ciudadanos que se encuentren en la casilla para emitir su voto; es decir, de aquéllos que estando inscritos en los listados nominales de la sección correspondiente, se encuentren formados para sufragar.

En ese orden de ideas, de la revisión de los listados nominales de las secciones 5656, 5657, 5658, 5659, 5663, 5669 y 5674 se obtuvo que los ciudadanos no designados mediante procedimiento de insaculación, se encuentran inscritos en la lista nominal de la sección en que actuaron como funcionarios de casilla, como se aprecia en el cuadro de análisis, Por ello, este Tribunal considera que la sustitución del funcionario ausente, por un elector que se encontraba formado para emitir su voto, constituye un mecanismo apegado a derecho que no supone la nulidad de la votación recibida en dicha casilla, como lo señala el artículo 202 del Código Electoral del Estado de México, pues es claro que los ciudadanos hicieron un importante esfuerzo de cuidar que la misma se integrara conforme al procedimiento legal autorizado, sin que deba soslayarse la buena fe con que la ciudadanía participa en los procesos electorales, dedicando su tiempo a desempeñar la función electoral en cumplimiento de un deber cívico.

Así, el procedimiento de sustitución con funcionarios tomados de la fila no afecta la certeza de la votación, pues además, en ningún caso se registró incidente alguno con tal circunstancia, ni los representantes de los partidos políticos se inconformaron respecto de la sustitución hecha en los términos expuestos.

Respecto a lo anterior, resulta orientadora la tesis de jurisprudencia de la primera época del Tribunal Electoral del Estado de México, publicada en la revista 16 de este órgano jurisdiccional electoral, correspondiente al trimestre abril – junio de 2005, visible a fojas 59, cuyo rubro es del tenor siguiente: “PRIORIDAD EN LA INSTALACIÓN DE CASILLAS. PRINCIPIO RECTOR DEL DERECHO ELECTORAL”.

En cuanto a la casilla 5658 C1, cabe mencionar que la coalición inconforme en su escrito de medio de impugnación, a foja 12 del expediente en que se actúa, manifiesta que la persona que actuó como segundo escrutador fue CLAUDIO CARMONA RODRÍGUEZ; sin embargo tal afirmación es incorrecta, en razón de que del examen de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, así como de la hoja de incidentes visibles a fojas 303, 380 y 666 respectivamente, se advierte que la persona que fungió como segundo escrutador en la casilla de referencia, fue CLAUDIO CARMONA RODRÍGUEZ, y que si bien, no corresponde a los ciudadanos insaculados y capacitados para fungir como funcionarios en esta casilla, se encuentra acreditado que dicha persona pertenece a la sección electoral 5658, al encontrarse inscrito en la lista nominal de electores de la sección 5658, casilla básica, página 18, número consecutivo 374.

Ahora bien, por lo que toca a la casilla 5669 B, el funcionario encargado del llenado de las actas escribió, por cuanto hace al primer escrutador, su nombre incompleto; sin embargo, por tal omisión no puede considerarse que haya sido persona diversa a la designada por el consejo, en virtud de que las iniciales de los apellidos concuerdan con el nombre completo del ciudadano insaculado para servir el día de la jornada electoral. En cuanto al segundo escrutador se observa que el primer apellido no se encuentra escrito de manera correcta, en virtud de que le hace falta la letra “V”; no obstante ello, de igual forma este Tribunal considera que se trata simplemente de un error de escritura por parte del secretario de la mesa directiva de casilla, quien es el encargado de llenar los documentos electorales el día de la jornada electoral. Se llega a la anterior conclusión, porque el nombre y los apellidos son idénticos salvo esta omisión. No es óbice a lo anterior conclusión, el hecho de que MARGARITA ESQUIVEL MATEO no haya sido designada y capacitada por el consejo municipal electoral responsable, porque la ciudadana en cita se encuentra inscrita en la lista nominal de la sección 5669, como se observa del cuadro de análisis que antecede.

En cuanto hace a la casilla 5659 C1, del cuadro de análisis se observa que el nombre que aparece en el acta de jornada electoral de la casilla en comento es el de MARÍA REMEDIOS CRUZ, dato que es coincidente con lo asentado en la correspondiente acta de escrutinio y cómputo y la hoja de incidentes; en tanto que, de la lista nominal de esta misma, aparece a foja 18 y con número consecutivo 365 inscrito el nombre de MA. REMEDIOS CRUZ MORENO, lo que si bien no coincide exactamente con el nombre asentado en los documentos electorales, tampoco puede considerarse que se trata de una persona distinta, toda vez que de las mismas actas utilizadas el día de la jornada electoral en la casilla impugnada se encuentra impresa la firma de la persona que fungió como segundo escrutador y a simple vista se puede observar el nombre de MA. REMEDIOS CRUZ M. y que como ya se ha puntualizado es un dato coincidente en las actas ya referidas, así como en la hoja de incidentes, aunado a ello, no obra en el expediente probanza alguna en contrario, en consecuencia, la inconsistencia entre el nombre que aparece en las actas de la casilla y la lista nominal es atribuible a una omisión del funcionario de asentar su nombre completo, lo que no trastoca el valor jurídico de certeza, por lo que este Tribunal concluye que la integración de la mesa directiva de la casilla 5659 C1, se realizó de conformidad con lo establecido en la legislación electoral de la entidad.

No pasa desapercibido, que en las casillas 5658 C1, 5659 C1, 5669 B, 5669 E3 y 5674 B, diversos funcionarios de las mesas directivas de casilla correspondientes, previamente insaculados y designados como suplentes generales, reemplazaron las ausencias de los funcionarios propietarios, actualizándose así una sustitución de funcionarios, lo cual es permitido por la legislación electoral vigente en el Estado de México.

Finalmente, se debe puntualizar que la lista nominal de la casilla 5674 B, obra agregada en los autos del expediente de juicio de impugnación JI/24/2012 que corresponde a elección de diputados del Distrito X con sede en Valle de Bravo, Estado de México, y que en ejercicio del principio de adquisición procesal y justicia pronta y expedita se procedió a realizar la consulta procedente y la toma del dato que se encuentra plasmado en el cuadro de análisis.

2.                       Por lo que hace a la casilla 5668 C2, del acta de jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo y la hoja de incidentes, documentales públicas con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, se desprende que en dicha casilla se presentó la ausencia del funcionario designado como secretario, integrándose únicamente por tres de los cuatro funcionarios nombrados conforme al proceso de insaculación que establece la ley electoral, hecho que fue atendido por los funcionarios de la casilla, tal como se observa en la hoja de incidentes respectiva, que en su apartado “Durante el desarrollo de la votación” se asentó textualmente: “3:40 pm. El secretario de la MDC se retiró del lugar de la votación por lo que se tuvieron (sic) que recorrer los dos escrutadores para cubrir el puesto sobrante”, con el objeto de que la ausencia del secretario no afectara la recepción de la votación y la mesa directiva de casilla funcionara de forma normal.

Así mismo, de las probanzas que obran en autos no se observa que este acontecimiento haya perjudicado la recepción de la votación de la casilla, sino que solo originó que los demás funcionarios realizaran una actividad un poco mayor, cumpliéndose con el principio de plena colaboración entre los integrantes, en el sentido de que los escrutadores auxiliaron al presidente, sirviendo como criterio orientador lo expuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis XXIII/2001, bajo el rubro “FUNCIONARIOS DE CASILLA. LA FALTA DEL PRESIDENTE, DE UNO O DOS ESCRUTADORES, PROVOCA SITUACIONES DISTINTAS RESPECTO A LA VALIDEZ DE LA VOTACIÓN”[7], por lo antes razonado, este Tribunal considera que la mesa directiva de casilla que actuó en la casilla 5668 C2, se encontró debidamente integrada. Este criterio ya ha sido adoptado por este Tribunal al resolver el juicio de inconformidad JI/24/2012.

Así, al no ser demostradas las irregularidades aducidas por el actor, este órgano jurisdiccional no puede arribar a la conclusión de que la recepción y el cómputo de la votación en las casillas analizadas fue realizada por personas distintas de las facultadas por la normatividad electoral vigente en el Estado de México.

En conclusión, al no actualizarse los extremos que integran el supuesto de nulidad hecho valer por el actor, éste Tribunal considera INFUNDADO el agravio analizado.

En otro orden de ideas, no pasa desapercibido para este Tribunal, que la coalición actora en su escrito inicial de juicio de inconformidad, a foja 15 del expediente, aduce como agravio la integración de las mesas directivas de casilla con un representante de partido político; sin embargo, este Tribunal considera que tal afirmación es vaga, genérica e imprecisa, en virtud de que carece de señalamiento del número y tipo de casillas en las que a su decir, supuestamente ocurrió la irregularidad; además omite mencionar el nombre o nombres de los representantes de partido que aparentemente fungieron como funcionarios de casilla, de ahí que, este órgano Jurisdiccional declara el presente agravio como INOPERANTE.

IV. Fracción IX del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

El actor invoca respecto de las casillas 5658 C3, 5671 C1 y 5673 B, la causal de nulidad prevista en el artículo 298 fracción IX del Código Electoral del Estado de México, relativa a la existencia de error o dolo en el cómputo de los votos, y siempre que ello resulte determinante para el resultado de la votación, argumentando el siguiente agravio:

“Las actas levantadas en las casillas impugnadas reportan diversas inconsistencias entre los distintos rubros fundamentales y auxiliares del procedimiento de escrutinio y cómputo de votos, que por su magnitud y naturaleza son determinantes para los resultados de la votación.

En el caso concreto las casillas que encuadran en la causal de nulidad referida son la 5658 C3; 5671 C1 y 5673 B.”

…

CONCEPTOS DE AGRAVIOS.

En efecto, causa agravio a mi representada el hecho de que la autoridad responsable haya incluido en el cómputo distrital (sic) de la elección de diputados (sic), a que se refieren los artículos 117 fracción IX 251, 253, 254 fracciones I a V, 255 de datos inconsistentes derivados de actas de la jornada electoral, en el rubro de escrutinio y cómputo de casilla, de cuyo examen exhaustivo se aprecia en el procedimiento de referencia medió error en el cómputo de los votos que, por su magnitud y naturaleza son determinantes para el resultado de la votación. ”

La autoridad responsable en su informe circunstanciado expresó lo siguiente:

“En relación al tercer agravio que refiere, el enjuiciante, aprecia que hubo error en el cómputo de los votos, el partido inconforme reclama la nulidad de la votación recibida en las siguientes casillas: 5658 C3, 5671 C1 y 5673 B, en su opinión se actualiza la causal prevista en la fracción IX del artículo 298 del Código Electoral de la entidad.

…

Cabe resaltar que las cantidades fueron modificadas en la sesión ininterrumpida del Cómputo Municipal, en la que se llevó a cabo el recuento total de votos de todas las casillas, como se acredita con la copia certificada de dicha sesión y que se agrega al presente.

…los errores que cometieron los funcionarios de las mesas directivas de casilla SE RECTIFICARON, lo que no implica que se actualice la causal que invoca el recurrente, toda vez que las diferencias no resultan determinantes para el resultado de la votación recibida en casilla. ”

El tercero interesado, en su escrito de compareciente, realizó las manifestaciones que a su consideración estimó pertinentes.

Asentado lo anterior, este Tribunal procede a realizar el estudio de esta causal de nulidad, partiendo de la hipótesis normativa invocada, que dispone lo siguiente:

“Artículo 298.- La votación recibida en una casilla, será nula, cuando se acredite alguna de las siguientes causales:

....

IX. Haber mediado error o dolo en el cómputo de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;”

Del texto legal invocado, se puede evidenciar que el valor jurídicamente tutelado es el principio de certeza sobre los resultados de la elección; ello con la finalidad de proteger la voluntad ciudadana expresada en una casilla, para los efectos de determinar a los integrantes de los órganos de elección popular que deberán gobernar en un periodo determinado, por lo que cuando existe un error o dolosamente se alteran los resultados del escrutinio y cómputo, se vulnera el principio de certeza; por consiguiente la votación de la casilla debe anularse siempre y cuando la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación.

Del estudio de los argumentos esgrimidos por el impetrante, se advierte que éste solicita la nulidad de la votación recibida en las casillas 5658 C3, 5671 C1 y 5673 B, con base en supuestas inconsistencias presentadas en los rubros fundamentales de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas referidas, que según su dicho, los resultados fueron indebidamente incluidos por la autoridad electoral responsable en el cómputo municipal, afectando a su consideración de forma determinante el resultado de la elección de miembros del Ayuntamiento del municipio de Valle de Bravo, Estado de México.

Empero, de la revisión minuciosa del acta de la sesión ininterrumpida del cuatro de julio del dos mil doce, elaborada por el Consejo Municipal número 111, con sede en Valle de Bravo, Estado de México, que obra a foja 87 del presente expediente; documental pública que merece valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 327 fracción I, inciso b), y 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, se observa que el ahora promovente el C. Julio César Palma Mejía, en su carácter de representante propietario de la Coalición “Comprometidos por el Estado de México”, durante la sesión del cómputo municipal y en uso de la palabra como se aprecia a foja 88, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 270 fracción VI de la legislación electoral estatal, solicitó expresamente al presidente del Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, México, la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales de la elección municipal, por existir una diferencia entre el primer y segundo lugar menor a un punto porcentual, petición que fue acordada como favorable por la responsable, como consta en la misma acta, implementando mesas de trabajo para llevar a cabo el recuento de votos en la totalidad de las casillas de la elección municipal.

Por ende, se actualizó el supuesto jurídico previsto por el artículo 270 fracción VI párrafo primero de la legislación electoral de la entidad, denominado recuento de votos en la totalidad de las casillas instaladas, en el municipio cuya elección se impugna.

Por lo anterior, conviene destacar que el citado artículo 270 del Código Electoral del Estado de México, contempla dos supuestos que pueden acontecer durante la sesión del cómputo municipal de una elección, tales son:

I. El nuevo escrutinio y cómputo (recuento parcial), que deberá realizar el Consejo Municipal Electoral cuando exista objeción fundada para solicitarlo, como lo es que:

a)                       Los resultados de las actas finales de escrutinio y cómputo que obren en el paquete y las que estén en poder del Consejo.

1. No coincidan o sean ilegibles;

2. El total de boletas extraídas de las urnas no coincida con el número de total de los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron; y la diferencia sea determinante para el resultado de la casilla;

3. El número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación; y,

4. Todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido político o coalición.

b) Cuando no exista el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del Presidente del Consejo; y,

c)                       Que existan alteraciones evidentes en los distintos elementos de las actas, que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, salvo que puedan corregirse o aclararse con otros elementos a satisfacción plena de quien lo haya solicitado.

II.                       El recuento de votos en la totalidad de las casillas que lleva a cabo el Consejo Municipal Electoral, cuando la diferencia entre la planilla presuntamente ganadora de la elección y la que haya obtenido el segundo lugar en votación, es igual o menor a un punto porcentual de la votación válida emitida en el municipio, y existe la petición expresa del representante del partido que postuló a la segunda de las planillas antes señaladas o del partido que aún, cuando no hubiese obtenido el segundo lugar en los resultados, la diferencia entre su votación y la del presunto ganador sea igual o menor a un punto porcentual.

Ambos supuestos, son llevados a cabo por la autoridad municipal electoral para coadyuvar a generar certeza y transparencia en los resultados de la votación obtenida en la elección municipal.

De igual forma, el citado precepto legal dispone que en ningún caso se podrá solicitar al Tribunal la realización del recuento de votos, respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos municipales correspondientes.

Lo que conlleva, a que el actor deberá solicitar oportunamente ante la autoridad electoral el recuento de votos, cuando estime que existieron errores o inconsistencias en las actas de las casillas, para que ésta procediera a realizarlo.

Por tanto, el nuevo escrutinio y cómputo que se solicite al Tribunal Electoral, solamente procederá cuando no haya sido desahogado, sin causa justificada, en la sesión correspondiente, o se impugnen vicios propios del procedimiento de recuento total o parcial.

En ese mismo tenor, tampoco habrá necesidad de ordenar el recuento de votos por parte de este Tribunal Electoral, cuando ya se hubiera realizado en la sesión de cómputo respectiva, así como en aquellos casos en que los errores o inconsistencias puedan ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o elementos que obren en el expediente o de aquellos que puedan ser requeridos por el órgano jurisdiccional.

En el presente caso, la actora impugna los datos consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 5658 C3, 5671 C1 y 5673 B, mismos que fueron asentados por los funcionarios de las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral, y las cuales fueron objeto del procedimiento de recuento total realizado por el Consejo Municipal Electoral responsable, tal como se desprende del caudal probatorio que obra en autos, específicamente las documentales relativas a las actas circunstanciadas de recuento de votos durante el cómputo municipal realizada en el Consejo Municipal Electoral No. 111, con sede en Valle de Bravo, Estado de México, realizadas por las mesas de trabajo del primer y tercer turno, que obran agregadas a fojas 133 y 177, así como las hojas para hacer las operaciones de cómputo en la casilla de la elección ordinaria de miembros de los Ayuntamientos del Estado de México, visibles a fojas 144, 184 y 186, respectivamente. Todas ellas con el carácter de documentales públicas que merecen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los artículos 327 fracción I inciso b) y 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, al no existir probanza alguna en contrario. Y que si bien, las hojas de operaciones empleadas por la responsable, no son las aprobadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, para realizar el recuento de votos en la totalidad de casillas, en nada afectan al procedimiento de recuento total, y los resultados obtenidos por el Consejo Municipal Electoral de Valle de Bravo, Estado de México.

En consecuencia, para el caso de haber existido errores o inconsistencias en los datos asentados por los funcionarios de casilla, en las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas instaladas en la geografía electoral del municipio, tales irregularidades fueron debidamente subsanadas y reparadas por la autoridad responsable mediante el recuento de votos, generando con ello la certeza jurídica en los resultados obtenidos en la elección municipal y la manifestación de la voluntad de los ciudadanos que votaron para elegir a sus gobernantes.

Por lo que se concluye que, cualquier error o inconsistencia que pudieron haber presentado las actas de escrutinio y cómputo de las casillas impugnadas, quedaron subsanados mediante el procedimiento de recuento total referido[8].

Aunado a lo anterior, la impetrante en ningún momento dirige sus agravios a atacar el procedimiento de recuento total de la votación recibida en las casillas instaladas en la geografía electoral del municipio de Valle de Bravo, Estado de México, por vicios propios; es decir la coalición actora, omite aducir errores o vicios originados durante el procedimiento de recuento total de votos en la totalidad de las casillas instaladas en dicho municipio.

En conclusión, este Tribunal se encuentra imposibilitado para pronunciarse al respecto de esta causal, toda vez que los agravios motivo de disenso han sido atendidos y subsanados por la autoridad responsable, y contrario a lo sostenido por la impetrante, los resultados incluidos en el cómputo municipal de la elección de miembros del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, son los obtenidos del recuento total de la votación de las casillas instaladas en el municipio, de ahí que, por lo que hace a casillas 5658 C3, 5671 C1 y 5673 B, el agravio formulado deviene como INOPERANTE.

V. Fracción XI del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

Respecto de las casillas 5654 B, 5654 C1, 5655 B, 5655 C1, 5655 C2, 5655 C3, 5655 C4, 5656 B, 5656 C1, 5656 C2, 5657 B, 5657 C1, 5657 C2, 5658 B, 5658 C1, 5658 C2, 5658 C3, 5659 B, 5659 C1, 5659 C2, 5660 B, 5660 C1, 5661 B, 5661 C1, 5662 B, 5662 C1, 5663 B, 5663 C1, 5664 B, 5664 C1, 5665 B, 5666 B, 5666 C1, 5677 B, 5677 C1, 5677 C2, 5679 B, 5679 C1, 5680 B, 5680 C1, 5680 C2, argumenta el inconforme que se actualizan los extremos de la causal de nulidad establecida en el artículo 298 fracción XI del Código Electoral del Estado de México, sustancialmente porque:

“(Se transcribe cuadro)

Quedo demostrado, en las casillas impugnadas los paquetes electorales fueron entregados al consejo distrital fuera de los plazos establecidos para tal efecto violándose es esta manera los principios de certeza y legalidad que deben regir todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, infringiéndose con ello el contenido de los artículos 116, fracción IV, incisos a y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;11, 12 y 13 de la Constitución Política del Estado de México, 129 fracción II inciso i), 241 y 243 del Código Electoral del Estado de México, por lo que se solicita a este órgano jurisdiccional declare fundado el agravio hecho valer y declare la nulidad de las casillas impugnadas por la actualización de la causal de nulidad prevista en la fracción XI, del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

De ahí la necesidad de que esta autoridad en ejercicio de sus facultades anule el contenido de las casillas antes referidas para que de esta manera la votación que sea considerada para determinar la elección sea sin vicios en su desarrollo durante la jornada electoral para que con ello se garantice que las casillas que sean tomadas en cuenta hayan cumplido a cabalidad electoral con los principios de legalidad y certeza en el desarrollo de la jornada electoral…”

La autoridad responsable en su informe circunstanciado, expresó con relación a las casillas que se analizan lo siguiente:

“(…)

Como se acredita con los recibos de la entrega-recepción de los paquetes electorales al Consejo Municipal todos y cada uno de ellos llegaron sin muestras de alteración que pudiesen generar incertidumbre respecto de la autenticidad de los documentos contenidos en el mismo, o sobre los resultados de las diversas actas, o cualquier otro vicio o irregularidad evidente que ocasione duda fundada sobre los resultados de la votación recibida en dicha casilla. De ahí que no se actualice la causal de nulidad invocada.”

Por último, en la parte que interesa, el tercero interesado en su escrito de compareciente, no se pronuncia al respecto.

Antes de analizar los agravios planteados por la parte inconforme, debe subrayarse que el legislador al establecer la anterior causal de nulidad, consideró que el Presidente de la Mesa Directiva de Casilla, tiene la ineludible obligación de hacer llegar al Consejo Distrital Electoral y en su caso Consejo Municipal Electoral los paquetes y los expedientes de casilla; sobre el particular, de acuerdo con el artículo 236 del Código comicial local, se entiende por expediente de casilla, el integrado por:

1.                       Un ejemplar del acta de la jornada electoral.

2.                       Un ejemplar del acta final de escrutinio y cómputo.

3.                       Los escritos sobre incidentes y de protesta que se hubieren recibido.

Ahora bien, según se desprende del artículo en cita, el paquete electoral estará conformado por el expediente referido, así como, en sobres por separado:

1.                       Las boletas sobrantes inutilizadas.

2.                       Los votos válidos y nulos para cada elección.

3.                       La lista nominal de electores utilizada en la casilla el día de la jornada electoral.

Por otra parte, por fuera del paquete electoral, se adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta relativa a los resultados de escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, para su entrega al Presidente del Consejo correspondiente.

Es así que, los sobres y el expediente integrados por el presidente de la casilla conforman el paquete electoral, cuya envoltura será firmada por los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla y por los representantes de los partidos políticos y coaliciones que quieran firmarlo, garantizando de esta forma la inviolabilidad de los documentos que se contienen en el paquete electoral.

El artículo 240 del Código Electoral de la Entidad, establece que una vez clausurada la casilla, el presidente de la misma, bajo su responsabilidad hará llegar al consejo que corresponda el paquete electoral que contenga el expediente, en los plazos que se computarán a partir de la hora de clausura de la casilla, lo que significa que el paquete deberá de formarse al término del escrutinio y cómputo de la casilla.

En la fracción II del precepto citado, se indica que tratándose de la elección de ayuntamientos, el paquete electoral se entregará al Consejo Municipal correspondiente en los siguientes plazos:

a)                                                                  Inmediatamente cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera Municipal;

b)                                                                  Hasta seis horas, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del municipal; y

c)                                                                   Hasta doce horas cuando se trate de casilla rurales.

No debe olvidarse, por una parte, que en el numeral en cita, también se previó la posibilidad de que los Consejos Distritales o Municipales, previamente al día de la elección, determinarán la ampliación de los plazos anteriores para aquellas casillas en que se justifique, circunstancia que implica un caso de excepción debido a la diversidad geográfica en que se ubican las casillas electorales, que impiden cumplir con la entrega del paquete electoral en los plazos ya señalados; y por otra, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 242 del Código Electoral Local, los Consejos Distritales o Municipales, pueden adoptar mecanismos para la recolección de los paquetes de las casillas cuando fuere necesario, siempre bajo la vigilancia de los partidos políticos que así lo deseen. Entre las medidas indicadas, es frecuente el establecimiento de centros de acopio para facilitar la entrega de los paquetes en comento, en cuyo caso, deberá atenderse al acuerdo que dicte el respectivo Consejo.

Excepcionalmente, como lo establece el artículo 243 del Código Electoral Local, los paquetes con los expedientes de casilla, podrán ser entregados al Consejo Distrital o Municipal fuera de los plazos establecidos, cuando medie caso fortuito o causa de fuerza mayor, entendiéndose por la segunda, la circunstancia imprevisible e inevitable que impide entregar el paquete electoral dentro de los plazos legales, y por caso fortuito, el hecho imprevisible e inevitable que resulta ser la causa por la que el paquete electoral no pudo entregarse dentro de los plazos antes mencionados.

Derivado de lo anterior, es preciso determinar cuál es el significado del término inmediatamente, ya que la sola lectura del artículo precisado no permite arribar a una solución, esto es, establecer cuál es el lapso adecuado para la entrega de un paquete electoral; por tanto, en primer lugar, se utiliza el método de interpretación gramatical a que se refiere el artículo 2º del Código Electoral del Estado de México; así, según el Diccionario de la Lengua Española, dicho vocablo significa: “sin interposición de otra cosa”; “ahora, al punto, al instante”, y el concepto de inmediato se refiere a lo que es: “contiguo o muy cercano a otra cosa; que sucede enseguida, sin tardanza”[9].

Así, para determinar la inmediatez es indispensable la existencia de un punto de referencia, es decir, de un hecho previo que sirva de parámetro para establecer, si entre las dos referencias temporales existe la mayor proximidad posible.

En el caso, los dos hechos cuya proximidad prescribe el Código Electoral del Estado de México, son: en primer lugar, la clausura de la casilla electoral y, en segundo término, la entrega del paquete electoral al consejo electoral correspondiente. La proximidad consiste en el tiempo necesario que transcurra para el traslado del lugar en que estuvo instalada la casilla al domicilio del consejo municipal, atendiendo a las características de la localidad, los medios de transporte y las condiciones particulares del momento y lugar, de lo que se deduce que la entrega de los paquetes electorales debe efectuarse de la manera más próxima posible a la clausura de la casilla.

En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia, número S3ELJD 02/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la página 210 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, que se cita a continuación:

PAQUETES ELECTORALES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ENTREGA INMEDIATA DE LOS.—El Tribunal Federal Electoral considera que la expresión inmediatamente contenida en el artículo 238, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales debe entenderse en el sentido de que, entre la clausura de la casilla y la entrega de los paquetes y expedientes, solamente transcurra el tiempo necesario para el traslado del lugar en que estuvo instalada la casilla al domicilio del consejo distrital, atendiendo a las características de la localidad, los medios de transporte y las condiciones particulares del momento y del lugar.

De acuerdo con las reglas de la experiencia, aplicables con fundamento en el artículo 328 del Código Electoral del Estado de México, el plazo para la entrega del paquete electoral varía en atención a las circunstancias particulares de la localidad donde la casilla se instaló y el domicilio del consejo electoral respectivo, en virtud de que el traslado del paquete implica la realización de una serie de acciones que dependen de la distancia que exista entre ambos sitios, las vías de comunicación, los medios de transporte, las condiciones climáticas, tomando en consideración la extensión geográfica y la conformación geofísica del territorio nacional, consecuentemente, en el Estado México existen poblaciones apartadas y de muy difícil acceso, por lo que resulta complejo que los paquetes electorales de las casillas que ahí se instalen, puedan ser entregados dentro de los plazos especificados por la ley, debe considerarse la hora de traslado e incluso la forma de trabajo establecida por el consejo electoral correspondiente, entre otros factores; de ahí que las características y condiciones mencionadas deban valorarse en cada caso concreto, con el fin de determinar el cumplimiento o incumplimiento del plazo legal.

De conformidad con el artículo 249 del Código Electoral del Estado de México, por cuanto hace a la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de las casillas, se hará por los consejos correspondientes, conforme al procedimiento siguiente:

a)     Se recibirán en el orden en que sean entregados por las personas facultadas para ello; y,

b)     El Presidente o funcionario autorizado del Consejo Municipal Electoral, extenderá el recibo señalando la hora en que fueron entregados.

De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se levantará acta circunstanciada en la que se haga constar, en su caso, los que hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos que señala la ley, según prevé el artículo 250 del Código Electoral del Estado de México.

Finalmente el artículo 244 del Código de la materia establece que el Consejo Municipal, hará constar en el acta circunstanciada de recepción de los paquetes, las causas que se invoquen para el retraso en la entrega de los mismos.

El valor protegido por esta causal de nulidad de votación, es garantizar la inviolabilidad de la documentación que contenga el paquete electoral y no se afecte el principio de certeza en el contenido de los documentos y los datos que se encuentran asentados en ellos.

De lo anterior, se desprende que para la procedencia de la declaración de nulidad de la votación recibida en una casilla por esta causal, se requiere que se presenten las siguientes condiciones:

a)                                                      Que el paquete electoral sea entregado ante el consejo electoral correspondiente fuera de los plazos que el Código establece;

b)                                                    Que no exista causa que justifique la entrega extemporánea de los paquetes electorales;

c)                                                    Que el consejo distrital o municipal al que se encuentre adscrito la casilla, no haya ampliado los plazos previstos en el citado artículo 240 del Código Electoral del Estado de México.

De tales disposiciones se desprende que, el legislador ordinario estableció los requisitos y formalidades del procedimiento para el traslado y entrega del paquete electoral en el consejo respectivo. En efecto, la observancia puntual de los plazos indicados en los párrafos precedentes, permite verificar la transferencia de la responsabilidad y manejo del paquete electoral de un nivel, que son las Mesas Directivas de Casilla, al siguiente que son los Consejos Municipales o Distritales, así como la transición de la etapa de la jornada electoral, a la de resultados y declaración de validez de la elección de que se trate.

Entre las particularidades a tomar en cuenta, se tiene que ordinariamente, la hora asentada en el acta de clausura corresponde al momento de inicio en su llenado, y es firmada por los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla y los representantes de los partidos y coaliciones hasta que culmina su elaboración y en su caso revisión, y corrección; luego sigue la terminación de la elaboración material de los paquetes electorales, y la colocación de los avisos del resultado de la elección, lo que puede aparentar demora en la entrega del paquete correspondiente.

Por último, la experiencia ha demostrado que con frecuencia, el funcionario electoral encargado de recibir los paquetes de toda la elección, está ocupado en la recepción de cada uno de ellos, por lo que los presidentes de las mesas directivas de casillas deben esperar su turno.

Por tanto, si fuera demostrado que el paquete electoral permaneció inviolado, a pesar del retardo injustificado de su entrega, o que los sufragios contenidos coinciden con los registrados en las actas de escrutinio y cómputo, el valor de certeza protegido no fue vulnerado y, por ende, la violación no es determinante para el resultado de la votación.

Para el estudio correspondiente, obran en el expediente los siguientes medios de prueba:

1.                       Originales y/o copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral de las casillas impugnadas.

2.                       Originales y/o copias certificadas de las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas impugnadas.

3.                       Originales de las Constancias de Clausura de Casilla y Remisión del paquete electoral.

4.                       Listado de ubicación de casillas aprobadas por el Consejo Electoral Municipal de Valle de Bravo, Estado de México.

5.                       Copia certificada del Acta Circunstanciada de Recepción de los paquetes electorales.

6.                       Originales de los Recibos de Entrega-Recepción de paquete electoral.

7.                       Copia certificada del acta circunstanciada de recuento de votos durante el cómputo municipal del Consejo Municipal Electoral No. 111 con sede en Valle de Bravo, Estado de México.

Las documentales enumeradas anteriormente, son consideradas como documentales públicas en términos de lo señalado por los artículos 326 fracción I y 327 fracción I incisos a) y b) del Código Electoral del Estado de México; de ahí que, se les conceda pleno valor probatorio de acuerdo al segundo párrafo del artículo 328 del mismo ordenamiento legal.

Ahora bien, para el análisis de la causal de nulidad invocada por el actor, se presenta un cuadro en el que se detallan las circunstancias siguientes:

a)                                               La identificación de las casillas impugnadas.

b)                                               Se indicará la clase de la casilla, es decir si corresponde a una casilla rural o urbana; así mismo se señalará si la misma se ubicó dentro o no de la cabecera distrital o municipal, de acuerdo a la elección impugnada. Este dato se obtendrá del documento denominado “Listado de Ubicación de casillas aprobado por el Consejo Municipal” que obra a foja 1053 del tomo II, del expediente en que se actúa.

c)                                                La hora en que se clausuró la casilla y se remitió el paquete electoral al Consejo respectivo, que se acredita con los originales de las constancias de clausura de casilla y remisión de paquete correspondientes, que obran en autos del expediente principal.

d)                                               La hora en que se recibieron por el Consejo Electoral competente, que se comprueba con los originales de los recibos de entrega-recepción del paquete electoral, que obran en autos del expediente principal.

e)                                               Se establecerá el tiempo que medió entre la clausura de la casilla y la recepción del paquete por la autoridad responsable.

f)                                                  Las observaciones pertinentes obtenidas de las copias certificadas de las actas de jornada electoral y escrutinio y cómputo correspondientes, que obran en autos del expediente principal.

Dicho cuadro es el siguiente: