JUICIO de revisión constitucional electoral.

EXPEDIENTES: ST-jrc-98/2009 y ST-jrc-102/2009 ACUMULADOS.

ACTOReS: Partido DEL TRABAJO y Partido Acción Nacional.

autoridad RESPONSABLE: tribunal electoral del estado de MÉXICO.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

mAGISTRADA PONENTE: adriana m. favela herrera.

SECRETARIA: lucila eugenia domínguez narváez.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a catorce de agosto de dos mil nueve.

VISTOS para resolver los autos de los juicios de revisión constitucional electoral ST-JRC-98/2009 Y ST-JRC-102/2009 ACUMULADOS, promovidos por el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional en contra de la resolución de tres de agosto de dos mil nueve, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México, en los juicios de inconformidad identificados con las claves JI/78/2009 y JI/79/2009 acumulados, y

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes. De la narración de los hechos que la parte actora hace en su demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Jornada Electoral. El cinco de julio de dos mil nueve, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los integrantes de los ayuntamientos del Estado de México, entre ellos, el de Metepec.

2. Cómputo Municipal. El ocho de julio de dos mil nueve, el Consejo Municipal Electoral de Metepec, Estado de México, realizó la sesión de cómputo de la elección municipal indicada.

Dicho cómputo arrojó los siguientes resultados:

En dicha sesión se declaró la validez de la elección y se hizo entrega de la constancia de mayoría respectiva a la planilla postulada por la candidatura común integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata y Futuro Democrático.

3. Juicio de Inconformidad. El doce de julio del presente año, el Partido Acción Nacional promovió el juicio de inconformidad que fue radicado en el Tribunal Electoral del Estado de México con el número de expediente JI/78/2009.

En la misma fecha el Partido del Trabajo interpuso demanda de juicio de inconformidad que fue radicada en el citado tribunal en el expediente JI/79/2009.

Los referidos juicios de inconformidad controvirtieron los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de Metepec, Estado de México, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a la planilla ganadora.

4. Resolución. El tres de agosto de dos mil nueve, el tribunal electoral local dictó sentencia en los expedientes antes referidos, de manera acumulada, determinando que resultaron parcialmente fundados los agravios hechos valer y en virtud de haber declarado la nulidad de las casillas 2477 Contigua 1, 2481 Básica, 2487 Contigua 1 y 2490 Contigua 5, modificó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal emitida por el Consejo Municipal Electoral de Metepec, Estado de México y confirmó la declaración de validez y la expedición de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por la candidatura común integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata y Futuro Democrático. Los resultados quedaron de la siguiente forma:

Se precisa que la votación total emitida asentada en el cómputo modificado por el Tribunal Electoral del Estado de México no corresponde a la suma de los resultados de la votación, candidatos no registrados y votos nulos. Lo correcto es 91,315 (noventa y un mil trescientos quince).

Dicha sentencia fue notificada a los promoventes el cuatro de agosto de dos mil nueve.

II. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconformes con la sentencia antes referida, mediante escritos presentados el siete y ocho de agosto de dos mil nueve, el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional, respectivamente promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral ante el tribunal responsable.

III. Recepción de expediente en esta Sala Regional. Por oficios números TEEM/P/299/2009 y TEEM/P/301/2009, de ocho y nueve de agosto de dos mil nueve, recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional el referido nueve de agosto, el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México remitió el escrito de demanda, el informe circunstanciado de ley y demás documentación correspondiente.

IV. Turno a ponencia. Mediante acuerdos de nueve y diez de agosto del presente año, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ordenó integrar los expedientes ST-JRC-98/2009 y ST-JRC-102/2009 y turnarlos a la Ponencia de la Magistrada Adriana M. Favela Herrera, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Dichos acuerdos se cumplimentaron en la misma fecha por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional federal.

V. Admisión. Por acuerdo de once de agosto de dos mil nueve, la Magistrada Instructora acordó la radicación de los expedientes, y admitió a trámite las demandas.

VI. Tercero interesado. Por oficio número TEEM/SGA/982/2009, de doce de agosto de dos mil nueve, la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México, remitió a esta Sala Regional el escrito del Partido Revolucionario Institucional, a través del cual comparece como tercero interesado en el juicio ST-JRC-98/2009, mismo que fue recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el mismo día

VII. Cierre de instrucción. Mediante proveídos de trece y catorce de agosto de dos mil nueve, la Magistrada Instructora declaró cerrada la instrucción de los presentes juicios, al considerar que los expedientes se encontraban debidamente integrados, con lo que el asunto quedó en estado de resolución; y

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. Competencia y jurisdicción. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, en conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184; 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 87, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido, para controvertir una sentencia dictada por el tribunal electoral de una entidad federativa que se encuentra dentro del territorio de la circunscripción donde esta Sala ejerce jurisdicción, relativa a los resultados del cómputo de la elección del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México.

SEGUNDO. Acumulación. En el expediente registrado con la clave ST-JRC-98/2009 formado con motivo del juicio de revisión constitucional promovido por el Partido del Trabajo así como en el expediente ST-JRC-102/2009 incoado por el Partido Acción Nacional, esta Sala Regional advierte la existencia de conexidad en la causa puesto que se encuentran relacionados con el mismo acto impugnado, es decir, con la elección del Ayuntamiento de Metepec, Estado de México.

Por lo tanto, al existir identidad en el acto que se reclama, además de que el resultado de los juicios se encuentra estrechamente vinculados, con el fin de facilitar la pronta y expedita resolución de los expedientes en mención y evitar la existencia de fallos contradictorios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 73, fracción II, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ACUMULA al expediente ST-JRC-98/2009, por ser el más antiguo, el expediente ST-JRC-102/2009, a fin de que sean resueltos de manera conjunta. En consecuencia, deberá glosarse copia certificada del fallo que se pronuncie, en el expediente que se cita en segundo término.

TERCERO. Requisitos de la demanda y especiales de procedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede a analizar si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales, los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, así como los elementos necesarios para la emisión de la sentencia de mérito.

1. Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable y consta el nombre y firma autógrafa de los promoventes, domicilio para oír y recibir notificaciones, se identifica con precisión el acto impugnado y la autoridad responsable, se enuncian los hechos y agravios que dicha resolución les causa, y se señalan los preceptos presuntamente violados.

2. Oportunidad. Las demandas se presentaron dentro del plazo establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la sentencia reclamada se notificó al Partido del Trabajo y al Partido Acción Nacional, el cuatro de agosto de dos mil nueve, como consta en las respectivas notificaciones por estrados y personal que obran a fojas 1472 y 1478 del cuaderno accesorio 3 del expediente ST-JRC-98/2009; por lo que el plazo de cuatro días previsto en el citado precepto, transcurrió del cinco al ocho de agosto siguiente, y las demandas del juicio de revisión constitucional electoral se presentaron los días siete y ocho del mismo mes y año; de esta manera, resulta evidente que se cumple con el requisito bajo análisis.

3. Legitimación. Los juicios en cuestión son promovidos por el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional quienes se encuentran legitimados, conforme a lo previsto en el artículo 88, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4. Personería. Luis Osvaldo López Dotor, quien presenta la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, con el carácter de representante suplente del Partido del Trabajo, está facultado para ello, en términos del artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al haber interpuesto el juicio de inconformidad local número JI/79/2009, al cual le recayó la resolución que hoy se impugna; además, tiene acreditada esa calidad ante el Consejo Municipal Electoral de Metepec, Estado de México, lo que se acredita con la certificación que obra a foja 11 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-98/2009; asimismo, tal carácter le es reconocido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

Por su parte, Alejandro Pohlenz Román, quien presenta la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, con el carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, está facultado para ello, en términos del referido artículo, al haber interpuesto el juicio de inconformidad local número JI/78/2009, al cual le recayó la resolución que hoy se impugna; además, tiene acreditada esa calidad ante el Consejo Municipal Electoral de Metepec, Estado de México, lo que se acredita con la certificación que obra a foja 24 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-102/2009; asimismo, tal carácter le es reconocido por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

5. Definitividad. La sentencia combatida constituye un acto definitivo y firme, porque en la ley electoral local aplicable no se prevé algún recurso legal para impugnar lo resuelto en un juicio de inconformidad por el Tribunal Electoral del Estado de México, con lo que se satisface el requisito indicado, previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

6. Violación de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se cumple también con el requisito exigido por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues si bien el Partido del Trabajo no refiere la transgresión a algún precepto constitucional, de lo expuesto en sus agravios se desprende que aduce la probable violación al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Partido Acción Nacional, considera que se violaron los artículos 14, 16 y 41 de la referida Constitución; lo cual es suficiente para tener por satisfecho el requisito en comento, pues esta exigencia es formal, por lo cual para su cumplimiento basta atribuir al acto impugnado la infracción de determinados preceptos constitucionales, al margen del resultado de su examen de fondo.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 02/97, de rubro: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA".

7. La violación reclamada puede ser determinante para el desarrollo del proceso electoral y el resultado de la elección. En primer término, es menester recordar que el carácter determinante, atribuido a la conculcación reclamada en el juicio de revisión constitucional electoral, responde al objetivo de llevar al conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral o el resultado final de la elección respectiva.

En efecto, el concepto determinante para el resultado de la elección, según criterio de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, debe entenderse como el cúmulo de hechos que entrañan circunstancias irregulares y contraventoras de los principios rectores de la función electoral, suficientes por sí, para generar la posibilidad real y efectiva de que sus efectos influyan en forma trascendental en la secuela de los comicios, a grado tal de desvirtuar la credibilidad de los resultados.

En el caso que se analiza, se advierte que las violaciones reclamadas pueden ser determinantes para el resultado final de la elección e integrantes del Ayuntamiento del municipio de Metepec, toda vez que de resultar fundados los agravios expuestos y determinarse procedente lo solicitado en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral presentada por el Partido del Trabajo, ello implicaría tener por acreditada la causal genérica de nulidad de elección, revocar la resolución impugnada y por ende, declarar la nulidad de la elección; de ahí que en el presente caso se surta el requisito específico de procedibilidad a que se refiere el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. Requisitos de los escritos del tercero interesado.

1. Forma. Los escritos de tercero interesado presentados por Enrique Martínez Mendoza en representación del Partido Revolucionario Institucional, que obran a fojas 22 a 89 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-98/2009 y 213 a 256 a del cuaderno principal del expediente ST-JRC-102/2009, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 17, párrafo 4, incisos a), b), c), e) y g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que fueron debidamente presentados ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto y se exponen las razones que acreditan su interés legítimo en la causa.

2. Oportunidad. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a las veintitrés horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil nueve, la autoridad responsable mediante cédula fijada en sus estrados publicitó la presentación del juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-98/2009, por lo que, desde ese momento y hasta las veintitrés horas con treinta minutos del once de agosto siguiente, transcurrió el plazo de setenta y dos horas que fija el mencionado artículo en su párrafo 4, para la presentación del escrito del tercero interesado. En consecuencia, si este se presentó a las trece horas con veinte minutos del once de agosto de dos mil nueve, es evidente que compareció oportunamente.

Por cuanto hace al juicio ST-JRC-102/2009 a las veinte horas del nueve de agosto de dos mil nueve, la autoridad responsable mediante cédula fijada en sus estrados publicitó la presentación del referido juicio de revisión constitucional electoral, por lo que, desde ese momento y hasta las veinte horas del doce de agosto siguiente, transcurrió el plazo de setenta y dos horas que fija el mencionado artículo en su párrafo 4, para la presentación del escrito del tercero interesado. En consecuencia, si este se presentó a las doce horas con veinticuatro minutos del doce de agosto de dos mil nueve, es evidente que compareció oportunamente.

3. Legitimación. Se reconoce la legitimación del Partido Revolucionario Institucional para comparecer como tercero interesado en estos asuntos, en términos de lo establecido en el artículo 12, párrafo 1, inciso c), de la legislación procesal electoral federal toda vez que, como lo manifiesta, su interés legítimo deriva de un derecho incompatible con el que pretende el actor, en tanto que la pretensión del Partido Revolucionario Institucional es que se confirme la resolución impugnada.

4. Personería. Enrique Martínez Mendoza, quien presenta los escritos de tercero interesado en representación del Partido Revolucionario Institucional, está facultada para ello en términos del artículo 17, párrafo 4, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues acredita el carácter con el que se ostenta, como se desprende de la certificación atinente suscrita por el Presidente del Consejo Municipal de Metepec del Instituto Electoral del Estado de México que obra a foja 90 del cuaderno principal del expediente ST-JRC-98/2009.

En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 17, párrafo 5, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se tienen por presentados los escritos del tercero interesado.

QUINTO.Resolución impugnada. La resolución impugnada en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

QUINTO. Nulidad de votación en Casilla. El actor, Partido Acción Nacional aduce que en las 46 casillas siguientes se actualizan los extremos de la fracción VII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México: 2464C1, 2465B, 2466C2, 2473C2, 2477C1, 2477C2, 2478C1, 2481B, 2481C2, 2482B, 2482C1, 2483B, 2484C1, 2484C2, 2486C1, 2487C1, 2488C2, 2489C1, 2489C2, 2490C5, 2491B, 2491C1, 2491C2, 2492C1, 2493C1, 2495C1, 2498C3, 2500B, 2501C1, 2502B, 2506C2, 2507C1, 2510B, 2510C1, 2511C2, 2512C1, 2512C2, 2513C1, 2513C2, 2520C1, 2521C1, 2528C1, 2529C2, 2543B, 2544B, 2546B.

El precepto del Código Electoral indica que:

Artículo 298. La votación recibida en una casilla electoral, será nula, cuando se acredite alguna de las siguientes causales:

I … VI

VII. La recepción o el cómputo de la votación realizado por personas u órganos distintos a los facultados por este Código;

[…]

El partido actor, en su escrito de demanda, argumentó lo siguiente:

“…FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituyen todas las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se enumeran a continuación y la negativa de ser anuladas, por parte de los Consejeros Ciudadanos durante la sesión ininterrumpida de cómputo celebrada el día 8 de julio del año dos mil nueve.

DISPOSICIÓN LEGAL VIOLADA.- Artículo 298, fracción VII, 202 fracción I del Código Electoral en vigor.

En la especie, las personas cuyos nombres aparecen a un lado de cada de las casillas que por este conducto se pide su nulidad, intervinieron en la jornada electoral, sin que tuvieran nombramiento previo o, en su caso, hayan sido elegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 202 fracción I del Código Electoral en vigor, ya que en su caso, debieron ser elegidos de entre los electores que se encuentren en la casilla o, en su caso, proceder conforme a los dispuesto por las fracciones II, III, IV, o V, circunstancia que no aconteció, por lo que las personas relacionadas actuaron como funcionarios sin tener facultades para ello, lo que conduce inevitablemente a la nulidad de la votación celebrada en todas y cada una de las casillas enumeradas.

Así, CORTES VALDEZ LETICIA, fungió como segundo escrutador, de la casilla 2546 B, RAMÍREZ JUÁREZ LETICIA, como segundo escrutador en la casilla 2244 B, DÍAZ SANTA PETRA, no es legible como actuó en la casilla 2543 B, JIMÉNEZ TAPIA ELIZABETHA, se desempeño como primer escrutador en la 2529 C2, , LUCANO PRIOR HERRERA, fue secretario en la 2528 C1, CIRIANO HERNÁNDEZ MARSISA, segundo escrutador en la casilla 2521 C1, DIAZ ESQUIVEL JULIANA CAMELIA, fue segundo escrutador en la casilla 2520 C1, MIRA MANCILLA JOSE LUIS, como Presidente y HERNÁNDEZ CAJERO JUANA, como segundo escrutador, ambos en la casilla 2513 C2, SORIANO AVELAR ALICIA, primer escrutador en la casilla 2513 C1, ZEPEDA PLIEGO SALVADOR, segundo escrutador en la casilla 2512 C2, MARTINEZ DIAZ LACAYO GABRIELA, Presidente, DIAZ RUIZ ANGEL, secretario, MEDINA MARTINEZ PABLO ADOLFO, primer escrutador Y MARTINEZ CARRILLO LILIANA, segundo escrutador, todos ellos, en la casilla 2512 C1, CONTRERAS JUAREZ ANA BERTHEL, primer escrutador y GUARNEROS  VAZQUEZ CRISTINA JENNIFER, segundo escrutador, en la casilla 2511 C2, GARCIA CHAVEZ ANTONIO y LOPEZ VELAZQUEZ MARIA VICTORIA, no son legibles en el acta de la casilla 2510 C1, URIBE GARFIAS MA. LUISA, primer escrutador y RODOLFO MORALES JAIME, segundo escrutador, en la casilla 2510 B, ARRAIGA CARMONA MARIANA, primer escrutador y TREJO FUENTES ERICK DANIEL, segundo escrutador en la casilla 2507 C1, OJEDA GARCIA ALICIA, primer escrutador y CRUZ FLORES NOEMI, segundo escrutador, ambas en la casilla 2506 C2, MARTINEZ CRUZ ELISA, secretario en la casilla 2502 B,  ALBIS GARCIA SINTHIA ISABEL, secretario y QUINTANA MA. LUISA, primer escrutador, en la casilla 2501 C1, GONZALEZ SANDOBAL JARINTZI, segundo escrutador en la casilla 2500 B, EZQUEDA CASTELLAN PEDRO, segundo escrutador en la casilla 2498 C3, CORONA MARTINEZ FERNANDO, primer escrutador en la casilla 2495 C1, VALENCIA ARRIAGA CELESTINA, segundo escrutador en la casilla 2493 C1, DE LA COLINA MARTINEZ HILDA MARGARITA, segundo escrutador en la casilla 2492 C1, VERA TORRES MA. DE LOURDES, segundo escrutador en la casilla 2491 C2, VENCES HERNANDEZ JUAN DE JESUS, secretario y FEREGRINO ORTIZ ALICIA, primer escrutador, ambos en la casilla 2491 C1, GARCIA VAZQUEZ JACQUELINE, segundo escrutador en la casilla 491 B, HERNANDEZ GARCIA ANTONIO, segundo escrutador en la casilla 2490 C5, RAMIREZ LOPEZ BLANCA ESTHELA, segundo escrutador en la casilla 2489 C2, ALVAREZ TREJO BENITO, segundo, escrutador en la casilla 2498 C1, DIÁZ RODRIGUEZ, segundo escrutador en la casilla 2488 C2, ORTIZ VAZQUEZ ILENA JOSEFINA, segundo escrutador en la casilla 2487 C1, CAMACHO CAMACHO JUAN SEBASTIAN, primer escrutador y ALEXANDER ESCOTO OMAR, segundo escrutador,  ambos en la casilla 2486 C1, GUADARRAMA MENDOZA RODOLFO, secretario en la casilla 2484 C2, ITURBIDE GONIDES MA. GUADALUPE ITZEL, primer escrutador en la casilla 2484 C1, VALDES ALVAREZ ADARELIA SARUSTIA, segundo escrutador en la casilla 2482 B, RODRIGUEZ CALDERON CLARA, primer escrutador y NAVA LEZAMA SAUL CARLOS, segundo escrutador, ambos en la casilla 2481 C2, SANTA MA. FERNANDEZ ELOISA, segundo escrutador en la casilla 2481 B, DE LA CRUZ CARBAJAL PAOLA, segundo escrutador en la casilla 2478 C1, BLANCAS MORA ROSA, primer escrutador en la casilla 2477 C2, VIDAL CUENCA CARLOS EDUARDO, segundo escrutador en la casilla 2477 C1, BLANCAS MORA ROSA, primer escrutador en la casilla 2477 C2, ALDAMA CONTRERAS ISRAEL, segundo escrutador en la casilla 2473 C2, ALMAZAN MARTINEZ NESTOR, segundo escrutador en la casilla 2466 C2, TELLEZ ARNAGA GRACIELA, segundo escrutador en la casilla 2465 B, y ALMAZAN PLATA PAULA, segundo escrutador en la casilla 2464 C1.

Todos los mencionados actuaron sin haber sido electos o nombrados por insaculación, y sin embargo actuaron como funcionarios de casilla, lo que conduce inevitablemente a anular la votación en sus respectivas casilla, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral en vigor y que fueron precisados. Y no existe constancia de que haya seguido los procedimientos legales establecidos, no obstante que no hubo de parte de nuestros representantes de partido incidente alguno o protesta alguna, lo cual, desde luego, no convalidad la ilegalidad en que se actuó…”

En su informe circunstanciado, la responsable manifestó lo siguiente:

[…]

Por lo que respecta al tercer agravio del recurrente, se precisa a su Señoría, que este tipo de argumentaciones es una constante en los juicios de inconformidad, el pretender la anulación de casillas por la supuesta integración ilegal de los funcionarios de la misma, en el caso que nos ocupa, el recurrente, como se demostrará con los elementos de prueba que fueron ofrecidos para ello, pasa por alto los encartes a través de los cuales se puede apreciar los funcionarios que fungieron el día de la jornada en las mesas directivas de casilla, tal es el caso de las sección 2473 Contigua 2, por poner un ejemplo: El C. Aldama Contreras Israel a decir del recurrente no cumple con los requisitos establecidos por la ley para ser funcionarios de casilla y con ello se viola los artículos 202 en sus diversas fracciones, lo cual es incorrecto, toda vez que como se aprecia en el segundo encarte, esta persona fue designado como SUPLENTE GENERAL, así mismo en la sección 2489 El C. Benito Álvarez Trejo, se encuentra en dicha sección como SUPLENTE GENERAL en el segundo encarte, en la sección 2492 La C. Hilda Margarita de la Colina Martínez, esta acreditada como SUPLENTYE GENERAL y registrada en el segundo encarte, encartes que se ofrecen como prueba para demostrar la legalidad de su nombramiento y se de la integración de las casillas impugnadas, y así como estos ejemplos se encuentran otras casillas y lo que llama ala atención en la argumentación del recurrente es que a su decir se viola el procedimiento aludido en la integración de la mesa directiva de casilla, pero pasa por alto que el mismo ordenamiento legal permite que de ser necesario se proceda a nombrar como funcionarios a los ciudadanos que se encuentren en la fila para votar siempre y cuando pertenezcan a la sección electoral, que en el caso, a estudio en algunas casillas, así se realizó, debido a las necesidades de las mismas, lo que no quiere decir que se este violentando la normatividad, actualizándose lo establecido por nuestro mas alto Tribunal en materia electoral en el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe: SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.- (Se transcribe).

[…]

En su escrito de compareciente, el tercero interesado Partido de la Revolución Democrática, señaló textualmente:

[…]

En relación al tercer agravio que hace valer la representación del Partido Acción Nacional, en el juicio que nos ocupa, es lamentable el hecho que dicha representación base su dicho, en afirmaciones falsas y temerarias, toda vez que como podrá observar y constatar su Señoría, los funcionarios de las mesas directivas de casilla que hace mención y que cuestiona el recurrente, fueron debida y legalmente designados por el Consejo Distrital número XXXV de Metepec, ya que dichos funcionarios aparecen en los encartes de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla, por lo que el recurrente solo pretende confundir a esta Autoridad, para el efecto de crear solo eso, “CONFUSIÓN “ pero los hechos dicen lo contrario, por lo que se debe desestimar al igual que los anteriores el agravio aquí cuestionado, por ser falso y notoriamente improcedente, actualizándose los criterios jurisprudencial establecido por los tribunales electorales, que a continuación se transcribe:

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.(Se transcribe)

INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA POR CIUDADANOS NO INSACULADOS. CUANDO NO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD LA. (Se transcribe).

[…]

El Partido Revolucionario Institucional, tercero interesado en este juicio, en su escrito de compareciente señaló textualmente:

[…]

El impetrante Partido Acción Nacional reclama respecto de la elección de ayuntamientos realizada en Metepec, Estado de México, diversas casillas porque, a su decir, la mesa directiva de casilla no se integró con la totalidad debidamente y en su opinión se violó la normatividad electoral aplicable y se actualiza la causal de nulidad de votación recibida en casilla, establecida en el artículo 298, fracc. VII de la ley de la materia.

En torno a lo aducido por la enjuiciante cabe señalar que es falsa su afirmación toda vez que en todas y cada una de las casillas que refiere en su demanda la votación fue recibida por las personas autorizadas por la ley, por tanto se estima debe ser desestimada su pretensión de nulidad de casillas.

[…]

Por otra parte, en lo que hace a la causal establecida en el artículo 298, fracc. VII del Código Electoral del Estado de México, debe tenerse presente que el momento más importante y trascendente del proceso se desarrolla el día de la jornada electoral, fecha en la cual el cuerpo ciudadano adquiere la naturaleza de poder electoral, y acude a las urnas a depositar su sufragio a fin de determinar cuál de los candidatos registrados obtiene la mayoría y, por tanto, el derecho a ocupar el cargo de representación popular. Para que el acto de referencia pueda realizarse debidamente, adquiere singular importancia la recepción y cómputo de la votación que realizan los integrantes de las mesas directivas el día de la jornada electoral.

En torno a este tema es evidente, que el legislador mexiquense consideró de interés subrayado el garantizar que la función de recepción y el cómputo de la votación se haga por personas facultadas por la ley, a fin de lograr que en la integración de los órganos de representación popular, no se generen dudas sobre los resultados de las elecciones  obtenidas en las casillas, sino que, por el contrario, estos resultados se ajusten a los principios de certeza, objetividad, independencia, imparcialidad y legalidad, que son imperativos en la actuación de las autoridades electorales.

Así, acorde a lo previsto por los artículos 127 y 128 del Código Electoral del Estado de México, las mesas directivas de casilla son los órganos electorales integrados por ciudadanos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las casillas ubicadas en las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado. Dichos órganos están integrados por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, a quienes corresponde asegurar que la recepción y cómputo de la votación se ajusten a los principio rectores antes mencionados, así como respetar y hacer respetar que el voto de los electores sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Precisamente, para dar cumplimiento a los principios referidos, el legislador dispuso dos mecanismos para la designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, uno que se realiza durante la etapa de preparación de la elección, y el segundo, que se lleva a cabo el día de la jornada electoral.

Con objeto de dar transparencia al procedimiento de designación de los integrantes de las mesas directivas de casilla, en la etapa preparatoria, el artículo 166 del código electoral, establece que deberán satisfacer los requisitos del artículo 128 del propio código; haber tomado cursos de capacitación; haber sido escogidos de acuerdo a sus aptitudes por el personal de los consejos distritales del Instituto; asimismo, ser seleccionados mediante procedimientos que incluyen el sorteo del mes del calendario de su nacimiento y de la letra inicial de su apellido paterno.

Ahora bien, ante la circunstancia de que los ciudadanos originalmente designados no acudan el día de la jornada electoral a desempeñar sus funciones como miembros de las mesas directivas de casilla, y con el objeto de asegurar las funciones de recepción de la votación, se estableció un segundo mecanismo de designación de funcionarios, el cual prevé diversos supuestos para la sustitución de los ausentes. Lo anterior se encuentra regulado en los artículos 202, 203 y 204 del código electoral citado.

En los referidos preceptos se privilegia la función de recepción de la votación, de forma tal, que si a las 8:15 no se presenta alguno o algunos de los funcionarios propietarios y estuviera el Presidente, éste designará a los funcionarios necesarios  para integración de la casilla, recorriendo en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes, con los propietarios presentes, habilitará a los suplentes generales presentas para cubrir a los faltantes y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla.

Ahora bien, frente a  la ausencia del Presidente de la mesa directiva de casilla, dicho cargo y el ejercicio de la facultad y procedimiento descrito en el párrafo anterior, les corresponde, en riguroso orden de prelación, respectivamente, al Secretario, a alguno de los escrutadores y, alguno de los suplentes generales.

Frente a la ausencia de todos los funcionarios, a la hora mencionada, le corresponde al consejo electoral competente (municipal o distrital, según el tipo de elección de que se trate), tomar las medidas necesarias para la instalación de la casilla y designar a personal del instituto para que ejecute las medidas para la integración de la casilla y cerciorarse de su instalación.

Por último, si a las 10:00 horas, por razones de distancia o de dificultad en las comunidades, no es posible la intervención del personal del Instituto, los representantes de los partidos políticos ante la casilla, por mayoría, designarán a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes, de entre los electores de la sección que se encuentren presentes, haciendo constar esa circunstancia en el acta correspondiente.

Cabe señalar que el legislador en su afán de dotar de transparencia la integración de la casilla y la recepción de los votos, con los mecanismos referidos buscó garantizar la actuación imparcial y objetiva de los integrantes de las mesas directivas de casilla dada la importancia de su función, por ello dispuso, además, la prohibición de designar como funcionarios de mesa directiva de casilla a representantes de partidos políticos y la obligación de que la nueva designación recaiga en electores de la sección correspondiente.

El impetrante reclama en su demanda porque, a su decir, ocurrieron irregularidades que actualizan la causal establecida en el art. 298 fracc. VII del Código Electoral del Estado de México, la votación recibida en las casillas 2664C1, 2465B, 2466C2, 2473C2, 2477C1, 2477C2, 2478C1, 2481B, 2481C2, 2482B, 2482C1, 2483B, 2484C1, 2484C2,  2486C1, 2487C1, 2488C2, 2489C1, 2489C2, 2490C5, 2491B, 2491C1, 2491C2, 2492C1, 2493C1, 2495C1, 2498C3, 2500B, 2501C1, 2502B, 2506C2, 2507C1, 2510B, 2510C1, 2511C2, 2512C1, 2512C2, 2513C1, 2513C2, 2520C1, 2521C1, 2528C1, 2529C2, 2543B, 2544B, 2546B.

Por lo que hace a las casillas que reclama el enjuiciante, el examen de las actas elaboradas por los integrantes de las mesas directivas de casilla, durante la jornada electoral el encarte o lista de integración y ubicación de casillas aprobado por el consejo municipal señalado como autoridad responsable y los listados nominales correspondientes al municipio de Metepec del Estado de México, documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en la ley de la materia, muestran que en todas y cada una de las casillas reclamadas la votación fue recibida por personas legalmente autorizadas para ello y por tanto, contrariamente a lo afirmado por la enjuiciante, no se actualiza la causal establecida en el artículo 298 fracc. VII de la ley de la materia.

En todos los casos los funcionarios que se desempeñaron como integrantes de las mesas directivas de las casillas impugnadas por la ahora impetrante, estaban legalmente facultados para ello.

No es óbice para la anterior conclusión, el que los funcionarios que recibieron la votación no hubieren desempeñado el cargo para el que originalmente fueron designados, habida cuenta que, ante la frecuente situación de que algunos funcionarios designados por el Consejo Distrital no acudan a realizar sus funciones en los casos en los que se designen funcionarios para cubrir a los ausentes y en las designaciones no se respete la prelación o corrimiento que se establece en la ley de la materia, debe considerarse que dicha situación constituye sin duda una falta a la normatividad electoral, pero se trata de una irregularidad menor, sin la entidad suficiente para considerar que la votación recibida en la casilla en cuestión deba ser anulada, máxime si se toma en cuenta que los funcionarios que actuaron como integrantes de la mesa directiva de casilla, en cuya designación no fueron respetadas las reglas de corrimiento establecidas en la ley, fueron capacitados de la misma forma que los designados como propietarios y este tipo de faltas son sólo naturales en el contexto de una elección en la que participan millones de personas, muchas de ellas sin experiencia previa o con un nivel educativo menor.

Finalmente, cabe destacar que la actuación de funcionarios designados en un procedimiento en el que no se respetaron las reglas legales de corrimiento, nunca generó dudas en cuanto a los resultados de la elección y por ello se estima, que frente a la existencia de una irregularidad menor, debe rescatarse el bien de mayor entidad, que en este caso lo constituye la voluntad de los ciudadanos de una sección electoral.

Incluso en los casos en los que los funcionarios que recibieron la votación no fueron incluidos en el encarte correspondiente, debe considerarse que en términos de lo dispuesto  en la ley, en las casillas en cuestión se hicieron nombramientos para cubrir a los funcionarios ausentes, los que recayeron, entre los electores que se encontraban formados con la intención de votar y en ningún caso se hicieron a favor de representantes de partidos políticos o de personas que no estuvieran inscritos en la lista nominal correspondiente.

Respecto de las casillas que fueron impugnadas por la impetrante, el examen de las actas levantadas el día de la jornada electoral, vinculado con la lista nominal de electores correspondiente, muestra que en todos los casos, en que las designaciones de funcionarios para cubrir ausencias recayeron en personas que estaban en la casilla con la intención de votar, se hicieron a favor de personas que estaban incluidas en el listado nominal de la sección correspondiente.

En esas condiciones, debe considerarse que ante la imposibilidad de integrar la casilla con los funcionarios propietarios o suplentes designados por el consejo distrital, se designaron a electores de la sección para que procedieran a recibir la votación como integrantes de la mesa directiva de casilla.

Relacionado con lo anteriormente expresado, se considera aplicable la tesis relevante S3EL 019/97, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005”, tomo “Tesis Relevantes” páginas 944, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL.” (Se transcribe)

Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia obligatoria SE3EL 13/2002  emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo “Jurisprudencia”, páginas 259 y 260 cuyo rubro y contenido son los siguientes:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (Legislación de Baja California Sur y similares).-(Se transcribe)

De todo lo anteriormente expresado, debe tomarse en cuenta que la parte enjuiciante no cumplió con lo establecido en el art. 332 del Código Electoral del Estado de México que señala que el que afirma está obligado a probar, ya que no acompañó a su demanda las pruebas para demostrar los hechos e irregularidades afirmadas y simplemente se limitó a ofertar pruebas que constan, a su decir, en el archivo dl Consejo Electoral Municipal de Metepec, pero que no fueron solicitadas por escrito y oportunamente por la enjuiciante y, por ello, se estima que ese H. Tribunal no debe asumir la carga probatoria que corresponde a la actora y no debe tomar en cuenta pruebas que no fueron aportadas en el tiempo y forma que establece la ley…

[…]

Previo al análisis de los agravios aducidos por el actor con relación a dicha causal de nulidad, conviene señalar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Código Electoral del Estado de México, las Mesas Directivas de Casilla son los órganos electorales, integrados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo del sufragio en cada una de las casillas, ubicadas en las distintas secciones en que se dividen los distritos electorales y los municipios del Estado. Además, el artículo 128 del mismo ordenamiento establece que las casillas se integrarán por un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores y tres suplentes generales.

Por otro lado, el artículo 202 del ordenamiento legal en cita, establece el procedimiento a seguir el día de la jornada electoral para sustituir a los funcionarios de casilla que no concurran a la instalación de la misma, señalando lo siguiente:

Artículo 202. De no instalarse la casilla conforme al artículo anterior, se procederá a lo siguiente:

I. Si a las 8:15 horas no se presentara alguno o algunos de los funcionarios propietarios y estuviera el presidente, éste designará a los funcionarios necesarios para la integración de la casilla, recorriendo, en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes, con los propietarios presentes, habilitará a los suplentes generales presentes para cubrir a los faltantes y, en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

II. Si no estuviera el presidente, pero estuviera el secretario, éste asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en la fracción anterior;

III. Si no estuvieran el presidente ni el secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla, de conformidad con lo señalado en la fracción I;

IV. Si sólo estuvieran los suplentes generales, uno de ellos asumirá las funciones de presidente, los otros, de estar presentes, las de secretario y primer escrutador. El presidente procederá a instalar la casilla y nombrará a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes;

V. Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el consejo municipal o, tratándose de la elección de Gobernador, el consejo distrital, tomará las medidas necesarias para la instalación de la casilla y designará al personal del Instituto encargado de ejecutar dichas medidas y cerciorarse de su instalación; y

VI. Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal que el Instituto haya designado para los efectos de la fracción anterior, a las 10:00 horas, los representantes de los partidos políticos ante la casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar la Mesa Directiva de Casilla, de entre los electores de la sección electoral presentes, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

La actualización de cualquiera de los supuestos a que hace referencia este artículo se hará constaren el acta de la jornada electoral.

Artículo 203. En el supuesto previsto en la fracción VI del artículo anterior, se requerirá:

I. La presencia de un juez o notario público, quien deberá acudir y dar fe de los hechos; y

II. En ausencia de juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la Mesa Directiva.

Es conveniente resaltar que la misma normatividad electoral previene, en el caso de la fracción VI del numeran antes transcrito, que será necesaria la presencia de un juez o notario público, para dar fe de tal actuación, o en su defecto, la expresión de conformidad de los representantes de partido, quienes nombrarán a los funcionarios de común acuerdo. Asimismo, es insoslayable considerar que en ningún caso y por ningún motivo, los nombramientos anteriores podrán recaer en los representantes de los partidos políticos, por lo que dicha actividad se entenderá reservada exclusivamente para los electores que se encuentren en la casilla con el propósito de emitir su voto.

Por lo anterior, este Tribunal considera que el supuesto de nulidad en estudio protege el valor de certeza, el cual se vulnera cuando la recepción o el cómputo de la votación son realizados por personas que carecen de facultades legales para ello o que no cumplen con los requisitos legales, indicados en el artículo 128 del Código Electoral del Estado de México.

De acuerdo con lo anterior, la causal de nulidad que se comenta se entenderá actualizada cuando sin lugar a dudas, se acredite que la recepción o el cómputo de la votación efectivamente se realizaron por personas distintas a las facultadas por el Código Electoral, entendiéndose como tales a las que no resultaron designadas de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley y, por tanto, no fueron insaculadas, capacitadas y designadas por su idoneidad para fungir el día de la jornada electoral en las casillas, con las salvedades que la propia ley señala.

Además, es importante subrayar el imperativo de que los ciudadanos que en su caso sustituyan a los funcionarios, deben estar inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente; en tal sentido, este Tribunal forma su criterio con fundamento en la Jurisprudencia número JR ELE 12/2009 misma que se cita a continuación:

“SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA. DEBE RECAER SOBRE CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL DE LA CASILLA O SECCIÓN. (Se transcribe)”

De conformidad con lo manifestado, este Tribunal considera que la causal invocada ha de analizarse atendiendo a la coincidencia plena que debe existir entre los nombres de las personas que fueron designadas como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla según los acuerdos adoptados en las sesiones del correspondiente Consejo Electoral, con relación a las personas que realmente actuaron durante la jornada electoral, de conformidad con las Actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo correspondientes, así como a la legalidad en las sustituciones justificadas realizadas con motivo de la inasistencia de los ciudadanos insaculados y capacitados.

En efecto, en las citadas Actas aparecen los espacios para anotar los nombres de los funcionarios que participan en la instalación, recepción de la votación, escrutinio y cómputo del sufragio en las casillas, así como los cargos ocupados por cada uno y sus respectivas firmas; además, contienen los espacios destinados a expresar si hubo o no incidentes durante la instalación, durante la recepción de la votación y durante el escrutinio y cómputo, así como, en su caso, la cantidad de hojas de incidentes en que éstos se registraron. Por lo tanto, se atenderá también al contenido de las diversas hojas de incidentes relativas a cada una de las casillas en estudio, con el fin de establecer si en dichas documentales se expresó circunstancia alguna relacionada con el supuesto en cuestión.

Consecuentemente, este Tribunal estudiará los siguientes elementos probatorios, con el propósito de comprobar la actualización de la causal de nulidad invocada por el actor en cada una de las casillas analizadas:

Copia certificada del Acta de Sesión Permanente del Consejo Municipal Electoral de Metepec, México, celebrada en fecha cinco de julio de dos mil nueve;

Original de la segunda publicación de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla del Municipio de Metepec, México, también llamada encarte;

Copia certificada de la tercera publicación de la ubicación e integración de mesas directivas de casillas por causas supervenientes a instalar el 5 de julio de 2009, en Metepec, México;

Original de listados nominales utilizados en algunas casillas el día de la jornada electoral;

Copia certificada, al carbón y original de las Actas de la Jornada Electoral correspondientes a las casillas impugnadas;

Copia certificada, al carbón y original de Actas de Escrutinio y Cómputo correspondientes a las casillas impugnadas;

Copia certificada, al carbón en algunos casos y originales en otros, de las Hojas de Incidentes correspondientes a las casillas impugnadas.

Todos los documentos anteriores deben ser considerados públicos, con pleno valor probatorio al no existir prueba que controvierta su autenticidad o la veracidad de los hechos contenidos en las mismas, en términos de los artículos 326 fracción I, 327 fracción I incisos a) y b) y 328 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México.

A fin de examinar si en las casillas cuestionadas se actualiza la causal de nulidad en estudio, a continuación se introduce un cuadro con los datos relativos a éstas, el cual se compone de las siguientes columnas:

En la primera, se anotará el número de la casilla impugnada;

En la segunda, se asentarán cargos que integran la mesa directiva de casilla;

En la tercera, los nombres de los funcionarios propietarios autorizados por el consejo correspondiente, ya sea que se encuentren señalados en el encarte o en la tercera publicación de cambios en la ubicación e integración de las mesas directivas de casilla;

En la cuarta, los nombres de los funcionarios suplentes generales, ya sea que se encuentren señalados en el encarte o en el Aviso de cambios en la Ubicación e Integración de las Mesas Directivas de Casilla;

En la quinta, se consignarán los nombres de los funcionarios de casilla que actuaron el día cinco de julio conforme con las actas de la casilla; y

En la sexta, se expresará si coinciden las personas señaladas en las Actas de casilla con las personas autorizadas para realizar la recepción y el escrutinio y cómputo de la votación.

Cabe mencionar, que los datos que a continuación se señalan en el cuadro, fueron extraídos de las documentales de Actas de Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo y Hojas de incidentes, ya que de las primeras de ellas no todas eran visibles, por lo que fueron analizadas posteriormente las dos últimas referidas.

Cabe señalar, que los nombres de los ciudadanos que aparecen con cursivas y en negrillas, son las que el actor arguye integraron las casillas de manera indebida.

Se hace notar, que los nombres que aparecen en el cuadro de análisis en letra cursiva y en negrillas, corresponde al de los funcionarios que el actor impugna como sustituidos ilegalmente en las casillas motivo del agravio.

Nota: 1. Cabe señalar que las casillas con asterisco *, su integración es conforme a la tercera publicación de la ubicación e integración de mesas directivas de casilla.

2. La información que se encuentran entre (   ), se refiere a que el ciudadano cuestionado aparece en la sección de la casilla.

Del análisis de los datos consignados en el cuadro que antecede se desprende lo siguiente:

1. Con relación a las casillas 2488C2 y 2528C1, contrario a las argumentaciones del inconforme, como se observa de los datos asentados en el cuadro que antecede, los ciudadanos que fungieron como Presidente, Secretario y Escrutadores coinciden plenamente con los señalados en el Aviso de Ubicación e Integración de las Mesas Directivas de Casilla (encarte), hayan sido designados con el carácter de propietarios o de suplentes, por lo cual es de concluirse que en dichas casillas la recepción y el cómputo de la votación fueron realizados por las personas legalmente facultadas para ello.

2. En cuanto a las 33 casillas siguientes: 2464C1, 2465B, 2466C2, 2473C2, 2277C2; 2481C2, 2482B, 2482C1, 2483B, 2484C1, 2484C2, 2486C1, 2489C1, 2489C2; 2491B, 2491C1, 2491C2, 2492C1, 2493C1, 2495C1, 2498C3, 2500B, 2501C1, 2502B, 2506C2, 2507C1, 2512C2, 2513C1, 2520C1, 2521C1, 2529C2, 2544B y 2546B, del cuadro de referencia así como de las diversas constancias que obran en autos se desprende que no todos los funcionarios que actuaron en ellas, efectivamente son las personas previamente insaculadas, capacitadas y designadas para ocupar tales cargos. Sin embargo, de la cuidadosa revisión del expediente se desprende que dichos ciudadanos se encuentran incluidos en el listado nominal de la sección en que fungieron.

En efecto, el legislador previno un mecanismo en el Código Electoral para que, ante la ausencia de los funcionarios autorizados por el Consejo Electoral correspondiente, la designación recayera en ciudadanos que se encuentren en la casilla para emitir su voto, es decir de aquéllos que estando inscritos en los listados nominales de la sección correspondiente, se encuentren formados para sufragar.

En ese orden de ideas, de la exhaustiva revisión de los listados nominales que remitió la autoridad responsable y otros obtenidos por este Tribunal vía diligencia para mejor proveer se obtuvo el análisis siguiente:

Casilla 2464C1, se obtuvo que la ciudadana Almazán Plata Paula, se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla básica de la sección en comento, en el folio 56 del propio listado, a foja 1062 del expediente. Además del encarte respectivo se observa que aparece designada como suplente general en la casilla básica de la misma sección.

Casilla 2465B, se obtuvo que la ciudadana Tellez Arriaga Graciela, se encuentra inscrita en la lista nominal de la misma casilla en comento, en el folio 610 del propio listado, a foja 1157 del expediente. Además del encarte respectivo se observa que aparece designada como suplente general en la casilla contigua uno de la misma sección.

Casilla 2466C2, el ciudadano Almazán Martínez Nestor, se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla básica de la sección en comento, en el folio 43 del propio listado, a foja 3742 del expediente. Además del encarte respectivo se observa que aparece designado como suplente general en la casilla básica de la misma sección.

Casilla 2473C2, se obtuvo que el ciudadano Aldama Contreras Israel, se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla básica de la sección en comento, en el folio 64 del propio listado, a foja 3008 del expediente. Además del encarte respectivo se observa que aparece designado como suplente general en la casilla básica de la misma sección.

Casilla 2477C2, la ciudadana Blancas Mora Rosa, se encuentra inscrita en la lista nominal en el folio 181 del propio listado, a foja 1296 del expediente.

Casilla 2481C2, se obtuvo que los ciudadanos Rodríguez Calderón Clara y Nava Lezama Saúl Carlos, el primero de ellos se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla, en el folio 229 del propio listado, a foja 1373 del expediente; y el segundo se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla contigua uno de la sección en comento, en el folio 559 del propio listado, a foja 3165 del expediente.

Casilla 2482B, la ciudadana Valdez Álvarez Adarelia Salustia, se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla contigua uno de esta sección, en el folio 509 del propio listado, a foja 1416 del expediente.

Casilla 2482C1, la ciudadana Uribe Martínez Ma. Guadalupe, se encuentra inscrita en la lista nominal de la propia casilla, en el folio 449 del listado nominal, a foja 1416 del expediente.

Casilla 2483B, se obtuvo que la ciudadana Popoca Bolaños Isis Viviani, se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla contigua uno de la sección en comento, en el folio 203 del listado, a foja 3176 del expediente.

Casilla 2484C1, la ciudadana Iturbide Godinez María Gudadalupe Itzel, se encuentra inscrita en la lista nominal de la misma casilla en estudio, en el folio 166 del propio listado, a foja 1441 del expediente.

Casilla 2484C2, el ciudadano Guadarrama Mendoza Rodolfo, se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla contigua uno de la sección en comento, en el folio 76 del propio listado, a foja 1439 del expediente.

Casilla 2486C1, se obtuvo que los ciudadanos Camacho Camacho Sebastián y “Carbajal” Escoto Omar Alexander, se encuentran inscritos en la lista nominal de la casilla básica de esta sección electoral, el primero, en el folio 128 del listado, a foja 1472 del sumario; el segundo a folio 346 del propio listado nominal, a foja 1477 del expediente. Este Tribunal advierte que el funcionario en comento omite señalar su segundo apellido, lo cual no conlleva necesariamente a concluir que no se trata del mismo funcionario ya que de acuerdo a la experiencia existe un sin número de causas que puede llegar a provocar la falta del mismo, las cuales van desde el simple olvido, hasta la falsa creencia de que ya se asentó, ante la multitud de documentos que deben ser firmados, o bien porque así sea su firma; razón suficiente para considerar que la sola carencia del segundo apellido del funcionario no actualiza el supuesto de anulación.

Casilla 2489C1, el ciudadano Álvarez Trejo Benito, se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla básica de la sección, en el folio 54 del propio listado, a foja 3263 del expediente. Además del encarte respectivo se observa que aparece designado como suplente general en la casilla básica de la misma sección.

Casilla 2489C2, los ciudadanos Díaz Ramírez Erika Geiorgione, Castro Ortega Olga Lidia y Ramírez López Blanca; contrario a lo aducido por el enjuiciante, las dos primeras ciudadanas sí se encuentran en la tercera publicación de ubicación e integración de casillas por causas supervenientes, pues este Tribunal la tiene a la vista por haberla remitido la autoridad responsable; y la tercera, se encuentra inscrita en la lista nominal de la propia casilla, como se observa en el folio 150 del propio listado nominal, a foja 1572 del expediente.

Casilla 2491B, se obtuvo que la ciudadana García Vázquez Jaqueline Guadalupe, se encuentra inscrita en la lista nominal de la propia casilla, en el folio 569 del listado nominal, a foja 1619 del expediente.

Casilla 2491C1, la ciudadana Vences Hernández Jair de Jesús, se encuentra en el encarte respectivo como suplente general en la casilla básica de la misma sección y Feregrino Ortiz Alicia, se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla básica, en el folio 450 del listado nominal, a foja 1815 del expediente. De igual manera, aparece en el encarte referido designada como suplente general de la casilla contigua dos de la propia sección.

Casilla 2491C2, en esta mesa receptora del voto, la ciudadana Vera Torres María de Lourdes, se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla básica de la sección en comento, en el folio 523 del propio listado, a foja 1653 del expediente.

Casilla 2492C1, se obtuvo que los ciudadanos Díaz Gómez Beatriz Eugenia, Carrillo Lechuga Luis Fermín y De la Colina Martínez Hilda Margarita, se encuentran inscritos en la lista nominal; el primero de ellos en la casilla básica, folio 626, foja 3414 del sumario; el segundo, en la casilla contigua dos, folio 99 del listado nominal, foja 3421 del expediente, y el último, en la casilla básica, en el folio 593, a foja 3413 de autos. Además del encarte respectivo se observa que aparece designada como suplente general en la casilla contigua dos la misma sección.

Casilla 2493C1, el ciudadano Valencia Arriaga Celestino, se encuentra inscrito en la lista nominal de la misma casilla, en el folio 453 del propio listado, a foja 1693 del expediente.

Casilla 2495C1, en esta mesa receptora del voto, el ciudadano Corona Martínez Fernando, se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla básica de la sección en comento, en el folio 224 del listado nominal, a foja 3281 del expediente. Además del encarte respectivo se observa que aparece designado como suplente general en la casilla contigua tres de la misma sección.

Casilla 2498C3, el ciudadano Esqueda Castillan Pedro, se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla contigua uno, de la sección en comento, en el folio 28 del propio listado, a foja 3511 del sumario.

Casilla 2500B, se obtuvo que la ciudadana González Sandoval Jarintzi, se encuentra inscrita en la lista nominal de la misma casilla, en el folio 301 del listado nominal, a foja 1738 de autos.

Casilla 2501C1, los ciudadanos Albis García Sinthia Isabel y Ciper Quintero Ma. Elisa, se encuentran inscritas en la lista nominal de la casilla básica de la sección de referencia; la primeras de ellas en el folio 28 del listado nominal, a foja 4040; y la segunda en el folio 286, foja 4047, ambos del mismo expediente.

Casilla 2502B, se obtuvo que la ciudadana Martínez Cruz Elisa, se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla contigua uno de la sección de referencia, en el folio 408 del listado nominal, a foja 3559 del sumario.

Casilla 2506C2, las ciudadanas Ojeda García Alicia y Cruz Flores Noemi, se encuentran inscritas; la primera de ellas, en la lista nominal de la casilla contigua uno, en el folio 643 del listado nominal, a foja 3624; la segunda, aparece inscrita en la lista nominal de la casilla básica, en el folio 354 del propio listado, a foja 3597 del mismo expediente.

Casilla 2507C1, los ciudadanos Arriaga Carmona Mariana y Trejo Fuentes Erick Daniel, se encuentran inscritos; el primero de ellos, en la lista nominal de la casilla básica, en el folio 116 del listado, a foja 3632 de autos; el segundo, en la casilla contigua dos de esta sección, en el folio 508 del propio listado nominal, a foja 3661 del mismo expediente.

Casilla 2512C2, se obtuvo que el ciudadano Zepeda Pliego Salvador, se encuentra inscrito en la lista nominal de la misma casilla en comento, en el folio 593 del listado nominal, a foja 1824 del expediente.

Casilla 2513C1, la ciudadana Soriano Abelar Alicia, se encuentra inscrita en la lista nominal de la misma casilla, en el folio 504 del listado nominal, a foja 1860 de autos.

Casilla 2520C1, se obtuvo que el ciudadano Díaz Esquivel Juliana Camelia Manuel, se encuentra inscrito en la lista nominal de la casilla básica de esta sección, en el folio 427 del listado nominal, a foja 3800 del expediente. Además del encarte respectivo se observa que aparece designada como suplente general en la casilla básica de la misma sección.

Casilla 2521C1, la ciudadana Ciriaco Hernández Narcisa, se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla básica de esta sección, en el folio 310 del propio listado, a foja 3853 del sumario.

Casilla 2529C2, se obtuvo que la ciudadana Jiménez Tapia Elizabeth, se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla contigua uno de esta sección, folio 218 del listado nominal, a foja 3955 del expediente. Además del encarte respectivo se observa que aparece designada como suplente general en la casilla contigua uno de la misma sección.

Casilla 2544B, en esta mesa receptora del voto, contrario a lo aducido por el actor, la ciudadana Ramírez Juárez Leticia, se encuentra inscrita en la lista nominal de la casilla contigua tres de esta sección, en el folio 144 del listado nominal, a foja 4097 del sumario. Además del encarte respectivo se observa que aparece designada como suplente general en la casilla contigua dos de la misma sección.

Casilla 2546B, se obtuvo que la ciudadana Nava Mejía Estivaliz, se encuentra inscrita en la lista nominal de la misma casilla, en el folio 343 del listado nominal, a foja 2283 del expediente. Además del encarte respectivo se observa que aparece designada como suplente general en la casilla contigua uno de la misma sección.

Realizado el estudio anterior, este Tribunal establece que en todos los casos, la sustitución de los funcionarios ausentes por un elector que se encontraba formado para emitir su voto, constituye un mecanismo apegado a derecho que no supone la nulidad de la votación recibida en dichas casillas, pues es claro que los ciudadanos hicieron importante esfuerzo al cuidar que las mismas se integraran para recibir la votación, sin que deba soslayarse la buena fe con que la ciudadanía participa en los procesos electorales, dedicando su tiempo a desempeñar la función electoral en cumplimiento de un deber cívico.

Así, el procedimiento de sustitución con funcionarios tomados de la fila no afecta la certeza de la votación, pues además, en ningún caso se registró incidente alguno con tal circunstancia, ni los representantes de los partidos políticos se inconformaron respecto de las sustituciones hechas en los términos expuestos.

Respecto a lo anterior, resulta orientadora la tesis de jurisprudencia considerada como histórica, de la primera época del Tribunal Electoral del Estado de México, publicada en la revista 16 de éste órgano jurisdiccional electoral, correspondiente al trimestre abril – junio de 2005, visible a fojas 59, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

PRIORIDAD EN LA INSTALACIÓN DE CASILLAS. PRINCIPIO RECTOR DEL DERECHO ELECTORAL. En términos de los artículos 202 y 204 del Código Electoral del Estado de México, se considera que se debe dar prioridad a la instalación de las casillas, para recibir la votación, como principio rector del derecho electoral, aún cuando para ello se designe ciudadanos que no hayan sido sujetos al procedimiento ordinario de insaculación y se omita la formalidad de asentar la constancia respectiva en la hoja de incidentes, pues por un lado, el propio Código Electoral, autoriza que el nombramiento de los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes, recaiga en personas que no hayan sido insaculados, de darse posibles irregularidades relativas a que no se puntualicen los incidentes, que se den al respecto, se deben entender como menores y comprensibles, toda vez que la función efectuada por los integrantes de las mesas directivas de casilla es desarrollada por un órgano no profesional, lo que de ningún modo puede traducirse en la nulidad de la votación.

Recurso de Inconformidad RI/17/99 resuelto en sesión de 17 de julio de 1999 por unanimidad de votos

Recurso de Inconformidad RI/27/99 resuelto en sesión de 17 de julio de 1999 por unanimidad de votos

Recurso de Inconformidad RI/32/99 resuelto en sesión de 21 de julio de 1999  por unanimidad de votos.

Tampoco debe perderse de vista que las mesas directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni profesional, integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el cargo, lo que explica que no siempre realicen con expeditez, diligencia y profesionalismo las actividades encomendadas por la ley el día de la jornada electoral, lo que se refleja en las sustituciones llevadas a cabo, toda vez que si bien no en todos los casos se realizó el corrimiento indicado en el artículo 202 del Código Electoral para sustituir a los funcionarios ausentes, ello de modo alguno puede originar la nulidad de la votación recibida en las casillas, pues lo importante es que los funcionarios designados originalmente por la autoridad administrativa electoral que estaban presentes, en aras de privilegiar la integración de las mesas receptoras del voto, optaron por el mecanismo al que ya se ha hecho alusión, es decir tomar a los ciudadanos de la fila para integrar las casillas.

3. Por otro lado, tocante a las 7 casillas siguientes: 2478C1, 2510B, 2510C1, 2511C2, 2512C1, 2513C2 y 2543B, donde también el actor en sus agravios alega que no se integraron con ciudadanos previamente designados por el Consejo Municipal Electoral de Metepec, México, y que en el procedimiento de sustitución de funcionarios se designó a ciudadanos que no residen en la mencionada sección electoral.

Debe decirse que de las constancias que obran en autos no se desprende elemento de convicción alguno que acredite que los ciudadanos designados como presidente, secretario, primer y segundo escrutadores de las casillas en estudio, hayan sido sustituidos por personas que incumplieron con el requisito de estar inscritos en el listado nominal de la sección correspondiente.

En efecto, de las casillas analizadas en este numeral, no consta el listado nominal correspondiente, no obstante los requerimientos que este Tribunal realizó a los Consejos General, Distrital y Municipal del Instituto Electoral del Estado de México. Sin embargo, para llegar a la convicción de que tales ciudadanos fueron designados ilegalmente, tendría que acreditarse que los mismos no se encuentran incluidos en los listados nominales de las secciones electorales respectivas, es decir en ninguna de las casillas que forman parte de ellas.

En tales condiciones, es de concluirse que el inconforme incumplió con la carga que le impone el artículo 332 párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México, relativo a la carga de la prueba, pues quien afirma debe allegar a la controversia los elementos de convicción necesarios para acreditar la veracidad de sus asertos; pues no debe perderse de vista, que a los partidos políticos les son entregados los listados nominales correspondientes a las casillas del Municipio de que se trate, por lo que el actor tenía a su alcance medios de prueba para acreditar su afirmación, en el sentido de probar, si los ciudadanos que objeta se encontraban o no inscritos en las referidas listas nominales; así, al no ser demostradas las irregularidades aducidas, este órgano jurisdiccional no puede arribar a la conclusión de que la recepción y el cómputo de la votación en las casillas analizadas fue realizada por personas distintas de las facultadas por la normatividad electoral vigente en el Estado de México.

4. En cuanto a las 4 casillas siguientes: 2477C1, 2481B, 2487C1 y 2490C5, efectivamente, tal y como lo hace valer el partido actor, este Tribunal Electoral considera que en tales casos sí se actualizan los extremos de nulidad de votación, como se explica en seguida:

Del cuadro de referencia, se desprende que las mesas receptoras del voto se integraron contraviniendo lo preceptuado por el Código de la materia, toda vez que los funcionarios que no coinciden con los previamente designados por la autoridad electoral, tampoco aparecen en los listados nominales de las respectivas secciones.

Se ha expuesto con antelación que ello es una irregularidad que no se puede pasar por alto, ya que la normatividad electoral es clara cuando establece que en el caso de que los funcionarios faltantes sean sustituidos por ciudadanos, se deberá atender a que se trate de electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto, lo que necesariamente implica que deberán pertenecer a la sección electoral y estar inscritos en los correspondientes listados nominales.

De la revisión que este Tribunal hace de los cuadernillos de listas nominales correspondientes a la sección de las casillas en estudio, se confirma que los ciudadanos designados supuestamente de entre la fila, contrario a lo manifestado por la responsable, no están incluidos en los mismos, por lo que, en consecuencia, procede declarar la nulidad de la votación en tales casillas.

Cargos que fueron ocupados por funcionarios que no coinciden con los previamente designados por la autoridad electoral y que además no se encuentran inscritos en la lista nominal de la sección a que corresponden las casillas son en todos los casos el segundo escrutador.

Este Tribunal no soslaya, que si bien, en la casilla 2481B, actuaron el presidente, secretario y primer escrutador que originalmente fueron designados por la autoridad administrativa electoral; y que en las casillas 2477C1, 2487C1 y 2490C5, hubo dos sustituciones, en las cuales en cada caso sólo uno de los ciudadanos que sustituyeron a los ausentes sí se encontró inscrito en la sección electoral de cada una de las mesas receptoras del voto, también lo es, que al haber actuado en esas casillas personas que no pertenecen a cada una de las secciones electorales, ni están inscritos en los correspondientes listados nominales, hace ilegal la sustitución realizada por la autoridad electoral. Por tanto lo procedente es declarar FUNDADO este agravio y en consecuencia, decretar la nulidad

de la votación recibida en las cuatro casillas bajo análisis.

SEXTO. El Partido Acción Nacional, actor en el juicio de inconformidad JI/078/2009, respecto de las casillas 2475C1 y 2549C2 refiere hechos que involucran a dos o más rubros fundamentales relativos a votos, por lo que encuadran en la causal de nulidad prevista en el artículo 298 fracción IX del Código Electoral del Estado de México, relativa a la existencia de error o dolo en el cómputo de los votos que resulte determinante para el resultado de la votación, toda vez que en el capítulo relativo refiere en lo que interesa lo siguiente:

(SE OMITE SU TRANSCRIPCIÓN TODA VEZ QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LOS JUICIOS QUE SE RESUELVEN).

SÉPTIMO. De los hechos narrados por el Partido Acción Nacional, actor en el juicio de inconformidad JI/078/2009, se advierte que respecto de las siguientes 35 casillas: 2464B, 2464C2, 2465C1, 2471C1, 2472C1, 2475C1, 2478B, 2479C2, 2482C1, 2486B, 2486C1, 2491B, 2508C2, 2510C1, 2514B, 2515B, 2515C2, 2516C1, 2517B, 2518C1, 2524C1, 2531B, 2532C2, 2533B, 2533C2, 2538B, 2538C1, 2539C3, 2541C3, 2542C2, 2544B, 2545C2, 2547C1, 2547C2 y 2549C2; el actor aduce supuestas irregularidades que en su concepto actualizan los extremos de la fracción XII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, consistente en: “existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.”

Para que se acredite esta causal de nulidad es necesario que se colmen los siguientes extremos:

Que existan irregularidades;

Que dichas irregularidades sean graves;

Que estén plenamente acreditadas;

Que no sean reparables durante la jornada electoral;

Que pongan en duda la certeza de la votación;

Que dicha duda sea evidente; y

Que sean determinantes para el resultado de la votación;

Tales extremos se explican de la siguiente forma:

Por irregularidades podemos entender de manera general todo acto contrario a la ley, y de manera específica dentro del contexto de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, toda conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la función electoral, las características del sufragio o las disposiciones que rigen aspectos esenciales del desarrollo de la jornada electoral.

La definición gramatical de la palabra “grave”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española es, “aquello grande, de mucha entidad o importancia”. En la materia cuyo estudio nos ocupa, se debe considerar que una irregularidad tiene tal carácter, estimando preponderantemente sus consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación, de tal suerte que, si la irregularidad aducida no guarda ninguna relación con dicho resultado, como por ejemplo que no se hubiese entregado copia legible de las actas de casilla al respectivo representante del partido político impugnante, evidentemente se estará en presencia de una violación a la ley, pero que no reviste la característica de gravedad, ya que ello no puede afectar en forma alguna la validez de los sufragios emitidos, sino que, en todo caso se trata de una irregularidad intrascendente; por el contrario, se estará en presencia de una irregularidad grave que afecta el resultado de la votación, cuando por ejemplo, a simple vista las firmas de los funcionarios de casilla en el acta de escrutinio y cómputo sean notoriamente diferentes a las que consten en el acta de la jornada electoral.

Por lo que se refiere a que tales irregularidades o violaciones se encuentren plenamente acreditadas, cabe formular los siguientes comentarios:

Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, establecen, entre otros, el siguiente concepto: “ACREDITAR... Dar seguridad de que alguna persona o cosa es lo que representa o parece...”

Para tener plenamente acreditada una irregularidad grave, deben constar en autos los elementos probatorios que de manera fehaciente demuestren la existencia de dicha irregularidad.

En cuanto a que la irregularidad sea no reparable, puede decirse al efecto, que reparar gramaticalmente significa enmendar, corregir o remediar; por tanto, una irregularidad es irreparable cuando no sea posible su enmienda, corrección o remedio durante la jornada electoral.

Una irregularidad no reparable, será aquella que fue imposible subsanarla durante la jornada electoral; sería dable afirmar que dicha irregularidad deberá tener el carácter, por así decirlo, de un acto positivo o negativo consumado de manera irreparable, cuya enmienda, corrección o remedio no esté al alcance de los integrantes de las mesas directivas de casilla.

Así, con el propósito de salvaguardar los principios de certeza y legalidad que rigen la función electoral, se estima que por irregularidades “no reparables durante el desarrollo de la jornada electoral”, se debe entender a aquellas irregularidades que no fueron subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la votación, independientemente de que tengan o no el carácter de irreparables.

En relación con el extremo relativo a que pongan en duda la certeza de la votación, debe advertirse que el mismo se refiere a que la votación no se recibió atendiendo al principio de certeza que rige a la función electoral.

El vocablo certeza según el diccionario LAROUSSE, es: “conocimiento cierto, evidencia y seguridad, obrar con certidumbre”; entonces, poner en duda la certeza de la votación, se debe interpretar como la existencia de incertidumbre o falta de confiabilidad en los resultados que se consignan en el acta de escrutinio y cómputo.

En cuanto a que la duda respecto de la certeza de la votación sea evidente, la misma se actualiza cuando del conocimiento simple de la forma en que se desarrolló la jornada electoral en determinada casilla, se adviertan irregularidades que generen incertidumbre sobre la transparencia del desarrollo de la votación recibida en casilla y, por consiguiente desconfianza respecto al resultado de la votación, teniendo en cuenta que el diccionario de la lengua de la Real Academia Española define lo evidente como lo que es cierto, claro, patente y sin la menor duda.

g) Por último, respecto del extremo consistente en que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, conviene precisar que se ha empleado, en la mayoría de los casos de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, un criterio cuantitativo o aritmético, pero también en algunos casos se ha empleado un criterio cualitativo.

El criterio cuantitativo o aritmético, se basa en la cantidad de sufragios emitidos en forma irregular de acuerdo a las particularidades de la correspondiente causal de nulidad de votación recibida en casilla, así como en el número de votos obtenidos por los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugares de la votación conforme a los resultados consignados en la respectiva acta de escrutinio y cómputo y, se considera determinante para el resultado de la votación, la cantidad de sufragios emitidos en forma irregular, siempre y cuando tal cantidad sea igual o superior a la diferencia numérica de la votación obtenida por los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación en la casilla correspondiente.

El criterio cualitativo se ha aplicado, cuando las irregularidades existentes pongan en duda el cumplimiento del principio de certeza que rige la función electoral y que, como consecuencia de ello, exista incertidumbre en el resultado de la votación.

Expuesto lo anterior, este Tribunal se avocará al estudio de las casillas impugnadas por el actor; dividiendo el estudio en dos apartados identificados con incisos, en él A) se analizará un grupo de 13 casillas, en las que se aduce irroga perjuicio los rubros en blanco encontrados en las actas de escrutinio y cómputo; y en el inciso B), se estudiará un grupo de 22 mesas receptoras del voto, en las que se alega, sustancialmente, que la sumatoria de las boletas sobrantes de ese grupo de casillas arroja una cantidad mayor a las boletas recibidas, lo que significa que en las urnas aparecieron más boletas de las que se recibieron.

INCISO A. Respecto de estas 13 casillas: 2464C2, 2475C1, 2478B, 2479C2, 2514B, 2516C1, 2533B, 2533C2, 2538C1, 2539C3, 2541C3, 2547C1 y 2549C2, el actor aduce lo siguiente:

[…]

En las casillas 2464 c2, 2475 c1, 2478 B, 2479 c2, 2514 B, 2516 c1, 2533 B, 2533 c2, 2538 c1, 2539 c3, 2540 c (sic), 2541 c3, 2542 c3, 2547 c1, 2549 c2, los datos asentados en las hojas de escrutinio y cómputo son errores graves que trascienden el resultado electoral.

Así, en la casilla 2464 c2, se omiten los datos relativos a los ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron, tampoco se establecen los totales de las boletas extraídas de la urna y el total de boletas sobrantes, y sólo se tiene la referencia del total de votos emitidos y del total de boletas sobrantes, y sólo se tiene la referencia del total de votos emitidos y del total de boletas recibidas, lo que constituye una irregularidad grave que trasciende el resultado electoral su certeza y su legalidad, debiéndose anular en consecuencia las mismas. Causal que se acredita, artículo 298 fracción XII del Código Electoral.

En la casilla 2475 c1, sólo se registraron el total de votos emitidos y el total de boletas recibidas, siendo omisos en los demás apartados del acta de escrutinio y cómputo. Causal que se acredita, artículo 298 fracción XII del Código Electoral.

En la casilla 2478 B y 2479 c2, sucede lo mismo que en la anterior casilla. Causal que se acredita, artículo 298 fracción XII del Código Electoral.

En la casilla 2514 B sólo se establecen los votos totales emitidos y con imperfecciones, y no se cuenta con demás datos en el resto de los rubros del acta de escrutinio y cómputo. Causal que se acredita, artículo 298 fracción XII del Código Electoral.

En la casilla 2516 c1, sólo tiene el dato de votación total emitida y total de boletas recibidas, sin que se identifiquen otros datos en el acta de escrutinio y cómputo. Causal que se acredita, artículo 298 fracción XII del Código Electoral.

En la casilla 2533 B, tiene el dato de votación total emitida, total de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna; sin contener el número total de boletas recibidas. En la casilla 2533 c2, no contiene los datos de total de boletas recibidas, total de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna, ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron, solo contiene los resultados y la votación total emitida. En la casilla 2538 c1, no contiene los datos de total de boletas recibidas, total de boletas sobrantes, total de  boletas extraídas de la urna, ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron, solo contiene los resultados y la votación total emitida. En la casilla 2539 c3, solo contiene el total de boletas recibidas, sin contener los datos de total de boletas sobrantes, total de  boletas extraídas de la urna y de  ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron. En la casilla 2540 c, no contiene los datos de total de boletas recibidas, total de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna, ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron, solo contiene los resultados y la votación total emitida. En la casilla 2541 c3, no contiene los datos de total de boletas recibidas, total de boletas sobrantes, total de  boletas extraídas de la urna, ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron, sólo contiene los resultados con numero y sin letra, y la votación total emitida. En la casilla 2542 c3, no contiene los datos de total de boletas recibidas, total de boletas sobrantes, total de boletas extraídas de la urna, ciudadanos registrados en la lista nominal que votaron, solo contiene los resultados y la votación total emitida. En la casilla 2547 c1, no contiene el total de boletas sobrantes, los demás datos si los contiene. En la casilla 2549 c2, no contiene el total de boletas sobrantes, los demás datos si los contiene. En todas las anteriores, la causal que se acredita, es la relativa al artículo 298 fracción XII del Código Electoral en vigor.

Circunstancias que impiden tener la certeza en el resultado electoral, por lo que deben de ser anuladas.

Al respecto resulta aplicable la siguiente interpretación jurisdiccional:

“ERROR O DOLO EN LA COMPUTACION DE LOS VOTOS. SI SE OMITE CONSIGNAR EN EL ACTA EL TOTAL DE VOTOS EXTRAIDOS DE LA URNA, VOTACIÓN TOTAL O EL NUMERO DE ELECTORES, SE CONFIGURA LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe)”.

La autoridad responsable en defensa de la legalidad de su actuación, respecto al hecho alegado adujo lo siguiente:

[…]

En este orden de ideas y a fin de demostrar la procedencia de las afirmaciones de esta Autoridad, se puntualiza a su Señoría que las actas de escrutinio y computo ofrecidas como prueba, aunado a las listas nominales, certificación del estadístico de folios de boletas electorales por casilla, así como las demás probanzas que se enlistan en el apartado de ofrecimiento, demuestran fehacientemente que las inconsistencias y errores cometidos por los funcionarios de las mesas directivas de casilla, solo fueron por factor de falta de una eficiente capacitación y reiterando que en ningún momento se actuó con dolo o mal fe, toda vez que todos y cada uno de los paquetes que se realizaron y se realizó de nueva cuenta el escrutinio y cómputo, coincidiendo la nueva sumatoria con las anotaciones que en los diferentes espacios y rubros fueron establecidas por los funcionarios aludidos.

[…]

Los terceros interesados en sus escritos de comparecientes se pronunciaron al respecto de la siguiente manera:

Partido de la Revolución Democrática

[…]

a). En relación a lo vertido por la Representación del Partido Acción Nacional, en su Primer Agravio, de su escrito de demanda, me permito manifestar que dichas argumentaciones carecen de veracidad y en consecuencia de procedencia legal, toda vez que como podrá observar su Señoría, al momento de hacer el análisis lógico jurídico de las actas de escrutinio y cómputo, que fueron aportadas como pruebas por el recurrente, las inconsistencias de que aducen, son meramente errores involuntarios en que ocurrieron los funcionarios de las mesas directivas de casilla, es decir, que el hecho de que en los diferentes espacios y rubros de las actas en comentos existan inconsistencias, las mismas que en ningún momento actualizan los elementos de la determinancia en el resultado de la votación en cada una de las casillas, ya que al analizar en forma individual dichas actas, podrá apreciarse que en varias de estas, en el rubro correspondiente a el número de ciudadanos de la lista nominal “QUE VOTARON”, los funcionarios de casilla erróneamente anotaron el total de los ciudadanos que aparecen en la lista nominal con fotografía de esas casillas, así mismo en el rubro correspondiente a la votación total emitida, erróneamente algunos funcionarios no anotaron el resultado de la sumatoria, sin embargo si se hace la sumatoria entre los rubros de la votación total emitida y las boletas sobrantes, dan como resultado la cantidad que aparece en el espacio en donde esta anotada la cantidad correspondiente a las boletas recibidas en esa mesa directiva de casilla, lo que trae como consecuencia que los funcionarios de mesa directiva de casilla la falta de capacitación que desgraciadamente tenemos que reconocer fue muy mala, opinión que se dio al seno del consejo en las sesiones correspondientes; cometieron sendos errores en la elaboración del acta correspondiente, pero esto lo fue como se reitera por su falta de preparación y conocimiento, y no como lo pretende hacer valer la representación de acción nacional , que fue con dolo y mala fe, lo que en conclusión podemos decir que las argumentaciones vertidas por el recurrente son notoriamente improcedentes, y la causal que pretende hacer valer en su impugnación no es aplicable al caso concreto, independientemente que dichas inconsistencias en ningún momento fueron determinantes como ya se anotó en el resultado de la votación…

[…]

Partido Revolucionario Institucional

[…]

Sentadas las anteriores premisas, para una mejor ilustración, a fin de acreditar que respecto de las casillas señaladas por el inconforme no opera la causal de nulidad propuesta, a continuación presentamos una tabla en la que se especifican los datos extraídos de las correspondientes actas de la jornada electoral, específicamente de su apartado de escrutinio y cómputo…

Cuadro (Se transcribe)

1.- Como se puede apreciar, en el caso de las casillas 2533 básica, no se registran errores en el cómputo de los votos, pues no reporta ninguna inconsistencia numérica al comparar los datos consignados en los rubros fundamentales del procedimiento de escrutinio y cómputo, en su caso, la omisión en el asentamiento de algunos de los datos que corresponden a los rubros de “ciudadanos que votaron” o de “boletas extraídas de la urna”, carece de relevancia en la medida en que “votación total” coincide plenamente con la cifra que sí fue asentada en el acta de escrutinio y cómputo correspondiente, según el caso, al rubro de “ciudadanos que votaron” o, con el de “boletas sacadas de la urna”; en su caso, frente a la omisión en el asentamiento de los datos correspondientes a los rubros fundamentales de referencia, la suma de los resultados de la  votación, coincide plenamente con el producto de restar a las “boletas recibidas” las “boletas sobrantes”. Razón por la cual, las omisiones en el asentamiento de datos, se encuentra subsanada, para los efectos del estudio de la presente causal, con los datos que reportan los rubros auxiliares de “boletas recibidas” y de “boletas sobrantes”, tal y como se expuso en las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, por lo que resulta evidente lo infundado de la pretensión de nulidad propuesta por la accionante en lo que ve a estas casillas.

2.- En torno a las casillas 2538 contigua 1, debe señalarse que si bien es cierto que los datos que registran las actas de escrutinio y cómputo de las casillas enumeradas ponen en evidencia diferencias menores en los rubros fundamentales que integran las mencionadas actas o que, en ciertos casos, se emitió llenar el espacio de alguno de los rubros de las actas de escrutinio y cómputo destinados para consignar a los “ciudadanos que votaron” o las “boletas extraídas de la urna”, dichas omisiones deben considerarse menores e intrascendentes para afectar la validez de los resultados de la votación pues, en su caso, al comparar el rubro de “votación total” con los datos asentados en los rubros de “boletas extraídas de la urna” y/o el de “electores que votaron” y/o con el producto de restar a las “boletas recibidas”, las “boletas sobrantes” (valor que corresponde al rubro de boletas utilizadas) se aprecian tan solo inconsistencias de menor entidad numérica a la diferencia de votos que existe entre el primero y segundo lugares de los contendientes, de lo que se sigue, que tales inconsistencias numéricas no resultan determinantes para el resultado de la votación, conforme al criterio obligatorio consignado en la tesis de jurisprudencia clave S3ELJ 10/2001, antes invocada.

3.- Por lo que ve a las casillas 2471 contigua 1, 2547 contigua 1 y 2549 contigua 2, si bien tienen inscritos, en algunos de sus rubros, cantidades que resultan dispares al ser comparadas con aquellas con las que ordinariamente deben guardar una relación de identidad o congruencia, también es cierto que en aplicación a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, se puede afirmar que dichas inconsistencias obedecen indudablemente a errores de apreciación de los funcionarios de casilla, quienes seguramente anotaron esas cantidades bajo un estado de confusión respecto de los datos específicos que en cada caso debía asentarse en el acta respectiva, pues no se debe pasar por alto, que los ciudadanos que el día de la jornada electoral participan como funcionarios de casilla, no constituyen un órgano  profesional que en forma permanente realice esas actividades, sino ciudadanos comunes que de buena fe acceden a participar de la importante función de recibir la votación durante las jornadas electorales. Circunstancias las anteriores que provocan que en algunos casos se registren este tipo de inconsistencias en el llenado de las actas electorales, pero que no representan elementos suficientes para que se ponga en duda la autenticidad de los resultados de la votación, máxime que, como en el caso de las casillas indicadas sucede, al omitir el examen de dichas actas, soslayando los datos que aparecen como irracionales, se aprecia la inexistencia de errores o los prevalecientes no resultan determinantes para el resultado de la votación, por ende; no actualizan los elementos que integran la causal de nulidad que nos ocupa.

En efecto, ha sido criterio consistente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en el caso de que en uno de los rubros fundamentales del acta de escrutinio y cómputo conste una cantidad de cero o inmersamente inferior o superior a los valores anotados u obtenidos en los otros apartados, sin que exista aplicación racional para ello, debe estimarse que el dato incongruente no deriva de un error en el cómputo de los votos, sino que se trata de una indebida anotación, que no afecta la validez de la votación recibida, ya que la consecuencia es que se rectifique el dato erróneo, máxime si hay identidad entre los demás rubros, o bien, si la diferencia existente no es determinante para actualizar la hipótesis de nulidad de que se trata.

4.- En lo que ve a las casillas 2464 contigua 2, 2475 contigua 1, 2478 básica, 2479 contigua 2, 2514 básica, 2516 contigua 1, 2533 contigua 2, 2539 contigua 3, 2540 contigua 1, 2541 contigua 3, 2542 contigua 3 y 2508 contigua 2, el hecho de que los funcionarios de la mesa directiva hayan sido omisos en registrar los datos correspondientes a los rubros de: “electores que votaron”, “boletas extraídas de la urna”, y de “boletas sobrantes y/o boletas recibidas” ello por sí solo no puede actualizar la causal de nulidad de que se trata, puesto que tal omisión lo único que demuestra es la falta de registro de las cantidades correspondientes, razón por la cual, en la aplicación de la tesis de jurisprudencia obligatoria identificada con clave S3ELJ 08/97 antes invocada, lo procedente es cotejar los resultados de la votación recibida en ellas, con el dato que resulte de contar el número de electores que votaron en las mencionadas casillas, y que habrá de obtenerse de los originales de las listas de electores que fueron empleadas por los funcionarios de esas casillas el día de la jornada electoral, mismas que conforme a lo previsto por el artículo 313 del código de la materia, la autoridad responsable deberá enviar adjuntas al expediente de impugnación a fin de que ese H. Tribunal se encuentre en condiciones de resolver la presente controversia, las cuales desde este momento ofrecemos como prueba documental pública a fin de demostrar que en el caso de las casillas señaladas no existió error en el cómputo de los votos o, en su caso, que las posibles inconsistencias que las mismas pudieran reportar, no resultan determinantes para el resultado de la votación.

[…]

Expuesta la postura de las partes, se colige que el actor se duele de que en 13 actas de escrutinio y cómputo correspondientes a las casillas impugnadas, presentan rubros en blanco, tanto en los apartados correspondientes a boletas como en votos, circunstancia que a su decir, impide tener certeza en el resultado electoral, motivo por el cual solicita sean anuladas.

Antes del análisis del agravio expuesto, es importante mencionar, que las mesas directivas de casilla son un órgano electoral no especializado ni profesional, integrado por ciudadanos que por azar desempeñan el cargo que les es asignado, lo que explica que no siempre realicen con pericia, habilidad, experiencia, soltura o cuidado las actividades que les encomienda la legislación electoral en el ejercicio de las atribuciones que ejercen el día de la jornada electoral.

Virtud por la cual, el sistema de nulidades prevé eliminar las circunstancias que afecten a la certeza en el ejercicio personal, libre y secreto del voto, así como su resultado, pero ponderando las irregularidades que se produzcan en un proceso electoral, de tal manera que no cualquier irregularidad que acontezca el día de la jornada electoral debe provocar la nulidad de los sufragios válidamente emitidos, por tanto, cuando ese valor no es afectado sustancialmente y en consecuencia el vicio o irregularidad, no altera el resultado de la votación, deben preservarse esos votos.

Así, puede suceder que al final de la jornada electoral, las actas de las mesas receptoras del voto contengan datos en blanco, que por descuido, olvido o simplemente por confusión pensando que ya estaban requisitados, resulten con dicha inconsistencia; sin embargo, este Tribunal estima que no basta que existan espacios en blanco en las actas de las casillas para decretar la nulidad de la votación recibida, sino que se requiere además que ello afecte directamente la validez de la votación; y ello acontece cuando los datos que corresponden a los espacios que aparecen en blanco no pueda rectificarse con datos referidos en otros apartados de las mismas actas.

Incluso ya en otra instancia de control y validación de los resultados electorales, como lo sería la autoridad administrativa electoral o la jurisdiccional electoral, pueden ser enmendar la inconsistencia tomando elementos contenidos en las propias actas o datos existentes en el propio expediente, o bien, acudiendo a las fuentes originales de donde derivan los datos omitidos, como son listas nominales o las actas circunstanciadas de la integración de los paquetes que contienen la documentación electoral. 

Este Tribunal ha sostenido que en el caso particular de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas, que presenten apartados en blanco, especialmente en los que corresponden a boletas, se debe entender como una omisión involuntaria e independiente de una irregularidad que pudiera generarse en el cómputo de los votos, por lo que se debe acudir a todos los elementos posibles para subsanar dichas omisiones, en virtud de que la votación recibida en la casilla debe privilegiarse, atendiendo a que constituye la voluntad de los electores al momento de sufragar, y en aplicación al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Finalmente, debe decirse que debido a que el agravio aducido por el actor se endereza exclusivamente a referir que los datos en blanco que aparecen en las actas de escrutinio y cómputo constituyen un error grave porque impiden tener certeza en el resultado de la elección, únicamente se analizará si la ausencia de los datos en blanco que presentan dichas actas afecta o no el principio que indica el enjuiciante; y no a otras circunstancias.

Previo a ello, es menester puntualizar que como ya se dijo, este Tribunal subsanará los datos que sí estén en blanco con los medios que se tienen al alcance, es decir con las actas de jornada electoral, los listados nominales, la relación de entrega de boletas a las mesas directivas de casilla, y cualquiera otro documento que resulte de apoyo para ello.

En tales condiciones, se consideran subsanables los datos en blanco consistentes en: Boletas recibidas; Ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y Votación total emitida.

Para establecer con mayor claridad la existencia de la irregularidad alegada, y determinar si ésta impactó en el resultado de la votación en la casilla, se presenta un cuadro integrado por nueve columnas, en las que se asentarán los siguientes datos:

En el primer apartado, se anota el número de la casilla cuya votación se solicita sea anulada, bajo el rubro CASILLA.

En la columna marcada con el número 1 se asienta el total de boletas recibidas antes de la instalación de la casilla, bajo el rubro BOLETAS RECIBIDAS.

En la columna identificada con el número 2 se consigna el total de las boletas sobrantes e inutilizadas en la casilla, bajo el rubro BOLETAS SOBRANTES.

En la siguiente columna, identificada con el número 4, se consigna el “total de ciudadanos incluidos en la lista nominal que votaron, coaliciones y en su caso, resoluciones del Tribunal”, lo cual se asienta bajo el rubro CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL.

En la columna marcada con el número 5 se consigna el total de boletas extraídas de la urna, según el dato asentado en el acta de escrutinio y cómputo, bajo idéntico rubro, es decir, TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA.

En la siguiente columna, número 6, se expresa el total de la votación emitida para la elección de que se trata, que resulta de sumar los votos emitidos en favor de cada partido político, los correspondientes a candidatos no registrados y los votos nulos, según el acta de escrutinio y cómputo de cada casilla, en su apartado de resultados de la votación, bajo el rubro VOTACIÓN TOTAL EMITIDA.

g) En la siguiente columna, identificada con la letra A, se consigna la diferencia de votos entre los partidos políticos que obtuvieron el primero y segundo lugares en la casilla de que se trate, bajo el rubro DIFERENCIA ENTRE PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR.

h) En la columna B, se asentará el dato que resulte de comparar las cifras mayor y menor de las columnas 4, 5 y 6, es decir, la diferencia numérica mayor que aparezca entre: los ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal (4), las boletas extraídas de la urna (5) y la votación total emitida en la casilla (6). Matemáticamente, la cifra se obtiene de restar el número menor de las consignadas en las columnas 4, 5, y 6, al número mayor de entre ellos. El dato aparece en el cuadro bajo el rubro DIFERENCIA MÁXIMA ENTRE 4, 5 y 6.

I) En la columna C, por último, y para reflejar si el error encontrado, de ser el caso, fue determinante para el resultado de la votación en la casilla, para ello se compararán las cifras asentadas en las columnas A y B, y si la cifra señalada en la columna B es superior o igual a la señalada en la columna A, será determinante y se anotará SI; en caso contrario no será determinante para el resultado de la votación en la casilla y por tanto se anotará NO; cuando del análisis resulte que el error no existe, se expresará SIN ERROR.

El cuadro es el siguiente:

Del análisis detallado del cuadro que antecede se observa lo siguiente:

1. Por cuanto hace a las casillas 2516C1, 2533B, y 2547C1 del análisis realizado al acta de escrutinio y computo, se advierte, que como lo aduce el actor, si bien es cierto que los funcionarios de las referidas mesas directivas de casilla fueron omisos al asentar algunos datos, los mismos al ser subsanados, por lo que respecta a la primera y tercera de las casillas, con la suma de los votos obtenidos de la lista nominal respectiva, que obra en autos del expediente; en cuanto a la segunda dicho dato fue subsanado con la copia certificada de los folios de boletas correspondientes a las casillas, misma que obra en autos visible a fojas 2648 a la 2650, del expediente JI/078/2009, Tomo V, de la que se constata el número de boletas que le fueron asignadas a cada casilla electoral para la elección de ayuntamientos. Por lo que al verificar si aún presenta error que repercutiera en el resultado de la votación, se observó que no existe.

Por lo que respecta a las casillas 2462C2, 2465C1, 2479C2, 2514B, 2533C2, 2539C3 y 2541C3, del cuadro anterior se advierte que efectivamente existieron omisiones en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, toda vez que los rubros relativos a boletas sobrantes y total de boletas extraídas de la urna se encuentra en blanco, sin embargo este órgano jurisdiccional procedió a subsanar el primero de los rubros referidos con la copia certificada de la integración de los expedientes que contiene la documentación electoral, de la que se constata el número de boletas que le fueron asignadas a cada casilla electoral para la elección de ayuntamientos; no así para el rubro de boletas extraídas de la urna ya que este dato en blanco es insubsanable toda vez que los funcionarios de la mesa directiva de casilla son los únicos facultados para asentarlo el día de la jornada electoral.

Así, no obstante que si bien es cierto hubo inconsistencias en el llenado de las actas, lo cual constituye una irregularidad, la misma de modo alguno pueden calificarse como grave, ni mucho menos determinante para el resultado de la votación, en consecuencia se advierte que no puede declararse procedente la pretensión aducida por el actor en estas casillas.

Respecto a la casilla 2478B, del cuadro que antecede se advierte que en el acta de escrutinio y cómputo se encuentran en blanco los rubros total de boletas sobrantes, ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal y total de boletas extraídas de la urna; se destaca que no obstante las diligencias para mejor proveer que agotó este Tribunal para allegarse de la lista nominal de esta casilla, la autoridad responsable no la allegó, en tal virtud, no fue posible subsanar el único que válidamente puede ser rectificado. Sin embargo como ya se dijo, si bien la omisión en el llenado de ciertos datos en las actas de las casillas constituye una irregularidad, la misma no afecta el resultado de la votación en la casilla recibida; porque los datos faltantes en todo caso correspondía al actor probar de qué manera afectaban en el resultado de la votación. De tal suerte que al incumplir con la carga procesal referida, no puede acogerse su pretensión.

Con relación a la casilla 2538C1, en el acta de escrutinio y cómputo no se asienta el dato relativo a boletas recibidas por lo que se procedió a subsanar tal omisión a través del acta de entrega de boletas correspondientes a las casillas que obra en autos, de la que se desprende que fueron asignadas a dicha mesa receptora del voto 748, por lo que al realizar las operaciones a fin de determinar alguna irregularidad se advierte que efectivamente sobraron dos boletas, cantidad que no fue determinante para el resultado de la votación, toda vez que la diferencia entre los partidos que ocuparon el primer y segundo lugar fue de 206.

Por último respecto a la casilla 2549C2, del análisis efectuado al acta de escrutinio y cómputo se advierte que existe omisión respecto al rubro de boletas sobrantes, asimismo el rubro de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal al arrojar una cantidad superior respecto de los dos restantes rubros fundamentales, se procedió a subsanar tal dato obteniendo como resultado 403 ciudadanos que votaron el día de la jornada electoral.

Por lo que respecta al rubro de boletas sobrantes que aparece en blanco, si bien puede calificarse como una irregularidad, la misma no puede ser considerada como grave, toda vez que no afectó el resultado de la votación recibida en esa casilla pues la diferencia que ocupaban los partidos entre el primero y segundo lugar fue de ciento cincuenta y cuatro votos, y la cantidad de boletas irregularidades es de doce, por tanto dicho número no es determinante para el resultado de la votación.

En las relatadas condiciones, se declaran INFUNDADOS los agravios aducidos por el actor, toda vez que como quedó demostrado, los apartados en blanco que se encuentran en las actas de escrutinio y cómputo debe entenderse como una omisión involuntaria e independiente de una irregularidad que pudiera generarse en el cómputo de los votos.

INCISO B. El actor en las 22 casillas siguientes: 2464B, 2482C1, 2486C1, 2491B, 2508C2, 2510C1, 2515B, 2515C2, 2517B, 2518C1, 2524C1, 2531B, 2532C2, 2538B, 2542C2, 2544B, 2545C2, 2465C1, 2471C1, 2472C1, 2486B y 2547C2, aduce sustancialmente que en todas las urnas de estas casillas electorales aparecieron más boletas de las que recibieron; porque la sumatoria del “total de boletas extraídas”, más el “total de boletas sobrantes”, da la cantidad de 14,326 boletas y que si a esta cantidad se le resta el “total de boletas recibidas”, entonces aparecieron 1,670 boletas electorales, cuyo origen se desconoce. Ello expresado así en sus agravios:

[…]

En todas las casillas electorales, es indudable, indiscutible y evidente que en las urnas aparecieron más boletas de las que recibieron. En efecto, la sumatoria del total de boletas extraídas más el total de boletas sobrantes nos arroja la cifra de 14 mil 326 boletas. Si a esta cantidad se les resta el total de boletas recibidas, luego entonces, de manera conjunta entre todas estas urnas aparecieron 1670 boletas electorales, cuyo origen se desconoce pero que es fácil advertir a la luz de experiencias electorales previas y de la lógica y el sentido común: fueron introducidas ilegalmente por los electores que, en su momento, fueron a votar a las respectivas casilla electorales. Inclusive el dato relativo al total de ciudadanos registrados que votaron en total en esas casillas, tiene una diferencia de 502 votos en relación al total de votación emitida que fue de 8002, lo que tampoco coincide.

No es este desde luego, un error en el cómputo, por lo que no resulta aplicable el principio de que, al ser mayor la diferencia entre los votos del primero y el segundo lugar, en nada cambiarían el resultado electoral. Estamos señalando algo más grave que afecta no el conteo de votos, sino la nulidad misma de la elección ya que de manera grave y reiterada se introdujeron boletas electorales lo que hace presumir que, dentro de los paquetes electorales hay boletas falsas que de manera ilegal fueron introducidas, de ahí que, desde una visión de conjunto e integral, se advierta la ilegalidad.

En efecto: el hecho de que falten boletas tiene una explicación lógica: algunos electores se llevan las boletas electorales, de ahí que existan casillas con boletas en cantidad menor a las recibidas y contadas inicialmente. Pero la existencia de una mayor cantidad de boletas, con cifras de un dígito y hasta de dos dígitos, hace presumir la existencia de una estrategia ilegal por parte del Partido Revolucionario Institucional el cual, por mecanismos y procedimientos que no conocemos, mandó a votar a electores a los que previamente les entregó boletas electorales ya tachadas a favor de este partido para que, una vez que se presentaran ante la urna, depositaran la que previamente habían recibido y recabar la que, en su momento, el ciudadano recibió para ser tachada en el emblema del partido de su elección.

Esto sólo es posible presumir por medio de un razonamiento lógico, sistemático y funcional, lo que debe ser motivo de una investigación científica que permita, en su caso, identificar aquellas boletas falsas o “clonadas” que se encuentran dentro de los paquetes electorales.

Todas estas casillas electorales actualizan la hipótesis jurídica establecida en el artículo 298 fracción XII, si con ello se pretende anular la votación de todas y cada una de las casillas. Pero como se trata de actos delictuosos que seguramente se realizaron, por lo menos, durante todo el proceso electoral, es que se actualiza la hipótesis jurídica establecida en el 299 fracción VI del Código Electoral en vigor, es decir, la nulidad de la elección del ayuntamiento.

[…]

La autoridad responsable en defensa de la legalidad de su actuación, respecto al hecho alegado adujo lo siguiente:

[…]

II.- Con respecto al segundo agravio, y en forma similar al anterior, es de considerarse la improcedencia del mismo, en atención a que el recurrente solo se limita a hacer apreciaciones subjetivas carentes de toda veracidad y objetividad, haciendo solo afirmaciones fuera de toda lógica, pretendiendo que las mismas le sirvan de base  y sustento legal para que se sea acordada favorable la procedencia de una prueba pericial mal ofrecida, así mismo ante la falta de fundamentación y motivación de su dicho pretende actualizar en la causal que esta establecida en la fracción VI del artículo 299 del Código Electoral del Estado de México, causal que ante la falta de elementos que den veracidad a los argumentos vertidos por el recurrente es imposible su procedencia, tomando en consideración que la causal pretendida, tutela conductas graves de imposible reparación durante la jornada electoral, y que pongan en duda la certeza de la votación, lo que en la especie no sucedió, y ante la falta de dichos elementos de prueba, además de los hechos conocidos no influye en la determinancia del resultado, se actualiza a contrario sensu lo vertido por nuestro mas alto tribunal en el criterio jurisprudencial que a continuación se trascribe: NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del Estado de México y similares) (Se transcribe).

[…]

Los terceros interesados en sus escritos de comparecientes se pronunciaron al respecto:

Partido de la Revolución Democrática

[…]

b). En relación al Segundo Agravio que hace valer el demandante, se precisa que la causal que pretende hacer valer, no se actualiza, toda vez que , como se reitera, el argumento del recurrente en el sentido de que en las casillas existieron boletas de mas, es falso, como se hace la precisión en el análisis que antecede, ya que dicho recurrente base su argumento en que en las actas de escrutinio y cómputo en diferentes rubros aparecen inconsistencias, y tales inconsistencias dan como resultados boletas sobrantes en mucho con las recibidas por el presidente de dichas casillas, lo cual es incorrecto, ya si tomamos en cuenta lo vertido en el argumento hecho con anterioridad, podemos concluir que las anotaciones si bien es cierto son incorrectas, también lo es que no son elementos suficientes para determinar su anulación, ya que se reitera son errores involuntarios de los funcionarios , carentes de dolo y mala fe, independientemente que los resultados vertidos en esas actas hoy impugnadas por el recurrente la diferencia entre el recurrente y el primer lugar es muy alta, en ese orden de ideas y tomando en consideración que los errores e inconsistencias de las actas no son determinantes, así como las supuestas boletas sobrantes que indica el recurrente sin que aporte prueba alguna para demostrar el hecho , no son determinante para tomar el consideración tales argumentaciones, por tal motivo se debe declarar improcedente el referido agravio, actualizándose los criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Electoral del Estado de México, que a continuación se transcriben: “ERROR O DOLO EN EL  CÓMPUTO DE VOTOS, LA INTERPRETACIÓN DEL, PARA EFECTOS DE SU ACTUACIÓN, COMO CAUSAL DE NULIDAD” (se transcribe).

“BOLETAS ELECTORALES, SOBRANTES DE. NO CONSTITUYEN CAUSA DE NULIDAD (Se transcribe)”.

Partido Revolucionario Institucional

[…]

SEGUNDO.- En el que se identifica como el segundo de sus agravios, el partido político impugnante pretende que ese H. Tribunal declare la nulidad de la elección del ayuntamiento de Metepec, Estado de México, sobre la base de que en su concepto se actualiza el supuesto previsto en el artículo 299, fracción VI, pues a su decir, el hecho de que el cómputo de la votación de las casillas 2515B, 2515C, 2517B, 2518C1, 2524C1, 2531B, 2532C2, 2538B, 2542C2, 2544B 2545C2, 2547C2, 2465C1, 2491B, 2482C1, 2486B, 2486C1, 2510C1, 2464B y 2472C1 se desprendan algunas diferencias entre el número de boletas recibidas en las señaladas casillas y el número las que aparecieron en las urnas, a su decir constituyen irregularidades graves y no reparadas, ocurridas durante el proceso electoral que, a su decir, son determinantes para el resultado de la votación.

Los alegatos de agravios antes trascritos resultan inoperantes y por tanto improcedente la pretensión de nulidad de la elección que propone, toda vez que, por una parte, la vía para que las inconsistencias numéricas que tengan lugar durante el procedimiento de escrutinio y cómputo sean impugnadas, es a través de la causal específica de anulación de votación  recibida en casilla prevista en la fracción IX del artículo 298 del código electoral local y no a través de la XII como lo sugiere la accionante y, en su caso, de acreditarse plenamente los extremos de la referida causal en conjunto de las demás previstas en el referido artículo 298 en un número de casillas que representen por lo menos el 20% de las casilla instaladas en el municipio correspondiente, cobraría vigencia la causal de nulidad de la elección pero al amparo de la causal prevista en la fracción II del mencionado precepto legal.

Lo anterior es así, habida cuenta que conforme al principio de racionalidad de la ley, no se puede sostener que dos supuestos normativos contenidos en un mismo dispositivo legal, establezcan una misma consecuencia jurídica como efecto de un mismo evento, pues dicho entendimiento, evidentemente iría en contra de los más elementales principios de la lógica.

Lo cierto es que en el caso de la causal de nulidad de elección que propone el actor, sólo pueden ser comprendidos, aquellas conductas irregulares, que siendo calificadas como graves por la propia ley, además de que, contrario a lo expresado por la reclamante, sí tienen que ser determinantes para el resultado de la elección, deben ser actos distintos a los prescritos en los supuestos específicos de nulidad previsto en la ley. En el caso concreto, no existe ninguna evidencia de que las inconsistencias numéricas que reportan las actas que refiere el actor, sean producto de conductas delictivas como lo indica y por lo tanto, no aplica de ninguna manera la causal de nulidad de elección que infundadamente propone.

En apoyo a las anteriores consideraciones, cobran aplicación las siguientes tesis de jurisprudencia.

“SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL. (Se transcribe)”

“NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS. EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONES EXPRESAMENTE (Legislación del Estado de México y similares). (Se transcribe)”

“NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO.

Se transcribe)”.

“SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES. (Se transcribe)”.

Por todo lo anterior se solicita atentamente a ese H. Tribunal la petición de nulidad de la elección formulada por la imperante.

A continuación se estudiará la diferencia existente entre las cantidades asentadas en el rubro: “Total de boletas recibidas” y las que resulten de sumar las cifras relativas a los apartados “Total de Boletas Sobrantes” (que no fueron utilizadas en la votación y que fueron inutilizadas por el Secretario), y “Votación total emitida”, de las actas de escrutinio y cómputo, pues, independientemente de que en este último se consigna el total de sufragios emitidos a favor de cada partido político o coalición, de los candidatos no registrados y los votos nulos, del mismo puede deducirse la cantidad de boletas utilizadas para la emisión del sufragio en las casillas impugnadas.

De conformidad con lo anterior, se presenta un cuadro en el que se asentará el número de casilla impugnada (columna 1), el total de boletas recibidas en cada casilla (columna 2), el total de boletas sobrantes e inutilizadas (columna 3), el resultado del número de boletas recibidas menos boletas sobrantes. (columna 4), el valor correspondiente a la votación total emitida en dichas casillas (columna 5), la diferencia en boletas existentes (para efectos de la presente columna, se entenderá al valor positivo, como el número de boletas sobrantes; en tanto que el valor negativo se atenderá como el número de boletas faltantes), (columna 6).

Cabe señalar que para efectos de subsanar las inconsistencias que en su caso resulten, será necesario acudir a diversas constancias agregadas al expediente, tales como los listados nominales de las casillas impugnadas, la relación de boletas a entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla, actas de jornada electoral y cualesquiera otras que permitan dilucidar si en el caso concreto existieron las irregularidades aducidas por el actor. Probanzas a las que se les concede pleno valor probatorio, por tratarse de documentales públicas, en términos de lo dispuesto en los artículos 326, 327 ambos fracción I y 328 párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de México.

El cuadro es el siguiente:

Ahora bien, por lo que respecta a las casillas 2465C1, 2486B, 2486C1, 2491B, 2508C2, 2515B, 2515C2, 2542C2, 2544B y 2547C2, del cuadro se advierte que los rubros de boletas recibidas menos boletas sobrantes y votación total emitida, ambos coinciden plenamente.

No pasa desapercibido pare este Tribunal el hecho de que los funcionarios de casilla hayan asentado datos incorrectos, en el rubro de boletas recibidas, por lo que este juzgador se dio a la tarea de subsanar dichas inconsistencias, a través de la relación de boletas a entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla, en la que se contiene el número de boletas que fueron asignadas a cada una, por lo que tal irregularidad se traduce en un error, sin embargo queda claro que fue solamente un error al llenado del acta, o alguna operación aritmética incorrecta y el mismo no afecta a ninguno de los contendientes en la casilla; en todo caso, el error en boletas no es determinante para el resultado de la votación.

En las casillas 2471C1, 2518C1, 2524C1, 2531B y 2538B, del cuadro que antecede se desprende que efectivamente faltan boletas al finalizar la jornada electoral, respecto de las asignadas por el Consejo Electoral Municipal, con sede en Metepec, México.

Asimismo, no pasa por alto para este juzgador que en las casillas 2524C1, y 2538B, se subsanó el rubro de boletas recibidas, con la relación de boletas a entregar a los presidentes de las mesas directivas de casilla, que contienen la documentación e integración electoral, toda vez que los funcionarios de casilla cometieron errores involuntarios al contar las boletas, por lo cual al subsanar las inconsistencias detectadas es evidente que no existen diferencias de boletas alegadas por el inconforme.

Con relación a las casillas 2464B, 2472C1, 2482C1, 2510C1, 2517B, 2532C2, y 2545C2, del cuadro de análisis se desprende que efectivamente existe la inconsistencia del excedente de boletas al finalizar la jornada electoral, respecto de las asignadas por el  Consejo Electoral Municipal, con sede en Metepec, México.

Lo anterior desde luego son irregularidades, que no pueden calificarse como graves, pues no ponen en duda el resultado de la votación recibida en las casillas analizadas, en virtud de que la diferencia de boletas alegada por el actor, bien pudo ser consecuencia de que algunos ciudadanos hubieren destruido las boletas que se les entregaron, que las hubieren sustraído sin depositarlas en las urnas; o bien, resultado de errores en el conteo de las boletas sobrantes e inutilizadas en la casilla.

De cualquier forma, puesto que el valor jurídico tutelado es la certeza en el asentamiento de los datos en las actas electorales, y no las boletas faltantes o sobrantes en otros casos, éstas no han sido previstas por el legislador como causa suficiente para declarar la nulidad de la votación recibida en una casilla.

Ello es consecuencia de la diversa naturaleza de la boleta electoral con relación al sufragio, pues mientras aquélla es el documento oficial entregado al elector para la emisión del voto, éste es la marca que realiza el ciudadano en un solo círculo o recuadro que contenga el emblema del partido, coalición o candidatura común de su preferencia, y que es depositado dentro de la urna de manera libre, secreta, directa e intransferible. Por esta razón, no es suficiente para anular la votación, por la diferencia que resulte entre el número de boletas recibidas y total de boletas existentes en la casilla al finalizar la jornada electoral, pues mientras las inconsistencias detectadas entre los rubros del Acta de Escrutinio y Cómputo “Total de Boletas extraídas de la urna de la elección de ayuntamientos y en su caso de la urna de la elección de diputados”, “Total de ciudadanos incluidos en la lista nominal que votaron, representantes de los partidos políticos, coalición y en su caso, resoluciones del tribunal electoral” y “Votación Total Emitida”, trascienden al resultado de la votación, las diferencias relativas a boletas faltantes no inciden en el mismo.

Al respecto, cabe aplicar la siguiente tesis de jurisprudencia por revalidación, de fecha diecinueve de marzo de 2009, por éste H. Tribunal; cuyo rubro y texto se insertan a continuación:

ACTAS ELECTORALES. LOS ERRORES E IMPERFECCIONES EN SU LLENADO SON INSUFICIENTES PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. El ejercicio del derecho al voto de los electores no puede ser viciado por los errores e imperfecciones que sean cometidos por un órgano electoral desconcentrado, no especializado, ni profesional, como lo son las mesas directivas de casilla. En consecuencia, el incorrecto llenado de las actas o formatos electorales son irregularidades que resultan insuficientes para declarar la sanción anulatoria de la votación recibida en una casilla. Del análisis e interpretación de las hipótesis contenidas en el artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, el Legislador no estableció como causa de nulidad de la votación recibida en una casilla, el que cuando alguno de los funcionarios de casilla comete errores al llenar los documentos electorales, pues es un hecho del conocimiento general de la población, que los funcionarios que integran las casillas electorales son ciudadanos particulares que no son expertos en los trabajos cívico-electorales que se le encomiendan, y aún cuando son capacitados por el Instituto Electoral del Estado de México, es frecuente que involuntariamente cometan errores al llenar los formatos electorales. Lo anterior, aunado a que los espacios que deben llenar los miembros que integran la mesa directiva de casilla, no son requisitos solemnes, sino formales, por ello, este Tribunal estima que generalmente los errores que se contienen en la documentación electoral, no son de tipo doloso, sino más bien accidentales. Por esta razón, si los errores no trascienden al resultado de la votación, no existe causa para anular la votación recibida, ya que es un principio de la justicia electoral privilegiar el respeto al voto y no anularlo por errores de forma. 

Juicio de Inconformidad JI/24/2000. 15 de julio de 2000. Unanimidad de Votos. 

Juicio de Inconformidad JI/61/2000. 17 de julio de 2000. Unanimidad de Votos. 

Juicio de Inconformidad JI/76/2000. 19 de julio de 2000. Unanimidad de Votos. 

TEEMEX.JR.ELE 01/09

Por otra parte, debe decirse que contrario a lo afirmado por el actor, en el sentido de que en todas las urnas de las casillas electorales que se analizan aparecieron más boletas de las que recibieron; como se advierte del análisis efectuado, no en todos los casos resultaron boletas de más, pues sólo sucedió en siete casillas, de las cuales resultan un total de 46 boletas excedentes en el universo de las casillas impugnadas, contrario a la cantidad que incorrectamente señala el actor en su demanda -1,670 boletas electorales-, cantidad que en el último de los casos, recae en boletas y no en los votos, porque éstas no fueron depositas en las urnas como ya se explicó.

Finalmente, siendo que el voto es el valor jurídico tutelado, pues en el mismo contiene la expresión de la voluntad ciudadana, las irregularidades relativas a boletas no podrán generar la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas, por lo cual, este Tribunal considera que, en el caso, no se actualizan los extremos de la causal invocada por el actor, por lo que se declaran INFUNDADOS los agravios esgrimidos.

No pasa inadvertido que el actor en este agravio, ofrece una prueba pericial en materia de documentoscopía para acreditar la existencia de presuntas boletas electorales falsas o “clonadas”, al respecto debe decirse que el artículo 327 del Código Electoral Estatal, únicamente admite este medio de prueba en materia contable, que conste en dictamen elaborado por contador público que cuente con título profesional, como resultado del examen de documentos, libros y registros contables; de tal forma que la prueba pericial establecida en el catálogo probatorio, no es optativa en cuanto a la materia en que verse su desahogo, por lo que dicha probanza, como se acordó en el auto relativo de ofrecimiento y admisión de pruebas emitido por este órgano jurisdiccional, no ha lugar a su admisión. Dejando a salvo los derechos del impugnante a efecto de que, como lo refiere en su demanda, si a sus intereses conviene presente la acción de inconstitucionalidad a que se refiere, ante la autoridad que menciona.

OCTAVO. Análisis de agravios relativos a la nulidad de elección. Del contenido de los escritos de demanda de los juicios de inconformidad JI/078/2009 y JI/079/2009 que se resuelven, se advierte que el Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo aducen hechos que a su decir generan la nulidad de la elección celebrada en el Municipio de Metepec, México; para ello, los actores alegan una serie de presuntas irregularidades como acontecidas en dos etapas del proceso electoral, la preparación de la elección y la jornada electoral. Previo al análisis de cada una de las supuestas irregularidades expuestas por los actores es preciso establecer el marco teórico que circunscribe la nulidad de una elección.

En este sentido, con el propósito de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos, procedimientos y resultados electorales, el derecho electoral mexicano, ha establecido diversas causas de nulidad como una consecuencia necesaria a la violación de las disposiciones electorales, en el entendido que no toda vulneración a una norma electoral produce los mismos efectos, sino que para determinar el grado de éstos habrá que atender a las consecuencias previstas constitucional o legalmente respecto de los actos irregulares susceptibles de ser anulados.

En efecto, pretender que cualquier infracción a la Ley comicial diera lugar a la nulidad de la elección, haría inútil el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones y propiciaría la comisión de todo tipo de faltas a la ley, dirigidas a impedir la participación efectiva de los ciudadanos en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso al ejercicio del poder público.

Toda vez que las elecciones convocan a todos los ciudadanos para realizar, en un solo día y con apego estricto a la ley, diversos actos desde diferentes escenarios, ya como electores, funcionarios de casilla, representantes de partido, observadores electorales, que conllevan a la expresión auténtica y libre de la voluntad ciudadana que habrá de trascender y constituirse en gobierno representativo.

Consecuentemente, la nulidad de una elección se refiere a dejar sin validez jurídica los resultados electorales, es decir, todos los votos emitidos en el universo de casillas instaladas en una demarcación (considérese municipio, distrito, estado o nación) que haya celebrado elecciones, así como revocar el otorgamiento de las constancias que se otorgaron a los candidatos ganadores.

Tomando en cuenta que las elecciones son actos colectivos y complejos, considerados de interés público, su nulidad sólo puede ser declarada, cuando se incumplan normas electorales cuya inobservancia vulnere de manera determinante aspectos esenciales de una elección; de tal forma que sólo debe decretarse cuando se acrediten plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista expresamente en las disposiciones constitucionales y legales aplicables, y siempre que las inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades detectadas sean determinantes para la subsistencia de la misma, ello tomando en cuenta el principio general de derecho relativo a la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en el aforismo latino utile per inutile non vitiatur.

La nulidad de una elección, tiene como fin garantizar de manera integral que la actuación de los actores políticos se conduzca dentro del marco de la ley, que no interfieran en la expresión libre e igual de la voluntad ciudadana e incluso que los resultados de la elección sean los ajustados a la realidad, por lo que contempla irregularidades que pueden suscitarse desde la preparación del proceso electoral, hasta la conclusión de los cómputos respectivos.

Así, los efectos de la nulidad de una elección, son eliminar las impurezas que pudieran revestir la misma, ello a través de la expedición de una convocatoria y la celebración de una nueva elección.

En este contexto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en el antepenúltimo párrafo del artículo 13, decreta que la ley de la materia debe fijar las causas que pueden originar la nulidad de las elecciones de Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos, asimismo consigna la responsabilidad a este Tribunal Electoral de decretarlas sólo por actualizarse las que expresamente se establezcan en la ley.

En cumplimiento a lo anterior, el Legislador mexiquense consideró en el artículo 299 del Código Electoral del Estado de México, las causas de nulidad de una elección de Gobernador, de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento de un municipio, por los siguientes casos:

Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, o los integrantes de la planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento, que hayan obtenido la mayoría de votos en la elección correspondiente, no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Particular o los señalados en el Código Electoral;

Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo 298 del Código comicial, se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas instaladas en el Estado, distrito uninominal o municipio, que corresponda;

Cuando no se instale el 20% o más de las casillas electorales que correspondan al territorio de la entidad, distrito uninominal o municipio, según sea el caso;

Cuando en actividades o actos de campaña o durante la jornada electoral, en la entidad, el distrito uninominal o el municipio de que se trate, el partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría, realice conductas que actualicen alguno de los siguientes supuestos:

Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas en forma determinante para el resultado de la elección, lo anterior sin perjuicio de otras responsabilidades legales en las que incurran quienes aparezcan como responsables;

Exceder los topes para gastos de campaña establecidos por el Código Electoral de manera determinante para el resultado de la elección; y

Utilizar recursos públicos o los destinados a programas sociales de cualquier nivel de gobierno, en forma determinante para el resultado de la elección.

Cuando servidores públicos provoquen en forma generalizada temor a los electores o afecten la libertad en la emisión del sufragio y se demuestre que esos hechos fueron determinantes para el resultado de la elección de que se trate; y

Cuando se acrediten irregularidades graves y no reparadas, desde la preparación del proceso electoral, hasta la conclusión de los cómputos respectivos y que en forma determinante vulneren los principios constitucionales que deben regir en las elecciones democráticas.

Del precepto legal referido, es posible distinguir cinco tipos de causas de nulidad de una elección:

Por razones de inelegibilidad de un candidato o fórmula de candidatos,

Como consecuencia de la nulidad de la votación recibida en diversas mesas directivas de casillas o por la no instalación de cierto número de éstas;

Por conductas atribuibles al partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría, causal en la cual se establecen tres supuestos específicos;

Por actos atribuidos a servidores públicos que provoquen temor a los electores o afecten la libertad en la emisión del sufragio, y

Cuando se vulneren los principios constitucionales que deben regir en las elecciones democráticas.

Asimismo, estas causales de nulidad de una elección son factibles de proponerlas en una clasificación de dos apartados:

Específicas, cuyos extremos jurídicos son determinados y no dan lugar a la discrecionalidad; en este apartado se consideran las causales referidas en las fracciones I, II, III, IV y V de listado correspondiente a esta numeración; y

Genérica, con conceptos jurídicos indeterminados, cuya actualización queda al arbitrio del órgano jurisdiccional electoral, entendido como la apreciación circunstancial dentro del parámetro legal, con su respectiva calificación jurídica, la prueba para tomar una decisión y su adecuación al fin perseguido en la norma; en esta clasificación se ubica a la causal prevista en la fracción VI del listado correspondiente a esta numeración.

De ese modo, para que se actualicen las causales de nulidad de elección referidas, es necesario que se colmen a satisfacción sus extremos, porque de otra manera cuando el valor jurídicamente tutelado por cada una de las causales no es afectado sustancialmente y en consecuencia el vicio o irregularidad, no altera cuantitativa ni cualitativamente el resultado de la elección, deben preservarse los votos válidamente emitidos, producto del ejercicio democrático de la ciudadanía para la renovación periódica de los órganos electos de representación popular.

Precisado lo anterior, procede realizar el estudio de los agravios expuestos por los actores en los juicios de inconformidad JI/078/2009 y JI/079/2009, mismos que, como ya se dijo, se dirigen a cuestionar la validez de la elección de miembros del ayuntamiento en el municipio de Metepec, México, por hechos que según su dicho, ocurrieron durante las etapas de preparación de la elección y la jornada electoral, en razón de lo cual tales agravios se estudiarán conjuntamente, agrupándolos según la causal de nulidad de elección que en cada caso sea aplicable, siguiendo el orden previsto en el artículo 299 del Código Electoral de la entidad e identificándose por incisos.

INCISO A) Artículo 299 fracción IV inciso a) del Código Electoral del Estado de México. El Partido Acción Nacional, actor en el juicio de inconformidad JI/078/2009 en su escrito de demanda aduce hechos que se relacionan con la hipótesis legal prevista en el artículo antes citado, referente a utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas; toda vez que en su demanda indica lo siguiente:

[…]

Fue público y notorio, que la candidata de ese partido político, dispuso de innumerables recursos públicos y privados de dudosa procedencia, para coaccionar el voto a su favor y torcer la voluntad ciudadana.

[…]

En la especie, tal violación a dichos principios fundamentales se actualiza porque el financiamiento privado de dudosa procedencia prevaleció sobre el público…

[…]

El Consejo Municipal Electoral responsable, con relación a lo expuesto por el actor manifestó lo siguiente:

[…]

IV.- Por lo que respecta a lo vertido por el recurrente en el agravio número cuarto, se manifiesta que sus argumentaciones carecen de fundamentación y motivación, ya que sólo se limita enunciar conceptos teóricos de principios constitucionales, así como a señalar que la autoridad gubernamental intervino en la elección, argumentos que se reitera son vagos, faltos de congruencia y fundamentación legal, así mismo son carentes de puntualizar aspectos de tiempo, modo y lugar, principios rectores de toda impugnación…

[…]

Los partidos políticos terceros interesados, en sus escritos de comparecientes con relación al hecho expuesto indicaron que:

Partido de la Revolución Democrática

[…]

d).- Por lo que respecta al cuarto y último agravio hecho valer por el recurrente, es menester puntualizar, que el mismo se basa en apreciaciones subjetivas, que solo existen en la imaginación del recurrente, tomando en consideración que no aporta elemento alguno que pueda ser demostrable con probanzas alguna, por lo que dicho agravio deberá ser desestimado, independientemente que no aporta y relaciona en modo y lugar alguno su argumento con los hechos a comprobar, además de que su probanza en ese sentido carece de concordancia con el hecho a estudio, por tal razón la procedencia del agravio planteados por el demandante, corre la misma suerte que los anteriores.

[…]

Partido Revolucionario Institucional

[…]

Las aseveraciones del partido accionante carecen de todo sustento jurídico, en virtud de que no aporta ningún elemento probatorio que resulte fidedigno y confiable, por lo que de ninguna manera se puede acreditar, bajo ningún concepto, las conductas que refiere.

En efecto, el partido accionante se conduce además con frivolidad, pues pretende evadir su responsabilidad procesal de aportar los elementos probatorios idóneos para acreditar las supuestas irregularidades que menciona…

…

Por tanto, las afirmaciones de la parte accionante se reducen a meras expresiones subjetivas y dogmáticas, carentes del necesario sustento probatorio, por lo que no pueden demostrar los asertos propuestos, debiendo ser desestimados de plano.

[…]

Previo al análisis del agravio esgrimido por el Partido Acción Nacional, será necesario precisar los aspectos jurídicos de la causal de nulidad de elección en estudio, misma que es del tenor literal siguiente:

Artículo 299. El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernador, de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento de un municipio, en los siguientes casos:

I a la III…

IV. Cuando en actividades o actos de campaña o durante la jornada electoral, en la entidad, el distrito uninominal o el municipio de que se trate, el partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría, realice conductas que actualicen alguno de los siguientes supuestos:

a) Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas en forma determinante para el resultado de la elección, lo anterior sin perjuicio de otras responsabilidades legales en las que incurran quienes aparezcan como responsables;

[…]

Del primer párrafo del precepto transcrito, se advierte que el legislador mexiquense otorgó atribuciones al Tribunal Electoral del Estado de México para declarar la nulidad de una elección, como la de ayuntamiento en un Municipio, cuando el partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría, realice conductas en:

Actividades o actos de campaña o durante la jornada electoral, en el municipio de que se trate, que actualicen los supuesto descritos entre otros en el inciso a) de dicho artículo.

De esta manera, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición define la palabra Actividad en la siguiente forma:

Actividad. Del vocablo latín activitas, -ātis. Encaminado a la facultad de obrar. Entendido como la diligencia, eficacia; como el conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.

Por otra parte, son actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, los eventos en que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, tal como lo establece el párrafo segundo del artículo 152 del Código Electoral; dichos actos sólo pueden llevarse a cabo dentro del proceso electoral, una vez que han iniciado las campañas.

Por último, jornada electoral, es el periodo de tiempo que constitucional y legalmente se ha establecido para que la ciudadanía ejerza su prerrogativa de votar para elegir, de entre los candidatos postulados, a los que habrán de ocupar un cargo de elección popular.

La jornada electoral constituye la culminación de todo el procedimiento electoral; es el día más trascendente de todo el período que comprenden las elecciones, ya que durante dicha jornada se hace efectiva la representación del pueblo en los órganos del Estado, mediante el ejercicio del derecho de sufragio.

El Código comicial indica en su artículo 142 que la etapa de la jornada electoral inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio del año que corresponda y concluye con la publicación de los resultados electorales en el exterior del local de la casilla y la remisión de la documentación y los expedientes electorales a los respectivos consejos distritales y municipales.

En este orden, debe decirse que el precepto que se analiza tiene por fin regular la conducta o las actividades propias desplegadas en cierto espacio de tiempo por el partido político o coalición que haya ganado la mayoría de votos en una elección, con el objeto de despejar desconfianza en cuanto a que dichas conductas influyan para ganar una elección; las conductas son las siguientes:

a) Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas en forma determinante para el resultado de la elección, lo anterior sin perjuicio de otras responsabilidades legales en las que incurran quienes aparezcan como responsables.

Los extremos de esta hipótesis de nulidad son los siguientes:

Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas; y

Que ello se utilice en forma determinante para el resultado de la elección.

El primer extremo se actualiza si de los medios de prueba se acredita que el partido político o coalición que obtuvo la constancia de mayoría, utilizó recursos, entendiéndose por estos, elementos materiales, económicos o humanos, y que estos provengan de actividades ilícitas; en lo referente a ellas, debe entenderse que una actividad reviste tal característica en la medida que no esté permitida por la ley; de esta suerte la hipótesis en comento, prohíbe el empleo de elementos materiales, económicos o humanos que provengan de actos prohibidos por la ley, por ejemplo hacer uso de dinero proveniente de personas involucradas con el crimen organizado.

El segundo de los extremos relativo a que el empleo de dichos recursos sea determinante para el resultado de la elección, se acude a la magnitud de las irregularidades para determinar si por su gravedad existe una afectación sustancial de los resultados, sin que influya al respecto que cuantitativamente no pueda darse un cambio de ganador, debido a que en este aspecto, lo relevante estriba en que esté plenamente determinado que la trasgresión fue de suma trascendencia para desacreditar en forma absoluta el resultado de la elección.

Finalmente, respecto de este supuesto de nulidad, debe tenerse en cuenta que las irregularidades aducidas deben imputarse al partido que obtuvo las constancias de mayoría en la elección que se impugne.

Expuesto lo anterior, este Tribunal se avoca al análisis del hecho irregular aducido por el actor en su demanda, a efecto de determinar si éste aconteció o no, de lo que se colige que el enjuiciante refiere que la candidata del Partido Revolucionario Institucional, dispuso de innumerables recursos públicos y privados de dudosa procedencia, lo que se traduce en la prevalencia del financiamiento privado de dudosa procedencia sobre el público.

Del hecho expuesto, este Tribunal advierte que el Partido Acción Nacional no establece de manera objetiva los elementos de juicio respecto de la irregularidad que le atribuye a la candidata del Partido Revolucionario Institucional, pues no basta que diga de manera vaga, general e imprecisa, que se dispuso de innumerables recursos públicos y privados, sin que especifique o detalle cuántos, cuáles, que refiera nombres o características de los aparentes recursos, sin que además explique por qué los considera de dudosa procedencia, o los fines para los que fueron empleados; no menciona lugares, personas, tiempo en que se dieron los presuntos hechos; toda vez que ello es útil y necesario para este Tribunal al momento de analizar las circunstancias en que se da la irregularidad; además, ante la generalidad de lo narrado se omite dar a conocer a quienes figuran como contraparte —la autoridad responsable y los terceros interesados— el contexto íntegro del hecho irregular y las pruebas que los sustentan, imposibilitándolos para pronunciarse ante esta instancia de manera completa y real con relación a lo alegado.

Pues para que las manifestaciones esgrimidas por el actor surtan los efectos pretendidos, es necesario precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos aducidos, identificar en número y especie los recursos públicos y privados que empleó a su decir la candidata y exponer el por qué los califica de dudosa procedencia, datos necesarios para resolver la presente controversia.

No obstante ello, con el fin de lograr una recta administración de justicia en materia electoral, este Órgano Jurisdiccional debe valorar las constancias probatorias que obran en autos y resolver en aras de dar acceso a la justicia electoral sin atender a las apreciaciones subjetivas.

Para ello, este Tribunal jurisdiccional toma en consideración los medios de prueba que obran en autos de los juicios de inconformidad JI/078/2009 y JI/079/2009 que se resuelven, pues conforme con el principio de adquisición procesal consistente en que las pruebas que obren en autos independientemente de quién las haya presentado, pertenecen al proceso y no a la parte aportante, por lo que pueden beneficiar o perjudicar a cualquiera de los contendientes; al llevar a cabo una revisión y análisis cuidadoso de los autos se advierte la ausencia de medios de prueba que se relacionen con el hecho expuesto por el partido actor, es decir no consta en autos prueba que siquiera genere un leve indicio a este juzgador que la candidata del Partido Revolucionario Institucional haya dispuesto de innumerables recursos públicos y privados de dudosa procedencia; y mucho menos obra constancia alguna que permita a este Tribunal dilucidar que su objetivo era coaccionar el voto en su favor.

De tal suerte que de modo alguno puede considerarse que la irregularidad atribuible fue además pública y notoria, pues no hay documento alguno en los expedientes que así lo refleje, por ende este órgano jurisdiccional no cuenta con elementos de juicio para determinar si la irregularidad aducida siquiera aconteció. Toda vez que si bien en los expedientes en comento constan medios de prueba, estos en nada se vinculan con el hecho alegado, al tratarse de:

Copia al carbón del Acta de Cómputo Municipal de la elección impugnada;

Copia certificada de las Actas de:

Sesión Permanente de Jornada Electoral, del cinco de julio del año en curso;

Acta de Sesión Ininterrumpida del Cómputo Municipal, del ocho del mismo mes y año que las anteriores,

Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por la responsable respecto a la integración de casillas;

Copia certificada del Acuerdo relativo a la Asignación de Regidores y en su caso Síndico de Representación Proporcional;

Copia certificada de la declaración de validez de la elección del ayuntamiento;

Actas de Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo así como hojas de incidentes;

Listados Nominales.

Documentales que conforme con lo dispuesto en los artículos 326 fracción I, 327 fracción I incisos a) y b) y 328 párrafo segundo del Código comicial, son consideradas como públicas con valor probatorio pleno, pues en autos de los expedientes no consta documento alguno que controvierta su autenticidad y contenido; de la lectura y estudio que se realiza de ellas, este órgano jurisdiccional de modo alguno puede advertir el presunto uso de recursos públicos y privados de dudosa procedencia, por parte de la candidata del Partido Revolucionario Institucional, y que además ello fuera para coaccionar el voto en su favor y persuadir la voluntad ciudadana, por lo que no se demuestra la irregularidad alegada.

Por lo que, ante la ausencia de medios de convicción que acrediten el hecho aducido por el enjuiciante, se considera incumple con la carga procesal que le impone el artículo 332 del Código Electoral, toda vez que al afirmar la supuesta irregularidad tenían el deber ineludible de allegar a este juzgador todos los medios de prueba aptos e idóneos con los que podía demostrar sus aseveraciones; en tal sentido lo procedente es declarar INFUNDADO el concepto de agravio.

INCISO B) Artículo 299 fracción IV inciso b) del Código Electoral del Estado de México. El Partido Acción Nacional, actor en el juicio de inconformidad JI/078/2009 y el Partido del Trabajo en el medio de impugnación JI/079/2009, en sus sendos escritos de demanda aducen hechos que se relacionan con la hipótesis legal prevista en el artículo antes citado, referente a exceder los topes para gastos de campaña; toda vez que en sus demandas indican lo siguiente:

Actor en el JI/078/2009:

[…]

En la especie, el Partido Revolucionario Institucional rebasó sus topes de campaña, al haber recurrido al uso excesivo de recursos públicos, mediante la entrega de materiales de construcción, despensas familiares, dinero en efectivo, entre otros de singular importancia, generando una contienda inequitativa y provocando una alteración de la intención del voto del elector al condicionar el mismo a la recompensa que en su momento se les propuso entregar y que, en efecto, se les entregó.

[…]

A efecto de acreditar que el Partido Revolucionario Institucional, rebasó su tope de campaña afectando de manera determinante y a su favor el voto ciudadano en esta contienda electoral, le pido a ese H. Tribunal que, en ejercicio de sus facultad de investigación y bajo el principio de exhaustividad analítica de los agravios esgrimidos por los recurrentes, es que le pido que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 inciso e) del Código Electoral, le pida al órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral del Estado de México, corrobore las informaciones presentadas ante ese Órgano de la comprobación de sus gastos tanto públicos como privados por parte del Partido Revolucionario Institucional y que incluso se coordine con el órgano administrativo electoral federal para superar el límite de los secretos bancario, fiscal o fiduciario, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracción II, segundo párrafo, del ordenamiento legal antes invocado.

[…]

Actor en el JI/079/2009:

CUARTO.- Por lo que respecta a los topes de campaña El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en su sesión extraordinaria del día treinta de enero del año dos mil nueve, se sirvió aprobar el siguiente:

Acuerdo N” CG/10/2009, por medio del cual delimita, los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña para el Proceso Electoral dos mil nueve Diputados y miembros de los Ayuntamientos del Estado de México.

Para el caso del municipio de Metepec, en cuando a presidencia municipal tendría que ser de:

Más sin embargo como a continuación se analiza el mismo rebaso con mucho el tope de gastos establecidos dicha aseveración se hace con base ha:

9 Tablas (Se transcriben)

TOTAL DE MONITOREO DE MEDIOS ALTENOS 

NOTA: LA COTIZACION DE LA BARDA ES CON FONDO ROJO

Cabe señalar que en la carpeta la cual se anexa al presente ocurso fue imposible en algunos de los casos saber el costo de algunos artículos y/o de materiales que adquirió el partido Revolucionario Institucional, para llevar a cabo su campaña la cual ha quedado demostrado que rebasó los topes de gasto de campaña autorizados.

[…]

La autoridad responsable en sus sendos informes circunstanciados no se pronunció respecto de los hechos aducidos.

El Partido Revolucionario Institucional, tercero interesado en los medios de impugnación, se pronunció respecto a lo alegado de la siguiente manera:

[…]

CUARTO. En el CUARTO de sus agravios, la actora pretende demostrar que el Partido Revolucionario Institucional, rebasó los topes de campana autorizados por la autoridad electoral con unos cuadros que contienen lo que denomina "Monitoreo de Medios" y al propio tiempo admite que le fue imposible saber el costo de algunos artículos y materiales que adquirió ese partido durante su campaña.

Resulta evidente la frivolidad con que se conduce la impetrante, pues con un simple cuadro acompañado de algunas cotizaciones, pretende demostrar ese supuesto exceso en los gastos de campaña.

Al efecto, cabe reiterar, que una vez más omite la actora probar sus afirmaciones con pruebas no idóneas y por ello, se solicita atentamente, sea desestimado el agravio al que se da contestación.

[…]

Al respecto, es imperativo precisar que el Código Electoral del Estado de México, prevé como causa de nulidad de una elección el rebase en el tope de gastos de campaña, como se lee a continuación:

Artículo 299. El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernador, de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento de un municipio, en los siguientes casos:

I a la III…

IV. Cuando en actividades o actos de campaña o durante la jornada electoral, en la entidad, el distrito uninominal o el municipio de que se trate, el partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría, realice conductas que actualicen alguno de los siguientes supuestos:

…

b) Exceder los topes para gastos de campaña establecidos por el presente Código de manera determinante para el resultado de la elección

[…]

En relación con la acotación jurídica del primer párrafo del artículo transcrito, así como del contenido de la fracción IV, ya han quedado expuestas al inicio del marco jurídico de la causal de nulidad anterior, por tanto en obvio de repeticiones, se omite en este y demás apartados en que se refiera a la misma fracción del artículo 299 del Código Electoral.

El artículo transcrito, establece que será causa de nulidad de una elección, cuando el partido político que obtenga las constancias de mayoría haya excedido en los topes para gastos de campaña establecidos por el Código Electoral de manera determinante para el resultado de la elección.

Los extremos de esta hipótesis normativa son los siguientes:

Que el partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría:

Exceda los topes para gastos de campaña establecidos por la Ley; y

Que ello sea determinante para el resultado de la elección.