JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: ST-JRC-115/2009

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS A. MORALES PAULÍN

SECRETARIOS: VALERIANO PÉREZ MALDONADO, PATRICIA LILIANA GARDUÑO ROMERO Y FRANCISCO GAYOSSO MÁRQUEZ

Toluca de Lerdo, Estado de México, a quince de agosto de dos mil nueve.

V I S T O S para resolver los autos del expediente ST-JRC-115/2009, integrado con motivo del juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la sentencia dictada el cuatro de agosto de dos mil nueve, por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el juicio de inconformidad registrado bajo el número de expediente JI/151/2009 y sus acumulados JI/152/2009 y JI/153/2009, y

R E S U L T A N D O

I. Jornada electoral. El cinco de julio de dos mil nueve, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a los miembros de los ayuntamientos en el Estado de México; entre ellos el de Cuautitlán Izcalli.

II. Cómputo municipal. El ocho de julio del año en curso, el 25 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Cuautitlán Izcalli, realizó el cómputo correspondiente, declaró la validez de la elección y otorgó las constancias de mayoría a la planilla postulada en candidatura común, por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata y Futuro Democrático.

El cómputo municipal mencionado, arrojó los siguientes resultados:

III. Juicio de inconformidad. Inconforme con los resultados anteriores, el trece de julio del año que trascurre, el Partido Acción Nacional, a través de Bernardo Oscar Basilio Sánchez, en su carácter de representante suplente ante el 25 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Cuautitlán Izcalli, promovió sendos juicios de inconformidad, los cuales fueron registrados bajo los números de expediente JI/151/2009, JI/152/2009 y JI/153/2009, que para tal efecto fueron acumulados, mismos que fueron resueltos el cuatro de agosto de dos mil nueve, por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el que se decretó el sobreseimiento parcial respecto de cuarenta y un casillas; y se declararon parcialmente fundados los agravios esgrimidos por el actor; en consecuencia, se decretó la nulidad de la votación recibida en doce casillas; por lo tanto, se modificaron los resultados del cómputo, se confirmó la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias expedidas a favor de la planilla postulada en candidatura común, por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata y Futuro Democrático.

En ese sentido, la recomposición del cómputo, en términos de lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de México, quedó de la siguiente manera:

IV. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, en los expedientes JI/151/2009 y sus acumulados JI/152/2009 y JI/153/2009, el ocho de agosto de dos mil nueve, el Partido Acción Nacional, a través del representante mencionado en el numeral anterior, promovió el juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve.

V. Recepción. El nueve de agosto del año en curso, la autoridad responsable remitió la demanda y el expediente formado con motivo del presente juicio a esta Sala Regional, acompañados con el informe circunstanciado correspondiente y demás anexos.

VI. Turno. Por acuerdo del diez siguiente, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, acordó integrar el expediente ST-JRC-115/2009 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Carlos A. Morales Paulín, para los efectos de los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; mismo que se cumplió a través del oficio TEPJF-ST-SGA-3065/09 signado por el Secretario General de Acuerdos de la propia Sala Regional.

VII. Tercero interesado. El doce de agosto del año en curso, a las diecisiete horas con veinticinco minutos, Mario Nieto Mendoza, en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el 25 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, presentó escrito mediante el que comparece a nombre de su representada como tercero interesado en el juicio de mérito, quien manifestó lo que a su derecho convino.

VIII. Radicación y requerimiento. Mediante auto de fecha once de agosto de dos mil nueve, se radicó el medio de impugnación, al tiempo que se requirió al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por conducto de su Presidente, diversa documentación atinente al juicio de mérito.

No pasa desapercibido para esta Sala Regional, que el mencionado requerimiento se realizó tomando en consideración la naturaleza del juicio de revisión constitucional electoral, en el cual el juzgador debe resolver conforme a los elementos de prueba aportados ante la responsable; sin embargo, atendiendo al primer agravio que hace valer el actor en su escrito de demanda (relativo a que la responsable no se allegó de todos los elementos de prueba para resolver), en caso de asistirle la razón, provocaría en principio, como efecto de la resolución el reenvío de las constancias al Tribunal responsable, a fin de que se pronuncie sobre dichas omisiones reclamadas; empero, atendiendo a los plazos con los que se cuenta para resolver el juicio de mérito, la fecha de toma de posesión en el cargo de la planilla que resultó ganadora (dieciocho de agosto del año en curso), se podría generar un incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República; por ende, en aras de garantizar el acceso a la tutela judicial, esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entraría al estudio con plenitud de jurisdicción.

IX. Cumplimiento de requerimiento. En la misma data, el Secretario Ejecutivo General del Instituto Electoral del Estado de México, desahogó parcialmente el requerimiento precisado en el apartado que antecede; razón por la cual el doce de agosto del año en curso, se requirió de nueva cuenta documentación atinente al juicio de mérito.

X. Cumplimiento al segundo requerimiento. El trece de agosto de los corrientes, el Magistrado Instructor tuvo por desahogado el requerimiento mencionado en el apartado que antecede, al tiempo que le formuló nuevo requerimiento, solicitando documentación atinente al juicio que se resuelve.

XI. Cumplimiento al tercer requerimiento. En la misma fecha, el Magistrado Instructor tuvo por desahogado el requerimiento señalado en el numeral anterior; al tiempo en que se requirió al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Méxio, información diversa.

XII. Cumplimiento al cuarto requerimiento, admisión y cierre de instrucción. El catorce de agosto siguiente, el Magistrado Instructor tuvo por cumplimentado el requerimiento citado en el numeral que antecede, admitió a trámite la demanda, y en su oportunidad al considerar debidamente integrado el expediente declaró cerrada la instrucción, por lo que el asunto quedó en estado de dictar resolución, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en materia electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafos primero y cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso d), 4, 87, párrafo 1, inciso b) y 89 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido en contra de una sentencia que guarda relación con la elección de autoridades municipales, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, que forma parte del ámbito territorial donde esta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 3, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, como a continuación se precisa.

1. Forma. La demanda del presente juicio, se presentó por escrito ante la autoridad responsable, y en ella consta el nombre y firma del representante suplente del Partido Acción Nacional, en la que se identifican la sentencia impugnada y la autoridad responsable; se mencionan los hechos materia de la impugnación, y se expresan los agravios que en concepto del actor ocasiona la resolución reclamada; por lo que se satisfacen los requisitos formales previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Oportunidad. El medio de impugnación que se resuelve, se presentó dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues de autos se desprende que la sentencia impugnada, le fue notificada al actor, el día cinco de agosto del año dos mil nueve, y la demanda fue presentada el ocho siguiente; por lo que es inconcuso que el presente juicio fue promovido oportunamente.

3. Legitimación y personería. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, inciso b) de la ley adjetiva electoral, pues corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos y coaliciones; en la especie, quien promueve es el Partido Acción Nacional, por conducto de Bernardo Oscar Basilio Sánchez, en su carácter de representante suplente ante el 25 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Cuautitlán Izcalli, quien a su vez interpuso el juicio de inconformidad ante la instancia jurisdiccional local competente, que emitió la sentencia que por esta vía se combate.

Sustenta lo anterior, el reconocimiento que hace la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, del carácter con que se ostenta el representante del Partido Acción Nacional; así como, la constancia de su nombramiento que obra en autos del expediente en que se actúa.

4. Actos definitivos y firmes. El requisito de definitividad y firmeza, previsto por el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también se surte en la especie, toda vez que para combatir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, no está previsto otro medio de impugnación en la legislación electoral de dicha entidad federativa, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad para revisar, y en su caso, revocar, modificar o anular oficiosamente el acto impugnado, de modo que es evidente la cabal satisfacción del requisito en cuestión.

5. Violación a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación al requisito de procedibilidad señalado en el párrafo 1, inciso b), del artículo 86 de la citada ley adjetiva, se satisface este requisito, toda vez que, en su escrito de demanda, el actor se duele de la violación a los artículos 14, 41, base VI y 116, fracción IV, incisos a) y g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente por tratarse de un requisito formal.

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, visible en las páginas 155 y 156 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997–2005, cuyo rubro, texto y datos de identificación son del tenor siguiente:

“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.—Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones: Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3o., de la ley general citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-032/97.—Partido de la Revolución Democrática.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/97.—Partido de la Revolución Democrática.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-034/97.—Partido de la Revolución Democrática.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.”

6. La violación reclamada pueda ser determinante para el desarrollo del proceso y el resultado final de la elección. En el caso se cumple el requisito previsto por el artículo 86, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o para el resultado final de la elección, porque en caso de acogerse la pretensión del inconforme, respecto a declarar la nulidad de las cuatrocientas nueve casillas impugnadas, esto equivaldría a anular el setenta por ciento de las casillas instaladas en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en virtud de que, en dicho municipio se instalaron quinientas ochenta y dos casillas; por consiguiente, se declararía la nulidad de la elección en términos de lo dispuesto por el artículo 299, fracción II del Código Electoral del Estado de México, y por tanto, se convocaría a elecciones extraordinarias en atención a lo dispuesto por el artículo 27 del citado código electoral local.

7. La reparación solicitada es factible. Por último, la reparación solicitada por el enjuiciante es material y jurídicamente posible, dentro de los plazos electorales legal y constitucionalmente previstos, en razón de que los miembros electos de los ayuntamientos en el Estado de México, tomarán posesión de sus cargos el dieciocho de agosto de dos mil nueve, en términos del artículo sexto transitorio del decreto número 163 publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el nueve de mayo de dos mil ocho, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

En cuanto al tercero interesado.

a) Oportunidad. Durante la tramitación del juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve, compareció Mario Nieto Mendoza en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el 25 Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México en Cuautitlán Izcalli, en su calidad de tercero interesado, toda vez que así se desprende de la certificación de retiro de la cédula de notificación en estrados, realizada por la responsable.

b) Forma. El escrito del tercero interesado fue debidamente presentado ante la autoridad responsable; en el que se hace constar el nombre y firma autógrafa del compareciente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ese efecto; así también, se formula la oposición a las pretensiones del actor.

c) Legitimación. Se tiene por reconocida la legitimación del tercero interesado, en virtud de que de conformidad con el artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte que tiene un derecho oponible al del actor, en virtud de que su planilla propuesta resultó ganadora en el proceso electoral de mérito; así mismo la personería de Mario Nieto Mendoza se satisface, en virtud de que junto con el escrito de tercero interesado, acompaño la constancia que lo acredita como representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal número 25 del Instituto Electoral del Estado de México, en Cuautitlán Izcalli.

TERCERO. Causales de improcedencia. El Partido Revolucionario Institucional, en su calidad de tercero interesado, hace valer las siguientes causas de improcedencia.

a) Que la resolución que se impugna está apegada a los preceptos constitucionales, y en ningún momento al actor, le fueron vulnerados sus derechos consagrados en la Consitución General de la República.

b) Que las violaciones no son determinantes para el desarrollo del proceso electoral y mucho menos para el resultado final de la elección, debido al número de casillas que se impugnan en esta vía.

c) Que el actor pretende impugnar actos cuyos plazos, términos y forma de recurrirlos ya se han agotado.

d) Que el actor omite dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9, párrafo 1, inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, en virtud de que la firma que calza el escrito de demanda que da origen al presente juicio, no corresponde al representante del Partido Acción Nacional, en virtud de las diferencias que existen con relación a las firmas que calzan los escritos de demanda por el que promovió los juicios de inconformidad ante el Tribunal responsable.

Para acreditar tal aserto, ofrece como prueba la pericial en materia de examen criminalístico de documentos cuestionados.

Con relación a la causal de improcedencia identificada con el inciso a) se desestima en razón de que el examen de la violación a los preceptos constitucionales conforme a lo invocado por el accionante, constituyen materia de estudio de fondo; razón por la que será en ese momento cuando se determine si se conculcaron los preceptos constitucionales al hoy accionante.

En lo que se refiere a la causal de improcendencia identificada con el inciso b), de igual forma se desestima, atento a que tal y como se asentó en la parte conducente al estudio del requisito de determinancia, de acogerse la pretensión del inconforme, respecto a declarar la nulidad de las cuatrocientas nueve casillas impugnadas, esto equivaldría a anular el setenta por ciento de las casillas instaladas en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en virtud de que, en dicho municipio se instalaron quinientas ochenta y dos casillas; por consiguiente, se declararía la nulidad de la elección en términos de lo dispuesto por el artículo 299, fracción II del Código Electoral del Estado de México, y por tanto, se convocaría a elecciones extraordinarias en atención a lo dispuesto por el artículo 27 del citado código electoral local.

Respecto de la causa de improcedencia citada con el inciso c), la misma resulta inatendible, toda vez que el terero interesado no precisa de manera clara qué actos a su decir, cuyos plazos, términos y forma de recurrirlos, ya se han agotado.

Finalmente, en relación a la causa de improcedencia referida con el inciso d), se desestima atento a que si bien el tercero interesado cuestiona la autenticidad de la firma que calza el escrito de demanda por medio de la cual Bernardo Oscar Basilio Sánchez, en representación del Partido Acción Nacional acude ante esta instancia federal controvirtiendo la sentencia dictada en el juicio de inconformidad número JI/151/2009 y sus acumulados JI/152/2009 y JI/153/2009, ofreciendo para ello la prueba pericial en materia de examen criminalístico de documentos cuestionados; lo cierto es, que del cotejo que a simple vista realiza esta Sala Regional a las firmas que calzan tanto el escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral como las que dieron origen a los juicios de inconformidad números JI/151/2009, JI/152/2009 y JI/153/2009, sin ser peritos en la materia, advierte similitud en los gestos gráficos en todas ellas.

Por otra parte, se debe tomar en consideración los tiempos con los que cuenta esta Sala Regional para resolver el presente asunto, dado que la toma de posesión a los cargos municipales, se efectuará el dieciocho de agosto del año en curso, en términos del artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; de ahí que en el presente caso no sea dable admitir y desahogar la prueba pericial ofrecida por el tercero interesado.

Desestimadas las causas de improcedencia invocadas por el tercero interesado, y al no advertir la acutalización de alguna diversa, lo procedente es entrar al estudio del fondo de la controversia planteada en el presente juicio.

CUARTO. Sentencia impugnada. Las consideraciones que sustentan la resolución impugnada, en lo que interesa, son las siguientes:

 “IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

Por ser de estudio previo y oficioso, debe realizarse el análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 317 y 318 del Código Electoral del Estado de México, tal y como lo sustenta la jurisprudencia número 13 emitida por este Tribunal Electoral, cuyo rubro, texto y datos de identificación son: -

IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO. Conforme al artículo 1º del Código Electoral del Estado de México, que establece que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, y con base en que la procedencia de todo medio de impugnación es un presupuesto procesal que debe estudiarse en forma previa, el Tribunal Electoral del Estado de México debe examinar con antelación y de oficio la procedencia de los recursos de apelación e inconformidad, con independencia de que sea alegado o no por las partes.

Segunda Época.

Recurso de Inconformidad RI/1/96. 22 de noviembre de 1996.

Unanimidad de Votos.

Recurso de Inconformidad RI/6/96. 21 de noviembre de 1996.

Unanimidad de Votos.

Recurso de Inconformidad RI/62/96. 23 de noviembre de 1996.

Unanimidad de Votos.

Los artículos de referencia establecen:

Artículo 317.- Los medios de impugnación se entenderán como notoriamente improcedentes y serán desechados de plano, cuando:

I. No se interpongan por escrito o ante el órgano que emitió el acto o la resolución impugnada;

II. No estén firmados autógrafamente por quien los promueva;

III. Sean promovidos por quien carezca de personería;

IV. Sean promovidos en nombre de quien carezca de interés jurídico;

V. Sean presentados fuera de los plazos señalados en este Código;

VI. No se señalen agravios o los que se expongan, no tengan manifiestamente una relación directa con el acto, resolución o resultado de la elección que se impugna; y

VII. Se impugne más de una elección con una misma demanda. No se considerará que se impugna más de una elección cuando del contenido de la demanda se desprenda que se reclaman los resultados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional simultáneamente.

Artículo 318.- Procede el sobreseimiento de los medios de impugnación:

I. Cuando el promovente se desista expresamente;

II. Cuando la autoridad electoral modifique o revoque el acto o resolución impugnados, de tal manera que quede sin materia el medio de impugnación;

III. Cuando durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo precedente; y

IV. En su caso, cuando durante el procedimiento de un recurso de apelación el ciudadano recurrente fallezca o sea suspendido o privado del goce de sus derechos políticos.

De las anteriores transcripciones se advierte que los medios de impugnación serán desechados de plano cuando se actualicen las hipótesis contenidas en el artículo 317 de referencia y, serán sobreseídos cuando se actualicen las hipótesis contenidas en el diverso 318.

Lo anterior es así, porque la falta del escrito inicial, que éste no se encuentre firmado, sea promovido por quien no tenga personería e interés jurídico, presentado fuera de los plazos legalmente señalados, le falte la exposición de agravios o los que exprese no guarde relación con el acto, o bien, se impugne más de una elección, son hipótesis que de colmarse hacen que la petición hecha por el partido actor carezca de los requisitos formales necesarios para su tramitación, de ahí que la consecuencia lógica sea su desechamiento.

Ahora bien, por lo que hace al sobreseimiento, tomando en consideración las hipótesis del 318 del Código Electoral Local, es dable concluir que privilegia la existencia de requisitos de fondo, tales como el desistimiento del promovente, la modificación o revocación del acto o resolución impugnados, o bien, que una vez iniciado el trámite procesal del medio de impugnación, sobrevenga  alguna causal de improcedencia; de ahí que la falta de alguno de estos va a traer como consecuencia que el juicio se concluya sin que se analice el objeto de estudio planteado en el medio de impugnación de que se trate, es decir se sobresea; o en un recurso de apelación el actor fallezca o sea suspendido o privado del goce de sus derechos políticos.

En este contexto, es oportuno señalar que el artículo 313 del Código Electoral del Estado de México establece:

Artículo 313.- El órgano del Instituto que reciba un medio de impugnación, lo hará del conocimiento público, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, mediante cédula que fijará en los estrados, en la cual deberá constar el día y hora de su publicación.

Una vez que se cumpla el plazo de setenta y dos horas para que comparezcan terceros interesados o coadyuvantes, el órgano del Instituto que reciba un medio de impugnación deberá hacer llegar, en su caso, al Consejo General o al Tribunal, dentro de las veinticuatro horas siguientes:

I. El escrito mediante el cual se interpone;

II. La copia del documento en que conste el acto o resolución impugnados, y en su caso, copia certificada de las actas correspondientes del expediente relativo al cómputo impugnado;

III. Las pruebas aportadas, así como aquellas que le hayan sido solicitadas en tiempo por alguna de las partes y que tengan relación con el medio de impugnación;

IV. Los escritos y pruebas aportadas por los terceros interesados y los coadyuvantes;

V. Un informe circunstanciado en el que se expresarán los motivos y fundamentos jurídicos que se consideren pertinentes para sostener la legalidad del acto o resolución que se impugna, en el que, además, informará si el promovente tiene reconocida su personería ante el órgano del Instituto;

VI. En el caso del juicio de inconformidad, los escritos sobre incidentes y de protesta que obren en su poder; y

VII. Los demás elementos que se estime necesarios para la resolución del medio impugnativo.

Ahora bien, de lo anterior se advierte que existe la obligación a cargo del órgano electoral que reciba un medio de impugnación, de remitirlo a la autoridad electoral local competente con toda la documentación necesaria para su resolución.

Entre esos documentos deben obrar, para el caso del juicio de inconformidad, copia certificada de las actas correspondientes del expediente relativo al cómputo impugnado, los escritos sobre incidentes y de protesta que obren en su poder y todos los demás elementos que se estime necesarios para la resolución del medio impugnativo.

Así las cosas, en el presente asunto, al realizar el análisis de los expedientes que se resuelven, se advirtió la carencia del material probatorio necesario para la resolución de los presentes asuntos, tales como Actas de Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo, Hojas de Incidentes e, incluso, listas nominales. Atento a ello, este Tribunal, dentro del expediente JI/152/2009, requirió a la autoridad señalada como responsable, la remisión de originales o copias certificadas de los referidos documentos electorales, mediante auto de veintiséis de julio de dos mil nueve.

Al dar cumplimiento al requerimiento de mérito, la autoridad responsable remitió la mayor parte de la documentación solicitada, sin embargo, por lo que hace a las listas nominales fue omisa; por tal motivo, el veintinueve de julio del presente año, se requirió al Consejo Distrital Electoral XLIII de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para que remitiera original o copia certificada de las listas nominales de las cuatrocientas quince casillas a la brevedad posible, a fin de que este órgano jurisdiccional estuviera en posibilidades de resolver los juicios de inconformidad de mérito.

Como ya se mencionó, el Consejo Electoral Municipal responsable, remitió copias certificadas de la documentación requerida. Sin embargo, no se cuentan con las relativas a todas las actas originales solicitadas y algunas resultaron ilegibles.  -

No es óbice a lo anterior lo establecido en los artículos 330, párrafo segundo y 332, párrafo segundo del Código Comicial local, que disponen:

Artículo 330.-…

El promovente aportará con su escrito inicial, o dentro del plazo para la interposición de los medios de impugnación, las pruebas que obren en su poder.

…

Artículo 332.-…

El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho.

En tal contexto, es claro que la carga probatoria dentro de un medio de impugnación en materia electoral, corresponde al promovente que afirma la ilegalidad del acto que reclama y por el que solicita la nulidad respectiva. De ahí que quien debe allegar de todos los elementos probatorios a este órgano jurisdiccional, es el promovente del medio de impugnación, en la especie, el Partido Acción Nacional.

En el caso concreto, la carencia de probanzas motivó el requerimiento de mérito, sin embargo, el cumplimiento parcial del mismo, originó que en las casillas 701 CONTIGUA 1, 711 BÁSICA, 720 BÁSICA, 720 CONTIGUA 1, 722 BÁSICA, 729 CONTIGUA 1, 731 BÁSICA, 752 BÁSICA, 772 BÁSICA, 792 CONTIGUA 1, 819 BÁSICA, 825 BÁSICA, 825 CONTIGUA 1, 829 CONTIGUA 1, 836 CONTIGUA1, 849 CONTIGUA 1, 853 CONTIGUA 1, 855 BÁSICA, 858 BÁSICA, 861 BÁSICA, 861 CONTIGUA 2, 867 CONTIGUA 2, 887 CONTIGUA 2, 890 BÁSICA, 898 CONTIGUA1, 902 CONTIGUA 2, 903 CONTIGUA 2, la autoridad requerida fuera omisa en la remisión de la documentación correspondiente. Asimismo, respecto de las casillas 712 CONTIGUA 1, 787 CONTIGUA 1, 798 CONTIGUA 2, 816 CONTIGUA 2, 834 BÁSICA, 843 CONTIGUA 1, 846 BÁSICA, 846 CONTIGUA 1, 848 BÁSICA, 854 CONTIGUA 2, 855 CONTIGUA 2, 856 CONTIGUA 2, 881 CONTIGUA 2, 885 CONTIGUA 1, si bien es cierto que existen copias certificadas de los documentos requeridos, también lo es que la ilegibilidad que presentan hace imposible su estudio y análisis para decidir sobre la nulidad de la votación recibida en ellas.

Así, al no existir certeza en los elementos probatorios relativos a las casillas de mérito o, en su caso, la inexistencia de los mismos en las constancias que obran en los presentes expedientes, este Tribunal Electoral considera actualizada la hipótesis jurídica contenida en el artículo 318, fracción III, directamente relacionada con la contenida en el diverso 311, fracción VI, ambos del Código Electoral del Estado de México; por tanto, se decreta SOBRESEIMIENTO PARCIAL respecto de las casillas 701 CONTIGUA 1, 711 BÁSICA, 720 BÁSICA, 720 CONTIGUA 1, 722 BÁSICA, 729 CONTIGUA 1, 731 BÁSICA, 752 BÁSICA, 772 BÁSICA, 787 CONTIGUA 1, 792 CONTIGUA 1, 819 BÁSICA, 825 BÁSICA, 825 CONTIGUA 1, 829 CONTIGUA 1, 836 CONTIGUA1, 849 CONTIGUA 1, 853 CONTIGUA 1, 855 BÁSICA, 858 BÁSICA, 861 BÁSICA, 861 CONTIGUA 2, 867 CONTIGUA 2, 887 CONTIGUA 2, 890 BÁSICA, 898 CONTIGUA1, 902 CONTIGUA 2, 903 CONTIGUA 2, 712 CONTIGUA 1, 798 CONTIGUA 2, 816 CONTIGUA 2, 834 BÁSICA, 843 CONTIGUA 1, 846 BÁSICA, 846 CONTIGUA 1, 848 BÁSICA, 854 CONTIGUA 2, 855 CONTIGUA 2, 856 CONTIGUA 2, 881 CONTIGUA 2 y 885 CONTIGUA 1.

Lo anterior es así, en virtud de que si bien es cierto que existió el ofrecimiento de las probanzas de mérito, también lo es que no hubo la aportación oportuna de los elementos necesarios para que este Tribunal se avocara al análisis de los hechos y agravios planteados por el promovente de los juicios de inconformidad que se resuelven, con relación a las referidas casillas. Asimismo, no es óbice a lo anterior que existan tales documentos en las constancias que obran en autos, dado que la ilegibilidad que presentan hacen imposible el estudio correspondiente.

Debe señalarse que el artículo 330, último párrafo, del Código Electoral del Estado de México, el Tribunal tiene la obligación de allegarse los elementos que estimen necesarios para dictar sus resoluciones, lo cual se colmó con los requerimientos que realizó a las autoridades administrativas electorales; sin embargo, ante la falta de algunas probanzas, o bien, su ilegibilidad, en cumplimiento al propio precepto, este Tribunal resolverá con los elementos que obren en autos.

Ahora bien, toda vez que los promoventes de los presentes juicios de inconformidad dieron cumplimiento a los requisitos de procedibilidad contenidos en los artículos 311 y 311 bis del Código Local de la materia y, dado que no se ha advertido la actualización de alguna de las hipótesis jurídicas contenidas en el diverso 317 del citado ordenamiento, ni la actualización de alguna otra causa de sobreseimiento, es procedente realizar el análisis y resolución del fondo de los presentes medios de impugnación.

TERCERO. El objeto de estudio en el presente asunto consiste en determinar si las causales de nulidad aducidas por los recurrentes efectivamente acontecieron y, en consecuencia, procede o no modificar los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal, la asignación, el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva e, incluso, la nulidad de elección.

Así las cosas, es dable establecer que el promovente en los juicios de inconformidad marcados con los números JI/151/2009, JI/152/2009 y JI/153/2009, hace valer sus pretensiones en contra del otorgamiento de las constancias de mayoría y declaración de validez de la Elección de Ayuntamiento en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por actualizarse las causales de nulidad genérica o abstracta de dicha elección, establecidas en el artículo 299 fracciones I, II, IV, inciso C), V y VI del Código Electoral del Estado de México. Asimismo, considera que se acreditan diversas causales de nulidad de votación recibida en diversas casillas.

Por razón de método, este Tribunal se avocará a estudiar el presente asunto, en los siguientes términos:

a)           En primer término, los agravios dirigidos a actualizar las causas de nulidad de elección, dado que de resultar la acreditación de alguna de ellas, la consecuencia jurídica sería la anulación de los comicios, lo que haría innecesario el estudio del resto de los agravios.

b)           En segundo lugar, los tendentes a acreditar la nulidad de la votación recibida en diversas casillas, en los siguientes términos:

En este contexto, es menester mencionar que el artículo 299, fracción II, del Código Electoral del Estado de México, establece:

Artículo 299.- El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernador, de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento de un municipio, en los siguientes casos:

…

II. Cuando alguna o algunas de las causas señaladas en el artículo anterior, se acrediten en por lo menos el 20% de las casillas instaladas en el Estado, distrito uninominal o municipio, que corresponda;

…

Atento a lo anterior, tomando en consideración que para actualizarse la nulidad de elección que se plantea debe acreditarse alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo 298 del Código de la materia, en por lo menos el 20% de las casillas instaladas en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es menester que este Tribunal realice el estudio correspondiente, una vez que haya analizado las causas de nulidad de votación recibida en casilla, a fin de estar en condiciones de resolver lo conducente.

CUARTO. En cumplimiento a las disposiciones que rigen la materia electoral en nuestro Estado, se recibieron e integraron las pruebas que las partes consideraron pertinentes para acreditar su dicho, así como aquéllas que fueron remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a los requerimientos que se le hicieron. Pruebas e indicios que se analizan y valoran de acuerdo con lo establecido en los artículos 327 fracción I incisos a y b; fracción V del Código Electoral del Estado de México, de lo que se deduce especialmente la prueba documental pública, a la que en términos de los diversos 328, este Tribunal les otorga valor probatorio pleno.

Asimismo, con relación a las documentales privadas y técnicas, que obran en el presente sumario, serán valoradas de conformidad con lo prescrito por el artículo 327, fracción II, del Código comicial local y sólo harán prueba plena cuando de la adminiculación con otros medios probatorios, generen convicción respecto de los hechos que pretenden acreditar; de lo contrario, únicamente se tendrán como indicios.

QUINTO. Una vez que se ha precisado la procedencia del análisis del objeto de estudio en el presente asunto, debe decirse que este Tribunal realizó la lectura integral a la copia certificada de la Sesión Ininterrumpida de Cómputo del Consejo Municipal Electoral de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, que obra agregada a los autos de los expedientes que se resuelven, documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en el artículo 327, fracción I, inciso b, directamente relacionado con el diverso 328, párrafo segundo, ambos del Código Electoral del Estado de México.

De esa lectura se ha obtenido que en la página cinco de esa acta, que en obvio de repeticiones se tiene por reproducida como si a la letra se insertara, se contiene un total de noventa y cinco casillas sobre las que el Consejo Municipal de referencia realizó el recuento o conteo total de votos recibidos en esas casillas. Al respecto, en lo que interesa para la resolución de este asunto, debe decirse que entre esas noventa y cinco casillas se encuentran las siguientes: 709 CONTIGUA 1, 724 BÁSICA, 725 CONTIGUA 1, 765 CONTIGUA 1, 767 CONTIGUA 1, 770 CONTIGUA 1, 782 BÁSICA, 783 CONTIGUA 2, 785 CONTIGUA 1, 787 BÁSICA, 791 CONTIGUA 1, 792 CONTIGUA 1, 796 BÁSICA, 797 CONTIGUA 1, 798 CONTIGUA 1, 800 CONTIGUA 1, 806 BÁSICA, 807 CONTIGUA 1, 809 CONTIGUA 2, 813 BÁSICA, 815 BÁSICA, 815 CONTIGUA 1, 817 BÁSICA, 822 BÁSICA, 823 BÁSICA, 824 BÁSICA, 837 BÁSICA, 843 CONTIGUA 1, 849 CONTIGUA 1, 857 BÁSICA, 857 CONTIGUA 2, 861 BÁSICA, 892 BÁSICA, 894 CONTIGUA 1, 900 BÁSICA, 902 CONTIGUA 2, 911 CONTIGUA 1, 911 CONTIGUA 2, 911 CONTIGUA 8, 911 CONTIGUA 16, que fueron impugnadas por el actor.

Con relación a lo anterior, es pertinente señalar que el artículo 270, fracciones I, II, V y VI, del Código Electoral del Estado de México, establece:

Artículo 270.- Iniciada la sesión en ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos. El Consejo procederá a hacer el cómputo de la votación de la elección de miembros de ayuntamientos, practicando sucesivamente las siguientes operaciones:

I. Examinará los paquetes electorales, separando los que tengan muestras de alteración;

II. Abrirá los paquetes que aparezcan sin alteración, siguiendo el orden numérico de las casillas y tomará nota de los resultados que consten en las actas finales de escrutinio contenidas en los expedientes.

El Consejo Municipal deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la votación recibida en una casilla cuando existan objeciones fundadas.

Se considerará objeción fundada en los siguientes casos:

…

III…

IV…

V. Abrirá a continuación, los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva. Los resultados de esta operación se sumarán a los obtenidos previamente;

VI. Si de la sumatoria se establece que la diferencia entre la planilla presuntamente ganadora de la elección en el municipio y la que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual de la votación válida emitida en el municipio, y existe la petición expresa del representante del partido que postuló a la segunda de las planillas antes señaladas, el Consejo Municipal deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas, en todo caso se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.

Cuando al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló a la segunda de las planillas antes señaladas, y exista indicio de que la diferencia entre la planilla presuntamente ganadora y la ubicada en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual de la votación válida emitida en el municipio, el Consejo Municipal deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos se considerará indicio suficiente la presentación, ante el Consejo, de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el municipio, apoyadas en la coincidencia de todas las actas en poder del partidos con las que obran en poder del Consejo.

También deberá realizarse un nuevo recuento, cuando la solicitud provenga de alguno de los partidos políticos que aún cuando no hubiese obtenido el segundo lugar en los resultados, la diferencia entre su votación y la del presunto ganador sea igual o menor a un punto porcentual de la votación válida emitida en el municipio.

…

…

…

Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los Consejos Municipales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal.

En ningún caso podrá solicitarse al Tribunal que realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los Consejos Municipales.

VII…

Como se puede observar, el artículo transcrito establece el procedimiento que se debe desahogar durante la Sesión Ininterrumpida de Cómputo del Consejo Municipal Electoral de que se trate, dentro del cual destaca la figura del recuento.

Ello es importante porque en el citado precepto, en el penúltimo párrafo de la fracción VI, se establece con claridad que las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean sujetas al recuento, son corregidas por los Consejos Municipales. Lo que lleva a justificar la razón de ser de la última parte de dicho párrafo, en la que expresa con claridad que la votación recibida en las casillas que hayan sido objeto del recuento, ya no puede ser impugnada por los errores que en ellas se hubieran cometido y que se subsanaron durante ese recuento.

Cabe señalar que la causal de nulidad de votación recibida en casilla, relacionada con lo anterior, es la contenida en la fracción IX del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, relativa a que haya mediado error o dolo en el cómputo de votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación. Lo anterior es así, porque como ya se ha afirmado, el recuento permite subsanar precisamente el error o el dolo relacionado con el escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla de que se trate.

En el presente asunto, las casillas a las que se ha hecho alusión respecto del recuento que se les practicó durante el desarrollo de la Sesión Ininterrumpida de Cómputo del Consejo Municipal Electoral de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, también fueron impugnadas en el presente asunto, porque los promoventes han considerado que se actualiza la hipótesis jurídica contenida en el artículo 298, fracción IX, del Código comicial local; sin embargo, en atención a lo establecido en el artículo 270, fracción VI, penúltimo párrafo, del Código Electoral del Estado de México, ya no es posible analizarlas por los errores que originaron el recuento, pues ya han sido subsanados y este Tribunal no debe avocarse a su análisis.

Por tal motivo, es procedente declarar INOPERANTES los agravios que giren en torno de ellas respecto al error o dolo en el cómputo de votos.

SEXTO. Por razón de método y orden, este Tribunal procederá a analizar los agravios dirigidos a actualizar las causales de nulidad de la elección contempladas en el artículo 299 fracciones I, IV, inciso C), V y VI del Código Electoral del Estado de México, en virtud de las siguientes consideraciones:

El precepto en cita, en las fracciones que han quedado señaladas, establece:

Artículo 299.- El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernador, de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o de un ayuntamiento de un municipio, en los siguientes casos:

I. Cuando el candidato a Gobernador, los integrantes de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, o los integrantes de la planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento, que hayan obtenido la mayoría de votos en la elección correspondiente, no reúnan los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución Particular o los señalados en este Código;

…

IV. Cuando en actividades o actos de campaña o durante la jornada electoral, en la entidad, el distrito uninominal o el municipio de que se trate, el partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría, realice conductas que actualicen alguno de los siguientes supuestos:

…

c) Utilizar recursos públicos o los destinados a programas sociales de cualquier nivel de gobierno, en forma determinante para el resultado de la elección.

V. Cuando servidores públicos provoquen en forma generalizada temor a los electores o afecten la libertad en la emisión del sufragio y se demuestre que esos hechos fueron determinantes para el resultado de la elección de que se trate; y

VI. Cuando se acrediten irregularidades graves y no reparadas, desde la preparación del proceso electoral, hasta la conclusión de los cómputos respectivos y que en forma determinante vulneren los principios constitucionales que deben regir en las elecciones democráticas.…

Una vez que ha quedado transcrito el precepto de referencia, el análisis correspondiente a cada una de las fracciones a las que se hace alusión se hará en los siguientes términos:

ARTÍCULO 299, FRACCIÓN I. INELEGIBILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA PLANILLA QUE RESULTÓ VENCEDORA.

De la lectura del precepto de mérito, en su fracción I, se observa que una de las causas típicas o específicas de nulidad de elección es que los integrantes de la planilla vencedora en una elección de miembros de algún ayuntamiento, adolezcan de una causa de inelegibilidad. Al respecto, debe enfatizarse que la ley expresamente establece que sean “los integrantes”, lo que lleva a concluir que debe ser la totalidad de los miembros de la planilla los que se encuentren afectados de alguna causa de inelegibilidad. Lo anterior se robustece con el hecho de que el resultado de que esa hipótesis jurídica se actualice en los términos dispuestos, es la nulidad de la elección.

Se hace ese énfasis, en razón de que de no ser la totalidad de los integrantes los que actualicen una causa de inelegibilidad, el resultado es diferente a la nulidad de la elección. Es decir, si sólo uno o algunos de los miembros de la planilla que resultara vencedora adolecieran de una causa de inelegibilidad, la consecuencia sería en función del carácter con que estuvieran contendiendo, pues si se trata del propietario, en caso de resultar inelegible sería sustituido por su suplente y, si éste fuera el que actualizara una causa de inelegibilidad, el único resultado sería que el propietario tendría que cumplir en todo momento con su encargo pues no podría hacer uso de su suplente. En tales circunstancias, es dable afirmar que sólo en el caso de que la totalidad de los integrantes de la planilla vencedora resultara inelegible, sobrevendría la nulidad de la elección de que se trate.

En atención a lo anterior es que se hace necesario iniciar el estudio en el presente asunto, con la causa de nulidad de elección por inelegibilidad de los integrantes de la planilla que resultó vencedora en la elección de miembros del ayuntamiento del municipio de Capulhuac, Estado de México, pues de acreditarse en los términos expresamente establecidos en la fracción del precepto en cita, traería como resultado la nulidad de la elección y haría innecesario el estudio del resto de los agravios.

En ese orden de ideas, en la especie, el actor en el juicio de inconformidad JI/153/2009 invoca la causal de nulidad de elección por la inelegibilidad de los integrantes de la planilla de candidatos a miembros del ayuntamiento del municipio de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, en razón de los siguientes argumentos:

“…

2.- Los integrantes de la planilla a candidatos de de ayuntamiento del Partido Revolucionario Institucional en el Municipio de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, que participaron en el presente proceso electoral, resultan inelegibles, en virtud de que no colmaron el requisito que previene el artículo 16 fracción V DEL Código Electoral del Estado de México, es decir, el de ser electo o designado candidato, de conformidad con los procedimientos democráticos internos del partido político que lo postule, por lo que su registro está viciado de nulidad, toda vez que el escrito al que se refiere el artículo 148 del Código Electoral vigente último párrafo en el que se establece que el partido político postulante deberá manifestar por escrito que los candidatos cuyo registro solicitan fueron el caso específico de estas candidaturas, tanto la convocatoria como el escrito antes referido fueron signados por el C. RICARDO AGUILAR CASTILLO, quien se ostento como Presidente del comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, pretendiendo avalar en el contenido de dichos escrito que se cumplió con los procesos internos de selección de candidatos; no obstante cumplió con los procesos internos de selección de candidatos; no obstante deberá darse a dichos documentos nulo carácter o negársele cualquier trascendencia a la vida jurídica; toda vez que el nombre de RICARDO AGUILAR CASTILLO, no contiene documento cierto o respaldo jurídico en términos de la legislación civil vigente que le permita ser sujeto de derechos y obligaciones en virtud de que del análisis del acta de nacimiento con número 1030 expedida en fecha 8 de agosto de 1970, por el Oficial del registro civil de Jilotepec Estado de México, a favor del C. ULISES AGUILAR CASTILLO, y en fecha tres de mayo de dos mil dos, se realiza una “complementación” que en esencia contiene una sustitución del nombre original de ULISES AGUILAR CASTILLO, por el de RICARDO AGUILAR CASTILLO, movimiento administrativo que viola los principios y normas del derecho civil vigente en esa época y actualmente por lo que hace al régimen jurídico y al estado civil de las personas, tal como se acredita con las copias certificadas del juicio de amparo número 1684/2008…” 

Previo al análisis de la cuestión planteada por el promovente, se estima conveniente comenzar el estudio correspondiente en los siguientes términos:

En primer término, debemos precisar qué debemos entender por elegibilidad. El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, en su vigésima segunda edición, página 872, dispone:

Elegibilidad. F. Cualidad de elegible.

Elegible. (Del lat. Elegibilis.) Adjetivo. Que se puede elegir, o tiene capacidad legal para ser elegido.

De igual forma, en el Glosario Electoral, segunda edición del año 2002, del Instituto Estatal Electoral de Ciudad Victoria Tamaulipas se define la palabra “elegible” como “… el ciudadano a quien el ordenamiento legal le concede el derecho político-electoral para ser sujeto pasivo de una elección, en tanto sea postulado como candidato por un partido político…”

Así, podemos afirmar que la elegibilidad debe ser entendida, en primer término, como posibilidad abstracta, capacidad genérica, presupuesto sobre cuya base es posible que el sujeto adquiera la posición jurídica subjetiva de candidato y las situaciones conexas con tal posición. De esta manera, para ocupar algún cargo de elección popular local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el Código Electoral del Estado de México, prevén el surtimiento de determinadas cualidades o atributos, inherentes a la persona que pretenda ocupar el cargo respectivo, por tanto, la elegibilidad constituye una serie de atributos que necesariamente debe cumplir un candidato para tener derecho a contender en una elección.

Por lo anterior, resulta evidente que la elegibilidad se refiere a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar un cargo de elección popular, pero indispensables para el ejercicio del mismo.

Luego entonces, la elegibilidad constituye una serie de requisitos básicos que necesariamente debe cumplir un candidato para tener derecho a contender en una elección, a contrario sensu, la inelegibilidad es una situación jurídica en la que se coloca una persona que le impide ser electa por no satisfacer cada uno de los requisitos constitucionales y legales exigidos.

En la especie, se combate la elegibilidad de la planilla de candidatos que resultó vencedora en la elección de miembros del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, porque el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, que postuló a esa planilla en la elección de mérito, tiene una filiación -Ulises Aguilar Castillo- y firma con otra -Ricardo Aguilar Castillo-, de lo que se deriva, según el promovente, la nulidad del registro de los citados candidatos.

Como se puede observar, los argumentos vertidos por la parte actora no se relacionan con las cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar un cargo de elección popular; es decir, la vinculación entre el planteamiento que se hace, con el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales a cargo de un ciudadano que contiende por un cargo de elección popular como lo son los miembros de un ayuntamiento, es inexistente.

De este modo, ante la falta de relación entre los agravios esgrimidos por la parte actora y la causal de nulidad de elección que plantea, este Tribunal estima que la pretensión del promovente deviene INATENDIBLE.

ARTÍCULO 299, FRACCIÓN IV, INCISO C: UTILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS O LOS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE CUALQUIER NIVEL DE GOBIERNO, EN FORMA DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN.

La hipótesis contenida en la fracción IV, inciso c, del artículo 299 del Código Electoral del Estado de México, se integra por los siguientes elementos:

a.          Que se realicen actividades o actos de campaña o durante la jornada electoral,

b.          Que se lleven a cabo en el municipio de que se trate,

c.          Que el sujeto activo de esos actos sea el partido político o coalición que obtenga la constancia de mayoría,

d.          Que esas actividades o esos actos constituyan conductas en las que se utilicen recursos públicos o los destinados a programas sociales de cualquier nivel de gobierno,

e.          Que todo ello sea determinante para el resultado de la elección.

De los elementos que se enlistan, son trascendentes los contenidos en los incisos c y d, en razón de lo siguiente:

La nulidad de elección por la actualización de la hipótesis contenida en la fracción IV, inciso c, del artículo 299 del Código Electoral del Estado de México sobreviene porque el partido que resultó vencedor, para lograr ese objetivo, utilizó recursos distintos a los destinados para tal efecto.

Al respecto, es necesario señalar que para determinar si los recursos utilizados por el partido político vencedor, durante la contienda en la que sus candidatos resultaron electos, tienen su origen en aquellos de carácter público cuyo destino es la realización de programas a cargo de alguno de los tres niveles de gobierno,  es necesario que su utilización sea plenamente acreditada y, sobre todo, que quede demostrado que en virtud de ese uso, se obtuvo el triunfo en la contienda electoral de que se trate.

Así, en la especie, el promovente del juicio de inconformidad que se resuelve, manifiesta:

2.- UTILIZACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL, PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL DE LA CANDIDATA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PAULINA ALEJANDRA DEL MORAL VELA, EN PERJUICIO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y CERTEZA, QUE DEBEN PREVALECER EN EL PROCESO ELECTORAL, Y EN AGRAVIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

ACTOS DE LOS CUALES SE INICIÓ LA DENUNCIA PENAL CORRESPONDIENTE Y SE PUSO EN CONOCIMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL CON SEDE EN CUAUTITLÁN IZCALLI, EL CUAL A TRAVÉS DE UNA COMISIÓN INTEGRADA POR CONSEJEROS ELECTORALES, VERIFICARON LA EXISTENCIA FISICA DE DICHA PROPAGANDA EN INMUEBLES DESTINADOS A LA AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL, Y DONDE SE APRECIA EL ESCUDO Y LA LEYENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

Los medios probatorios con los que el promovente pretende acreditar su aserto se refieren a diez placas fotográficas que muestran la utilización de inmuebles destinados al Servicio de Seguridad Pública Estatal para la colocación de propaganda electoral de la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Cabe señalar que la prueba de mérito fue desahogada por personal de este Tribunal facultado para ello, el uno de agosto de dos mil uno.

Dicho elemento probatorio es de naturaleza técnica, de conformidad con lo establecido en el artículo 327, fracción II, del Código Electoral del Estado de México y para que haga prueba plena debe ser adminiculado con alguna otra probanza que permita generar en este órgano jurisdiccional la convicción alguna, pues de acuerdo con lo dispuesto en el diverso 328, ese elemento probatorio tiene valor de indicio.

Ahora bien, la convicción que se debe generar en este Tribunal es que realmente se haya colocado propaganda de la candidata del Partido señalado -que resultó vencedor en la elección de miembros del ayuntamiento del municipio de Cuautitlán Izcalli - en inmuebles destinados al Servicio de Seguridad Pública Estatal. Ello con la finalidad de analizar si esa conducta actualiza la hipótesis jurídica de la nulidad de la elección por la utilización de recursos públicos o destinados a programas sociales a cargo de cualquiera de los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, del análisis del material probatorio que obra agregado a los expedientes de los juicios de inconformidad que se resuelven, no se advierte la existencia de alguno tendente a ser adminiculado con la probanza técnica a la que se ha hecho alusión. Por tanto, es dable afirmar que el aserto del promovente no fue acreditado con elemento probatorio alguno que debido a su contundencia tuviera valor probatorio pleno, o bien, que de la adminiculación con la prueba técnica de referencia, generaran la convicción correspondiente en este Tribunal.

ARTÍCULO 299, FRACCIÓN V. QUE SERVIDORES PÚBLICOS PROVOQUEN EN FORMA GENERALIZADA TEMOR A LOS ELECTORES O AFECTEN LA LIBERTAD EN LA EMISIÓN DEL SUFRAGIO Y SE DEMUESTRE QUE ESOS HECHOS FUERON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN DE QUE SE TRATE.

Con relación a esta hipótesis jurídica, se observa que los elementos que la integran, son:

a.          Que se genere temor en el electorado, o bien, se afecte la libertad en la emisión del sufragio

b.          Que los sujetos activos sean servidores públicos

c.          Que esos hechos fueron determinantes para el resultado de la elección de que se trate.

Con relación al primer elemento, el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, establece:

Temor. (Del lat. timor, -ōris).

1. m. Pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso.

2. m. Presunción o sospecha.

3. m. Recelo de un daño futuro.

4. m. germ. Cárcel de presos.

Las definiciones contenidas en los puntos 1 y 3 de la transcripción que antecede, cobran especial relevancia en virtud de la relación que se establece entre el electorado y lo servidores públicos que intervienen durante la contienda electoral a favor de algún candidato.

El artículo 110, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

Artículo 110…

…

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

…

Por su parte, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece:

Artículo 130.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, en los ayuntamientos de los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos.

La Ley de Responsabilidades regulará sujetos, procedimientos y sanciones en la materia.

De los preceptos que han quedado transcritos se observa con claridad que el servidor público es la persona que se desempeña dentro de los órganos que integran los poderes del Estado en sus tres niveles de gobierno. Es decir, el individuo que se encuentra vinculado a un organismo público por un procedimiento electoral, reglamentario o contractual, en cargos previamente creados para el ejercicio de funciones y deberes señalados por autoridad competente, relacionados con los fines y las actividades del Estado. De ello se advierte que por la naturaleza de las funciones que desempeña, actúa bajo la potestad del ente público al que se encuentra adscrito. En este entendido, la calidad que tiene derivada del cargo que detenta, genera en el ánimo ciudadano una posición de supra-subordinación.

Al respecto, debe enfatizarse que las relaciones jurídicas de supra-subordinación son las que se producen entre los gobernados y las autoridades estatales. Los primeros son los sujetos activos de la relación, en tanto que los segundos participan en ella como sujetos pasivos. Los sujetos activos son los individuos, es decir, las personas físicas o morales. Por su parte, los sujetos pasivos son el Estado y sus autoridades, así como los organismos descentralizados, al realizar actos de autoridad frente a particulares.

Lo anterior es así, porque de las relaciones de supra-subordinación se desprende la necesidad de activar la facultad garante del Estado frente al acto autoritario de alguno de sus organismos.

Ahora bien, en otro contexto, esas relaciones también hacen alusión a la desigualdad que existe entre las partes que las integran. Es decir, la relación que se establece entre los órganos estatales y los gobernados se denomina de supra-subordinación porque los primeros se encuentran envueltos por la potestad, entendida como las acciones desarrolladas en ejercicio de un poder atribuido previamente por la Ley, en tanto que en virtud de ésta, los gobernados están sujetos a esa potestad.

Lo anterior permite observar que la relación de supra-subordinación, también puede denominarse de mando y obediencia, en la que la desigualdad de las partes se enfatiza por la autoridad de una frente a la vulnerabilidad de la otra. En este entendido, es claro que la que detenta la potestad a la que se ha hecho alusión, inhibe la actuación de los gobernados, parte vulnerable de esa relación.

Ahora bien, como ya se mencionó, esa relación jurídicamente se da entre los órganos Estatales y los gobernados o ciudadanos. Sin embargo, el ánimo de supra-subordinación se genera entre los individuos de una sociedad, pues los que actúan en su calidad de ciudadanos o gobernados, se inhiben frente a los que tienen el carácter de servidores públicos.

Ello es trascendente, porque para efectos de la causal de nulidad de elección que se analiza, ese ánimo de supra-subordinación traducido en la inhibición de la actuación de los ciudadanos frente a los servidores públicos, puede llegar hasta el extremo del temor, en virtud del recelo por un daño futuro, que haga al individuo llegar al ánimo de huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso.

En este contexto, retomando los elementos que integran la hipótesis jurídica contenida en la fracción V del artículo 299 del Código Electoral del Estado de México, relativa que servidores públicos provoquen en forma generalizada temor a los electores o afecten la libertad en la emisión del sufragio, es menester que para tenerla por acreditada, el ánimo de supra-subordinación se exacerbe hasta el punto de generar el recelo por un daño futuro.

Sin embargo, la alteración de ese ánimo en los términos apuntados no sólo se constriñe a ello, pues hace necesario que para la actualización de la causal de mérito, la exacerbación a la que se ha hecho alusión provenga de actos realizados por servidores públicos que son ampliamente reconocidos como tales, o bien, que en ejercicio arbitrario de sus atribuciones, inhiba la actuación de la ciudadanía en su carácter de electorado y en ejercicio de su derecho al sufragio.

Luego, para acreditar lo anterior, el promovente del juicio de inconformidad mediante el cual se pretenda anular una elección por la actualización de esa causal, debe aportar los elementos suficientes para acreditar la realización de actos que arbitrariamente realice un individuo en su carácter de servidor público, con la finalidad de generar en el electorado el recelo de un daño futuro.

Así las cosas, en la especie el promovente del juicio de inconformidad que se resuelve, manifiesta:

3.- LA VINCULACIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA CANDIDATA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, C. PAULINA ALEJANDRA DEL MORAL VELA, Y SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES, AL REQUERIR DE LA PRESENCIA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, A EFECTO DE APUNTALAR SU CAMPAÑA.

…

Como se puede leer en los medios de comunicación locales impresos, las declaraciones de la candidata del PRI, durante una conferencia de prensa en el Hotel Fiesta Inn en Cuautitlán Izcalli, quien de manera textual expreso:

“El único y absoluto líder del priísmo en el estado se llama Enrique Peña, en lo personal es un hombre que me ha enseñado a trabajar con compromisos, realidades y con obras de “relumbrón”. No ha estado metido aquí, (pero) ojalá y viniera a ayudarme para hacer campaña, sería más fácil… ”.

Se adjunta como medio de prueba un ejemplar del periódico “SONRÍE IZCALLI”, de fecha 29 de mayo de 2009.

…

“ El día once de junio de dos mil nueve, al realizar un recorrido por las calles y avenidas del municipio de Cuautitlán Izcalli, así como por la Autopista México-Querétaro en sus dos sentidos, dentro del tramo que corresponde a los limites del municipio de Cuautitlán Izcalli, me percato que aún se encuentra colocada en mamparas instaladas a la orilla del arrollo vehicular, en camellones y en puentes vehiculares y peatonales, propaganda gubernamental del Gobierno del Estado de México, promocionando sus logros y acciones de gobierno, al contener entre otras frases, las siguientes “ CONSTRUYE VIADUCTO ELEVADO BICENTENARIO UNA VIALIDAD DE ALTURA, READECUACIÓN DEL PUENTE TEPALCAPA, PAVIMENTACIÓN VILLA DEL CARBÓN, PAVIMENTACIÓN CALLE LAURELES NORTE, PAVIMENTACIÓN CALLE GARDENIAS, PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCISCO I. MADERO, PAVIMENTACIÓN CALLE EUCALIPTO, PAVIMENTACIÓN AVENIDA TLALOC, REHABILITACIÓN DEL CAMINO NICOLÁS ROMERO-TEPOJACO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO VÍA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO”, ASÍ MISMO EN TODAS LAS MAMPARAS SE INCLUYE EL Escudo del Gobierno del Estado de México, junto a éste la frase “ GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO ” y el emblema con que la actual administración del Gobierno del Estado de México, identifica sus acciones, siendo este un espiral circular con tres elementos convergentes al centro, dos en color verde a dos tonos y un elemento en rojo sobre un fondo blanco, acompañado de la frase “ COMPROMISO GOBIERNO QUE CUMPLE”; las ubicaciones de las mamparas se detallan a continuación:”

a) …

w) Mampara en calle Belisario Domínguez, en el Pueblo San Lorenzo Río Tenco. EXPOSICIONES 50-51

Propaganda gubernamental del Gobierno del Estado de México, que en forma clara contraviene lo señalado en el artículo 157 segundo párrafo del Código Electoral del Estado de México; que a la letra establece:

Artículo 157.- (se transcribe)

Es evidente la violación al precepto antes invocado, pues a la fecha el Gobierno del Estado de México, continua haciendo propaganda gubernamental de sus logros y acciones de gobierno en las mamparas que tiene aún colocadas dentro del territorio del municipio de Cuautitlán  Izcalli y que han quedado señaladas y plenamente ubicadas; sin que la promoción realizada cumpla con lo establecido en el artículo antes citado en lo concerniente a servicios educativos, de salud o las referentes a la protección civil, en casos de emergencia.

…

En dicho evento, el Gobernador del Estado de México entregó obras con una inversión superior a los 107 millones de pesos, e hizo referencia ante más de diez mil personas a “ …la jornada del cinco de julio próximo… ”, y por voz de su Secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, se mencionó: “ …esta obra que fue un compromiso de campaña del gobernador Pena Nieto ”, para mas adelante, a través de otra integrante del presídium en dicho evento, de nombre Sandra Valencia Cruz, se expresó lo siguiente “ Te lo firmo y te lo cumplo no es una moda…Nuestros abuelos decían que los compromisos se cumplen y usted lo ha hecho, Señor Gobernador  ”.

Es clara  la intervención ilegal en el proceso electoral en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, del Gobierno del Estado de México, a través del propio Gobernador de la Entidad y demás servidores públicos, con una visible vinculación a la campaña de la candidata a Presidente Municipal del Partido Revolucionario Institucional en este Municipio, en cuya propaganda electoral se lee “ LA PALABRA se CUMPLE ” “ Compromiso firmado ante el Notario… ”

Actos y hechos, que vulneran de manera grave y determinante en perjuicio del Partido Acción Nacional y de su candidata a Presidente Municipal en Cuautitlán Izcalli, el principio de equidad y legalidad que debe prevalecer en las contiendas electorales, y que fue soslayado por el órgano encargado de preparar y vigilar el desarrollo del proceso electoral.

Lo ilegal de los actos antes enunciados, y su trascendente repercusión al proceso electoral en Cuautitlán Izcalli, motivo que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhortará al Gobernador del Estado de México a cumplir con la normatividad vigente en materia electoral.

Así consta en la versión que publica la Gaceta del Senado de la República, en referencia a la sesión que fecha 24 de junio de 2009, la cual se lee en los siguientes términos:

“DE LA PRIMERA COMISIÓN, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO: POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE EN MATERIA ELECTORAL RIGEN LA NO PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN LOS PROCESOS   ELECTORALES.”

Dictamen de la primera Comisión, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador Constitucional del estado de México, Enrique Peña Nieto, a cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones que en materia electoral rigen la no participación de las instituciones de gobierno del estado de México en los procesos electorales.

...

De las manifestaciones vertidas al respecto por el promovente de este medio de impugnación, se observa que su pretensión gira en torno de la actualización de la fracción V del artículo 299 del Código Electoral del Estado de México, toda vez que de sus aseveraciones se deduce que un servidor público, el Gobernador del Estado de México, ha realizado actos que de manera arbitraria pretenden generar un ánimo en el electorado.

Sin embargo, para estar en posibilidades de analizar las cuestiones planteadas por la parte promovente de este juicio de inconformidad, es menester que del análisis de las probanzas que al respecto ofrece, se acredite que, efectivamente, el Gobernador del Estado de México realizó actos en ejercicio arbitrario de las atribuciones que legalmente le son conferidas, para generar en el electorado el recelo de un daño futuro si no endereza su actuación a favor de los intereses de quien resultó vencedor en los comicios realizados el cinco de julio del año en curso.

Para tal efecto, el promovente aportó en cincuenta y un exposiciones fotográficas, que de acuerdo con el artículo 327, fracción III, del Código son pruebas técnicas y para que hagan prueba plena deben ser adminiculadas con alguna otra probanza que permita generar en este órgano jurisdiccional convicción alguna, pues de acuerdo con lo dispuesto en el diverso 328, ese elemento probatorio sólo tiene valor de indicio.

Ahora bien, del material probatorio que obra en autos, no se observa la existencia de alguna probanza que por sí sola o adminiculada con las pruebas técnicas a las que se ha hecho alusión, generen convicción en este órgano jurisdiccional respecto de la actuación arbitraria del Gobernador del Estado de México, que haya provocado en el electorado, recelo respecto de algún daño futuro si no ajustaba su actuación a los intereses del candidato o el instituto político que resultaron vencedores en la elección de miembros del ayuntamiento del municipio de Cuautitlán Izcalli, México, celebrada el cinco de julio de dos mil nueve.

ARTÍCULO 299, FRACCIÓN VI. IRREGULARIDADES GRAVES POR VIOLACIONES A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES.

Los elementos a considerar para estimar actualizada la hipótesis jurídica contenida en esta fracción, son:

a)           Que se cometan irregularidades

b)           Qué sean graves y no reparadas

c)            Que su comisión se haya llevado a cabo desde la preparación del proceso electoral, hasta la conclusión de los cómputos respectivos

d)           Que vulneren los principios constitucionales que deben regir en las elecciones democráticas

e)           Que la vulneración sea en forma determinante

Para iniciar el estudio correspondiente, es menester hacer alusión a los artículos 41, fracciones V y VI, así como 116, fracción IV, incisos a y b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen:

“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

…

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado…

…

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores…

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución…

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

…

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a)  Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b)  En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

…

De las transcripciones que anteceden se observa la existencia de principios constitucionales que rigen la actividad electoral en el Estado Mexicano, a saber:

1º.        Los que rigen las elecciones. Principios de libertad, autenticidad y periodicidad.

2º.        El que rige el financiamiento público. Principio de equidad.

3º.        Los que rigen la función administrativa electoral. Principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

4º.        Los que rigen los actos y resoluciones de los órganos electorales. Principios de constitucionalidad y legalidad.

5º.        Los que rigen el sufragio. Principios de universalidad, libertad, secrecía y que sea directo.

Asimismo, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone:

Artículo 10.- El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular.

Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

La ley establecerá las sanciones por violaciones al sufragio.

De lo anterior se observa que en el Estado de México, los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad no sólo rigen la actividad administrativa electoral local, pues también rigen la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en esta entidad federativa.

A su vez, el artículo 13 de la Constitución local, establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales locales y garantizará la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

De lo hasta aquí expuesto, se colige que las disposiciones constitucionales federales y locales que han quedado transcritas, se advierte que esos principios constituyen los elementos fundamentales de una elección democrática. En atención a ello, es imprescindible que se cumplan para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía.

Luego entonces, elecciones libres, auténticas y periódicas; sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, son presupuestos que deben colmarse para que una sociedad lleve a cabo el ejercicio de la democracia.

En este entendido, la actuación de los actores políticos durante el desarrollo de un proceso electoral, que constituye la expresión más clara del ejercicio democrático, debe ser en estricto apego a las normas constitucionales y legales tendentes a acatar y salvaguardar los principios a los que ya se ha hecho alusión. Es decir, es obligación de todos los involucrados en un proceso electoral partidos políticos, candidatos, autoridades electorales y ciudadanía en general-, el respeto irrestricto de tales principios, pues de no cumplir con ellos se generan irregularidades.

Ahora bien, para efectos de la hipótesis jurídica que se analiza, esas irregularidades deben provenir de actos que se hayan realizado a lo largo de todo el proceso electoral. Ello es así, porque la finalidad de la causal que se estudia es la anulación de una elección; luego entonces, es presupuesto fundamental que durante el proceso se hayan realizado conductas que violentaron tales principios para considerar procedente la anulación de los comicios de que se trate.

Aunado a lo anterior, hay que considerar el aspecto que se refiere a la gravedad de la irregularidad y, sobre todo, la irreparabilidad que se derive de ellas. Esto es así, nuevamente por la naturaleza de la consecuencia jurídica que sobrevendría en caso de que la hipótesis jurídica en análisis se actualizara: la nulidad de una elección.

Al respecto, la irreparabilidad consiste en que una vez realizado el acto u omisión que constituya una irregularidad en los términos que se han señalado, el resultado sea un efecto que no pueda suspenderse para dejar las cosas en el estado que estaban antes de que sobreviniera el acto de que se trate, para poder enderezar la situación y evitar la irregularidad cometida. Es decir, que una vez consumada ésta, no haya posibilidad alguna de que las cosas regresen a la situación que tenían antes de su realización y, sobre todo, que pueda rehacerse lo que corresponda para que deje de existir tal alteración.

En este contexto, es claro que si se somete a la consideración del órgano jurisdiccional electoral local la comisión de tales irregularidades con la finalidad de lograr que determine la anulación de la elección de que se trate, es claro que se deben aportar los elementos probatorios que acrediten la existencia de esas irregularidades, que sean graves e irreparables pero, sobre todo, que la vulneración sea directamente a los principios constitucionales a los que se ha hecho alusión.

En la especie, el promovente de este juicio de inconformidad, manifiesta:

1.- ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA, VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y CERTEZA, EN AGRAVIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATA REGISTRADA.

La realización de actos anticipados de campaña, por parte de la C. Paulina Alejandra del Moral Vela candidata del Partido Revolucionario Institucional a Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, para el periodo 2009-2012, que suponen violaciones a lo dispuesto por los artículos 52 fracciones II y XXII y 114-E del Código Electoral del Estado de México.

Actos y hechos que vulneraron el principio de equidad que debe prevalecer en la contienda Electoral, pues al anticiparse por varios días, tomó ventaja desproporcionada, que indudablemente a la Jornada Electoral y resulta determinante en la elección de un ganador, y que debió ser vigilado por la autoridad electoral; pues en su oportunidad fueron motivo de Queja presentada ante el Instituto Electoral del Estado de México, a través del respectivo procedimiento que establece la normatividad vigente, sin que a esta fecha se haya emitido resolución alguna al respecto, lo que viola en perjuicio del Partido Acción Nacional y de su candidata los principios de legalidad, certeza, y vulneran la garantía constitucional de acceso a una justicia pronta y expedita…

…

4.- COACCIÓN DEL VOTO, MEDIANTE EL CODICIONAMIENTO DE SER BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES A CAMBIO DE EMITIR SU VOTO POR LA CANDIDATA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO CONSTITUCIONAL EN CUAUTITLÁN IZCALLI.

La estructura electoral del Partido Revolucionario Institucional en Cuautitlán Izcalli, desplegó en todo el Municipio la afiliación de ciudadanos a programas gubernamentales de carácter estatal, a trvés de sus representantes de casilla ( “ erreses, en términos coloquiales ” ) y de “ vigilancia de casilla  ”, cuyos operadores realizaban la afiliación a cambio del voto a favor de la C. Paulina Alejandra del Moral Vela, candidata del Partido Revolucionario Institucional a Presidente Municipal, donde en actos de evidente coacción a los votantes les decían “ … nosotros te vamos a mantener por tres años… ”, tal como se corrobora en el video que en medio magnético se ofrece como prueba para acreditar la coacción e ilegal vinculación de los programas estatales “ mujeres emprendedoras ”, “ 30 a 50 ”, ” becados  ”, ”60 y más”; probanza que se adminicula con graficas, en las cuales se aprecian   númerosos grupos de personas que de manera diaria entregaban documentación y copias de credenciales de elector para poder ser incluidos en dichos programas en diferentes puntos del Municipio.

5.- COACCIÓN DEL VOTO MEDIANTE ENTREGA DE DINERO EN NUMERARIO EN TODO EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, Y A FAVOR DE LA CANDIDATA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

De manera íntimamente relacionada con los hechos anteriores, la estructura electoral del Partido Revolucionario Institucional, destino de manera ilegal y por demás fraudulenta a la ley y a los principios de legalidad y certeza que rigen el proceso electoral recursos monetarios cuya cantidad no es explicable a la ley  de los topes de campaña establecidos para el presente proceso  electoral en el Municipio de Cuautitlán Izcalli tal es el caso de lo narrado por la señorita. María del Carmen Orozco Amescua, a quien el día ocho de mayo del año en curso la señora de nombre Gloria Valencia González candidata a Regidor del Partido Revolucionario Institucional, le ofreció seis mil pesos para fungir como representante de dicho partido dándoles la instrucción de visitar casa por casa y llenar unos formatos de simpatizantes las cuales se les comentaba que al firmarlo tendrían privilegios en el hospital que iba a construir la candidata Paulina Alejandra del Moral vela y los privilegios en atención medica en la madrugada y medicamento gratuito formatos de los cuales se les dijo que al llevarlos se les daría un beneficio económico.

Siendo así que el veintinueve de junio de dos mil nueve y a decir de la declarante, fue citada en el lugar acostumbrado y en esa junta un señor de nombre Miguel Ángel González Sánchez les dijo que tenían que ir a la escuela Rafael Haller el día cuatro de julio del año en curso para recoger el dinero que se le iba a entregar a las personas que previamente habían anotado en las listas y tal como sigue refiriendo el C. Miguel Ángel González Sánchez le dijo que como enlace político tenía que ir al domicilio de cada una de las personas para que fueran a votar el día de la elección y que a cada persona que fuera a votar se le entregaría un sobre el cual contenía la cantidad de mil pesos así mismo le indicaron que el día cinco de julio de dos mil nueve iba a estar con ella una persona la que nada más recuerda con el nombre de “ Rafael  ” y que iba a ser quien se encargaría de repartir el dinero a los votantes.

Tal y como lo sigue refiriendo el día cinco de julio de dos mil nueve se llevó a cabo  la operación descrita y se entregaba el dinero a cambio de votos a favor del  Partido Revolucionario Institucional en casa cercanas a cada una de las casillas electorales posteriormente los representantes de dicho partido realizaba las anotaciones de los que ya habían votado y entregado su dinero para saber cómo iba su votación, testimonio que se hizo constar en instrumento público ante la fe de la Lic. Laura Patricia García Sánchez, Notario del Patrimonio inmueble Federal número treinta y seis del Estado de México.

Cabe precisar que la importancia de dicha declaración ante fedatario Público fue espontánea y se trata de una persona que ocupa un cargo de importancia dentro de la estructura electoral del Partido Revolucionario Institucional.

Esas acciones fueron repetidas de manera constante en diversos puntos del Municipio generando coacción a los votantes lo que invariablemente se traduce en actos que vulneran los principios de legalidad, certeza, que deben prevalecer en los procesos electorales; lo anterior en perjuicio del partido político que represento y sus candidatos registrado a integrar el ayuntamiento, lo cual sin duda resultó determinante en el resultado de la elección, se pudiera presumir que la procedencia de dichos recursos no fuera de manera lícita mas aun si cuando lo relatado en los hechos anteriores la suma de esos recursos estaría rebasando los topes de campaña impuestos para esta elección municipal con la clara y evidente desproporción e ilegal ventaja del Partido Revolucionario Institucional respecto de los demás partidos políticos contendientes

6.- Detención de personas que integraban grupos de choque, contratados por el Partido Revolucionario Institucional.

La ilegal inhibición realizada por militantes y personal “ contratado ” por el Partido Revolucionario Institucional de grupos de choque de los cuales se logró la detención de cerca de ochenta sujetos de edades variables quienes portaban en su mayoría playeras blancas con la leyenda al frente de cazamapaches y quienes en confesión expresa ante los medios de comunicación, pues así consta en los reportajes realizados por los diarios de circulación nacional “ Reforma y el Universal ” manifestaron haber sido contratados por el Partido Revolucionario Institucional para realizar trabajos de inhibición del voto en los puntos panistas armados con palos y a bordo de camionetas y a quienes se les encontraron vales de gasolina a nombre de la candidata del Partido Revolucionario Institucional Alejandra del Moral.  Acciones ilegales que atentan contra el debido al proceso electoral y por las cuales se inició la averiguación previa el mismo día de la jornada ante el Ministerio Público Federal; lo que claramente vulnera los principios de legalidad y certeza, causa agravio al partido político que represento y a sus candidatos.

…

7.- Acceso desproporcionado a medios de comunicación, a favor del Partido Revolucionario Institucional en Cuautitlán Izcalli.

Es ilegal y desproporcionado el acceso a los medios de comunicación del Partido Revolucionario Institucional, pues mientras el Partido Acción Nacional en la campaña a integrantes del ayuntamiento del Municipio de Cuautitlán Izcalli se ciño a los límites establecidos, el Partido Revolucionario Institucional en un acto de ventaja apareció en fecha veintiocho de junio del año en curso en el canal cinco de televisión abierta ( Televisa ) entre las 20:20 y 20:30 horas apareció un súper publicitario ( intervención de propaganda ) en el que de manera de animación aparece un camioncito con gente y en exterior el logotipo del Partido Revolucionario Institucional y abajo la leyenda Alejandra del Moral presidenta Municipal Cuautitlán Izcalli 2009-2012.

Por lo que solicito a este tribunal requiera las pautas de programación a la empresa televisora así como la documentación correspondiente a la contratación de dicho espacio publicitario, a efecto de acreditar lo antes anunciado, y en términos de la legislación vigente.

Por lo anterior, reitero se realizó en perjuicio del debido proceso electoral el margen del todo marco normativo y en agravio de los demás partidos participantes y candidatos lo que toma una indebida ventaja del Partido Revolucionario Institucional y su candidata a la presidencia municipal.

…

Con relación a lo anterior, el promovente ofrece diversos medios probatorios en los siguientes términos:

“…

Que en fecha treinta de abril de dos mil nueve, al estar consultando diversa información en el espacio público virtual denominado Internet, me percate de la existencia de un sitio Web público de acceso libre sin restricción alguna, o página de Internet llamado http://www.alejandradelmoral.com en el cual se observa como introducción y/o bienvenida un video con duración de 2 minutos 28 segundos, que inicia con el título denominado “PALABRA QUE SE VUELVE REALIDAD”, en letras color negro  “PALABRA” y en un recuadro color blanco “QUE SE VUELVE REALIDAD”, acompañando a dicho título en su parte derecha el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, haciendo diversas manifestaciones respecto al Municipio de Cuautitlán Izcalli, y publicitando que su proyecto es que Cuautitlán Izcalli cuente con “SERVICIOS EFICIENTES, CRECIMIENTO URBANO, MAYORES FUENTES DE EMPLEO, TRANQUILIDAD PARA SUS HABITANTES ”, aspectos vinculados todos y cada uno de ellos a la Plataforma Política Electoral del Partido Revolucionario Institucional, registrada en fecha quince de abril de dos mil nueve, ante el Instituto Electoral del Estado de México, asimismo puntualiza que su Plan de Trabajo, es el del Partido Revolucionario Institucional y que sus valores, principios y programas serán los que gobiernen en Cuautitlán Izcalli, con lo cual se desprende que se anuncia como candidata a la Presidencia Municipal del municipio de Cuautitlán Izcalli, pues además señala que tiene el carácter, la autonomía y el equipo para trabajar por Cuautitlán Izcalli, manifestando también que los priístas están más comprometidos, más unidos y con el mejor ejemplo el Gobernador Enrique Peña Nieto, manifestaciones que evidencian claramente actos anticipados de campaña, pues como ya se señalo publicita aspectos contenidos en la Plataforma Electoral del Partido Revolucionario Institucional, usando además imágenes y el nombre de un servidor público que se encuentra en funciones y en ejercicio de su cargo, como estandarte de su plan de trabajo.

De igual forma el video antes señalado también puede observarse en otros sitios Internet de acceso público y sin restricción alguna como son llamado http://www.alejandradelmoral.hi5.com pagina Web catalogada por el propio usuario como perfil público, ya que no existe restricción por el propio usuario para consultar la página así como todo su contenido; y en el sitio http://www.youtube.com/watch?v=yX4Tjj18JSO, en este sitio se observa dentro de las estadísticas y datos del video, diversos sitios con enlace a este video, que al igual que el primero señalado, son de acceso libre sin restricción a los usuarios

…

… un CD que contiene el video con duración de 2 minutos 28 segundos, que inicia con el título denominado “PALABRA QUE SE VUELVE REALIDAD”, en letras color negro  “PALABRA” y en un recuadro color blanco “ QUE SE VUELVE REALIDAD ”, acompañando a dicho título en su parte derecha el logotipo del Partido Revolucionario Institucional “ PRI ”, y debajo del logotipo “ CUAUTITLÁN IZCALLI ”; video en el cual aparece la C. Alejandra del Moral Vela, publicitando su proyecto gobierno y trabajo, y aspectos vinculados todos y cada uno de ellos a la Plataforma Política Electoral del Partido Revolucionario Institucional…

…

… el testimonio notarial, 25,201, volumen 661 Ord. Folio 125, pasado ante la fe de la Lic. Laura Patricia García Sánchez, Notario Público número que contiene la declaración Unilateral del C. Hugo Federico Martínez Parra, ciudadano de Cuautitlán Izcalli, respecto de actos de coacción del voto que se dieron de manera generalizada en el Municipio…”

Con relación a dichas probanzas, debe señalarse que dada la naturaleza lo siguiente:

Respecto del video al que alude el promovente, debe decirse que obran en autos dos discos compactos, cuyo desahogo obra agregado a fojas 002181 a 002207 del tomo III del expediente del juicio de inconformidad radicado bajo el número JI/151/2009; de ese desahogo se observa que el contenido de tales medios probatorios técnicos no coincide con el que señala el promovente con relación a las páginas de Internet ya citadas. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 330, último párrafo, del Código Electoral del Estado de México, se procedió a revisar las direcciones electrónicas http://www.alejandradelmoral.com, http://www.alejandradelmoral.hi5.com y http://www.youtube.com/watch?v=yX4Tjj18JSO, cuya descripción obra en el desahogo al que se ha hecho alusión.

Del análisis de mérito, se obtuvo lo siguiente:

    Actualmente la página http://www.alejandradelmoral.com a la que él hace alusión, se encuentra estructurada de la siguiente manera:

En la página principal aparece un intro que dice: “Alejandra del Moral Presidenta Municipal Cuautitlán Izcalli 2009-2012”. Continua con una leyenda: “NUEVO SITIO PRÓXIMAMENTE”. Asimismo, un video con duración de un minuto con veintiséis segundos, denominado “Gracias Cuautitlán Izcalli. Alejandra del Moral. Presidenta Municipal. Durante ese video, la candidata vencedora manifiesta su agradecimiento a la gente de Cuautitlán Izcalli y equipos de campaña; reitera su compromiso de cumplir “sus compromisos firmados en campaña”. Como fondo se escuchan porras y festejos del triunfo.

    Por lo que hace a la página con dirección electrónica http://www.alejandradelmoral.hi5.com, se observa que se encuentra en idioma inglés, es de uso comercial, en la que hay cuatro fotos de personas.

    Con relación a la página http://www.youtube.com/watch?v=yX4Tjj18JSO, contiene links para ver videos sin relación con aspectos electorales y en una banda rosa señala “El usuario ha suprimido este video”

Al respecto, la información obtenida en las páginas electrónicas de referencia no coincide con los asertos relativos a las irregularidades que el promovente pretende acreditar. Luego, de una revisión minuciosa a los elementos probatorios que obran agregados a los autos, no se advierte la existencia de alguno que por sí solo o adminiculado con alguno otro, genere convicción plena respecto de la acreditación de tales irregularidades.

En este entendido, al no quedar acreditada la existencia de las irregularidades de las que se duele el promovente, es claro que la gravedad de las mismas, la irreparabilidad que generen y, sobre todo, la transgresión a los principios constitucionales señalados, no es necesario realizar el estudio correspondiente.

Por tanto, dados los razonamientos que sustentan el presente estudio, en los que ha quedado debidamente establecido que las pretensiones del actor han carecido del sustento legal y probatorio respectivo, lo procedente es declarar INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el promovente de este medio de impugnación.

SÉPTIMO. Una vez que se han analizado las causales de nulidad de elección en los términos apuntados en el punto considerativo que antecede y, dado que no se actualizó alguna de las señaladas por el promovente, procede el estudio de las causales tendentes a anular la votación recibida en casilla.

En primera instancia se analizará la contenida en la fracción I del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, que establece:

Artículo 298.- La votación recibida en una casilla, será nula, cuando se acredite alguna de las siguientes causales:

I. Instalar la casilla, sin causa justificada, en distinto lugar al autorizado por el Consejo Electoral correspondiente;

…

De la transcripción que antecede se obtiene que los elementos que integran la hipótesis jurídica de referencia, son:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Municipal respectivo.

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

c) Que el cambio de ubicación de la casilla sea un factor determinante en el resultado de la votación.

Por lo anterior debe precisarse qué se entiende por el lugar de ubicación de una casilla. En ese sentido, se trata del espacio físico en que se instaló una casilla electoral; no sólo la dirección, calle y número de un sitio, sino preponderantemente, los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación. Es decir, no se refiere rigurosa y necesariamente a un punto geográfico preciso, sino que la referencia alude a un área más o menos localizable y conocida en el ámbito social en que se encuentre, mediante la mención de los elementos que pueden ser útiles para tal objetivo.

Por otra parte, para dar cumplimiento al principio de certeza, proporcionando a los partidos políticos, a sus representantes, a los funcionarios integrantes de las Mesas Directivas de Casilla y a los electores que les corresponda sufragar en una sección, los elementos de referencia necesarios para localizar la casilla, siendo bastante la mención de los datos suficientes para ubicarla, con cierta seguridad, sin requerir forzosamente la fijación de un punto exacto determinable, es necesario evitar restringir el concepto de lugar para la instalación de una casilla. De tal manera, si el lugar de ubicación fue un sitio distinto al señalado inicialmente, no necesariamente se configurará la causal de nulidad alegada por el inconforme; sobre todo si existen los elementos necesarios tales como la proximidad física o que los signos externos no desorienten o confundan al electorado, pues el valor jurídico tutelado por esta hipótesis jurídica, es la certeza que debe prevalecer en la ciudadanía respecto del lugar al que deben acudir para sufragar.

Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por este Tribunal, cuyos rubro, texto y datos de identificación, son:

CASILLA. QUE DEBE ENTENDERSE POR LUGAR DE UBICACIÓN DE LA. Cuando exista diferencia en cuanto al domicilio que se señala en el acta de instalación y de clausura de casilla con la ubicación que hizo el Instituto Electoral tal aseveración no actualiza la hipótesis prevista en el artículo 298 fracción I del Código Electoral, si la casilla se instala en un lugar cercano, al señalado por el Instituto, pero de manera tal que por la proximidad física y los signos externos no provoquen desorientación o confusión en el electorado, ya que la finalidad primordial de certeza, no se ve deteriorada.

Recurso de Inconformidad RI/47/96

Resuelto en sesión de 2 de diciembre de 1996

Por Unanimidad de Votos

Recurso de Inconformidad RI/78/96

Resuelto en sesión de 5 de diciembre de 1996

Por Unanimidad de Votos

Recurso de Inconformidad RI/125/96 y Acumulados

Resuelto en sesión de 9 de diciembre de 1996

Por Unanimidad de Votos

Asimismo, debe tomarse en consideración si el lugar donde fue instalada la casilla electoral, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 168 del Código Comicial, los cuales se dividen en positivos y negativos. Siendo los primeros los que establecen que las casillas se ubicarán en lugares que hagan posible el fácil y libre acceso de los electores y permitan la emisión secreta del voto.

Por su parte, los negativos señalan que no deben ser casas habitadas por: servidores públicos con función de mando, federales, estatales o municipales, por funcionarios electorales, por dirigentes de partidos políticos ni por candidatos registrados en la elección de que se trate; no ser establecimientos fabriles o sindicales, ni templos o locales de partidos políticos y no ser locales en los que se expidan bebidas embriagantes. En el citado precepto se especifican los lugares a los que se dará preferencia para la ubicación de las casillas: edificios y escuelas públicos, cuando reúnan los requisitos indicados. Ninguna casilla se situará en la misma cuadra o manzana en la que esté ubicado el domicilio de algún local de cualquiera de los partidos políticos.

Por otro lado, se ha precisado que para actualizar la causal de nulidad en estudio, se tiene que acreditar que el cambio de domicilio se haya realizado injustificadamente. Al respecto, el Código Electoral de la entidad, en su artículo 206, establece:

Artículo 206.- Solamente existirá causa justificada para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, cuando:

I. No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;

II. El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación;

III. Se advierta, al momento de la instalación de la casilla, que ésta se pretende realizar en lugar prohibido por la ley;

IV. Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto, o el fácil y libre acceso de los electores, o bien no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso, será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

V. El Consejo Distrital o Municipal así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito, lo que deberá notificar al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla.

En los supuestos señalados en las fracciones anteriores, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original. Se hará constar en el acta correspondiente los motivos del cambio, así como el nombre de las personas que intervinieron en él.

En este sentido, el solo cambio de ubicación de una casilla electoral no actualiza la causal de nulidad invocada, pues las circunstancias señaladas en el precepto de mérito justifican legalmente que la casilla se haya instalado en domicilio diverso al establecido por la autoridad electoral correspondiente.

Todavía más, dado que la propia fracción I del artículo 298 del Código comicial es clara en referir que sólo será nula la votación, si se acredita que el cambio de ubicación no obedeció a una causa justificada.

Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por este órgano jurisdiccional electoral local, cuyo rubro, texto y datos de identificación, establecen:

CASILLA. SU CAMBIO DE UBICACIÓN JUSTIFICADA NO ES CAUSAL DE NULIDAD. Si bien el artículo 298 fracción I del Código Electoral del Estado, precisa como nulidad de la votación recibida en la casilla electoral su cambio de ubicación, también lo es que el propio precepto permite el cambio de ubicación por causas justificadas. Así, sino estaba abierto el lugar de ubicación de la casilla o por seguridad se tuvo que cambiar su ubicación, éstas son causas justificadas que no traen como consecuencia la nulidad de la votación.

Recurso de Inconformidad RI/04/96

Resuelto en Sesión de 22 de Noviembre de 1996

Por Unanimidad de Votos

Recurso de Inconformidad RI/11/96

Resuelto en Sesión de 30 de Noviembre de 1996

Por Unanimidad de Votos

Recurso de Inconformidad RI/90/96

Resuelto en Sesión de 06 de Diciembre de 1996

Por Unanimidad de Votos

Luego entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula cuando se actualicen los dos extremos que integran la causal en estudio, salvo que no se hubiere vulnerado el principio de certeza respecto del lugar donde los electores debieron ejercer su derecho al sufragio.

Lo anterior encuentra sustento orientador en la jurisprudencia emitida por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, cuyos rubro, texto y datos de identificación, son:

INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA (ACTUALMENTE CONSEJO) DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD.- En las resoluciones de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, en las que los partidos recurrentes han solicitado la nulidad de votación de casilla, en razón de que éstas se han instalado sin causa justificada en lugar distinto al señalado por la Junta (actualmente Consejo) Distrital, se han sentado diversos criterios respecto a la interpretación y alcance de las disposiciones relativas en la materia, siendo los más importantes los siguientes: I. La Sala Central del Tribunal Federal Electoral sostiene que no puede convalidarse una trasgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral. El único caso de excepción que se contempla, es el caso del común acuerdo ha que se refiere el artículo 215 párrafo 1, inciso d), del Código de la materia, pero para que éste principio opere y se tenga por justificada la causa, para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, es indispensable además que se acredite de manera indubitable, que se da algunas de las causas que establece el propio precepto en comentario, o sea, que las condiciones de local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los lectores, o bien no garantizan la realización de las operaciones electorales en forma normal. II. En común acuerdo a que se refiere el inciso d) párrafo 1 del artículo 215 del Código de la materia puede tenerse por acreditado cuando del acta de instalación (actualmente apartado de instalación del acta de la Jornada Electoral) no se desprenda que hubo oposición al cambio y en ella aparezcan las firmas, sin que se consigne que se estampan bajo protesta, de los representantes de los partidos políticos presentes durante la instalación de la casilla. III. Si en el acta de instalación de la casilla (actualmente apartado de instalación del acta de la Jornada Electoral) aparece la firma del representante del partido político recurrente, debe darse plena validez a la manifestación de voluntad formulada precisamente en ese momento en que el propio recurrente participó en el acuerdo que motivo dicho cambio, y por ende, resulta improcedente la posterior impugnación hecha por el partido recurrente. IV. Para los efectos de la hipótesis contemplada en el inciso b) párrafo 1 del artículo 215 del Código de la materia se entiende que el local se encuentra cerrado y no se puede realizar la instalación de la casilla, cuando quienes habitan en el local, por cualquier circunstancia, no permiten la instalación, impidiendo a los funcionarios correspondientes el acceso al lugar. V. La intención del legislador al fijar un lugar para la ubicación de las casillas, responde al cumplimiento de certeza que va dirigido tanto a los partidos como a los electores de manera tal que se oriente a los votantes respecto al lugar donde deben ejercer su derecho de sufragio, por ende, por lugar de ubicación de la casilla no debe entenderse únicamente una dirección entendiendo por ésta una calle y un número, sino que lo preponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación evitando inducir a confusión al electorado; por ello, esta finalidad primordial de certeza, no se ve desvirtuada cuando la casilla se instale en lugar distinto al señalado, pero de manera tal que por la proximidad física y los signos externos no provoca la desorientación o confusión en el electorado. (Jurisprudencia número 25, Primera Época, emitida por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, visible a fojas 686 y 687 del Tomo II de la Memoria de 1994 de dicho Tribunal.)

Ahora bien, al respecto el partido político promovente manifestó:

I. El día de la jornada electoral del total de 582 casillas a instalarse, 255 casillas electorales fueron instaladas en lugar distinto al autorizado por el Consejo Municipal Electoral No. 25, del Instituto Electoral del Estado de México con sede en el municipio de Cuautitlán Izcalli, México, sin ninguna causa legal que la justifique.

II. Como se detalla en la relación de las casillas que se enlistan, éstas debieron haberse instalado en los domicilio que se señalan en la misma y no en donde se encuentra asentado en las Actas de la Jornada Electoral de las mismas, en su apartado correspondiente a la instalación de la casilla, donde claramente se aprecia que las casillas electorales se instalaron en lugar distinto, e inclusive en muchos de los casos ni siquiera aparece asentado el domicilio donde se instalo la casilla, sin haber especificado las causas y motivos por los cuales se dio tal situación.

El promovente impugna doscientas treinta y dos casillas por esta causal, que son: 693 CONTIGUA 1, 694 BÁSICA, 694 CONTIGUA 1, 694 CONTIGUA 2, 694 CONTIGUA 3, 695 BÁSICA, 695 CONTIGUA 1, 696 BÁSICA, 696 CONTIGUA 1, 697 BÁSICA, 697 CONTIGUA 2, 698 EXTRAORDINARIA 1, 702 CONTIGUA 1, 703 BÁSICA, 704 CONTIGUA 4, 706 BÁSICA, 707 BÁSICA, 713 BÁSICA, 713 CONTIGUA 1, 714 BÁSICA, 715 BÁSICA, 715 CONTIGUA 1, 718 CONTIGUA 1, 719 BÁSICA, 719 CONTIGUA 1, 721 BÁSICA, 721 CONTIGUA 1, 723 BÁSICA, 723 CONTIGUA 1, 724 BÁSICA, 725 BÁSICA, 725 CONTIGUA 1, 725 CONTIGUA 2, 726 BÁSICA, 726 CONTIGUA 1, 728 BÁSICA, 728 CONTIGUA 1, 729 BÁSICA, 730 CONTIGUA 1, 730 CONTIGUA 2, 731 CONTIGUA 2, 731 CONTIGUA 3, 732 BÁSICA, 732 CONTIGUA 1, 735 BÁSICA, 735 CONTIGUA 1, 738 BÁSICA, 739 BÁSICA, 739 CONTIGUA1, 744 BÁSICA, 744 CONTIGUA 1, 750 BÁSICA, 750 CONTIGUA 1, 751 BÁSICA, 753 BÁSICA, 753 CONTIGUA 1, 754 BÁSICA, 754 CONTIGUA 1, 758 CONTIGUA 1, 758 CONTIGUA 2, 759 CONTIGUA 1, 761 CONTIGUA 1, 761 CONTIGUA 3, 765 BÁSICA, 765 CONTIGUA 1, 766 BÁSICA, 766 CONTIGUA 1, 770 CONTIGUA 1, 775 BÁSICA, 776 BÁSICA, 779 BÁSICA, 779 CONTIGUA 1, 779 CONTIGUA 2, 779 CONTIGUA 3, 779 CONTIGUA 4, 779 CONTIGUA 5, 780 BÁSICA, 780 CONTIGUA 1, 781 BÁSICA, 782 BÁSICA, 782 CONTIGUA 1, 790 CONTIGUA 1, 791 BÁSICA, 791 CONTIGUA 1, 791 CONTIGUA 2, 792 BÁSICA, 792 CONTIGUA 2, 793 BÁSICA, 793 CONTIGUA 1, 795 BÁSICA, 795 CONTIGUA 1, 796 BÁSICA, 796 CONTIGUA 1, 797 BÁSICA, 797 CONTIGUA 1, 798 BÁSICA, 798 CONTIGUA 1, 800 BÁSICA, 800 CONTIGUA 1, 801 BÁSICA, 801 CONTIGUA 1, 802 BÁSICA, 802 CONTIGUA 1, 802 CONTIGUA 2, 802 CONTIGUA 3, 802 CONTIGUA 4, 807 BÁSICA, 807 CONTIGUA 1, 809 BÁSICA, 809 CONTIGUA 1, 809 CONTIGUA 2, 812 BÁSICA, 812 CONTIGUA 1, 814 BÁSICA, 815 BÁSICA, 821 BÁSICA, 821 CONTIGUA 1, 822 BÁSICA, 822 CONTIGUA 1, 824 CONTIGUA 1, 825 CONTIGUA 2, 825 CONTIGUA 3, 826 CONTIGUA 2, 831 CONTIGUA 1, 833 BÁSICA, 834 CONTIGUA 1, 836 BÁSICA, 837 BÁSICA, 840 BÁSICA,840 CONTIGUA 1, 840 CONTIGUA 2, 841 CONTIGUA 1, 841 CONTIGUA 2, 842 BÁSICA, 842 CONTIGUA 1, 843 BÁSICA, 844 BÁSICA, 844 CONTIGUA 1, 845 CONTIGUA 1, 847 CONTIGUA 1, 848 CONTIGUA 3, 849 BÁSICA, 849 CONTIGUA 2, 850 CONTIGUA 5, 850 CONTIGUA 7, 850 EXTRAORDINARIA 1, 851 CONTIGUA 1, 853 CONTIGUA 2, 853 CONTIGUA 3, 854 CONTIGUA 1, 855 CONTIGUA 1, 856 BÁSICA, 856 CONTIGUA 2, 860 BÁSICA, 860 CONTIGUA 1,860 CONTIGUA 2, 860 CONTIGUA 3, 861 CONTIGUA 1, 863 BÁSICA, 863 CONTIGUA 1, 864 BÁSICA, 864 CONTIGUA 1, 865 BÁSICA, 865 CONTIGUA 1, 866 BÁSICA, 866 CONTIGUA 1, 867 BÁSICA, 869 BÁSICA, 870 CONTIGUA 3, 871 BÁSICA, 871 CONTIGUA 1, 872 BÁSICA, 872 CONTIGUA 1, 873 BÁSICA, 873 CONTIGUA 1, 875 BÁSICA, 875 CONTIGUA 1, 875 CONTIGUA 2, 876 BÁSICA, 876 CONTIGUA 1, 880 BÁSICA, 880 CONTIGUA 1, 881 CONTIGUA 3, 882 BÁSICA, 882 CONTIGUA 1, 882 CONTIGUA 2, 882 CONTIGUA 3, 883 CONTIGUA 1, 884 CONTIGUA 1, 885 BÁSICA, 885 CONTIGUA 3, 888 BÁSICA, 889 BÁSICA, 889 CONTIGUA 1, 889 CONTIGUA 2, 895 CONTIGUA 1, 901 BÁSICA, 901 CONTIGUA 1, 903 BÁSICA, 905 BÁSICA, 905 CONTIGUA 1, 906 BÁSICA, 906 CONTIGUA 2, 906 CONTIGUA 3, 907 BÁSICA, 907 CONTIGUA 2, 907 CONTIGUA 3, 908 BÁSICA, 908 CONTIGUA 2, 909 BÁSICA, 909 CONTIGUA 1, 910 BÁSICA, 910 CONTIGUA 1, 910 CONTIGUA 2, 910 CONTIGUA 3, 910 EXTRAORDINARIA 1, 910 EXTRAORDINARIA 2, 911 BÁSICA, 911 CONTIGUA 1,  911 CONTIGUA 4, 911 CONTIGUA 5, 911 CONTIGUA 6, 911 CONTIGUA 9, 911 CONTIGUA 10, 911 CONTIGUA 11, 911 CONTIGUA 13, 911 CONTIGUA 16, 911 CONTIGUA 17, 911 CONTIGUA 18, 911 CONTIGUA 19.

Con relación a lo anterior, debe señalarse que obran agregadas a los autos, copia certificada de Actas de Jornada Electoral, así como de Escrutinio y Cómputo, documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 327, fracción I, inciso b, directamente relacionado con el diverso 328, párrafo segundo, ambos del Código Electoral del Estado de México. Asimismo, se encuentra integrado en los expedientes que se resuelven, copia certificada del Aviso, Tercera Publicación de la Ubicación e integración de Mesas Directivas de Casillas, correspondiente al Consejo Distrital Electoral No. XLIII, con Cabecera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, documento público al que se le otorga valor probatorio pleno, en los términos que han quedado apuntados.

Del análisis de los datos que arroja la documentación electoral de referencia en cada una de esas casillas, se puede observar que hay algunas que coinciden con el domicilio publicado en el encarte y otras tantas tienen diferencias; para ello, se realizará una clasificación en primer lugar de todas aquellas que coinciden, posteriormente las que contienen errores en el llenado de las actas o se encuentran en blanco.

A. Casillas cuyo domicilio de instalación coincide con el que fue publicado por el consejo distrital correspondiente.