JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: ST-JRC-124/2009 Y SU ACUMULADO ST-JRC-128/2009.

ACTORES: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y COALICIÓN “PAN-ADC, GANARÁ COLIMA”.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO COLIMA.

TERCERO INTERESADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

MAGISTRADO PONENTE: SANTIAGO NIETO CASTILLO

SECRETARIA: MARTHA ALEJANDRA CHÁVEZ CAMARENA Y ABRAHAM CAMBRANIS PÉREZ.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a diecisiete de septiembre de dos mil nueve.

V  I  S  T  O  S  para resolver los autos de los expedientes ST-JRC-124/2009 y ST-JRC-128/2009, integrados con motivo de los juicios de revisión constitucional electoral promovidos por el Partido Revolucionario Institucional y la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima, respectivamente, contra la resolución de cinco de agosto de dos mil nueve, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en los recursos de inconformidad RI-33/2009 y su acumulado RI-36/2009, y

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

I. Antecedentes. De la narración de hechos que los partidos políticos actores hacen en sus demandas y de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:

a) Jornada electoral. El cinco de julio del dos mil nueve, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Colima, entre ellos el correspondiente al Municipio de Comala.

b) Cómputo municipal. En sesión celebrada el doce siguiente, el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Colima en Comala, efectuó el cómputo correspondiente, el cual arrojó los siguientes resultados:

Al finalizar el cómputo, el referido Consejo Municipal declaró la validez de la elección del municipio referido, y otorgó la constancia de mayoría y validez a la planilla de candidatos postulados en frente común por el Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza.

c) Recursos de inconformidad. Contra los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de mérito, así como de la declaración de validez de la elección y del otorgamiento de la respectiva constancia de mayoría y validez, el Partido Revolucionario Institucional y la Coalición “PAN-ADC, Ganara Colima”, interpusieron sendos recursos de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Colima, los cuales se radicaron, respectivamente, con los números de expedientes RI-33/2009 y RI-36/2009.

d) Resolución de los recursos de inconformidad. El cinco de agosto del año en curso, el órgano jurisdiccional en mención, dictó sentencia decretando la acumulación de los juicios de inconformidad precisados en el inciso precedente, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:

“PRIMERO. En atención a las consideraciones realizadas en el cuerpo de esta sentencia, se declaran infundados los agravios hechos valer por la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima" y Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. Se confirma el Cómputo Municipal de la Elección de Miembros del Ayuntamiento del Municipio de Comala, Colima; la Declaración de Validez de la Elección y la entrega de la constancia respectiva a favor de la fórmula registrada por el frente común conformado por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza.

TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente a los Promoventes y Terceros Interesados, en los domicilios señalados en los autos para tal efecto; y por oficio a la Autoridad Responsable, en términos del artículo 61, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Colima.

Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívense los presentes expedientes como asuntos concluidos.”

II. Juicios de revisión constitucional electoral. Inconformes con la resolución que antecede, el diez de agosto de dos mil nueve, el Partido Revolucionario Institucional y la Coalición  “PAN ADC Ganará Colima”, promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral.

III. Tercero interesado. El catorce de agosto del año en curso, a las once horas con cuarenta minutos, José Francisco Velazquez Santana, en su carácter de comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de Comala, Colima, presentó escrito mediante el que comparece como tercero interesado en el juicio de mérito, quien manifestó lo que a su derecho convino.

IV. Recepción y turno de expediente en Sala Regional. Recibidas las constancias respectivas en la Sala Regional, mediante sendos acuerdos de doce de agosto del año que transcurre, se turnaron los expedientes citados al rubro a la ponencia del Magistrado Santiago Nieto Castillo, para la sustanciación de los juicios y la elaboración del correspondiente proyecto de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El acuerdo fue cumplimentado mediante los oficios TEPJF/ST/SGA-386/2009 y TEPJF/ST/SGA-3902009 de ese día emitidos por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

V. Radicación y admisión. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, el Magistrado Instructor radicó y admitió a trámite los juicios de revisión constitucional electoral y, una vez agotada la instrucción, la declaró cerrada, en consecuencia, quedaron los autos en estado de resolución, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes

C O N S I D E R A N D O S :

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver estos medios de impugnación en materia electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso d) 4, 6 y 87, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por tratarse de sendos juicios de revisión constitucional electoral, promovidos por dos institutos políticos, un partido y una coalición, contra la resolución emitida por un tribunal local, derivado de un proceso electoral en el que se renovaron a los miembros de los Ayuntamientos en el Estado de Colima, entre ellos, el correspondiente al Municipio de Comala, ámbito territorial donde esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Del examen de los escritos de demanda, esta Sala Regional advierte la existencia de conexidad en la causa en los juicios identificados con las claves ST-JRC-124/2009 y ST-JRC-128/2009.

Lo anterior, en virtud de que en ambos medios de defensa se impugna la sentencia de cinco de agosto de dos mil nueve, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, la pretensión de ambos promoventes son las mismas, en el sentido de lograr la nulidad de la votación recibida en diversas casillas de la elección, del ayuntamiento de Comala, Colima; confirmar la expedición de la constancia de mayoría, en un caso, y solicitando la revocación en otro, por tanto, al existir identidad en la autoridad responsable, en la resolución reclamada y siendo las pretensiones opuestas, procede la acumulación.

En esas condiciones, con fundamento en los artículos 199, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 73, fracciones VII y IX del Reglamento Interno de este Tribunal, lo conducente es decretar la acumulación del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave ST-JRC-128/2009 al ST-JRC-124/2009, por ser éste el más antiguo.

Lo anterior, con la finalidad de facilitar la pronta y expedita resolución de los expedientes, así como para evitar que se dicten sentencias contradictorias en asuntos similares.

En consecuencia, debe glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del juicio acumulado.

TERCERO. Causales de improcedencia. Como una cuestión previa al estudio de fondo, es menester analizar si en el caso concreto, se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser su examen de estudio preferente y de orden público, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En el presente asunto no se hace valer causal de improcedencia alguna.

CUARTO. Requisitos de procedencia. En los asuntos que se resuelven, se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia contemplados en los artículos 8, 9 párrafo 1, y 86 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos que a continuación se exponen.

a) Oportunidad. Los juicios de revisión constitucional electoral se promovieron oportunamente, ya que ambas demandas se presentaron dentro del término de cuatro días establecido por el artículo 8, del ordenamiento legal antes invocado, contado a partir del día siguiente, al de aquél en que los demandantes tuvieron conocimiento de la resolución impugnada.

En efecto, como se advierte de las constancias que informan a los juicios que se resuelven, la sentencia reclamada se notificó a los institutos políticos actores el seis de agosto del año en curso (según se advierte de las constancias que obran agregadas a fojas 291 a 292 del cuaderno accesorio único), en tanto que los libelos iniciales fueron presentados ante el tribunal responsable por el Partido Revolucionario Institucional y por la Coalición “PAN ADC Ganará Colima”, el diez de agosto siguiente; esto es, al cuarto día de su notificación.

b) Requisitos de forma del escrito de demanda. Los escritos de demanda reúnen los requerimientos generales que establece el artículo 9 de la ley adjetiva en cita, ya que en cada uno de ellos, se hace constar el nombre del enjuiciante; se identifica la resolución cuestionada y la autoridad responsable; se mencionan de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que a juicio de los institutos políticos causa la resolución combatida, así como los preceptos presuntamente violados, además de que consignan el nombre y firma autógrafa de los promoventes.

c) Legitimación. El Partido Revolucionario Institucional y la Coalición “PAN ADC Ganará Colima” se encuentran legitimados para promover este juicio, habida cuenta que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 88, párrafo 1, inciso d) dispone que este medio impugnativo, sólo puede ser promovido por los partidos políticos.

En la especie, es un hecho público y notorio para esta Sala Regional que el Partido Revolucionario Institucional tiene el carácter de instituto político nacional, por tanto, resulta manifiesta su legitimación, en términos del precepto legal antes invocado y la Coalición sustenta su legitimación en el hecho de que se trata de una coalición de dos partidos políticos, uno nacional y uno local, que sostuvieron un convenio de coalición para la elección local del Estado de Colima.

d) Personería. La personería de Francisco Velazquez Santana Colín, quien comparece en su carácter de comisionado propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral de Comala, Colima, se tiene por acreditada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, incisos a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que se trata, en el caso de la persona registrada formalmente ante el órgano competente, ahora bien respecto a la personería, que se atribuye a Manuel Ahumada de la Madrid, en su carácter de comisionado propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, quien a su vez interpuso el recurso de inconformidad ante la instancia jurisdiccional local competente, que emitió la resolución que por esta vía se combate; será materia del estudio de fondo.

e) Definitividad y firmeza. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, exigen concomitantemente, acorde a la naturaleza del juicio de revisión constitucional electoral, como medio de impugnación excepcional y extraordinario, que la resolución contra la que se encauce, sea definitiva y firme, es decir, que no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, o bien, a través de su revisión por el superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas que se hubieren visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o en razón de que los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado.

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 23/2000, consultable en las páginas 79 y 80 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, emitida por este órgano jurisdiccional, con el rubro: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL".

En el caso, se satisface dicha hipótesis de procedencia, dado que contra la resolución impugnada, la legislación adjetiva electoral del Estado de Colima, no prevé medio de impugnación alguno, a través del cual se pueda obtener su modificación o revocación.

f) Violación a un precepto constitucional. Los accionantes manifiestan expresamente que con la determinación impugnada se violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que, se debe tener por satisfecho el requisito de procedibilidad previsto por el inciso b), del artículo 86, párrafo 1, de la ley electoral en cita, en tanto que los demandantes hacen valer agravios tendentes a demostrar la violación a esos preceptos constitucionales.

Esta exigencia debe entenderse en sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el análisis previo de los agravios propuestos por el actor, en relación con una violación concreta de un precepto de la Carta Magna, en virtud de que ello implicaría entrar al fondo del asunto impugnado; en consecuencia, cabe estimarse satisfecho cuando en el juicio de revisión constitucional electoral se alega la violación a disposiciones constitucionales.

Encuentra apoyo el razonamiento anterior, en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 02/97, sustentada por la Sala Superior, consultable en las páginas ciento cincuenta y cinco a ciento cincuenta y siete, de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Volumen "Jurisprudencia", cuyo rubro es: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA".

g) La violación aducida puede ser determinante. También se encuentra colmado el requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), del ordenamiento legal en comento, concerniente a que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones.

El Partido Revolucionario Institucional, promueve este juicio con la pretensión de aumentar sus votos obtenidos en la elección, a partir de hacer evidentes diversas irregularidades en las que, a su juicio, incurrió el tribunal electoral responsable, lo que haría necesario declarar la nulidad de la votación en diversas casillas, a efecto de contrarrestar el cambio de resultado que en el supuesto de proceder la impugnación de la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima” pudiera acontecer.

Por su parte la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”, solicita que esta Sala Regional revoque o modifique la sentencia del tribunal estatal, lo que traería como consecuencia que la planilla de candidatos postulada por éste obtuviera el mayor número de votos, así como la correspondiente constancia de mayoría derivado de que, en su concepto, se actualizaron irregularidades graves en determinadas casillas que llevarían a dicha consecuencia.

Por lo que, en caso de acoger sus alegaciones, lo conducente sería revocar la resolución combatida y, declarar la nulidad de las casillas que impugna, con la consecuente revocación de la constancia de mayoría expedida por cambio de ganador.

Conforme con lo anterior, en el presente juicio, el Partido Revolucionario Institucional pretende la nulidad de la votación recibida en las casillas 92 contigua 1, 92 contigua 2, 93 básica y 95 contigua 1, pues, según sostienen, se actualizan los supuestos de nulidad previstos en las fracciones I, V y XII, del artículo 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Colima.

Por otra parte, la Coalición “PAN-ADC Ganará Colima”, pretende que se anule la votación recibida en las casillas 22 contigua 1, 99 básica, 103 básica, 103 contigua 1, 103 extraordinaria 1,104 básica, 104 contigua 1 y 104 contigua 2, pues, según argumenta, se actualizan los supuestos previstos en las fracciones V y XII del artículo 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Colima.

A juicio de esta Sala Regional, se surte el requisito de determinancia, en virtud de que, si se actualizan las causales de nulidad aludidas, esta Sala Regional anularía la votación recibida en esas casillas, siendo lo anterior suficiente para superar la diferencia de la votación obtenida entre los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugares que es de 132 votos.

En efecto, la votación recibida en las casillas controvertidas, de acuerdo con las actas de la jornada electoral que obran en el expediente en que se actúa, es la siguiente:

Ahora bien, al efectuar la recomposición hipotética del cómputo distrital correspondiente, los partidos que ocupan los primeros lugares son:

Con lo anterior, se advierte claramente que habría cambio de ganador, la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima” ocuparía el primer lugar y, el Partido Revolucionario Institucional, el segundo, por ello, se cumple con el requisito de la determinancia en el presente asunto.

h) Posibilidad material y jurídica de reparación del perjuicio causado con la violación impugnada. Los requisitos contemplados en los incisos d) y e) del indicado artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, también se encuentran colmados, si se toma en cuenta que de conformidad con el considerando quinto de la Ley 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Colima, los integrantes del Ayuntamiento iniciarán sus funciones el quince de octubre próximo; de ahí que, existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio constitucional de defensa, pueda ser reparada antes de esa fecha.

Precisado lo anterior, en razón de que se cumplieron los requisitos de procedibilidad de los juicios de mérito y que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, lo conducente es realizar el estudio del fondo de los motivos de impugnación, expuestos por los demandantes.

QUINTO. Requisitos del escrito del tercero interesado. De las constancias de autos se desprende que el catorce de agosto de dos mil nueve, Francisco Velázquez Santana, ostentándose como comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Comala, Colima presentó escrito de tercero interesado en el expediente ST-JRC-128/2009.

a) Forma. El escrito presentado por el comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Comala, Colima cumple con los requisitos establecidos en el artículo 17, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que fue debidamente presentado ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre del tercero interesado, nombre y firma autógrafa del compareciente, además de que se exponen las razones que acreditan su interés legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con la pretensión de la parte actora.

b) Oportunidad. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, siendo las once horas con cuarenta minutos del once de agosto del año que transcurre, la autoridad responsable mediante cédula fijada en sus estrados publicitó la presentación del juicio de revisión constitucional electoral que nos ocupa, por lo que, desde ese momento y hasta las once horas con cuarenta minutos del catorce de agosto siguiente, transcurrió el plazo de setenta y dos horas que fija el mencionado artículo en su párrafo 4, para la comparecencia del tercero interesado.

En consecuencia, si el escrito que se analiza se presentó el catorce de agosto a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos, es evidente que fue presentado oportunamente.

c) Legitimación. Se reconoce la legitimación del Partido Revolucionario Institucional para comparecer como tercero interesado en el ST-JRC-128/2009 este asunto, en términos de lo establecido en el artículo 12, párrafo 1, inciso c) de la ley de la materia, toda vez que, como lo manifiesta, su interés legítimo deriva de un derecho incompatible con el que pretende la parte actora, en tanto que su pretensión es que se confirme la resolución.

d) Personería. El ciudadano Francisco Velázquez Santana, quien presenta el escrito de tercero interesado en su carácter de comisionado propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Comala, Colima, está facultado para ello, en términos del artículo 17, párrafo 4, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por ser quien promueve con el mismo carácter el recurso de inconformidad, cuya resolución es impugnada en el juicio que se actúa; además dicha calidad le fue reconocida por el Tribunal Electoral del Estado de Colima al rendir su informe circunstanciado visible a foja 52 del expediente ST-JRC-124/2009.

SEXTO. Resolución impugnada. En la parte considerativa que interesa, el tribunal responsable estableció lo siguiente:

“QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Ahora bien, los agravios hechos valer por los impugnantes no se transcriben en primer término por observancia del principio de concisión que corresponde a una sentencia. Luego, porque el artículo 41, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece los requisitos que deben contener las sentencias del Tribunal Electoral, no exige su trascripción sino su análisis exhaustivo. Ítem, debido a que no existe precepto alguno que imponga a este Tribunal el deber de trasuntar dichos argumentos, y finalmente, porque es evidente que dicha omisión no deja indefensa a la parte recurrente, puesto que es de quien provienen los motivos de inconformidad a que se alude y éstos obran en autos.

Precisado lo anterior, se establece que por cuestión de método se estudiarán agrupándolos en razón a la similitud que podrían tener entre ellos, ya que no se causa afectación a las partes. Al respecto resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número S3ELJ 04/2000, visible en la página 23 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.— El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del falo impugnado, porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. "

SEXTO. Del documento mediante el cual la coalición impugnante promueve el recurso de inconformidad, se desprende que el actor invoca como causa de nulidad en las Casillas 22 contigua 1, 99 básica, 103 básica, 103 contigua 1, 103 extraordinaria 1, 104 básica, 104 contigua 1 y 104 contigua 2, la contemplada en la fracción V, del artículo 69 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, de su escrito de agravios en esencia se colige que la coalición actora invoca violación de diversas disposiciones legales del Estado de Colima y del propio Municipio de Comala, Colima, atribuidas a supuestos funcionarios públicos de primer nivel en la Administración Pública 2006-2009 (dos mil seis, dos mil nueve), del Ayuntamiento de Comala; Licenciados José Francisco Espinoza González y Antonio Lugo Montes, quienes supuestamente fungieron como Representantes Generales del Frente Común, formado por los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza; por lo que según su dicho: "se tipifica en la especie, el motivo de nulidad a que se establece en el artículo 69, fracción V de la Ley de Medios, ya que en efecto, el señalado artículo previene que la votación recibida en una casilla electoral será nula, cuando se ejerza presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de casilla o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad y el secreto del voto y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación".

Previo al análisis de los agravios expuestos por el actor, es preciso estudiar la causal de nulidad de votación invocada, contenida en el artículo 69 fracción V, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que indica textualmente lo siguiente:

“Artículo 69. La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

…

V. Se ejerza violencia física, cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de casillas o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad y el secreto del voto, y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación;

…”

Del precepto en cita se desprende, que para actualizar esta causal de nulidad, es necesaria la comprobación plena de los extremos que la integran, es decir:

a) Se ejerza violencia física, cohecho, soborno o presión;

b) Que dicha violencia o presión se ejerza por la autoridad o particular sobre los funcionarios de casilla o sobre los electores;

c) Que afecte la libertad o el secreto del voto;

d) Que sea determinante para el resultado de la votación;

Respecto del primer elemento, por violencia física se entienden aquellos actos materiales que afecten la integridad física de las personas, y la presión implica ejercer apremio o coacción moral sobre las personas, siendo la finalidad en ambos casos el provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva; lo anterior, de acuerdo con la Tesis de Jurisprudencia de la Sala Superior, visible en la página 229 de la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", cuyo rubro es: "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación del Estado de Guerrero y similares)".

El segundo elemento, requiere que la violencia física o presión se ejerza por alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores.

Dicha violencia física o presión, para que pueda generar la nulidad de la votación recibida en las casillas impugnadas puede ser ejercida por una autoridad o particular, pero siempre sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla, o sobre los electores, es decir, el Presidente, Secretario o Escrutadores que actuaron en la casilla correspondiente el día de la jornada electoral, o bien, sobre los ciudadanos que sufragaron en la misma.

En efecto, la única violencia física o moral que puede verse reflejada en el resultado de la votación recibida en la casilla correspondiente, es la ejercida sobre quienes concurren a emitir su voto antes de que esto suceda, o sobre los encargados de recibirlo el día de la Jornada Electoral. Estimar lo contrario conduciría a invalidar sufragios por acontecimientos que de ninguna manera pueden incidir en el resultado de la votación, como sería el caso de ejercer violencia sobre los ciudadanos que ya hubieran sufragado.

Otro extremo a comprobar consiste en que los hechos de violencia o presión, afecten la libertad o el secreto del voto, en el entendido de que tales características hacen confiable su ejercicio. Por lo tanto, resulta conducente explicar en qué consisten las condiciones de libre y secreto inherentes al voto, y que son protegidas por la causal de nulidad en estudio:

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 6, del Código Electoral del Estado, el voto es universal, libre, directo, secreto personal e intransferible.

Dentro de dicho artículo, de forma expresa se señala que: los organismos electorales garantizarán la libertad y secreto del voto, y se establece que quienes incurran en actos que generen presión o coacción en los electores, serán sancionados conforme a lo dispuesto en la ley.

Esta causal protege los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en ésta, expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, la que se vicia con los votos emitidos bajo presión o violencia. Así, la libertad del voto consiste en la ausencia de vicios, manipulaciones o injerencias externas que modifiquen la intención del elector, mediante amenazas o conductas dañosas que dirijan su voluntad hacia una determinada opción política, o bien resulten una consecuencia de reproche, castigo, desatención de los órganos públicos o algún otro efecto que vulnere la personalización del voto.

Por otro lado, el secreto del sufragio radica en la privacidad en que el ciudadano acude a sufragar, y la imposibilidad de relacionarlo con la boleta en que emite su voto, de tal suerte que el votar se convierte en una actividad individual y secreta en cuanto a la preferencia del ciudadano.

El último extremo consiste en que los hechos en que se basa la impugnación sean determinantes para el resultado de la votación de la casilla de que se trate, es decir, que los actos de violencia física o presión, trasciendan al resultado de la casilla, de manera tal que por haber sido viciados la libertad o el secreto del voto, no exista la certeza de que la votación refleja fielmente la voluntad del electorado, ya sea porque el número de ciudadanos que sufrieron la irregularidad es igual o superior al número de votos que separaron a los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar en la casilla, o bien porque la magnitud de la irregularidad conduce a calificarla como grave.

En tal sentido se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la tesis relevante S3EL 031/2004, consultable a fojas 725 y 726 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, que se cita a continuación:

"NULIDAD DE ELECCIÓN. FACTORES CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL CARÁCTER DETERMINANTE DE LA VIOLACIÓN O IRREGULARIDAD". Debe aclararse que adicionalmente a la plena acreditación de los extremos de la causal, es necesario que el demandante demuestre los hechos relativos en los que sustenta su inconformidad, precisando las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta forma se podrá tener la certeza de la comisión de los hechos generadores de tal causal de nulidad, y si los mismos fueron determinantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate.

Así pues, no basta la demostración o señalamiento de que se ejerció violencia física o moral, sino también sobre qué personas se ejerció la violencia o presión, el número y categoría de ellos (electores o funcionarios de mesa directiva de casilla), el lapso que duró (indicando la hora, si no precisa, cuando menos aproximada, tanto en la que inició, como aquella en la que cesó), todo ello, con la finalidad de saber la trascendencia de esa actividad en el resultado de la votación.

La omisión de especificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, impiden apreciar si los hechos en los cuales se sustenta la pretensión de nulidad, son o no determinantes para el resultado de la votación.

Esta consideración encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el rubro: “VIOLENCIA FÍSICA O PRESION SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA” (Legislación de Jalisco y similares), publicada en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, página 312.

I. Expuesto lo anterior, se procede al análisis de los motivos de inconformidad que a manera de agravio hace valer el actor, relativos a las Casillas 22 contigua 1, 99 básica, 103 básica, 103 contigua 1, 103 extraordinaria 1, 104 básica, 104 contigua 1 y 104 contigua 2, en que alega se configura la causal de nulidad contemplada en la fracción V, del artículo 69 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de su escrito impugnatorio se transcribe lo siguiente:

"El segundo de los agravios infringido a la Coalición denominada "PAN-ADC GANARÁ COLlMA" que represento, se hace consistir en que los REPRESENTANTES GENERALES del frente común FORMADA POR LOS Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, que estuvieron como responsables y coordinando tanto la casilla 103 B ciento tres básica, 103 C-1 ciento tres contigua uno, 104 B ciento cuatro básica, 104 C-1 ciento cuatro contigua uno y 104 C-2 ciento cuatro contigua dos, como de las casillas 99 B noventa y nueve básica y 103 E-1 ciento tres extraordinaria uno, fueron los CC. LIC. JOSE FRANCISCO ESPINOZA GONZALEZ y ANTONIO LUGO MONTES, respectivamente, QUIENES DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2006-2009 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COLlMA, Y HASTA ESTA FECHA, FUNGEN O SE DESEMPEÑAN COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DIRECTOR DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y TURISMO DE DICHO AYUNTAMIENTO DE COMALA, respectivamente; con lo cual, se vulneran y contraviniendo diversas leyes y reglamentos del Estado de Colima y del propio Municipio de Comala, Colima"

Al efecto, los medios de prueba con que se cuenta dentro del expediente para que este tribunal se pronuncie respecto del agravio sujeto a estudio son las siguientes: actas de la jornada electoral, de Escrutinio y Computo, Hojas de Incidentes de las referidas casillas, Documentales Públicas, así, como de la Documentales Privadas consistentes en los escritos de incidentes y pruebas técnicas que aporta el promovente.

Tal causa de nulidad en la especie, no quedo plenamente demostrada, por tanto, se afirma que el agravio hecho valer es infundado, pues no existe elemento probatorio que acredite la veracidad de lo afirmado por el promovente, como se verá a continuación:

Derivado del análisis de las documentales que se agregan al expediente que nos ocupa relativas a las casillas que se impugnan, se desprende que contrario a lo sustentado por el impugnante, los ciudadanos José Francisco Espinoza González y Antonio Lugo Montes, nombrados como Representantes Generales del Partido Revolucionario Institucional, en ningún momento infringieron las disposiciones legales que regulan su función dentro del Ayuntamiento de Comala, Colima, es decir; la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos, y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, específicamente el artículo 21, expresamente señala:

“ARTICULO 21. El nombramiento aceptado obliga al trabajador a regir sus actos con el más alto concepto de profesionalismo, honestidad y rectitud; a cumplir con todos los deberes inherentes al cargo o empleo correspondiente y a las consecuencias que sean conformes a la Ley, a la costumbre y a la buena fe. ”

De igual manera se afirma, que en ningún momento se violento lo preceptuado por el artículo 43, del Reglamento General de la Administración Pública del Gobierno Municipal de Comala, por parte del Ciudadano Antonio Lugo Montes, ni lo dispuesto por el artículo 48, del mismo reglamento fue infringido por el Ciudadano José Francisco González.

Se afirma lo anterior, en razón de que obran en autos, el acta número 06/2009, de la sesión ordinaria del Honorable Cabildo Municipal, de Comala, Colima, documento con pleno valor probatorio, en atención a lo dispuesto por los artículos 36 fracción I y 37 fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la que en asuntos generales establece que: "los horarios de trabajo de los funcionarios y personal de confianza será de lunes a viernes de las 08:30 (ocho horas con treinta minutos) a las 16:00 (dieciséis horas).

En el mismo tenor, constan en el expediente los oficios números SM-203/2009 y SM-202/2009, en los que autoriza a los ciudadanos José Francisco Espinoza González y Antonio Lugo Montes, licencia temporal para separarse del cargo de Asesor Jurídico Municipal, del 01 (uno) al 07 (siete) de julio del 2009 (dos mil nueve), y del de Director de Educación, Cultura, Deporte y Turismo, del 01 (uno) al 06 (seis) de julio del 2009 (dos mil nueve), respectivamente, documentales que al igual que la anterior, merecen pleno valor probatorio.

De los documentos mencionados, se desprende que, aún en el supuesto de que no se hubieran separado de sus funciones, el haber sido nombrados como representantes Generales de Partido Revolucionario Institucional, no era motivo para considerar que infringían o incumplían las disposiciones legales aplicables, puesto que quedó establecido que los funcionarios y trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Comala, se desempeñan únicamente de lunes a viernes, luego entonces, es un hecho notorio que el desarrollo de la Jornada Electoral aconteció el día 5 (cinco) de julio del presente año, con lo cual se demuestra que no se llevo a cabo dentro del tiempo que dichos funcionarios debían laborar en el ayuntamiento.

Aunado a lo anterior, los nombrados representantes generales del Partido Revolucionario Institucional, solicitaron licencia temporal, misma que les fue autorizada desde el día primero del mes, hasta después del día en que se llevo a cabo la Jornada Electoral inclusive, por tanto, dichas personas no desempeñaron labores propias de su función en ese lapso, por lo que se insiste, en ningún momento violaron las disposiciones legales invocadas por el actor.

II. Continuando con el análisis de los agravios aducidos por el actor en relación con dicha causal de nulidad, conviene señalar que el artículo 229, del Código Electoral del Estado, dispone el derecho de los partidos políticos o coaliciones para el registro de los representantes ante cada mesa directiva de casilla y de los representantes generales. Por su parte, el artículo 230, dispone los derechos de los representantes ante cada mesa directiva de casilla, que comprende las funciones que realiza el representante durante su permanencia en la casilla el día de la Jornada Electoral.

Por último, el artículo 231, del ordenamiento legal en cita, establece las actuaciones de los representantes generales que deben seguir el día de la Jornada Electoral en las casillas que fueron acreditados. Dichos preceptos se transcriben a continuación:

"CAPITULO V DEL REGISTRO DE REPRESENTANTES (REFORMADO EN P.O. DEL 31 DE AGOSTO DE 2005)

ARTICULO 229.- Los PARTIDOS POLITICOS o coaliciones, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta 10 días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar un representante propietario y un suplente, ante cada uno de los CONSEJOS MUNICIPALES, así como dos representantes propietarios y un suplente, en las mesas directivas de casilla.

Los representantes ante los CONSEJOS MUNICIPALES y mesas directivas de casillas se registrarán ante dichos organismos electorales.

(REFORMADO EN P.O. DEL 31 DE AGOSTO DE 2005)

Los PARTIDOS POLITICOS o coaliciones podrán acreditar en cada proceso electoral, los representantes generales a que se refiere la fracción IX del artículo 47 del presente ordenamiento, en la siguiente proporción: un representante general por cada 10 casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada 5 casillas rurales. El registro de estos representantes se hará ante el CONSEJO GENERAL.

(REFORMADO EN P.O. DEL 31 DE AGOSTO DE 2005)

Los representantes ante las mesas directivas de casillas y representantes generales deberán portar en un lugar visible, durante la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 x 2.5 centímetros, con el emblema del PARTIDO POLITICO o coalición y con la leyenda visible de <<Representante>>.

ARTICULO 230.- Los representantes de los PARTIDOS POLITICOS o coaliciones debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes derechos:

Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura;

Observar y vigilar el desarrollo de la elección;

I. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final del escrutinio, elaboradas en la casilla;

II. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación; II. Presentar al término del escrutinio y del cómputo, escritos de protesta;

IV. Acompañar al Presidente de la mesa directiva de casilla al CONSEJO GENERAL o MUNICIPAL correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral; y

V. Las demás que establece este CODIGO.

ARTICULO 231.- La actuación de los representantes generales de los PARTIDOS POLITICOS o coaliciones estará sujeta a las siguientes normas:

I. Ejercerán su cargo exclusivamente ante las mesas directivas de casilla instaladas en el distrito electoral para el que fueron acreditados;

I. Actuarán individualmente y, en ningún caso, podrán estar al mismo tiempo en las casillas, más de un representante general de un mismo PARTIDO POLITICO o coalición;

I. No podrán actuar en funciones de representantes de su PARTIDO POLITICO o coalición ante las mesas directivas de casilla, cuando aquéllos, estén presentes;

VI. En ningún caso asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla;

VII. No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las que se presenten; I. En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante ante la mesa directiva de casilla de su PARTIDO POLITICO o coalición no estuviere presente;

VIII. Sólo podrán solicitar y obtener de las mesas directivas de casilla del distrito para el que fueron nombrados, copia de las actas que se levanten, cuando no hubiese estado presente el representante de su PARTIDO POLITICO o coalición acreditado ante la mesa directiva de casilla; y

IX. Podrán comprobar la presencia de los representantes de su PARTIDO POLITICO o coalición en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño.

De los preceptos antes citados se advierte que el legislador estableció perfectamente las funciones y obligaciones que deben realizar los representantes de partido ante las mesas directivas de casilla y los representantes generales.

Ahora bien para soportar su dicho el impugnante invoco la tesis de jurisprudencia identificada bajo el rubro, “AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Colima y similares)”

Sin embargo, es de decirle al inconforme, que dicha tesis surge como necesidad de regular y vigilar la actuación de los representantes ante las mesas de casilla, los cuales como se ha destacado observan y vigilan el desarrollo de la elección en la casilla que previamente fueron acreditados, permaneciendo en ella durante toda la Jornada Electoral, a diferencia de los representantes generales, quienes realizan sus funciones propias en tránsito durante la Jornada Electoral en las casillas en las que previamente han sido acreditados, por lo tanto, es de considerarse que para el caso que nos ocupa tal conjetura no es aplicable.

Esto es así, porque de las constancias de autos, específicamente de las actas de la jornada electoral y de Escrutinio y cómputo, documentos con pleno valor probatorio, en atención a lo dispuesto en los artículos 36 fracción I, y 37 fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que en todas y cada una de las casillas en estudio, estuvo presente el correspondiente representante ante la mesa directiva de casilla del Partido Revolucionario Institucional, por lo que no pudo haber actuado frente a ninguna de ellas el Representante General.

Tampoco se acredita la supuesta presión sobre los funcionarios de casilla y los electores por parte de los Representantes Generales del Partido Revolucionario Institucional, cuando estuvieron desempeñando su función el día de la Jornada Electoral, pues no existe ningún incidente hecho por los Partidos o sus Representantes en el acta de Jornada Electoral, acta de escrutinio y cómputo de Casilla, documentales que obran agregadas en autos y se les otorga valor probatorio pleno, ni prueba alguna que demuestre que estas personas hayan ejercido apremio o coacción moral sobre los funcionarios de casilla o los electores, ni tampoco que hayan hecho algo para inhibir el voto o afectado la secrecía del mismo; la recepción del voto se recibió con toda normalidad, por lo que se puede deducir que no se ejerció ninguna presión en los funcionarios de la mesa directiva de casilla, ni en los electores.

Por lo que no se puede referir que con la sola presencia de estos representantes en la casilla el día de la Jornada Electoral, generaban presión, pues esto solamente se genera cuando la casilla es integrada por servidores públicos de primer nivel, tal y como lo disponen los artículos 48 fracción IV y 182 párrafo segundo, del Código Electoral del Estado, que prohíbe tanto a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que desempeñen cargos directivos de primer nivel, como a los directivos de partido, ser funcionarios de casilla. En el caso a estudio, los funcionarios nombrados como representantes generales por el Partido Revolucionario Institucional, no fueron integrantes de la mesa directiva de casilla; se insiste, lo que la ley comicial prohíbe es que la casilla sea integrada por servidores públicos de primer nivel y directivos de los partidos políticos, de ahí que resulte improcedente lo manifestado por la coalición actora, que con la sola presencia de estos funcionarios municipales se ejercía presión el día de la Jornada Electoral hacia los funcionarios de casilla y los electores; sirve de apoyo a lo anterior las Tesis de Jurisprudencia y relevantes, cuyo rubro es el siguiente:

“Sala superior, tesis S3ELJ 03/2004

AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Colima y similares).

Sala Superior. S3EL 002/2005

AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Sinaloa).

Sala Superior. S3ELJ 53/2002

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.53/2002

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Jalisco y similares).

Sala Superior. S3ELJD 01/2000

TESIS DE JURISPRUDENCIA JD.1/2000

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (Legislación de Guerrero y similares).

Sala Superior. S3EL 113/2002

PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Hidalgo y similares).”

Ahora bien, de la tesis invocada por el inconforme se desprende que existe la presunción legal de la presión sobre los electores o sobre los miembros de las mesas directivas de casilla, indicios que deben ser adminiculados con otros elementos probatorios a fin de tener la convicción plena de que efectivamente se vulneraron los principios sustanciales del sufragio, como el de su ejercicio libre y sin coacción alguna.

Ello es así, puesto que como es sabido, la presunción es una operación lógica mediante la cual partiendo de un hecho conocido se llega a la aceptación como existente de otro desconocido o incierto, sin embargo, para que ello sea factible debe existir una relación de causalidad entre ambos hechos, lo que en la especie no acontece.

Así, es un hecho probado según oficio número SM-234/2009, de fecha 04 (cuatro) de los corrientes, signado por el LCS. CARLOS SERVANDO AGUIRRE VELÁZQUEZ, Secretario Municipal el H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, anexo 1 (uno) que JOSÉ FRANCISCO ESPINOZA GONZÁLEZ y ANTONIO LUGO MONTES, a partir del 16 (dieciséis) de octubre del año 2006 (dos mil seis), tienen nombramiento de Asesor Jurídico y Director de Educación, Cultura, Deporte y Turismo, respectivamente, de aquel H. Ayuntamiento, sin embargo, también se prueba mediante oficios números SM-203/2009 y SM-202/2009, que a los ciudadanos de referencia se les autorizó licencia temporal para separarse del cargo, al primero de ellos, del 01 (uno) al 07 (siete) de julio del 2009 (dos mil nueve); y al segundo, del 01 (uno) al 06 (seis) de julio del 2009 (dos mil nueve), por tanto, al momento de llevarse a cabo la Jornada Electoral, no prestaban sus servicios al citado Ayuntamiento pero, aun suponiendo sin conceder que con la separación temporal del cargo, no se evitó encuadrarse en la prohibición de la ley, el impugnante no demostró de forma alguna que dichos funcionarios ejercieron violencia física, cohecho, soborno o presión sobre el electorado o sobre los funcionarios que conformaron la mesa directiva de casilla, con lo cual la presunción a que se hace referencia en la tesis, no opera para efectos de demostrar la causal invocada.

III. Para el caso concreto, en las actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y cómputo de las, 99 básica, 103 básica, 103 contigua 1, 103 extraordinaria 1, 104 básica, 104 contigua 1 y 104 contigua 2, no se asentó la existencia de incidente alguno relacionado con los supuesto hechos de presión sobre los electores o funcionarios de la mesa directiva de casilla; asimismo, dichas actas se encuentran firmadas por los representantes del partido actor, desprendiéndose de las mismas que la única que fue firmada bajo protesta por la coalición actora es la relativa al escrutinio y cómputo de la casilla 103 básica, sin embargo el incidente suscitado no tiene que ver con la causal a estudio pues textualmente se señala: “El partido de coalición PAN-ADC firma bajo protesta porque fue la presidenta la que hizo el conteo de votos”, referente al Acta de Sesión Permanente de la Jornada Electoral, tampoco hay sucesos relacionados con el hecho base de la impugnación, consecuentemente el simple hecho de que los funcionario del Ayuntamiento de Comala, Colima, (que como se expreso en líneas anteriores se les concedió permiso para ausentarse de sus labores desde el 01 (uno) de julio hasta después del día de la jornada electoral), hayan sido nombrados como representantes generales, no puede generar la convicción de la presión sobre los electores o sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla, al grado tal que deba de privilegiarse esta irregularidad frente al voto ciudadano, máxime que de las constancias que obran en autos no se demuestra que los representantes acudieron a cada una de las casillas impugnadas, ni el tiempo que en su caso permanecieron en cada una de ellas, ni cuántos electores pudieron ser objeto de la presunta presión, esto es, no se precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sumado a lo anterior, del desahogo de las pruebas técnicas aportadas por el impugnante, nada se desprende que soporte su argumento, es decir no se aprecia que se cumpla con la carga probatoria de demostrar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente ocurrieron los hechos, como se verá a continuación.

Por principio de cuentas se establece la obligación del oferente de señalar lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo en que se reproduce la prueba, tal como se desprende de la tesis siguiente:

“Tesis XXVI/2008

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. —El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-377/2008. —Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.— Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.— Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murilo.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

a). Precisado lo anterior, se tiene que, en relación con la prueba técnica: memoria Kingston 2.0 GB, COLOR AZUL, de su desahogo resulto lo siguiente:

Videos:

Duración 1. 3 segundos. Se aprecia una persona que viste camisa color amarillo con un logotipo imperceptible del lado de derecho.

2. Video de similares características que el anterior.

Duración 3. 8 segundos. Se observa una camioneta blanca, a la que no se le aprecia el número de las placas, se escucha música de fondo.

Duración 4. 7 segundos. Se aprecia la misma camioneta y música.

Duración 5. 2 segundos. Al parecer fue grabado de noche, no se aprecia persona u objetos, solo una luz al parecer de una lámpara al fondo.

6. Es igual que el anterior.

Duración 7. 6 segundos. Se observa un coche blanco y se escucha a unas personas decir que "no salen las placas", son dos personas las que están grabando, una de ellas al parecer dice el número de placas ya que textualmente dice: FSN7022, sin embargo en el video no se aprecian.

Duración 8. 2 segundos. Se observan luces de vehículos a lo lejos, al parecer fue grabado de noche.

Duración 9. 3 minutos. Al parecer realizada el día 3 (tres) de julio, pues al principio se aprecia una página de un diario local en la que se puede ver la fecha, grabación en la que se escucha a dos personas conversando, al parecer arriba de un vehículo, que graban a tres personas caminando por la calle, una de camiseta color rojo, con logotipo inapreciable, otra persona de camisa blanca y una de camisa a cuadros, (no se desprende nada).

Duración 10. 2 segundos. Se observa empedrado de la calle.

Duración 11. 4 minutos. Se distinguen dos personas dos al interior de un domicilio y dos en la calle, empiezan una discusión ya que los que están grabando quieren sacar a una persona del domicilio y quitarle unos papeles a una persona en la calle, la que se devuelve hacia donde están los que graban y les entrega un documento que al parecer contiene una nota que salió en el noticiero, posteriormente, los que graban quieren sacar a una persona del domicilio, comienzan a preguntar que por qué corre, por qué se esconde, que no lo van a matar, luego una de las personas que está adentro, empieza a discutir con las personas que están afuera, diciendo que la persona que se metió es su sobrino y que puede llegar a la hora que disponga, aparece un documento que en letras grandes dice "nota aclaratoria", aparece una señora con blusa color blanca, diciendo que "en la noche se la pasaron repartiendo despensas, que a una señora le ofrecieron $600 (seiscientos pesos)", no dice quién o quiénes realizaron dichas actividades, ni la preferencia partidista, vuelven a poner la nota aclaratoria de la que no se alcanza a leer más que el encabezado, de la persona a la que interrogan; en ningún momento se escucha su nombre, viste una camiseta color rojo, con unas iniciales al frente al parecer "CH" y al reverso un logotipo inapreciable.

Duración 12. 1 minuto. Se aprecia una persona de camiseta y cachucha blanca, sentada en el patio de una casa, se levanta y comienza a grabar al parecer a 8 (ocho) personas por lo que dice, dicen que es el mismo que tenia camisa roja, la persona a la que graban dice que lo están intimidando, y que tiene tapada la calle, se escuchan risas, dice la persona a la que graban que se esconde porque lo iban correteando, y no sabía qué le iban a hacer.

Duración 13. 28 segundos. Se graba un grupo de personas, una de ellas que viste blusa blanca y tiene un periódico en la mano dice: "desde ayer están repartiendo despensas", no dice quiénes o de cuál partido son.

Duración 14. 19 segundos. Misma señora que en la grabación anterior diciendo: "una señora es testigo de que toda la noche estuvieron repartiendo despensas", no dice nombres de las personas a las que atribuye que repartían despensa.

Duración 20. 3 segundos. No se aprecia nada, sólo se escucha un ruido.

Duración 21. 1 segundo. No se observa nada.

Duración 22. 9 segundos. Destello de luz, al parecer se grabó de noche.

Duración 23. 9 segundos. Se aprecia camioneta blanca.

Duración 24. 4 segundos. Grabación de una pared.

Duración 25. 3 segundos. No se aprecia nada.

Duración 26. 10 segundos. Se grabó una persona pasando por un lado de una camioneta roja, posteriormente una multitud de personas.

Duración 27. 36 segundos. Una persona con camisa roja a cuadros, platicando con una persona de camiseta blanca.

Duración 28. 37 segundos. Señora con blusa naranja conversando con persona del sexo masculino con camiseta color blanco.

Duración 29. 2 segundos. Se observa una persona con sombrero en la cabeza.

Duración 30. 40 segundos. Una persona subiendo a una camioneta blanca.

Duración 31. 10 segundos: Aparece una multitud, 2 personas armadas al parecer agentes de la policía estatal, portan una camiseta con la leyenda policía estatal.

Duración 32. 1 minuto. Personas conversando, no se escucha lo que conversan.

Duración 33. 4 segundos. Se observan dos personas.

Duración 34. 2 minutos. Señora hablando por teléfono, grupo de personas, vuelve a grabar a la persona diciendo el presidente está de acuerdo, dejan pasar a una persona a donde se encuentra un grupo de personas haciendo fila.

Duración 35. 4 segundos. No se desprende nada relevante.

Duración 36. 39 segundos. Número indeterminado de personas, una de ellas porta micrófono y camiseta con leyenda Instituto Colimense de Radio y Televisión, persona con cámara, persona con camisa amarilla, que al parecer conversa con celular.

Duración 37. 24 segundos. Se graban las personas del Instituto Colimense de Radio y Televisión que están entrevistando a una persona.

Duración 38. 10 segundos. Grabación al parecer de noche, sólo se observan luces que parecen ser de vehículos.

Duración 39. 4 segundos. Grabación similar a la anterior, sólo se aprecia una calle y vehículos estacionados.

Duración 40. 8 segundos. Grabación similar a la anterior.

Duración 41. 17 segundos. Personas en una camioneta se despiden al parecer de la o las personas que estaban grabando.

Duración 42. 17 segundos. Al parecer de noche graban una construcción, pasan dos personas.

Duración 43. 6 segundos. Mismas características del anterior.

Duración 44. 6 segundos. Se aprecian cuatro personas, no se distinguen rostros.

Duración 45. 12 segundos. Video de noche, no se aprecia nada.

Duración 46. 2 segundos. Camioneta blanca, estacionada.

Duración 47. 5 segundos. Video con lo que parece ser una página de un periódico, se aprecia la fecha del mismo 3 de julio de 2009.

Duración 48. 24 segundos. Persona que dice llamarse Marisela Ávalos Andrés, dice ser de Suchitlán, que le ofrecieron $600.00 (seiscientos pesos) por su credencial, sin decir nombre las personas o partido político, afirma será representante de casilla del Partido Acción Nacional, todo lo que expresa lo hace en base a preguntas de la persona que al parecer está grabando.

Duración 49. 14 segundos. Camioneta azul estacionada, al parecer con un papel en el parabrisas, del que no se alcanza a leer nada.

Duración 50. 3 segundos. Se observa el suelo.

Duración 51. 2 segundos. Grabación interior de un vehículo.

Duración 52. 9 segundos. Interior de vehículo, así como conductor, que porta camiseta color rojo.

Duración 53. 39 segundos. Grabación de una calle, varios vehículos estacionados, una camioneta color azul se pone en marcha.

Duración 54. 60 segundos. Grabación en la que se aprecia una camioneta a lo lejos, personas subiendo a un vehículo, se ponen en marcha, conversan entre ellas.

Duración 55. 6 segundos. Continúa la conversación anterior. Duración 56. 3 segundos. No se aprecia nada.

Duración 57. 40 segundos. Aparece el número 80 aparentemente del velocímetro.

Duración 58. 5 segundos. Grabación construcción en color azul y blanco.

Duración 59. 39 segundos. Personas conversando, y otras caminando.

Duración 60. 1 minuto. Multitud en fila, aparentemente en la casilla, no se aprecia sección ni casilla, señora blusa roja, con papeles en la mano.

Duración 61. 26 segundos. Multitud, no se escucha conversación ni se observan actitudes que demuestren conductas irregulares.

Duración 62. 11 segundos. Camioneta blanca.

Duración 63. 21 segundos. Multitud algunas personas haciendo fila, dos personas conversando.

Duración 64. 32 segundos. Multitud haciendo fila.

Duración 65. 1 minuto. Multitud conversando, algunas personas al parecer haciendo fila.

Duración 66. 25 segundos. Señora con un niño, otra persona con un vaso de agua, no se entiende lo que conversando.

Duración 67. 25 segundos. Mismas señoras, dicen que en la esquina hay una persona, sin especificar que está haciendo dicha persona.

Duración 68. 8 segundos. Personas con armas de fuego, aparentemente de la Policía Estatal.

Duración 69. Se aprecia una multitud, la mayoría de ellos haciendo fila, 19 segundos.

Duración 70. Se aprecia una Multitud en su mayoría haciendo fila, 4 segundos.

Duración 71. Varias personas, al parecer haciendo fila, graban una persona con blusa blanca, 8 segundos.

Duración 72. Misma persona, con lo que parece ser cinta amarilla en la mano. 7 segundos.

Duración 73. Misma persona, con lo que parece ser cinta amarilla en la mano, platica con persona de camiseta verde a rayas, luego con persona de camiseta roja a rayas horizontales. 46 segundos.

Duración 74. Misma persona, con lo que parece ser cinta amarilla en la mano. 9 segundos.

75. Misma persona, con lo que parece ser cinta amarilla en la mano, aparentemente funcionaria del Instituto Federal Electoral, en lo que parece ser el cierre de la casilla, 60 segundos.

76. Misma grabación que la anterior.

77. Misma persona, diciendo que se cerró la votación dice son las 6:01 se ven dos personas al parecer policías estatales, una persona aparentemente empieza a llamar por celular. 60 segundos

78. Mismo video que el anterior.

79. Persona al parecer llamando por celular, se aprecia multitud haciendo fila, conversa con las personas, aparenta ser funcionaria del Instituto Federal Electoral. 1 minuto.

80. Mismo video que el anterior.

81. Se aprecian personas caminando sobre una banqueta. 5 segundos.

81. Mismo video que anterior.

82. Motocicleta, 2 dos segundos.

83. Mismo video que anterior.

84. Multitud de personas haciendo fila, al parecer en un patio. 60 segundos.

85. mismo video.

86. persona con blusa blanca con diversos logotipos, y leyendas, 13 segundos.

87. Mismo video.

88. Grabación de placas de un carro (FSD 36 47) del que no se aprecia modelo ni color. 16 segundos.

89. Mismo video que anterior.

90. Grabación de un indeterminado número de personas. 26 segundos.

91. Mismo video que anterior.

92. Coche al parecer de color gris, (FSD 36 47), papel pegado en el parabrisas, 16 segundos.

93. Mismo video que anterior.

94. Mismo vehículo, con documento pegado en la parte delantera del vehículo, 26 segundos.

95. Mismo video que el anterior.

96. Grupo de personas, en lo que aparenta ser una casilla, sin poder determinarse de qué sección o casilla se trata, se alcanzan a apreciar urnas y mamparas. 1 minuto.

97. Mismo video que anterior.

98. Persona con sombrero, grupo indeterminado de personas, se aprecia una persona entrando en la mampara, otra persona de camiseta blanca o gris de pie.

99.Mismo video que el anterior.

De dicha documental técnica, no se desprende en ningún momento que se haya ejercido violencia física, cohecho, soborno o presión sobre los electores o sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla, pues la misma sólo muestra imágenes en algunos casos indescriptibles, en algunos otros con escasa visión, vehículos, grupos de personas, algunas se deduce fueron tomadas en la noche, esto es concluida la Jornada Electoral, en algunas se observa lo que podría ser una casilla, sin apreciarse irregularidad alguna; es decir, del cúmulo de videos que contiene la aludida prueba técnica, no se puede deducir ni afirmar que el día de la Jornada Electoral se hayan dado las irregularidades que demuestran la hipótesis contenida por la causal contemplada en la fracción V del artículo 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tanto, se sostiene que carecen de valor probatorio.

b). En cuanto a la prueba técnica: Memoria Panasonic 1.0 GB, COLOR AZUL, se desprende lo siguiente:

Videos:

Duración 1. 1 minuto. Tres personas a las que no se les distinguen los rostros, una de camiseta negra, otra de camisa al parecer blanca, y la tercera de camisa a rayas horizontales de color azul con negro, esta última persona tiene bolsas negras en ambas manos, no se distingue qué es lo que contienen, se aleja, se arrima a un grupo de personas. Sin embargo, no se aprecia que se encuentre al interior de una casilla, con lo cual se sostiene que no se aporta indicios para demostrar las irregularidades argüidas.

c) Respecto de las fotografías contenidas en el CD, gris metálico, marca Verbatim, de 700 MB, 52 Speed, 80 Minutos, se establece que, al igual que de las anteriores, no se puede apreciar que se estén dando irregularidades al interior de la casilla que hagan presumir la existencia de violencia física, presión o cohecho sobre los electores o sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

Por ello, las fotografías aportadas, por sí mismas, no son aptas para acreditar la irregularidad invocada, máxime si se tiene en cuenta que esas imágenes fueron producidas a través de un mecanismo cuyo funcionamiento depende de la misma parte que aporta la prueba, situación que hace que el valor de ese medio de convicción disminuya.

De todas las anteriores pruebas, no se desprenden indicios que hagan arribar a este Órgano Jurisdiccional a la conclusión de que se suscitaron las irregularidades que el actor plantea, pues además, el inconforme en momento alguno, señaló en su escrito impugnatorio una forma fehaciente que llevara a este Tribunal a arribar a la conclusión de que alguna de las personas que se aprecian en tales pruebas, tanto en videos como en fotografías, es Representante General del Partido Revolucionario Institucional, pues el oferente se limitó a señalar de forma genérica que en las mismas se aprecia José Francisco Espinoza González y/o Antonio Lugo Montes, omitiendo dar la descripción física de dichas personas, la forma en que iban vestidas o cualquier otro dato de identificación, con lo cual se imposibilita a que este tribunal concluya siquiera que las personas a que se atribuye la irregularidad aparecen en las imágenes o videos.

d) Ahora bien, por lo que respecta a los documentos consistentes en las certificaciones públicas levantadas por el Licenciado Jaime Alfredo Bazavilvazo, titular de la notaria 04 (cuatro) de esta demarcación, identificadas con los número 27,274, 27,277, 27,278 y 27,279, todas de fecha 15 (quince) de julio del 2009 (dos mil nueve), es de decirle al inconforme que las mismas tienen valor indiciario, en razón de que en ellas se asientan hechos que no le constan al notario, esto es, los hechos anotados no fueron constatados o apreciados por el propio notario, condición necesaria para ser consideradas como documentales públicas, por tanto se itera el valor que merecen es indiciario.

Se afirma lo anterior, en razón de que las declaraciones formuladas ante Notario Público, deben considerarse como meros indicios, cuya eficacia probatoria depende de la existencia de otros medios de prueba que de manera directa o indirecta generen la convicción en el órgano jurisdiccional de la veracidad de dicha narración, puesto que los hechos descritos por un testigo no son del conocimiento directo del fedatario público.

Aunado a lo anterior, el valor convictivo de dichas pruebas se desvanece si quien realiza la declaración fue representante propietario o suplente del partido político actor en las respectivas casillas, ya que sus testimonios devienen en declaraciones unilaterales, criterio que encuentra sustento jurídico en lo que dispone la tesis relevante cuyo rubro y texto son los siguientes:

“TESTIMONIAL ANTE NOTARIO. EL INDICIO QUE GENERA SE DESVANECE SI QUIEN DEPONE FUE REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO QUE LA OFRECE (Legislación de Oaxaca y similares). —En términos de lo establecido en el artículo 291, párrafo 7, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, la testimonial puede ser admitida en los medios de impugnación locales, siempre que verse sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público, éste las haya recibido directamente de los declarantes, queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, y a dicha prueba, según se establece en el párrafo 5 del mismo precepto legal, se le otorga el valor probatorio de una presuncional; sin embargo, su fuerza convictiva se puede desvanecer si los deponentes fueron representantes propietarios o suplentes del partido político actor en las respectivas casillas o representante general del mismo instituto político, ya que sus testimonios devienen en declaraciones unilaterales, máxime si no cumplen con los principios de espontaneidad y de inmediatez, además de que de autos no se advierta constancia alguna (por ejemplo, hojas de incidentes o escritos de protesta) de las que se pueda deducir la existencia de los hechos sobre los que verse el testimonio.

Juicio de revisión constitucional electoral.

SUP-JRC-266/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—19 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretario: Armando I. Maitret Hernández.

Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 205-206, Sala Superior, tesis S3EL 140/2002.

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 951-952. ”

Precisado lo anterior se procede a su análisis en los términos siguientes:

1. En relación con el instrumento público número 27,274, comparece a declarar Omar Edel González Montes, quien afirma haber sido representante del Partido Acción Nacional, en la casilla 103 Contigua 01, de igual manera declara que antes de que se abriera la casilla, (quince minutos antes de las nueve) se presentó en la misma el señor Francisco Espinoza González.

Al respecto cabe aclarar que del acta de la jornada electoral, se desprende que la casilla en mención abrió a las 9:30 (nueve horas con treinta minutos), además de que su valor indiciario se desvanece, en razón de que como ya quedó precisado, quien declara fue Representante del Partido Acción Nacional, en la citada casilla, declaración que carece de espontaneidad e inmediatez, pues se realizó el día 15 (quince) de julio de 2009 (dos mil nueve) y la Jornada Electoral se llevó a cabo el día 5 (cinco) de julio del 2009 (dos mil nueve).

2. Del Instrumento público número 27,277, se desprende primeramente que declaran Rodrigo de la Cruz Andrés y María del Rocío Andrés Andrés, quienes según afirman, fungieron como representantes propietarios ante la casilla 103 Básica de los Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, respectivamente. El primero de ellos declara haberse dado cuenta que el señor Francisco Espinoza, entraba constantemente por hojas de conteo; la segunda declara: que se dio cuenta que como a las ocho de la mañana el señor Francisco Espinoza, ya estaba afuera de la casilla y cuando abrieron la votación empezó a acomodar a las personas para que fueran a votar, y les daba camisetas para que así pasaran, si no, se las daba al salir, actitud que continua declarando fue realizada todo el tiempo que duró la Jornada Electoral.

Respecto del primer testimonio, no se precisa de qué manera se ejerció violencia física, presión, soborno o cohecho sobre los electores, o sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla, además de que no señala por cuánto tiempo supuestamente se realizó, ni a cuántos electores pudo haber influenciado la conducta de dicha persona. En relación a la segunda declaración, su eficacia probatoria se desvanece totalmente, virtud a que la deponente fue representante propietaria del Partido Acción Nacional, cabe aclarar, que en ambos casos se adolece de inmediatez y espontaneidad, pues la declaración fue recibida por el notario hasta el día 15 (quince) de julio del 2009 (dos mil nueve), es decir 10 (diez) días después de llevarse a cabo la Jornada Electoral.

3. En tratándose del instrumento público número 27,278, quienes declaran son: Maricela Velázquez Rivera y Artemio Osorio Aguilar, la primera de ellas declaró haber sido representante propietario del Partido del Trabajo, en la casilla 104 Básica, y haber observado que el señor Francisco González, entraba mucho por papeles y hablaba mucho con los representantes del Partido Revolucionario Institucional, y que mostraba su nombramiento de Representante General. El segundo de ellos declaró ser Representante General del Partido Acción Nacional, y haber observado al señor Francisco González, que entraba en las casillas 103 Básica, 103 Contigua, 104 Básica, 104 Contigua 1 y 104 Contigua 2, para recoger la información de la votación.

Ambos testimonios se contradicen con lo declarado por la ciudadana María del Rocío Andrés Andrés, pues la misma manifestó que el señor Francisco Espinoza, realizó las conductas que en su declaración señala todo el tiempo que duro la Jornada Electoral, lo que físicamente era imposible que estuviera en dos lugares al mismo tiempo, por tanto, al apreciarse tales contradicciones lo declarado debe considerarse ineficaz para demostrar lo aseverado por el actor.

4. Respecto del instrumento público número 27,279, los declarantes fueron María Salvador Santos y María Esther Candelario Cortez, representante propietaria uno y representante propietaria dos respectivamente, en la casilla 103 Extraordinaria 1, ambas del Partido Acción Nacional, las dos declaran haber visto al señor Antonio Lugo Montes, platicando con una persona de nombre Sarahí, y con las personas que entraban a votar.

De lo anterior se desprende en principio de cuentas, que quienes declararon fueron representantes de casilla del Partido Acción Nacional, precisamente actor de este medio impugnativo, por lo que su valor indiciario se desvanece, aunado a que en ningún momento establecen el tiempo en el que supuestamente la persona que dicen haber visto permaneció en la casilla y si realizaba actividades tendentes a coaccionar a los votantes, por tanto se afirma, no aporta indicios para acreditar la irregularidad argüida.

IV. En conclusión, de los medios de prueba analizados se desprende como constante que carecen de inmediatez y espontaneidad al haberse realizado el día 15 (quince) de julio del 2009 (dos mil nueve), es decir, 10 (diez) días después de que se llevó a cabo la Jornada Electoral; además, en todos los instrumentos notariales cuando menos uno de los declarantes fue representante de casilla o representante general del Partido Acción Nacional, salvo dos de ellos que de igual manera fueron representantes de partidos políticos, no se establece de forma específica cuánto tiempo supuestamente duraron los nombrados representantes generales del Partido Revolucionario Institucional, en las casillas, incluso contradiciéndose entre sí, razones por las que no generan convicción en este Órgano Jurisdiccional de que se haya ejercido violencia física, presión, cohecho o soborno sobre los electores o funcionarios de la mesa directiva de casilla.

Ahora bien, de las actas de la jornada electoral, de Escrutinio y cómputo, así como las Hojas de Incidentes, tienen eficacia demostrativa plena al tenor de lo dispuesto en los artículos 36, fracción I, y 37 fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no se advierte la existencia de irregularidad alguna consistente en la presión, que según el impugnante se ejerció sobre los electores, principalmente la consistente en la hoja de incidentes, pues se invocan diversos acontecimientos suscitados, mismos que de manera alguna se refieren a que el día en que se llevo a cabo la Jornada Electoral, haya mediado violencia física, presión o cohecho, sobre los electores o sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla, lo que impide a este tribunal tener elementos convincentes para determinar la veracidad de dichos eventos, de lo anterior se desprende que primero se debe indicar la conducta que implique presión, asimismo se debe establecer de qué forma estas conductas influyeron en el ánimo de las personas para cambiar su preferencia partidista y establecer el número sobre las cuales tuvieron efecto las supuestas conductas que a consideración del partido actor constituyen presión, aspectos que el partido recurrente no acredita, ya que de las pruebas no se desprenden circunstancias de modo, tiempo y lugar; las casillas a que se refiere, ignorando también cuál es el lugar donde se encontraban esas personas, de ahí que no se le dé valor probatorio a dichas pruebas para anular las casillas a que hace referencia, ni tampoco para que se tenga por acreditada la presión sobre los funcionarios de casilla o electores de las casillas impugnadas, motivo por el cual no se actualiza dicha causal por no obrar prueba alguna que demuestre lo manifestado por el actor, por tanto, en razón de que el partido político enjuiciante incumplió con la carga de demostrar con medios de prueba idóneos su afirmación es que este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que el agravio sujeto a análisis es infundado.

SÉPTIMO. Continuando con el análisis de los agravios hechos valer por el inconforme, del documento base de su acción se desprende que, en relación a las Casillas 99 básica, 103 básica, 103 contigua 1, 103 extraordinaria 1, 104 básica, 104 contigua 1 y 104 contigua 2, sostiene el impugnante, se acredita la causa de nulidad contemplada en el artículo 69 fracción XII, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que expresamente señala:

"ARTICULO 69.- La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

(...)

XII. Existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y computo que en forma evidente, ponga en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. "

Dicho precepto establece como condición indispensable para declarar la causa de nulidad, la actualización de los siguientes supuestos normativos:

A) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas;

B) Que no sean reparables durante la Jornada Electoral o en las actas de C)escrutinio y cómputo;

D) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, y

E) Que sean determinantes para el resultado de la votación."

En cuanto al primer elemento, se destaca que por irregularidad se puede entender cualquier acto, hecho u omisión que ocurra durante la Jornada Electoral que contravenga las disposiciones que la regulan, y que no encuadren en alguna de las hipótesis de nulidad de votación previstas en las fracciones de la I a la XI del artículo 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, toda conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la función electoral, en principio, puede ser considerada como una irregularidad.

Ahora bien, no toda irregularidad o violación puede actualizar el supuesto normativo de referencia, sino que además, debe tratarse de irregularidades distintas a las que se contienen en las otras causales de nulidad de votación, además se requiere que tengan la calidad de graves, y para determinar tal adjetivo se deben tomar en cuenta sus consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación, debido a la afectación de los principios que rigen la materia electoral, en especial el de certeza.

En atención a las máximas de la lógica y de la experiencia, generalmente las irregularidades graves tienden en mayor o menor grado a ser notorias y a ir dejando huella en el proceso electoral en cualquiera de las etapas en que se produzcan.

Como se ha dicho, la gravedad es necesaria para que este Tribunal Electoral, pueda establecer válidamente que es de anularse la votación recibida; es decir, primero debe presentarse una circunstancia de hecho y después, vendrá la posibilidad de valorarse su gravedad a efecto de concluir si es determinante para el resultado de la votación.

Al respecto, sirve de sustento la Tesis de Jurisprudencia visible en la página 303 de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, aprobada por la Sala Superior de este Tribunal cuyo rubro es:

“SISTEMA DE NULIDADES. SOLAMENTE COMPRENDE CONDUCTAS CALIFICADAS COMO GRAVES”.

En este sentido, sólo operará la nulidad de la votación recibida en casilla, si la irregularidad alcanza el grado de grave, pues de lo contrario debe preservarse la voluntad popular expresada a través del sufragio y evitar que lo útil no sea viciado por lo inútil, imperando el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

Otro elemento del primer supuesto normativo, se refiere a que las irregularidades o violaciones se encuentren plenamente acreditadas, esto es, no debe existir duda sobre su realización, por lo que, para que se pueda arribar a la convicción sobre dicha acreditación, deben constar en autos los elementos probatorios que demuestren fehacientemente la existencia de dicha irregularidad.

El segundo supuesto normativo, consiste en que las irregularidades tengan el carácter de no reparables durante la Jornada Electoral o en las actas de escrutinio y cómputo.

En términos generales, reparar quiere decir “componer, restablecer, enmendar, resarcir, corregir, restaurar o remediar”, por lo cual, puede entenderse que una irregularidad no es reparable cuando no sea posible su corrección durante la Jornada Electoral o en las actas de escrutinio y cómputo.

Al efecto, con el propósito de salvaguardar los principios de certeza y legalidad, se estima que por irregularidades no reparables durante el desarrollo de la Jornada Electoral, o en las actas de escrutinio y cómputo, se debe entender a aquéllas que no fueron subsanadas en su oportunidad y que hayan trascendido al resultado de la votación.

Son irregularidades no reparables, las que ocurrieron antes, o durante la Jornada Electoral y pudieron ser reparadas en el transcurso de la misma, incluyendo el momento de levantar el acta de escrutinio y cómputo, que no fueron objeto de corrección por parte de los funcionarios de la casilla, ya sea porque era imposible llevar a cabo dicha reparación, o bien, porque habiendo podido enmendarla, no se hizo.

Por cuanto hace al elemento de que en forma evidente ponga en duda la certeza de la votación, se destaca que este elemento se refiere a la condición de notoriedad que debe tener la irregularidad que ponga en duda la certeza de la votación emitida en determinada casilla.

Para que se actualice este elemento, es menester que de manera clara o notoria se tenga el temor fundado de que los resultados de la votación recibida en la casilla no corresponden a la realidad o al sentido en que efectivamente éstos se emitieron, esto es, que haya incertidumbre respecto de la veracidad de los resultados obtenidos.

En materia electoral, el significado del principio de certeza radica en que las acciones que se efectúen, sean veraces, reales y apegadas a los hechos, sin manipulaciones o adulteraciones, esto es, que el resultado de todo lo actuado dentro de los procesos electorales sea plenamente verificable, fidedigno y confiable, reduciendo al mínimo la posibilidad de errar y desterrando en lo posible cualquier vestigio de vaguedad o ambigüedad, así como de duda o suspicacia, a fin de que aquellos adquieran el carácter de auténticos.

Consecuentemente, se podrá considerar que en forma evidente se pone en duda la certeza de la votación, cuando del simple conocimiento de la forma en que se desarrolló la Jornada Electoral en determinada casilla, se adviertan irregularidades que generen incertidumbre sobre la transparencia del desarrollo de la votación recibida en casilla y, por consiguiente, desconfianza respecto al resultado de la votación.

Por lo que hace a que las irregularidades sean determinantes para el resultado de la votación, este elemento puede apreciarse bajo un criterio cuantitativo o aritmético, o bien, un criterio cualitativo.

El criterio cuantitativo se basa en que se considera determinante para el resultado de la votación, si las irregularidades advertidas se pueden cuantificar, y si resultaren en igual o superior número a la diferencia de la votación obtenida por los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación en la casilla correspondiente.

El criterio cualitativo ha sido aplicado, principalmente, en el caso de que aun cuando las irregularidades existentes no alteren el resultado de la votación en la respectiva casilla, o bien, no se puedan cuantificar, pongan en duda el cumplimiento del principio constitucional de certeza y que, como consecuencia de ello, exista incertidumbre en el resultado de la votación.

Esto es, que con las irregularidades advertidas se hayan conculcado por parte de los funcionarios de casilla uno o más de los principios constitucionales rectores en materia electoral, como son: el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad y que con motivo de tal violación no exista certidumbre respecto de la votación.

Sirve de sustento a lo anterior las Tesis de Jurisprudencia y Relevante visibles en las páginas 201 y 202, así como 730 y 731, respectivamente, de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro a la letra señalan:

1.                 “NULIDAD DE ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO."

2.                 “NULIDAD DE LA VOTACIÓN 0 RECIBIDA EN CASILLA. ELEMENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSA GENÉRICA (Legislación del Estado de México y similares)"

En tal sentido, para la acreditación de la causal de nulidad en estudio, es indispensable que se reúnan todos los requisitos establecidos en la hipótesis normativa señalada, pues sólo entonces esta Autoridad Jurisdiccional podrá decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, toda vez que como quedó apuntado, no cualquier tipo de irregularidad trae como consecuencia la sanción mencionada.

Sentado lo anterior, se procede a su análisis:

I. En las Casillas 22 contigua 1, 99 básica, 103 básica, 103 contigua 1, 103 extraordinaria 1, 104 básica, 104 contigua 1 y 104 contigua 2, sostiene el impetrante que los ciudadanos JOSÉ FRANCISCO ESPINOZA GONZÁLEZ y ANTONIO LUGO MONTES, nombrados como Representantes Generales del Partido Revolucionario Institucional, realizaron actividades de proselitismo, dando instrucciones e induciendo a los ciudadanos al voto a favor del frente común que representaban.

Al respecto es necesario precisar lo que dispone el artículo 214 del Código Electoral del Estado, mismo que de manera textual señala:

“ARTICULO 214. (…)

El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirán reuniones o actos públicos de campaña, propaganda o de proselitismo electorales. ”

Cabe hacer mención que el proselitismo a favor de un partido político dentro, fuera o en las inmediaciones de la casilla, puede ser entendido como una forma de presión sobre los electores, pues tal actividad se realiza con la finalidad de influir en el ánimo de la ciudadanía para obtener votos a favor de un determinado contendiente, lo que lesiona la libertad del sufragio.

Para el análisis de la irregularidad alegada, se tomarán en cuenta las actas de escrutinio y cómputo, Jornada Electoral y Hojas de Incidentes, documentales públicas que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36 fracción I y 37 fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tienen pleno valor probatorio.

Por lo que hace a la casilla 99 Básica, del análisis del acta de escrutinio y cómputo, así como del acta de la jornada electoral, se advierte que no acontecieron incidentes durante la Jornada Electoral.

En relación a la casilla 103 Básica, del análisis del acta de escrutinio y cómputo no se desprenden incidentes; del acta de la jornada electoral se desprende que, se presento un incidente durante el desarrollo de la votación, el que de igual manera se plasmo en la hoja de incidentes, al tenor literal siguiente:

“11:43: el señor Covarrubias Antonio Francisco recorto de las hojas de las boletas el partido de su preferencia y se le entrego otras nuevas boletas.”

De igual manera la coalición actora presentó un escrito de incidentes del que se desprende textualmente:

“que el presidente de casilla, fue quien realizó el conteo de votos no dejando que se acercaran los representantes de los partidos a verificar la autenticidad de las boletas.

la presidenta de casilla metía las manos en todo, asumiendo el cargo de escrutador, contando los votos ela misma, no permitió que nos acercáramos de cerca a ver la autenticidad de las boletas”

Como se puede advertir, ningún incidente se refiere a propaganda o proselitismo realizado en la casilla.

En relación a la casilla 103 Contigua 1, del análisis del acta de escrutinio y cómputo y acta de la jornada electoral, no se desprenden incidentes, se aprecia que en el recuadro correspondiente al escrito de incidentes, en el recuadro que contiene el logotipo de la coalición actora, se anotó que presentaron 1 (uno) escrito de incidentes, sin embargo, el mismo no obra en autos, además la parte actora no lo aporta, ni ofrece.

Respecto a la casilla 104 Contigua 1, del análisis del acta de escrutinio y cómputo no se desprenden incidentes; en el acta de la jornada electoral, se asienta que se presentó un incidente, el que quedo plasmado en la hoja de incidentes correspondiente a esa casilla en los términos siguientes:

“10:40. Se le permitió a una persona votar por herror (sic) del funcionario ya que no se percato que no estaba en la lista nominal y cuando se dio cuenta el elector ya abía (sic) marcado la boleta”

Dicho escrito refiere el error, en cuanto a permitir votar a una persona sin estar en la lista nominal, lo cual no guarda relación alguna con la irregularidad que se pretende acreditar.

En cuanto a la casilla 103 Extraordinaria 1, no se desprende ni del acta de la jornada electoral, ni del acta de escrutinio y cómputo, que se hayan presentado incidentes.

En la casilla 104 básica, del acta de escrutinio y cómputo, no se desprenden incidentes, en el acta de la jornada electoral, refiere que se presentaron incidentes durante el desarrollo de la votación, mismos que constan en la hoja de incidentes y que a continuación se insertan:

“9:10. Por error del funcionario una persona voto sin estar en la lista, pero si pertenecía a esta sección”

2:56. A una persona se le permitió votar pero la edad no coincidía y las otras facciones si, por lo tanto el presidente dijo que era herror (sic) del ife"

"10.50. por error del funcionario se entregaron dos boletas de diputado local"

Como se advierte, los hechos relacionados en la hoja de incidentes no guardan relación con actos de proselitismo que se hubieren presentado.

II. Ahora bien, para intentar demostrar su aseveración, la coalición actora ofreció medios de pruebas consistente en pruebas técnicas, mismas que han sido desahogadas y valoradas por este tribunal, al contestar el agravio relacionado con la causa de nulidad invocada por el actor y que se establece en la fracción V del artículo 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En relación con este agravio, al igual que en el anterior se establece la obligación del oferente de señalar lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo en que se reproduce la prueba, tal como se desprende de la Tesis XXVII/2008, identificable con el rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”

1. Precisado lo anterior, se tiene que en relación con la prueba técnica consistente en memoria Kingston 2.0 GB, COLOR AZUL, de su desahogo no se desprende en ningún momento que se haya realizado proselitismo, pues la misma sólo muestra imágenes en algunos casos indescriptibles, en otros con escasa visión, vehículos, grupos de personas, se deduce que unas fueron grabadas de noche ya concluida la Jornada Electoral, en otras se aprecia lo que podría ser una casilla, pero no se observa alguna irregularidad; es decir, del cúmulo de videos que contiene la aludida prueba técnica, no se puede deducir ni afirmar que el día de la Jornada Electoral se haya dado el proselitismo político a que alude el impetrante

2. En cuanto a la prueba técnica consistente en Memoria Panasonic 1.0 GB, COLOR AZUL, se desprende lo siguiente: Tres personas a las que no se les distingue el rostro, una con camiseta negra, una más con camisa al parecer blanca, y otra de camisa a rayas horizontales al parecer de color azul con negro, esta última persona tiene bolsas negras en ambas manos, no se distingue que es lo que contienen, se aleja, se acerca a un grupo de personas, sin embargo, no se aprecia que se encuentre al interior de una casilla, con lo cual se sostiene no aporta indicios para demostrar las irregularidades argüidas.

3. Respecto de las fotografías contenidas en el CD, las mismas sólo muestran a varias personas sin que se pueda deducir que alguna de ellas esté realizando proselitismo.

Al igual que en las anteriores, no se puede apreciar que se estén dando situaciones al interior de la casilla que hagan presumir la existencia de las irregularidades que el actor señala, además se afirma, que las fotografías aportadas, por sí mismas no son aptas para acreditar lo argüido, pues se debe tener en cuenta que esas imágenes fueron producidas a través de un mecanismo cuyo funcionamiento depende de la misma parte que aporta la prueba, lo cual hace que el valor de ese medio de convicción disminuya.

Con las anteriores pruebas, el inconforme en ningún momento señaló en su escrito impugnatorio una forma fehaciente que llevara a este tribunal a arribar a la conclusión de que alguna de las personas que se aprecian tanto en videos como en fotografías, es Representante General del Partido Revolucionario Institucional, pues el oferente se limitó a señalar de forma genérica que en las mismas se aprecia a JOSÉ FRANCISCO ESPINOZA GONZÁLEZ y/o ANTONIO LUGO MONTES, omitiendo dar la descripción física de dichas personas, forma en que iban vestidas o cualquier otro dato de identificación, con lo cual se imposibilita que este tribunal concluya siquiera que las personas a que se atribuye la realización de proselitismo aparecen en las imágenes o videos.

4. Ahora bien, por lo que respecta a los documentos consistentes en las certificaciones públicas levantadas por el Licenciado JAIME ALFREDO BAZAVILVAZO, titular de la notaria 04 (cuatro) de esta demarcación, identificadas con los número 27,274; 27,277; 27,278 y 27,279, todas de fecha 15 (quince) de julio del 2009 (dos mil nueve), las que como se sostuvo tienen únicamente valor indiciario en razón de que, en las mismas se asientan hechos que no le constan al notario, cuya eficacia probatoria depende de la existencia de otros medios de prueba que de manera directa o indirecta generen la convicción en este Órgano Jurisdiccional de la veracidad de dicha narración, puesto que los hechos descritos por un testigo, no son del conocimiento directo del fedatario público, aunado a ello, el hecho de que quienes deponen son en su mayoría personas que fungieron como representantes de casilla o generales del impugnante, en tanto que los restantes también son representantes de partidos políticos que participaron en la Jornada Electoral, criterio que se repite encuentra sustento jurídico en lo que dispone la tesis relevante cuyo rubro es: “TESTIMONIAL ANTE NOTARIO. EL INDICIO QUE GENERA SE DESVANECE SI QUIEN DEPONE FUE REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLÍTICO QUE LA OFRECE (Legislación de Oaxaca y similares)”.

De dichos documentos, tal como quedo precisado en la contestación del anterior agravio, se desprende como constante que carecen de inmediatez y espontaneidad al haberse realizado el día 15 (quince) de julio del 2009 (dos mil nueve), 10 (diez) días después de que se llevó a cabo la Jornada Electoral; en todos los instrumentos notariales cuando menos uno de los declarantes fue representante de casilla o representante general del partido Acción Nacional, salvo dos de ellos que de igual manera fueron representantes de partidos políticos, no se establece de forma específica cuánto tiempo supuestamente duraron en las casillas los aludidos representantes generales del Partido Revolucionario Institucional, realizando proselitismo, aunado a que los testimonios se contradicen, por tanto, no generan convicción en este Órgano Jurisdiccional de que se haya llevado a cabo proselitismo por parte de los ciudadanos nombrados como Representante Generales del partido Revolucionario Institucional en las casillas sujetas a estudio.

Por tanto, en virtud de que en los autos no existe prueba alguna que demuestre que las personas mencionadas por la coalición actora, hayan hecho proselitismo a favor del Partido Revolucionario Institucional el día de la Jornada Electoral en la que fungieron como Representantes Generales, tampoco queda demostrado que por el solo hecho de fungir como tales se dé el proselitismo que menciona; de ahí que resulta improcedente lo solicitado por el inconforme.

En ese sentido, si la coalición actora incumplió con la carga procesal de aportar los elementos de prueba idóneos para acreditar la irregularidad que hizo valer, pues tal como lo prevé el último párrafo del artículo 40, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral, el que afirma está obligado a probar, resulta evidente que la irregularidad alegada no se encuentra demostrada.

En esa tesitura, lo infundado del agravio deviene del hecho de que la coalición actora no acreditó con medios de convicción idóneos que en las casillas impugnadas se haya realizado proselitismo político.

OCTAVO. Continuando con el análisis de las causas de nulidad invocadas, tenemos que en la casilla 103 Básica, el impugnante alega que se configura la "causal genérica", ya que según su dicho: "la presidenta de la mesa directiva de casilla la C. Ignacia Velasco Castro, jamás permitió que los escrutadores designados en dicha casilla realizaran sus funciones y procedieran al final de la votación al escrutinio y computo de los votos sufragados, vulnerando flagrantemente las facultades y atribuciones que le confiere la propia normatividad aplicable, así como la de los demás funcionarios de casilla y de manera concreta y contundente, las atribuciones de los escrutadores, que se encuentran debidamente establecidas en el artículo 184 del Código Electoral del Estado de Colima", por lo que sostiene que la conducta desplegada por la presidenta de la casilla en estudio le causa agravio, al haber violado de manera incuestionable, los artículos 272, 273 del ordenamiento legal antes mencionado.

Al respecto, es de precisar que el actor parte de una premisa falsa al suponer que se vulnera el principio de certeza, porque la presidenta realizó el Escrutinio y Cómputo en dicha casilla, así como el hecho de que no haya permitido a los representantes de los partidos políticos que verificaran la autenticidad de las boletas y votos sufragados por los ciudadanos; también es falsa su presunción de que por ese sólo hecho hayan existido actos de violencia sobre los integrantes de la casilla, por las siguientes consideraciones:

Al efecto, el artículo 184 del Código Electoral del Estado, en lo que interesa dispone:

“ARTÍCULO 184.- Las mesas directivas de casilla y sus funcionarios tendrán las siguientes atribuciones:

I. De las mesas directivas de casilla:

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de este CODIGO;

b)                 Recibir la votación;

c)                 Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;

d)                 Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura;

e)                 Formular las actas que ordena este CODIGO;

f)                   Integrar en los paquetes respectivos la documentación correspondiente a cada elección para entregarla en los plazos señalados por este CODIGO al CONSEJO MUNICIPAL respectivo; y

h)                 Las demás que les confiera el presente ordenamiento;

I. De los presidentes:Vigilar el cumplimiento de este CODIGO sobre los aspectos relativos al funcionamiento de las casillas;

a) Recibir de los presidentes de los CONSEJOS MUNICIPALES, la documentación electoral, formas aprobadas y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, debiendo conservarlos bajo su responsabilidad hasta su instalación;

b)                 Proceder a la identificación de los electores, dándola a conocer en voz alta a los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS

c)                 Mantener el orden en el interior y en el exterior de la casilla, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;

d)                 Suspender la votación en caso de alteración del orden y, restablecido éste, reanudarla;

e)                 Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden o realice actos que leven la intención manifiesta de obstaculizar la votación o el escrutinio o retardar el cómputo. En los supuestos establecidos en esta fracción y la anterior, y tratándose de representantes de partido, los presidentes deberán observar lo establecido en este CODIGO y respetar en todo tiempo las garantías que les otorga;

f)                   Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los PARTIDOS POLITICOS presentes, el escrutinio y cómputo;

g)                 Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones;

h)                 Clausurada la casilla, turnar oportunamente al Presidente del CONSEJO MUNICIPAL correspondiente los paquetes electorales y las copias de la documentación respectiva, en los términos de este CODIGO.

En los casos de los incisos d, e y f de esta fracción, los hechos deberán hacerse constar en el acta de cierre de la votación, con mención del nombre de las personas que hubiesen intervenido y con la firma de los funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla; y

i)                   Las demás que les confiera este CODIGO. I. De los secretarios:

a) Elaborar las actas que ordena este CODIGO y distribuirlas en los términos que el mismo establece;

b) Contar el número de boletas electorales recibidas antes de iniciar la votación ante los representantes de los PARTIDOS POLITICOS o coaliciones acreditados en esa casilla; Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente;

c) Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los PARTIDOS POLITICOS;

d) Contar e inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto por este CÓDIGO; y

e) Las demás que les confiera el presente ordenamiento; IV. De los escrutadores:

f) Contar las boletas depositadas en cada urna y cotejar con el número de electores que, anotados en las listas nominales, ejercieron su derecho al voto;

g)                 Contar los votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula o planila; y

h)                 Las demás que les confiera el presente CODIGO. ”

En el código electoral local, también se establece el procedimiento para llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla, conforme a lo siguiente:

"ARTICULO 270.- Una vez cerrada la votación y lenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva de casilla procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados.

ARTICULO 271.- El escrutinio y computación es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan:

I. El número de electores que votó en la casilla;

II. El número de votos emitidos en favor de cada uno de los PARTIDOS POLITICOS o coaliciones;

III. El número de votos anulados por la mesa directiva; y

IV. El número de boletas sobrantes de cada elección.

ARTICULO 272.- El procedimiento de escrutinio y computación se practicará para cada una de las elecciones en el orden siguiente: primero el de Diputados, después el de Gobernador, en su caso, y posteriormente el de los Ayuntamientos.

ARTICULO 273.- El escrutinio y computación de cada elección se realizará conforme a las siguientes reglas:

I. El secretario de la mesa de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que quedará cerrado y anotará el número de elas que resulte en el acta final de escrutinio y computación;

II. El primer escrutador contará el número de electores que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección;

III. El secretario abrirá la urna, sacará las boletas depositadas por los electores y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

IV. El segundo escrutador contará las boletas extraídas de las urnas;

V. El presidente, auxiliado por los escrutadores, clasificará las boletas para determinar:

a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los PARTIDOS POLITICOS o coaliciones; y

b)                 El número de votos que resulten anulados; y

VI. El secretario anotará en el acta el resultado de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores. ”

I. No le asiste la razón al impetrante, pues parte de la falsa premisa de que lo anotado en la hoja de incidentes, sea eficaz para producir consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación, porque si bien es cierto, como se puede apreciar de los preceptos trasuntos renglones arriba, los escrutadores tienen una función específica en la casilla, como es, contar las boletas depositadas en cada urna, y cotejar con el número de electores que anotados en las listas nominales ejercieron su derecho al voto; contar los votos emitidos a favor de cada candidato, fórmula o plantilla y, las demás que le confiera el propio código; también resulta cierto, que aún y cuando cada funcionario desempeña tareas especificas en la casilla, es el presidente la máxima autoridad al interior de la misma, y por ende, en quien recae la mayor responsabilidad de que todos los actos que se realicen con apego irrestricto a la ley, es el encargado de coordinar con el auxilio de los demás funcionarios las diversas tareas al interior de la casilla, entre ellas, practicar con apoyo del secretario y escrutadores, y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo.

Por lo tanto, se concluye que no existieron irregularidades calificadas como graves, mucho menos que se tengan plenamente acreditadas, y que por lo tanto pongan en duda la certeza de la votación, pues los hechos controvertidos son insuficientes para determinar que la presidenta de casilla haya trasgredido disposición legal alguna.

II. Ahora bien, en relación al incidente manifestado por el actor de que no se haya permitido a los representantes de partidos políticos verificar la autenticidad de las boletas y votos, es menester decir, que de ninguna forma se debe poner en duda la autenticidad de las boletas, pues no se tienen elementos para inferir que no lo son, ya que conforme a la legislación electoral (artículo 147, fracción XVIII y artículo 238, del Código Comicial Estatal), los órganos administrativos, en este caso el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, a través de una serie de actos, garantizan la autenticidad de las boletas.

Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 230, del Código Electoral del Estado de Colima, los representantes de los partidos políticos tienen una serie de derechos, encaminados todos a vigilar que la Jornada Electoral se desarrolle de conformidad a la ley, de ahí que en cada uno de ellos como son: instalación y apertura de casilla, recepción de la votación, cierre de casilla, escrutinio y cómputo y clausura de casilla, son ante la presencia de ellos, además, en el artículo 247 del mismo ordenamiento, se le otorga el derecho de “poder” rubricar o sellar las boletas, precisamente para que previo a la recepción de la votación, verifiquen su autenticidad, sin que la falta de ello tal y como se precisa, sea motivo para anular los sufragios recibidos.

Por lo tanto, el hecho de que no se les haya permitido a los representantes de los partidos políticos acercarse a verificar la autenticidad de las boletas, es ineficaz para anular la votación recibida en dicha casilla, pues por el contrario, se observa que sus derechos lejos de ser vulnerados, fueron garantizados, a grado tal, que su presencia en la misma fue permanente, tal y como se corrobora en el escrito de incidentes, en que se plasmó su inconformidad y en el que aparecen sus firmas.

Por tanto, se afirma que el agravio sujeto a estudio resulta infundado.

NOVENO. Respecto a las casillas 104 básica y 104 contigua 1, la coalición actora hace valer la causal de nulidad contenida en la fracción VI del artículo 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sostiene Manuel Ahumada de la Madrid, que causa agravio al partido que representa, el hecho de que en las casillas 104 básica y 104 contigua 1, se haya anotado en las respectivas hojas de incidentes de cada una de las casillas, en la primera: "que a las 09:10 nueve horas con diez minutos por error del funcionario una persona voto sin estar en la lista, pero si pertenecía a esta sección (sic)" ; y en la segunda: "que a las 10:40 diez horas con cuarenta minutos se le permitió a una persona votar por error del funcionario, ya que no se percato que no estaba en la lista nominal y cuando se dio cuenta el elector ya había marcado las boletas (sic)", irregularidades que a su criterio resultan graves y determinantes para el resultado de la votación en dichas casillas, conforme a lo dispuesto en los artículos 256 y 258, del Código Electoral del Estado de Colima, con lo cual sostiene, se actualiza la causa de nulidad prevista en la fracción VI del artículo 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con base a lo anterior, se advierte que el agravio hecho valer por el inconforme es infundado por las razones siguientes:

El Artículo 69 fracción VI, de la Ley Estatal del Sistema Electoral de Medios de Impugnación en Materia Electoral, textualmente señala:

"Artículo 69.- La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

(…)

VI.- Se permita sufragar sin CREDENCIAL o cuando su nombre no aparezca en la LISTA, salvo los casos de excepción señalados en los artículos 256 y 259 del CODIGO y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;"

Como se advierte de la disposición que se invoca, los elementos que deben concurrir para que se actualice la nulidad de votación que nos ocupa, son:

a. Que se haya permitido sufragar sin credencial para votar o sin que el nombre del ciudadano aparezca en la lista nominal de electores.

b. Que el ciudadano que sufragó no se encuentre en alguno de los supuestos legales que autorice sufragar sin credencial para votar o sin que su nombre aparezca en la lista nominal de electores.

Esto es, que no se presente algún caso previsto en el Código Electoral del Estado, que autorice sufragar sin credencial para votar o sin que el nombre del ciudadano aparezca en la lista nominal de electores.

Ahora bien, es preciso señalar que además de las anteriores hipótesis normativas, adicionalmente se debe tener en cuenta el elemento siguiente:

c. Que lo anterior sea determinante para el resultado de la votación.

Respecto del primero de los elementos mencionados, y de trascendental importancia para esclarecer la controversia planteada, se hacen los señalamientos siguientes:

De conformidad con el artículo 7 fracciones II y III, del Código Electoral del Estado de Colima, para ejercer el derecho de sufragar, los ciudadanos deberán estar inscritos en el Padrón Electoral, aparecer en la lista nominal de electores, contar con credencial para votar con fotografía, y acudir a la casilla de la sección correspondiente, a excepción de los casos que el propio código señala.

Las antes mencionadas causas de excepción, están previstas en el párrafo tercero, del artículo 256 del mismo ordenamiento legal, el cual en lo que interesa, literalmente señala:

"El presidente de la mesa permitirá emitir su voto asi el elector no aparece en la LISTA, estará impedido para votar, salvo el caso de los representantes de PARTIDOS POLÍTICOS o Coaliciones y de aquel elector que exhiba copia certificada de los puntos resolutivos del falo dictado en un juicio para la protección de los derechos políticos-electorales de ciudadanos que le reconozca la vigencia de dichos derechos y que además exhiba una identificación para que los funcionarios electorales permitan que el elector ejerza su derecho al sufragio.

En el caso referido en el párrafo anterior, los presidentes de casilla, además de identificar a los electores en los términos de este CODIGO, se cerciorarán de su residencia en la sección correspondiente por el medio que estimen más efectivo. "

Respecto a las listas nominales de electores, el artículo 191 párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que éstas son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el padrón electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar.

En consecuencia, es claro que los ciudadanos, para estar en plena aptitud de emitir su sufragio, entre otros requisitos, es indispensable que cuenten con su credencial para votar con fotografía, y estén incluidos en la lista nominal de electores; o en su defecto, cuenten con los puntos resolutivos del fallo dictado en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que le reconozca la vigencia de los mismos.

Por otra parte, el artículo 256, del Código Electoral del Estado de Colima, señala que los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo exhibir su credencial para votar con fotografía, y mostrar su dedo pulgar derecho para verificar que aún no han votado.

Acto continuo, el presidente de la mesa directiva de casilla, deberá cerciorarse que el nombre y la fotografía que aparecen en la credencial figura y corresponde, respectivamente, a los de la lista y anunciará su nombre en voz alta.

Hecho lo anterior, conforme al artículo 258 fracción I, del código comicial, el presidente le entregará al elector las boletas de las elecciones para que, libremente y en secreto, las marque en el círculo o cuadro correspondiente al partido político por el que desee sufragar.

Dicho lo anterior, se procede a realizar el estudio individualizado de dichas casillas.

I. Con relación a la casilla 104 básica, de las pruebas aportadas por el actor, con las cuales pretende acreditar los elementos que constituyen la causa de nulidad que invoca, se desprende lo siguiente:

Del acta de la jornada electoral y de la hoja de incidentes, documentos con valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 36, fracción I, incisos a) y b), y 37 fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de los datos plasmados en la misma, se advierte que en el acta de la jornada electoral se plasmó en el apartado correspondiente que se presentaron incidentes durante el desarrollo de la votación; además, en la hoja de incidentes se realiza una descripción breve del mismo y que textualmente dice:

“9:10. Por error del funcionario una persona voto sin estar en la lista, pero si pertenecía a esta sección”

Con base a los datos anteriores, se llega a la conclusión que tal como lo arguye el impugnante, los funcionarios de la mesa directiva de la casilla 104 básica, permitieron a un ciudadano emitir su voto, sin haberse cerciorado previamente si su nombre y fotografía aparecían en la Lista Nominal de Electores, con lo cual, se actualiza el primer elemento de dicha causal –votar sin estar inscrito en la lista nominal de electores-.

Para establecer si se colma el tercer elemento, en cuanto a que el acto sea determinante para el resultado de la votación, se realiza un esquema con los siguientes datos: incidente; votos emitidos irregularmente; votos obtenidos por el partido que ocupó el primer lugar en la votación y los obtenidos por el segundo lugar; y por último, la diferencia de votos entre los partidos que obtuvieron los dos primeros lugares en la votación. Datos que se obtienen de la copia fotostática certificada del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 104 básica.

Esquema que nos permitirá establecer: si la cantidad de votos emitidos en forma irregular, en el caso que nos ocupa, los provenientes de los ciudadanos que sufragaron sin contar con la credencial para votar o sin que su nombre estuviera incluido en la lista nominal de electores, es igual o superior a la diferencia existente entre los candidatos que obtuvieron el primer y segundo lugar en dicha casilla.

De los anteriores datos, se obtiene que el número de personas que votaron sin reunir los requisitos esenciales y formales para ello, es menor a la diferencia existente de los votos obtenidos entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primer y segundo lugar de la votación recibida en la casilla, razón por la cual, esta irregularidad, no es determinante para anular la votación recibida en ella.

II. Por lo que ve, a la casilla 104 contigua 1, de las pruebas que obran en el expediente, específicamente del acta de la jornada electoral y de la hoja de incidentes, documentos que se reitera, tiene valor probatorio pleno se desprende lo siguiente:

“10:40. Se le permitió a una persona votar por herror (sic) del funcionario ya que no se percato que no estaba en la lista nominal y cuando se dio cuenta el elector ya abia (sic) marcado la boleta”

Por tanto, con base a los datos anteriores, se tiene por acreditado el primer elemento, pues es inobjetable, los funcionarios de la mesa directiva de la casilla 104 contigua 1, permitieron a un ciudadano emitir su voto sin haberse cerciorado previamente si su nombre y fotografía aparecían en la Lista Nominal de Electores, con lo cual, se actualiza el primer elemento de dicha causal –votar sin estar inscrito en la lista nominal de electores-.

En relación al tercer elemento, respecto a que el acto sea determinante para el resultado de la votación, se realiza un esquema con los siguientes datos: incidente; votos emitidos irregularmente; votos obtenidos por el partido que ocupó el primer lugar en la votación y los obtenidos por el segundo lugar; y, diferencia de votos entre los partidos que obtuvieron los dos primeros lugares de la votación. Datos que se obtienen de la copia fotostática certificada del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 104 contigua 1.

Esquema que permite establecer: si la cantidad de votos provenientes de ciudadanos que sufragaron sin contar con la credencial para votar o sin que su nombre estuviera incluido en la lista nominal de electores, es igual o superior a la diferencia existente entre los candidatos que obtuvieron el primero y segundo lugar en dicha casilla.

De los anteriores datos, se obtiene que el número de personas que votaron sin reunir los requisitos esenciales y formales para ello, es menor a la diferencia existente de los votos obtenidos entre los partidos políticos o coaliciones que ocuparon el primero y segundo lugar de la votación recibida en la casilla, razón por la cual, esta irregularidad, no es determinante para anular la votación recibida en ella.

Es preciso decir, que para el estudio de dichas casillas, en primer orden, se debe privilegiar el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, reflejado en el aforismo de que lo útil no debe ser viciado por lo inútil y, en tal virtud, la pretendida nulidad sólo puede operar cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de la causal prevista taxativamente en la fracción VI del artículo 69, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación de en Materia Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia JD 01/98, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en las páginas 19 y 20 del Suplemento 2, de la Revista Justicia Electoral 1998, Tercera Época, cuyo rubro es el siguiente:

“PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN".

Por lo tanto, en ambos casos, es evidente que no se acreditó la determinancia, requisito sine qua non, para que se acredite la nulidad invocada, quedando por tanto subsistente el acto reclamado. En consecuencia, el agravio se declara infundado.

Respecto de la casilla, 22 Contigua 1, según resultados del Cómputo Municipal de la Elección de Ayuntamiento Comala, anexo al Acta de la Sesión del Cómputo Municipal, celebrada el día 12 (doce) de julio del 2009 (dos mil nueve), la misma no pertenece al municipio de referencia, y corroborado esto con el encarte, del mismo se advierte que efectivamente, la casilla 22 contigua 1, pertenece al Distrito I, con circunscripción territorial en el Municipio de Colima, razón suficiente para no entrar a su estudio y análisis.

DÉCIMO. Por lo que ve al promovente Partido Revolucionario Institucional, de su escrito de demanda se desprende que establece como fuente de agravio los resultados del Cómputo Municipal realizado por el Consejo Electoral de Comala, el día 12 (doce) de julio de presente año, la integración del Ayuntamiento de ese Municipio, así como la declaración de validez de dicha elección, y en consecuencia, la expedición de las respectivas constancias a los integrantes de la fórmula de candidatos comunes registrada por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, quienes obtuvieron la mayoría de votos, como consta en el Acta de la Sesión de Cómputo Municipal.

Como premisa legal de su argumentación, el inconforme en su capítulo de agravios, refiere vulneración a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como inobservancia de los artículos 250, 256 tercer párrafo, 247 segundo párrafo, 273 fracción VI, y 274, del Código Electoral del Estado de Colima en vigor; fracciones I, II, III, VI, VIII, IX, X y XII, del Artículo 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Posteriormente, en los apartados identificados con los arábigos del 1 al 5 de la sección de agravios del escrito de inconformidad, el promovente realiza diversas manifestaciones de hecho y de derecho, tendientes a probar las irregularidades ocurridas en diversas casillas y con las cuales, arguye se actualizan las causales de nulidad previstas en el artículo 69, del Código Electoral Local, cuyo estudio se realiza en los términos subsecuentes:

I. El actor invoca como causa de nulidad en las casillas 92 contigua 1, 92 contigua 2, 93 básica y 95 contigua 1, la contemplada en el artículo 69 fracciones I y XII, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Antes de proceder al estudio de sus motivos de disenso, en dichas casillas es menester precisar que no pasa desapercibido por esta autoridad, que el impetrante hace valer en primer lugar, la causal prevista en la fracción I del numeral 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sin embargo, se omite su análisis, en razón de que con el estudio que se realice de la causal que invoca, prevista en la fracción XII del artículo 69, del mismo ordenamiento legal, quedará plenamente demostrado que no se actualizan los supuestos que se prevén en la primera causal, es decir, cuando la casilla electoral se instale: a) en lugar distinto; b) en hora anterior; c) en condiciones diferentes a las establecidas; o, d) cuando el Escrutinio y cómputo se efectúe en sitio diferente al de la casilla.

Una vez asentado lo anterior, se procede a realizar el estudio de los motivos de agravio y con los cuales considera el actor se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción XII del artículo 69, de la Ley procedimental en materia electoral de Colima, que expresamente señala:

ARTICULO 69.- La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

(...)

XII. Existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y computo que en forma evidente, ponga en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Cabe hacer mención, que el marco normativo legal necesario para realizar el estudio de la causal sujeta a análisis en este apartado, quedo establecido en el considerando séptimo, al realizar la correspondiente calificación de los agravios de la Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”, por lo que en obvio de repeticiones, se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen:

Sentado lo anterior, se procede a su análisis:

II. Para facilitar el estudio de las casillas 92 Contigua 1, 92 Contigua 2, 93 Básica y 95 Contigua 1, en las que el ciudadano Francisco Velázquez Santana, alega se configura la "causal genérica" de nulidad, se concentra la información relacionada con sus motivos de disenso.

* Información contenida en las respectivas actas de la jornada electoral.

Al respecto, es menester precisar que el actor parte de una premisa falsa, al confundir la hora de inicio de instalación de la casilla con la hora en que se empezó a recibir la votación, puesto que el inicio de instalación de la casilla y el inicio de recepción de la votación acontecen en distintos momentos.

En efecto, el artículo 247 del Código Electoral del Estado, en l parte que interesa dispone:

“ARTICULO 247.- Durante el día de la elección, se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y computo de cada una de las, las cuales deberán ser firmadas, sin excepción, por todos los funcionarios y representantes que actúen en casilla.

El día de la elección, a las 8:00 horas, los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores propietarios de las casillas electorales, procederán a su instalación en presencia de los representantes de los partidos políticos, coaliciones y candidatos que concurran.

(...)”

Por su parte, el artículo 249 establece:

“ARTÍCULO 249.- En el apartado correspondiente a la instalación se hará constar:

I. El lugar, la fecha y la hora en que se inicia la instalación;

I. El nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla;

I. El número de boletas recibidas para cada elección;

IV.   Si las urnas se armaron y abrieron en presencia de los funcionarios, representantes de partidos y electores, para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los representantes de los partidos políticos;

V.     Una relación de incidentes suscitados, si los hubiese; y

VI.   En su caso, la causa por la que se cambio de ubicación de la casilla. ”

A su vez, el artículo 254 del mismo ordenamiento legal señala:

“ARTICULO 254.- Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa anunciará el inicio de la votación. ”

De lo anterior se desprende que el inicio de instalación de la casilla y el inicio de recepción de la votación, se realizan en momentos distintos, es decir, para que se dé el inicio de recepción de la votación, necesariamente debe haber concluido la etapa correspondiente a la instalación de la casilla, pues de manera puntual el artículo 254, del código de la materia establece que, una vez que ha sido llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa directiva anunciará el inicio de la votación -dato que se asienta en un apartado diferente al anterior- circunstancia que imposibilita que ambos actos se realicen en un mismo momento.

Por tanto, la fase de instalación de la casilla, fase previa al inicio de recepción de la votación, se realizan diversos actos que requieren de cierto tiempo, el cual, depende de la habilidad de los funcionarios de la mesa directiva de casilla para llevarlos a cabo, es decir, no existe un término fijo para concluirlos, ya que por diversas circunstancias se pueden prolongar, como puede ser la falta de pericia de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, la concurrencia de elecciones federales con estatales, circunstancia esta última, que por sí misma duplica el trabajo que los mismos deben de realizar.

En efecto, debe tomarse en consideración que la recepción de la votación debe estar precedida por la debida instalación de la casilla, lo cual acontece generalmente a partir de las 8:00 hrs. (ocho horas) del día de la elección; tal como lo previene el artículo 247, del código de la materia, sin embargo, en esta etapa se realizan diversos actos por los ciudadanos presidente, secretario y escrutadores de las mesas, en presencia de los representantes de los partidos políticos, como son principalmente: hacer constar en el apartado de instalación del acta de la jornada electoral el lugar, fecha y hora en que inicia el acto de instalación, el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla, el número de boletas recibidas para cada elección, que las urnas se armaron o abrieron en presencia de los funcionarios, representantes y electores, una relación de los incidentes suscitados si los hubiere, y en su caso, la causa por la que se cambio la ubicación de la casilla, actos todos ellos que invariablemente requieren de cierta pericia y tiempo.

En concordancia con lo anterior, el artículo 252, del Código Electoral del Estado de Colima, dispone que una vez que el acta de la jornada electoral ha sido llenada y firmada en al apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa anunciará el inicio de la votación.

De esta manera, el inicio de la recepción de la votación, debe ocurrir una vez que se concluye con los actos relativos a la instalación de la casilla.

III. Aunado a lo anterior, es un hecho notorio, que el 5 (cinco) de julio de 2009 (dos mil nueve), se celebrarán en el estado de Colima, las elecciones para elegir a los Diputados Federales, así como las elecciones locales para elegir al Gobernador, Diputados Locales y Miembros de los Ayuntamientos.

Por esa razón, el 20 (veinte) de enero de 2009 (dos mil nueve), se celebró un convenio de apoyo y colaboración en materia electoral entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Colima, con el fin de apoyar el desarrollo de los comicios federales y locales que se celebraron en forma coincidente el pasado 05 (cinco) de julio de este mismo año.

En dicho convenio, dentro de la cláusula primera, se establecieron las bases y los mecanismos operativos entre ambos organismos, a efecto de establecer la mesa directiva de casilla única, que recibiría las votaciones de ambas elecciones. De dicho convenio se transcribe en lo que interesa:

"1.6. "EL I.E.E. " acepta que "EL INSTITUTO" leve a cabo el procedimiento de insaculación para la integración y ubicación de cada mesa directiva de casilla única, en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los acuerdos que apruebe el Consejo General de "EL INSTITUTO", misma que recibirá el 5 de julio de 2009 la votación para la elección federal para renovar a los integrantes del H. Congreso de la Unión, así como la votación para las elecciones locales en que se renovará al Gobernador de la entidad, a los Diputados al Congreso Local y a los integrantes de los Ayuntamientos en el estado.

"EL INSTITUTO" y "EL I.E.E." convienen que las mesas directivas de casilla cuenten con dos Listas Nominales de Electores definitivas con fotografía diferenciadas para la recepción del sufragio que emitan los ciudadanos en las elecciones federal y local, en este último caso, con listados identificados por sección, tipo de casilla, municipio y distrito local...

2. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL.

2.1 "LAS PARTES" convienen en la instalación de mesa directiva de casilla única, que realice las tareas correspondientes al día de la jornada electoral del 05 de julio de 2009, de las elecciones federal y locales en el estado de Colima, la cual funcionará atendiendo a las disposiciones aplicables en sus respectivas legislaciones electorales.

2.6 "LAS PARTES" convienen usar diferentes colores en la documentación electoral federal y estatal, con el propósito de distinguir fácilmente los documentos respectivos y al mismo tiempo, facilitar el sufragio y las actividades de los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

La elaboración de la documentación electoral será responsabilidad de cada una de "LAS PARTES", procurando que los modelos de boletas, actas, y formatos de la demás documentación electoral que le corresponda aprobar y editar a "EL IEE" coincidan, en la medida de lo posible, con los modelos de los formatos aprobados por el Consejo General de "EL INSTITUTO".

Los materiales electorales que se utilizarán en la jornada electoral como canceles, crayones, líquido indeleble y marcadoras de credencial, serán los aprobados por el Consejo General de "EL INSTITUTO", elaborados y/o adquiridos por esta misma institución. "EL IEE" podrá contar con cantidades adicionales de estos materiales, así como de útiles de escritorio, cubriendo los costos que se generen por ello.

Con relación al sello de la palabra "VOTO" que se inscribe el día de la jornada electoral en la lista nominal correspondiente, "LAS PARTES" en su momento resolverán lo conducente.

En lo referente a las urnas y cajas paquete electoral, cada una de "LAS PARTES" se responsabilizará de la producción de sus propios modelos, conforme a los acuerdos de sus órganos competentes, cuidando que dichos modelos correspondan a colores diferentes, con la finalidad de que se diferencien los de la elección federal de las locales. 2.14 "LAS PARTES", de conformidad con el objeto establecido en el punto 2.1 del presente apartado de este instrumento, convienen en instalar la mesa directiva de casilla única que recibirá la votación de ambas elecciones y levará a cabo el escrutinio y cómputo de su respectiva votación, así como la entrega de sus paquetes electorales correspondientes en la forma siguiente:

I. FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ÚNICA

a En la mesa directiva de casilla se realizarán las funciones de instalación, inicio, recepción y cierre de la votación; escrutinio y cómputo, publicación de resultados correspondientes en el exterior de la casilla, clausura de ésta, remisión y entrega de los paquetes electorales de las elecciones federal y locales en la forma y términos que cada una de las leyes que regulan las respectivas elecciones les señalen, conforme a los criterios de coordinación que se establecen en este instrumento.

I. INSTALACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA ÚNICA

a Los funcionarios electorales designados para la mesa directiva de casilla única, procederán a realizar la instalación formal de la misma, conforme a lo ordenado por cada una de las legislaciones aplicables y procederán a iniciar la votación de las elecciones federal y locales.

b En el supuesto de que por la falta de los funcionarios designados no sea posible la instalación de la casilla a las 8:15 horas, se estará al procedimiento establecido, para este caso, por la Ley Electoral del Estado de Colima, así como por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en los acuerdos que, en su caso, aprueben los órganos competentes de los respectivos organismos comiciales, según corresponda".

Significado de las abreviaturas utilizadas en el convenio:

"EL INSTITUTO": Instituto Federal Electoral

"LA D. E. R. F.E.": Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores "EL I.E. E. ": Instituto Electoral del Estado de Colima. ”

De dicho convenio se desprende lo siguiente:

1.                 El 05 (cinco) de julio de 2009 (dos mil nueve), se llevaron a cabo las elecciones federal y local, en el estado de Colima, integrándose para tales efectos mesas directivas de casillas únicas.

2.                 La documentación electoral federal y estatal, las urnas y cajas para conformar el paquete electoral, fueron diferentes para cada elección.

3.                 En la mesa directiva de casilla única, se realizaron las funciones de instalación, inicio, recepción y cierre de la votación; escrutinio y cómputo publicación de resultados correspondientes en el exterior de la casilla; clausura de la misma; remisión y entrega de los paquetes electorales de la elección federal y local.

De lo anterior, resulta lógico concluir, que las operaciones que tenían que realizar el presidente, secretario y escrutadores de la mesa directiva de casilla se prolongaron, pues se realizaron por las mismas personas, tanto para la elección federal, como para la local, sin que ello pueda considerarse como una irregularidad, por lo tanto, en la medida en que la instalación de la casilla se retrasó, trajo como consecuencia lógica, el retraso en la apertura de la casilla y el inicio de recepción de la votación, sin ser por ello una causa determinante para que la votación de dicha casilla se anule, criterio que se robustece con la Tesis Relevante, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la página 845 de la “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", que lleva por rubro:

“RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO Legislación del Estado de Durango”.

Cabe hacer mención, que la instalación de la casilla, es un acto anterior al inicio de recepción de la votación, de donde se desprende la diferencia entre la hora en que se realizan uno y otro acto, puesto que no pueden ocurrir en forma concomitante ni comprender los mismos actos, de lo que lógicamente se infiere que la hora de inicio de recepción de la votación, no es coincidente con la hora de instalación de la casilla.

IV. Dicho lo anterior, del análisis exhaustivo de las actas de la jornada electoral, relativas a dichas casillas, documentos a los que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 36, fracción I y 37, fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que lo argüido por el impugnante, en relación a la hora de instalación y a la hora en que inició la recepción de la votación en dichas casillas, concuerda con las horas anotadas en dichas actas, situación que como ya se dijo en párrafos anteriores, no se trata de actos irregulares, sino más bien, del más estricto cumplimiento a la ley.

Por lo que respecta a que "la votación terminó a las 06:00 p.m. (seis horas pasado meridiano) porque aún había electores", de las actas de la jornada electoral de las casillas 92 contigua2 y 95 contigua 1, se desprende que se cerró a esa hora porque ya no había electores en la casilla, por lo que en todo caso ello se debió a un error humano en el llenado del acta de la jornada electoral, cometido por los funcionarios de la casilla.

En relación a la casilla 92 contigua 1, del acta de la jornada electoral, no es posible determinar cuál fue la condicionante que prevaleció en el cierre de la casilla, pues aparecen marcados los recuadros: a) Antes de las 6:00 p.m. ya habían votado todos los electores inscritos en la lista nominal; y b) A las 6:00 p.m. ya no habían electores en la casilla; y al no existir anotación en el acta de la jornada electoral que evidencie alguna irregularidad, se deduce que se trata de un error, por tanto, este órgano jurisdiccional infiere, que en dicha casilla la votación terminó a las 6:00 p.m. (seis horas pasado meridiano), como lo establece la ley de la materia local.

En cuanto a la casilla 93 básica, del acta de la jornada electoral, se observa que la votación se cerró a las 06:10 p.m. (seis horas pasado meridiano), porque aún había electores.

Al respecto, las reglas para cerrar la votación se encuentran previstas en el Código comicial, que textualmente dice:

“ARTICULO 268.- Las reglas para cerrar la votación serán las siguientes:

I. A las 18:00 horas o antes, si el presidente y secretario de la mesa certifican que ya han votado todos los electores incluidos en la lista nominal; y

I. Después de esta hora si aún se encontrasen electores formados sin votar. En este caso se cerrará una vez que quienes estuviesen formados hayan votado. ”

Con lo anterior, queda desvirtuado lo aseverado por el actor, en cuanto a que en dichas casillas permanecieron cerradas sin causa justificada y con lo cual se impidió a los ciudadanos ejercer su derecho al voto, y por tanto no se acredita la supuesta irregularidad, pues no existen elementos de convicción en el expediente que generen presunción de que la votación no fue válidamente recibida.

En tal circunstancia, este órgano jurisdiccional concluye que no se acredita plenamente la irregularidad argumentada, y por tanto el motivo de agravio deviene infundado.

DÉCIMO PRIMERO. El actor invoca como causa de nulidad en las casillas electorales 92 contigua 2, y 100 básica, la contemplada en el artículo 69 fracción V, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que textualmente dice:

“ARTÍCULO 69. La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

V. Se ejerza violencia física, cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de casillas o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad y el secreto del voto, y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. ”

En dicho sentido, al igual que en el anterior agravio, el marco legal necesario para el estudio de la causal argüida, quedo precisado al realizar la correspondiente calificación de agravios hechos valer por la coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”, específicamente en el considerando SEXTO, por lo que el mismo se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertase:

I. Para probar sus argumentos, el promovente adjuntó a su demanda, copias certificadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, Colima, de las actas de la jornada electoral, de Escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, relacionadas con las casillas impugnadas; todas con valor probatorio pleno según lo disponen los artículos 36 fracción I y 37 fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Asimismo, obran en autos las pruebas que ofrece, copias fotostáticas certificadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, Colima, consistentes en 03 (tres) escritos de incidentes, cuyo valor probatorio es de un mero indicio, atento a lo señalado por el artículo 38, de la ley invocada en el párrafo anterior.

Así como el acta levantada por el T.C. Melchor Ortega Contreras, Juez Mixto de Paz de Comala, Colima, que se le confiere valor probatorio indiciario, en razón de que dicha autoridad, carece de facultades legales de fedatario público, para dar fe de hechos que se susciten el día de la Jornada Electoral, a excepción de las conferidas, al tenor de las subsecuentes disposiciones:

Ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima:

“ARTICULO 60.- Los Jueces Mixtos de Paz son competentes para conocer:

I.- De asuntos civiles y mercantiles cuyo monto no exceda de ciento cincuenta veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado.

I.- En materia penal de los delitos que tengan como sanción apercibimiento, caución de no ofender, pena alternativa y multa cuyo monto no exceda de cincuenta unidades el salario mínimo diario general vigente en el Estado, y prisión hasta de dos años.

I.- De la diligencia de los exhortos, despachos y demás asuntos que les encomiende el Supremo Tribunal de Justicia, los Jueces de Primera Instancia, los de su misma categoría y la leyes relativas, siempre que dichas diligencias deban verificarse dentro de su jurisdicción territorial. ”

ARTICULO 61.- Los Jueces Mixtos de Paz, actuarán con su secretario de acuerdos o en su defecto, ante dos testigos de asistencia que el propio Juez nombrará, en los casos de inhibición o ausencia de su Secretario.

Código Electoral del Estado de Colima

“ARTICULO 250.- De no instalarse la casilla conforme al artículo 247 de este CODIGO, a las 8:15 horas, se estará a lo siguiente:

(…)

VI. Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal designado por el INSTITUTO, a las 10:00, los representantes de los PARTIDOS POLITICOS ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes; y

(…)

ARTICULO 251. En los supuestos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo anterior se entenderá que la documentación electoral está disponible para su utilización.

En el supuesto previsto en la fracción VI del artículo anterior, se requerirá:

a) La presencia de un juez o notario público, quienes tienen la obligación de acudir y dar fe de los hechos; y

b) En ausencia del juez o notario público, bastará que los representantes expresen su conformidad para designar, de común acuerdo, a los miembros de la mesa directiva.

(…)

Para los efectos del inciso a) de este artículo, los jueces y notarios públicos abrirán sus oficinas para atender las solicitudes de los directivos de casillas, de los representantes de PARTIDOS POLITICOS y coaliciones, para asistir a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. ”

Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Colima.

Artículo 36.- Para los efectos de esta LEY: I.- Serán pruebas documentales públicas: (…)

c)                 Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales en ejercicio de sus facultades;

d)                 Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la LEY, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten;

De lo anterior se desprende, que el Juez Mixto de Paz, durante la Jornada Electoral, tiene facultades limitativas, es decir, sólo da fe de hechos estrictamente relacionados con la instalación de casilla, más no para todos los subsecuentes, por lo cual, sólo se le otorga valor probatorio indiciario.

Sirve de sustento orientador la tesis relevante S3EL 046/2001, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 361-363, cuyo rubro es el siguiente: “AUTORIDADES AUXILIARES EN LA JORNADA ELECTORAL Y NOTARIOS. ESTÁN SUJETOS A SU ÁMBITO LEGAL DE COMPETENCIA (Legislación de San Luis Potosí). ”

II. Ahora bien, en la casilla electoral 92 contigua 2, el actor hace consistir sus agravios, en los siguientes hechos:

1. Que el día de la Jornada Electoral, en las inmediaciones de donde se encontraba instalada la casilla, dos personas, de entre las cuales, manifiesta que una de ellas es regidor en funciones del Ayuntamiento del Municipio de Comala, invitaban a los electores a votar por los candidatos del Partido Acción Nacional, mismas que dice eran abordadas antes de que ingresaran a sufragar en dicha casilla. Señala que reincidieron en dicha conducta en diversas ocasiones.

2. Que en el exterior de la casilla, a una distancia menor de 50 (cincuenta) metros permitidos por el Instituto Electoral, se encontraban estacionados en la Calle Ignacio Zaragoza Número 168 (ciento sesenta y ocho), 04 (cuatro) vehículos con propaganda de los candidatos del Partido Acción Nacional.

Al respecto, para su probar su dicho, aportó como pruebas, las copias fotostáticas certificadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Comala, Colima, del acta de la jornada electoral y 2 (dos) hojas de incidentes, pruebas documentales públicas, con valor probatorio pleno según lo dispone el artículo 37, fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo que respecta al agravio indicado en el número 1 (uno), del acta de la jornada electoral, no se desprende incidente alguno y de las hojas de incidentes, se desprende:

"10:28 Una Persona del sexo femenino vestida de blusa Rosa y Pantalón de Mezclilla deslavado, Zapatos Negros, Cabello Corto se ubico en distintos lugares a fuera de la casilla con el fin de invitar a las personas a votar por el Partido Acción Nacional, abordando a las personas antes de ingresar a votar, reincidiendo en esta actitud a las 13:29 horas (sic) 10:27 Aproximadamente a 20 m. de la entrada a la casilla se presento el regidor Jesús Fuentes en una cuatrimoto estacionandose a platicar con algunos electores antes de que entraran a votar, agregando que esto es una irregularidad que violenta la Ley Electoral del Estado (sic) 08:15 Se encontraron 4 vehículos con las siguientes descripciones NISSAN Color Negro con rayas doradas Placas de Circulación FD65770 del Estado de Colima estacionado en la cale Ignacio Zaragoza # 168 con Publicidad del candidato a diputado local Leonel González por el PAN, así mismo se encontró camioneta Chevrolet color café Placas de Circulación FD87611 del Estado de Colima estacionada en la Cale Prof. José Alcaraz frente al Número 72 con Propaganda de la Candidata a gobernadora Martha Leticia Sosa Govea por el PAN, de igual forma se encontró ubicada en el mismo domicilio camioneta Dakota color rojo con Placas GE81844 Particulares del Estado de Colima con Propaganda de la Candidata gobernadora Martha Leticia Sosa Govea por el PAN y Por ultimo, vehiculo marca Topáz Color negro con Placas FSF8612 en la Cale Francisco Vila frente a la entrada de la Casilla con Propaganda de Martha Leticia Sosa Govea. Los vehículos anteriormente se ubican en una distancia menor de la permitida por la Ley Electoral al encontrarse a solo unos metros de la casilla en mención contraviniendo lo dispuesto por la ley electoral (sic)"

Los anteriores incidentes transcritos, fueron registrados en los escritos de incidentes presentados por los representantes de casilla y general del Partido Revolucionario Institucional.

II. Por otra parte, del acta levantada por T.S. Melchor Ortega Contreras, Juez Mixto de Paz de Comala, Colima, mediante la cual da fe de diversos hechos suscitados en la casilla 92 básica, el día de la Jornada Electoral, documental con la cual el actor pretende acreditar el agravio identificado con el número 02 (dos) de la casilla 92 contigua 2, no pasa desapercibido por este juzgador, que aún y cuando el Juez Mixto de Paz dio fe sobre hechos acontecidos en una casilla distinta a la que el actor impugna (92 contigua 2), al ser un hecho notorio, que las casillas contiguas se instalan en el mismo espacio de la básica, para facilitar y agilizar a los electores su derecho al sufragio, serán considerados los hechos consignados en dicha acta, que guarden relación con el presente estudio.

De dicho documento sólo se desprende que el Juez Mixto, acudió a petición de unas persona a dar fe de que los funcionarios de casilla no quisieron recibir escritos de incidentes, sin embargo, no se hace alusión al contenido de los mismos, asimismo, hizo constar la existencia de vehículos estacionados a una distancia aproximada de 50 (cincuenta) metros de donde se encontraba instala la casilla 92 básica, sin hacer mención del número de personas que se encontraban cerca de éstos, por tanto no es posible determinar que exista una irregularidad mas allá de lo que de forma expresa se consigna en dicho documento.

En la casilla electoral 100 básica, el inconforme señala como argumentos de disenso lo subsecuente:

1. Que representantes del Partido Acción Nacional de nombres Victoria Medina de los Santos y Zitlaly Palma Medina, discutieron con el Presidente de dicha casilla de nombre Fausto Apolinar Santana, ya que alegaban que los representantes de los demás partidos políticos entraban y salían de la casilla, ejerciendo violencia y presión sobre dicho funcionario.

Para probar sus afirmaciones, aportó las siguientes pruebas: Copias fotostáticas certificadas por el Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal Electoral de Comala, Colima, consistentes en actas de la jornada electoral y hoja de incidentes; documentales públicas, con valor probatorio pleno según lo dispone el artículo 37, fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las actas de la jornada electoral y de Escrutinio y cómputo, no se desprende incidente que guarde relación con el presente motivo de agravio; en la hoja de incidentes, al respecto señala: "9:30 Los representantes del Partido Acción Nacional discutieron con el presidente y los representantes del partido Revolucionario por estar entrando y saliendo de la casilla y estar platicando entre ellos cerca de la fila de electores (sic)"

Todos los hechos anteriores, a criterio del promovente, los considera como actos de proselitismo que derivaron en presión ejercida en el electorado, que afectó la libertad y la secrecía del sufragio, y como consecuencia determinantes para el resultado de la votación, con los cuales considera se actualiza la causal V, del artículo 69 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Además agrega, que con dichos actos se atentó contra los principios de equidad e igualdad de la elección, así como los principios rectores del proceso electoral, (sin enunciarlos) y la secrecía y libertad del voto, al inducir a los electores a sufragar por los candidatos del Partido Acción Nacional.

Su agravio deviene infundado, pues en el supuesto caso de que dichas personas, de las cuales una se presume que era Regidor, pues no existe prueba alguna que genere convicción sobre ello; hayan estado invitando a los electores a votar por los candidatos del Partido Acción Nacional, esto sólo genera presunción de presión. Así lo sostuvo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en precedente relevante publicado en la página 82 del Tomo VIII, propio de la actualización 2001, al Semanario Judicial de la Federación; empero, es preciso tener presente también, que esa presunción por sí misma nada prueba. Se requiere un entorno probatorio circunstancial; de modo, tiempo y lugar; para que esa presunción se convierta en certeza y, sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional no demostró alguna relación causa efecto, entre la reprochada actuación de dichas personas ante la mencionada casilla, y alguna suerte de presión efectiva sobre uno o varios electores, susceptibles de identificación particularizada.

Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro y texto se reproducen:

“VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (Legislación de Jalisco y similares).—La nulidad de la votación recibida en casilla, por la causa contemplada por la fracción I, del artículo 355, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, procede en aquellos casos en que se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o de los electores, de tal manera que afecten la libertad o el secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla. La naturaleza jurídica de esta causa de anulación requiere que se demuestren, además de los actos relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se levaron a cabo, porque sólo de esta manera puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos generadores de esa causal de nulidad y si los mismos fueron relevantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate. ” Sala Superior, tesis S3ELJ 53/2002 Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, página 312.”

Por tanto, se procede a verificar en atención al principio de exhaustividad, si en las casillas electorales impugnadas por el inconforme se cumple con tales extremos: Que exista violencia física o presión; que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; que esos hechos se puedan traducir en una forma de influir en el ánimo de los electores para obtener votos, a favor de un determinado partido; y que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Para el caso en estudio, las pruebas aportadas por el actor, no permiten determinar con certeza el número de electores que sufragó bajo algún tipo de coacción o presión, puesto que se desconocen; los argumentos o medios utilizados para ello, así como el lugar exacto y tiempo que duró la supuesta presión.

Esto es así, pues los datos asentados por los funcionarios electorales sobre dichos incidentes, no pueden ser considerados por este Órgano Jurisdiccional, como elementos idóneos para dar por cierto los hechos, pues dichos funcionarios fueron omisos al señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, el lugar específico en que éstos se encontraban para dar fe de lo que supuestamente se estaban percatando, sin que pueda válidamente aceptarse tal como lo plasmaron en las documentales públicas, pues no es posible saber de qué manera escucharon lo que se decía a los electores, ni hacen mención a cuantas personas fueron coaccionadas o presionadas para votar a favor de dicho partido político, por lo que este Tribunal Electoral, carece de medios de prueba suficientes para tener por acreditados los elemento cuantitativo y cualitativo que configuran a esta causal.

Con respecto a los vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de la casilla, de lo elementos de convicción, no se especifica el número de electores que a decir del actor estaban cerca de los vehículos con propaganda electoral.

Por ende, este Órgano Jurisdiccional carece de elementos que generen convicción respecto de las supuestas irregularidades señaladas por el actor, que de acuerdo al criterio cuantitativo, no se conoce con certeza el número de electores en cada una de las casillas que votó bajo algún tipo de coacción o presión.

Por lo que al no poder determinar el número de electores que votaron bajo presión ejercida por persona alguna o con motivo de la propaganda electoral, no es posible conocer si dicho número de electores es igual o mayor a la diferencia que existe entre los partidos políticos que obtuvieron primero y segundo lugar, por consiguiente considerar, si la irregularidad es determinante para el resultado de la votación de cada una de las casillas.

III. Por lo que respecta al principio cualitativo, no se acredita en autos las circunstancias de tiempo, modo y lugar, esto es, que se haya demostrado el lapso en que los ciudadanos fueron supuestamente coaccionados, y si éstos corresponden a la sección electoral de las casillas en estudio, y el número de ciudadanos sobre los que se ejerció la supuesta coacción moral, afectando el valor de la certeza que tutela esta causal, al grado de considerar que esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final habría podido ser distinto.

Por otro lado, no existen los elementos probatorios para determinar que con el simple estacionamiento de los vehículos con propaganda de candidatos postulados por la coalición “PAN-ADC Ganará Colima”, se haya favorecido con la votación del elector a algún candidato, en específico, a los integrantes de la fórmula de candidatos integrantes del Ayuntamiento de Comala, Colima.

Por tanto, se llega a la conclusión de que no se desprenden irregularidades graves ni que ocurran los requisitos restantes para que se tenga por acreditada la causal de nulidad hecha valer en cada una de las casilla, y aunado a que no existen otros medios de convicción con los que se pueda comprobar su afirmación, este Tribunal determina que no es posible afirmar que la irregularidad se hubiera traducido en presión sobre los miembros de las mesas directivas de casilla correspondientes o sobre los electores de las mismas, y menos aun, que hubieran puesto en duda la certeza de la votación, por lo que ha lugar a declarar infundados los agravios en estudio.

En consecuencia, de acuerdo a los razonamientos antes planteados, se observa con claridad que la Jornada Electoral se llevó a cabo en todo momento, en apego irrestricto a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que debe regir en todo proceso electoral, así como los de equidad e igualdad y el respeto a la secrecía y libertad del voto, por lo que este Órgano Jurisdiccional, declara que los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional son infundados.

Con relación a las causales de nulidad previstas en las fracciones II, III, VI, VIII, IX, y X, del artículo 69, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que el impetrante hace valer como agravios; no se realiza el estudio de éstas, por no haber encontrado elementos para ello, en su escrito de inconformidad, ni en las pruebas aportadas por las partes.

Alegatos de Terceros Interesados. Derivado de lo anterior, resulta innecesario el estudio de las manifestaciones vertidas por los Terceros Interesados, toda vez que, el resultado de los mismos no cambiaría el sentido del presente fallo, ni les irroga perjuicio alguno. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y al efecto

R E S U E L V E

PRIMERO. En atención a las consideraciones realizadas en el cuerpo de esta sentencia, se declaran infundados los agravios hechos valer por la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima" y Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. Se confirma el Cómputo Municipal de la Elección de Miembros del Ayuntamiento del Municipio de Comala, Colima; la Declaración de Validez de la Elección y la entrega de la constancia respectiva a favor de la fórmula registrada por el frente común conformado por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza.

TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente a los Promoventes y Terceros Interesados, en los domicilios señalados en los autos para tal efecto; y por oficio a la Autoridad Responsable, en términos del artículo 61, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Colima.

Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívense los presentes expedientes como asuntos concluidos.

Así, lo resolvieron por unanimidad de tres votos, los Magistrados que integran este Tribunal del Estado, LICENCIADOS RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ; RIGOBERTO SUÁREZ BRAVO, PONENTE; y, ÁNGEL DURÁN PÉREZ, ante la Secretaria General de Acuerdos LICENCIADA ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL, quien autoriza y da fe.

SÉPTIMO. Agravios que plantean en contra de la anterior resolución el Partido Revolucionario Institucional y la Coalición “PAN-ADC Ganará Colima”.

A) En su escrito de demanda el Partido Revolucionario Institucional manifiesta lo siguiente:

AGRAVIOS:

PRIMERO.- Previo a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada, debo expresar, que en acatamiento a la garantía de legalidad respecto a la aplicación de las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, con la fundamentación y motivación ordenadas por los artículos 14 y 16 constitucionales, debió desecharse de plano el Recurso de Inconformidad, porque el recurrente que pretendió representar a la “Coalición PAN-ADC ganará Colima", no acreditó debidamente con el documento que exhibió, la personalidad con la que promovió su medio de impugnación, a lo anterior no es óbice la circunstancia o hecho de que haya exhibido el promovente el documento que lo acredita como comisionado de la coalición PAN- ADC GANARA COLIMA, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, pues dicho documento no es idóneo o eficaz para promover el recurso de inconformidad en contra de actos o resoluciones que fueron emitidos por una autoridad electoral diversa al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima; en la resolución hoy impugnada, la responsable argumenta de manera por demás subjetiva e infundada la inexistencia de causal de improcedencia alguna relativa al recurso presentado por la coalición PAN ADC GANARA COLIMA, trayendo ello como consecuencia el reconocimientos de la personería al promovente del recurso de inconformidad, por la "Coalición PAN-ADC ganará Colima", como se advierte de la sentencia recurrida, en el CONSIDERANDO SEGUNDO Y TERCERO, y que se refiere el primero de los mencionados al estudio de las causales de improcedencia, y el segundo de los agravios señalados se refiere al reconocimiento ilegal de la personería del promovente por la coalición antes mencionada, analizando los agravio (sic) esgrimidos por mi representada en el sentido de que el recurso de inconformidad promovido por la coalición PAN ADC ganara Colima debía desecharse por no cumplir los requisitos de procedencia, la autoridad responsable considera que tal agravio invocado relativo a la improcedencia debe desestimarse fundándose en el articulo 9 y 58 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, así mismo se funda en la cláusula novena del convenio de coalición celebrado por los partidos políticos PAN ADC, razonamientos que son inexactos y carentes de sustento jurídico, como se verá a continuación:

El artículo 9, fracción I, inciso a), referido, no establece la facultad de que el Tribunal Electoral del Estado de Colima, le reconoció al promovente Manuel Ahumada de la Madrid, quien solo comparece con el carácter de Comisionado Propietario de la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, pues dicho inciso del artículo referido señala lo siguiente:

Artículo 9o.- La interposición de los recursos corresponde a:

I. Los PARTIDOS POLÍTICOS y asociaciones políticas a través de sus representantes legítimos, atendiéndose por éstos:

a) Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto, acuerdo o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados; y,

b) Los miembros de los comités estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, según corresponda. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido;

II.- Las coaliciones a través de sus representantes legítimos en los términos del convenio de coalición respectivo, aprobado por el Consejo General del INSTITUTO;

III.- Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste su registro;

IV.- Aquellos que estén autorizados para representarlos legalmente mediante mandato otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultado estatutariamente para ello.

En consecuencia, la hipótesis prevista en estas norma, no se actualiza en la motivación realizada por la autoridad responsable, porque la acreditación de la personería, se hizo ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y este no fue el que dictó el acto, acuerdo o resolución por él impugnado, y dado que el artículo, en que pretende fundar la autoridad responsable su determinación no se ajusta a dicha hipótesis normativa, porque el acto reclamado fue pronunciado por el Consejo Municipal Electoral de Cómala y el referido promovente no demostró ante la autoridad responsable, que su acreditación fuera ante este órgano, que establece la norma referida, en que se pretenda fundar y motivar su acreditación, entonces, debe concluirse que carece de personería, porque no cumple con los extremos del numeral invocado y que, eI acuerdo de la responsable donde se le reconoce la personería, carece de la debida fundamentación y motivación: máxime que establece que "solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados", y es inconcuso que el señor Manuel Ahumada de la  Madrid,  quien solo comparece con el carácter de Comisionado Propietario de la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima", ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, carece de personería para recurrir actos del Consejo Municipal de Cómala, Colima.

Así mismo el precepto transcrito establece que las coaliciones pueden interponer recursos por conducto de los representantes legítimos en los términos de los convenios de coalición respectivos aprobados por el Consejo General del Instituto, fundamento que utiliza la responsable para efectos de declarar que la coalición recurrente está legitimada para interponer los recursos por conducto de su representante el Sr. Manuel Ahumada de la Madrid.

Al momento de pronunciarse la responsable respecto del agravio antes mencionado y el cual declaró infundado sosteniendo su argumento en los preceptos antes transcritos actúa de manera incongruente por que el agravio que se esgrimió por parte de mi representada que fue en el sentido de objetar la personería del promovente para efectos de que se actualizara una de las causales de improcedencia de estudio del recurso promovido por la coalición PAN ADC GANARA COLIMA, por lo que la responsable debió al hacer el análisis de los requisitos de procedencia del recurso de inconformidad y declarar que la coalición recurrente no cumplía con los requisitos de procedencia del recurso debiendo así desecharlo de plano y no darle tramite y mucho menos entrar al estudio de los agravios de la coalición PAN ADC ganara colima. Al pronunciarse la responsable en los términos que se desprenden del CONSIDERANDO SEGUNDO y TERCERO de la sentencia recurrida vulnera los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Así es, el artículo 14 constitucional establece en lo que interesa que nadie puede ser privado de sus derechos, sino mediante juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en la especie, existe un presupuesto procesal, que es el de la personería, que se debe de estudiar, previamente a entra al estudio del asunto, porque si la persona que promueve, no es la legalmente autorizada para hacerlo, no tiene ningún caso resolver todo un juicio para concluir al final del mismo, con el desgaste natural que eso implica, para llegar finalmente a la conclusión de que esa persona, señor Manuel Ahumada de la Madrid, quien solo comparece con el carácter de Comisionado Propietario de la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, no está legitimada para representar a una de las partes, porque no hay ningún fundamento jurídico que así lo establezca, y es por eso que el legislador estableció la personalidad como un presupuesto procesal, que es de estudio preferente e incluso de oficio, por el juzgador, para no sujetar a la autoridad juzgadora y a las partes a un juicio que no debe seguirse y por eso con su actuar el Tribunal Electoral Electoral Estado de Colima, al reconocerle a uno de los promoventes una personalidad que no tiene de acuerdo a las leves que rigen el acto, viola la garantía de formalidad y debido procedimiento, establecida por el artículo 14 constitucional.

Por otra parte, el artículo 16 constitucional, establece que los actos de autoridad deben de estar fundados y motivados suficientemente, en la causa legal del procedimiento, por lo que este principio constitucional de la debida fundamentación y motivación, es una garantía constitucional que debe ser respetada a todas las partes en un procedimiento legal y en la especie al no señalarse los artículos correctos o aplicables en los que se basa la autoridad para fundar su resolución, por lo que ya ha quedado señalado anteriormente, es inconcuso, que no pueden servir de fundamento y por ello cualquier motivación que se pretenda hacer con base en ellos será incorrecta, como sucede en este caso.

Por razón de método  y para efectos de proseguir argumentando los agravios que le causa a mi representada la sentencia recurrida en el considerando segundo de la misma es importante hacer la transcripción del artículo 58 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral que a la letra dice:

Artículo 58.- Podrán interponer recurso de inconformidad:

/.- Los PARTIDOS POLÍTICOS o la coalición, a través de sus legítimos representantes;

II.- Los candidatos a los distintos cargos de elección popular; y III.- ciudadanos o todo aquel que acredite su interés legítimo.

Al respecto debo decir que el artículo 58 fracción I, si establece el fundamento para que los representantes de los partidos interpongan el recurso de inconformidad, pero en la especie el artículo 9 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en  materia electoral de Colima es determinante y clarísimo, por lo que no deja lugar a dudas de su aplicación y sirve para afirmar que los actos reclamados provienen del  Consejo municipal de Cómala, Colima, y el señor Manuel Ahumada de la Madrid, comparecer con el carácter de Comisionado Propietario de la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y por ello solo podrá actuar ante el órgano en el cual está acreditado y ante el Consejo Municipal referido no acredita la persona referida, estar autorizado y por ello el promovente carece de personería suficiente para interponer el recurso referido.

En efecto el recurrente en el proemio del escrito dirigido a este H. Tribunal, en el que interpone su Recurso de Inconformidad, en la parte que interesa textualmente manifiesta: "COALICIÓN PAN - ADC GANARA COLIMA por conducto del C. Manuel Ahumada de la Madrid, comisionado propietario de la COALICIÓN PAN -ADC GANARA COLIMA, ante el Consejo General del Instituto General del Estado. . . ", y en el párrafo segundo establece que con fundamento en la fracción / del articulo 54, promueve Recurso de Inconformidad, en la que su punto II establece que acredita su personería con la constancia expedida por el Lic. José Luís Puente Anquiano. Consejero Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Colima, y asimismo, en el punto III establece que la resolución o acuerdo impugnado lo es la declaratoria de validez de la elección de miembros de Ayuntamiento del municipio de Cómala, para el periodo constitucional 2008 - 2009, realizada por el Consejo Municipal Electoral de Cómala y en consecuencia la expedición de la constancia de mayoría y validez otorgada a !a formula de candidatos registrada por mi representado el Partido Revolucionario Institucional.

De las anteriores afirmaciones vertidas por el recurrente, que jurídicamente constituye una confesión expresa, y por ende adquiere el rango de prueba plena, se advierte que está promoviendo el Recurso de Inconformidad en su calidad de Comisionado ante el Consejo General en contra de la resolución emitida por el Consejo Electoral Municipal de Cómala, Colima en esa tesitura, no está facultado para promover un medio de impugnación en contra de una resolución de la cual, en términos de lev no tiene representación alguna, cuenta habida que en su calidad de comisionado ante el Consejo General mencionado, sólo lo faculta limitativamente para recurrir actos emitidos por dicho órgano y, no por otro diverso como lo es el órgano municipal referido, tal y como lo dispone el artículo 9o fracción I, inciso a) de la  Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Colima, y que a letra dice:

ARTÍCULO 9°.- La interposición de los recursos corresponde a:

Los PARTIDOS POLÍTICOS y asociaciones políticas a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos:

a)  Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto, acuerdo o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados; y,

b)  Los miembros de los comités estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, según corresponda. En este caso, deberán acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido;

//.- Las coaliciones a través de sus representantes legítimos en los términos del convenio de coalición respectivo, aprobado por el Consejo General del INSTITUTO;

III.- Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Los candidatos deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste su registro;

   IV.- Aquellos que estén autorizados para representarlos legalmente mediante mandato otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultado estatutariamente para ello.

En relación con el párrafo IV del artículo 305 del código electoral, el cual señala lo siguiente:

ARTICULO 298 último párrafo,

Los comisionados de los partidos políticos o coaliciones, podrán interponer el recurso de inconformidad contra los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y, por consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas.

Por su parte los artículos siguientes establecen con toda claridad las directrices legales para la procedencia de los recursos por persona que acredite tener la posibilidad jurídica necesaria para comparecer ante el tribunal o la autoridad administrativa electoral.

Artículo 21.- Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto, acuerdo o resolución impugnada, salvo disposición en contrario por la ley, y deberá cumplir con los siguientes requisitos;

fracción II.- En caso de que el recurrente no tenga acreditada la personería ante los órganos electorales, correspondientes, acompañará su promoción con los documentos necesarios para acreditarla

Artículo 27.- Para la tramitación del recurso de inconformidad, una vez que el tribunal reciba el recurso de interposición, inmediatamente dictará auto de radicación. Acto seguido el Secretario General de Acuerdos, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, deberá revisar que reúna todos los requisitos señalados en la presente ley.

Si de la revisión que realice el Secretario General de Acuerdos, encuentra que el recurso encuadra en alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 32 de esta ley o que es evidentemente frívolo, someterá desde luego a la consideración del Pleno, la resolución para su desecamiento (sic) de plano.

Artículo 32.- Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en ¡os casos siguientes:

IV.- Que el promovente carezca de legitimación en los términos de la presente ley.

El Código Electoral del Estado de Colima, establece lo siguiente al respecto del caso que nos ocupa:

Artículo 176.- Cada partido político acreditará ante el Consejo Municipal un Comisionado propietario con su respectivo suplente, quien tendrá únicamente voz y ejercerá los derechos a que se refiere el artículo 162 de este Código.

Por su parte el artículo 162, expone una facultad expresa, reservada exclusivamente para los comisionados a que se refiere el anterior artículo, en los siguientes términos:

Artículo 162.- Cada partido político acreditará ante el Consejo General un Comisionado Propietario con su respectivo suplente, quien tendrá derecho únicamente a voz.

Los comisionados de los partidos ejercerán los siguientes derechos: II.- Interponer los recursos establecidos en este Código;

De los artículos pretranscritos, se advierte, que cada órgano electoral tiene señaladas específicamente unas funciones, así como los comisionados ante ellos acreditados, que dan certidumbre a la contienda electoral, que no puede ni debe ser ocupada por personas ajenas a los cargos previamente establecidos en la ley o ante esos órganos, acreditados, y estas no deben ser invadidas por otras personas, pues ello acarrearía un relajamiento de la disciplina y de las normas que protegen su función, una vez que estos fueron aprobados.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 04/97 de la sala superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997 - 2005, que a continuación me permito transcribir:.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICO REGISTRADOS FORMALMENTE ANTE LOS ORGANOS ELECTORALES, PUEDEN ACTUAR ANTE EL TRIBUNAL DEL ESTADO DE COLIMA.—(Se transcribe)

La tesis jurisprudencial en comento interpreta los artículo (sic) 338 en relación con los artículos 298 último párrafo, 304 II párrafo y 305 IV párrafo del Código Electoral del Estado de Colima, dichos preceptos en la época en que se interpreto eran del tenor siguiente:

ARTICULO 338.- "Son representantes legítimos de los partidos y asociaciones políticas los dirigentes estatales o municipales, así como los registrados formalmente ante los órganos electorales, para lo cual se acompañará copia del documento en que conste el registro. En este último caso, sólo podrán actuar ante el organismo que estén acreditados.

Esta parte subrayada es igual semánticamente a las contenidas en el artículo 9 fracción I inciso a), que establece lo siguiente:

En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados.

ARTICULO 305.- Los CONSEJOS MUNICIPALES realizarán los cómputos de las elecciones de ayuntamientos observando, en lo conducente, el procedimiento señalado en el artículo 298 de esté ordenamiento.

Hecho el cómputo municipal se levantará acta en la que consten los incidentes y el resultado del mismo, señalando las casillas en que se presentó escrito de protesta.

Firmada el acta del cómputo municipal, el CONSEJO MUNICIPAL extenderá las constancias de mayoría a quienes corresponda.

Los representantes de PARTIDOS POLÍTICOS podrán interponer el recurso de inconformidad contralos resultados consignados en el acta de cómputo.

Se enviarán con oportunidad al CONSEJO GENERAL, copias de las actas de casillas y del cómputo municipal, junto con un informe relativo al proceso electoral en sus respectivas jurisdicciones.

Los comisionados de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán interponer el recurso de inconformidad contra los resultados del cómputo, la declaración de validez de la elección y, por consecuencia, el otorgamiento de las constancias respectivas, (el énfasis es del suscrito)

En ese orden de ideas resulta claro de conformidad a las anteriores disposiciones legales que los comisionado de los partidos o coaliciones ante los consejos municipales electorales son los únicos facultados para interponer el recurso de inconformidad en contra de los actos emitidos por dichos órganos y el representante del consejo general solo puede interponer tal medio de defensa, cuando provienen de actos del consejo general, de allí que resulte totalmente aplicable al caso la jurisprudencia invocada y que sirve de fundamento por ser obligatoria para ese órgano jurisdiccional para desechar el recurso de inconformidad por no haberse interpuesto por el comisionado ante el Consejo Municipal Electoral de Cómala, Colima.

Es menester precisar después de las anteriores transcripciones que el derogado artículo 338 por el decreto 246 del H. Congreso del Estado de Colima, publicado en el periódico oficial del Estado con fecha 31 de Agosto de 2005, en el que se aprobó la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Colima, contiene idéntica disposición en su artículo 9o al derogado artículo, tal y como quedo evidenciado en la trascripción que de este articulo realicé con anterioridad. En ese orden de ideas resulta claro de conformidad a las anteriores disposiciones legales que los comisionado de los partidos o coaliciones ante los consejos municipales electorales son los únicos facultados para interponer el recurso de inconformidad en contra de los actos emitidos por dichos órganos y el representante del consejo general solo puede interponer tal medio de defensa, cuando provienen de actos del consejo general, de allí que resulte totalmente aplicable al caso la jurisprudencia invocada y que sirve de fundamento por ser obligatoria para ese órgano jurisdiccional para desechar el recurso de inconformidad por no haberse interpuesto por el comisionado ante el Consejo Municipal Electoral de Cómala, Colima.

Por ello, las omisiones en que incurrió la Autoridad Responsable en el CONSIDERANDO SEGUNDO a fojas 5, 6 y 7 correspondiente a las causales de improcedencia y por consiguiente, su Primero y Segundo resolutivos del acto reclamado, al analizar o estudiar, valorar pruebas y resolver en lo que concierne la personería de Manuel Ahumada de la Madrid, Comisionado Propietario de la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima", ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, al reconocerle en razón de que obran en actuaciones documentos con los cuales acredita dicho carácter según apreciación de la autoridad responsable.

ARTÍCULOS VIOLADOS.- Causa agravio a mí representado el Partido Revolucionario Institucional la parte de la Sentencia Definitiva individualizada en el párrafo que antecede, ya que en su Considerando Segundo, correspondiente a las causales de improcedencia y por consiguiente, su Primero y Segundo resolutivos del acto reclamado, la Autoridad Responsable vulneró en agravio de mí representada, los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esencia, las garantías de legalidad y seguridad jurídica ó debido proceso, y los principios constitucionales de objetividad, certeza, imparcialidad, legalidad y exhaustividad, toda vez que la responsable adoleció de una debida fundamentación y motivación al pronunciar la Resolución Definitiva que impugno, pues considero que no tomó en cuenta plenamente los anteriores principios constitucionales, toda vez que no observó plenamente los artículos 1, 62, 151, fracción II, 162 fracción II, 170, 171 fracción II, 176 del Código Electoral del Estado de Colima en vigor, así como lo dispuesto por los artículos 1, 9 fracción I, inciso a), 20, 21, fracción II, 35, 36, 37 y 58 fracción I, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- La responsable, en la Resolución  Definitiva que se impugna, específicamente en los puntos siguientes:

CONSIDERANDO SEGUNDO Y TERCERO, que por razón de método y por la consecuencia directa e inmediata de ambos se estudian en el presente agravio ya que en el considerando segundo de la sentencia impugnada en donde desestima las causales de   improcedencia hechas valer por mi representada y  determina la responsable declarar que no existen causales de improcedencia para desechar de plano el recurso y que en términos de los artículos 9, 58 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para Colima y la cláusula novena del convenio de Coalición de los partido PAN ADC dicha coalición el ciudadano Manuel Ahumada de la Madrid, en su carácter de comisionado propietario de la coalición PAN ADC GANARA COLIMA tiene facultades legales para promover los recursos derivados de la Ley citada, así mismo en el considerando tercero determina a consecuencia directa de lo argumentado en el considerando segundo que si acredita con el documento exhibido por el representante de la Coalición recurrente la personería para efectos de tramitar el recurso de inconformidad, resultando tales razonamientos a todas laces alejados de la correcta interpretación y aplicación de los preceptos legales transcritos en el cuerpo del presente agravio.

Con tal razonamiento la responsable vulnera los preceptos constitucionales invocados en supralíneas en virtud de que la autoridad se pronuncia de manera incongruente con lo esgrimido por mi representada toda vez que el argumento señalado por el partido que represento es en el sentido de no tenerle por reconocida la personería para impugnar actos de los consejos municipales electorales, como ya ha quedado precisado con antelación y que para efectos de no incurrir en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos.

Para establecer la inobservancia plena de la responsable respecto de las disposiciones contenidas en los numerales descritos en el tema de Artículos Violados, al reconocer y tener por acreditado a Manuel Ahumada de la Madrid, como Comisionado Propietario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, es necesario el análisis de las disposiciones del Código Electoral del Estado siguientes (sic):

"ARTICULO 1°.- Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en el Estado de Colima. Regula las normas constitucionales relativas a:

DEROGADA; DEC. 245 APROB. 30 DE AGOSTO 2005

VII.- La organización, funcionamiento y atribuciones del Tribunal Electoral del Estado; y

REFORMADO P.O, 27 DE JULIO 2002)

ARTÍCULO 62.- Los PARTIDOS POLÍTICOS podrán coaligarse para postular candidaturas de convergencia en las elecciones locales, siempre que hayan participado, cuando menos, en la elección inmediata anterior, de conformidad con las siguientes bases:

REFORMADA DEC. 245 APROB. 30 DE AGOSTO 2005

I…; II…; III…; IV…; V…;

(REFORMADO P.O. 27 DE JULIO DE 2002)

VI.- La coalición para la elección de Diputados locales deberá registrar más del 50% de los candidatos elegibles en los distritos. El financiamiento público correspondiente a la obtención del voto, el tope de los gastos de campaña, el acceso gratuito a los medios de comunicación propiedad del Gobierno del Estado y la representación ante los órganos electorales, corresponderá a un solo partido, el cual será el de la mayor fuerza electoral de entre los coaligados.

Las disposiciones relativas a la representación unitaria de la coalición en las casillas electorales a que se refieren esta fracción y la anterior, se aplicarán aun cuando los PARTIDOS POLÍTICOS no se hubiesen coaligado para otras elecciones en el mismo proceso electoral; VIl.-...; VIII.-...; IX.-...; X.-...; XI.-...; yXII......

ARTÍCULO 151.- El CONSEJO GENERAL es el órgano superior de dirección del INSTITUTO y se integrará por:

I.-…

(REFORMADO P.O. 27 DE JULIO DE 2002)

II.- Un representante propietario o el suplente, en su caso por cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS, con el carácter de Comisionado.

ARTÍCULO 159.- El CONSEJO GENERAL se reunirá en sesión ordinaria cada 3 meses. Su Presidente podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o a petición de la mayoría de los Consejeros Electorales o de la mayoría de los Comisionados de los partidos. Sus sesiones serán públicas.

(REFORMADO P.O,. 27 DE JULIO DE 2002)

Las resoluciones serán tomadas por la mayoría de votos, salvo las que la ley requiera votación distinta.

ARTÍCULO   162.-   Cada   PARTIDO   POLÍTICO   acreditará   ante   el   CONSEJO   GENERAL   un Comisionado propietario con su respectivo suplente, quien tendrá derecho únicamente a voz.

Los Comisionados de los partidos ejercerán los siguientes derechos:

//.- Interponer los recursos establecidos en este CÓDIGO;

V.- Las demás que expresamente se señalen en este CÓDIGO.

ARTÍCULO 170.- Los Consejos Municipales Electorales son órganos dependientes del INSTITUTO, encargados de preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para Gobernador, Diputados al CONGRESO  y Ayuntamientos, en sus respectivas demarcaciones territoriales, en los términos de lá CONSTITUCIÓN, este CÓDIGO y demás disposiciones relativas.

(REFORMADO  P.O. 27 DE JULIO DE 2002)

ARTÍCULO 171.- En cada una de las cabeceras municipales funcionará un CONSEJO MUNICIPAL se integrará por:

I.-…

(REFORMADO P.O. 31 DE JULIO DE 1999)

II.- Un representante propietario y un suplente por cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS, con el carácter de Comisionado.

(REFORMADO DEC. 245 APROB. 30 DE AGOSTO 2005)

ARTÍCULO 172.- Los CONSEJOS MUNICIPALES se instalarán durante el mes de febrero del año de la elección, iniciando entonces sus sesiones y actividades regulares.

Las resoluciones serán tomadas por mayoría de votos de los integrantes del CONSEJO, salvo que por ley requieran de mayoría calificada.

ARTICULO 176.- Cada PARTIDO POLÍTICO acreditará ante el CONSEJO MUNICIPAL un Comisionado propietario con su respectivo suplente, quien tendrá únicamente voz y ejercerá los derechos a que se refiere el artículo 162 de este CÓDIGO".

Así como las siguientes disposiciones de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en vigor:

"Artículo 1°.- Las disposiciones de esta LEY son de orden público, de observancia general en el Estado de Colima y reglamentaria del artículo 86 BIS, fracciones V y VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Este artículo reviste trascendencia, porque implica que al ser de orden público las disposiciones, no pueden ser materia de convenios por las partes, y por lo tanto no se pueden ajustar a capricho, pues los convenios de las coaliciones, deben estar ajustados a la ley de la materia, porque de no ser así, se podría tener por representante legítimo, por citar un ejemplo, a un menor de edad, pero esto no puede hacerse porque un menor de edad no tiene la capacidad de ejercicio y por ello solo las personas mayores de 18 años pueden ser representantes de partidos políticos o de coaliciones y esto no puede ser materia de negociación o acuerdo, porque estamos en presencia de normas de orden público, que no pueden ser negociados o convenidos,  por su  naturaleza; igualmente sucede en la especie, pues para que una persona represente legalmente ante un consejo municipal a una coalición, debe de tener reconocido ese carácter ante ese órgano, porque en caso contrario, no podrá hacerlo, independientemente de que así se haya acordado en el convenio, porque dicho convenio debe de ajustarse a la ley y no puede cambiarse la sustancia de la ley a capricho de los convenientes, tratándose de normas de interés público y de observancia general.

Artículo 9°.- La interposición de los recursos corresponde a:

I. Los PARTIDOS POLÍTICOS y asociaciones políticas a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos:

a) Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto, acuerdo o resolución impugnado. En este caso, sólo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados; y,

b)...;

//.- Las coaliciones a través de sus representantes legítimos en los términos del convenio de coalición respectivo, aprobado por el Consejo General del INSTITUTO;

III.-...

IV.- Aquellos que estén autorizados para representarlos legalmente mediante mandato otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultado estatutariamente para ello.

Artículo 20.- Serán partes en el procedimiento para tramitar los medios de impugnación en materia electoral:

/.- El actor, que será el PARTIDO POLÍTICO o coalición que lo interponga, debiendo observar las reglas de legitimación previstas en esta LEY;

Artículo 21.- Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto, acuerdo o resolución impugnada, salvo disposición en contrario por la LEY, y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

II.- En caso de que el recurrente no tenga acreditada la personería ante los órganos electorales correspondientes, acompañará su promoción con los documentos necesarios para acreditarla;

Artículo 35.- En la tramitación de los recursos previstos por esta LEY se aceptarán las siguientes pruebas:

I.- Documentales públicas;

II.- Documentales privadas;

Artículo 36.- Para los efectos de esta LEY:

/.- Serán pruebas documentales públicas:

a).- Las actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como las de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Serán actas oficiales las originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección;

b).- Los demás documentos originales o certificados que legalmente se expidan por los órganos o funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia;

c).-  Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales en ejercicio de sus facultades;

d).- Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la LEY, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten;

II.- Serán pruebas documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y se relacionen con sus pretensiones;

Artículo 37.- La valoración de las pruebas se sujetará a las reglas siguientes:

I.     Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia;

II.  Las documentales públicas tendrán  valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran;

III.                                                                                                                                                                                                         Los   reconocimientos   o   inspecciones   tendrán   valor probatorio  pleno,   cuando   sean perceptibles a la vista y se hayan practicado en objetos que no requieran conocimientos especiales o científicos; y,

IV.                                                                                                                                                                                                        Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos o conocidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral; no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.

Artículo 58.- Podrán interponer recurso de inconformidad:

Los PARTÍDOS POLÍTICOS o la coalición, a través de sus legítimos representantes".

Así en observancia plena a las anteriores disposiciones, se concluye que:

a).- Son de orden público y observancia general, es decir, no son negociables por los partidos políticos ni por autoridad u Órgano Electoral alguno, sino que se deben someter a ellas.

b).- Manuel Ahumada de la Madrid, se ostenta como Comisionado Propietario de la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima", ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los autos del Recurso de Inconformidad registrado con el número Rl-33/2009 y el diverso RI-36/2009 ante la responsable.

c).- Que la representación ante los Órganos Electorales de las coaliciones, corresponderá a un solo partido, el cual será el de mayor fuerza electoral entre los coaligados, atento a lo dispuesto en la fracción VI, de) artículo 62, del Código Electoral del Estado en vigor.

d).- Los Comisionados Propietarios de los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General Electoral del Instituto Electoral del Estado, tienen derecho a interponer los recursos establecidos en el Código Electoral del Estado de Colima en vigor, contra las resoluciones del Consejo del que forman parte, atento a lo dispuesto por los artículos 159, párrafo noveno y 162, fracción II, del ordenamiento legal antes invocado.

e).- Los Comisionados Propietarios de los Partidos Políticos acreditados ante los Consejos Municipales Electorales, tienen derecho a interponer los recursos establecidos en el Código Electoral del Estado de Colima en vigor, contra las resoluciones del Consejo del que forman parte, atento a lo dispuesto por los artículos 172, penúltimo párrafo y 176, del ordenamiento legal antes invocado.

f).- Que los Partidos Políticos o Coaliciones, podrán interponer Recurso de Inconformidad, a través de sus legítimos representantes, atento a lo dispuesto por la facción |, del artículo 58, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

g).- Que   corresponde   a   los   Partidos   Políticos   y   Asociaciones   Políticas   la interposiciónión de los recursos a través de sus representantes legítimos, entendidos como los registrados formalmente ante el Órgano Electoral Responsable, cuando éste haya dictado el acto, acuerdo o resolución impugnada, atento a lo dispuesto en el inciso de la fracción I, del artículo 9, del ordenamiento legal antes invocado.

h).- Corresponde a las coaliciones la interposición de los recursos a través de sus representantes legítimos en los términos del convenio de coalición respectivo, aprobado por el Consejo General del Instituto, atento a lo dispuesto en la fracción II, del artículo 9, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación de Materia Electoral.

i).- La responsable reconoce a Manuel Ahumada de la Madrid la calidad de Comisionado Propietario de la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima", en razón de que obra en actuaciones documento con el cual lo acredita, en los términos de lo dispuesto en al artículo 58, fracción I, y le merece pleno valor probatorio en los términos de los artículos 35, 36, 37 de la Ley del Sistema Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así, la responsable inobservó las disposiciones contenidas en los artículos de los diferentes ordenamientos legales descritos en el capítulo de ARTÍCULOS VIOLADOS de este escrito, así como los principios Constitucionales rectores de la función estatal de organizar las elecciones federales o estatales como son el de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y Objetividad, y los principios de Constitucionalidad y Legalidad de los actos y resoluciones electorales, puesto que a Manuel Ahumada de la Madrid, acreditado como Comisionado Propietario de la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima", ante el Consejo General Electoral del Instituto Electoral del Estado, representante legítimo para impugnar únicamente resoluciones del referido Consejo, indebidamente lo considera también como representante legítimo de la Coalición "PAN-APC. Ganará Colima", para impugnar el Cómputo de la elección de miembros de Ayuntamiento del municipio de Cómala. Colima, relativo al proceso electoral concurrente 2008-2009, efectuado el 12 de julio del año en curso por el Consejo Municipal Electoral de Cómala, Colima, ante el cual no está acreditado, es decir, le arroga una representación que en estricto derecho ni el Código Electoral del Estado ni la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral en vigor le dan en consecuencia, al carecer de legitimación o personería para promover el Recurso de Inconformidad en contra del cómputo antes mencionado y registrado ante la responsable con en el número RI-33/2009 y su acumulado RI-36/2009, lo sobresea por improcedente, en lo que respecta a la falta de personería, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción IV, del artículo 32, y la hipótesis de sobreseimiento prevista en la fracción III, del artículo 33, de la Ley Estatal del Sistema Medios de Impugnación en Materia Electoral en vigor, en consecuencia revoque el acto reclamado en lo que atañe a la Coalición "PAN-ADC, Ganará Colima".

En tal virtud, debió sobreseerse el presente recurso por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, toda vez que se actualiza la hipótesis prevista por la fracción III tercera del Artículo 33 en relación con  el artículo 9 fracción I inciso a), y 32 fracción II de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque las reglas especiales derogan a las reglas generales, y entre las reglas especiales se encuentra la facultad conferida por el Código Electoral del Estado de Colima, a los Consejos Municipales en el artículo 176 fracción (sic).

Para una mayor claridad se inserta a continuación cuadro comparativo de la legislación actual y la legislación anterior, que sirvió de base a la tesis que se cita en este agravio.

De lo anterior se advierte que también resulta aplicable a las coaliciones lo dispuesto por la fracción I, inciso a) y II del artículo 9 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación, tomando en cuenta que es de explorado derecho y constante jurisprudencia que las coaliciones no constituyen un nuevo ente jurídico, sino que cada partido político coaligado sigue teniendo su propia individualidad y por ello la fracción sexta del Artículo 62 del Código Electoral del Estado de Colima señala que para efectos representación de la Coalición lo será el partido político de mayor fuerza electoral, por lo que fue el legislador quien dio la regla de representación y es por ello que en el respectivo de la coalición no se establece quien deba designar al representante de la misma, en ese orden de ideas de acuerdo a las disposiciones legales invocadas que regulan la representación de los partidos ante los órganos

Electorales para los efectos de interposición de los recursos previstos en la ley, el legislador local limitó su actuar únicamente a las resoluciones dictados (sic) por el órgano ante el cual están acreditados, por lo que  en las relatadas condiciones es meridianamente claro que el representante de la coalición ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, que está demostrado plenamente que fue él quien promovió el recurso de inconformidad, no tenía la representación legal de la coalición para impugnar los actos y resoluciones emanados del Consejo Electoral Municipal de Cómala, Colima, porque no está acreditado ni siquiera indiciaria o presuntivamente que el Lic. Manuel Ahumada De la Madrid tenga la calidad de representante de la coalición ante el órgano municipal Electoral y por consecuencia no esta en aptitud de interponer válidamente el referido medio de defensa y que la autoridad ahora responsable debió haber estudiado y analizado al tenor de las disposiciones legales antes transcritas y por ello su actitud violentó en perjuicio de mi representado las disposiciones constitucionales de debido proceso legal a que se refiere el artículo 14 constitucional.

SEGUNDO AGRAVIO. FUENTE DE AGRAVIO.- Causa agravio a mi representado el CONSIDERANDO DÉCIMO de la sentencia recurrida en el que estableció en el cual resolvió (sic) respecto de las causales de nulidad invocadas por el suscrito estipuladas en las fracciones I y XII de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de Colima en las casillas 92 contigua 1, 92 contigua 2, 93 básica y 95 contigua 1, ello en virtud de que la autoridad emisora de la resolución que se combate emitió un juicio a priori respecto a la causal de nulidad invocada y prevista en la fracción I del articulo 69 del mencionado cuerpo de leyes toda vez que omite su estudio argumentando que de lo manifestado por mi representada en lo referente no se advierte violación alguna, reiterándole a ese Tribunal Constitucional que se pronuncia diciendo que no existe tal causa de nulidad de la votación invocada en las casillas relativas en virtud de que según la responsable, como se desprende de lo establecido en tal causal de nulidad invocada no existen los hechos de nulidad, diciendo que la casilla no se instaló en lugar distinto al designado, en hora anterior ni en condiciones diferentes a las decidas por la ley, siendo precisamente esto último lo que concurrió en las casillas de referencia. Lo anterior es así, en virtud de que la responsable omite estudiar los agravios relativos a dicha causal de nulidad transgrediendo los principios de congruencia, exhaustividad, legalidad y debido proceso vulnerando así los artículos 14, 16, 17, 41  y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para efectos de ilustrar y argumentar las violaciones esgrimidas en el párrafo anterior es preciso considerar el texto de los fracción (sic) I del artículo 69 de la Ley procedimental en materia electoral de Colima:

Artículo 69.- La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

/.- Sin causa justificada, la casilla electoral se haya instalado en distinto lugar al aprobado por el CONSEJO MUNICIPAL correspondiente, o se hubiera instalado en hora anterior o en condiciones diferentes a las establecidas por el mismo, o cuando el escrutinio y cómputo se efectúe en sitio diferente al de la casilla;

II…

III…

Es también importante precisar el contenido de los artículos del Código Electoral del Estado de Colima que a continuación se reproducen:

ARTÍCULO 247.- Durante el día de la elección, se levantará el acta de la jornada electoral, que contendrá los datos comunes a todas las elecciones y las actas relativas al escrutinio y cómputo de cada una de ellas, las cuales deberán ser firmadas, sin excepción, por todos los funcionarios y representantes que actúen en la casilla.

El día de la elección, a las 8:00 horas, los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores propietarios de las casillas electorales, procederán a su instalación en presencia de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS, coaliciones y candidatos que concurran.

A solicitud de un PARTIDO POLÍTICO, las boletas electorales podrán ser rubricadas o selladas por uno de los representantes partidistas ante la casilla designada por sorteo, quien podrá hacerlo por partes para no obstaculizar el desarrollo de la votación. En el supuesto de que el representante del partido que resultó facultado en el sorteo se negare a firmar o sellar las boletas, el representante que en un principio lo haya solicitado tendrá ese derecho. La falta de rúbrica o sello en las boletas no será motivo para anular los sufragios recibidos.

Acto continuo, se iniciará el levantamiento del acta de la jornada electoral, llenándose y firmándose el apartado correspondiente a la instalación de la casilla.

En ningún caso se podrán instalar casillas antes de las 8:00 horas.

Los miembros de la mesa directiva de casilla no podrán retirarse, sino hasta que esta sea clausurada.

248.- El acta de la jornada electoral contendrá los siguientes apartados: El de instalación; y  de cierre de votación.

249.- En el apartado correspondiente a la instalación, se hará constar:

I.- El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación;

II.- Él nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla;

III.- El número de boletas recibidas para cada elección;

IV.- Si las urnas se armaron y abrieron en presencia de los funcionarios, representantes de partidos y electores, para comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar adecuado a la vista de los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS;

V.-  Una relación de los incidentes suscitados, si los hubiese: y

VI.- En su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla.

Del contenido de los artículos anteriores se advierte lo que efectivamente la autoridad responsable advirtió y argumento en lo referente a que en la instalación de la casilla se observará determinado procedimiento y se llenaran los apartados de las actas correspondientes, pero respecto de lo que no se pronunció la responsable y que por ende omite valorar en la resolución recurrida es lo relativo a que el hecho de que los funcionarios de casilla no anotaron en las hojas de incidentes la causas que justificó el inicio tardío de la recepción de la votación en las casillas 92 contigua 1, 92 contigua 2, 93 básica y 95 básica en las horas en que se desprenden de la actas de la jornada electoral que obran en los autos, limitándose la responsable a reiterar que fue el pasado proceso electoral concurrente con el federal y que por ello se tardo el funcionario de casilla en la instalación retardando el inicio de la votación, argumentos que resultan inverosímiles y sin fundamento ya que como se desprende de los preceptos legales transcritos, prohíben cualquier anormalidad durante el desarrollo de la jornada electoral, y el momento de la instalación es parte de la misma, reiterando que los funcionarios de casilla están obligados a anotar y circunstanciar el hecho que conlleve a una instalación diferente a la estipulada en los preceptos legales que se transcribieron, luego entonces de las actas de la jornada electoral y de las hojas de incidentes no se advierte la anotación de los motivos por los cuales el funcionario de casilla justifica los minutos de tardanza en la recepción del voto, instalando así la casilla los funcionarios de una forma diferente a la prevista en la ley, advirtiéndose una causa de nulidad, misma que mi representada hizo valer en el recurso respectivo. Ya que como de dichas documentales se desprende de dicho recurso que obra en los autos en la casilla 92 contigua 01 inicio instalación a las 08:00 a.m, iniciando la votación a las 09:25 a.m., por lo que es que permaneció cerrada 85 minutos sin causa justificada, impidiendo de esa manera a los ciudadanos el ejercicio del derecho del voto en dicha casilla. Así, en el acta se expresó que la votación terminó a las 18:00 p.m. por lo que es evidente que de la hora del inicio de la votación al término de la misma transcurrieron 515 minutos durante los que se obtuvo una votación total de 439 sufragios. Luego, es evidente que por cada 1.17 minutos se recibió 1  sufragio en la referida casilla. Entonces, durante los 85 minutos que permaneció cerrada la casilla sin causa justificada se dejaron de recibir la cantidad de 72 sufragios. De esta manera, la cantidad de 72 sufragios que se dejaron de recibir por estar cerrada la referida casilla, resulta superior a los 16 de diferencia existente entre el PAN/ADC (192) que obtuvo en dicha casilla el primer lugar, y el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Candidato Común Sergio Agustín Morales (176), que resultó en segundo lugar.

Por lo que se refiere a la casilla 92 contigua 02 inicio su instalación a las 08:00 a.m. y que inició la votación a las 09:04 a.m., por lo que es evidente que permaneció cerrada 64 minutos sin causa justificada, impidiendo de esa manera a los ciudadanos el ejercicio del derecho del voto en dicha casilla. Así, en la referida acta se expresó que la votación terminó a las 18:00 p.m. por lo que es evidente que de la hora del inicio de la votación al término de la misma transcurrieron 536 minutos durante los que se obtuvo una votación total de 418 sufragios. Luego, es evidente que por cada 1.28 minutos se recibió 1 sufragio en la referida casilla. Entonces, durante los 64 minutos que permaneció cerrada la casilla sin causa justificada se dejaron de recibir la cantidad de 49 sufragios. De esta manera, la cantidad de 49 sufragios que se dejaron de recibir por estar cerrada la referida casilla, resulta superior a tos 21 de diferencia existente entre el PAN/ADC (182) que obtuvo el primer lugar, y el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Candidato Común Sergio Agustín Morales (161), que resultó en segundo lugar. En la casilla 93 básica inicio su instalación a las 08:00 a.m. y que inició la votación a las 09:01 a.m., por lo que es evidente que permaneció cerrada 61 minutos sin causa justificada, impidiendo de esa manera a los ciudadanos el ejercicio del derecho del voto en dicha casilla. Así, en la referida acta se expresó que la votación terminó a las 18:10 p.m. porque aun había electores en la casilla, por lo que es evidente que de la hora del inicio dé la votación al término de la misma transcurrieron 549 minutos durante los que se obtuvo una votación total de 385 sufragios. Luego, es evidente que por cada 1.43 minutos se recibió 1 sufragio en la referida casilla. Entonces, durante los 61 minutos que permaneció cerrada la casilla sin causa justificada se dejaron de recibir la cantidad de 42 sufragios. De esta manera, la cantidad de 42 sufragios que se dejaron de recibir por estar cerrada la referida casilla, resulta superior a los 22 de diferencia existente entre el PAN/ADC (180) que obtuvo el primer lugar, y el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Candidato Común Sergio Agustín Morales (158), que resultó en segundo lugar en dicha casilla. En casilla contigua 1 inicio su instalación a las 08:00 a.m. y que inició la votación a las 09:02 a.m., por lo que es evidente que permaneció cerrada 62 minutos sin causa justificada, impidiendo de esa manera a los ciudadanos el ejercicio del derecho del voto en dicha casilla. Así, en la referida acta se expresó que la votación terminó a las 18:00 p.m. porque aun había electores en la casilla, por lo que es evidente que de la hora del inicio de la votación al término de la misma transcurrieron 538 minutos durante los qué obtuvo una votación total de 387 sufragios. Luego, es evidente que por cada 1.39 minutos se recibió 1 sufragio en la referida casilla. Entonces, durante los 62 minutos que permaneció cerrada la casilla sin causa justificada se dejaron de recibir la cantidad de 44 sufragios. De esta manera, la cantidad de 44 sufragios que se dejaron de recibir por estar cerrada la referida casilla, resulta superior a los 8 de diferencia existente entre el PAN/ADC (166) que obtuvo el primer lugar, y el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Candidato Común Sergio Agustín Morales (158), que resultó en segundo lugar en dicha casilla.

Agravios los anteriores que se hicieron valer en la inconformidad y que la responsable omite estudiar realizando un juicio a priori señalando que el retardo en el inicio de la votación no es una causa que pudiera considerarse para determinar que las casillas antes mencionadas se hayan instalado en condiciones diferente a las marcadas por la Ley, lo cual resulta ilegal ya que el funcionario tardo demasiado en la recepción de la votación y no estableció causa que justificara el retardo, no siendo válido el argumento de la responsable en el que aduce una carga excesiva de trabajo por ser el pasado un proceso electoral concurrente, argumento que resulta subjetivo y sin sustento legal ya que en todos los procesos electorales ordinarios que se llevan en el estado de Colima se realizan elecciones concurrentes, y no se había advertido con antelación tanta tardanza en la recepción del voto y si en algunas veces se dio el funcionario de casilla la justificó debidamente anotando las circunstancias que lo motivaron en las hojas de incidentes y en el acta de la jornada electoral, circunstancia esta que en el proceso que nos ocupa no ocurrió.

Para efectos de robustecer lo anterior se torna aplicable al Jurisprudencia que la misma responsable invoca a fojas 62 de la sentencia recurrida de la cual se desprende que cuando exista el retraso en el inicio de la votación este debe ser razonable y justificado y para que ello ocurra el funcionario de casilla debe precisarlo así en las actas de la y hoja de incidentes y en el caso que nos ocupa no se hizo, actualizándose con ello la causal de nulidad de la votación en las casillas en comento estipulada en la fracción I del articulo 69 antes transcrito y no obstante ello la autoridad responsable ir al estudio de dicha causal de nulidad.

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN. LOS ACTOS DE INSTALACIÓN DE LA CASILLA PUEDEN JUSTIFICAR, EN PRINCIPIO, EL RETRASO EN SU INICIO (Legislación del Estado de Durango).— (Se transcribe)

ARTÍCULOS VIOLADOS.- Causa agravio a mí representada, lo manifestado en el punto anterior, ya que la Autoridad Responsable vulneró en agravio de mí representada, los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esencia, las garantías de legalidad y seguridad jurídica    ó debido proceso, y los principios constitucionales de objetividad, certeza y exhaustividad, toda vez que la responsable adoleció de una debida fundamentación y motivación al pronunciar la sentencia definitiva que impugno, pues considero que no tomó en cuenta plenamente los anteriores principios constitucionales ya que no abordó el estudio de los agravios vertidos por mi representada en la revisión en comento y por ello vulnera el principio constitucional de exhaustividad que deben observar las Autoridades Electorales al emitir sus resoluciones, con la conculcación al principio de legalidad electoral consagrado en los artículos 41 fracción III y 116 fracción IV inciso b) Constitucionales, al respecto resulta aplicable las siguientes jurisprudencias:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.—(Se transcribe).

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE.— (Se transcribe)

TERCERO.- Le causa agravio a mí representada, lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado en el CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO de la sentencia combatida en el cual la responsable considera que los agravios hechos valer en mi recurso de inconformidad son infundados esgrimiendo una serie de Razonamientos  incongruentes e ilegales ya que no valoró a conciencia y apegándoos a lo estipulado por la Ley de la materia y al omitir emitir una consideración acorde a lo manifestado en las causas de agravio de mi inconformidad, incumpliendo así los principios  de   legalidad, congruencia, exhaustividad, preceptuados  como Garantía de Seguridad Jurídica por los artículos 14, 16 y 17 de nuestra carta magna, por los siguientes argumentos:

Nuestro agravio en el recurso de inconformidad fue relativo a la causal de nulidad prevista en la fracción V del Articulo 69 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de Colima ya que durante el desarrollo de la jornada electoral en las casillas 92 contigua 2 durante la votación aproximadamente a las 10:28 horas se presento una persona del sexo femenino vestida de blusa rosa y pantalón deslavado de mezclilla zapatos negros, cabello corto y se ubico en distintos lugares afuera de la casilla invitando a las personas a votar por el  PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y sus candidatos, abordando a las personas antes de que ingresaran a la casilla a emitir el sufragio, reincidiendo en dicha conducta en diversas ocasiones. También en dicha casilla aproximadamente a las 10:25 horas en la entrada de la casilla se presente (sic) un regidor en funciones del Ayuntamiento del municipio de Cómala, Colima del Partido Acción Nacional de nombre Jesús Fuentes Martínez abordando a los electores que se dirigían a emitir su voto a la casilla que hoy se impugna invitándolos a votar por su Partido el Acción Nacional y por los candidatos del mismo.

Es importante destacar que para acreditar tales agravios esgrimidos se ofrecieron como pruebas los escritos de incidentes que se adjuntaron al paquete electoral, así mismo dichos hechos ilegales quedaron plasmados en las hojas de incidentes de la jornada electoral y que fueron detallados sucintamente por el secretarios de la casilla que hoy impugna, traduciéndose dicha conducta en presión ejercida en el electorado que a (sic) emitir el sufragio en dicha casilla, de tal manera que afecta la libertad del voto, la secrecia del sufragio, tratando de ejercer coacción en el electorado presionándolos e emitieran su voto por el partido acción nacional y sus candidatos, conductas que se traducen en determinantes para el resultado de la votación emitida en dicha casilla.

No obstante lo anterior la responsable al abordar el estudio de los agravios descritos anteriormente consideró que con las pruebas ofrecidas y admitidas no se acreditó la causal de nulidad invocada, no obstante que en dichos medios de convicción, las cuales son documentales públicas, se advierte que en las hojas de incidentes el funcionario de casilla detalló y describió con exactitud el hecho en el cual se funda la nulidad, es decir, el secretario de la casilla de referencia estableció las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se suscitó en hecho, incluso describió a las personas que estaban haciendo proselitismo en las casillas mencionadas, no obstante ello la responsable consideró que no existieron pruebas suficientes para acreditar la causal de nulidad invocada.

Debo precisar que en el caso particular del agravio referido a que un regidor del Ayuntamiento Constitucional de Cómala, Colima de nombre Jesús Fuentes Martínez, el cual es de extracción del Partido Acción Nacional (PAN), estaba invitando el día de la jornada electoral en la entrada de la casilla estaba abordando a los electores e invitándolos a emitir su sufragio por los candidatos de su Partido, al considerarlo la responsable determino que dicho agravio era infundado porque dice que dicha persona se presume era regidor y que no existía prueba alguna para determinarlo, y que ello solo generaba presunción de presión, consideración que me causa agravio porque al emitir su determinación no valoró todas las pruebas ofrecidas y en lo particular la instrumental de actuaciones, ya que como se aprecia de la resolución combatida a fojas 16 de dicha sentencia se aprecia que la autoridad tomo en cuenta una documental pública para precisar algún razonamiento y para ello se fundó en un acta del cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Cómala, Colima y en dicha acta se precisa que el C. Jesús fuentes Martínez es regidor de dicho ayuntamiento, circunstancia que deriva en un considerando incongruente y en donde la responsable no cumplió con el principio de y legalidad a que está obligado al momento de emitir sus resoluciones.

CUARTO.- Le causa agravio a mí representada, lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado en el CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO de la sentencia combatida en el cual la responsable considera que los agravios hechos valer en  mi recurso de inconformidad son infundados esgrimiendo una serie de razonamientos incongruentes e ilegales ya que no valoró a conciencia y apegándose a lo estipulado por la Ley de la materia y al omitir emitir una consideración acorde a lo manifestado en las causas de agravio de mi inconformidad, incumpliendo así los principios de legalidad, congruencia, exhaustividad, preceptuados como Garantía de Seguridad Jurídica por los artículos 14,16 y 17 de nuestra carta magna, por los siguientes argumentos:

Expresamos como agravio respecto de las casillas 92 contigua 2, que se actualizaba la causal de nulidad prevista en la fracción V del artículo 69 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral, porque permanecieron estacionados en el inmediato exterior cuatro automóviles, vehículos con propaganda de la conocida calcomanía adherida a sus cristales traseros que promovían el voto por los candidatos del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, con lo que se hizo proselitismo y se ejerció presión sobre los electores desde las 8:15 hasta las 6:00 horas en que termino la votación de dicha casilla, con la que se actualizó la causal referida.

Me causa agravio la resolución del Tribunal, porque por una parte al hacer su pronunciamiento en el agravio relativo, indica que este acto no puede considerarse suficiente para anular la votación y en esta resolución al referirse al agravio en comento adopta un diferente criterio, porque en este caso se limita a decir que no se pueden evaluar de manera objetiva si los actos de presión son determinantes para el resultado de la votación, porque dice que no se precisa fehacientemente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y al respecto debo señalar que esto es incorrecto, porque en cuanto al lugar se precisa exactamente el lugar en que se encontraban estacionados los vehículos y se acompaña además a la promoción del recurso, como prueba las hojas de incidentes, la fe de hechos levantada por el Juez de Paz del Municipio, los escritos de incidentes que se adjuntaron al paquete electoral y que fueron recibidos por los funcionarios de la casilla en comento, pruebas de las cuales se puede apreciar con exactitud el lugar en que se encontraban los vehículos, por lo que se refiere al tiempo, se establece que ocurrió desde las 8:15 horas hasta el cierre de la votación y en cuanto al modo, se precisa que se trataba de una propaganda adherida a los vehículos y ello también se puede apreciar de la hoja de incidentes levantada por el secretario de la casilla de referencia, por lo que no es cierto que se hayan omitido las circunstancias de modo, tiempo y lugar y al no valorar adecuadamente esta circunstancia expresada en mi agravio, la responsable viola la debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 Constitucional.

Contrario a lo establecido por el Tribunal responsable en el CONSIDERANDO DÉCIMO PRIMERO de la sentencia que se disiente, estimamos que la certeza, si se afectó, y aunque no es posible cuantificar con exactitud el número de electores, que se vieron afectados por esta inducción al voto, resulta determinante, por el número de votos, por que en dicha casilla la presión ejercida establece precisamente una causal abstracta una causal concreta, por lo que claro que resulta imposible cuantificar con exactitud el número de electores coaccionados, por lo que resultan aplicables por identidad jurídica las tesis que a continuación se citan respecto a la abstracción y concepto de nulidad:

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO (Legislación de Guerrero y similares) (Se transcribe).—

NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO) (Se transcribe).-

Por todo lo expresado en los agravios anteriores y de la propia sentencia que hoy se refuta, se desprende que la responsable al emitir su fallo y en lo particular al hacer sus argumentaciones y apreciaciones respecto de mi inconformidad en los CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, se advierte que no cumplió a cabalidad con los principios de exhaustividad, congruencia, legalidad y debido proceso vulnerando con ello los artículos 14, 1,6, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La responsable en los CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO, vulnera el principio de exhaustividad que consiste en que el Juzgador debe analizar y resolver todos los puntos que las partes han sometido a su consideración soberana y que debe resolver sobre esos puntos, es decir sólo debe juzgar las cuestiones planteadas por las partes: secumdum allegata et probata partium, ne eat judex ultra petita partium, ello implica que el dictaminador está obligado a examinar y resolver sobre todas las acciones y sus correspondientes causa de pedir, así como sobre todas las excepciones y defensas materia del contradictorio, lo cual no ocurrió a cabalidad en lo que se refiere a los considerandos SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, ya que dicha parte de la resolución que se combate no cumple con el principio de exhaustividad ya que toda autoridad electoral, tanto administrativo como jurisdiccional, están obligadas a estudiar todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión, pues sólo es el proceder exhaustivo el que asegura el estado de certeza jurídica a que las resoluciones emitidas deben generar, ya que si se llegara a revisar de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez a la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos, objeto de reparo e impide que se produzcan la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley.

Al respecto tienen aplicación las Tesis de Jurisprudencia siguientes:

EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES.— (Se transcribe).

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES.  CÓMO SE CUMPLE.— )Se transcribe).

Por lo anterior se advierte que la responsable al no analizar todos y cada uno de los agravios esgrimido por mi representada en su escrito de inconformidad en los términos antes precisados en la resolución que se combate vulnera el principio respecto del cual se razona, traduciéndose tal conducta en una violación al (sic) artículos 14, 16 y 17 de nuestro ordenamiento Supremo, ya que no emitió una resolución estudiando todos los puntos y agravios precisados por mi representada en la inconformidad en la que se fallo, violando con ello el principio de debido proceso y por consecuencia el de legalidad, tal como lo apreciara esa H. Sala al momento de valorar las constancias del proceso.

Por lo que respecta al principio de legalidad, la responsable no cumplió cabalmente con tal principio en lo que respecta a los CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO de la sentencia disentida ya que tiene la obligación constitucional de actuar solamente en la medida en que la propia constitución y las leyes derivadas de esta le faculten lo que se traduce en apegar su actuar a la norma fundando y motivando sus actos, actitud esta que se traduce en el acatamiento de tal principio. La responsable dejo de aplicar algunos preceptos legales al emitir su resolución como lo son los artículos 4, 37, 41, 43 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación de Colima, ya que al resolver omitió apegarse a los lineamientos que la Ley en cita establece para la autoridad al resolver los medios de impugnación que se planteen y en la especie tales lineamientos no se cumplieron a cabalidad.

La resolución carece de fundamentación y motivación debida en razón de que las consideraciones formuladas por el Magistrado ponente en los considerandos SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, no se hicieron con base en los datos, pruebas y derecho que se hayan enunciado en el juicio; además de las que el propio juzgador hubiera advertido o allegado de oficio. Respecto de la motivación, el juzgador no proporcionó los argumentos que la sostengan. Esto es, los motivos que tomo; en consideración el Magistrado ponente sirven para que las partes comprendan la sentencia, y para que estén en posibilidad, de ser jurídicamente posible, de combatirla cuando estimen incorrectos los razonamientos vertido en ella. Tiene aplicación Al respecto la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD".- (Se transcribe).

De igual manera que la anterior la responsable en lo que se refiere a los CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, no resolvió en apego al principio de congruencia el cual le obliga a la responsable al momento de dictar su fallo a pronunciarse de una manera lógica y coherente con relación a la litis planteada por las partes, lo cual para efectos de emitir un sentencia con tales características en primer término debe fijar la litis y partir de ello para pronunciarse, por ello, en lo particular debe entenderse por litis, el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional electoral, por los legítimos en el proceso, para su resolución.

Ahora bien, para la fijación de la litis, deben precisarse todas las acciones y excepciones que las partes quisieren hacer valer, estableciéndose, precisamente en esta etapa, la litis a la cual deberá ceñirse la autoridad al dictar la resolución correspondiente, y si el Magistrado responsable, al momento de resolver el conflicto puesto a su consideración omite hacerlo respecto de todos los planteamientos que el recurrente ha  esgrimido y que  no se  puntualizaron  al fijarse  la  litis,   haciendo razonamientos sobre cuestiones diferentes y dejando de pronunciarse respecto de otras de una forma oficiosa en  la sentencia, resulta evidente que con su actuación transgrede las garantías constitucionales, entre otras, las de seguridad jurídica.

Ello es así, en razón que el caso que nos ocupa, la litis se integra únicamente con el acto reclamado y  los  agravios  expuestos  por el  inconforme  para demostrar su ilegalidad, de tal suerte que en toda resolución judicial debe de prevalecer el principio de congruencia, esto es, que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

Lo anterior, es así, ya que en el proyecto de resolución sólo pueden ser materia de prueba los hechos a que se contrae la litis, es decir, los que son objeto del debate. De esta suerte, no es jurídicamente factible que en el fallo se dejen de lado argumentos, agravios, hechos y pruebas argüidas por el partido que represento, haciendo una valoración inexacta de las pruebas o dejando de estudiar agravios a todas luces debidamente probados. Lo incongruente estriba en que no obstante que la responsable dejo de estudiar los agravios mencionados en los CONSIDERANDOS SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO, esta haya emitido una determinación mediante la cual al hacer una inexacta valoración de las documentales públicas exhibidas concluye declarando mis agravios infundados por no haberse acreditados los hechos en los cuales se fundaron. Al respecto tienen aplicación las tesis de jurisprudencia siguientes (sic):

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.- (Se transcribe).

Por otra parte, en relación a los argumentos señalados en la sentencia, en los considerandos  que   la   autoridad   responsable   para   estudiar   los   conceptos   de impugnación, identifica a la coalición "PAN-ADC Ganara Colima"   en su resolución emitida, con fecha 5 de agosto de 2009, en la que resolvió en definitiva los expedientes RI-33/2009 y su acumulado RI-36/2009, relativo al RECURSO DE INCONFORMIDAD promovido por el partido que represento y la Coalición "PAN-ADC" Ganara Colima, en contra del cómputo final de la elección de Ayuntamiento del municipio de Cómala, Colima, así como de la declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de mi representada por haber resultado triunfadora; si se encuentra apegado a todas las normas CONSTITUCIONALES, y a los principios rectores de la función estatal electoral, como de la misma se advierte y a continuación se detalla.

En consecuencia se encuentran preservados los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos de la autoridad responsable en relación a las alegaciones que presentó la coalición "PAN-ADC GANARA COLIMA" en su recurso de inconformidad que aquí nos ocupa.

En este particular el Tribunal Electoral del Estado en su resolución analizó cabal y exhaustivamente cada uno de los agravios esgrimidos en su inconformidad, ya que se sujetó a lo establecido en el artículo 41 de La Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral., esto es:

Artículo 41.- Toda resolución deberá constar por escrito, y contendrá

I. La fecha, lugar y órgano electoral que la dicta;

II.El resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos;

III.                                                                                                                                                                                                         El análisis de los agravios señalados;

IV.                                                                                                                                                                                                        El examen y valoración de las pruebas;

V. Los fundamentos legales de la resolución;

VI.                                                                                                                                                                                                        Los puntos resolutivos; y

VIl. En su caso, el plazo para su cumplimiento.

De lo anterior da fe la propia resolución en comento.

También se puede apreciar que fueron debidamente valoradas las pruebas sujetándose a las reglas siguientes:

/. Los medios de prueba serán valorados por el órgano  competente para  resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia;

II. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran;

III. Los reconocimientos o inspecciones tendrán valor probatorio pleno, cuando sean perceptibles a la vista y se hayan practicado en objetos que no requieran conocimientos especiales o científicos; y

IV. Las  documentales privadas,  las  técnicas,  las presuncionales,  la  instrumental  de actuaciones, la confesional, la testimonial y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio  del órgano  competente para  resolver,  los  demás  elementos  que obren  en  el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Así lo prevé el artículo 37 de La Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además, se tomaron en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas y Soportadas en los plazos legales.

La responsable, aprecio el valor de los indicios según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico y natural que existe entre la verdad conocida y la verdad por conocer. Aplicando siempre la premisa de que el que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Tal y como puede advertirse en la resolución en estudio.

Consecuentemente se preservaron los derechos fundamentales en materia electoral de los partidos políticos inconformes "PAN-ADC", pues en la elección constitucional del pasado 5 de julio que dio origen al medio de impugnación en cuestión, se expresó la voluntad soberana del Municipio de Cómala, Colima, mediante el ejercicio del derecho fundamental contenido en el sufragio, habiendo resultado ganadora la formula que propuso mi representada.

Esto es así, porque muy en particular en las casillas 103 básica, 103 contigua, 103 extraordinaria, 104 básica, 104 contigua 1 y 104 contigua 2 se observaron cada uno de los principios rectores del proceso electoral, un sufragio universal, libré, directo, secreto, personal e intransferible; y durante toda la jornada electoral se garantizó la certeza, en los resultados obtenidos; legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el actuar de todos los ciudadanos que fungieron como funcionarios en esas Mesas Directivas de Casilla

B) Por su parte, la Coalición “PAN-ADC Ganará Colima” esgrime los agravios siguientes:

“AGRAVIOS

La sentencia que se reclama al Tribunal Electoral del Estado de Colima es violatoria de los artículos 14, 16, 17, 41, 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución federal, siendo determinantes tales violaciones para el resultado final de la elección de miembros del Ayuntamiento de Comala, toda vez que:

(1)              Se incumple con los principios de legalidad e imparcialidad, al que invariablemente se encuentran sujetas las autoridades encargadas de resolver las controversias electorales.

(2)              Se vulnera el principio de certeza, toda vez que las irregularidades suscitadas en las casillas, que en su oportunidad se impugnaron, no fueron valoradas razonablemente por el Tribunal Electoral del Estado y, subsisten sin reparar, hechos viciados de nulidad que son determinantes para el resultado final de la votación, tomando en cuenta que la Coalición “PAN-ADC Ganará Colima” obtuvo 4,305 cuatro mil trescientos cinco votos y el candidato común del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza obtuvo 4,468 cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho votos (considerando 4,437 votos del PRI, 23 votos del PANAL Y 8 votos de la candidatura común PRI-PANAL). La diferencia es de sólo 163 votos.

Esta escasa diferencia en la votación evidencia la importancia de las irregularidades suscitadas en torno a la elección de Miembros del Ayuntamiento del Municipio de Comala, Colima; por lo que el surgimiento de esas irregularidades es la causa de que la fórmula registrada por el frente común conformado por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva a Alianza fuera la aparente triunfadora en la cita electoral acontecida el 5 cinco de julio próximo pasado, puesto que si las anomalías no se hubieran producido o hubieran sido atendidas y purgadas por el Tribunal responsable a través de la anulación de las casillas impugnadas, el resultado hubiera sido favorable para la Coalición “PAN-ADC Ganará Colima” que represento.

Expuesto lo anterior, procede a expresar los agravios concretos que causa A LA (sic) Coalición que represento la sentencia impugnada emitida por el Tribunal responsable en los términos siguientes:

PRIMERO.  En la resolución que se recurre, el Tribunal Electoral del Estado consideró, con relación al primero de los agravios expuestos por la parte que represento dentro del recurso de Inconformidad que motiva el Presente juicio en esencia alo siguiente:

“continuando con el análisis de las causas de nulidad invocadas, tenemos que en la casilla 103 básica, el impugnante alega que se configura la “causal genérica”, ya que según su dicho: “la presidenta de la mesa directiva de casilla la C. ignacia Velasco, jamás permitió que los escrutadores designados en dicha casilla realizaran sus funciones y procedieran al final de la votación al escrutinio y cómputo de los votantes sufragados, vulnerando flagrantemente las  facultades y atribuciones que le confiere la propia normatividad aplicable, así como la de los demás funcionarios de casilla y de manera concreta y contundente, las atribuciones de los escrutadores, que se encuentran debidamente establecidas en el artículo 184 del Código Electoral del Estado de Colima”, por lo que sostiene que la conducta desplegada por la presidente de la casilla en estudio le causa agravio, al haber violado de manera incuestionable, los artículo 272, 273 del ordenamiento legan antes mencionado.

Al respecto, es de precisar que el actor parte de una premisa falsa al suponer que se vulnera el principio de certeza, porque la presidente realizó el escrutinio y cómputo en dicha casilla, así como el hecho de que no haya permitido a los representantes de los partidos políticos que verificaran la autenticidad de las boletas y votos sufragados por los ciudadanos; también es  falsa su presunción de que por ese sólo hecho hayan existido actos de violencia sobre los integrantes de la casilla, por las siguientes  consideraciones:

Al efecto, el artículo 184 del Código Electoral del Estado, en lo que interesa dispone:

“ARTICULO 184.- Las mesas directivas de casilla y sus funcionarios tendrán las siguientes atribuciones:

I.            De las mesas directivas de casilla:

a)     Instalar y clausurar la casilla en los términos de este CODIGO;

b)     Recibir la votación;

c)     Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación;

d)     Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura;

e)     Formular las actas que ordena este CODIGO;

f)       Integrar en los paquetes respectivos la documentación correspondiente a cada elección para entregarla en los plazos señalados por este CODIGO al CONSEJO MUNICIPAL respectivo; y

A cada elección para entregarla en los plazos señalados por este CODIGO al CONSEJO MUNICIPAL respectivo; y

g) Las demás que les confiera el presente ordenamiento;

II.          De los presidentes:

a)     Vigilar el cumplimiento de este CODIGO sobre los aspectos relativos al funcionamiento de las casillas;

b)     Recibir de los presidentes de los CONSEJOS MUNCIPALES, la documentación electoral, formas aprobadas y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, debiendo conservarlos bajo su responsabilidad hasta su instalación;

c)     Proceder a al identificación de los electores, dándola a conocer en voz alta a los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS;

d)     Mantener el orden en el interior y en el exterior de la casilla, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;

e)     Suspender la votación en caso de alteración del orden y, restablecido éste, reanudarla;

f)       Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden o realice actos que lleven la intención manifiesta de obstaculizar la votación o el escrutinio o retardar el cómputo. En los supuestos establecidos en esta fracción y la anterior, y tratándose de representantes de partido, los presidentes deberán observar lo establecido en este CODIGO y respetar en todo tiempo las garantías que les otorga;

g)     Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores y ante los representantes de los PARTIDO POLÍTCIOS presentes, el escrutinio y cómputo;

h)     Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputos de cada una de las elecciones;

i)       Clausurada la casilla, turnar oportunamente al Presidente del CONSEJO MUNICIPAL correspondiente los paquetes electorales y las copia de la documentación respectiva, en los términos de este CODIGO.

En los casos de los incisos d, e y f de esta fracción, los hechos deberán hacerse constatar en el acta de cierre de la votación, con mención del nombre de las personas que hubiesen intervenido y con la firma de los funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla; y

j)       Las demás que le confiera este CODIGO.

III.   De los secretarios:

a)     Elaborar las actas que ordena este CODIGO y distribuirlas en los términos que el mismo establece;

b)     Contar el número de boletas electorales recibidas antes de iniciar la votación ante los representantes de los PARTIDO POLÍTICOS o coaliciones acreditados en esa casilla;

c)     Comprobar que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente;

d)     Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS;

e)     Contar e inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto por este CÓDIGO; y

f)       Las demás que les confiera el presente ordenamientos;

IV.- De los escrutadores:

a)     Contar las boletas depositadas en cada urna y cotejar con el número de electores que, anotados en las lista nominal, ejercieron su derecho al voto;

b)     Contar los votos emitidos a favor de cada candidato, fórmula o planilla;

c)     Las demás que les confiera el presente CODIGO”

En el código electoral local, también se establece el procedimiento para llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla con forme a lo siguiente:

“Artículo 270.- Una vez cerrada la votación y llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva de casilla procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados.

Artículo 271.- El escrutinio y computación es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan:

I.- El número de electores que votó en la casilla;

II.- El número de votos emitidos a favor de cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones;

III.- El número de votos anulados por la mesa directiva; y

IV.      El número de boletas sobrantes de cada elección.

ARTICULO 272.- El procedimiento de escrutinio y computación se practicará para cada una de las elecciones en el orden siguiente: primero el de Diputados, después el de Gobernador, en su caso, y posteriormente el de los Ayuntamientos.

ARTÍCULO 273.- El escrutinio y computación de cada elección se realizará conforme a las siguientes reglas:

I.- El secretario de la mesa de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que quedará cerrado y anotará el número de ellas que resulte en el acta final de escrutinio y computación;

II. El primer escrutador contará el número de electores que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección;

III. El secretario abrirá la urna, sacará las boletas depositadas por los electores y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

IV. El segundo escrutador contará las boletas extraídas de las urnas;

V.         El presidente, auxiliado por los escrutadores, clasificará las boletas para determinar:

a)                 El número de votos emitidos a favor de cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones; y

b)     El número de otos que resulten anulados; y

VI. El secretario anotará en el acta el resultado de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores.”

I.                   No le asiste la razón al impetrante, pues parte de la falsa premisa de que lo anotado en la hoja de incidentes, sea eficaz para producir consecuencias jurídicas o repercusiones en el resultado de la votación, porque si bien es cierto, como se puede apreciar de los preceptos trasuntos renglones arriba, los escrutadores tienen una función especifica en la casilla, como es, contar las boletas depositadas en cada urna, y cotejar con el número de electores que anotados en las listas nominales ejercieron su derecho al voto; contar los votos emitidos a favor de cada candidato, fórmula o planilla y, las demás que le confiera el propio código; también resulta cierto, que aún y cuando cada funcionario desempeña tareas específicas en la casilla, es el presidente la máxima autoridad al interior de la misma, y por ende, en quien recae la mayor responsabilidad de que todos los actos que se realicen con apego irrestricto a la ley, es el encargado de coordinar con el auxilio de los demás funcionarios las diversas tareas al interior de la casilla, entre ellas, practicar con apoyo del secretario y escrutadores, y ante los representantes de los partidos políticos presentes, el escrutinio y cómputo.

Por lo tanto, se concluye que no existieron irregularidades calificadas como graves, mucho menos que se tengan plenamente acreditadas, y que por lo tanto pongan en duda la certeza de la votación, pues los hechos controvertidos son insuficientes para determinar que la presidenta de casilla haya trasgredido disposición legal alguna.

II.                 Ahora bien, en relación al incidente manifestado por el actor de que no se haya permitido a los representantes de partidos políticos verificar la autenticidad de las boletas y votos, es menester decir, que de ninguna forma se debe poner en duda la autenticidad de las boletas, pues no se tiene elementos para inferir que no lo son, ya que conforme a la legislación electoral (artículo 147, fracción XVIII y artículo 238, del Código Comicial Estatal), los órganos administrativos, en este caso el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, a través de una serie de actos, garantizan la autenticidad de las boletas.

Por otra parte, conforme a o dispuesto en el artículo 230, del Código Electoral del Estado de Colima, los representantes de los partidos políticos tienen una serie de derechos, encaminados todos a vigilar que la Jornada Electoral se desarrolle de conformidad a la ley, de ahí que en cada uno de ellos como son: instalación y apertura de casilla, recepción de la votación, cierre de casilla, escrutinio y cómputo y clausura de casilla, son ante la presencia de ellos, además en el artículo 247 del mismo ordenamiento, se le otorga el derecho de “poder” rubricar o sellar las boletas, precisamente para que previo a la recepción de la votación, verifiquen su autenticidad, sin que la falta de ello tal y como se precisa, sea motivo para anular los sufragios recibidos.

Por lo tanto, el hecho de que no se les haya permitido a los representantes de los partidos políticos acercarse a verificar la autenticidad de las boletas, es ineficaz para anular la votación recibida en dicha casilla, pues por el contrario, se observa que sus derechos lejos de ser vulnerados, fueron garantizados, a grado tal, que su presencia en la misma fue permanente, tal y como se corrobora en el escrito de incidentes, en que se plasmó su inconformidad y en el que aparecen sus firmas.

Por tanto, se afirma que el agravio sujeto a estudio resulta infundado”:

1.- Al respecto, es preciso señalar, que la coalición que represento, jamás parte de una premisa falsa al suponer que se vulnera el principio de certeza, porque la presidente realizó el Escrutinio y Cómputo en dicha casilla, así como el hecho de que no haya permitido a los representantes de los partidos políticos que verificaran la autenticidad de las boletas y votos sufragados por los ciudadanos; ni tampoco el de que también, supuestamente sea falsa la presunción de que por ese sólo hecho hayan existido actos de violencia sobre los integrantes de la casilla.

Lo anterior, en virtud de que contrariamente a lo argumentado por el Tribunal Electoral Inferior al respecto, no existe ninguna suposición, lo cierto y real que existe y se suscito el día de la jornada electoral de manea concreta en la casilla 103 Básica fue precisamente la violación al PRINCIPIO DE CERTEZA que debe prevalecer por encima de todo, por tratarse de uno de los principios rectores que jamás deben vulnerarse en toda contienda electoral; ya que este principio, es mediante el cual, se logra obtener la plena posesión de la verdad correspondiente al conocimiento perfecto de las cosas; y en el caso concreto que nos ocupa, es por razón de este principio, mediante el cual se puede garantizar que la obtención y constatación de los votos recibidos en la casilla de referencia, fueron sin sombra de duda y con la confianza plena, el resultado que se hubiese presentado.

Sin embargo, al no haberse realizado una de las esenciales etapas de la jornada electoral conforme a la ley y a los lineamientos establecidos para tal efecto, no existe la mera presunción como así la maneja el Tribunal Electoral de Colima, mucho menos la falsa premisa de suponer que se vulneró el principio de la certeza;  no lo cierto y real, es que efectivamente existió una flagrante violación al citado principio de la CERTEZA; ello, se desprende de la propia redacción de los artículos que transcribió el Tribunal Electoral Inferior, dentro de su resolución, a los cuales, les otorga una indebida o parcial interpretación, ya que resulta claro y contundente, que el referido PRINCIPIO DE CERTEZA, fue violado de manera flagrante por la presidenta de la casilla en mención , quien conforme a la ley, es la primera persona obligada a cumplir al pie de la letra los lineamientos que la propia ley establece, razonamientos de éste, que así lo determina el mismo Tribunal Electoral dentro de su resolución y que sin embargo, pasa por alto a la hora de otorgarle pleno valor probatorio; emitiendo de forma tendenciosa y parcial tales disposiciones legales que contempla el Código Electoral del Estado de Colima, el cual establece en sus artículos 184, 272 y 273 lo siguiente:

Artículo 14: La mesas directivas de casilla y sus funcionarios tendrán las siguientes atribuciones:

I.- De las mesas directivas de casilla:

a) Instalar y clausurar la casilla en los términos de este CODIGO;

b) Recibir la votación;

c) Efectuar ele escrutinio y cómputo de la votación;

d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura;

e) Formular las actas que ordena este CODIGO;

f) Integrar en los paquetes respectivos la documentación correspondiente a cada elección para entregarla en los plazos señalados por este CODIGO al CONSEJO MUNICIPAL respectivo; y

g) Las demás que les confiera el presente ordenamiento;

II De los presidentes:

a) Vigilar el cumplimiento de este CODIGO sobre los aspectos relativos al funcionamiento de las casillas;

b) Recibir de los presidentes de los CONSEJOS MUNICIPALES, la documentación electoral, formas aprobadas y elementos necesarios para el funcionamiento de la casilla, debiendo conservarlos bajo su responsabilidad hasta su instalación;

c) Proceder a la identificación de los electores, dándola a conocer en voz alta a los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS

Mantener el orden en el interior y en el exterior de la casilla, con el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario;

d) Suspender la votación en caso de alteración del orden y, restablecido éste, reanudarla;

e) Retirar de la casilla a cualquier persona que incurra en alteración grave del orden o realice actos que lleven la intención manifiesta de obstaculizar la votación o el escrutinio o retardar el cómputo. En los supuestos establecidos en esta fracción y la anterior, y tratándose de representantes de partido, os presidentes deberán observar lo establecido en este CODIGO y respetar en todo tiempo las garantías que les otorga;

f) Practicar, con auxilio del secretario y de los escrutadores u ate los representantes de los PARTIDOS POLITICOS presentes, el escrutinio y cómputo;

g) Fijar en un lugar visible al exterior de la casilla los resultados del cómputo de cada una de las elecciones;

h) Clausurada la casilla, turnar oportunamente al Presidente del CONSEJO MUNICIPAL correspondiente los paquetes electorales y las copias de la documentación respectiva, en los términos de este CODIGO.

En los casos de los inciso d), e) y f) de esta fracción, los hechos deberán hacerse constar en el acta de cierre de la votación, con mención del nombre de las personas que hubiesen intervenido y con la firma de los funcionarios integrantes de las mesas directivas de casilla; y

a.          Las demás que les confiera este CODIGO

III.       De los secretarios:

a)         Elaborar las actas que ordena este CODIGO y distribuirlas en los términos que el mismo establece;

b)         Contar el número de boletas electorales recibidas antes de iniciar la votación ante los representantes de los PARTIDOS POLITICOS o coaliciones acreditados en esa casilla;

c)          Comprobar que el nombre del elector figure en la lista  nominal correspondiente;

d)         Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS;

e)         Contar e inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto por este CÓDIGO; y

f)           Las demás que les confiera el presente ordenamiento;

De los escrutadores:

a)         Contar las boletas depositadas en cada urna y cotejar con el número de electores que, anotados en las listas nominales, ejercieron su derecho al voto;

b)         Contar los votos emitidos en favor de cada candidato, fórmula o planilla; y

c)          Las demás que les confiere el presente CODIGO.

Artículo 272.- El procedimiento de escrutinio y computación se practicará para cada una de las elecciones en el orden siguiente: primero el de Diputados, después el de Gobernador, en su caso, y posteriormente el de los Ayuntamientos.

Artículo 273.- El escrutinio y computación de cada elección se realizará conforme a las siguientes reglas:

I. El secretario de la mesa de casilla contará las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas diagonales con tinta, las guardará en un sobre especial que quedará cerrado y anotará el número de ellas que resulte en el acta final de escrutinio y computación;

II. El primer escrutador contará el número de electores que votaron conforme a la lista nominal de electores de la sección;

III. El secretario abrirá la urna, sacará las boletas depositadas por los electores y mostrará a los presentes que la urna quedo vacía;

IV. El segundo escrutador contará las boletas extraídas de las urnas;

V. El presidente, auxiliado por los escrutadores, clasificará las boletas para determinar:

a) El número de votos emitidos a favor de cada uno de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones; y

b) El número de votos que resulten anulados; y

VI. El secretario anotará en el acta el resultado de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores.

2.- En virtud de lo anteriormente expuesto, la acción violatoria cometida a los ordenamientos legales invocado en supralíneas por la presidente de la mesa directiva de casilla 103 B ciento tres básica que se (sic) impugna, la C. Ignacia Velasco Castro quedó, contrariamente a lo expuesto por el Tribunal Electoral del Estado dentro de su sentencia que nos ocupa, debidamente acreditada de manera clara y contundente; por lo que este Tribunal Superior, deberá de otorgarle pleno valor probatorio a los medios probatorios que fueron ofrecidos por la parte actora que represento y no desestimarlos como lo hizo el Tribunal Inferior; quien no obstante al momento de dictar su resolución, hace consignar la existencia de tales violaciones, pero que sin embargo se sale por la tangente, para restarles eficacia jurídica a las documentales evidentes, en las que se hace constar de forma manifiesta la conducta desplegada por la presidente de la casilla.

Ello resulta ser así, puesto que de la propia Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla de Miembros de Ayuntamientos, quedó asentado textualmente por el secretario de dicha casilla lo siguiente: “El partido de coalición PAN ADC FIRMA BAJO PROTESTA PORQUE FUE LA PRESIDENTA LA QUE HIZO EL CONTEO DE VOTOS”.

De igual forma, la violación cometida, quedó debidamente asentada dentro del escrito de incidente presentado el día de la jornada electoral por el C. Romualdo Carrillo Zamora Representante Propietario de la Coalición denominada “PAN-ADC GANARÁN COLIMA”, a los integrantes de la mesa directiva de casilla, en el cual textualmente se asentó: “Que el presidente de casilla fue quien realizó el conteo de votos, no dejando que nos acercáramos los representantes de partido a verificar la autenticidad de las boletas. La presidenta de casilla metía las manos en todo, asumiendo el cargo de pescrutador, contando los votos ella misma. No permitió que nos acercáramos de cerca de ver la autenticidad de las boletas”.

Ahora bien, si bien es cierto una parte, que quedó asentado en el escrito de incidente presentado por el representante propietario de la coalición que represento, que no les permitió acercarse para verificar la autenticidad de las boletas, ello, no significara que las boletas no fueran autenticas; sin embargo, no menos cierto y grave aún resulta, que la presidenta de la casilla no les permitió no solo a los representantes de los partido debidamente acreditados en la casilla, si no a todos los demás funcionarios de la casilla, cumplir precisamente con sus responsabilidades y atribuciones que les confiere el Código Electoral del Estado de Colima; vulnerando con ello, EL PRINCIPIO DE CERTEZA en agravio de mi representada.

Lo anterior, se corrobora si tomamos en cuenta que, la ley electoral les otorga a todos los representantes de partidos ante las casillas, el derecho a estar presentes al momento de que realice por los funcionarios de éstas, en el procedimientos de escrutinio y cómputo de la votación recibida en dicha casilla, mediante la cual, les permita corroborar el debido cumplimiento al sistema de evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia de sus actos, que se ve acreditado con la concordancia de los datos obtenidos en cada fase, una vez hechas las operaciones aritméticas necesarias y así, arribar a la armonía entre los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo, que sirve como prueba preconstituida de que esa actuación electoral se llevó a cabo adecuadamente.

Sin embargo esa armonía que debe existir y prevalecer durante el transcurso de todas y cada una de las etapas que se desarrollan dentro de la jornada electoral celebrada el pasado 5 cinco de julio de 2009 dos mil nueve, se vio vulnerada y socavada precisamente por la conducta desplegada por la funcionaria presidente de la mesa directiva de dicha casilla 103 Básica, la C. Ignacia Velasco Castro, al no haberles permitido a los funcionarios que fueron designados como escrutadores por el órgano electoral respectivo en dicha casilla, el que realizaran sus funciones y procedieran al final de la votación al escrutinio y cómputo de los votos sufragados, ya que ella misma y sin permitirle a los representantes de los partidos acercarse al lugar en donde se llevó a cabo el conteo de forma unilateral por ésta funcionaria, no se puedo consolidar esa armonía entre los votos sufragados por los ciudadanos con los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo, que a su vez, sirve como prueba preconstituida de que esa actuación electoral se llevó a cabo adecuadamente.

Para robustecer el argumento esgrimido por la parte que represento, me permito transcribir a continuación la siguiente tesis de jurisprudencia que le resulta cita y debida aplicación al caso concreto que nos ocupa; misma que a letra dice a si:

PROCEDIMIENTO DE EXCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO DE LA VOTACIÓN (Se transcribe).

Por lo que contrariamente a lo expuesto por el Tribunal Electoral del Estado, resulta claro y contundente, que con la actitud y conducta asumida por la presidente de la casilla que nos ocupa, se vulnera de manera categórica uno de los elementales principios rectores que deben de prevalecer durante el desarrollo de la jornada electoral, como lo es, el PRINCIPIO DE CERTEZA, pudiéndose presumir inclusive, que existieron hasta actos de violencia cometidos por la funcionaria presidente de esta casilla sobre los demás funcionarios integrantes de la misma, al haberles coartado sus deberes y facultades que la legislación electoral les confiere y que han quedado precisadas con anterioridad.

Por lo que esta acción encuadra y se tipifica de manera contundente, en la fracción XII del artículo 69 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Colima, que textualmente señala:

Artículo 69.- La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

XII. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente, ponga en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

En tal virtud, dicha conducta resulta determinante para el resultado de la votación en esa casilla, por cuanto a que, por una parte, el FRENTE COMÚN FORMADO POR LOS PARTIDOS “PRI-NUEVA ALIANZA” obtuvo la mayoría de votos, como se muestra en el siguiente cuadro:

La determinancia de dicha irregularidad se produce por cuanto a que la diferencia en la votación total de la elección del ayuntamiento del Municipio de Comala fue de tan sólo 163 votos, diferencia que se reduce a tan solo 7 votos, al nulificarse tan solo la votación de esta casilla 103-B.

SEGUNDO.- Le causa a la coalición que represento el segundo de los agravios, el hecho de que en la resolución que se recurre, el Tribunal Electoral del Estado consideró, con relación al segundo de los agravios expuestos por la parte que represento dentro del Recurso de Inconformidad que motiva el Presente juicio en esencia, lo siguiente:

“I. Expuesto lo anterior, se procede al análisis de los motivos de inconformidad que a manera de agravio hace valer el actor, relativos a las Casillas 22 contigua 1, 99 básica, 103 básica, 103 contigua 1, 103 extraordinaria 1, 104 básica, 104 contigua 1 y 104 contigua 2, en que alega se configura la causal de nulidad contemplada en la fracción V, del artículo 69 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de su escrito impugnatorio se transcribe lo siguiente:

“El segundo de los agravios infringidos a la Coalición denominada “PAN-ADC GANARÁ COLIMA” que represento, se hace consistir en que los REPRESENTANTES GENERALES del frente común FORMADA POR LOS Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, que estuvieron como responsables y coordinado tanto la casilla 103 B ciento tres básica, 103 C-1 ciento tres contigua uno, 104 B ciento cuatro básica, 104 C-1 ciento cuatro contigua uno y 104 C-2 ciento cuatro contigua dos, como de las casillas 99 B noventa y nueve básica y 103 E- 1 ciento tres extraordinaria uno, fueron los CC. LIC. JOSE FRANCISCO EXPINOZA GONZÁLEZ y ANTONIO LUGO MONTES, respectivamente, QUIENES DESDE EL INCIO DE LA ADMISNISTRACIÓN PÚBLICA 2006-2009 DEL H. AYUNTAMEINTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, COLIMA, Y HASTA ESTA FECHA, FUNGEN O SE DESEMPEÑAN COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DIRECTOR DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y TURISMO DE DICHO AYUNUTAMIENTO DE COMALA, respectivamente; con lo cual, se vulneran y contraviniendo diversas leyes y reglamentos del Estado de Colima y del propio Municipio de Comala, Colima”.

Al efecto, los medios de prueba con que se cuenta dentro del expediente para que este tribunal se pronuncia respecto del agravio sujeto a estudio son las siguientes: actas de la jornada electoral, de Escrutinio y Cómputo, Hojas de Incidentes de las referidas casillas, Documentales Públicas, así como de la Documentales Privadas consistentes en los escritos de incidentes y pruebas técnicas que aporta el promovente.

Tal causa de nulidad en la especie, no quedo plenamente demostrada, por tanto, se afirma que el agravio hecho valer es infundado, pues no existe elemento probatorio que acredite la veracidad de lo afirmado por el promovente, como se verá a continuación.

Derivado del análisis de las documentales que se agregan al expediente que nos ocupa relativas a las casillas que se impugnan, se desprende que contrario a lo sustentado por el impugnante, los ciudadanos José Francisco Espinoza González y Antonio Lugo Montes, nombrados como Representantes Generales del Partido Revolucionario Institucional, en ningún momento infringieron las disposiciones legales que regulan su función dentro del Ayuntamiento de Comala, Colima, es decir; la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos, y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, específicamente el artículo 21, expresamente señala:

“ARTICULO 21.- El nombramiento aceptado obliga al trabajados a regir sus actos con el más alto concepto de profesionalismo, honestidad y rectitud; a cumplir con todo los deberes inherentes al cargo o empleo correspondiente y a las consecuencias que sean conforme a la Ley, a la costumbre y a la buena fe.”

De igual manera se afirma, que en ningún momento se violentó lo preceptuado por el artículo 43, del Reglamento General de la Administración Pública del Gobierno Municipal de Comala, por parte del Ciudadano Antonio Lugo Montes, ni lo dispuesto por el artículo 48, del mismo reglamento fue infringido por el Ciudadano José Francisco González.

Se afirma lo anterior, en razón de que obran  en autos, el acta número 06/2009, de la sesión ordinaria del Honorable Cabildo Municipal, de Comala, Colima, documento con pleno valor probatorio, en atención a lo dispuesto por los artículos 36 fracción I y 37 fracción II, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la que en asuntos generales establece que: “los horarios de trabajo de los funcionarios y personal de confianza será de lunes a viernes de las 08:30 (ocho horas con treinta minutos) a las 16:00 (dieciséis horas).

En el mismo tenor, cuentan en el expediente los oficios número SM-203/2009 y SM-202/2009, en los que autoriza a los ciudadanos José Francisco Espinoza González y Antonio Lugo Montes, licencia temporal para separarse del cargo de Asesor Jurídico Municipal, del 01 (uno) al 07 (siete) de julio del 2009 (dos mil nueve), y el Director de Educación, Cultura, Deporte y Turismo, del 01 (uno) al 06 (seis) de julio del 2009 (dos mil nueve), respectivamente, documentales que al igual que la anterior, merecen pleno valor probatorio.

De los documentos mencionados, se desprende que, aún en el supuesto de que no se hubieran separado de sus funciones, el haber sido nombrados como representantes Generales del Partido Revolucionario Institucional, no era motivo para considerar que infringían o incumplían las disposiciones legales aplicables, puesto que quedó establecido que los funcionarios y trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Comala, se desempeñaban únicamente de lunes a viernes, luego entonces, es un hecho notorio que el desarrollo de la Jornada Electoral aconteció el día 5 (cinco) de julio del presente año, con lo cual se demuestra que no se llevó a acabo dentro del tiempo que dichos funcionarios debía laborar en el ayuntamiento.

Aunado a lo anterior, los nombrados representantes generales del Partido Revolucionario Institucional, solicitaron licencia temporal, misma que les fue autorizada desde el día primero del mes, hasta después del día en que se llevó a cabo la Jornada Electoral inclusive, por tanto, dichas personas no desempeñaron labores propias de su función en ese lapso, por lo que se insiste, en ningún momento violaron las disposiciones legales invocadas por el actor.

II. continuando con el análisis de los agravios aducidos por el actor en relación con dicha causal de nulidad, conviene señalar que el artículo 229, del Código Electoral del Estado, dispone el derecho de los partidos políticos o coaliciones para el registro de los representantes ante cada mesa directiva de casilla y de los representantes generales. Por su parte, el artículo 230, dispones los derechos de los representantes ante cada mesa directiva de casilla, que comprende las funciones que realiza el representante durante su permanencia en la casilla el día de la Jornada Electoral.

Por último, el artículo 231, del ordenamiento legal en cita, establece las actuaciones de los representantes generales que deben seguir el día de la Jornada Electoral en las casillas que fueron acreditados. Dichos preceptos se transcriben a continuación:

“CAPITULO V

Del Registro de Representantes

(REFORMADO EN P.O. DEL 31 DE AGOSTO DE 2005)

Artículo 229.- Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta 10 días antes del día de la elección, tendrán derecho a nombrar un representante propietario y un suplente, ante cada uno de los CONSEJOS MUNICIPALES, así como dos representantes propietarios y un suplente, en las mesas directivas de casilla.

Los representantes ante los CONSEJOS MUNICIPALES y mesas directivas de casillas se registrarán ante dichos organismos electorales.

(REFFORMADO EN P.O DEL 31 DE AGOSTO DE 2005)

Los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones podrán acreditar en cada proceso electoral, los representantes generales a que se refiere la fracción IX del artículo 47 del presente ordenamiento, en la siguiente proporción: un representante general por cada 10 casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada 5 casillas rurales. El registro de estos representantes se hará ante el CONSEJO GENERAL.

(REFORMADO EN P.O. DEL 31 DE AGOSTO DE 2005)

Los representantes ante las mesas directivas de casillas y representantes generales deberán portar en un lugar visible, durante la jornada electoral, un distintivo de hasta 2.5 x 2.5 centímetros, con el emblema del PARTIDO POLÍTICO o coalición y con la leyenda visible de "Representante".

Artículo 230.- Los representantes de los PARTIDOS POLÍTICOS o coaliciones debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes derechos: