JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: ST-JRC-133/2009

ACTOR: PARTIDO FUTURO DEMOCRÁTICO

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

TERCERO INTERESADO: NO COMPARECIÓ.

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS A. MORALES PAULÍN

SECRETARIO: FRANCISCO GAYOSSO MÁRQUEZ

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veinticinco de agosto de dos mil nueve.

V I S T O S para resolver los autos del expediente ST-JRC-133/2009, integrado con motivo del juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Futuro Democrático, en contra de la sentencia dictada el doce de agosto de dos mil nueve, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, en el juicio de inconformidad registrado bajo el número de expediente JI/097/2009, y

R E S U L T A N D O

I. Jornada electoral. El cinco de julio de dos mil nueve, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a los diputados locales, por el principio de mayoría relativa, que integraran la LVII legislatura en el Estado de México, para el periodo constitucional 2009-2012; entre ellos el correspondiente al distrito XVIII con cabecera en Tlalnepantla de Baz.

II. Cómputo distrital. El ocho de julio del año que trascurre, el XVIII Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con cabecera en Tlalnepantla de Baz, realizó el cómputo, declaró la validez de la elección y otorgó la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido Acción Nacional.

El cómputo distrital por el principio de mayoría relativa mencionado, arrojó los siguientes resultados:

III. Juicio de inconformidad. Inconforme con los resultados anteriores, el doce de julio de dos mil nueve, el Partido Futuro Democrático, a través de Alma Pineda Miranda, en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal y representante propietaria ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, promovió juicio de inconformidad, el cual fue registrado bajo el número de expediente JI/097/2009, y resuelto el doce de agosto del año que trascurre por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el que se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. Se SOBRESEE PARCIALMENTE el Juicio de Inconformidad número JI/097/2009, por los razonamientos esgrimidos en el considerando IV de la presente resolución.

SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por el actor, en los términos que se precisan en los considerandos VII, VIII incisos A y B, y IX del presente instrumento resolutivo.

TERCERO. Se declaran FUNDADOS los agravios hechos valer por el actor, en los términos que se precisan en el considerando VIII, inciso C del presente instrumento resolutivo. En consecuencia, se MODIFICA el Cómputo Distrital de la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, en términos del considerando X de la presente resolución. Así mismo, con fundamento en el artículo 344 del Código Electoral del Estado de México, este órgano jurisdiccional se reserva la determinación de los efectos de la nulidad decretada en las casillas 4966 C1, 4837 C1 y 4972 C1, en la elección de diputados por el principio de representación proporcional para que sean establecidos en el Sección de Ejecución correspondiente.

CUARTO. Se CONFIRMA la validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría efectuado por el Consejo Distrital número XVIII de Tlalnepantla, Estado de México.”

En ese sentido, se realizó la recomposición del cómputo distrital; por consiguiente, el resultado quedó de la siguiente manera:

Por lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de México validó el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida a favor de la fórmula de candidatos postulados por el Partido Acción Nacional.

IV. Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, el dieciséis de agosto de dos mil nueve, el Partido Futuro Democrático, a través de la representante mencionada en el numeral anterior, promovió el juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve.

V. Recepción. El diecisiete siguiente, la autoridad responsable remitió a esta Sala Regional, la demanda y el expediente formado con motivo del presente juicio, acompañados con el informe circunstanciado correspondiente y demás anexos.

VI. Turno. Por acuerdo de la misma fecha, el Magistrado Presidente de esta Sala Regional, acordó integrar el expediente ST-JRC-133/2009 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Carlos A. Morales Paulín, para los efectos de los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; mismo que se cumplió a través del oficio TEPJF-ST-SGA-3103/09 signado por el Secretario General de Acuerdos de la propia Sala Regional.

VII. Radicación y admisión. Mediante auto de veintiuno de agosto del año dos mil nueve, el Magistrado Instructor radicó el medio de impugnación, al tiempo que admitió a trámite la demanda.

VIII. Cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor declaró cerrada la instrucción, por lo que el asunto quedó en estado de dictar resolución, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en materia electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafos primero y cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción III, inciso b), y 195, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 2, inciso d), 4, 87, párrafo 1, inciso b) y 89 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido en contra de una resolución que guarda relación con la elección de las fórmulas integrantes de la legislatura local en el Estado de México, emitida por el Tribunal Electoral de la citada entidad federativa, que forma parte del ámbito territorial donde esta Sala ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, párrafo 3, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, como a continuación se precisa.

1. Forma. La demanda del presente juicio, se presentó por escrito ante la autoridad responsable, y en ella consta el nombre y firma de la representante propietaria del Partido Futuro Democrático, en la que se identifican la resolución impugnada y la autoridad responsable; se mencionan los hechos materia de la impugnación, y se expresan los agravios que en concepto del actor le ocasionan la resolución reclamada; por lo que se satisfacen los requisitos formales previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

2. Oportunidad. El medio de impugnación que se resuelve, se presentó dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues de autos se desprende que la sentencia impugnada, le fue notificada al actor, el día trece de agosto del año dos mil nueve, y la demanda fue presentada el dieciséis siguiente; por lo que es inconcuso que el presente juicio fue promovido oportunamente.

3. Legitimación y personería. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, inciso b) de la ley adjetiva electoral, pues corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos y coaliciones, en la especie, quien promueve es el Partido Futuro Democrático, por conducto de Alma Pineda Miranda, en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal y representante propietaria ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, quien a su vez  presentó el juicio de inconformidad ante la instancia jurisdiccional local competente, que emitió la resolución que por esta vía se combate.

Sustenta lo anterior, el reconocimiento que hace la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, del carácter con que se ostenta la representante del Partido Futuro Democrático; así como de la constancia de su nombramiento que obra en autos del expediente en que se actúa.

4. Actos definitivos y firmes. El requisito de definitividad y firmeza, previsto por el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también se surte en la especie, toda vez que para combatir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, no está previsto otro medio de impugnación en la legislación electoral de dicha entidad federativa, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad para revisar, y en su caso, revocar, modificar o anular oficiosamente el acto impugnado, de modo que es evidente la cabal satisfacción del requisito en cuestión.

5. Violación a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación al requisito de procedibilidad señalado en el párrafo 1, inciso b), del artículo 86 de la citada ley adjetiva, se satisface este requisito, toda vez que, en su escrito de demanda, el accionante se duele de la violación a los artículos 16 y 41 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente por tratarse de un requisito formal.

Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, visible en las páginas 155 y 156 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997–2005, cuyo rubro, texto y datos de identificación son del tenor siguiente:

“JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA.—Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones: Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3o., de la ley general citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-032/97.—Partido de la Revolución Democrática.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/97.—Partido de la Revolución Democrática.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-034/97.—Partido de la Revolución Democrática.—4 de agosto de 1997.—Unanimidad de votos.”

6. La violación reclamada pueda ser determinante para el desarrollo del proceso y el resultado final de la elección. En el caso se cumple el requisito previsto por el artículo 86, párrafo 1, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativo a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o para el resultado final de la elección, porque en caso de acogerse la pretensión del inconforme, respecto a declarar la nulidad de la votación recibida en ciento ochenta y cinco casillas, que el actor en su escrito de demanda refiere; aunado a las tres casillas que ya fueron anuladas por el Tribunal Electoral del Estado de México; esto equivaldría a anular el cuarenta y uno por ciento de las casillas instaladas en el distrito electoral número XVIII con cabecera en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en virtud de que, en dicho distrito se instalaron cuatrocientas cuarenta y nueve casillas; por consiguiente, se declararía la nulidad de la elección en términos de lo dispuesto por el artículo 299, fracción II del Código Electoral del Estado de México, y por tanto, se convocaría a elecciones extraordinarias en atención a lo dispuesto por el artículo 27 de ese mismo ordenamiento legal.

7. La reparación solicitada es factible. Por último, la reparación solicitada por el enjuiciante es material y jurídicamente posible, dentro de los plazos electorales legal y constitucionalmente previstos, en razón de que los miembros electos de la legislatura local en el Estado de México, rendirán protesta de sus cargos a más tardar el cuatro de septiembre de dos mil nueve, en términos de los artículos 46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 17 y 18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la citada entidad federativa.

Precisado lo anterior, en razón de que se cumplen los requisitos de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral respecto de los agravios vertidos, y de que no se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, de las previstas en la legislación aplicable, lo conducente es realizar el estudio de fondo de la litis planteada, a partir de la sentencia impugnada y los motivos de disenso expuestos por el enjuiciante, en su escrito de demanda.

TERCERO. Resolución impugnada. Las consideraciones que sustentan la resolución impugnada, en lo que interesa, son las siguientes:

“CONSIDERANDO

(…)

IV. Procedencia. Por ser de orden público y de observancia general, las disposiciones contenidas en el Código Electoral del Estado de México, tal como lo establece su artículo primero, previo al estudio de fondo es pertinente examinar si se actualiza o no alguna causal de improcedencia que impida entrar al fondo del asunto, por tratarse de presupuestos procesales que terminan en forma anticipada con el procedimiento de los medios de impugnación, tal y como lo señala la Jurisprudencia de Primera Época TEEMEX.JR.ELE 07/09, pronunciada por este organismo jurisdiccional, cuyo rubro y texto señalan:

“IMPROCEDENCIA. SU ANÁLISIS DEBE SER PREVIO Y DE OFICIO. Conforme al artículo 1º del Código Electoral del Estado de México, que establece que sus disposiciones son de orden público y de observancia general, y con base en que la procedencia de todo medio de impugnación es un presupuesto procesal que debe estudiarse en forma previa, el Tribunal Electoral del Estado de México debe examinar con antelación y de oficio la procedencia de los recursos de apelación e inconformidad, con independencia de que sea alegado o no por las partes.

Recurso de Inconformidad RI/1/96. 22 de noviembre de 1996. Unanimidad de Votos.

Recurso de Inconformidad RI/6/96. 21 de noviembre de 1996. Unanimidad de Votos.

Recurso de Inconformidad RI/62/96. 23 de noviembre de 1996. Unanimidad de votos.”

En cuanto a la primer causal de improcedencia prevista en el artículo 317 del Código Electoral del Estado de México, consistente en que el medio de impugnación no se interponga por escrito ante el órgano competente que dictó el acto impugnado, la misma no se configura, toda vez que según se desprende de autos, de la foja 004 a la 017, obra un escrito por el cual el representante propietario del Partido Futuro Democrático, interpone el Juicio de Inconformidad en estudio, en cuya primera página, se aprecia el sello de recibido asentado por el Consejo Distrital Electoral número XVIII de Tlalnepantla, Estado de México.

Respecto a la causal consistente en que el medio de impugnación no esté firmado autógrafamente por quien promueve, tampoco se actualiza, pues se aprecia en la última página del escrito recursal una firma autógrafa atribuida al Representante Propietario del Partido Futuro Democrático ante el Consejo Distrital Electoral número XVIII de Tlalnepantla, Estado de México, y al no existir argumento o prueba en contrario, se tiene por satisfecho este requisito.

Relativo a la causal que consiste en que el medio de impugnación sea promovido por quien carezca de personería, tampoco se surte la misma, al desprenderse de autos que quien promueve en representación del partido actor, se encuentra debidamente legitimado para hacerlo, como ya se ha determinado en el Considerando II del presente instrumento resolutivo.

Por lo que hace, al cuarto supuesto de improcedencia referido a que sean promovidos en nombre de quien carezca de interés jurídico, no se actualiza, pues de los autos del presente medio impugnativo se advierte que le asiste derecho al agraviado para reclamar, a través del mismo, la revocación, o modificación de los resultados consignados en el Acta del Cómputo Distrital de la elección de Diputados, emitidos por el Consejo Distrital Electoral número XVIII de Tlalnepantla, Estado de México, ya que el actor participó con candidatos en la citada elección y consecuentemente dichos resultados, pueden traducirse en un perjuicio real al promovente, afectando en su caso su esfera jurídico-protegida.

Con relación a la causal consistente en que el Juicio de Inconformidad, haya sido presentado fuera de los plazos señalados por el Código Electoral del Estado de México, la misma no se concreta, pues consta en el expediente, particularmente en el informe circunstanciado rendido por el órgano responsable, que el escrito recursal se interpuso en términos del artículo 308 del Código en cita, es decir, dentro de los cuatro días contados a partir del siguiente a aquél en que concluya la sesión en la que el órgano electoral responsable realizó el cómputo o dictó la resolución que se reclama. Aunado a que en el acuse de recibo asentado en el escrito recursal, por el Consejo Distrital Electoral número XVIII de Tlalnepantla, Estado de México, se advierte que efectivamente se recibió en tiempo.

Respecto de la causal referente al no señalamiento de agravios; de un análisis minucioso y exhaustivo de los autos que integran el presente Juicio de Inconformidad, se desprende que procede decretar su SOBRESEIMIENTO PARCIAL, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia en estudio.

Lo anterior se afirma, ya que el Partido Futuro Democrático, en su escrito recursal, específicamente en su hecho marcado con el número uno, señala que impugna los resultados de la elección de diputado local en el distrito electoral número XVIII, del Proceso Electoral Ordinario del dos mil nueve, presentando un cuadro en el cual hace mención de un total de ciento tres casillas que pretende anular, agrupando en el ocurso de su demanda un total de noventa y cuatro casillas, en las que describe los motivos por los cuales se actualizan las causales de nulidad invocadas; sin embargo en lo que respecta a las casillas 4842 C1, 4842 C2, 4846 B, 4846 C1, 4855 C1, 4970 B, 4970 C1, 4971 B, 4971 C1, 5078 C1, 5078 C2, 5079 B, 5080 B, 5080 C1, 5080 C2, 5081 C1, omite expresar los hechos o circunstancias por las que considera que la votación recibida en ellas debiera anularse, es decir, no realiza ningún razonamiento lógico jurídico encaminado a acreditar causal alguna de nulidad.

En efecto, la expresión de agravios, se refiere a que los actores realicen una serie de argumentaciones jurídicas, tendientes a demostrar la lesión o perjuicio que sufran en sus derechos o intereses, de tal forma que al narrar los hechos, los encuadren en los supuestos previstos por el legislador y realicen la explicación tendiente a acreditar la violación referida.

En el caso particular, tal y como se advierte del cuadro mencionado, el inconforme omite referir cuáles son los hechos que acontecieron en las casillas citadas, situación que se traduce en la falta de expresión de agravios.

Así las cosas, el recurrente en el presente asunto debió referirse de manera detallada el motivo por el cual en su concepto debe anularse la votación recibida en las casillas antes mencionadas, aterrizando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y no como erróneamente lo aseveró, de una forma totalmente genérica; sin que este juzgador pueda conforme al artículo 334 del Código Comicial suplir las deficiencias u omisiones de los agravios, en virtud de que de ninguna parte de su escrito recursal se advierte afirmación alguna tendiente a demostrar alguna irregularidad suscitada en las casillas aducidas, razón por la cual este órgano jurisdiccional estima que la falta de agravio, sólo por lo que hace a las casillas de referencia, deriva necesariamente a su sobreseimiento parcial, pues de lo contrario, al admitirse ante dicha circunstancia, existiría incertidumbre en el juzgador en cuanto a la parte del acto reclamado que vulnera el interés de los actores, dejando también en estado de indefensión a la autoridad responsable y a quienes pudieran comparecer alegando un derecho incompatible con la pretensión, ya que estarían impedidos para fijar su postura en torno a un hecho oscuro e incierto, faltando en consecuencia la materia del mismo juzgamiento, actualizándose así lo previsto en el precepto 317, fracción VI del Código Comicial.

En este orden de ideas lo procedente es declarar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 289, fracción II, 311 bis, fracción II, 317, fracción VI, 318 fracción III del Código Electoral del Estado de México, el SOBRESEIMIENTO PARCIAL del juicio de inconformidad en estudio, única y exclusivamente por lo que respecta a las casillas mencionadas.

Por último, agotando el análisis de las causales de improcedencia, con relación a la consistente en que se impugne más de una elección con el mismo recurso, la misma no se actualiza, ya que del escrito recursal se advierte que el partido inconforme impugna sólo los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección Diputados, realizados por el Consejo Distrital Electoral número XVIII de Tlalnepantla, Estado de México, por ello, es evidente que la impugnación se refiere sólo a una elección.

Atento al contenido de los razonamientos anteriores, al no advertirse alguna otra causal de improcedencia o sobreseimiento, este organismo jurisdiccional procederá al estudio de fondo de los agravios aducidos por el recurrente, lo manifestado por la responsable y lo aducido por el tercero interesado, analizándolos con todos aquellos elementos que obren en autos, para que con el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados y las defensas esgrimidas.

V. Planteamiento de la litis. La cuestión planteada en el presente asunto se circunscribe en determinar si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables a la materia, procede o no declarar la nulidad de la votación emitida en las casillas impugnadas, por los argumentos señalados; y, en consecuencia, modificar o confirmar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el Acta de Cómputo Distrital de la elección de Diputados y confirmar o no la declaratoria de validez de la elección realizada por el Consejo Distrital Electoral número XVIII de Tlalnepantla, Estado de México.

VI. Metodología. Para el estudio de fondo de la cuestión planteada en el presente medio de impugnación, este Tribunal Electoral analizará los agravios referentes a las casillas impugnadas por el partido político inconforme, en el mismo orden en que aparecen los numerales romanos relativos a las causales de nulidad de votación  recibida en casilla, previstas en el artículo 298 del Código Electoral del Estado de México

Análisis de los Agravios.

VII. Refiere el partido político actor que en las casillas 4843 B, 4843 C1, 4843 C2, 4863 B, 4863 C1, 4977 B, 4977 C1, 4977 C2, 4845 B, 4845 C1, 4845 C2, 4979 B, 4850 B, 4850 C1, 4851 B, 4851 C1, 4851 C2, 4849 B, 4849 C1, 4849 C2, 4852 B, 4852 C1 y 4852 C2, acontecieron los siguientes:

“HECHOS

Durante el transcurso de la Jornada Electoral, se presentaron diferentes personas que retirados de las casillas a una cuadra o dos de las mismas regalaban dinero, despensas y otros bienes, es un hecho presumible, en el entendido que la ciudadanía pudo observar durante todo el día personas que con camisetas azules, amarillas e incluso anaranjadas, no sólo acarreaban gente, sino que le ofrecían diferentes dádivas en plena vía pública y en algunos casos al interior de domicilios. Por lo que en forma determinante pusieron en duda la certeza de la elección.

AGRAVIOS

Es indiscutible que se genera el agravio de la coacción en contra de los ciudadanos por lo que la votación para los partidos emergentes se ve reducida y se ataca la libertad y secreto del voto, lo que perjudica los números de la votación que debería ser libre y secreta sin intervención de militantes que con el color de sus partidos en sus camisetas, aunque efectivamente sin logotipos genera un ambiente que inspira dudas (sic) sobre el resultado de la elección.”

La autoridad responsable en su informe circunstanciado, señala que:

“3. En relación al numeral que nos ocupa con respecto al inciso C), se expone lo siguiente:

(…)

Los hechos que la promovente menciona se realizaron durante la Jornada Electoral carecen de cualquier valor jurídico, ya que sólo de manera genérica y ambigua señala que se presentaron diferentes personas que retirados de las casillas, a una cuadra o dos de las mismas, regalaban dinero, despensas y otros bienes, como un hecho presumible, sin precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que no se genera ningún AGRAVIO, toda vez que no acredita plenamente los hechos que menciona, como lo establece el artículo 298 Fracción XII del Código Electoral del Estado de México, con las pruebas que ofrece.”

El Partido Acción Nacional, al presentar su escrito como Tercero Interesado, en lo substancial refiere que:

“(…)

Este H. Tribunal, deberá desechar de plano y por notoriamente improcedente el agravio que se contesta, en atención a que éste, no reúne los requisitos mínimos indispensables que debe tener todo agravio que haga valer ya que del mismo, no se desprende cuál es la ley que se dejó de aplicar o cuál fue la que se aplicó indebidamente, así como qué parte de la resolución recurrida le causa el agravio y porqué motivo lesiona sus intereses, ya que el recurrente únicamente se dedica a realizar una serie de manifestaciones en las que señala los hechos descritos (sin que señale que hechos, lo cual está obligado hacer en cada casilla).

Por otra parte se hace notar a este H. Tribunal que las sucias artimañas utilizadas por el recurrente, no tienen ningún sustento legal, además de no estar apoyadas con ningún medio probatorio que haga creíble su dicho, razón por la cual deberá desestimarse el agravio que se contesta, ya que el mismo se encuadra perfectamente en lo establecido por la fracción VI del artículo 317 del Código Electoral.

El recurrente señala en su supuesto agravio y que ahora se contesta lo siguiente:

Que durante la jornada electoral el Partido Acción Nacional, cometió hechos violatorios del Código de la materia como son:

       Coaccionar a los ciudadanos a votar por Acción Nacional, por el simple hecho de estar vestidas de azul y de supuestamente entregarles dádivas lo que ataca la libertad y el secreto del voto. Los militantes que con el color de su partido en sus camisetas, aunque efectivamente sin logotipos, genera un ambiente que inspira dudas sobre el resultado de la elección. Lo anterior resulta a todas luces subjetivo, vago e impreciso pues NO señala a nadie en especial para demostrar que efectivamente sea militante de un partido político en específico. Categóricamente manifiesto que NO pudieron ser militantes de nuestro partido político pues lo tienen prohibido.

Por otra parte, se hace notar a este H. Tribunal que las sucias artimañas utilizadas por el recurrente, no tienen ningún sustento legal, además de no estar apoyadas con ningún medio probatorio que haga creíble su dicho, razón por la cual deberá desestimarse los agravios que se contestan, ya que los mismos se encuadran perfectamente en lo establecido por la fracción VI del artículo 317 del Código Electoral.

Asimismo, el recurrente ilógicamente hace la imputación al partido que represento de haber intervenido para que los votos no fueran realizados a voluntad de los ciudadanos, lo cual tampoco acredita de forma alguna y como se desprende de las pruebas que ofrece, en ninguna de ellas se acredita el dicho de Futuro Democrático.

Por cuanto hace a los preceptos legales violados que invoca el recurrente, me permito manifestar lo siguiente:

El quejoso, pretende equivocadamente hacer valer en su conjunto una serie de preceptos que señala le fueron violados, cuando debió señalar en cada uno de sus agravios esgrimidos, cuál fue el precepto o preceptos que la autoridad dejó de aplicar o aplicaron indebidamente y la razón por lo que le causa esos agravios, situación que dejó de hacer y que serán causa para que se desechen por notoriamente improcedentes todos y cada uno de sus agravios.”

Así pues, una vez analizadas las manifestaciones realizadas por el inconforme, con fundamento en el artículo 334 del Código Electoral del Estado de México vigente, este órgano jurisdiccional procede a suplir la omisión del precepto jurídico presuntamente violado, en virtud de que el recurrente no lo establece. En efecto, del escrito inicial de demanda, por lo que hace a los hechos expuestos con antelación, se desprenden los agravios que el actor pretende hacer valer, los cuales consisten en declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, sin embargo, el recurrente omite señalar la causal que en su consideración se actualiza, omitiendo así establecer el precepto jurídico en que su entender se concretiza; por lo que este juzgador al entrar al estudio del agravio en cuestión y en suplencia de la omisión antes descrita, deduce que la causal que se puede configurar con lo narrado por el actor lo sería la prevista en la fracción IV, del artículo 298 del Código Comicial, razón por la cual este órgano colegiado procederá toda vez que ya han sido planteados los argumentos de las partes en el presente procedimiento a entrar al estudio del fondo del asunto en los términos señalados con antelación.

Una vez establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a determinar, si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 298 del Código Comicial.

La causal en estudio, permite que las características del voto prescritas en el artículo 5 del Código Electoral vigente en la entidad; y que son: universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, prevalezcan en todo momento y ante cualquier circunstancia; primordialmente que la libertad del elector no se vea afectada al momento de emitir su voto en forma directa, personal y secreta; así como también permite ponderar la integridad e imparcialidad con que deben actuar los integrantes de la mesa directiva de casilla, para lograr que realmente quede protegido el bien jurídico que tutela la norma, el cual es precisamente el principio de certeza en el sentido de que la expresión de la voluntad de los electores debe estar libre de cualquier tipo de vicio que afecte la voluntad de ciudadano; como puede acontecer con actos como el cohecho o el soborno; ya que de haberse afectado esta libertad conjuntamente con la secrecía del sufragio, pudiera incurrirse en un motivo suficientemente válido para anular el acto de pleno derecho, si además es determinante para el resultado de la votación.

Para actualizar la causal de nulidad invocada por el promovente, es preciso se satisfagan los siguientes extremos: 1) Que exista cohecho o soborno, 2) Que cualquiera de estos ilícitos, se cometa sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, 3) Que se afecte la libertad o secrecía del voto, y 4) que sean determinantes para el resultado de la votación.

Cabe precisar respecto del primer extremo, que integra la causal de nulidad contenida en el artículo 298, fracción IV del Código Electoral local que el cohecho se refiere a la conducta que realiza un particular tendiente a ofrecer, prometer o entregar dinero o cualquier dádiva, a algún servido público para que realice u omita un acto o actos, lícitos o ilícitos relacionados con sus funciones, de igual manera, incurre en cohecho, e servidor público que con el propósito de obtener dádivas de cualquier tipo, realice dolosamente algún acto u omisión indebida relativa a su funciones, para impedir u obstaculizar los servicios que tenga el deber de atender. Por su parte, el soborno se concreta cuando un particular realiza una conducta tendiente a ofrecer, prometer o entregar cualquier dádiva, a otro particular, para que realice u omita determinado acto, sea lícito o ilícito.

En este sentido, para acreditar la causal de nulidad que nos ocupa, primeramente se deberá acreditar la existencia de una conducta que se traduzca en cohecho o soborno y posteriormente probar que la misma la realizaron o se realizó, sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siendo los primeros según se advierte del artículo 128 del Código Comicial, las personas que en la casilla electoral se hayan desempeñado como presidente, secretario o escrutadores; por su parte tienen el carácter de electores, los ciudadanos que el día de la jornada electoral acuden a las casillas electorales a sufragar.

En efecto, la intención del legislador local, al instituir esta causal de nulidad, va dirigida a la salvaguarda de la conducta que deben observar tanto los funcionarios de casilla como los electores, los primeros apegando siempre su ejercicio en las casillas en que actúan, a los principios rectores de la materia, sobre todo comportándose con absoluta imparcialidad y los segundos, emitiendo su voto de manera libre, directa y secreta, atendiendo a las diversas propuestas políticas de los partidos políticos contendientes, o bien, llevados por alguna inclinación de simpatía, pero nunca manipulados por algún beneficio ilícito.

En cuanto al tercer extremo, resulta pertinente señalar que la sola acreditación de la existencia de cohecho o soborno, no actualiza la causal de nulidad en estudio, pues debe acreditarse, además, la afectación a la libertad y secrecía del voto, es decir, no basta con que el inconforme acredite la existencia de cohecho o soborno, sobre las personas señaladas en la ley, sino que debe precisar de qué manera esos hechos afectaron la libertad o secreto del sufragio y más aún, probar dicha afectación.

Lo anterior es así, porque la emisión del sufragio libre y secreto, implica su ejercicio sin ninguna limitación o condicionamiento a algún beneficio ilícito. Más aún, garantiza la libre expresión de la voluntad del sufragante sin temor a ninguna represalia e impide el compromiso de su voto. Es decir, además de que el votante tiene la potestad de tomar una decisión de acuerdo a su criterio, el Código Comicial Estatal, garantiza la secrecía de su voto, para lo cual dispone en el artículo 192, fracción VI, que en cada casilla se instalarán mamparas que garanticen plenamente el secreto del voto; y conforme al artículo 168, fracción II de la misma norma, los lugares en que se ubicarán las casillas deberán permitir la emisión secreta del voto.

En efecto, el juicio mental realizado por el elector para decidir a qué candidato o partido le otorga su voto, es un procedimiento íntimo que materialmente se plasma en la boleta electoral; lo anterior se encuentra sustentado con lo establecido en el artículo 211 del Código Electoral del Estado de México, que preceptúa que una vez comprobado que el elector se encuentra registrado en las listas nominales y que haya exhibido su credencial para votar, el presidente de la Mesa Directiva de Casilla le entregará las boletas de las elecciones que corresponda para que libremente y en secreto, las marque en el círculo o cuadro correspondiente al partido político por el que sufraga o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto. De acuerdo a lo anterior, ningún elector está obligado a enterar o informar a ningún individuo del sentido de su voto, tampoco a permitir que persona alguna se encuentre presente al momento de emitirlo, salvo que se trate de las excepciones previstas por el artículo 212 del citado Código de la Materia.

Asimismo, el actor tendrá que acreditar que los hechos son determinantes para el resultado de la votación recibida, en este sentido, se considera que el inconforme debe precisar y probar el número de personas que fueron sobornadas, para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de determinar cuantitativamente, si es que estos hechos afectaron el resultado de la votación recibida en la casilla respectiva, o en su caso, señalar quiénes fueron las autoridades que permitieron actos de cohecho y de qué manera su acción u omisión, afectó los resultados de la votación recibida en casilla, situación que permita a este órgano jurisdiccional calificar la gravedad de los hechos, y estimar si existe conculcación a los principios que rigen el proceso electoral.

Velando por el debido desarrollo del proceso electoral, el legislador ha procurado incorporar a la normatividad de la materia las disposiciones necesarias para salvaguardar la limpieza de las elecciones. Según lo previene la fracción IV, inciso a), del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que las elecciones de gobernadores, miembros de la legislatura e integrantes de los ayuntamientos, se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. En ese orden de ideas, cuando el voto de los electores se hubiere comprometido a consecuencia de cohecho o soborno, podrá solicitarse la nulidad de la votación recibida en casilla.

Habiendo sido alegada por el partido recurrente, para la nulidad de la votación recibida en casilla, en virtud de la supuesta existencia de cohecho o soborno sobre los electores, debe tenerse en cuenta que la naturaleza jurídica de esta causa de anulación requiere se demuestre, además de los actos relativos, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo. Sólo de esta manera puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos generadores de esta causal de nulidad.

Establecido lo anterior, cobra especial relevancia en el caso particular, el hecho de que el actor es omiso en señalar los medios de prueba precisos con los que pretende probar sus aseveraciones, toda vez que en su escrito de inconformidad únicamente ofrece la presuncional humana y la instrumental de actuaciones contenidas en las fracciones VI y VII del artículo 326 de nuestro Código Comicial, mismas que se valoran de acuerdo a lo establecido en el artículo 328 del ordenamiento antes citado.

En relación a la prueba presuncional, cabe mencionar que ésta se ofrece con la finalidad de reconstruir los hechos mediante deducciones o inducciones lógicas, infiriendo de los hechos conocidos o ciertos, los hechos desconocidos o inciertos, es decir, se sustenta en lo conocido para llegar a lo desconocido; por lo que respecta a la presuncional humana a la cual el actor hace referencia, esta surge tan solo de la percepción y deducción del juzgador, de lo que enseña la experiencia, sin que la vinculación esté prevista por la norma. Ahora bien, por lo que respecta a la prueba instrumental de actuaciones, el Código de la materia establece en el artículo 327, fracción V, que serán todas las actuaciones que consten en el expediente.

En este sentido, de las constancias que integran el expediente, consistentes en las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, Hojas de Incidentes de las casillas impugnadas, del Acta de Sesión Permanente de la Jornada Electoral del Consejo Distrital número XVIII de Tlalnepantla, Estado de México, de fecha cinco de julio del año en curso, documentales que al tener el carácter de públicas adquieren pleno valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 326 fracción I, 327 fracción I, incisos a) y b), 328 párrafo segundo del Código Comicial; así como de las documentales privadas consistentes en escritos de incidentes y de protesta las que en términos de los artículos 326, fracción II, 327, fracción II y 328, párrafo tercero del Código Electoral vigente en la entidad, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, adminiculadas con los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, se advierte que éstas no son suficientes para acreditar o generar la presunción de los hechos aducidos por el actor.

Cabe resaltar que el actor en su escrito de demanda hace una serie de argumentaciones, por medio de las cuales manifiesta de manera general que, el día de la jornada electoral se presentaron diferentes personas, quienes a unos metros de las casillas regalaban dinero, despensas y otros bienes, sin embargo el partido recurrente en ningún momento precisa las circunstancias de tiempo, modo, y lugar en que ocurrieron las presuntas irregularidades en cada una de las casillas impugnadas, lo cual impide a este Tribunal realizar el análisis y comprobación de los hechos en lo individual, porque si bien es cierto, que en el escrito recursal se mencionan las casillas cuya nulidad se solicita, también lo es que no se especifican las circunstancias que mediaron en el caso, por lo tanto, dichos hechos son descripciones abstractas y generales que no señalan de manera clara y precisa como es que se ejercieron los actos de soborno sobre los electores.

Ahora bien, no obstante que no hay individualización de los hechos que acontecieron en las casillas impugnadas como ya se señaló, este Órgano Jurisdiccional, con base en el principio de exhaustividad que deben revestir las resoluciones electorales, realizó el estudio de las pruebas que obran en el presente expediente, a fin de conocer si en ellas constaba alguno o algunos hechos que nos permitieran generar convicción sobre la veracidad de los actos mencionados por el partido político actor.

De manera que, de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, así como de las Hojas de Incidentes de las casillas que impugna el actor, se desprende que no hay mención alguna de que se hayan suscitado incidentes relacionados con los hechos manifestados por el promovente; por otra parte, el Acta de Sesión Permanente del Consejo Municipal de Tlalnepantla, tampoco contiene reporte alguno de incidentes sobre cohecho o soborno a los electores o a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante el desarrollo de la jornada electoral; y por último, en los escritos de incidentes y de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos, ante los funcionarios de las mesas directivas de casilla, tampoco existe anotación alguna que refiera que se suscitaron hechos relacionados con la causal en estudio.

Por lo tanto, al no existir los medios de prueba idóneos con los cuales el partido impugnante pueda robustecer su dicho, y en razón de que con las que obran en el expediente no se pudo establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que no basta que el promovente haga únicamente alusión a la causal sino que debe de aportar todos los medios necesarios para acreditar todos y cada uno de los elementos que la integran, es decir, al alegar que existieron actos de cohecho o soborno el día de la jornada electoral, conlleva a la necesidad jurídica de justificar su dicho con medios de convicción suficientes que acrediten que los actos alegados se ejercieron durante el desarrollo de la votación, ya sea sobre los electores o los funcionarios de casilla, y que actualice los extremos de la causal en estudio tal y como lo establece el artículo 332, segundo párrafo del Código de la materia y que textualmente dice " El que afirma está obligado a probar".

Señalado lo anterior, al haberse establecido que el inconforme basa su agravio en apreciaciones de carácter general y subjetivo, que no encuentran soporte probatorio alguno, se declara INFUNDADO el mismo, considerándose que no se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México.

VIII. Por otro lado, el partido político actor impugna las casillas 4972 B, 4972 C1, 4973 B, 4973 C1, 4974 B, 4844 B, 4844 C1, 4965 C1, 4965 B, 4966 B, 4966 C1, 4967 C1, 4837 B, 4837 C1, 4837 C2, 4964 B, 4964 C1, 4964 C2, 4867 B, 4867 C1, 4860 C1, 4952 C1 manifestando que le causa agravio el hecho de que la votación se recibió por personas distintas a las facultadas legalmente. Desde su apreciación, se actualiza la causal de nulidad prevista por la fracción VII del artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, argumentando lo siguiente:

“2.- En virtud de que durante la jornada electoral, en las casillas que se indican en el apartado 3 de este escrito, se dieron hechos que constituyen una o varias causales de nulidad de las señaladas en el artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, se presenta la demanda de juicio en contra del cómputo y sus resultados realizada por el Consejo Distrital Electoral número 18 con sede en TLALNEPANTLA Estado de México.

3.- CASILLAS CUYA VOTACIÓN SE IMPUGNA, CAUSALES DE NULIDAD QUE SE INVOCAN, AGRAVIOS Y PRUEBAS.

A) 4972 B, 4972 C1, 4973 B, 4973 C1, 4974 B, 4844 B, 4844 C1, 4965 C1, 4965 B, 4966 B, 4966 C1, 4967 C1, 4837 B, 4837 C1, 4837 C2, 4964 B, 4964 C1, 4964 C2, 4867 B, 4867 C1, 4860 C1, 4952 C1.

En estas casillas se dieron los siguientes:

HECHOS

En las casillas mencionadas anteriormente los funcionarios de la mesa directiva de casilla no corresponden con exactitud a los que aparecen en el encarte de la última publicación que realizó el Instituto Electoral de Estado de México.

AGRAVIOS

La certeza del resultado de la elección depende de que la votación sea recibida por vecinos de la sección electoral donde se desarrolla y de que se encuentren efectivamente capacitados por el Instituto Electoral del Estado, salvo los casos de excepción que expresamente señala la ley, por lo que se agravia al Partido Futuro Democrático la falta de certeza en el cómputo y escrutinio de la elección realizada en estas casillas.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

Se actualiza la causal de nulidad que señala el artículo 298 en su fracción VII.

(…)”

Al respecto, la autoridad responsable en su informe circunstanciado glosado en las presentes actuaciones, aduce lo siguiente:

“(…)

2. En relación al numeral que nos ocupa con respecto al inciso A), se expone lo siguiente:

La ubicación que señala la promovente de las casillas 4973 Básica y 4973 Contigua 1, es la ubicación de las casillas 4972 Básica y 4972 Contigua 1 con relación a la integración de la Mesa Directiva de Casilla 4972 Básica, ésta se integro con tres funcionarios debidamente designados y con un elector que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4972 Básica, ésta se instaló con tres funcionarios debidamente designados, y con un elector que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4972 Contigua 1, ésta se instaló con tres funcionarios debidamente designados y con un elector que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4973 Básica, ésta se instaló con funcionarios debidamente designados, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda y Tercera Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4973 Contigua 1, ésta se instaló con funcionarios debidamente designados, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4974 Básica, ésta se instaló con tres funcionarios debidamente designados y con un elector que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4844 Básica, ésta se instaló con tres funcionarios debidamente designados y con un elector que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4844 Contigua 1, ésta se instaló con funcionarios debidamente designados, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4965 Contigua 1, ésta se instaló con funcionarios debidamente designados, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda y Tercera Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4965 Básica, ésta se instaló con funcionarios debidamente designados, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda y Tercera Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4966 Básica, ésta se instaló con tres funcionarios debidamente designados y con un elector que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4966 Contigua 1, ésta se instaló con dos funcionarios debidamente designados y con un elector que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4967 Contigua 1, ésta se instaló con tres funcionarios debidamente designados y con un elector que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda y Tercera Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4837 Básica, ésta se instaló con dos funcionarios debidamente designados y con 2 electores que se encontraban en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción III del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4837 Contigua 1, ésta se instaló con cuatro electores que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción V del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4837 Contigua 2, ésta se instaló con 1 funcionario debidamente designado y con 3 electores que se encontraban en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción III del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4964 Básica, ésta se instaló con funcionarios debidamente designados, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4964 Contigua 1, ésta se instaló con funcionarios debidamente designados, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda y Tercera Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4964 Contigua 2, ésta se instaló con 2 funcionarios debidamente designados y con 2 electores que se encontraban en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4867 Básica, ésta se instaló con funcionarios debidamente designados, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda y Tercera Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4867 Contigua 1, ésta se instaló con funcionarios debidamente designados, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda y Tercera Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4860 Contigua 1, ésta se instaló con 3 funcionarios debidamente designados y con un elector que se encontraba en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Con relación a la Mesa Directiva de Casilla 4952 Contigua 1 ésta se instaló con 2 funcionarios debidamente designados y con 2 electores que se encontraban en la casilla, con fundamento en el artículo 202, fracción I del Código Electoral del Estado de México, como se puede comprobar con el cotejo entre las Copias Certificadas de las Actas de Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo  con la Segunda Publicación de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla, documentos que se ofrecen como prueba.

Por lo antes expuesto y fundado, no se causa ningún AGRAVIO al Partido Futuro Democrático, toda vez que la instalación de las Mesas Directivas de Casilla se realizó con funcionarios debidamente designados y con fundamento en lo establecido en los artículos 201 y 202 del Código Electoral del Estado de México, por lo que no se actualiza la causal de nulidad señalada en el artículo 298 Fracción VII del Código Electoral del Estado de México.”

En cuanto al tercero interesado, en relación al agravio aducido por el inconforme manifiesta en su escrito que obra en el presente expediente lo siguiente:

"CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS

AGRAVIO A) manifiesta la actora que se violó el principio de certeza dado que, entre otras cosas, el Consejo Distrital No. XVIII de Tlalnepantla de Baz no habría cumplido con el procedimiento de sustitución de funcionario designado supuestamente a persona sin la preparación suficiente, lo que habría generado error y dolo en el escrutinio de las casillas, dado que no existiría certeza según la accionante, de que los funcionarios de las mesas directivas de casilla hubiesen realizado su función con apego a la legalidad y capacidad suficiente para permitir el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos.

El agravio que nos ocupa debe ser desechado por notoriamente improcedente en atención a lo previsto en el artículo 317, que en su fracción sexta establece la exigencia de plantear agravios que se relacionen con el acto, resolución o resultado de la elección que se impugna. Adicionalmente la recurrente no expresa ni acredita la manera en que fueron conculcados los derechos de su partido, no precisa la norma violada o incorrectamente aplicada, ni la infracción que perjudicaría la constitucionalidad o legalidad del proceso, así como la manera en se habría impedido a los mexiquenses el ejercicio libre del voto, además de que las deposiciones que cita no precisa como fueron conculcadas en su perjuicio ni pueden ser utilizadas para expresar un agravio que es claro no se causó en su perjuicio.

Cabe puntualizar que el representante de PFD NO ASISTIÓ a la mayoría de las sesiones ordinarias del Consejo Distrital y NO se enteró de los cambios en los encartes lo que demuestra su falta de interés. Así mismo NO asistió a las sesiones de fechas 5 de julio y 8 de julio de 2009.

Muestra de ello es que en las casillas 4973 B, 4973 C1, 4844 C1, 4965 C1, 4964 B, 4867 B y 4867 C1, los funcionarios son los mismos que aparecen en el tercer encarte.

No obstante lo anterior es pertinente aclarar que la jornada electoral, fue llevada a cabo de acuerdo a lo establecido por el código de la materia y en las actas correspondientes se acredita el procedimiento que se llevo a cabo situación que es del pleno conocimiento del accionante.

Señalo que si se consideraron los casos de excepción previstos en articulo 302 para que existan causa justificada en el cambio de funcionarios, que en su mayoría fueron los segundos escrutadores indicándose en la mayoría de la hojas de incidentes el hecho, por lo que, NO VIOLENTAN los resultados de la elección, también señala que se realizó correctamente el escrutinio de los votos en las casillas por no estar debidamente capacitados, esto es muy difícil que suceda puesto que se encontraba en la mayoría de los casos el otro escrutador que sí estaba capacitado, además de que en todo momento el personal de IEEM apoyaba a instruía a los nuevos funcionarios de como actuar en ese momento.

Por otra parte la recurrente hace una serie de manifestaciones subjetivas a las que no puede otorgársele ningún valor ya que manifiesta que no consta que los ciudadanos que conformaron las mesa directivas de casilla hubiesen cumplido con los requisitos jurídicos aplicables, (sin señalar cuáles son éstos o cuales dejaron de cumplir), y que no pudieron cumplir legal y adecuadamente con las atribuciones que tienen los de su cargo, situación que no deja de ser una manifestación subjetiva ya que no acredita de forma alguna su dicho y pretende equivocadamente que cada funcionario de casilla le rinda una explicación de todo lo realizado en la jornada electoral. No debe perderse de vista, que cada uno de los partidos políticos contendientes tuvieron el derecho de acreditarse en cada casilla instalada representantes..."

Precisados los argumentos que hacen valer las partes, este órgano jurisdiccional procede a determinar, si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad invocada por los actores.

Una vez precisada la pretensión del actor y la postura que adopta la autoridad responsable con respecto a la inconformidad planteada, resulta conveniente, para la mejor comprensión de la causal invocada establecer el marco jurídico que se relaciona con la cuestión puesta al conocimiento de este órgano jurisdiccional, iniciando primeramente con la concepción que la legislación electoral hace de las Mesas Directivas de Casilla en el artículo 127, el cual señala que las Mesas Directivas de Casilla, como autoridades electorales son los órganos electorales integrados por ciudadanos que tienen a su cargo, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo en cada una de las casillas, ubicadas en las distintas secciones de los distritos electorales y los municipios del Estado. Facultando de esta manera a dichos órganos electorales para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales.

Para ello, en el artículo 128 del mismo ordenamiento jurídico, cita la forma en que deberán integrarse las Mesas Directivas de Casilla, y que han de ser con un Presidente, un Secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales, designados conforme al procedimiento señalado en el Código Electoral. Dicho precepto jurídico también señala los requisitos que deberán reunir los ciudadanos que integren las Mesas Directivas de Casilla y son:

“I. Saber leer y escribir y no tener más de setenta años al día de la elección;

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

III. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;

IV. Residir en la sección electoral respectiva;

V. No ser servidor público con cargo directivo o con funciones de mando, independientemente de su denominación, en la administración pública federal, estatal o municipal;

VI. No tener parentesco en línea directa con candidatos registrados en la elección de que se trate.

VII. No ser delegado municipal o miembro directivo de los Consejos de Participación Ciudadana;”

Estas consideraciones de derecho tienden a proteger el principio de certeza que permite al electorado saber que su voto es recibido y custodiado por autoridades legítimas con la finalidad de que los resultados de la elección sean ciertos y firmes.

Debido a la necesidad de que las casillas queden debida y legalmente instaladas, por la trascendencia de privilegiar el ejercicio del sufragio como un imperativo de interés público que permita el fortalecimiento de la democracia, no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el respeto al derecho elemental del ciudadano de ejercer su voto, está plenamente justificado que cuando la Mesa Directiva de Casilla, haya quedado instalada conformé al procedimiento de insaculación ante la ausencia de funcionarios previsto en el artículo 202 del Código Electoral del Estado de México, no se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción VII del artículo 298 del mismo ordenamiento jurídico, por ello, antes de pronunciarse sobre la actualización o no de la causal referida, es pertinente realizar el análisis de las documentales públicas consistentes en actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, para estar en posibilidad de verificar el procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla cuestionadas.

De dicha consideración jurídica se deriva que independientemente que la autoridad electoral municipal responsable, haya elaborado un proceso de insaculación de ciudadanos, los haya capacitado para fungir como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, y haya efectuado sendos nombramientos para el día de la Jornada Electoral, esto no constituye una limitante para que otras personas, diferentes a las nombradas inicialmente, pudiesen fungir como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla durante la Jornada Electoral, pues el referido numeral 202, del Código Comicial de la Entidad, prevé un procedimiento a seguir en caso que los funcionarios originalmente nombrados para cada Mesa Directiva de Casilla, no se presentaran el día de la Jornada Electoral, y además se faculta al Consejo Electoral Municipal correspondiente, para tomar las medidas necesarias para la instalación de la casilla, designando al personal del Instituto Electoral encargado de ejecutar dichas medidas y cerciorarse de su instalación. Esto es así, porque el legislador previó la necesidad de dotar de facultades extensas al Órgano Electoral Municipal para hacer nombramientos de funcionarios de casilla, con la finalidad de privilegiar en todo momento, la recepción del voto el día de la Jornada Electoral, y que se manifieste la voluntad popular traducida en el sufragio, protegiendo el derecho elemental de la ciudadanía de ejercer su voto.

En este orden de ideas, es preciso señalar que el artículo 202 del Código Electoral del Estado de México, no es en todo taxativo, por lo que no existe limitante para que el órgano electoral elabore los nombramientos necesarios de funcionarios electorales, siendo la única condición para fungir como tal, pertenecer a la sección electoral de la casilla, dado que el legislador previó que los funcionarios de casilla, efectivamente sean ciudadanos de la sección electoral donde asuman su función, existiendo para tales nombramientos, facultades extensivas a la autoridad electoral para cerciorarse que se instale la casilla.

Resulta importante advertir, que por razones de método, atendiendo las condiciones propias de la instalación e integración de las casillas impugnadas, se agruparán tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, con el propósito de identificar claramente, si se actualiza o no el supuesto de nulidad invocado por el promovente.

Resaltando que este hecho no repara perjuicio a la causa petendi, debido a que en todo momento se está atendiendo al principio de exhaustividad que deben revestir las resoluciones electorales, en virtud de que al elaborar un estudio de fondo, se tiene como objeto primario, ajustar los puntos de la litis al ordenamiento legal aplicable.

Con relación al agravio hecho valer, por el partido inconforme manifiesta que la votación fue recibida por personas distintas a las facultadas legalmente, ya que no coinciden los nombres de quienes actuaron el día de la elección con aquéllos relacionados en la segunda publicación oficial, llevada a cabo por el Instituto Electoral del Estado de México y estas personas no fueron capacitadas, ni acreditadas por dicho órgano electoral.

A) Realizando el análisis comparativo de las personas que fungieron como funcionarios el día de la jornada electoral en las casillas 4973 C1, 4965 C1, 4965 B, 4964 B, 4964 C1, 4867 B, 4867 C1, 4973 B, 4844 C1 y 4964 C2 se puede advertir que estas fueron debidamente integradas por las  personas  insaculadas  y  capacitadas según se advierte  de las documentales públicas consistentes en: Actas de Jornada Electoral "La Segunda Publicación del listado con número progresivo, ubicación y nombre de los funcionarios de las mesas directivas de casillas electorales que se instalaron el cinco de julio del año dos mil nueve, para recibir la votación en las elecciones para renovar a diputados de la LVII Legislatura del Estado y Miembros de los 125 Ayuntamientos", así como "La Tercera Publicación de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla" emitidas por el Consejo Distrital Electoral correspondiente, conocidos como Encarte Oficial Definitivo y Aviso de Causas Supervenientes, respectivamente, respecto a las casillas electorales del Distrito Electoral XVIII, con sede en Tlalnepantla, las cuales hacen prueba plena en términos de los artículos 326, fracción I, 327, fracción I, incisos a) y b), y 328 párrafo segundo del Código Comicial, como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo:

Con base en el contenido del cuadro que antecede, cabe señalar que no se actualiza la causal de nulidad invocada por el impugnante, puesto que las personas que fungieron como funcionarios de las mesas directivas de casillas, fueron debidamente designadas por el órgano electoral correspondiente, pues éstas aparecen en "La Segunda Publicación del listado con número progresivo, ubicación y nombre de los funcionarios de las mesas directivas de casillas electorales que se instalarán el cinco de julio del año dos mil nueve, para recibir la votación en las elecciones para renovar a diputados de la LVII Legislatura del Estado y Miembros de los 125 Ayuntamientos", así como "La Tercera Publicación de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla" del Distrito Electoral No. XVIII, con sede en Tlalnepantla, emitidas por el Consejo Distrital correspondiente, conocidos como Encarte Oficial Definitivo y Aviso de Causas Supervenientes, respectivamente, como propietarios o suplentes de los cargos a ocupar, por otra parte, cabe señalar que en las casillas 4973 B, 4844 C1, 4964 C1, si bien es cierto que no coinciden plenamente las personas con los cargos originalmente designados por el Consejo correspondiente, también lo es que esto se debió a que se realizó el procedimiento establecido en el artículo 202 del Código electoral vigente en la entidad, llevando a cabo el corrimiento establecido por el precepto citado; así mismo en la casilla 4962 C2, algunos de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de la mesa directiva de casilla fueron tomados de los designados para actuar en otras casillas como miembros de las mismas pero dentro de la sección a la que pertenece la casilla en estudio, por lo que dichas personas se encontraban facultadas, tanto por las autoridades electorales, como por el Código Electoral de la Entidad, para recibir y realizar el cómputo de la votación en las casillas impugnadas, resultando en consecuencia INFUNDADO el agravio referido por los inconformes, respecto de las casillas mencionadas.

B) Con relación a las casillas 4972 B, 4966 B, 4967 C1, 4837 B, 4837 C2 4860 C1, 4974 B, 4844 B y 4952 C1 que impugna el inconforme por la causal en estudio, una vez analizadas las constancias de autos, consistentes en actas de jornada electoral, hojas de incidentes y la publicación del Encarte Oficial definitivo, documentales cuyo valor probatorio ha sido otorgado en párrafos anteriores, se advierte que, efectivamente, fungieron como funcionarios electorales personas diversas a las que aparecen en el Encarte Oficial definitivo. Sin embargo, debe destacarse la presencia de los presidentes de las mesas directivas de casilla, personas legalmente insaculadas y capacitadas, quienes de acuerdo con la Legislación Electoral, gozan de la facultad para designar a los funcionarios necesarios en sustitución de los ausentes, pudiendo el nombramiento recaer en personas distintas a las que fueron debidamente capacitadas.

Ahora bien, se debe señalar que los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, designaron a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes, sujetándose al procedimiento marcado en el artículo 202 del Código Electoral local. Si el presidente omite la formalidad de asentar dicha circunstancia en la hoja de incidentes, no resulta ser una omisión que reste validez o certeza a la votación recibida, por lo tanto, los pactos celebrados por las personas que se incorporaron como funcionarios de las mesas directivas de casilla, resultan plenamente válidos y con la suficiente fuerza legal para prevalecer sobre las omisiones cometidas.

A mayor ilustración, se presenta un cuadro comparativo, donde se puede apreciar que la integración de las mesas directivas de casilla se realizó ajustada a derecho. En su caso, la incorporación de las personas designadas por el presidente en funciones, corresponde cabalmente a las disposiciones legales aplicables. Es importante anticipar que la hora de instalación de las casillas y la presencia del presidente insaculado y capacitado, permite apreciar la justificación del supuesto normativo que se deriva del artículo 202 del Código Electoral del Estado de México.

De la información que contienen los cuadros que anteceden, se puede señalar que los argumentos expresados por el impugnante son insuficientes para actualizar la causal de nulidad alegada. En estricto sentido, considerando la hora de instalación de las casillas y la presencia del presidente, en unos casos y en otros el corrimiento legalmente establecido, se puede concluir que la designación y actividad de las personas que se desempeñaron como funcionarios de las mesas directivas de casillas, aún tratándose de ciudadanos no insaculados y capacitados, resulta conforme a derecho, desestimando la posibilidad de tacharlas como ilegales, pues no obra en el expediente constancia alguna que nos permita establecer que la designación de los funcionarios que aparecen en el acta de jornada electoral o de escrutinio y cómputo, no fue realizada por el funcionario que actuó como presidente. Por el contrario, se puede señalar que el mismo contaba, según la hora de instalación, con la facultad legal para realizar las sustituciones necesarias de funcionarios de mesa directiva conforme lo previene el artículo 202 del Código Comicial, a fin de instalar la casilla electoral, ya que la instalación es prioritaria el día de la jornada con el ánimo de recibir oportunamente la votación.

Ahora bien, atento al principio rector que debe operar como prioridad en la instalación de casillas que consagran los artículos 202 y 204 del Código Electoral del Estado de México vigente, se considera que se debe dar prioridad a la instalación de las casillas, para recibir la votación, como principio rector del derecho electoral, aún cuando para ello se designen ciudadanos que no hayan sido sujetos al procedimiento ordinario de insaculación y se omita la formalidad de asentar la constancia respectiva en la hoja de incidentes, pues por un lado, el propio Código Electoral, autoriza que el nombramiento de los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes, recaiga en personas que no hayan sido insaculados, de darse posibles irregularidades relativas a que no se puntualicen los incidentes, que se den al respecto, se deben entender como menores y comprensibles, toda vez que la función efectuada por los integrantes de las mesas directivas de casilla es desarrollada por un órgano no profesional, lo que de ningún modo puede traducirse en la nulidad de la votación.

Por lo tanto, al no acreditarse los extremos que prevé la hipótesis legal, ni actualizarse la causal de nulidad hecha valer por los impugnantes, este órgano jurisdiccional estima INFUNDADOS, los agravios expuestos por el actor en relación a las casillas estudiadas.

C) Por cuanto hace a las casillas 4972 C1, 4966 C1 y 4837 C1, del estudio realizado a las constancias que obran en el presente expediente como son las respectivas actas de jornada electoral, la segunda publicación del encarte oficial definitivo y la publicación de aviso de sustitución por causas supervenientes, documentales públicas que ya han sido valoradas en párrafos  anteriores, se presenta el siguiente cuadro esquemático:

Del cuadro que antecede se advierte que los presidentes que actuaron como funcionarios electorales en las casillas 4966C1 y 4837C1, fueron nombrados de los electores formados para emitir su voto en ese momento, lo que puede traducirse en incertidumbre en los comicios, y esto se dice en virtud de que la actuación de los presidentes de casilla son fundamentales para el adecuado desarrollo de las funciones encomendadas a las mesas directivas de casilla, y el hecho de que no hubiesen actuado personas debidamente capacitadas por el Consejo Electoral respectivo, origina una irregularidad trascendente para la recepción de la votación. Lo anterior tiene su fundamento en los artículos 127 y en la fracción II del artículo 129 de nuestro Código Comicial, que establece las atribuciones que corresponden a los presidentes de casilla, destacando que es la autoridad electoral encargada de presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en nuestro código a lo largo de la jornada electoral; identificar a los electores; mantener el orden en la casilla; practicar con el auxilio del secretario y de los escrutadores el escrutinio y cómputo; remitir los paquetes electorales al Consejo Distrital; retirar de la casilla a las personas que incurran en alteración grave del orden, que impidan la libre emisión del sufragio, que violen el secreto del voto, o que realicen actos de intimidación y violencia, o que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo.

De tal suerte que en las casillas 4966 C1 y 4837 C1, al no haberse respetado el corrimiento que establece el precepto legal 202 del Código Comicial con los ciudadanos que fueron debidamente capacitados e insaculados, y en virtud de que los que fungieron como presidentes de casilla, fueron ciudadanos que se encontraban formados para ejercer su derecho al voto, resulta evidente que la integración de las mesas directivas de casilla pone en duda la certeza y legalidad de los hechos acontecidos durante el desarrollo de la jornada electoral.

Por otra parte, respecto de la casilla 4972 C1 del análisis realizado a la lista nominal de electores correspondiente a la sección a la que ésta pertenece, se desprende que el C. Raúl Calderón Pérez, no se encuentra inscrito en ella, situación que transgrede a lo establecido en el artículo 128 de nuestro Código Comicial, lo anterior se sostiene en razón de que dicho ordenamiento señala que las mesas directivas de casilla, se integran por ciudadanos de la sección electoral respectiva, en pleno uso y goce de sus derechos político electorales, con el requisito sine qua non de estar inscritos en el registro federal de electores y contar con su credencial vigente.

Por su parte el artículo 166 del mismo ordenamiento, prescribe la forma en que deben proceder los ciudadanos insaculados y nombrados para los cargos de presidente, secretario y escrutadores propietarios de la casilla electoral, y al efecto el arábigo 202 de dicho código, establece el mecanismo o procedimiento para seguir en caso de que no se pueda instalar la mesa directiva.

Ahora bien, en lo particular, la designación o nombramiento de los funcionarios deben recaer de entre los electores que se encuentren en la casilla, esto es, pertenecientes a dicha sección electoral, lo anterior se robustece con la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por este Tribunal Electoral, bajo el número de identificación TEEMEX.JR.ELE 12/09, cuyo texto y rubro es el siguiente: