JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL y Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

EXPEDIENTES: ST-JRC-163/2021 Y SUS ACUMULADOS ST-JRC-164/2021, ST-JDC-628/2021 Y ST-JDC-631/2021

PARTE ACTORA: nueva alianza Hidalgo, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, REGINALDO GONZÁLEZ VIVEROS y MARCIA TORRES GONZÁLEZ

PARTE TERCERA INTERESADA: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, nueva alianza Hidalgo, MARCIA TORRES GONZÁLEZ Y REGINALDO GONZÁLEZ VIVEROS

AUTORIDAD RESPONSABLE: tRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CARLOS SILVA ADAYA

SECRETARIADO: fabián TRINIDAD jiménez, andrés garcía hernández, GLORIA RAMÍREZ MARTÍNEZ Y Adriana AlpÍzar Leyva

Toluca de Lerdo, Estado de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno

Sentencia que modifica, en lo que fue materia de impugnación, la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo dentro del expediente JIN-II-MC-001/2021 y sus acumulados JIN-II-PRI-004/2021, JIN-II-NAH-006/2021, JIN-II-MPH-007/2021 y TEEH-JDC-113/2021, en la que, entre otras cuestiones, se determinó modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de las diputaciones locales en el Distrito 02 de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, y derivado de ello, revocó las constancias de mayoría otorgadas a la fórmula integrada por los ciudadanos Reginaldo González Viveros y Odilón Leyva Zenteno, postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Hidalgo", conformada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza Hidalgo.

A N T E C E D E N T E S

I. De los hechos descritos en las demandas, así como de las constancias que obran en los expedientes que se resuelven, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral local. El quince de diciembre del dos mil veinte, inició el Proceso Electoral 2020-2021, para la renovación del Congreso local en el Estado de Hidalgo.

2. Convenio de coalición. El dos de enero del dos mil veintiuno,[1] el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo emitió la resolución IEEH/CG/R/002/2021,[2] por la que se aprobó el registro de la coalición parcial “Juntos Haremos Historia en Hidalgo”, integrada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo, Morena y Nueva Alianza Hidalgo, para contender en el proceso electoral local 2020-2021.

3. Solicitud de registro. El tres de abril, se resolvieron las solicitudes de registro de candidaturas al cargo de diputaciones locales, por parte del Partido Revolucionario Institucional, así como de la coalición parcial “Juntos Haremos Historia en Hidalgo”.

4. Jornada Electoral. El seis de junio, se llevó a cabo la recepción del voto para la integración del Congreso local de la referida entidad federativa.

5. Cómputo distrital El nueve de junio siguiente inició el cómputo distrital y, en un primer momento, esto es, el once de junio a las veintidós horas con cincuenta y tres minutos, [3] se asentaron en el acta respectiva los resultados siguientes:

El citado consejo distrital electoral, hizo constar que la fórmula que obtuvo una mayor votación de los electores fue la integrada por los ciudadanos Reginaldo González Viveros y Odilón Leyva Zenteno, propietario y suplente, respectivamente, registrados por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Hidalgo", por lo que se procedió a entregar la constancia de mayoría y validez de diputados al Congreso local de Hidalgo.

Posteriormente, la consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo reanudó la sesión especial de cómputo, el doce de junio siguiente, para informar que, debido a un error en el cómputo de la votación de la casilla 1607 especial, se solicitó al Consejo General del Instituto Estatal Electoral la apertura de la bodega para extraer el paquete de dicha casilla, separar la votación de representación proporcional y de mayoría relativa, y elaborar las actas correspondientes.

Los resultados de la elección, a partir de la corrección de la casilla mencionada, se asentaron el doce de junio a las dieciocho horas con once minutos, en el acta correspondiente, que sustituyó la anterior, como continuación se indican, sin que hubiese cambio de ganador:

Total de votos en el distrito

Distribución final de votos a partidos políticos y candidatos/as independientes

Votación final obtenida por los/as candidatos/as

Posteriormente, se declaró la conclusión de la sesión de cómputo de la elección a las veinte horas con siete minutos del doce de junio de dos mil veintiuno.

6. Juicios de inconformidad y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano locales. El quince de junio, el Partido Revolucionario Institucional y la ciudadana candidata a diputada local, Marcia Torres González, promovieron juicio de inconformidad y juicio ciudadano local, respectivamente, impugnando las actas de cómputo distrital, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría de la fórmula ganadora, de la elección en el distrito 02, con cabecera en Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.

El dieciséis de junio siguiente, el partido político Nueva Alianza Hidalgo presentó un diverso juicio de inconformidad, haciendo valer la nulidad de la votación recibida en diversas casillas instaladas en el distrito electoral antes referido.

Tales medios de impugnación quedaron radicados ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo con los números de expedientes JIN-II-PRI-004/2021, TEEH-JDC-113/2021 y JIN-II-NAH-006/2021.

7. Sentencia dictada en el expediente JIN-ll-MC-001/2021 y sus acumulados (acto impugnado). El cinco de agosto, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo resolvió el juicio de inconformidad de referencia y sus acumulados, en el que determinó, entre otras cuestiones, modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de las diputaciones locales en el distrito 02 de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, y derivado de ello, revocó las constancias de mayoría otorgadas a la fórmula integrada por Reginaldo González Viveros y Odilón Leyva Zenteno, postulada por la Coalición "Juntos Haremos Historia en Hidalgo", conformada por los partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza Hidalgo.

Los resultados finales quedaron de la siguiente manera:

Además, declaró ganadora de la elección de la diputación a la fórmula postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

II. Juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-163/2021 y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ST-JDC-628/2021. El ocho de agosto, el partido político Político Nueva Alianza Hidalgo, a través de su representante propietario ante el Consejo Distrital 02 de Zacualtipán de Ángeles del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y el ciudadano Reginaldo González Viveros, candidato propietario a la citada diputación local, por la coalición “Juntos Haremos Historia en Hidalgo”, promovieron sendos medios de impugnación con el objeto de controvertir la sentencia señalada en el punto anterior.

III. Recepción de constancias y turno a ponencia. El nueve de agosto del año en curso, se recibieron, en la oficialía de partes de esta Sala Regional, las demandas, los informes circunstanciados de la autoridad responsable, así como las constancias de publicación de dichos juicios.

En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar los expedientes ST-JRC-163/2021 y ST-JDC-628/2021, y turnarlos a la ponencia del Magistrado Juan Carlos Silva Adaya, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. Juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-164/2021 y juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ST-JDC-631/2021. De la misma forma, el nueve de agosto, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ante el Consejo Distrital Electoral 02 de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, y la ciudadana Marcia Torres González, candidata a la citada diputación local por el referido instituto político, presentaron, ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, sus respectivos medios de impugnación.

V. Recepción de constancias. El diez de agosto, se recibieron, en la oficialía de partes de esta Sala Regional, las demandas, los informes circunstanciados de la autoridad responsable, así como las constancias de publicación de los presentes juicios.

VI. Integración de los expedientes y turno a la ponencia. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar los expedientes ST-JRC-164/2021 y ST-JDC-631/2021, y turnarlos a la ponencia del Magistrado Juan Carlos Silva Adaya, para los efectos precisados en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VII. Recepción de escritos de comparecencia de terceros interesados, relativos a los expedientes ST-JRC-163/2021 y ST-JDC-628/2021. El once de agosto, se recibieron en la oficialía de partes de esta Sala Regional los escritos de comparecencia de terceros interesados del Partido Revolucionario Institucional, así como de la ciudadana Marcia Torres González; el trece siguiente se recibió el escrito de mérito por parte del partido político Movimiento Ciudadano.

VIII. Escrito de presentación de ampliación de demanda. El once de agosto, se recibió en la oficialía de partes de esta Sala Regional, el escrito signado por el ciudadano Reginaldo González Viveros, por el que presentó “ampliación de demanda respecto del juicio para la protección de los derechos ciudadanos promovido por el ocursante en contra de la sentencia pronunciada en fecha 05 de agosto de 2021 con motivo de los juicios de inconformidad: JIN-II-MC-001/2021 y sus acumulados JIN-II-PRI-004/2021, JIN-II-NAH-006/2021, JIN-II-MPH-007/2021 y TEEH-JDC-113/2021”.

IX. Recepción de escritos de comparecencia de terceros interesados, relativos a los expedientes ST-JRC-164/2021 y ST-JDC-631/2021. El trece de agosto, se recibieron, en la oficialía de partes de esta Sala Regional, los escritos de comparecencia de terceros interesados del partido político Nueva Alianza Hidalgo, así como del ciudadano Reginaldo González Viveros.

X. Radicación y admisión. El quince y dieciséis de agosto, el magistrado instructor radicó los expedientes y admitió a trámite las demandas.

XI. Cierres de instrucción. Al advertir que no existía alguna diligencia pendiente por desahogar, en su oportunidad, el magistrado instructor declaró cerrada la instrucción en los asuntos, quedando los autos en estado de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ejerce jurisdicción y resulta competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, párrafo primero; 94, párrafo primero, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción II; 164; 165; 166, fracción III, incisos b) y c); 173, párrafo primero, y 176, fracciones III y IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 3°, párrafos 1 y 2, incisos c) y d); 4°, párrafo 1; 6°; 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso d); 83, párrafo 1, inciso b), fracción II; 86; 87, párrafo 1, inciso b), y 88, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, toda vez que se trata de dos juicios de revisión constitucional electoral y dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, presentados para controvertir la sentencia emitida por un órgano jurisdiccional de una entidad federativa (Hidalgo) que pertenece a la circunscripción en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Justificación para resolver en sesión no presencial. El uno de octubre de dos mil veinte, la Sala Superior de este Tribunal Electoral emitió el acuerdo General 8/2020, por el cual, aun cuando reestableció la resolución de todos los medios de impugnación, en su punto de acuerdo segundo determinó que las sesiones continuarán realizándose por medio de videoconferencias, hasta que el Pleno de ese órgano jurisdiccional determine alguna cuestión distinta.

En ese sentido, se justifica la resolución de los presentes juicios de manera no presencial.

TERCERO. Acumulación. De las demandas que dieron origen a la integración de los expedientes con los que se identifica a los presentes juicios, se advierte que existe conexidad en la causa, derivado de la identidad en la autoridad responsable (Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo) y en el acto reclamado, de ahí que se considere conveniente su estudio en forma conjunta; ello, con el objeto de evitar que se dicten sentencias contradictorias.

Por tanto, atendiendo al principio de economía procesal y con la finalidad de evitar sentencias contradictorias, en términos de lo previsto en los artículos 180, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como los diversos 79 y 80, párrafo último, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo procedente es resolver de manera conjunta los medios de impugnación precisados; por lo que, se deberán acumular los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral ST-JDC-628/2021, ST-JDC-631/2021 y ST-JRC-164/2021 al diverso ST-JRC-163/2021, por ser éste el primero que se recibió en esta Sala Regional.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

CUARTO. Procedencia de los juicios ciudadanos ST-JDC-628/2021 y ST-JDC-631/2021. Los medios de impugnación reúnen los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 8º, 9º y 13, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:

a) Forma. En las demandas constan el nombre de la parte actora, el lugar para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos, los agravios que le causa el acto controvertido y los preceptos, presuntamente, violados; asimismo, se hace constar el nombre y la firma autógrafa de quien promueve.

b) Oportunidad. Se cumple este requisito porque la autoridad responsable emitió la sentencia impugnada el cinco de agosto del año en curso, por tanto, si las demandas de estos juicios se presentaron el ocho y nueve de agosto siguientes, respectivamente, como se aprecia en el sello y acuse de recibo correspondientes,[4] se consideran oportunas al haberse presentado dentro del plazo de cuatro días de conformidad con lo previsto en los artículos 7°, párrafo 1, y 8º, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

c) Legitimación e interés jurídico. Se cumplen ambos requisitos, toda vez que, el juicio ST-JDC-631/2021 fue promovido por la ciudadana Marcia Torres González, en su calidad de candidata a diputada local por el Partido Revolucionario Institucional en el distrito electoral 02 de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, en contra de la sentencia de cinco de agosto del presente año recaída al expediente JIN-II-MC-001/2021, y sus acumulados, entre los cuales se encuentra el promovido por la referida ciudadana (TEEH-JDC-113/2021); sentencia que considera contraria a sus intereses.

Respecto del enjuiciante del expediente ST-JDC-628/2021, el primer requisito se encuentra satisfecho, en virtud de que, éste fue promovido por un ciudadano, por su propio derecho, y en su carácter de candidato por la citada diputación de la coalición “Juntos Haremos Historia en Hidalgo”.

Asimismo, se encuentra satisfecho el requisito relativo al interés jurídico de este ciudadano, debido a que, a través de la sentencia impugnada se revocó la constancia de mayoría y validez que le había sido expedida a su favor como diputado propietario del distrito 02 de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, por parte de la autoridad administrativa electoral competente.

Por lo tanto, aun cuando no formó parte de la secuela procesal, hay una sentencia que resulta adversa a sus intereses, debido a que, a partir de que se generó dicho acto, fue que le provocó perjuicio al haberse revocado su constancia de mayoría.

De ahí que, se considera que posee el interés jurídico para ejercer su derecho de defensa.

Sirve de criterio a lo anterior, el contenido en la jurisprudencia 8/2004 de rubro LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO IMPUGNADO AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE.[5]

d) Definitividad y firmeza. Se colma este requisito, porque no se encuentra previsto algún medio de impugnación en la legislación electoral del Estado de Hidalgo para controvertir la sentencia del Tribunal Electoral local, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la atribución de alguna autoridad de esa entidad para revisar y, en su caso, revocar, modificar o anular, oficiosamente o a instancia de parte, el acto impugnado, la cual deba ser agotada, previamente, a la presentación de los medios de impugnación en que se actúa.

QUINTO. Procedencia de los juicios de revisión constitucional electoral ST-JRC-163/2021 y ST-JRC-164/2021. Las demandas reúnen los requisitos generales y especiales de procedencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7°, párrafo 1; 8°; 7°; 9°; 12, párrafo 1, inciso a); 13, párrafo 1, inciso a), fracción I; 86, párrafo 1, y 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a) Forma. Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad responsable, y en ella se hace constar el nombre del partido político; el lugar para oír y recibir notificaciones; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que basan su impugnación, los agravios que, supuestamente, les causa el acto controvertido, y los preceptos, presuntamente, violados, además de que consta el nombre y la firma autógrafa de quien comparece en representación del instituto político actor.

b) Oportunidad. Se cumple con este requisito toda vez que la sentencia impugnada fue emitida el cinco de agosto de dos mil veintiuno, por lo que, si las demandas se presentaron el ocho y nueve de agosto siguientes, respectivamente, es evidente que se promovieron dentro del plazo de cuatro días previsto para tal efecto.

c) Legitimación y personería. Estos requisitos se satisfacen, ya que quienes promueven los juicios son dos partidos políticos, por conducto de sus respectivos representantes ante el 02 Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Zacualtipán de Ángeles, calidad que les fue reconocida por la autoridad responsable al rendir los informes circunstanciados, en cada juicio.

d) Interés jurídico. Se cumple con este requisito, debido a que, los partidos políticos promoventes fueron los que presentaron los juicios de inconformidad a los cuales les recayó la resolución ahora reclamada, misma que, en su concepto, consideran que es contraria a sus intereses jurídicos.

e) Definitividad y firmeza. Se colma este requisito, porque no se encuentra previsto algún medio de impugnación en la legislación electoral del Estado de Hidalgo para controvertir la sentencia del Tribunal Electoral local, ni existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la atribución de alguna autoridad de esa entidad para revisar y, en su caso, revocar, modificar o anular, oficiosamente o a instancia de parte, el acto impugnado, la cual deba ser agotada, previamente, a la presentación de los medios de impugnación en que se actúa.

f) Violación de preceptos de la constitución federal. El partido político actor en el juicio ST-JRC-163/2021, en su demanda, refiere que la sentencia impugnada transgrede lo dispuesto en los artículos 14; 16; 17; 35, fracción II; 41, párrafo tercero, bases I, segundo párrafo, y VI, penúltimo párrafo, y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el partido político actor en el juicio ST-JRC-164/2021, en su demanda, refiere que la sentencia impugnada transgrede lo dispuesto en los artículos 14; 16; 17: 35 fracciones I y II; 41, bases I, párrafo segundo y V, apartado A, de la Constitución federal.

Con dichas aseveraciones, se satisface este requisito formal, ya que éste no implica el análisis previo de los agravios expuestos.[6]

g) Que la reparación solicitada sea, jurídica y materialmente, posible dentro de los plazos electorales. La reparación solicitada es factible, puesto que, de acoger la pretensión de alguno de los partidos políticos actores, existe la posibilidad jurídica y material de modificar y/o revocar la sentencia impugnada, con todos sus efectos jurídicos.

Además de que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la toma de posesión de los integrantes del Congreso local en el Estado de Hidalgo sucederá el cinco de septiembre del presente año.

h) Violación determinante. Se considera colmado este requisito, toda vez que, por virtud de la resolución impugnada, la autoridad responsable declaró la nulidad de diversas casillas, modificó los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados locales y revocó las constancias de mayoría del Distrito 02 de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, y los partidos políticos expusieron agravios con la finalidad de acreditar la supuesta ilegalidad de esa determinación (Nueva Alianza Hidalgo) o de conseguir la nulidad de determinada votación, a efecto de modificar el cómputo de la elección (Partido Revolucionario Institucional), por lo que, al efecto se resuelva, puede ser determinante en el resultado de los comicios de referencia.

Sirve de sustento a lo anterior lo dispuesto en la jurisprudencia 15/2002, de rubro VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO.[7]

i) Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes, para combatir los actos o resoluciones electorales en virtud de los cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado. Este requisito se tiene por acreditado, ya que los partidos políticos presentaron el medio de impugnación previsto en la normativa local, esto es, los juicios de inconformidad, a los cuales les recayó la sentencia controvertida.

SEXTO. Procedencia de los escritos de terceros interesados. En los medios de impugnación que se analizan comparecieron los terceros interesados que se precisan a continuación:

Los escritos presentados por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza Hidalgo, así como por los ciudadanos Marcia Torres González y Reginaldo González Viveros, como terceros interesados en los presentes juicios, satisfacen los requisitos previstos en el artículo 17, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo siguiente:

a) Forma. Los escritos del Partido Revolucionario Institucional, así como de la ciudadana Marcia Torres González fueron, debidamente, presentados ante este órgano jurisdiccional.

Por cuanto hace a los escritos presentados por el partido político Nueva Alianza Hidalgo y el ciudadano Reginaldo González Viveros, éstos fueron, debidamente, presentados ante la autoridad responsable; en los que se hizo constar el nombre y la firma autógrafa de quien compareció como tercero interesado (en representación del instituto político, en su caso); además, se señaló el domicilio para oír y recibir notificaciones y, por último, se formuló la oposición a la pretensión de la parte actora mediante la exposición de los argumentos que consideraron pertinentes.

b) Oportunidad. Los escritos fueron presentados dentro de las setenta y dos horas, contadas a partir de la publicación de los medios de impugnación, como se detalla a continuación:

c) Legitimación y personería. El Partido Revolucionario Institucional, así como la ciudadana Marcia Torres González tienen legitimación como terceros interesados en los juicios ST-JRC-163/2021 y ST-JDC-628/2021, toda vez que aducen tener un derecho incompatible con la pretensión de los promoventes.

El partido político Nueva Alianza Hidalgo, así como el ciudadano Reginaldo González Viveros tienen legitimación como terceros interesados en los juicios ST-JRC-164/2021 y ST-JDC-631/2021, respectivamente, toda vez que aducen tener un derecho incompatible con la pretensión de los promoventes.

Asimismo, se reconoce la personería de los representantes de los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza Hidalgo, acreditados ante la autoridad responsable, en términos de lo establecido en los artículos 12, párrafo 1, inciso c), y 13, párrafo 1, inciso a), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior, porque en el informe circunstanciado que remitió la autoridad responsable en el juicio ST-JRC-164/2021, le reconoce al ciudadano Florencio Cruz Juárez la calidad de representante del Partido Revolucionario Institucional, acreditado ante el Consejo Distrital 02 de Zacualtipán de Ángeles del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, lo cual se invoca como un hecho notorio.[8]

Asimismo, en el informe circunstanciado que remitió la autoridad responsable en el juicio ST-JRC-163/2021 le reconoce al ciudadano Pablo Villegas Rodríguez la calidad de representante propietario del partido político Nueva Alianza Hidalgo, acreditado ante el Consejo Distrital 02 de Zacualtipán de Ángeles del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, lo cual se invoca como un hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SÉPTIMO. Improcedencia del escrito de comparecencia del partido político Movimiento Ciudadano. Respecto del escrito signado por el ciudadano Ignacio Hernández Mendoza, quien se ostenta como representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través del cual pretende comparecer como tercero interesado en el juicio ST-JRC-163/2021, se advierte que fue presentado fuera del plazo de las setenta y dos horas previsto en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), y párrafo 4, de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las constancias de autos, se advierte que la responsable fijó en los estrados la cédula por la que se publicó la demanda que dio origen a este juicio, a las quince horas con cuarenta y ocho minutos del ocho de agosto del presente año, por lo que dicho plazo feneció a las quince horas con cuarenta y ocho minutos del once de agosto de este año.

Por ende, si el escrito de comparecencia que se analiza fue presentado a las veintidós horas con cinco minutos del once de agosto es evidente que compareció fuera del plazo antes mencionado, por lo que lo conducente es tenerlo por no presentado; de acuerdo con lo regulado en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), y párrafo 4, de la referida ley de medios.

OCTAVO. Improcedencia del “escrito de ampliación de demanda” presentado por el ciudadano Reginaldo González Viveros. Por cuanto hace al escrito signado por el ciudadano Reginaldo González Viveros, por el que pretende presentar “ampliación de demanda respecto del juicio para la protección de los derechos ciudadanos promovido por el ocursante en contra de la sentencia pronunciada el cinco de agosto de dos mil veintiuno con motivo de los juicios de inconformidad JIN-II-MC-001/2021 y sus acumulados JIN-II-PRI-004/2021, JIN-II-NAH-006/2021, JIN-II-MPH-007/2021 y TEEH-JDC-113/2021”, también se declara improcedente.

Ello, porque del contenido de dicho documento se advierte que el ciudadano actor no invoca hechos nuevos, íntimamente, relacionados con la pretensión deducida o desconocidos por la parte actora, al momento de presentar su primer escrito de demanda; sino que, por el contrario, pretende reforzar la argumentación de los mismos hechos ya señalados en un su primer escrito de demanda que dio origen al juicio ciudadano ST-JDC-628/2021.

Derivado de ello, se advierte que el actor había agotado su derecho de impugnación al presentar el primer juicio ciudadano federal, por lo que es válido concluir que precluyó.

En ese sentido, acorde a la jurisprudencia 18/2008 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR,[9] los derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes.

Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos, estrechamente, relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado; por ende, no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente establecidos.

En ese sentido, al no ubicarse el enjuiciante en la hipótesis de excepción para estar en posibilidad de ampliar su primer escrito de demanda, es que se declara improcedente la presentación de ésta.

NOVENO. Causal de improcedencia. Por tratarse de una cuestión previa al estudio de la controversia planteada, debe analizarse si se actualiza la causal de improcedencia hecha valer, tanto por el Partido Revolucionario Institucional, como por la ciudadana Marcia Torres González en el juicio ST-JDC-628/2021.

Al respecto, aducen que el ciudadano Reginaldo González Viveros carece de legitimación, en virtud de que no se apersonó como tercero interesado y tampoco como actor dentro del expediente JIN-II-MC-001/2021 y sus acumulados, por lo que consideran que debe decretarse la improcedencia del referido medio de impugnación.

La causal de improcedencia se desestima.

Lo anterior, porque como se explicó en el apartado correspondiente, el ciudadano Reginaldo González Viveros cuenta con legitimación, debido a que, a través de la sentencia impugnada se revocó la constancia de mayoría y validez expedida a su favor como diputado propietario del distrito 02 de Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.

Por lo tanto, aun cuando no formó parte de la secuela procesal, hay una sentencia que resulta adversa a sus intereses, de ahí su interés jurídico para ejercer su derecho de defensa; ello, con base en el contenido en la jurisprudencia 8/2004 de rubro LEGITIMACIÓN ACTIVA EN ULTERIOR MEDIO DE DEFENSA. LA TIENE EL TERCERO INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANÓ EL ACTO IMPUGNADO, AUNQUE NO SE HAYA APERSONADO EN ÉSTE.[10]

En mérito de lo expuesto, se desestima la causal hecha valer tanto, por el ente político señalado, como por la ciudadana tercera interesada.

DÉCIMO. Diligencias para mayor proveer. En sus respectivos escritos de tercería, tanto el Partido Revolucionario Institucional, así como la ciudadana Marcia Torres González, le solicitan a este órgano jurisdiccional para que se instruya al Instituto Nacional Electoral que informe si el Barrio de Camposanto del Municipio de Xochicoatlán vota en la sección 1576.

Sin embargo, dicha solicitud es improcedente por haberse incumplido con la carga procesal establecida en el artículo 9, numeral 1, inciso f), que establece que, para el caso del requerimiento de las pruebas solicitadas por el promovente, éste debe justificar que, oportunamente, las solicitó al órgano competente y éstas no le hubieren sido entregadas.

En el caso, se advierte que, en su escrito de tercería personería, ni el Partido Revolucionario Institucional, ni la ciudadana Marcia Torres González anexaron documento alguno que acreditara la solicitud de mérito al órgano competente del Instituto Nacional Electoral para que le informara si en el Barrio de Camposanto del Municipio de Xochicoatlán se vota en la sección 1576.

DÉCIMO PRIMERO. Existencia del acto impugnado. El presente juicio se promueve en contra de la sentencia aprobada por votación mayoritaria de los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en su sesión de cinco de agosto de dos mil veintiuno.

De la revisión del acto impugnado se concluye que la determinación fue aprobada por unanimidad de votos de sus integrantes en ejercicio de las facultades del órgano, establecidas en el marco jurídico aplicable, y por la totalidad de los integrantes de su colegiado.

De ahí que, resulte válido concluir que el acto impugnado existe y surte efectos jurídicos, en tanto que esta autoridad revisora no determine lo contrario, sobre la base de los agravios planteados por la parte actora.

DÉCIMO SEGUNDO. Estricto derecho. Antes de llevar a cabo el resumen de los agravios y estudiar el fondo del asunto planteado, es necesario indicar que el juicio de revisión constitucional electoral es un medio de impugnación de estricto derecho, en el cual se deben cumplir, indefectiblemente, determinados principios y reglas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En este contexto, cabe destacar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el juicio de revisión constitucional electoral no procede la suplencia de la queja deficiente, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto derecho, por lo que no está permitido a este órgano jurisdiccional suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios, cuando los mismos no puedan ser deducidos, claramente, de los hechos expuestos, por lo que el tribunal de conocimiento debe resolver con sujeción a los agravios expuestos por el enjuiciante.

Si bien la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha admitido que se pueden tener por formulados los agravios, independientemente, de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, también es verdad que, como requisito indispensable, se debe expresar con claridad la causa de pedir, detallando el agravio o daño que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que lo originaron.

De ahí que, como lo ha sostenido, reiteradamente, la Sala Superior, los motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver; esto es, se tiene que hacer patente que los argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme con los preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho; deben expresarse, con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales se concluya que la responsable no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo que era aplicable o, por el contrario, se valió de otra no aplicable al caso concreto, o bien hizo una incorrecta interpretación de la norma.

En este sentido, los agravios que dejen de atender tales requisitos resultarían inoperantes, puesto que no se controvierten, en sus puntos esenciales, la resolución impugnada, lo que tiene por consecuencia que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el acto reclamado.

DÉCIMO TERCERO. Síntesis de agravios.

        Agravios ST-JRC-163/2021 y ST-JDC-628/2021

Tanto el partido político Nueva Alianza Hidalgo como el ciudadano candidato postulado por dicho ente, señalan los siguientes motivos de inconformidad:

b)   Indebida nulidad de las casillas 1600 E1 y 1604 C1 por la causal relativa a que se efectuó la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por el Código, y

        Agravios ST-JRC-164/2021 y ST-JDC-631/2021

Tanto el Partido Revolucionario Institucional, como la ciudadana candidata postulada por dicho ente político, señalan, medularmente, como motivos de inconformidad los siguientes:

DÉCIMO CUARTO. Estudio de fondo.

En primer término, se hace la precisión de que los agravios se analizarán en el orden en que fueron enlistados.

Lo anterior, no le genera perjuicio al partido político promovente, dado que lo trascendental es que se analicen todos sus agravios, aunque no sea en el orden en que fueron señalados por la parte actora; ello, en atención a la jurisprudencia 4/2000, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.[11]

-Agravios ST-JRC-163/2021 y ST-JDC-628/2021

a)                Indebido estudio de la causal de nulidad de casilla, consistente en que se efectuó la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por el Código

Ello, porque a consideración de la parte actora, desde que presentaron su escrito de tercero interesado ante la instancia jurisdiccional local, era improcedente el análisis del estudio de la nulidad de las casillas indicadas por los promoventes por esa causal en el juicio de inconformidad.

Lo anterior, por no haber cumplido con los extremos previsto en el artículo 424, fracción II, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, dado que, los enjuiciantes, en su escrito de demanda, no especificaron cuál de los funcionarios de cada casilla denunciada no aparecía en el listado nominal de la sección correspondiente, sino que, por el contrario, los actores en la instancia primigenia, en la mayoría de las casillas que perdieron sus candidatos, incluyeron a todos los integrantes de las mesas receptoras de la votación; por tanto, no expresaron un análisis pormernorizado de cada caso para demostrar al órgano jurisdiccional estatal su irregularidad planteada. Lo anterior, trajo como consecuencia que a la parte actora en el juicio de inconformidad local se le arrojó la carga procesal que le correspondía a la autoridad responsable, con el objeto de que esta última realizara la diligencia de investigación correspondiente.

En primer término, se indica que, los agravios del juicio ciudadano son inoperantes, ya que aun y cuando el candidato tiene interés jurídico para controvertir la sentencia dictada por el tribunal local en la cual decidió de manera acumulada los expedientes JIN-II-MC-001/2020, JIN-II-PRI-004/2021, JIN-II-NAH-006/2021, JIN-II-MPH-007/2021 y el juicio ciudadano TEEH-JDC-113/2021, esta circunstancia no tiene el alcance de permitir que impugne consideraciones que sustentan la decisión respecto de agravios que no expresó en la instancia previa.

Si bien por la conexidad de las demandas procede la acumulación de expedientes por economía procesal y evitar la posibilidad de dictar sentencias contradictorias, lo cierto es que dicha acumulación no actualiza la adquisición procesal de pretensiones, pues cada medio de defensa es independiente y se resuelve conforme a la litis o controversia planteada.

Por ende, esta Sala Regional califica de inoperantes los agravios del ciudadano Reginaldo González Viveros, en su carácter de candidato a diputado en el referido distrito al advertir que, tanto la demanda del juicio ciudadano de referencia, así como la del juicio de revisión constitucional electoral ST-JRC-163/2021 son idénticas, por lo que, solo se estudiarán las manifestaciones hechas valer en la demanda del juicio de revisión constitucional electoral.

Lo anterior, porque las pretensiones de unos no pueden ser asumidas por otros en esta instancia federal, pues ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el juicio de origen, de conformidad con la jurisprudencia 2/2004, de rubro: ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.[12]

Por cuanto hace al partido político Nueva Alianza Hidalgo, el agravio es infundado.

De acuerdo con la Ley General de Instituticiones y Procedimientos Electorales, al día de la jornada comicial existen personas ciudadanas que han sido previamente insaculadas y capacitadas por la autoridad, para que actúen como funcionarias de las mesas directivas de casilla, desempeñando labores específicas.[13]

Tomando en cuenta que las originalmente designadas no siempre se presentan a desempeñar tales labores, en la ley se prevé un procedimiento de sustitución de las ausentes cuando la casilla no se haya instalado oportunamente.[14]

Al respecto, en el artículo 384, fracción II, del Código Electoral local, se prevé como causa de nulidad que la votación la reciban personas distintas a las legalmente autorizadas, con el fin de proteger la legalidad, certeza e imparcialidad en la captación y contabilización de los sufragios.

Por tanto, si bien, en la ley electoral, se prevé una serie de formalidades para la integración de las mesas directivas de casilla, la Sala Superior[15] ha sostenido que no procede la nulidad de la votación, en los casos siguientes:

        Cuando se omite asentar en el acta de jornada electoral la causa que motivó la sustitución de las personas funcionarias de casilla, pues tal deficiencia no implica que se hayan violado las reglas de integración de la mesa receptora, ya que esto únicamente se acreditaría a través de los elementos de prueba que así lo demostraran o de las manifestaciones expresas en ese sentido que se obtuvieran del resto de la documentación generada.[16]

        Cuando las personas originalmente designadas intercambien sus puestos, desempeñando funciones distintas a las que inicialmente les fueron encomendadas.[17]

        Cuando las ausencias de las personas funcionarias propietarias son cubiertas por las suplentes sin seguir el orden de prelación fijado en la ley; ello, porque en tales casos la votación habría sido recibida por personas que fueron debidamente insaculadas, designadas y capacitadas por el consejo distrital respectivo.[18]

        Cuando la votación es recibida por personas que, si bien no fueron originalmente designadas para esa tarea, están inscritas en el listado nominal correspondiente.[19]

        Cuando faltan las firmas de personas funcionarias en alguna de las actas, pues la ausencia de rúbricas no implica necesariamente que las personas hayan estado ausentes, sino que debe analizarse el resto del material probatorio para arribar a una conclusión de tal naturaleza;

        Cuando los nombres de las personas funcionarias se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos; toda vez que ello supone un error del secretariado, quien es el encargado de llenar las actas; además de que es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos;[20]

        Cuando la mesa directiva no cuente con la totalidad de sus integrantes, siempre y cuando pueda considerarse que, atendiendo a los principios de división del trabajo, de jerarquización y de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, no se afectó de manera grave el desarrollo de las tareas de recepción, escrutinio y cómputo de la votación. Bajo este criterio, se ha estimado que en una mesa directiva integrada por cuatro personas (presidencia, secretariado y dos personas escrutadoras) o por seis (presidencia, secretariado y tres personas escrutadoras), la ausencia de una de ellas[21]  o de todas las personas escrutadoras[22] no genera la nulidad de la votación recibida.

        Cuando la mesa directiva de una casilla especial se conforme de personas inscritas en secciones diferentes, pues así lo prevé el artículo 258, párrafo 3, de la Ley Electoral. Lo anterior tiene razón en que si su función es permitir sufragar a la ciudadanía que se encuentran en tránsito en el país y operan las mismas reglas de integración para las personas funcionarias de casilla, como lo es seleccionar voluntarias de la fila, es razonable que puedan participar personas inscritas en secciones diversas.

Lo anterior, evidencia la importancia de que la parte actora en su demanda precise los elementos mínimos que resulten suficientes para estar en condiciones de analizar adecuadamente las irregularidades planteadas.

La Sala Superior[23] ha referido que al analizar esta causal resultan inoperantes los agravios en los que se solicita la nulidad de la votación de casilla por recibirse la votación por personas u órganos distintos a los facultados cuando la parte actora omite proporcionar algún elemento mínimo para estar en condiciones de identificar a la persona funcionaria, como podría ser el nombre, al respecto, razonó que con ello se busca evitar que, a través de argumentos genéricos y sin sustento se permita que quienes promueven trasladen a los órganos jurisdiccionales la carga relativa a demostrar la actualización de una irregularidad en la integración de casillas.

En ese sentido, bastaría una afirmación genérica para que en todos los casos la autoridad jurisdiccional estuviera obligada a realizar una verificación oficiosa de la debida conformación de todas las casillas de cada elección.

En efecto, en la indicada determinación, la Sala Superior razonó que, en relación con el derecho a una tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución federal; 8°, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Primera y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han señalado a lo siguiente:

        Los tribunales tienen la obligación de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales, legalmente, previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto,[24] y

        Conforme a ese derecho, en conjunto con los principios de “interpretación más favorable a la persona” y “en caso de duda, a favor de la acción”, los órganos jurisdiccionales, al interpretar las normas procesales respectivas, deben evitar formalismos o entendimientos no razonables que vulneren el derecho del justiciable a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada, lo que supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos existentes para que pueda disfrutar del derecho referido. [25]

Bajo esa perspectiva, el máximo órgano jurisdiccional electoral del país concluyó que la identificación de la casilla, así como el nombre del funcionario electoral que fungió en la misma, es información suficiente para verificar las actas de escrutinio y cómputo, así como la de la jornada electoral y de esta manera, advertir si la persona que menciona el actor fungió o no como funcionario de casilla y, en su caso, posteriormente, verificar en el encarte y en el listado nominal correspondiente si se encontraba designada para ese efecto o pertenece a la sección respectiva.

En el caso, de la lectura del juicio de inconformidad local se advierte que el Partido Revolucionario Institucional hizo valer la causal de nulidad prevista en la fracción II del artículo 384 del Código Electoral consistente en la recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Electoral, respecto de la votación recibida en las casillas: 645 B, 645 C1, 224, 224 C1, 224 C2, 224 C3, 225 C1, 227 B, 228 B, 228 C1, 229 B, 231, 232, 234, 234, 236, 237, 238, 765 B, 765 C1, 765 C2, 766 B, 766 C1, 766 C2, 767, 768, 769, 770, 773, 779, 342, 343, 345 B, 345 C1, 346, 347, 348, 349, 1382 B, 1388, 1388 C1, 1393, 1576 B, 1576 C, 1577, 1578, 1580 B, 1581, 1582, 1583 B, 1583 C, 1584 B, 1584 C, 1600 B1, 1600 C1, 1600 C2, 1600 C3, 1600 C4, 1600 E1, 1600 E1 C1, 1600 E1 C2, 1601 B1, 1601 C1, 1601 C2, 1602 B1, 1602 C1, 1602 C2, 1602 C3, 1603 B1, 1603 C1, 1603 C2, 1604 B1, 1604 C1, 1604 C2, 1605 B1, 1605 C1, 1605 C2, 1603 B1, 1603 C1, 1603 C2, 1603 C3, 1607 B1, 1607 C1, 1607 S1, 1608 B1, 1608 C1, 1608 C2, 1608 C3, 1611 B1, 1611 C1, 1612 B1, 1613 B1, 1614 B1, 1614 C1, 1615 B1, 1615 C1, 1616 B1, 1333 B1, 1333 C1, 1334 B1, 1334 C1, 1335 B1, 1336 B1, 1337 B1, 1338 B1, 1338 C1, 1339 B1, 1341 B1, 1342 B1, 1342 C1, 1343 B1, 1345 B1, 1346 B1, 1346 E1, 1347 B1, 1347 C1, 1348 B1, 685, 695 B y 695 C1.

De igual manera señaló que en las casillas 1606 Contigua 2 y 1606 Contigua 3, la ciudadana Clara Calvario Martínez se acreditó como primera escrutadora en la casilla 1606 Contigua 3 y al mismo tiempo se acreditó como tercera escrutadora en la casilla Contigua 2.

Para ello, indicó en su demanda, además de las casillas en las cuales, en su consideración, se recibió la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley, los nombres de los integrantes de las mesas receptoras de la votación.

Por lo expuesto y contrariamente a lo que manifiesta la parte actora, el Partido Revolucionario Institucional no arrojó la carga al tribunal local de realizar una revisión oficiosa de los elementos para tener por acreditada dicha causal, toda vez que no realizó argumentos genéricos para su estudio, sino que, como ya se expuso, señaló las casillas en las cuales, en su consideración, se recibió la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la Ley, refiriendo que no forman parte de la sección electoral y los nombres de los funcionarios que alega, recibieron la votación de manera indebida; incluso, señaló la cantidad de votos recibidos por el partido actor así como de la coalición contendiente y la diferencia en la votación.

Esta Sala Regional advierte que en la demanda del Partido Revolucionario Institucional sí se mencionaron los elementos mínimos para estar en condiciones de identificar a la persona funcionaria que, supuestamente, integró de manera indebida la casilla, en vista de lo cual fue correcto el actuar del tribunal responsable al avocarse al análisis de cada una de las casillas impugnadas para lo cual, procedió a confrontar lo expuesto por el inconforme con las pruebas que así lo confirmaron o desvirtuaron, en su caso: a) Revisó las actas de escrutinio y cómputo y de la jornada electoral para verificar los nombres de las personas que fungieron con esos cargos; b) Corroboró si esas personas aparecen en los encartes de la sección respectiva, y, en su caso, c) Verificó si se encuentran en el listado nominal correspondiente a la sección.

Debido a lo anterior, y tal como lo indicó la autoridad responsable, el inconforme en esa instancia aportó los datos de identificación de cada casilla, así como el nombre completo de las personas que, en su consideración, recibieron la votación sin tener las facultades para ello.

Por ende, se reitera, fue conforme a derecho el actuar del tribunal responsable pues con esa información fue suficiente para verificar las actas de escrutinio y cómputo, así como de jornada electoral y advertir si la o las personas que mencionó el Partido Revolucionario Institucional, fungieron o no como funcionario de casilla y, en su caso, verificó en el encarte y listado nominal correspondiente si fueron designadas para ese efecto o pertenecen a la sección respectiva.

Así, en cuanto a las casillas 229 B, 231 B, 234 B, 236 B, 765 C1, 765 C2, 343 B, 345 C1, 346 B, 347 B, 348 B, 1388 B, 1388 C1, 1393 B, 1580 B, 1581 B, 1600 C1, 1603 C3, 1611 B, 1614 B, 1614 B, 1616 B, 1334 B1, 1334 C1, 1335 B, 1338 B, 1338 C1, 1339 B, 1342B, 1346 E1, 1347 B, 1348 B, 343 B, 345 B, 345 C1, 346 B, 348 B y 347 B, el tribunal local calificó el agravio de infundado pues no detectó discrepancia entre los nombres de los funcionarios de casilla que aparecen en el encarte, y los que actuaron durante la jornada electoral, según las actas.

Por otra parte, por lo que se refiere a las casillas 1382 B, 1600 C4, 1600 E1, 1600 E1 C1, 1600 E1 C2, 1601 B, 1601 C1, 1601 C2, 1602 C1, 1602 C2, 1603 C2, 1604 B, 1604 C1, 1604 C2, 1605 B1, 1605 C2, 1606 C2, 1607 B, 1608 C1, 1608 C2, 1612 B, 680 B, la responsable señaló que fueron integradas por algunas personas que estaban formadas en la propia casilla para emitir su sufragio, y que aparecen en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, razones por las cuales consideró infundado el agravio hecho valer respecto a dichas casillas.

En consecuencia, al haber quedado demostrado que los inconformes aportaron los elementos mínimos que le permitieron al tribunal responsable identificar con certeza a las personas que presuntamente actuaron de manera ilegal, como lo es la casilla (elemento fundamental) y el nombre completo de la persona y/o el cargo cuya actuación se cuestiona (uno u otro como elementos mínimos), el agravio resulta infundado.

b)               Indebida nulidad de las casillas 1600 E1 y 1604 C1 por la causal relativa a que se efectuó la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por el Código

Desde la perspectiva de la parte actora, el tribunal electoral local se excedió en sus facultades, debido a que, los promoventes en la instancia jurisdiccional local alegaron que, tanto Amador Fernández Bernardo y Yessica Hernández Hernández fungieron como funcionarios de mesa directiva de casilla sin pertenecer a la sección electoral correspondiente.

No obstante, la autoridad responsable vulnera lo regulado en el artículo 368 del código electoral estatal, dado que, dicho precepto le otorgar facultad al órgano jurisdiccional local suplir la deficiencia u omisión en los agravios, pero, ello se actualiza, cuando éstos puedan claramente deducidos de los hechos expuestos, lo que, en el caso en concreto de esa manera, como lo propone el actor.

Ello, según el actor, porque el tribunal local anula las casillas precisadas por otras personas que no fueron expresadas por la parte actora en su escrito de demanda, por lo que, al no cumplirse con los requisitos mínimos (nombre) para efectuar el análisis del estudio de la causal invocada; entonces, el citado ente jurisdiccional actúo de manera ilegal y parcial.

En ese sentido, la parte accionante aduce que la autoridad responsable vulnera lo regulado en el artículo 368 del código electoral estatal, dado que, en dicho precepto, se le faculta al órgano jurisdiccional local para suplir la deficiencia u omisión en los agravios, pero, ello se actualiza, cuando éstos puedan ser claramente deducidos de los hechos expuestos, lo que, en el caso, no aconteció de esa manera.

En concepto de esta Sala Regional, el agravio es fundado y suficiente para modificar el acto impugnado, tal y como se explica a continuación.

En principio, resulta necesario precisar que, el Partido Revolucionario Institucional, en la demanda que dio origen al juicio de inconformidad JI-II-PRI-004/2021, en lo que interesa, refirió que le causaba agravio que, en las casillas 1600 E1 y 1604 C1 se realizó la recepción de la votación por personas distintas a las facultadas por el Código Electoral del Estado de Hidalgo (artículo 384, fracción II, de dicho ordenamiento legal), puesto que los ciudadanos Amador Fernández Bernardo (1600 E1) y Yessica Hernández Hernández (1604 C1) fungieron como funcionarios de casilla sin pertenecer a la sección correspondiente y, en cuyos resultados, la coalición “Juntos Haremos Historia” obtuvo un resultado favorable sobre dicho instituto polítco.

A fin de analizar dicho agravio, la autoridad responsable, una vez precisado el marco normativo relativo a la causal de nulidad referida, realizó un cuadro esquemático en el que identificó lo siguiente: i) La casilla respectiva; ii) Los nombres de los funcionarios facultados para actuar en la casilla de acuerdo con el encarte o el acuerdo respectivo y sus cargos; iii) Los nombres de los ciudadanos que conforme con las actas levantadas en la casilla respectiva, recibieron la votación y el cargo que ocuparon; iv) Si existía conicidencia o no de funcionarios entre el encarte y la lista nominal, y v) Observaciones, en donde se señaló si hubo corrimiento de funcionarios o si existió ausencia y, en su caso, los ciudadanos que suplieron a los ausentes y si los funcionarios habilitados se encuentran, o no, en la lista nomina de electores de la sección.

Conforme con lo anterior, respecto de las casillas 1600 E1 y 1604 C1, el tribunal electoral local obtuvo lo siguiente:

*Énfasis añadido

En ese sentido, el tribunal local refirió que, de acuerdo con el criterio establecido por la Sala Superior, en el recurso de reconsideración SUP-REC-893/2018, para el estudio de la causal resultaba necesario realizar una revisión integral de las casillas para determinar si, efectivamente, hubo, o no, una debida integración, o si las variaciones en los nombres de los funcionarios que aparecen en el encarte, las actas de la jornada electoral y los listados nominales, se debieron a algún corrimiento de funcionarios o si se tomaron de la fila y si estos pertenecían, o no, a la sección electoral, para lo cual se tomaban los datos mínimos proporcionados, como lo eran el nombre del funcionario o el cargo que se ocupó indebidamente y, necesariamente, el número de la casilla.

En consecuencia, respecto de las casillas 1600 E1 y 1604 C1, el tribunal responsable estimó fundado el agravio aducido por el actor, con base en las razones que se precisan a continuación:

En su demanda, el Partido Revolucionario Institucional y la actora en el juicio ciudadano local señalaron que, en la casilla 1600 E1, quien fungió como presidente de la mesa directiva de casilla fue el ciudadano Amador Fernández Bernardo y que no pertenecía a la sección; sin embargo, de un análisis del encarte, se advertía que sí aparece en el encarte de esa sección.

No obstante, del análisis de las actas de la jornada electoral, las listas nominales de electores definitvas con fotografía de las secciones mencionadas, del encarte y del informe emitido por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, el tribunal local, en suplencia en la deficiencia de los agravios, advirtió lo siguiente:

        En la casilla 1600 E1, la ciudadana Keila Juárez Hernández fungió como segunda escrutadora sin estar autorizada en el encarte, además de que su nombre no aparecía incluido en el listado definitivo de integración y ubicación de mesas directivas a instalar en el Distrito 02; conforme con lo anterior, se revisó el listado nominal, pero al no existir el listado nominal completo de la sección 1600, se solicitó un informe a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, a efecto de que informara si dicha ciudadana pertenecía a esa sección, manifestando en su informe que la misma no se encontraba en la sección electoral referida.

Por su parte, respecto de la casilla 1604 C1, los accionantes señalaron que, quien fungió como presidente de dicha casilla fue la ciudadana Yessica Hernández Hernández y no pertenece a la sección lectoral; sin embargo, al revisar el encarte, se observó que la misma era primer secretario y, del listado nominal, se advirtió que sí pertenece a la sección.

No obstante, del análisis del material electoral respectivo, en suplencia en la eficiencia de los agravios de los actores, el tribunal local advirtió lo siguiente:

        En la casilla 1604 C1, la ciudadana Estela Hernández Jiménez fungió como segunda escrutadora sin estar autorizada en el encarte, además de que su nombre no aparecía incluido en el listado definitivo de integración y ubicación de mesas directivas a instalar en el Distrito 02. Conforme con lo anterior, se procedió a revisar el listado nominal de la sección respectiva, sin que su nombre apareciera en la misma.

Por tal razón, el tribunal local afirmó que no se tenía la certeza de que dichas ciudadanas se encontraran inscritas en el Registro Federal de Electores; si contaban con su credencial para votar, y que no se podía constatar que reunieran los requisitos exigidos por lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que demuestren que estaban legalmente facultadas para fungir como funcionarias de las mesas directivas de casilla de las secciones 1600 E1 y 1604 C1, respectivamente.

Además, señaló que dicha circunstancia afectaba el principio de certeza respecto de la validez de la votación emitida en la casilla y, en consecuencia, se actualizaba la causal de nulidad establecida en el artículo 384, fracción II, del Código Electoral local, por tanto, procedió a declarar la nulidad de la votación emitida en las casillas mencionadas.

Como ya se adelantó, esta Sala Regional considera fundado el agravio hecho valer por la parte actora, puesto que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo se excedió en sus facultades al sobrepasar la litis que se sometió a su consideración, lo cual transgrede el principio de congruencia.

Al respecto, es pertinente señalar que el principio de congruencia informa el contenido de todas las sentencias que dictan los órganos jurisdiccionales.

La congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir algún argumento, pero también, sin agregar cicunstancias que no se hicieron valer.

Por otra parte, la conguencia interna exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, que la torna contraria a Derecho.

A partir de lo anterior, en el caso, del análisis de las demandas primigenias, no se advierte que, en alguna de ellas, se solicitara la verificación, en su totalidad, de las personas que integraron las mesas directivas de casilla correspondientes a las secciones electorales 1600 E1 y 1604 C1 para el efecto de que el tribunal local acreditara si la recepción de la votación se llevó a cabo por personas distintas a las facultadas legalmente.

Sino que, tal y como lo refiere la parte accionante, el Partido Revolucionario Institucional únicamente se limitó a referir que los ciudadanos Amador Fernández Bernardo (1600 E1) y  Yessica Hernández Hernández (1604 C1) fungieron como funcionarios de casilla sin pertenecer a la sección correspondiente.

Conforme con lo expuesto, la materia de impugnación se centraba en determinar, por el órgano jurisdiccional local si, efectivamente, dichos ciudadanos se encontraban autorizados, o no, para llevar a cabo la recepción de la votación.

No obstante, sin que se hubiese invocado por los actores en la instancia local, el tribunal responsable, a fin de analizar la causal de nulidad respectiva, determinó realizar el estudio de las actas de la jornada electoral, las listas nominales de electores definitvas con fotografía de las secciones mencionadas, el encarte y, en su caso, el informe emitido por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, respecto de la totalidad de las personas que integraron las mesas directivas de casilla, y concluyó que las ciudadanas Keila Juárez Hernández y Estela Hernández Jiménez, quienes fungieron como segundas escrutadoras en las casillas 1600 E1 y 1604 C1, respectivamente, no estaban autorizadas en el encarte, aunado a que su nombre no aparecía en el listado nominal.

De ahí que, a juicio de esta Sala Regional, en el caso, se violenta el principio de congruencia debido a que el tribunal rebasó lo planteado por los accionantes en la controversia que se sometió a su consideración, al ocuparse de cuestiones que no fueron materia de la controversia, al no solicitarse por la parte promovente en la instancia local.

Además, este órgano jurisdiccional considera que el tribunal responsable no debió exceder la materia de la litis planteada, pues no sería suficiente con argumentar que cumplió con el principio de exhaustividad al operar la suplencia en la expresión de los agravios de la parte actora.

Lo anterior se considera así, debido a que es criterio de este Tribunal Electoral Federal que los órganos jurisdiccionales no están constreñidos, legalmente, a realizar un estudio oficioso sobre causas de nulidad que no fueron invocadas por las partes.

En efecto, esta Sala Regional considera que la autoridad jurisdiccional local no estaba obligada a revisar o indagar, en las casillas impugnadas, los nombres de todos los funcionarios que integraron las mesas directivas de casilla y compararlos con el encarte, el acta de la jornada electoral o la lista nominal, a efecto de determinar si las casillas se integraron indebidamente, sino que, únicamente, se debió limitar a verificar si los ciudadanos precisados por la parte actora en la demanda primigenia [Amador Fernández Bernardo (1600 E1) y Yessica Hernández Hernández (1604 C1)] pertenecían, o no, a la sección correspondiente.

Así, en atención a una pretendida suplencia de la queja, no se puede dejar de observar que es un requisito especial de la demanda mencionar, en forma individualizada, las casillas que se pretenden anular y las causas que se invoquen en cada una de ellas, por lo que, si en el caso, la parte actora omitió referir en sus demandas de juicio de inconformidad y juicio ciudadano que la causa de nulidad invocada se actualizaba, en dichas casillas, porque se integró, en su totalidad, por personas que no pertenecían a la sección electoral respectiva, tal omisión no puede ser estudiada ex officio por la autoridad que conoce de los medios de impugnación, en el entendido de que tal circunstancia no sería una suplencia de la queja, sino una subrogación total en el papel del promovente, situación que se torna ilegal.[26]

Esto es, se necesita la existencia de un alegato incompleto, inconsistente o limitado, cuya falta técnica procesal o de formalismo jurídico, amerite la intervencón, en favor de la parte actora, para que el tribunal jurisdiciconal esté en aptitud de suplir la deficiencia de los agravios y resuelva la controversia que le ha sido planteada.

Aunado a lo anterior, la suplencia no opera ante la ausencia de un agravio, esto es, cuando no es posible desprenderlo de los hechos que se exponen de manera específica en la argumentación correspondiente.

Además, tampoco se puede suplir en la deficiencia de agravios cuando éstos sean vagos, genéricos e imprecisos, de tal forma que no pueda advertirse, claramente, la causa de pedir. Esto es así, porque, si de los motivos de inconformidad no se deriva la intención de lo que se pretende cuestionar, el órgano jurisdiccional se encuentra impedido para suplir alguna deficiencia, debido a que no puede comprenderse tal atribución, en el sentido de que el tribunal, con motivo del ejercicio de su facultad de suplencia, amplíe la demanda en lo que concierne a lo que se pretende demostrar es ilegal, o bien, varíe el contenido de los argumentos vertidos como agravios, porque tal proceder implicaría introducir elementos nuevos no sometidos a análisis judicial, traduciéndose en un estudio oficioso del acto impugado, lo cual, legalmente, no le está permitido.

En consecuencia, esta Sala Regional concluye que la sentencia controvertida transgredió el principio de congruencia, pues el tribunal responsable analizó cuestiones ajenas a la materia, propiamente, de la impugnación, declarando, indebidamente, la nulidad de la votación recibida en las casillas 1600 E1 y 1604 C1.

Derivado de ello, en el considerando de “efectos”, deberá efectuarse la recomposición del cómputo distrital de la elección para las diputaciones locales en el Distrito Electoral 02 con cabecera en Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.

c)                Indebida nulidad de la casilla 1576 B, por la causal consistente en que se ejerció violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o de los electores, de tal manera que se afectó la libertad y el secreto del voto

En este último agravio, los promoventes se inconforman de que, la autoridad responsable haya anulado la recepción de la votación de la casilla mencionada, únicamente porque la ciudadana Antonia Bautista Mérida, quien ostenta el cargo de subdelegada del barrio “Camposanto” en el municipio de Xochicoatlán, Hidalgo, fungió como segunda escrutadora en la mesa directiva de la casilla de mérito; sin que hubiere advertido las siguientes cuestiones:

En primera que, la citada persona es representante de la demarcación territorial denominada como “Camposanto”; en cambio, la casilla en la que ella actuó como funcionaria de la mesa directiva de casilla fue en la “Colonia Centro”, por lo que, no pudo haber generado algún tipo de presión sobre el electorado.

Además, precisan también los enjuiciantes que, dentro de las constancias que obran en los autos, no se encuentra integrada alguna que vincule a la ciudadana Antonia Bautista Mérida con el partido político Nueva Alianza Hidalgo (del cual proviene el origen partidario de la fórmula ganadora de la elección) o de alguno de los entes integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Hidalgo”.

Por ende, el tribunal responsable anuló la casilla en cita, con base en presunciones, porque no se acredita de qué forma esta ciudadana en particular influyó indebidamente en el electorado a favor de la fórmula primigeniamente ganadora de la contienda electoral.

Finalmente, indican los actores que, si bien es cierto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que, cuando un funcionario de mando superior participa como integrante de una mesa directiva de casilla o como representante partidista, se genera la presunción de que en dicho lugar se produjo presión sobre el electorado; también lo es que, en el caso, no es aplicable tal analogía, ya que, un subdelegado municipal no es un funcionario de mando superior, por lo que, no podría afectar de forma negativa las relaciones de gobierno con los ciudadanos.

Lo anterior, porque a decir de los enjuiciantes, en términos del artículo 81, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, los órganos auxiliares municipales tienen funciones para auxiliar, vigilar, coadyuvar y promover; sin embargo, ninguna de sus atribuciones implican una posibilidad de ordenar sobre las personas o determinar situaciones jurídicas que trasciendan a sus derechos fundamentales; por lo que, no debería considerársele a este tipo de cargos como funcionario de mando superior.

Tales alegaciones se califican como infundadas, por lo que a continuación se explica.

En primer término, se expresará de manera general lo razonado por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en el acto impugnado.

Al respecto, la autoridad responsable señaló que, se encuentra plenamente acreditado que la ciudadana Antonia Bautista Mérida, ostenta el cargo de subdelegada del barrio “Camposanto” en el municipio de Xochicoatlán, Hidalgo y que la misma fungió como segunda escrutadora en la casilla 1576 B, durante el proceso electoral local 2020-2021, para la renovación de los integrantes del Congreso del Estado.

Posteriormente, examinó si la sola presencia de la subdelegada municipal en dicha casilla generó presión en el electorado, para lo cual, fue necesario analizar lo que la legislación estatal de Hidalgo regula en esa temática.

En ese sentido, con base en lo establecido en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica Municipal y en el diverso 29 del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Xochicoatlán, Hidalgo, se advierten las funciones de los auxiliares del ayuntamiento (delegado y subdelegado), así como su naturaleza jurídica consistente en ser colaboradores directos del ayuntamiento con las atribuciones y obligaciones establecidas por la Ley Orgánica Municipal, el presente Bando y demás disposiciones aplicables.

 Además, derivado de los preceptos 82 de la Ley Orgánica Municipal; 31 del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Xochicoatlán, Hidalgo, y 2 del Reglamento de delegados y subdelegados de ese municipio, estos órganos auxiliares serán elegidos por la mayoría de los miembros de la comunidad.

Por último, se precisó que, en el artículo 5 del referido Reglamento se establece que el delegado y subdelegado municipal, será una persona física, mujer o varón, que fungirá como vínculo ciudadano entre el municipio y los habitantes de éste, para realizar labores de vigilancia respecto a asuntos de orden público, para prestar servicios de interés social a los vecinos en representación de la autoridad municipal y para realizar gestiones de beneficio comunitario.

Derivado de ello, el tribunal local concluyó que, los delegados y subdelegados, como órganos auxiliares del ayuntamiento tienen el carácter de autoridad, dado que, sus decisiones constriñen a los particulares, ya que, afectan la esfera jurídica de éstos; además de que, son representantes populares; entonces, si tienen posibilidad de ejercer presión en los electores, por esa función que ejercen y no por las facultades de mando que pudieren poseer.

Un criterio similar, según la autoridad responsable, ha sido emitido por la Sala Regional Toluca en los juicios de nulidad ST-JIN-12/2012, ST-JIN-19/2012 y ST-JIN-62/2018 y acumulados, así como lo resuelto por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-JRC-270/2005.

Por ende, sobre la base de tal argumentación, se aseveró que, en el caso en concreto, se tuvo por acreditada la prohibición establecida en el artículo 163, último párrafo, del Código Electoral del Estado de Hidalgo que indica que, no tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, entre otros los representantes populares y en términos de la jurisprudencia 3/2004, de rubro AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCION DE PRESION SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DE COLIMA Y SIMILARES), por lo cual se determinó anular la votación recibida en la casilla 1576 Básica.

Dichas consideraciones se comparten por esta Sala Regional, por lo siguiente.

En primera instancia, se precisa que, independientemente de que si los órganos auxiliares del ayuntamiento del Estado de Hidalgo se deben considerar o no servidores públicos con facultades de autoridad, cabe indicar que, se encuentra plenamente acreditado que se cumplieron los extremos jurídicos de la prohibición establecida en el artículo 163, último párrafo, del Código Electoral del Estado de Hidalgo que establece que no tendrán acceso a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho de voto, entre otros, los representantes populares.

Ello, porque, tal y como se advirtió del contenido del acto impugnado, la ciudadana Antonia Bautista Mérida, ostenta el cargo de subdelegada del barrio “Camposanto” en el municipio de Xochicoatlán, Hidalgo; esto es, fue electa popularmente, en ejercicio de su derecho a ser votada, previsto en los artículos 35, fracción II, de la Constitución federal y 17, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo, por lo que, no se advierte alguna razón válida por la cual no pueda considerársele una representante popular.