RECURSO DE APELACIÓN
EXPEDIENTE: ST-RAP-25/2018
RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MAGISTRADO: JUAN CARLOS SILVA ADAYA
SECRETARIA: CLAUDIA ELIZABETH HERNÁNDEZ ZAPATA |
Toluca de Lerdo, Estado de México, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho
VISTOS, para resolver, los autos del recurso de apelación
ST-RAP-25/2018, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional[1] en contra del dictamen y la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral[2] “RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS CARGOS DE DIPUTADO LOCAL Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE MÉXICO”.
RESULTANDO
I. Antecedentes. De lo manifestado por el apelante en su recurso y de las constancias que obran en el expediente, se advierte lo siguiente:
1. Inicio del proceso electoral en el Estado de México. El seis de septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para elegir a los integrantes del Congreso Local y a los miembros de los Ayuntamientos en la entidad.[3]
2. Resolución y dictamen consolidado (actos impugnados). En sesión extraordinaria de cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General del INE emitió la resolución INE/CG331/2018, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE PRECAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS PRECANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS CARGOS DE DIPUTADO LOCAL Y AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE MÉXICO, así como el acuerdo INE/CG330/2018, por el que se aprobó el dictamen consolidado respectivo.
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución y el dictamen precisados, el siete de abril dos mil dieciocho, el PRI interpuso el presente recurso de apelación ante el INE.
III. Recepción del expediente en esta Sala Regional. El doce de abril siguiente, mediante oficio INE/SCG/1091/2018, se recibieron en esta Sala Regional las constancias que integran el presente medio de impugnación.
IV. Turno a Ponencia. Mediante acuerdo de doce de abril del año en curso, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente ST-RAP-25/2018 y turnarlo a la ponencia a cargo del magistrado Juan Carlos Silva Adaya, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Dicho acuerdo fue cumplido por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, mediante el oficio TEPJF-ST-SGA-972/18.
V. Radicación, admisión y requerimiento. Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el magistrado instructor acordó tener por radicado el expediente en su ponencia; al verificar que se encontraban satisfechos los requisitos de procedencia previstos en el artículo 9° de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, admitió a trámite el recurso de apelación y, en el mismo acto, requirió al Instituto Nacional Electoral para que remitiera el dictamen consolidado y la resolución impugnados.
VI. Cumplimiento y cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, el magistrado instructor tuvo por cumplido el requerimiento precisado en el punto que antecede y al no existir alguna otra cuestión pendiente de resolver, declaró cerrada la instrucción, quedando los asuntos en estado de resolución.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, tiene competencia para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, en términos de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI; 94, párrafo primero, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción II; 184; 185; 186, fracción III, a); 192, párrafo primero, y 195, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°; 3°, párrafo 1, inciso a), y párrafo 2, inciso b); 4°; 6°, párrafo 1; 40, párrafo 1, inciso b); 42 y 44, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como el punto primero del Acuerdo General 1/2017 de la Sala Superior de este Tribunal, de ocho de marzo de dos mil diecisiete, que ordena la delegación de asuntos de su competencia, para su resolución, a las salas regionales.
Lo anterior, toda vez que el presente medio de impugnación es interpuesto por un partido político en contra de una determinación de la autoridad administrativa electoral relacionada con las irregularidades encontradas en la revisión del informe de ingresos y gastos de precampaña en el Estado de México, entidad federativa perteneciente a la quinta circunscripción plurinominal, donde esta Sala Regional ejerce jurisdicción.
SEGUNDO. Estudio de procedencia. El presente recurso de apelación satisface los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8°; 9°, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a), fracción I; 42 y 45, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se evidencia a continuación:
a) Forma. El recurso se interpuso por escrito ante la autoridad responsable, y en él se hace constar el nombre del partido político, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifican el acto impugnado y la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que le causa el dictamen y la resolución controvertidos y los preceptos presuntamente violados; asimismo, se hace constar tanto el nombre, como la firma autógrafa de quien promueve en representación del instituto político.
b) Oportunidad. Se cumple con este requisito, toda vez que la resolución impugnada fue notificada automáticamente al recurrente en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el cuatro de abril de dos mil dieciocho, por lo que el plazo de cuatro días para interponer este medio de impugnación transcurrió del cinco al ocho de abril de ese mismo año.
En ese sentido, si el recurso fue interpuesto el siete de abril, tal y como se advierte del sello de la recepción de la autoridad responsable, es evidente que ello se realizó en tiempo.
c) Legitimación y personería. Este requisito se encuentra satisfecho, en virtud de que el presente recurso fue interpuesto por un partido político, y quien suscribe el escrito de impugnación se encuentra acreditado como representante suplente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.[4]
d) Interés jurídico. El requisito en estudio se encuentra satisfecho, debido a que el PRI es sancionado por supuestas irregularidades en materia de fiscalización, mediante la resolución y el dictamen consolidados que controvierte.
e) Definitividad y firmeza. Este requisito se encuentra colmado, porque el recurso de apelación es el medio de impugnación procedente para inconformarse de las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
TERCERO. Estudio de fondo
A. Precisión de la conclusión impugnada
Del recurso se advierte una inconsistencia en la identificación de la conclusión impugnada. A foja 8 del medio de impugnación, el PRI señala que le causa agravio la “conclusión cinco del Proyecto (sic) de Resolución” y, posteriormente, a foja 16, solicita a este órgano jurisdiccional “revocar la conclusión 1 del resolutivo Segundo del Proyecto (sic) de Resolución”; sin embargo, la argumentación realizada por el recurrente se dirige a controvertir la cuantificación a las precampañas del gasto por concepto de producción de dos spots denominados “corre la voz”, así como su respectivo prorrateo. Dicha inconformidad coincide con la irregularidad contenida en la conclusión 1, del considerando 36.2, correspondiente al PRI.
Además, de los actos impugnados, no hay una conclusión sancionatoria que se identifique con el número 5. En el dictamen consolidado la autoridad fiscalizadora observó cuatro inconsistencias, de las cuales solamente una no fue subsanada y corresponde, precisamente, a la conclusión 1 de la resolución.
Por tanto, la conclusión a analizar es la siguiente:
Conclusión | Descripción de la irregularidad observada | Monto involucrado |
1 | El sujeto obligado reportó gastos, no obstante, no realizó el prorrateo entre la totalidad de precandidatos beneficiados. | $9,669.08.
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B. Síntesis del agravio formulado por el PRI
El recurrente hace valer un agravio único, en el que sostiene que la conclusión 1 del dictamen consolidado y de la resolución impugnada, vulnera lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17 y 41, Base V, de la Constitución federal y, consecuentemente, los principios de certeza, objetividad, exhaustividad y legalidad, por dos razones:
1. Falta de exhaustividad. Señala que la autoridad responsable no analizó que el costo por la producción de los spots denominados “corre la voz” fue reportado por el partido en el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete, a través de la póliza de diario 818 del mes de diciembre.
En concepto del PRI, la autoridad fiscalizadora no valoró que el referido spot, en sus dos versiones, una para radio y otra para televisión, fue pautado para su transmisión desde el segundo semestre de dos mil diecisiete, es decir, antes del inicio del periodo de precampañas. Según señala, el mismo no fue elaborado ni difundido con la intención de dar ventaja o dar a conocer a los precandidatos en el proceso interno de selección, ni mucho menos sus propuestas, de conformidad con el acuerdo INE/CG579/2018, por lo tanto, no corresponde a un gasto que deba ser atribuido a las precampañas, y
2. Indebido prorrateo. Por otra parte, el recurrente sostiene que, si este órgano jurisdiccional no concediera el agravio por falta de exhaustividad, solicita que analice el indebido prorrateo que, a su juicio, realizó la autoridad responsable.
Afirma que, derivado del monitoreo a radio y televisión, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó gastos genéricos por la producción de spots que no fueron reportados en las contabilidades de los diferentes precandidatos beneficiados a nivel federal y local, por lo que procedió a realizar el prorrateo correspondiente en el Anexo 6 bis.
Sin embargo, considera que la autoridad responsable realizó indebidamente el prorrateo del gasto genérico, porque lo hizo únicamente entre los candidatos locales y no consideró a los candidatos federales que también fueron beneficiados (candidato a Presidente de la Republica, diputados federales y senadores), incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 286 bis del Reglamento de Fiscalización, en relación con el 83, numeral 2, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos.
C. Decisión de la Sala Regional
El agravio es infundado porque la autoridad responsable sí tomó en cuenta que el gasto por la producción de spots fue reportado en el informe anual de gasto ordinario correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete y, además, esta Sala Regional tiene por demostrado que la Unidad Técnica de Fiscalización realizó correctamente el prorrateo del gasto entre todas las campañas beneficiadas.
D. Justificación
El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución federal. En el artículo 41 del citado Decreto, se prevé la creación del Instituto Nacional Electoral y en la Base V, Apartado B, penúltimo y último párrafos, de dicho precepto, se establece que corresponde al Consejo General del INE la fiscalización de las finanzas de los Partidos Políticos relativas a los procesos electorales federal y locales, así como la etapa en que se recaba el apoyo ciudadano y las campañas de los candidatos independientes.
Con la mencionada reforma electoral, el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Comisión de Fiscalización, tiene a su cargo la revisión de los informes que presentan los partidos políticos y aspirantes a candidatos y candidatos, así como la práctica de auditorías, verificaciones, inspecciones y otras indagaciones para obtener evidencia con respecto de operaciones, saldos e informe, con la finalidad de determinar si los sujetos obligados cumplieron o no con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de origen, aplicación y destino de los recursos que manejan [artículos 32, párrafo1, inciso a), fracción VI; 44, párrafo 1, inciso o); 190, 192, 196 y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales].
Lo anterior, cobra relevancia porque la auditoría que realiza la autoridad fiscalizadora a los partidos políticos nacionales debe entenderse integral.
Por lo tanto, un elemento a considerar es que durante este año se llevarán a cabo treinta procesos electorales locales concurrentes con el federal.
En otras palabras, los reportes de gastos que realiza un partido político nacional con acreditación en las entidades federativas, puede tener un impacto en las diferentes contabilidades del partido (federal y locales); de igual forma, los hallazgos que detecta la autoridad fiscalizadora pueden tener resonancia en alguna otra contabilidad diversa a la fiscalizada, como ocurrió en la especie, pues la irregularidad imputada al PRI en el Estado de México a través del dictamen y la resolución, tiene su origen en el informe de precampañas presentado por ese instituto político a nivel federal.
Falta de exhaustividad
Sobre la base de lo anterior, es erróneo el argumento del partido consistente en que la autoridad responsable vulneró el principio de exhaustividad por no realizar un análisis exhaustivo del oficio de errores y omisiones en el que el PRI señaló que el spot denominado “corre la voz”, utilizado en radio y televisión, fue reportado en el informe anual de actividades dos mil diecisiete y pautado en el último semestre de ese año y, por lo tanto, no corresponde a un gasto que deba ser atribuido a las precampañas.
Lo anterior, porque contrariamente a lo manifestado por el recurrente, la irregularidad que le fue atribuida no consistió en no haber realizado el debido reporte del gasto por la producción de spots, sino que tal erogación -derivado de su permanencia en el tiempo- generó un beneficio a las precampañas y, por lo tanto, debió haberse cuantificado para efecto de ser sumado al tope de gastos correspondiente.
Los partidos políticos tienen la obligación de presentar el informe de precampaña para cada uno de los precandidatos a candidatos a ocupar un cargo de elección popular, especificando los gastos realizados, incluidos los gastos genéricos, que son aquellos, en los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero se difunda el emblema, lema o plataforma con el que se identifique al instituto político [artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción I, y 83, párrafo 1, incisos b) y c), de la Ley General de Partidos Políticos].
Los gastos que realicen los partidos políticos por concepto de producción de los mensajes de radio y televisión serán considerados dentro de los topes de gastos [artículo 243, párrafo 2, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales].
En términos de lo dispuesto en el artículo 83, párrafo 1, de la Ley General de Partido Políticos, los gastos genéricos de campañas serán prorrateados entre las campañas beneficiadas.
Lo anterior, se encuentra instrumentado en el Reglamento de Fiscalización en el que se establece que los gastos susceptibles de ser prorrateados son los gastos genéricos y los gastos en que se promocione a dos o más candidatos de elección popular (artículo 29 del Reglamento de Fiscalización).
En el artículo 30 del mismo ordenamiento, se prevé el método para identificar los ámbitos de elección y tipo de campaña entre los que se deberá prorratear el gasto, siendo los siguientes:
a) Ámbito de elección: federal y local, y
b) Tipos de campañas: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados del Congreso de la Unión; en el ámbito local: Gobernadores, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados a los órganos legislativos locales, presidentes municipales o ayuntamientos, juntas municipales y Presidentes de Comunidad, según se establezcan las disposiciones locales, así como jefes delegacionales.
Asimismo, en el artículo 32, numeral 2, inciso e), del Reglamento de Fiscalización se dispone el criterio para la identificación del beneficio del gasto genérico por producción de spots para radio y televisión, para el cual se consideraran las precampañas, campañas, precandidatos y candidatos en función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico en el que se difunda, de acuerdo con el catálogo de cobertura que apruebe el Comité de Radio y Televisión.
Finalmente, en el artículo 218 bis del Reglamento de Fiscalización, se establece que los partidos políticos tienen la obligación de realizar el prorrateo de los gastos, entre las precandidaturas que sean favorecidas, es decir se debe determinar el porcentaje del beneficio económico entre los precandidatos correspondientes.
Precisado lo anterior, del análisis al documento denominado “3.4.2 PRI 23-3-17 Adjunto” que forma parte integrante de la información remitida por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado,[5]esta Sala Regional advierte que la autoridad fiscalizadora sí reconoció que en el informe anual del gasto ordinario del ejercicio dos mil diecisiete presentado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se reportó un importe por la cantidad de $163,000.00 (ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de producción y postproducción de spots. Pues, inclusive, la mencionada cifra fue la que tomó la autoridad responsable como monto involucrado para realizar el prorrateo.
Sin embargo, del monitoreo a radio y televisión, en el marco de las actividades de auditoria y fiscalización, la autoridad responsable detectó la trasmisión del spot “corre la voz” durante el periodo de precampañas. Tal información fue corroborada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE que, mediante el oficio INE/DEPP/DE/DATE/0645/2018, informó a la Unidad Técnica de Fiscalización que los spots con claves RV01222-17, para televisión y RA01482-17, para radio, ambos titulados “corre la voz”, fueron transmitidos durante el periodo del catorce de diciembre de dos mil diecisiete al tres de enero de dos mil dieciocho, en toda la República Mexicana.
Temporalidad que coincide en gran parte con el periodo de precampañas a nivel federal y, en el particular, en el Estado de México, como se evidencia a continuación:
TIPO DE ELECCIÓN | INCIO Y CONCLUSIÓN DE LA PRECAMPAÑA
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FEDERAL | 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018.[6]
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ESTADO DE MÉXICO | 20 de enero al 11 de febrero 2018.[7] |
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SPOT | PERIODO DE TRASMISIÓN
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CORRE LA VOZ | 14 de diciembre de 2017 a 3 de enero de 2018. |
Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 168, párrafo 1, y 226, párrafo 2, incisos a) y c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a nivel federal, así como en el artículo 237 del Código Electoral del Estado de México.
De tal manera que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del acuerdo INE/CG597/2017, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS PARA LA CONTABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN, ASÍ COMO LOS GASTOS QUE SE CONSIDERAN COMO DE PRECAMPAÑA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018, [8] aprobado por el Consejo General del INE el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, los partidos políticos tuvieron la obligación de retirar toda su propaganda genérica e institucional a más tardar el trece de diciembre de dos mil diecisiete.
Para mejor identificación, se transcribe la siguiente disposición del acuerdo de referencia:
Artículo 3. Los partidos políticos, a más tardar el 13 de diciembre del 2017, deberán retirar toda su propaganda genérica institucional, siendo genérica aquella en la que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas del partido político correspondiente, sin que se identifique algún precandidato en particular.
1. Los partidos políticos pueden difundir propaganda genérica fuera de los periodos de precampaña, sin embargo, en caso de que no sea retirada al iniciar esa fase de la etapa de preparación del procedimiento electoral y permanezca durante la precampaña, los gastos deben ser contabilizados y prorrateados entre las precampañas beneficiadas, para cuya determinación, es necesario atender al ámbito geográfico donde se coloca o distribuye la propaganda de cualquier tipo y tomar en consideración las precampañas que se desarrollen.
2. Si el partido no tiene precandidatos y difunde propaganda genérica, deberá reportar los gastos como de operación ordinaria correspondiente a los procesos internos de selección de candidatos, por lo que, en su conjunto, no podrá ser mayor al 2% del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle el proceso interno.
Obligación que es congruente con lo dispuesto en el artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracción V, de la Ley General de Partidos Políticos, el en que se dispone que toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso serán considerados para efectos de los gastos de campaña. Esto último porque a las precampañas les serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas para los actos de campaña y propaganda electoral (artículo 231 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).
En consecuencia, como se pudo advertir, la autoridad responsable no vulneró el principio de exhaustividad, pues la determinación de cuantificar la parte proporcional del gasto por la producción de los spots “corre la voz” es independiente de que el instituto político haya reportado dentro del informe de gasto ordinario ese servicio, y lo haya utilizado como propaganda institucional, debido a que, la permanencia en el tiempo de esa propaganda, causó un beneficio a las precampañas en curso. Por tanto, el hecho de haberlo reportado previamente no lo exime de la obligación de retirar esa publicidad durante el periodo de precampañas, o bien, la obligación de reportar el gasto en la precampaña o precampañas correspondientes, por ser un beneficio.
Esto es, si la autoridad fiscalizadora no hubiera considerado que el reporte y registro de la erogación se efectuó en el informe anual de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete, además de cuantificar el gasto para efectos del tope de gastos de las precampañas beneficiadas, lo hubiera tenido que sancionar por un no reporte de egresos, en términos de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, lo cual no aconteció.
La falta atribuida al PRI corresponde a no haber registrado en su contabilidad el prorrateo de un gasto genérico que benefició a las precampañas de ese instituto político, lo cual es acorde con los principios de legalidad, igualdad y equidad en la contienda.
Difundir propaganda institucional o genérica fuera de los periodos de precampaña y campaña, está permitido, pero deberá ser retirada al iniciar esas fases de la etapa de preparación del procedimiento electoral.
De permanecer esa propaganda durante la precampaña o campaña, aun cuando sólo se difunda el emblema o la mención de lemas que corresponden al partido político, como lo señala el propio recurrente, sin identificar a un precandidato o candidato en particular, debe ser contabilizada para efectos de establecer el gasto genérico correspondiente y, de actualizarse los supuestos previstos en la normativa aplicable, será objeto de prorrateo entre las precampañas o campañas beneficiadas.
Por ende, aun cuando el gasto por la producción de los spots sí fue reportado por el PRI en el informe anual de gasto ordinario del ejercicio dos mil diecisiete, la temporalidad en que se difundió la propaganda contenida en los spots “corre la voz” abarcó el periodo de precampañas, por lo que se actualizó la obligación de reportar la parte alícuota del gasto en cada una de las precampañas que fueron beneficiadas.
Esto es, todo bien o servicio que beneficie una precampaña o una campaña, será sujeto de ser cuantificado para efectos de sumarse al tope de gastos correspondiente, con la finalidad de proteger la equidad en la contienda. Lo anterior, con independencia de que haya sido una erogación realizada específicamente para ese fin, o bien, que en relación con el tiempo en que es exhibida o utilizada influya en la contienda electoral.
Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Sala Superior en la tesis XXIV, de rubro PROPAGANDA GENÉRICA. LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO.[9]
Indebido prorrateo
Por cuanto hace a este apartado, el PRI sostiene, esencialmente, que la autoridad responsable realizó indebidamente el prorrateo del gasto por concepto de producción de spots solo entre las campañas locales en el Estado de México y no consideró las campañas federales beneficiadas, por lo que procedió a imponerle un monto sancionable por $9,669.08 (nueve mil seiscientos sesenta y nueve 08/100 M.N.), que será sumados a los topes de gastos de diputados locales y ayuntamientos en la entidad.
No obstante, de su recurso se advierte que la autoridad responsable realizó el cálculo del prorrateo en el Anexo 6 bis del dictamen consolidado de la revisión de los informes de precampaña que presentó el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, afirmación que coincide con lo manifestado por la Unidad Técnica de Fiscalización en el análisis de la irregularidad que forma parte del dictamen consolidado que es materia de impugnación del presente recurso.
En ese sentido, de la revisión al Anexo 6 bis, se observa que, contrariamente a lo señalado por el recurrente, la autoridad fiscalizadora sí realizó el prorrateo del gasto entre todas las campañas federales y locales.
En el documento de trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización al que se hizo referencia, se encuentran dos hojas de cálculo de Excel tituladas “Prorrateo Spot Radio” y “Prorrateo Spot TV”, de las que se observa, respectivamente, una base de datos que incluye los siguientes rubros: sujeto obligado, nombre, tipo de precandidatura, entidad, municipio, distrito, localidad, número de cuenta contable, nombre de cuenta contable, descripción del movimiento, tope de precampaña, porcentaje, importe según el método de prorrateo determinado por la Unidad Técnica de Fiscalización, importe según el sujeto obligado y diferencia, con más de mil seiscientas filas en las que se enlistan todos los cargos registrados ante la autoridad electoral.
Los referidos documentos se titulan de la siguiente manera:
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN |
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS |
REVISIÓN DE INFORME DE PRECAMPAÑA |
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018 |
SIMULADOR DE PRORRATEO MEDIOS IMPRESOS |
PRORRATEO UN SPOT DE RADIO GENÉRICO DEL PRI, TRANSMITIDOS EN PERIODO DE PRECAMPAÑA. "CORRE LA VOZ" |
Criterio de Distribución: PRESIDENTE / SENADOR / DIPUTADO FEDERAL / LOCALES |
Monto a Prorratear: $163,000.00 |
Y |
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN |
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS, AGRUPACIONES POLÍTICAS Y OTROS |
REVISIÓN DE INFORME DE PRECAMPAÑA |
PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018 |
SIMULADOR DE PRORRATEO MEDIOS IMPRESOS |
PRORRATEO UN SPOT DE TV GENÉRICO DEL PRI, TRANSMITIDOS EN PERIODO DE PRECAMPAÑA. "CORRE LA VOZ" |
Criterio de Distribución: PRESIDENTE / SENADOR / DIPUTADO FEDERAL / LOCALES |
Monto a Prorratear: $163,000.00 |
(Lo subrayado es propio)
De la revisión[10] a las bases de datos precisadas, con la finalidad de verificar si la autoridad responsable, actuó conforme a Derecho y realizó el prorrateo correspondiente, este órgano jurisdiccional obtuvo que la suma de los importes correspondientes a las campañas locales en el Estado de México equivale a $4,834.54 (cuatro mil ochocientos treinta y cuatro pesos 54/100 M.N.) por radio y otros $4,834.54 (cuatro mil ochocientos treinta y cuatro pesos 54/100 M.N.) por televisión, mismos que sumados dan la cantidad de $9,669.08 (nueve mil seiscientos sesenta y nueve 08/100 M.N.), equivalentes al importe observado en la conclusión 1 que es materia del presente recurso.
Para mejor referencia se incluye a la presente sentencia el “Anexo 1” donde se evidencia lo anterior.
Como se observa, la autoridad fiscalizadora sí realizó el prorrateo del spot genérico titulado “corre la voz”, transmitido durante el periodo de precampaña, por un monto de $163,000.00 (ciento sesenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), entre todas las campañas beneficiadas y no únicamente entre las precampañas locales en el Estado de México, como lo señaló el PRI, pues la parte proporcional que correspondió a las campañas locales en la citada entidad federativa fue de $9,669.08 (nueve mil seiscientos sesenta y nueve 08/100 M.N.).
Por tanto, ante el incumplimiento del PRI a lo dispuesto en el artículo 218 bis del Reglamento de Fiscalización, a juicio de esta Sala Regional, es correcta la determinación de la autoridad responsable contenida en la conclusión 1 de la resolución impugnada, consistente en imponer una sanción económica por $2,900.72 (dos mil novecientos pesos 72/100 M.N.).
E. Conclusión
En consecuencia, al haber resultado infundado el agravio formulado por el PRI, lo procedente es confirmar, en lo que fue materia de impugnación, la resolución INE/CG331/2018 y su respectivo dictamen consolidado INE/CG330/2018, aprobados el cuatro de abril de dos mil dieciocho, por el Consejo General del INE.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
ÚNICO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la resolución INE/CG331/2018 y su respectivo dictamen consolidado INE/CG330/2018, aprobados el cuatro de abril de dos mil dieciocho por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
NOTIFÍQUESE, personalmente, al partido político recurrente; por oficio, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Sala Superior de este Tribunal Electoral y, por estrados, a los demás interesados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26; 27; 28; 29, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 94, 95, 98 y 99 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, hágase del conocimiento público en la página que tiene este órgano judicial en Internet.
En su caso, devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la magistrada y los magistrados que integran el Pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el secretario general de acuerdos, que autoriza y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA
MARTHA C. MARTÍNEZ GUARNEROS
MAGISTRADO
ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ
| MAGISTRADO
JUAN CARLOS SILVA ADAYA
|
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
ISRAEL HERRERA SEVERIANO
