Toluca de Lerdo, Estado de México, a doce de septiembre de dos mil veinticinco.[2]

Sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución INE/CG946/2025 emitida con motivo del procedimiento administrador sancionador en materia de fiscalización, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el que, entre otras cuestiones, se le impuso una sanción a la candidata María Isabel Cruz Corral.

A N T E C E D E N T E S

De la demanda y las demás constancias que integran el expediente, se desprende lo siguiente:

I. Instancia administrativa.

1. Reforma al Poder Judicial en el Estado de Michoacán. El trece de noviembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el Decreto número 03 del Congreso de la referida entidad federativa, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Local.

2. Inicio del proceso electoral. El veinte de noviembre de dos mil veinticuatro, dio inicio el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024 – 2025.

3. Plazos de fiscalización. El diecinueve de febrero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG190/2025[3] por el que se determinan los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de las personas candidatas a juzgadoras, correspondientes a los periodos de campaña de los Procesos Electorales Extraordinarios 2024-2025 del Poder Judicial Federal y Locales, así como para las organizaciones de observación electoral en el ámbito federal.

4. Acto impugnado. El veintiocho de julio, EL Consejo General aprobó la resolución INE/CG946/2025 “RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE DIVERSAS CANDIDATURAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL, 2024-2025, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/502/2025/MICH”, que entre otras cuestiones, declaró fundado el procedimiento administrativo sancionador e impuso una multa, entre otras personas, a la parte actora.

II. Recurso de apelación.

1. Demanda. Inconforme, el ocho de agosto, la ciudadana María Isabel Cruz Corral, otrora candidata a Jueza de Ejecución Penal del Poder Judicial del estado de Michoacán de Ocampo, interpuso recurso de apelación ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán de Ocampo.

2. Recepción y turno del medio de impugnación. El catorce de agosto siguiente, se recibió, en la oficialía de partes de esta Sala Regional, diversa documentación con motivo del recurso de apelación. En esa misma fecha, el Magistrado Presidente ordenó integrar este expediente y turnarlo a ponencia.[4]

3. Radicación. Mediante acuerdo de quince de agosto, se radicó el recurso en la ponencia.

4. Consulta competencial. Mediante acuerdo plenario de esa misma fecha, se puso a la consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la consulta sobre la competencia para conocer del presente asunto.

5. Determinación sobre competencia. El veintidós de agosto, la Sala Superior dictó acuerdo plenario en el expediente SUP-RAP-941/2025 y su acumulado SUP-RAP-963/2025, entre otros, en el que determinó que esta Sala Regional es competente para conocer del recurso de apelación al rubro indicado, por lo que ordenó reencauzar el asunto.

III. Nueva integración de Pleno y returno

1. Integración del Pleno. El 1º de septiembre, la Magistrada Presidenta Nereida Berenice Ávalos Vázquez, la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez y el Magistrado Omar Hernández Esquivel rindieron protesta ante el Senado de la República, como integrantes del Pleno de la Sala Regional Toluca,.

2. Notificación del acuerdo de Sala Superior. El dos de septiembre se recibió la cédula de notificación electrónica en la cuenta institucional de este órgano jurisdiccional, por el que el actuario de Sala Superior notificó la parte considerativa y el punto de Acuerdo en el que se decide la competencia de esta Sala Regional.

3. Returno. Derivado de la nueva integración del Pleno antes precisada y tras la conclusión del encargo de la magistratura a la cual originalmente se turnó este expediente, la Magistrada Presidenta ordenó el returno a la ponencia del Magistrado Omar Hernández Esquivel.

4. Integración de constancias y radicación. En su oportunidad, el Magistrado Instructor tuvo por recibidas las constancias que se precisan en el numeral 2 que precede, radicó el expediente en su ponencia.

5. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, se admitió a trámite la demanda y se declaró cerrada la instrucción.

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, es competente para conocer y resolver este asunto.[5]

Lo anterior, toda vez que el presente medio de impugnación es interpuesto por una candidata a Jueza de Ejecución Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en contra de una determinación de la autoridad administrativa electoral nacional, relacionada con el procedimiento administrador sancionador en materia de fiscalización, en relación con una de las entidades federativas (Michoacán) pertenecientes a la quinta circunscripción plurinominal, donde esta Sala Regional ejerce jurisdicción, acorde con la nueva demarcación territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales decidida en el acuerdo INE/CG130/2023, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria celebrada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés y publicado el veintinueve de marzo siguiente, en el Diario Oficial de la Federación.[6]

Ello, en términos del Acuerdo General 1/2017, emitido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, así como del Acuerdo de Sala dictado en el expediente con clave de identificación SUP-RAP-941/2025 y su acumulado SUP-RAP-963/2025.

SEGUNDA. Instalación del Pleno de Sala Toluca con las Magistraturas electas.[7] Se hace del conocimiento de las partes que, con fecha 1º de septiembre de 2025, tomaron protesta las Magistraturas Nereida Berenice Ávalos Vázquez, como Presidenta, Marcela Elena Fernández Domínguez y el Magistrado Omar Hernández Esquivel, como integrantes de la Sala Regional Toluca, a partir de la citada fecha.

TERCERA. Existencia del acto impugnado. En el presente medio de impugnación se controvierte la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante acuerdo INE/CG946/2025, emitido el veintiocho de julio, el cual fue aprobado —en lo particular— con seis votos a favor y 5 votos en contra de las consejerías que integran ese órgano administrativo.

Derivado de lo anterior, resulta válido concluir que el acto impugnado existe y surte efectos jurídicos, en tanto que esta autoridad revisora no determine lo contrario, sobre la base de los agravios planteados por la parte actora.

CUARTA. Requisitos de procedencia. El medio de impugnación reúne los requisitos de procedibilidad previstos en los artículos 7, apartado, 8, 9, párrafo 1, 13, párrafo 1, inciso b), 42 y 45, párrafo 1, inciso b), fracción ll, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se expone: 

a) Forma. La demanda se presentó por escrito, consta el nombre y firma autógrafa de la parte actora, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que le causa la resolución controvertida y los preceptos presuntamente violados.

b) Oportunidad. Se cumple con este requisito, toda vez que el recurso fue presentado dentro del plazo de cuatro días, contados a partir de la notificación de los actos impugnados, en términos de lo establecido en los artículos 7, numeral 1, y 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De las constancias que obran en autos se advierte que el acto impugnado se aprobó el veintiocho de julio de dos mil veinticinco y le fue notificado al recurrente, mediante oficio por buzón electrónico de fiscalización, el cinco de agosto[8], por lo que, si el recurso se presentó el ocho de agosto, es evidente que ello fue oportunamente.

c) Legitimación y personería. Este requisito se cumple, porque el recurso de apelación fue interpuesto por una ciudadana, por su propio derecho[9], ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán de Ocampo, personería que le es reconocida en el informe circunstanciado.

d) Interés jurídico. Se cumple con este requisito, pues la parte actora controvierte una resolución que considera es contraria a sus intereses.

e) Definitividad y firmeza. En el presente asunto se cumple, ya que no existe recurso que deba agotarse previamente para controvertir la resolución reclamada.

QUINTA. Cuestión previa. En el escrito de demanda que originó el presente recurso de apelación se advierte que, el recurrente esgrime agravios relacionados con la sanción que le fue impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por virtud del Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de fiscalización instaurado en su contra.

Sanción controvertida:

SEXTA. Acto impugnado. Partiendo del principio de economía procesal y en especial, porque no constituye obligación legal su inclusión en el texto de la presente sentencia, se estima innecesario transcribir el contenido del acto impugnado.

Es aplicable como criterio orientador, por identidad jurídica sustancial, las razones contenidas en la tesis con número de registro 219558, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro “ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO”.[10]

Máxime que, en el expediente se tiene a la vista la documentación en la que consta el acto reclamado, para su debido análisis.

SEPTIMA. Agravios. La parte actora, para controvertir la sanción que le fue impuesta, hace valer como motivos de agravio, las temáticas siguientes:

i.            Inexistencia de propaganda electoral. Improcedente calificación de los acordeones como propaganda sin cumplir con los elementos exigidos por el marco normativo, jurisprudencial y constitucional.

ii.            Violación a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad en la imposición de una multa excesiva. Violación al artículo 22 Constitucional por desproporcionalidad, falta de individualización y ausencia de motivación en la sanción.

iii.            Violación al principio de presunción de inocencia por falta de prueba plena sobre la participación de la actora en la elaboración y distribución de las guías o acordeones de votación.

iv.            Insuficiencia probatoria e indebido estudio para acreditar la existencia de un beneficio indebido proveniente de un ente prohibido y su imputación a la actora. Violación al principio de certeza y legalidad.

v.            Imposibilidad técnica y jurídica para cuantificar el supuesto beneficio derivado de la impresión y distribución de guías o acordeones de votación. Violación a los principios de legalidad, certeza y proporcionalidad en materia sancionadora.

vi.            Falta de exhaustividad y errónea atribución de responsabilidad indirecta sin elementos indiciarios mínimos de conocimiento, incongruencia interna y vulneración al principio de seguridad jurídica. La conducta atribuida —supuesta distribución de “acordeones”— fue deslindada oportunamente y, aun así, se impone una sanción, contraviniendo criterios jurisprudenciales y actuaciones oficiales del Instituto Nacional Electoral.

OCTAVA. Litis, pretensión, metodología y estudio de fondo. La litis se constriñe a revisar, en su caso, la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral contenida en la resolución con clave de identificación INE/CG946/2025, por la que determinó existentes infracciones a la normativa electoral en materia de fiscalización, relacionadas con la elección judicial de personas Juzgadoras y Magistraturas en el estado de Michoacán de Ocampo; la pretensión es que se revoque la sanción que le fue impuesta a la persona actora, en su calidad de candidata a Jueza de Ejecución Penal del Poder Judicial del estado de Michoacán de Ocampo.

En cuanto a la metodología de estudio de los conceptos de disenso planteados por la recurrente, se realizará en apartados separados por cada temática: en primer lugar, los identificados con los numerales iii y iv, de forma conjunta, que se encuentran dirigidos a confrontar la violación al principio de presunción de inocencia y la insuficiencia probatoria respecto de la participación de la parte actora en la elaboración y distribución de las guías o acordeones de votación; y, en segundo lugar, el resto de las temáticas de agravio, precisando que, atendiendo al principio de mayor beneficio solo serán estudiadas, en su caso, las necesarias y suficientes para lograr la pretensión planteada, consistente en la revocación de la sanción económica.

Al efecto, cabe precisar que, el método para el examen de los agravios en conjunto, por apartados específicos o en orden diverso al planteado, no genera afectación alguna a la parte actora, en virtud de que es doctrina judicial reiterada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que la metodología no causa lesión jurídica, porque no es la forma en cómo se analizan los agravios lo que puede originar menoscabo, en la medida que sean atendidos todos los planteamientos de la controversia sometidos a la jurisdicción. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 4/2000, con el rubro: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.[11]

Estudio de fondo

En concepto de esta Sala Regional, los motivos de agravio expuestos por la parte actora, identificados con los numerales iii y iv, dirigidos a confrontar la violación al principio de inocencia y la insuficiencia probatoria respecto de la participación de la ahora actora en la elaboración y distribución de las guías o acordeones de votación, son fundados y suficientes para lograr revocar, en la materia de impugnación, la determinación controvertida, por las razones que enseguida se exponen.

Previo a dar respuesta a los motivos de inconformidad, se torna necesario establecer las principales consideraciones de la resolución controvertida y el marco normativo aplicable.

a. Consideraciones torales de la resolución INE/CG946/2025. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral al resolver “RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE DIVERSAS CANDIDATURAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO PARA LA ELECCIÓN DE DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL, 2024-2025, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/502/2025/MICH”, determinó sancionar a la ahora parte recurrente, con base en las consideraciones siguientes:

[…]

4. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, y al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento, así como derivado del análisis de los documentos y actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si se llevó a cabo la presunta distribución de copias de las boletas electorales prellenadas con números de determinadas candidaturas, conocidas como acordeones, y si estos generaron algún beneficio a sus candidaturas en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial 2024-2025 en el estado de Michoacán.

(…)

II. ANÁLISIS AL CASO CONCRETO

Una vez desarrollado la valoración del material probatorio obtenido, para la dilucidación al caso en particular; en un primer momento, se expondrán los hallazgos que la autoridad fiscalizadora obtuvo en las múltiples solicitudes de información realizadas a diversas autoridades a lo largo del desarrollo de la investigación de los hechos controvertidos; posteriormente, se analizará si el sujeto incoado se encuentra en la hipótesis expuesta en la normativa citada en el presente considerando. Derivado de las facultades de investigación conferidas a la Unidad Técnica de Fiscalización obtuvo los hallazgos siguientes:

A. Hallazgos de la autoridad fiscalizadora

1) Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

Derivado de la vista realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en el expediente UT/SCG/PE/PEF/FHF/JL/ MICH/178/2025 de la certificación del contenido de los enlaces electrónicos presentados por la pare quejosa, se levantó “ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA DILIGENCIA PRACTICADA EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO”,17 se desprenden notas periodísticas realizadas en diversos medios digitales y publicaciones en la red social Facebook, de las cuales de obtuvieron los hallazgos siguientes:

2) Determinación de las candidaturas a cargos del Poder Judicial en Michoacán.

De las doscientas cuarenta y ocho guías o acordeones presentadas por la parte quejosa se realizó un análisis de los números de candidaturas en ellas señaladas correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, 2024-2025 en el estado de Michoacán, y se realizó un cruce de datos con el acuerdo IEM-CG-75/2025 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, con la finalidad de obtener los nombres y cargos de las candidaturas.

Como resultado de lo anterior, del análisis a las guías o acordeones presentados  —en su conjunto— por la parte quejosa se obtuvo un total de ochenta y siete candidaturas en diversos cargos como se señala en el cuadro que antecede, asimismo, de conformidad con el acuerdo IEM-CG-44/20251 aprobado el quince de marzo de dos mil veinticinco por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán Marcela Guadalupe Esquivel Piedra, Adán Piña Avilés y Francisco Santoyo Aburto con número de candidaturas, respectivamente, 03, 31 y 36 declinaron al cargo de Juezas y Jueces en Materia Penal Acusatorio Oral en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, 2024-2025 en dicha entidad.

(…)

7) Parte denunciada

La autoridad fiscalizadora en cumplimiento de sus funciones electorales del debido proceso y en ejercicio del derecho a la garantía de audiencia emplazó a Morena y a ochenta y siete otroras candidaturas denunciadas señaladas en las boletas de votación prellenadas (acordeones) para la elección de diversos cargos del Poder Judicial 2024 – 2025 en el Estado de Michoacán para que, entre otras cosas, realizara las aclaraciones que consideraran pertinentes exponiendo lo que a su derecho conviniera, ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Derivado de ello, ochenta y una otroras personas candidatas, así como el partido Morena, en ejercicio de su uso de derecho de defensa presentaron escrito de respuesta al emplazamiento de mérito, asimismo, del análisis a dichos escritos niegan los hechos controvertidos y —en su caso— realizan deslinde de los hechos materia del presente procedimiento.

En ese entramado de ideas, se procede a analizar si el deslinde señalado por las otroras candidaturas para la elección de diversos cargos del Poder Judicial 20242025 en el Estado de Michoacán cumplen los elementos prescritos referidos en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización que prevé el deslinde por parte de los partidos, coaliciones, candidaturas, precandidaturas, aspirantes o candidaturas independientes respecto de los gastos de precampaña o campaña de los que no conozcan su existencia, éste deberá ser oportuno, idóneo, jurídico y eficaz.

A ese respecto, debe decirse que las ochenta y una otroras candidaturas, así como el partido Morena, que pretenden hacer valer el deslinde presentado dentro de su escrito de respuesta al emplazamiento, mediante el cual —entre otras cosas— señalan que los hechos que se contestan no guardan ninguna relación con éstas, así como tampoco fueron ordenados, ni pagados por ellas. En razón de lo anterior, dichos deslindes habrán de analizarse a la luz de lo previsto por el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización; así como lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 17/2010, de rubro “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE”; en ese sentido, del estudio de los escritos en comento se advierte lo siguiente:

 Jurídico: Debe presentarse por escrito ante la Unidad Técnica de Fiscalización o a través de los Órganos desconcentrados del Instituto (Juntas Locales o Distritales). Aunado a ello la Sala estableció que se deben realizar acciones permitidas por la ley y que las autoridades electorales pueden actuar en el ámbito de su competencia.

 Oportuno: Debe presentarse antes de la emisión del oficio de errores y omisiones o en la presentación de la respuesta al mismo. Aunado a eso, la Sala determinó que la actuación debe ser inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos.

 Idóneo Debe precisar el concepto, su ubicación, temporalidad, características y todos aquellos datos que permitan a la autoridad generar convicción de que el escrito resulta adecuado y apropiado para ese fin. Asimismo, la Sala señala que las medidas o acciones deben resultar adecuadas y apropiadas para ese fin.

 Eficaz: Acto tendente al cese de la conducta y que generen la posibilidad cierta de que la Unidad Técnica de Fiscalización los conozca. Al respecto, la Sala señaló que la implementación debe producir el cese de la conducta infractora o generar la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta.

(…)

De los resultados señalados en el cuadro que antecede, se tiene que el elemento jurídico en los escritos respectivos se tiene por acreditado, ya que obran en autos, que las otroras candidaturas dieron contestación al emplazamiento en el cual se deslinda de los hechos denunciados.

Por lo que hace al elemento de oportunidad no se acredita, toda vez que los escritos de deslinde se presentaron al momento de dar respuesta a los emplazamientos realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización.

Ahora bien, por cuanto hace a la idoneidad no se encuentra acreditado, toda vez que las otroras candidaturas ahora denunciadas sólo manifestaron “desconocer la existencia de los llamados acordeones y/o boletas marcadas donde su número de candidatura aparecía, así como las condiciones de contratación, impresión, distribución, pues no se formulan argumentos verosímiles que permitieran a la Unidad Técnica de Fiscalización tener certeza de que actuaron  en forma inmediata una vez que conocieron la existencia de los hechos denunciados, y que permitan conocer la temporalidad transcurrida entre la fecha en que conoció y la fecha de presentación del escrito de deslinde.

Finalmente, la eficacia no se acredita toda vez que las otroras candidaturas denunciadas no acreditan ni mencionan haber realizado algún acto o medida con el objeto de suspender, o en su defecto, que de manera oportuna haya informado a la autoridad electoral para ésta conociera del hecho, lo investigara, y resolviera sobre la licitud o ilicitud de la conducta de estudio. Asimismo, no aportaron los elementos de prueba que permitieran acreditar que realizaron actos (en el momento procesal oportuno) cuyo objetivo produjera el cese de la conducta infractora o que le permitiera desvincularse del posible beneficio que estos les representó.

En este orden de ideas, y concatenando los elementos antes analizados esta autoridad electoral determina que los deslindes presentados no cumplieron con los elementos básicos para su validez, a saber: jurídico, eficacia, idoneidad y oportunidad respecto del acto irregular que se les reprocha y del posible beneficio que representó para los sujetos incoados.

(…)

Análisis al caso particular.

Derivado de las vistas realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral respecto de los procedimientos especiales sancionadores con números UT/SCG/PE/PEF/FHF/JL/MICH/178/2025, UT/SCG/PE/PEF/FLR/JL/MICH/192/2025 y UT/SCG/PE/PEF/JAPU/JL/MICH/202/2025, consistentes en la presunta distribución de copias de las boletas electorales para la elección en comento, prellenadas con números de determinadas candidaturas, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, 2024-2025 en el estado de Michoacán, la autoridad instructora encausó la línea de investigación en tener certeza de la supuesta distribución de las copias de las boletas electorales a partir de lo siguiente:

a) Distribución y entrega de guías o acordeones

b) Responsabilidad de las candidaturas

a) Distribución y entrega de guías o acordeones

Como se mencionó en el inciso a) Investigación de la problemática a partir de pruebas indirectas de este apartado B. la presente investigación que tratándose de procedimientos sancionadores resulta común la ausencia de pruebas directas que acrediten la infracción denunciada; sin embargo, dicha ausencia no implica la inexistencia de la vulneración a la normativa electoral o la atribución de la responsabilidad, por esto, la autoridad substanciadora con la finalidad de agotar el principio de exhaustividad realizó diversas diligencias a partir de pruebas indirectas (indicios) que, en apoyo de otros medios probatorios, esto es, a partir de la existencia —como consta en autos— de las guías o acordeones se esclarezcan los hechos ahora denunciados.

En ese sentido, como se analizó en el numeral 1) Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del apartado A. Hallazgos de la autoridad fiscalizadora, se tuvo certeza de la existencia de los acordeones pre-llenados que, a juicio de la parte denunciada, beneficiaba a las ochenta y siete candidaturas allí referidas…

En ese orden de ideas, como eje de investigación como se refirió en los párrafos que anteceden se constató o bien desde el principio en la presentación de los tres escritos de queja por la parte demandada se tuvo certeza de la existencia de 248 guías o acordeones, por lo que, a fin de acreditar los extremos de las pretensiones del presente procedimiento consistentes en la impresión y distribución de éstos de conformidad con las circunstancias de modo, tiempo y lugar señalados por la parte quejosa, se realizaron diligencias en lo siguiente:

Como primera vertiente, la autoridad fiscalizadora en auxilio de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva levantó cuestionarios a personas vecinas y locatarias de negocios comerciales en los domicilios donde, a juicio de la parte quejosa, refieren se realizaron la entrega y distribución de los acordeones, remitiendo a dicho efecto las actas circunstanciadas números INE/OE/09JD/MICH/CIRC/004/2025 en la calle Chiapas de la colonia Ramón Farías en el municipio de Uruapan, Michoacán e INE/JD07/MICH/OE/CIRC/002/2025 en el domicilio de Calle Las Rosas, colonia Loma Linda en el Municipio de Zacapu, Michoacán, con base en el rubro 3) Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del apartado A. Hallazgos de la autoridad fiscalizadora.

De los resultados de estas diligencias arrojaron que:

 Se levantaron 24 cuestionarios en los dos domicilios referenciados.

 21 personas señalaron no saber nada al respecto de la entrega de los supuestos acordeones en el lugar donde se les practicó el levantamiento de los cuestionarios.

 Tres personas señalaron que no les entregaron acordeones, pero sí “escucharon” o “supieron” que en lugares cercanos realizaron entregas de los mismos. 

 Aunado a lo anterior, del levantamiento de los cuestionarios en cuestión, las personas que accedieron a colaborar con la autoridad electoral, refirieron que no votaron en la elección de mérito, y que resultaban muy inconformes de cómo se llevó a cabo y de los propios resultados de las elecciones.

En suma, de las diligencias realizadas por la autoridad fiscalizadora encaminadas a tener certeza con base en los medios de prueba presentados por la parte quejosa, considerando que se tiene certeza de la existencia de los acordeones que obran en el expediente de mérito, respecto de la distribución y entrega de guías o acordeones para la inducción del voto de la ciudadanía, tanto en los domicilios señalados por la parte quejosa en la calle Chiapas de la colonia Ramón Farías en el municipio de Uruapan y en la Calle Las Rosas, colonia Loma Linda en el Municipio de Zacapu, ambos en Michoacán, así como en la entrega de éstos a personal sindicalizado perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia, no se tiene certeza de dichos hechos, salvo como ya se ha señalado de la existencia de 248 acordeones de los que tiene certeza fehaciente esta autoridad.

b) Responsabilidad de las otroras candidaturas

De esta manera, se deprende que el principio de exhaustividad se cumple cuando se agota cuidadosamente en la sentencia o resolución el estudio de todos y cada uno de los planteamientos de las partes y que constituyan la causa de pedir, porque con ello se asegura la certeza jurídica que debe privar en cualquier respuesta dada por una autoridad a los gobernados en aras del principio de seguridad jurídica.

En ese tenor, resulta menester realizar el análisis a las guías o boletas prellenadas con ochenta y siete candidaturas correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial en el estado de Michoacán, ello bajo los criterios de la Tesis LXIII/2015 sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN”; misma señala que para determinar la existencia de un beneficio/gasto a alguna campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos mínimos:

 La finalidad, entendida como el hecho de que el acto o elemento de gasto genere un beneficio a un partido político, coalición o candidatura para obtener el voto de la ciudadanía.

 La temporalidad, la cual es referente a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña.

 La territorialidad, misma que consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo el acto.

(…)

Finalidad: Se acredita, toda vez que existe un llamamiento al voto o posicionamiento en favor de las ochenta y siete candidaturas —o que haga alusión al nombre o cargo— referidas en el cuadro que antecede, también es cierto que de tal suerte los números pre-llenados en las guías o acordeones pertenecen a las candidaturas del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, 2024-2025 en el estado de Michoacán, de ahí que, en estricto apego de la lógica y la sana crítica de la adminiculación de los medios de prueba la finalidad de dichas guías o boletas representa una propaganda que beneficia a las personas candidatas allí señaladas.

Temporalidad: Se acredita, pues de conformidad con la información de los escritos de queja de la parte actora, los hechos se suscitaron el en el marco temporal en que aconteció el periodo de campaña comprendida del catorce de abril al veintiocho de mayo de dos mil veinticinco de dos mil veinticinco en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, 2024-2025 en el estado de Michoacán.

(…)

Por lo que hace a la jurisprudencia 48/2024 de rubro FISCALIZACIÓN. EL BENEFICIO A UNA PRECAMPAÑA, CAMPAÑA, CANDIDATURA O PARTIDO POLÍTICO, DERIVADO DE UN GASTO POR PROPAGANDA, ES INDEPENDIENTE DE LA AUTORÍA MATERIAL Y EL PAGO DE LA MISMA, señala de manera determinante que no es un eximente de responsabilidad sobre el beneficio y el no reporte de gastos, que la autoridad fiscalizadora no haya determinado o no sea posible conocer el origen del recurso con el que se pagó la propaganda, por el contrario, lo relevante es el beneficio que le generó a la parte obligada.

En ese criterio jurisprudencia se sostiene que el beneficio de un gasto a una precampaña, campaña, candidatura o partido no se supedita la acreditación de la autoría material de la producción y/o fijación de la propaganda, ni el pago de esta, sino lo importante estriba en tener por acreditado que existió y que —en caso de no ser propia— no realizó ninguna acción tendente a su retiro para evitar alguna posible afectación a los principios que rigen la materia electoral, como la equidad en la contienda, por ejemplo. Asimismo, la jurisprudencia de mérito enumeró los siguientes tipos de beneficio: la inclusión en el material denunciado del nombre, emblema o imagen de alguna de las partes participantes en una etapa del proceso electoral.

En ese sentido argumentativo, la jurisprudencia 29/2024 faculta expresamente a la Unidad Técnica de Fiscalización para determinar directamente si los materiales denunciados detectados durante los procesos de fiscalización generaron algún otro beneficio cuantificable a favor de los sujetos obligados.

En consecuencia, esta autoridad puede reconocer como beneficio aquellos conceptos que sean cuantificables y que vulneren el principio de equidad en la contienda, pues conforme a la definición del propio concepto, el beneficio tiene como efecto directo el posicionamiento [ilegal] de una fuerza o candidatura frente a otra.

(…)

En ese criterio jurisprudencia se sostiene que el beneficio de un gasto a una precampaña, campaña, candidatura o partido no se supedita la acreditación de la autoría material de la producción y/o fijación de la propaganda, ni el pago de esta, sino lo importante estriba en tener por acreditado que existió y que —en caso de no ser propia— no realizó ninguna acción tendente a su retiro para evitar alguna posible afectación a los principios que rigen la materia electoral, como la equidad en la contienda, por ejemplo.

Asimismo, la jurisprudencia de mérito enumeró los siguientes tipos de beneficio: la inclusión en el material denunciado del nombre, emblema o imagen de alguna de las partes participantes en una etapa del proceso electoral. En ese sentido argumentativo, la jurisprudencia 29/2024 faculta expresamente a la Unidad Técnica de Fiscalización para determinar directamente si los materiales denunciados detectados durante los procesos de fiscalización generaron algún otro beneficio cuantificable a favor de los sujetos obligados.

En consecuencia, esta autoridad puede reconocer como beneficio aquellos conceptos que sean cuantificables y que vulneren el principio de equidad en la contienda, pues conforme a la definición del propio concepto, el beneficio tiene como efecto directo el posicionamiento [ilegal] de una fuerza o candidatura frente a otra.

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió la Jurisprudencia 8/2025 de rubro RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA A UNA CANDIDATURA ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR…

(…)

En relación con lo anterior, debe tenerse presente que la dispersión de información sobre la distribución de acordeones y/o guías de votación estuvo al alcance de la ciudadanía al ser tema recurrente en redes sociales y documentado por múltiples medios informativos, en los que se daba cuenta la identificación de diversas candidaturas a cargos del poder judicial en el estado de Michoaçan2024-2025, por lo que los sujetos obligados no fueron ajenos a la información sobre la  realización de estas prácticas que daban indicios de su aparición.

Ahora bien, tal como señala el criterio jurisprudencial en comento, para determinar la responsabilidad indirecta de las candidaturas deben tenerse elementos sobre el conocimiento del acto infractor; en el caso específico, la elaboración y distribución de las guías de votación y acordeones, de ahí que resulte evidente que la propaganda electoral denunciada generó un beneficio a las candidaturas involucradas al posicionarlas frente al electorado y facilitar su ubicación dentro de las opciones por las que pudo optar la ciudadanía.

Dicho lo anterior, las candidaturas que se beneficiaron faltaron a su deber de cuidado respecto de la propaganda en la que se difundió su imagen, nombre o número en la boleta —por el beneficio que obtuvieron de ella—, en ese sentido, la difusión de la propaganda se realizó de manera presencial y las entonces personas candidatas tuvieron indicios sobre su aparición, de tal suerte que no se soslaya que aun sin contar con la identificación de quién o quiénes ordenaron su elaboración y distribución, resultaba necesaria la ejecución de todas las acciones posibles para que cesaran los efectos del beneficio obtenido de forma ilícita.

(…)

De conformidad con lo anterior, resulta razonable que quien se beneficie con algún tipo de propaganda deba informar sobre los gastos a la autoridad competente como parte de sus deberes, o bien se distancie de aquella propaganda que le posicione de forma irregular frente a la ciudadanía, a través de acciones formales y materiales que hagan evidente su reproche, pues lo relevante es el beneficio que le generó a la parte obligada por incluir su nombre —en este caso particular— o su número de candidatura en la propaganda objeto de pronunciamiento.

c) Determinación de la autoridad fiscalizadora

Como se señaló en los apartados que anteceden, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los hechos denunciados por la parte quejosa, sin embargo, de los elementos probatorios presentados por las partes, así como de los obtenidos por la autoridad fiscalizadora, los mismos al adminicularse no permiten determinar el origen y distribución de las guías de votación o acordeones.

(…)

Ahora bien, el beneficio referido se actualiza respecto de las 61 (sesenta y un) personas candidatas a juzgadoras que aparecieron en los 248 acordeones de los que se tiene acredita su existencia y que resultaron ganadoras en la jornada electoral celebrada en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del poder judicial en el estado de Michoacán 2024-2025, pues el beneficio generado a partir de su aparición en los acordeones se materializó mediante la obtención del triunfo al que aspiraban.

En este tenor, como se desprende del análisis presentado, existen elementos suficientes para calificar los hechos investigados como una aportación dado que éstas se realizaron de forma unilateral: es decir, no se requiere un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso en contra de la misma. En la especie, las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos y recae en todo caso en un beneficio económico no patrimonial. 

(…)

En consecuencia, debe precisarse que los conceptos cuyo análisis corresponde a este apartado, indudablemente generaron un beneficio a las otroras candidatas que se refieren en el cuadro que antecede al resultar ganadoras en la contienda electoral de mérito; en este sentido, en materia de fiscalización, constituyó una aportación que se debió rechazar.

De igual manera, se actualiza una aportación a favor de las 26 otroras candidaturas restantes al haberse beneficiado de su aparición en los acordeones y/o guías de votación acreditados y traducirse en un mecanismo ilícito de propaganda, debido a su finalidad consistente en posicionar su opción ante la ciudadanía, aun y cuando no hayan obtenido el triunfo en el proceso de mérito

(…)

R E S U E L V E

PRIMERO. No ha lugar a conceder medidas cautelares, de conformidad con lo expuesto en el apartado A. Medidas cautelares del Considerando 3 de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Morena en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, 2024-2025 en el estado de Michoacán, así como del partido Morena, en los términos de lo expuesto en el Considerando 4, de la presente Resolución.

TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de ochenta y siete otroras candidaturas a diversos cargos en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, 2024-2025 en el estado de Michoacán, en los términos de lo expuesto en el Considerando 4, de la presente Resolución.

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 4, de la presente resolución se impone una multa a las otroras candidaturas, de conformidad con lo siguiente:

[…]

Como se observa, la autoridad responsable estimó que los escritos de deslinde presentados por la actora, no cumplieron con los elementos básicos para su validez, a saber: jurídico, eficacia, idoneidad y oportunidad, en relación con el acto irregular que se le reprochaba y del posible beneficio que representaba para los sujetos obligados.

Al respecto, precisó que el elemento jurídico se tenía por colmado dado que los escritos de deslinde obraban en autos, al dar contestación a los emplazamientos; sobre el requisito de oportunidad, se señaló que no se acreditaba, debido a que los escritos de deslinde se habían presentado al momento de dar respuesta a los emplazamientos realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización.

En lo tocante al requisito de idoneidad, consideró que tampoco se encontraba acreditado, debido a que las candidaturas denunciadas solamente manifestaban “desconocer la existencia de los llamados acordeones y/o boletas marcadas donde su número de candidatura aparecía”.

En cuanto al requisito de eficacia, no se tuvo por actualizado, debido a que las candidaturas denunciadas no acreditaban haber realizado algún acto o medida con el objeto de suspender o, en su defecto, que de manera oportuna hubieren informado a la autoridad electoral para que ésta conociera del hecho, lo investigara y resolviera sobre la licitud o ilicitud de la conducta de estudio.

De ese modo, el Consejo General consideró que se debía tener presente que la distribución de acordeones y/o guías de votación tuvo una dispersión de información sobre la distribución de tal material que estuvo al alcance de la ciudadanía, al ser un tema recurrente en redes sociales y documentado por múltiples medios informativos, de ahí que los sujetos obligados no fueron ajenos a la información sobre la realización de esas prácticas que daba indicios de su aparición.

Por tanto, conforme a la jurisprudencia 8/2025, de rubro: “RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA A UNA CANDIDATURA ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR”, preciso que, en el caso específico, la elaboración y distribución de las guías de votación y acordeones, resultaba evidente que habían generado un beneficio a las candidaturas involucradas, al posicionárseles frente al electorado y facilitar su ubicación dentro de las opciones por las que pudo optar la ciudadanía.

Asimismo, consideró que, las candidaturas que se beneficiaron habían faltado a su deber de cuidado respecto de la propaganda en la que se difundió su número en la boleta; de ahí que, por el beneficio que obtuvieron de ella, su difusión se había realizado de manera presencial y las personas candidatas tuvieron indicios sobre su aparición, de suerte que, resultaba necesaria la ejecución de todas las acciones posibles para que cesaran los efectos del beneficio obtenido de forma ilícita.

Conforme a lo anterior, señaló que quien se beneficiaba con algún tipo de propaganda, debía informar sobre los gastos a la autoridad competente, como parte de sus deberes o, bien, se distanciara de aquella propaganda que lo posicionaba de forma irregular frente a la ciudadanía, a través de acciones formales y materiales que hicieran evidente su reproche, de ahí que los deslindes presentados no habían cumplido con los elementos básicos para su validez.

La autoridad responsable precisó que las otrora candidaturas denunciadas no acreditaban ni mencionaban haber realizado algún acto o medida con el objeto de suspender o, en su defecto, informar a la autoridad electoral para que conociera del hecho.

b. Marco normativo

El Reglamento de Fiscalización, en su artículo 212, establece el procedimiento que debe seguirse para el caso de que un partido, coalición, candidatura, precandidatura, aspirante o candidatura independiente, se deslinde de la existencia de algún tipo de gasto de campaña que no reconozca como propio.

El citado precepto reglamentario establece literalmente lo siguiente:

"Artículo 212

Deslinde de gastos

1. Para el caso de un partido, coalición, candidato, precandidato, aspirante o candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizar el siguiente procedimiento:

Es deslinde se realizará mediante un escrito ante la Unidad Técnica de Fiscalización, que deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz.

En cuanto a su presentación, el artículo 212, del Reglamento de Fiscalización establece que el deslinde deberá ser a través del escrito presentado ante el Unidad Técnica de Fiscalización.

2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad Técnica y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación podrá ser a través de las juntas distritales o juntas locales quienes a la brevedad posible deberán enviarlas a la Unidad Técnica.

3. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica.

4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y omisiones.

5. Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción.

6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca del hecho.

7. Si lo presentaron antes de la emisión del oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento.

Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica lo valorará en el proyecto de Dictamen Consolidado."

De igual manera, los Lineamentos para la Fiscalización de los procesos electorales del Poder Judicial, Federales y locales establecen lo siguiente:

"Artículo 39. Para el caso de que una persona candidata a juzgadora se deslinde respecto de la existencia de algún tipo de gasto personal de campaña no reconocido como propio, deberá presentar un escrito ante la UTF. El escrito de deslinde de gastos deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz:

• Será jurídico si se presenta por escrito ante la UTF.

• Será oportuno si se presenta en cualquier momento de la campaña y hasta antes del desahogo del oficio de errores y omisiones.

• Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción.

• Será eficaz si la persona candidata a juzgadora realiza actos tendentes al cese de la conducta y genera la posibilidad cierta de que la UTF conozca el hecho.

De la citada normativa se desprende que, para tener por válido el deslinde realizado por las candidaturas, es necesario que se cumplan con los elementos siguientes:

1.           Eficacia, cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada.

2.           Idoneidad, que resulte adecuada y apropiada para ese fin.

3.           Juridicidad, en tanto se realicen acciones permitidas en la Ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia.

4.           Oportunidad, si la actuación es inmediata al desarrollo de los lechos que se consideren ilícitos.

5.           Razonabilidad, si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir.

c. Estudio del caso

Decisión

Como se anunció, esta Sala Regional califica fundados los alegatos relacionados con la falta de pruebas para atribuir responsabilidad indirecta a la parte recurrente sobre el beneficio con la elaboración y distribución de las guías o acordeones de votación, al transgredir el principio de inocencia, dada la insuficiencia probatoria para acreditar tal infracción y el indebido análisis del supuesto beneficio, a partir de que tampoco se demuestra que la parte recurrente haya tenido conocimiento, previamente, de las referidas guías o acordeones.

Justificación

En el caso, se alega la indebida atribuibilidad de responsabilidad indirecta, por falta de pruebas para atribuir el beneficio con la elaboración y distribución de las guías o acordeones de votación, lo anterior, sobre la base de que la parte recurrente no tuvo conocimiento de la existencia de las aportaciones que le atribuían.

Como se ha expuesto, los agravios considera fundado el motivo de inconformidad, en virtud que, de las constancias que obran en autos, no se desprende probanza alguna que acredite fehacientemente que las personas candidatas, entre ellas la parte recurrente, hubieren tenido conocimiento de los hechos sobre los cuales se realizaba la investigación respectiva.

Además, de los escritos de deslinde presentados, no se advierte que se negaran únicamente los hechos que se imputan a las candidaturas, sino que también se manifestó a la autoridad que tuvieron conocimiento de los hechos a partir del emplazamiento que les fue formulado, razón por la cual los deslindes presentados cumplían las exigencias normativas, al haberse exhibido, ante la Unidad Técnica de Fiscalización, inmediatamente después que tuvieron conocimiento de los mismos, aunado a que, al presentarlos se informaba a la autoridad fiscalizadora, a efecto de que realizara las acciones de investigación atinentes.

Lo expuesto revela que, las candidaturas que presentaron escritos de deslinde no solamente negaron los hechos que se les imputaba, tal y como lo refirió la autoridad responsable, sino que pusieron de manifiesto que se enteraron de los hechos imputados a partir del emplazamiento, de ahí que el deslinde que realizaron las candidaturas cumple con los criterios de eficacia, idoneidad y razonabilidad, por lo que, en criterio de esta Sala Toluca, deben considerarse efectivos, al ser también oportunos y de dotados de juridicidad.

Esto es, las personas candidatas que presentaron sus deslindes, además de negar su vinculación directa con los acordeones, acreditaron haber realizado las acciones eficaces e idóneas que ordinariamente se pueden exigir para procurar el cese de la conducta infractora, al permitir que la autoridad competente conociera el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada.

Debe señalarse que, para atribuir responsabilidad indirecta, es necesario que se tengan elementos, por lo menos en forma indiciaria, sobre el conocimiento del acto por parte de la persona infractora, ya que resultaría desproporcionado exigir el deslinde de actos respecto de los cuales no está demostrado su conocimiento, lo que se sustenta en el criterio contenido en la tesis VI/2011 de la Sala Superior de rubro: “RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ EL ACTO INFRACTOR”, tal y como más adelante se abordará.

A partir de la naturaleza de los actos atribuidos a las personas candidatas, es razonable considerar que no existía la posibilidad material para que los recurrentes hubieran podido realizar un deslinde con anterioridad a la jornada electoral y en ésta última, toda vez que es hasta cuando tienen conocimiento de los actos que se les atribuyen, el momento en que nace la obligación de realizar las acciones necesarias para hacer del conocimiento de la autoridad fiscalizadora su posición al respecto.

De esta forma, a partir de tales circunstancias, resulta conforme a Derecho concluir que la parte recurrente no tenía posibilidad de conocer los actos imputados hasta que fue emplazada al procedimiento respectivo, esto es, el veinticinco de junio del año en curso, ya que la responsable no demostró que las candidaturas hayan conocido de tales hechos antes de esa data.

Máxime que, se insiste, la parte recurrente conoció de los hechos denunciados, al momento en que fue emplazada.

De ahí que, a la parte recurrente no le era exigible realizar acciones tendientes a cesar la conducta infractora, dado que, contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable, la respuesta de la parte actora no constituía una simple negación de su participación en los hechos denunciados, sino la falta de conocimiento de ellos.

Estimar que la parte accionante tuviera conocimiento a partir de publicaciones realizadas en periódicos o redes sociales, es insuficiente para tener por acreditado el conocimiento fehaciente y completo de los hechos imputados, por lo genérico de su información y no necesariamente por avocarse de manera directa a la candidatura específica, que tampoco argumenta en ese tenor la responsable, además de que lo pretendido por la responsable implicar una carga carente de toda razonabilidad, ya que las personas candidatas no tenían a su alcance recursos materiales y personal que les permitiese realizar monitoreos en redes sociales y en medios de comunicación, máxime que no se inadvierte que, incluso la responsable tampoco pudo efectuarlo pese a su estructura y atribuciones, ya que se enteró por medio de las denuncias que les fueron allegadas y no de una vigilancia que propiamente hubiera desprendido de esas redes sociales y medios de comunicación, lo que evidencia la falta de razonabilidad de la exigencia de la autoridad.

Se reitera que, para poder fincar una responsabilidad indirecta al accionante, se debe partir del conocimiento total de la infracción imputada, a fin de estar en aptitud de oponerse a ellas, lo que no sucede en el caso.

Debe señalarse que, las publicaciones y medios de comunicación a través de los cuales la autoridad responsable manifestó tuvieron conocimiento las personas candidatas de los hechos imputados, no pueden servir de base para tener por acreditada esa responsabilidad indirecta.

Lo anterior, porque no obra en el expediente alguna constancia de la que pudiera desprenderse, así sea indiciariamente, que tales publicaciones se relacionaran de manera directa con algún perfil de quien ahora recurre, en redes sociales y, mucho menos, a un portal donde ellos pudieran tener control sobre la recepción de información y documentación.

Por lo expuesto, no puede presumirse un nivel de conocimiento necesario, por parte de las personas candidatas, para vincular a la parte recurrente al citado procedimiento.

Por tanto, si no se acredita, de manera fehaciente, el conocimiento de la parte recurrente de los hechos denunciados, aún cuando el contenido de los mensajes cuestionados presuntamente pudiera haberles sido favorable, ello no puede generarle una obligación respecto de hechos que no conocía.

Consecuentemente, se estima que las respuestas de las personas candidatas que presentaron sus deslindes, fueron idóneas para atender los emplazamientos que les fueron notificados, al realizar las conductas tendentes a deslindarse de manera efectiva de las irregularidades observadas, haciendo del conocimiento de la autoridad fiscalizadora tales hechos, a efecto de que realizara lo conducente, conforme a sus atribuciones.

Por lo anterior, se estima que, en concordancia con la jurisprudencia 17/2010, de rubro: “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA DESLINDARSE”, con los deslindes realizados por la recurrente, se cumplen los requisitos señalados en la misma, por las razones siguientes:

a.           Los deslindes fueron idóneos, toda vez que se presentan datos que describen con precisión el concepto del cual se deslindó la parte apelante, además de que son adecuados para el fin que se perseguía, que era no ser responsabilizado por acciones de terceros, que desconocían.

b.           Los deslindes son jurídicos, porque se presentaron de manera escrita ante la Unidad Técnica de Fiscalización, además de que son un mecanismo previsto por la normatividad en la materia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 212, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización.

c.           Los deslindes fueron oportunos, toda vez que se presentaron después de la notificación de los acuerdos de emplazamiento, cuando las personas candidatas tuvieron conocimiento de la existencia de los presuntos hallazgos de los acordeones, ante lo cual procedieron de manera inmediata y diligente a realizar el posicionamiento respectivo, aunado a que no se demuestra que las personas candidatas tuvieran conocimiento previo de ellos.

d.           Los deslindes fueron razonables, porque la acción implementada de deslinde es la que, de manera ordinaria, se puede exigir a una persona ciudadana que participó en la elección de referencia, máxime que las acciones de la autoridad ocurrieron en época de veda y respecto de la cual, las candidaturas nada podían hacer.

e.           Los deslindes fueron eficaces, dado que, las personas candidatas que los presentaron implementaron las acciones necesarias, al hacer del conocimiento de la autoridad fiscalizadora sus posicionamientos, para que ésta pudiera desarrollar sus atribuciones para el esclarecimiento de los hechos.

Por esta razón, si bien ordinariamente el requisito de eficacia se cumple cuando se implementan acciones tendentes al cese, las personas candidatas implementaron lo que al caso correspondía, dado que no se encontraban en posibilidad de realizar acción alguna durante la etapa de veda y, mucho menos, durante la proximidad de la jornada electoral, por lo que les era imposible ejecutar una actividad distinta a la realizada, una vez que se hicieron sabedores de las conductas imputadas, lo cual sucedió hasta que los emplazaron.

Lo anterior, porque, como ha quedado evidenciado, no tenían conocimiento sobre los actos irregulares que se les imputaron, ni tampoco les fueron solicitadas tales acciones por la autoridad fiscalizadora, aunado a  que tampoco se evidencia que hubieran propalado o difundido en sus redes sociales tal propaganda.

Por ende, el elemento de eficacia solicitado por la autoridad responsable a quienes presentaron sus deslindes, en los casos en los que no se tuviera acreditado de manera fehaciente el conocimiento de los hechos imputados por parte de los denunciados, no podía generar la obligación de realizar actuaciones de imposible realización, como lo sería pronunciarse sobre ello (en la etapa de veda electoral y en la propia jornada comicial).

En este sentido, resulta un hecho innegable que las personas que presentaron sus deslindes realizaron todo lo que estaba a su alcance para cumplir con su deber legal.

Es importante señalar que, la garantía de seguridad y certeza jurídica, prevista en el artículo 16, de la Constitución federal, debe entenderse en el sentido de que, todo acto de autoridad requiere contener los elementos mínimos necesarios para hacer valer los derechos del gobernado (en lo particular, su debida garantía de audiencia), para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.

De ahí que, al no acreditarse en autos que la parte actora hubiere tenido conocimiento fehaciente de los hechos que se le imputaron, antes del emplazamiento al procedimiento de fiscalización de que se trata, resultan fundados los motivos de disenso en análisis.

En este orden, para esta Sala Regional también se considera que la autoridad indebidamente pretendió equiparar el presunto beneficio otorgado por los “acordeones o guías de votación” a una presunta existencia de votos en favor de las candidaturas cuyos nombres ahí se contenían, cuando de los elementos que obran en el expediente sancionador y demás constancias no es posible inferir que los electores tomaron la decisión de sufragar a favor de determinada candidatura, derivada de esa circunstancia, es decir, como consecuencia de haber recibido algún acordeón en que se encontraban esos nombres y, con ello, ejerció un sufragio que presuntamente fue inducido. Además de ello, debe tenerse en cuenta que, la propia autoridad expresamente señaló en el acto impugnado que únicamente se pudo allegar de un total de 248 (doscientos cuarenta y ocho) acordeones, lo que no resulta coincidente con la determinación de sancionar por la existencia de un beneficio indebido.

De ese modo, en lo que respecta a lo señalado por el Consejo responsable en el sentido de que se actualiza una responsabilidad indirecta, derivado de que las candidaturas tenían el deber de cuidado respecto de la propaganda en la que se difundía el número de boleta y su color -por el beneficio que pueden obtener de ella- toda vez que, tal exigencia de vigilancia debe de ser razonable y proporcional, tal y como expresamente se reconoce en el criterio sostenido por la Sala Superior en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-686/2018, y no así una exigencia carente de toda razonabilidad, como pretende la responsable, ya que desatiendió que se trataba de candidaturas que compitieron sin estructuras, con recursos propios y que, además, en su mayoría estaban impedidas de realizar funciones de vigilancia, derivado del propio ejercicio laboral y de las actividades que les implicaban las campañas que, de manera personal tuvieron que llevar a cabo.

En ese sentido, sobre la responsabilidad indirecta, en la jurisprudencia 8/2025, se establece que, para tenerla por acreditada es necesario considerar los elementos mínimos siguientes:

-         Que se tengan elementos, por lo menos en forma indiciaria, sobre el conocimiento del acto infractor, en tanto que resultaría desproporcionado exigir el deslinde de actos respecto de los cuales no está demostrado que haya tenido conocimiento.

-         Que una vez siendo sabedora, la otrora candidatura no realizara ninguna acción tendente a su retiro.

En el orden apuntado, se debe tener en cuenta que la Sala Superior en la sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-686/2018, consideró que las personas candidatas desempeñan una multiplicidad de actividades que no precisamente permiten la supervisión de cada uno de los sitios en que se coloque propaganda electoral que pudiera beneficiarle, en tanto que su función conlleva una serie de actividades en diversos puntos geográficos dentro del territorio que comprende el cargo por el que contiende.

De ese modo, este órgano jurisdiccional estima que no se actualiza una vulneración a la normativa electoral por la parte recurrente, para tenerle por acreditada una responsabilidad indirecta, porque, como lo alude la propia autoridad en la resolución impugnada, la propaganda denunciada se comenzó a publicar a mediados del mes de mayo y hasta la fecha de la jornada electoral, mediante notas que hicieron referencia al reparto de acordeones, tanto de manera física como en sitios web, donde se hacía mención a un supuesto vínculo entre los acordeones difundidos y el partido Morena, pero de ningún modo a la candidatura específica ahora recurrente.

Esto revela que, previo a esas fechas, ninguna posibilidad había de conocer la existencia de la propaganda denunciada, por lo que resulta irracional y un contrasentido sostener que se incumple el deber de cuidado de hechos que no eran del conocimiento general antes de esa data, es decir, el veinticinco de junio y por, supuesto, que en esas condiciones tampoco eran del conocimiento de las candidaturas, como inexactamente se pretende atribuir en la resolución que se controvierte.

Lo anterior se asevera, porque la autoridad reconoce que ella tuvo conocimiento a través de las tres denuncias que fueron presentadas, no como su trabajo de investigación, por lo que fue cuando ordenó emplazar a las candidaturas y éstas, a su vez, manifestaron el desconocimiento de los “acordeones o guías de votación”.

Ello revela que, la falta de conocimiento por parte de las candidaturas era razonable, ante la falta de prueba plena o siquiera indiciaria, opuestamente a lo que sostiene la responsable; de ahí que devenga indebido fincar responsabilidad por falta del aducido incumplimiento al deber de cuidado, cuando no está demostrado que tuviera conocimiento del hecho irregular denunciado y tampoco resulta razonable sostener que de manera ineludible se debía que tener el conocimiento cierto respecto a que terceros hubiesen estado difundiendo, tanto de manera física como electrónica, la propaganda denunciada, incluso, no puede desconocerse el hecho que, hasta ese momento, ni el propio Instituto Nacional Electoral, con toda su estructura y atribuciones, tampoco ha tenido la posibilidad de detectar a las personas que presuntamente llevaron a cabo la difusión denunciada.

Así, que la autoridad responsable indebidamente señalara que el primer elemento, consistente en tener por acreditada, por lo menos en forma indiciaria, el conocimiento del acto infractor respecto de los hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral, se acreditó porque, a su juicio, existen medios de convicción presentes en el expediente que permitan corroborar o tener por acreditada el conocimiento, ya que estuvo al alcance de la ciudadanía al ser un tema recurrente en redes sociales y documentado por múltiples medios informativos, cuando lo cierto es, que el Instituto sólo se pudo hacer sabedor de esos hechos a partir de las denuncias y no porque esa propia autoridad hubiese descubierto tales conductas, a partir del ejercicio de vigilancia en la organización de la elección.

En tal sentido, esta Sala Regional considera que no está ajustado a Derecho esa decisión, puesto que, no se precisan las circunstancias de tiempo, modo y lugar del por qué las candidaturas debían tener conocimiento de tales acordeones, cuando se afirma que fueron distribuidos dentro de la entidad federativa en que se llevó a cabo la elección en que participó la parte recurrente, por lo que no existe medio probatorio alguno que imponga y revele que la persona candidata tuvo conocimiento de esa propaganda, cuando, se insiste, no se desprenden elementos para corroborar su masividad, ado el número de acordeones que obran en el expediente, que es una cantidad que guarda una gran distancia entre éstos y los votos obtenidos, lo que no permite corroborar la distribución masiva señalada ni el conocimiento cierto por parte de las candidaturas acerca de su aparición en los acordeones denunciados, como de manera incorrecta se argumentó por la responsable.

Lo expuesto se robustece, si se tiene en consideración que, para estar en posibilidades de fincar responsabilidad indirecta se requiere acreditar plenamente el acto ilícito que se imputa y su conocimiento por parte del sujeto imputado, nivel probatorio que aun cuando puede alcanzarse a través de las denominadas pruebas plenas, como también a través de la concatenación de diversos indicios, ello de ninguna manera significa que una responsabilidad pueda atribuirse solo indiciariamente, como refiere la autoridad responsable, más cuando ni siquiera existen indicios del conocimiento, en tanto la responsable se basa en simples conjeturas y afirmaciones carentes de todo respaldo probatorio y normativo, desconociendo que se trata de un procedimiento sancionador, cuestión que trastoca el principio de presunción de inocencia.

Así, fincar una responsabilidad sustentada en la posibilidad irracional del conocimiento de la propaganda denunciada, que la autoridad pretende atribuir como si se tratara de un hecho notorio, deviene contrario a Derecho, toda vez que lo señalado pone en franca claridad, que no existe prueba de que las candidaturas tuvieran conocimiento de la propaganda denunciada, al margen de que tampoco se trata de un hecho notorio, como se argumenta por la autoridad, porque lo difundido en redes sociales requiere de una interacción y la autoridad responsable tampoco explica cómo arriba a la conclusión de que los medios de comunicación dieron noticia cierta  y concreta acerca de los números y candidaturas especificas a que de manera particularizada se aludía.

En esa propia lógica, también se estima que se incumple el segundo elemento de la jurisprudencia descrita anteriormente, ya que si no existe prueba de que las candidaturas tuvieron conocimiento de la propaganda denunciada, menos puede estimarse que estuvieran obligadas a realizar acciones tendentes a su retiro o cese de divulgación, porque se desconocía la elaboración y distribución de la propaganda denunciada.

La atribuibilidad de la responsabilidad indirecta no puede darse única y exclusivamente a partir de un supuesto beneficio obtenido como consecuencia de haber alcanzado el triunfo, ya que este tipo de responsabilidad deriva necesariamente del incumplimiento de un deber de vigilancia, el cual solo puede tenerse por colmado si se acredita el conocimiento del hecho infractor y la negligencia o inactividad para hacer cesar la conducta infractora, lo que en el caso no acontece, como se señaló con anterioridad.

Abona a lo anterior, lo señalado por la autoridad responsable en el sentido de que no existen pruebas en el expediente que permitiesen corroborar o tener por acreditada la participación de las otrora candidaturas en cualesquiera de las acciones necesarias para llevar a cabo los hechos denunciados, lo que refuerza la conclusión aquí sostenida.

Además, para la autoridad bastó un beneficio no cuantificable o comprobado para que se diera la responsabilidad, como si se tratara de una responsabilidad directa, supuesto que no se actualiza en la especie, de acuerdo con lo expresamente reconocido en la resolución impugnada, lo que revela que la responsable realiza una interpretación sesgada del orden jurídico electoral, lo que la llevó a una conclusión sin sustento probatorio y, por tanto, contraria a derecho.

Ahora, el disenso respecto de las manifestaciones relacionadas con la insuficiencia probatoria e indebido estudio para acreditar la existencia de un beneficio proveniente de un ente prohibido y su imputación a la parte actora, se estiman fundadas por las razones siguientes.

En la resolución controvertida, respecto del beneficio de los acordeones, se precisó que la autoridad fiscalizadora arribó a las conclusiones siguientes:

[…]

En consecuencia, debe precisarse que los conceptos cuyo análisis corresponde a este apartado, indudablemente generaron un beneficio a las otroras candidatas que se refieren en el cuadro que antecede al resultar ganadoras en la contienda electoral de mérito; en este sentido, en materia de fiscalización, constituyó una aportación que se debió rechazar.

De igual manera, se actualiza una aportación a favor de las 26 otroras candidaturas restantes al haberse beneficiado de su aparición en los acordeones y/o guías de votación acreditados y traducirse en un mecanismo ilícito de propaganda, debido a su finalidad consistente en posicionar su opción ante la ciudadanía, aun y cuando no hayan obtenido el triunfo en el proceso de mérito.

[…]

Tales conclusiones se sustentaron, medularmente, en las premisas siguientes:

         Existe un llamamiento al voto o posicionamiento en favor de las ochenta y siete candidaturas pertenecientes a las candidaturas del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, 2024-2025 en el estado de Michoacán, de ahí que, en estricto apego de la lógica y la sana crítica de la adminiculación de los medios de prueba la finalidad de dichas guías o boletas representa una propaganda que beneficia a las personas candidatas allí señaladas.

         El beneficio referido se actualiza respecto de las sesenta y un personas candidatas a juzgadoras que aparecieron en los 248 acordeones de los que se tiene acreditada su existencia y que resultaron ganadoras en la jornada electoral celebrada en el marco del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del poder judicial en el estado de Michoacán 2024-2025, pues el beneficio generado a partir de su aparición en los acordeones se materializó mediante la obtención del triunfo al que aspiraban.

Ahora bien, sobre el pretendido beneficio en cuestión, la parte recurrente, en lo sustancial, plantea los motivos de disenso siguientes:

        La resolución impugnada vulnera el principio de legalidad y los principios fundamentales que rigen el procedimiento sancionador electoral, al concluir -sin prueba fehaciente- que la parte actora recibió un supuesto beneficio por la distribución de los acordeones, que se genera por la exposición de su imagen en la propaganda electoral.

        Contrariamente a lo que se sostiene en la resolución impugnada, atribuir responsabilidad a las candidaturas y, en consecuencia, un posible beneficio por la distribución de guías de votación contraviene lo dispuesto en la normativa, ya que no se cuenta con elementos de prueba en lo individual o que concatenados permitan concluir una posible infracción.

        Asimismo, la resolución controvertida incurre en una grave contradicción interna, ya que mientras la autoridad investigadora concluye la imposibilidad de determinar la autoría de las guías de votación, el Consejo General del citado Instituto sí impone sanción económica a la parte actora, sustentándose en una supuesta exposición o beneficio que nunca fue acreditado con elementos objetivos.

        A pesar de reconocer la falta de elementos probatorios sobre el origen, distribución, recepción ciudadana o relación con candidaturas específicas, la autoridad sostiene sin fundamento fáctico ni jurídico, que tales materiales generaron un beneficio indebido, incurriendo en una conclusión carente de análisis lógico, sustento empírico y motivación reforzada, vulnerando los principios esenciales del orden constitucional y procesal, como el de legalidad, seguridad jurídica, congruencia institucional y debido proceso, además de contradecir los propios actos de la autoridad electoral.

        En lugar de un análisis objetivo y contextual, la resolución impugnada recurre a una inferencia inadmisible de suponer que el hecho de haber resultado electo implica, por sí solo, que se recibió un beneficio indebido por la existencia de los acordeones.

Esta Sala Regional considera que son sustancialmente fundados los motivos de disenso planteados por la parte recurrente cuando afirma que, a pesar de reconocer la falta de elementos probatorios sobre el origen, distribución, recepción ciudadana o relación con candidaturas específicas, la autoridad fiscalizadora sostuvo, sin fundamento fáctico ni jurídico, que tales materiales generaron un beneficio indebido, incurriendo en una conclusión carente de análisis lógico, sustento probatorio y motivación reforzada.

Al respecto, cabe destacar que, en la resolución impugnada, la autoridad fiscalizadora reconoció expresamente que:

[…]

… se tuvo certeza de la existencia de los acordeones pre-llenados que, a juicio de la parte denunciada, beneficiaba a las ochenta y siete candidaturas allí referidas”.

…

“… respecto de la distribución y entrega de guías o acordeones para la inducción del voto de la ciudadanía, tanto en los domicilios señalados por la parte quejosa en la calle Chiapas de la colonia Ramón Farías en el municipio de Uruapan y en la Calle Las Rosas, colonia Loma Linda en el Municipio de Zacapu, ambos en Michoacán, así como en la entrega de éstos a personal sindicalizado perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia, no se tiene certeza de dichos hechos, salvo como ya se ha señalado de la existencia de 248 acordeones de los que tiene certeza fehaciente esta autoridad.”

[…]

Lo anterior pone de manifiesto que, la autoridad responsable únicamente tuvo certeza de la existencia de doscientos cuarenta y ocho guías de votación o acordeones, sin que hubiese tenido certeza de su distribución y entrega, ni de la cantidad entregada o distribuida, mucho menos de elementos probatorios que permitan deducir la forma en que pudieron incidir en la votación y su correlación con los resultados.

Esto revela que, como lo afirma la parte recurrente, no existen en autos medios de prueba que acrediten la distribución y entrega de las doscientos cuarenta y ocho guías de votación o acordeones y, de ello, se infiere válidamente que tampoco existen elementos que permitan considerar que se hubiese realizado una distribución masiva, ya que ni siquiera existe una base argumentativa sólida y, mucho menos, probatoria, por parte de la responsable, que permita arribar a tal conclusión, lo que se traduce en una simple conjetura.

La sola existencia en autos de tal cantidad de guías de votación o acordeones, sin que se encuentre acreditada su distribución y entrega y, mucho menos, que haya sido de manera masiva como tampoco corrobora su utilización el día de la jornada electoral, ello no puede servir de base para que se afirmara que las guías beneficiaron a las respectivas candidaturas por haber orientado el voto a su favor.

Así, contrariamente a lo que razonó la autoridad fiscalizadora, la sola circunstancia de que la candidatura de la parte recurrente aparezca en las multicitadas guías, cuya distribución y entrega no se encuentra acreditada, en modo alguno, conlleva a inferir que le reportó un beneficio.

Además, cabe destacar que la autoridad fiscalizadora fue omisa en exponer argumentos para sostener que las referidas guías de votación o acordeones -sin que se hubiera acreditado su distribución, entrega y utilización el día de la jornada electoral- se tradujeron en votos que beneficiaron a la parte recurrente.

Si la autoridad responsable estimaba que las mencionadas guías de votación o acordeones beneficiaron a las candidaturas triunfadoras, entonces debió realizar un estudio que tuviera, en principio, una base probatoria, para explicitar por qué existió votación diferenciada entre las diversas candidaturas, toda vez que no es lo mismo quien obtuvo, por ejemplo, mil votos a quien recibió únicamente 400 y, muchos menos, por qué algunas candidaturas resultaron triunfadoras y otras perdedoras, es decir, si el beneficio hubiese sido para todos las candidaturas que aparecían en los acordeones, en la lógica de la inferencia de la autoridad responsable, entonces el resultado sería que todas hubiesen resultado ganadoras, lo que implicaría una cuestión absurda. En esa tesitura, en modo alguno se acredita el nexo causal entre el supuesto beneficio por la sola acreditación de la existencia de doscientas cuarenta y ocho guías de votación.

Así, resulta evidente que la autoridad fiscalizadora, a partir de la sola existencia de doscientas cuarenta y ocho guías de votación o acordeones, en automático, sin la debida base probatoria, ni motivación e inferencias lógico-jurídicas, determinó que les reportaron beneficio a las respectivas candidaturas, lo cual, además de resultar insuficiente para determinar una responsabilidad por la presunta obtención de un beneficio, como lo pretendió justifica la autoridad responsable.

Máxime que, como ya se expuso, la autoridad fiscalizadora no tuvo por acreditado que las doscientas cuarenta y ocho guías o acordeones cuya existencia constató, hubiesen sido distribuidas o entregadas al electorado y, muchos menos, que hayan sido utilizadas el día de la jornada electoral.

De manera que, si no se encuentra acreditado en el sumario que las documentales en cuestión fueron utilizadas el día de la jornada electoral, tampoco se puede tener por demostrado que beneficiaron a las respectivas candidaturas y, en particular, a la parte recurrente.

En el contexto apuntado, cabe concluir que el pretendido beneficio determinado por la autoridad responsable, respecto de la parte recurrente sancionada, se sustenta meras conjeturas y, por ende, en premisas inexactas o sin comprobar, carentes de la debida base probatoria, motivación y de razonamientos lógico-jurídicos, de ahí que resulten fundados los motivos de disenso en estudio.

Derivado de lo anterior, esta Sala Regional considera innecesario pronunciarse respecto del alegato de la autora en que aduce que se vulneraron los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la existencia de una transgresión a lo dispuesto por el artículo 22 Constitucional en cuanto a que la imposición de la multa es excesiva, desproporcional, y sin la debida individualización y motivación, esto ante lo fundado de los agravios que se han analizado, en vía de consecuencia, no existe base jurídica para imponer sanción alguna.

Al resultar fundados los motivos de disenso antes estudiados, resulta innecesario el análisis de los restantes agravios formulados por la parte actora, en atención a que, por su naturaleza no lograrían generarle un mayor beneficio del ya obtenido a través de lo hasta aquí estudiado.

Brinda apoyo al criterio sostenido, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 164369, con clave de identificación I. 4o.A. J/83,[12] de Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, de Materia Común, con el rubro y textos siguientes:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso.”

(Énfasis añadido por esta autoridad jurisdiccional)

En virtud de lo argumentado y ante lo fundado de los agravios en estudio, lo procedente es revocar de manera lisa y llana, la resolución contenida en el acuerdo INE/CG946/2025, únicamente en lo que fue materia de impugnación.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se revoca en la materia de impugnación, la resolución controvertida.

SEGUNDO. Tomando en consideración que el presente asunto está relacionado con la materia de fiscalización respecto de la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras, correspondientes al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial Local 2024-2025 en el estado de Michoacán de Ocampo, hágase del conocimiento de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional, la presente resolución.

NOTIFÍQUESE, como en Derecho corresponda.

Asimismo, hágase del conocimiento público la presente determinación en la página que tiene este órgano jurisdiccional en Internet.

Devuélvanse las constancias atinentes y, en su oportunidad, remítase el expediente al archivo jurisdiccional de esta Sala Regional, como asunto concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron, las Magistraturas integrantes del Pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.