RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: ST-RAP-75/2024

PARTE ACTORA: MORENA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARCELA ELENA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

SECRETARIADO: MARÍA GUADALUPE GAYTÁN GARCÍA, JAVIER JIMÉNEZ CORZO, JOSÉ ALEXSANDRO GONZÁLEZ CHÁVEZ Y GERARDO RAFAEL SUÁREZ GONZÁLEZ

COLABORaron: Blanca Estela Mendoza rosales, TONATIUH GARCÍA ÁLVAREZ, SHARON ANDREA AGUILAR GONZÁLEZ, FABIOLA CARDONA RANGEL Y CARLOS EDUARDO CASTAÑEDA ESTRADA

Toluca de Lerdo, Estado de México, a seis de septiembre de dos mil veinticuatro.

V I S T O S, para resolver los autos del recurso de apelación citado al rubro, interpuesto por MORENA a fin de impugnar el Dictamen Consolidado INE/CG1989/2024 y la Resolución INE/CG1991/2024 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas a los cargos de Diputaciones locales y Presidencias Municipales correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el Estado de Querétaro; y,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. Del escrito de demanda y demás constancias que integran el expediente, se desprende lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral local. El veinte de octubre de dos mil veintitrés, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro aprobó el acuerdo IEEQ/CG/A/040/23, mediante el que se declaró formalmente el inicio del proceso electoral local 2023-2024 en la citada entidad federativa.

En la propia fecha se emitió el acuerdo IEEQ/CG/041/23, a través del cual se aprobó el calendario electoral del proceso electoral ordinario.

2. Plazos de fiscalización. Derivado de la extensión del plazo para la presentación de los informes, mediante acuerdo INE/CG502/2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral estableció los siguientes plazos de fiscalización del periodo de campañas locales:

3. Dictamen y Resolución de fiscalización (acto impugnado). El veintidós de julio de dos mil veinticuatro, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad el Dictamen Consolidado INE/CG1989/2024 y la Resolución INE/CG1991/2024, respecto de las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas a los cargos de Diputaciones locales y Presidencias Municipales correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el Estado de Querétaro.

La citada Resolución fue notificada vía correo electrónico al partido político recurrente el veintinueve de julio del año en curso, debido al engrose realizado conforme a los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados durante el desarrollo de la sesión, como lo señala la autoridad responsable en su oficio de notificación.

II. Recurso de apelación federal

1. Demanda. El dos de agosto del año en curso, MORENA por conducto de quien se ostentó como su representante propietario, interpuso ante el Instituto Nacional Electoral recurso de apelación en contra del Dictamen Consolidado y la Resolución señaladas anteriormente, el cual fue dirigido a las Magistraturas de Sala Superior de este Tribunal Electoral.

2. Recepción en Sala Superior. El siete de agosto del presente año, Sala Superior recibió las constancias del medio de impugnación, por lo que en la propia fecha la Magistrada Presidenta de ese órgano superior ordenó la integración del expediente SUP-RAP-401/2024.

3. Acuerdo Plenario de Sala Superior. El veinte de agosto del año en curso, el Pleno de la Sala Superior emitió un Acuerdo de Sala por el cual determinó, entre otras cuestiones, que (i) Sala Regional Toluca es la competente para conocer del asunto; y, (ii) remitió la demanda y las constancias a este órgano jurisdiccional para que resolviera lo que en Derecho procediera.

III. Recepción en Sala Regional Toluca

1. Recepción y turno a Ponencia. El inmediato veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, se recibieron en la Oficialía de Partes de Sala Regional Toluca las constancias correspondientes al presente medio de impugnación; y, en la propia fecha, mediante proveído de Presidencia se ordenó integrar el expediente ST-RAP-75/2024, así como turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez.

2. Radicación, recepción de documentación y requerimiento. El veinticuatro de agosto siguiente, la Magistrada Instructora acordó: (i) radicar el recurso de apelación en la Ponencia a su cargo; (ii) tener por recibidas las constancias correspondientes al medio de impugnación y; (iii) requerir al Instituto Nacional Electoral, por conducto de la persona Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional electoral federal notificara al partido político recurrente, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad sede de este órgano jurisdiccional federal y/o correo electrónico.

3. Desahogo de requerimiento al Instituto Nacional Electoral. En su oportunidad, el Instituto Nacional Electoral por conducto de la persona encargada de la Secretaría Ejecutiva, remitió —de forma tanto electrónica como física— las copias certificadas de las constancias de notificación solicitadas mediante el acuerdo descrito en el numeral que antecede, respecto de lo cual se acordó en el momento procesal oportuno.

4. Desahogo de requerimiento a la parte actora. El veintiséis de agosto siguiente, se recibió en la Oficialía de Partes de Sala Regional Toluca escrito signado por el representante de MORENA acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con el que desahogó el requerimiento formulado y a tal efecto señaló domicilio para oír y recibir notificaciones.

5. Acuerdo de recepción. El propio veintiséis de agosto del año en curso, la Magistrada Instructora acordó: i) tener por recibida la documentación precisada en el punto que antecede; y, ii) tener a MORENA, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en su escrito de desahogo de requerimiento.

6. Admisión. El veintiocho de agosto del año en curso, la Magistrada Instructora tuvo por admitida la demanda del presente medio de impugnación.

7. Requerimiento y diligencia de inspección judicial ocular. El treinta de agosto del presente año, la Magistrada Instructora requirió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral diversa documentación, ordenando la inspección judicial ocular y certificación por parte de la persona Secretaria de Estudio y Cuenta relativo a las ligas electrónicas ofrecidas como pruebas por la parte recurrente.

8. Remisión de constancias. Los días treinta y treinta y uno de agosto del año en curso, el Instituto Nacional Electoral por conducto de su Encargado de Despacho de la Dirección Jurídica remitió de manera electrónica y física diversa documentación, en atención a lo ordenado en el acuerdo establecido en el punto que antecede.

9. Segundo requerimiento. El uno de septiembre del año en curso, la Magistrada Instructora requirió nuevamente a la autoridad responsable lo solicitado mediante acuerdo de treinta de agosto del año en curso, lo anterior porque no fue posible acceder a las ligas electrónicas indicadas en el correo electrónico y la promoción recibida, aunado a que, de la documentación contenida en el disco compacto anexado por la responsable, no guarda relación con el requerimiento ni con el recurso de apelación al rubro indicado.

10. Desahogo. En su oportunidad la autoridad remitió la documentación requerida.

11. Cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada Instructora declaró cerrada la instrucción; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal es competente para conocer y resolver el recurso de apelación que se analiza, por tratarse de un medio de impugnación interpuesto por un partido político con el fin de controvertir el Dictamen Consolidado y la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos y coaliciones a los cargos de Diputaciones locales y Presidencias Municipales, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el Estado de Querétaro, entidad federativa que pertenece a la Circunscripción en la que esta Sala Regional ejerce jurisdicción y acto sobre el cual es competente para conocer.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base VI; 94, párrafo primero, y 99, párrafos primero, segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II; 164; 165; 166, fracción III, inciso g), 173, párrafo primero; 174; 176; 180, párrafo primero, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafos 1 y 2, inciso b), 4, 6, 40, párrafo 1, inciso b), 44, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como, del punto primero del Acuerdo General 1/2017, por el que la Sala Superior de este Tribunal, ordenó la “DELEGACIÓN DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA PARA SU RESOLUCIÓN, A LAS SALAS REGIONALES”, y del Acuerdo de Sala dictado por la Sala Superior en el medio de impugnación SUP-RAP-401/2024, en el que determinó la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del presente asunto.

SEGUNDO. Designación del Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado. Teniendo como criterio orientador lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro “SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO”[1], se hace del conocimiento de las partes la designación del Secretario de Estudio y Cuenta de esta Sala Regional, Fabián Trinidad Jiménez, en funciones de Magistrado del Pleno de esta autoridad federal.

TERCERO. Existencia del acto reclamado y precisión de la autoridad responsable. En el recurso que se resuelve, se observa que la parte recurrente controvierte el Dictamen Consolidado INE/CG1989/2024 y la Resolución INE/CG1991/2024 aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas a los cargos de Diputaciones locales y Presidencias Municipales correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el Estado de Querétaro.

Ambos, aprobados por unanimidad de votos de las Consejerías Electorales, en sesión extraordinaria de veintidós de julio del año en curso, de ahí que resulte válido concluir que las determinaciones cuestionadas existen y surten efectos jurídicos, en tanto que en esta instancia federal no se resuelva lo contrario.

Al respecto, debe tenerse como autoridad responsable sólo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al ser el órgano encargado de aprobar las resoluciones sobre los Dictámenes Consolidados y la imposición de la sanción.

En las relatadas circunstancias, a pesar de que sólo se tiene como autoridad responsable al Consejo General, deben tenerse como actos impugnados el Dictamen Consolidado y la Resolución de veintidós de julio del año en curso, que sancionó al ahora partido recurrente.

CUARTO. Requisitos de procedibilidad. El presente medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a), fracción I; 42, y 45, párrafo 1, incisos a) y b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como a continuación se expone.

1. Forma. En la demanda consta el nombre y la firma autógrafa de la persona representante del partido recurrente, así como la identificación del acto impugnado, la autoridad responsable, los hechos en que se basa la impugnación y los agravios que le causa.

2. Oportunidad. La demanda fue presentada dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en atención a que la citada Resolución fue notificada vía correo electrónico al partido político recurrente el veintinueve de julio del año en curso, debido al engrose realizado conforme a los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados durante el desarrollo de la sesión, como lo señala la autoridad responsable en su oficio de notificación.

De ahí que, si el escrito de apelación se interpuso el dos de agosto siguiente, resulta oportuna la demanda, conforme a la jurisprudencia 1/2022 de Sala Superior de rubro: “PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO UNA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN FUE OBJETO DE MODIFICACIONES, NO OPERA LA NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA”.

Lo anterior, toda vez que todos los días deben de computarse como hábiles, ya que la materia de impugnación se encuentra relacionada con el proceso electoral en curso, en términos del artículo 7, numeral 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

3. Legitimación y personería. Este requisito se colma, en virtud de que el recurso se interpuso por un partido político, a través de su representante propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, personería que le es reconocida por la autoridad responsable en el informe circunstanciado, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, párrafo 2, inciso a), de la Ley adjetiva electoral.

4. Interés jurídico. El presupuesto procesal en estudio se encuentra colmado, ya que quien impugna es el sujeto sancionado por irregularidades en materia de fiscalización, de lo que resulta su interés jurídico para exponer su inconformidad a fin de que se revoque, en lo que es materia de impugnación, el acto combatido.

5. Definitividad y firmeza. Se cumple con este requisito porque no existe recurso previo que deba agotarse en contra del Dictamen Consolidado y la Resolución impugnada.

QUINTO. Conclusiones sancionatorias impugnadas. En el escrito de demanda, el partido apelante formula diversos conceptos de agravio que se vinculan con las conclusiones sancionatorias 07_C1_QE, 07_C8_QE, 07_C16_QE, 07_C18_QE, 07_C19_QE, 07_C20_QE, 07_C42_QE, 07_C22BIS_QE, 07_C23_QE, 07_C37_QE, 07_C45_QE, 07_C46_QE, 07_C3_QE, 07_C31_QE y 07_C34_QE.

Las conclusiones que sobre el particular se impugnan, se precisan a continuación:

SEXTO. Medios de convicción. Las pruebas ofrecidas por el partido político apelante consistieron, en términos generales, en documentales públicas, privadas, instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana.

Respecto de tales elementos de convicción, esta Sala Regional precisa que, en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a las documentales públicas que obran en autos se les reconoce valor de convicción pleno.

En ese tenor, conforme a lo previsto en los artículos 14, párrafo 1, incisos b), d) y e), así como 16, párrafo 3, de la Ley procesal electoral, a las documentales privadas, la instrumental de actuaciones y las presuncionales se les reconoce valor probatorio indiciario y sólo harán prueba plena cuando, a juicio de esta autoridad federal, del análisis de los demás elementos que obren en los expedientes, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados o con los hechos con los que se relacionan tales elementos de convicción.

SÉPTIMO. Metodología de estudio. Por cuestión de método, resulta pertinente señalar que Sala Regional Toluca analizará los motivos de inconformidad en el orden que fueron planteados; por lo que se estudiarán en forma conjunta las conclusiones relacionadas cuando así hayan sido invocadas por la parte recurrente, en atención a que la autoridad responsable también realizó un análisis de manera agrupada.

Lo cual no causa agravio a la parte recurrente porque lo importante es que los motivos de disenso sean analizados en su totalidad, en términos de la jurisprudencia identificada con la clave 4/2000, cuyo rubro es el siguiente: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN” [2].

OCTAVO. Estudio de fondo. Del escrito de demanda se advierte que la pretensión del partido apelante consiste en que se revoquen las conclusiones impugnadas y, en consecuencia, se dejen sin efecto las respectivas sanciones.

La causa de pedir la hace descansar en que, a su juicio, la autoridad responsable no fundó ni motivó de forma debida el Dictamen Consolidado y la Resolución impugnados, además de faltar al principio de exhaustividad y congruencia.

Por ende, la litis del presente asunto, consiste en determinar si asiste razón al partido político apelante o si por el contario los actos impugnados se ajustan al orden jurídico.

AGRAVIOS

Tema I. Agravios relacionados con la omisión de presentar documentación que compruebe el origen del recurso, respecto de aportaciones en especie

a. Conclusiones alegadas

b. Planteamientos de inconformidad

b.1 Violación al principio constitucional de proporcionalidad de la sanción e insuficiente motivación con relación a la calificación de la falta y multa excesiva con el criterio de sanción sobre el 100% del monto involucrado

La parte recurrente sostiene la ilegalidad, invalidez y desproporcionalidad de la sanción establecida a través de las referidas conclusiones, en atención a una indebida e insuficiente valoración y calificación por parte de la responsable, ya que ese instituto político adjuntó la documentación comprobatoria en el Sistema Integral de Fiscalización, lo cual se hizo del conocimiento de la autoridad en la contestación del oficio de errores y omisiones (primer periodo) a través del oficio CEN/SF/102/2024, mediante el anexo identificado con la nomenclatura CONTESTACIÓN-QUERÉTARO-P1-ANEXO 2.2.3.2.1, detallando en la columna M el ID contable, en la columna N el número de póliza y en la columna O la observación del partido, a continuación de manera ejemplificativa del consecutivo 1.

A manera ejemplificativa se insertaron imágenes, de lo que indica el partido político apelante corresponden a la contestación al referido oficio y de la póliza anexada.

Por lo que a su decir, se dio cumplimiento en el ingreso de la documentación comprobatoria de los ingresos, aportaciones de simpatizantes en especie, puntualizando que las unidades vehiculares que está observando la autoridad como aportación de simpatizante, son propiedad de las otroras candidaturas y no de un tercero, las cuales utilizaron para realizar sus actividades de campaña, por lo cual, el instituto político procedió a ingresar la documentación y evidencia para que la Unidad Técnica de Fiscalización efectuara sus atribuciones, lo que no obstruyó sus labores de fiscalización y comprobación de los ingresos, entre las documentales adjuntas a las pólizas se encuentra: la factura que acredita la propiedad de la candidatura, tarjeta de circulación, cotizaciones registradas en la respectiva póliza precisadas en el anexo, tal y como se muestra en la imagen (que previamente insertó a su escrito).

Sin embargo, la autoridad administrativa señala en la resolución que no le fue proporcionada la totalidad de la documentación, que existe documentación faltante por ese instituto político y procedió a determinar la sanción del 100% respecto del monto involucrado, de lo cual el apelante considera excesivo, toda vez que la conducta consiste en la falta de documentación, además, la autoridad no justifica que esa documentación haya ocasionado obstaculización en sus facultades fiscalizadora, en razón de que no fue así.

Señala que el veintidós de julio del presente año, durante la celebración de la sesión extraordinaria, las propias Consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral votaron a favor para que la conducta de egresos no comprobados se calculara y sancionara con el 50% (cincuenta por ciento).

El apelante, considera que la conducta de egresos no comprobados es equivalente a la conducta de ingresos no comprobados, atendiendo a la naturaleza de que se dio cumplimiento en reportar a la autoridad los ingresos y se adjuntó la evidencia que para ella no fue en su totalidad; sin embargo, estima que su gravedad también difiere en los ingresos no reportados.

En ese sentido, indica que el criterio de sanción de la autoridad fiscalizadora es excesivo en comparación de la gravedad de la conducta, en razón de que los ingresos fueron reportados con pruebas de los registros, sin obstaculizar u obstruir las labores de la entidad fiscalizadora, por lo tanto, resulta evidente una sanción y/o multa excesiva.

Expone que resulta contrario a los criterios ejercidos por el Consejo General que la conducta de ingreso no comprobado sea sancionada con el 100% (cien por ciento) del monto involucrado, aun cuando los registros sí fueron realizados y se adjuntó documentación comprobatoria de ellos, aunado a que las unidades vehiculares que se registraron son propiedad de las propias candidaturas y que fueron utilizadas para sus actividades de campaña.

En ese tenor, solicita que esta autoridad jurisdiccional electoral federal, en un criterio garantista y en ejercicio de una legítima defensa, verifique la razón de sus manifestaciones y observe igual criterio de sanción de acuerdo a la proporcionalidad de la conducta, en ese caso, sobre el 50% (cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado para los ingresos no comprobados al haberse registrado e ingresado la documentación comprobatoria suficiente y sin ocasionar obstrucción a las labores del ente fiscalizador.

Así, solicita que se revoque la resolución impugnada para que la autoridad fiscalizadora vuelva a realizar la calificación de la falta con un criterio proporcional y congruente de sanción respecto a la conducta infractora.

b.2 Falta de exhaustividad

La parte recurrente precisa que, con relación a los consecutivos 5, 11, 13 y 24 de la contestación de ese instituto político ante el ente fiscalizador, mediante el anexo denominado CONTESTACIÓN-QUERÉTARO-P1-ANEXO 2.2.3.2.1, debidamente se le informó los números de póliza en las que se encuentra la documentación que la responsable señala como faltante (inserta imágenes).

De esa forma, procede a describir lo consecutivos siguientes:

En consideración de la parte recurrente, la Unidad Técnica de Fiscalización debió entrar al Sistema Integral de Fiscalización con los números de pólizas proporcionados y verificar que la información se encuentra integrada y haber dado por atendidos los consecutivos 5, 11, 13 y 24 del multicitado anexo, los cuales se traducen a una cantidad de sanción imputable de doscientos cuatro mil doscientos cuarenta y seis pesos 12/100 moneda nacional ($204,246.12 M.N.).

Por lo que solicita a este órgano jurisdiccional que revoque la sanción de los consecutivos referidos, que fueron informados a la autoridad responsable, mediante la contestación del oficio de errores y omisiones como quedó manifestado con la evidencia señalada, o revoque para efectos de que la autoridad cumpla su actividad fiscalizadora de revisión.

c. Consideraciones de la autoridad responsable

c.1. Inconsistencias precisadas en el oficio de errores y omisiones

Conclusión 07_C1_QE

Mediante oficio INE/UTF/DA/18014/2024, notificado al partido político recurrente el trece de mayo de dos mil veinticuatro, en el rubro: Diputaciones locales y Presidencia Municipales; Ingresos; Aportaciones de simpatizantes en especie, la autoridad responsable le hizo de su conocimiento, lo siguiente:

1. Se observaron registros de aportaciones en especie de Simpatizantes, las cuales carecen de la documentación soporte señalada en la columna denominada "Documentación Faltante" del Anexo 2.2.3.2.1 del presente oficio.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

  Lo señalado en la columna denominada “Documentación Faltante” del Anexo 2.2.3.2.1.

  Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, numeral 1, incisos a) y b), 96, numeral 1, 108, numeral 2, 106, 107, numerales 1 y 3 y 296, numeral 1, del RF; 19, 20 y 21 de los Lineamientos generales para la comprobación de aportaciones de personas aspirantes y simpatizantes.

Conclusión 07_C8_QE

Por oficio INE/UTF/DA/18014/2024, notificado al partido recurrente el trece de mayo de dos mil veinticuatro, la autoridad fiscalizadora le hizo de su conocimiento, en el rubro Ingresos, Aportaciones de simpatizantes en especie:

11. Se observaron registros de aportaciones en especie de Simpatizantes, las cuales carecen de la documentación soporte señalada en la columna denominada "Documentación Faltante" del siguiente cuadro:

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

  Lo señalado en la columna denominada “Documentación Faltante” del cuadro que antecede.

  Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, numeral 1 inciso a), 39, numeral 6, 47, numeral 1, incisos a) y b), 96, numeral 1, 108, numeral 2, 106, 107, numerales 1 y 3 y 296, numeral 1, del RF; 19, 20 y 21 de los Lineamientos generales para la comprobación de aportaciones de personas aspirantes y simpatizantes.

c.2 Respuesta al oficio de errores y omisiones

Conclusión 07_C1_QE

Por oficio CEN/SF/102/2024, de dieciocho de mayo del año en curso, el partido recurrente dio respuesta a la autoridad responsable en la forma siguiente:

Primera Respuesta:

En atención a la observación identificada con el número 1 del oficio número INE/UTF/DA18014/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el periodo de corrección derivado de la revisión correspondiente al segundo periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Querétaro. Partido Político Morena (Primer periodo). se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que, respecto a este punto y con la finalidad de atender la observación hecha por la autoridad fiscalizadora, se adjunta a las pólizas señaladas en el Anexo 2.2.3.2.1, la documentación soporte que se señala en la columna denominada “Documentación faltante” en el documento adjunto a este oficio, denominado “CONTESTACIÓN-QUERETARO-P1-ANEXO 2.2.3.2.1”, por lo que se solicita dar por atendida la presente observación.

Véase Anexo R1_MORENA_QE, del presente dictamen.

Conclusión 07_C8_QE

Primera Respuesta:

En atención a la observación identificada con el número 11 del oficio número INE/UTF/DA18014/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el periodo de corrección derivado de la revisión correspondiente al segundo periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Querétaro. Partido Político Morena (Primer periodo). se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización que, respecto a este punto y con la finalidad de atender la observación hecha por la autoridad fiscalizadora, se adjuntará la documentación que se señala en la columna denominada “Documentación faltante” de la presente, por lo que se solicita dar por atendida la presente información.

Véase Anexo R1_MORENA_QE, del presente dictamen.

c.3. Determinación que al respecto asumió la autoridad fiscalizadora en el dictamen consolidado

Conclusión 07_C1_QE

No Atendida

Del análisis a la respuesta del sujeto obligado, así como de la búsqueda en los diferentes apartados del SIF, se determinó lo siguiente:

Por lo que se refiere a las 13 pólizas señaladas con (1) en la columna denominada “Referencia dictamen” del Anexo 1_MORENA_QE del presente dictamen, presentaron la documentación soporte solicitada, consistente en recibo de aportación, contrato de donación o comodato y documentación que acredite la propiedad del bien aportado, respecto a este punto la observación quedó atendida.

Respecto a las 20 pólizas señaladas con (2) en la columna denominada “Referencia dictamen” del Anexo 1_MORENA_QE del presente dictamen, aún y cuando el sujeto obligado menciona que la documentación soporte solicitada fue presentada en cada una de las pólizas señaladas, de una búsqueda exhaustiva en los diferentes apartados del SIF no se localizó la documentación, consistente en recibo de aportación, contrato de donación o comodato, muestras del bien aportado y documento que acredite la propiedad del bien, por un importe de $1,131,246.98. Por tal razón la observación no quedó atendida.

Conclusión 7_C1_QE

El sujeto obligado registró ingresos por concepto de aportaciones en especie de simpatizantes, no obstante, omitió presentar la documentación que compruebe el origen del recurso, por un importe de $1,131,246.98.

Conclusión 07_C8_QE

No atendida

Del análisis a las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado, así como de una búsqueda exhaustiva en los diferentes apartados del SIF, se determinó lo siguiente:

Respecto a las pólizas señaladas en el cuadro de la observación principal, se verificó que omitió presentar la documentación soporte solicitada, como se detalla a continuación; respecto a la póliza contable PN-DR-1/27-04-24, omitió presentar recibo de aportación, factura/o cotización, contrato de donación o comodato y muestras, por lo que corresponde a la póliza. PN-DR-2/29-04-24, no se localizó el recibo de aportación, factura/o cotización y contrato de donación o comodato. Por tal razón, la observación no quedó atendida.

Conclusión 7_C8_QE

El sujeto obligado registró ingresos por concepto de aportaciones en especie de simpatizantes, no obstante, omitió presentar la documentación que compruebe el origen del recurso, por un importe de $17,000.00

c.4 Resolución del Consejo General

Respecto de las citadas conclusiones el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Resolución INE/CG1991/2024 aprobada en lo general el veintidós de julio de dos mil veinticuatro, sustancialmente señaló que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, toda vez que se hizo de su conocimiento a través del oficio de errores y omisiones técnicas, concediéndole un plazo para que presentara las aclaraciones y rectificaciones que estimara pertinentes; no obstante ello, se concluyó no tener por solventadas las observaciones formuladas.

Asimismo, procedió a determinar la responsabilidad de los sujetos obligados (partido político y candidaturas), en la consecución de las conductas materia de análisis.

Al respecto, refirió el marco normativo aplicable y señaló que la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Destacó que el artículo 223, numeral 7, inciso c), del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el partido político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria de las y los candidatos.

En ese contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando estos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a las y los candidatos, conociendo estos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde, invocando como criterio orientador lo resuelto por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en el expediente SUP-RAP-153/2015.

En consecuencia, dado que las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, y al no advertirse conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, no se le eximió de su responsabilidad, ya que no se demostraron fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que le consideró responsable de las conductas infractoras de mérito, procediendo a individualizar la sanción, atento a las particularidades de cada conclusión sancionatoria.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Conforme al criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-05/2010, analizó los elementos de la falta, en particular el tipo de infracción; las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ambas infracciones; la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas; y, la condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

De ahí que tomó en cuenta lo siguiente:

a) Tipo de infracción (acción u omisión). Las faltas corresponden a la omisión de presentar la documentación que compruebe el origen de los recursos recibidos, atentando a lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron. El sujeto obligado incurrió en las faltas siguientes:

Modo: El sujeto obligado en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los partidos políticos correspondientes al proceso electoral en revisión, incurrió en las siguientes:

07_C1_QE El sujeto obligado registró ingresos por concepto de aportaciones en especie de simpatizantes, no obstante, omitió presentar la documentación que compruebe el origen del recurso, por un importe de $1,131,246.98.

07_C8_QE El sujeto obligado registró ingresos por concepto de aportaciones en especie de simpatizantes, no obstante, omitió presentar la documentación que compruebe el origen del recurso, por un importe de $17,000.00.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado surgieron en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el Estado de Querétaro.

Lugar: La irregularidad se cometió en el Estado de Querétaro.

c) Comisión intencional o culposa de la falta. En el caso estimó que existe culpa en el obrar del sujeto obligado.

d) La trascendencia de las normas transgredidas. Al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Así, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas como principios rectores de la actividad electoral.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. Los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por las conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. Existe singularidad en la falta, debido a que el sujeto obligado cometió diversas irregularidades que se traducen en una misma conducta, y por tanto, en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y transparencia en la rendición de los recursos del partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia). Se indicó que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

Arribando a la conclusión de calificar las infracciones como GRAVES ORDINARIAS, procediendo a la imposición de la sanción.

En ese sentido, valoró la capacidad económica del infractor, tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.

Por lo que determinó lo siguiente:

Conclusión 07_C1_QE

La sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica, equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber un millón ciento treinta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 98/100 moneda nacional ($1,131,246.98 M.N.) lo que dio como resultado total la cantidad de un millón ciento treinta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 98/100 moneda nacional ($1,131,246.98 M.N.).

En consecuencia, impuso al partido Movimiento Regeneración Nacional, la sanción prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que le corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de un millón ciento treinta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 98/100 moneda nacional ($1,131,246.98 M.N.).

Conclusión 07_C8_QE

La sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica, equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber: diecisiete mil pesos 00/100 mneda nacional ($17,000.00 M.N.), lo que dio como resultado total la cantidad de diecisiete mil pesos 00/100 moneda nacional ($17,000.00 M.N.).

En consecuencia, impuso al partido Movimiento Regeneración Nacional, la sanción prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que le corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de diecisiete mil pesos 00/100 moneda nacional ($17,000.00 M.N.).

d. Análisis de Sala Regional Toluca

- Decisión

Se califican de infundados los agravios formulados por la parte recurrente, en atención a los razonamientos siguientes:

- Justificación

        Violación al principio constitucional de proporcionalidad de la sanción e insuficiente motivación con relación a la calificación de la falta y multa excesiva con el criterio de sanción sobre el 100% del monto involucrado

De las actuaciones realizadas en el procedimiento de fiscalización, la autoridad respectiva, en específico durante la emisión del oficio de errores y omisiones y su respuesta por parte del recurrente se advierte que este último parte de la premisa de estimar que con la documentación que presentó se debe tener por acreditado el origen de los recursos correspondientes a las conclusiones observadas.

Por lo que se refiere a la concusión 07_C1_QE la autoridad fiscalizadora hizo del conocimiento de la parte recurrente que se habían observado registros de aportaciones en especie de simpatizantes, las cuales carecían de la documentación soporte señalada en la columna denominada "Documentación Faltante" del Anexo 2.2.3.2.1 del citado oficio.

Posteriormente, en el Dictamen Consolidado la autoridad fiscalizadora refiere que aun cuando el sujeto obligado señalaba que la documentación soporte solicitada había sido fue presentada en cada una de las pólizas mencionadas, de una búsqueda exhaustiva en los diferentes apartados del Sistema Integral de Fiscalización no se localizó la documentación, consistente en recibo de aportación, contrato de donación o comodato, muestras del bien aportado y documento que acredite la propiedad del bien, por un importe de un millón ciento treinta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 98/100 moneda nacional ($1,131,246.98 M.N.), no quedó atendida.

En lo que concierne a la conclusión 07_C8_QE al igual que la anterior conclusión referida, la autoridad fiscalizadora en el rubro de “Ingresos”, “Aportaciones de simpatizantes en especie”, hizo del conocimiento de la parte recurrente que debía aportar diversa documentación con respecto de las pólizas PN-DR-1/27-04-24 y PN-DR-2/29-04-24, en respeto a su garantía de audiencia, no obstante, según se refirió en el Dictamen Consolidado, respecto de la primera póliza indicada, el sujeto obligado omitió presentar recibo de aportación, factura/o cotización, contrato de donación o comodato y muestras; mientras que por lo que correspondió a la segunda póliza mencionada, no se localizó el recibo de aportación, factura/o cotización y contrato de donación o comodato. Por tal razón, determinó que la observación no quedó atendida.

En ese sentido precisó que el importe en cada caso fue de ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional ($8,500.00 M.N.) sumando un total de diecisiete mil pesos 00/100 moneda nacional ($17,000.00 M.N.).

Al respecto, de la revisión que Sala Regional Toluca realizó en el Sistema Integral de Fiscalización de la contabilidad atinente de la parte recurrente CONTESTACIÓN-QUERÉTARO-P1-ANEXO 2.2.3.2.1, se desprende la información que se precisa en las tablas que se insertan a continuación:

CONCLUSIÓN 07_C1_QE

(Información obtenida del SIF)

CONCLUSIÓN 07_C8_QE

(Información obtenida del SIF)

De la información contenida en las tablas que anteceden, Sala Regional Toluca advierte que si bien, asiste razón a la parte recurrente en cuanto a que acompañó diversa documentación a cada una de las pólizas que aportó a la autoridad fiscalizadora a fin de desahogar la observación atinente, también lo es que no atendió en su totalidad lo requerido en cada una de ellas.

En las pólizas señaladas en la tabla relativa a la conclusión 07_C1_QE, indicadas en los numerales 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31 y 32, la parte recurrente omitió aportar la documentación solicitada por la autoridad fiscalizadora; en tanto que, en las relativas a los numerales 3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 27, 28, 29 y 33, únicamente presentó uno o dos de los documentos requeridos, faltando por anexar la totalidad de la información solicitada.

Asimismo, en lo que se refiere a las dos pólizas precisadas en la tabla tocante a la conclusión 07_C8_QE, la parte apelante en cuanto a la póliza PN-DR-1/27-04-24, omitió presentar recibo de aportación, factura o cotización; contrato de donación o comodato y muestras; de igual forma, por lo que hace a la póliza PIN-DR-2/29-04-24, omitió adjuntar el recibo de aportación, la factura o cotización y el contrato de donación o comodato; por lo que, tampoco dio cumplimiento a la presentación de la documentación total requerida por la autoridad fiscalizadora.

Por las razones anteriores, devienen infundados los motivos de disenso de que se trata y, por ende, la indebida motivación y fundamentación a la que alude la parte recurrente, toda vez que a partir del material probatorio que obra en el expediente la autoridad fiscalizadora arribó a la conclusión que el sujeto obligado no comprobó el origen de los recursos observados, tal y como ha quedado evidenciado con la información contenida en la tabla inserta.

Ello, no obstante, de que le fue hecho del conocimiento al partido apelante y estuvo en aptitud de desahogar el requerimiento en los términos requeridos por la autoridad administrativa electoral; por lo que resulta intrascendente su manifestación en el sentido de que los vehículos aportados en comodato eran propiedad de las propias candidaturas, utilizados en sus campañas y no de personas terceras.

De igual forma, carece de sustento lo expuesto por la parte apelante en cuanto a que no se obstruyeron las labores de fiscalización y comprobación de los ingresos con la documentación que presentó, ya que opuestamente a lo afirmado por el apelante, la revisión realizada por la autoridad fiscalizadora y el resultado en cuanto a que no se localizó la totalidad de la documentación de la información requerida implicó la ejecución de tareas de investigación adicionales que necesariamente constituyeron una obstrucción a las actividades de fiscalización llevadas a cabo por la autoridad responsable.

Ahora, por lo que hace al motivo de inconformidad consistente en la indebida calificación de la falta y la multa excesiva con la aplicación del criterio de sanción sobre el 100% del monto involucrado, deviene igualmente infundado en virtud de que tal y como lo refirió la autoridad responsable la conducta sancionada constituye una falta grave en la medida en que el ingreso cuyo origen no quedó acreditado genera la falta de certeza en cuanto a la licitud de tal financiamiento.

Es importante precisar que opuestamente a lo sostenido por la parte recurrente no es posible equiparar la falta de comprobación del ingreso percibido por financiamiento público o privado por parte de los institutos políticos con el egreso que realizan en sus actividades ordinarias o específicas.

Esto es así, porque atienden a diferente naturaleza, dado que mientras los ingresos constituyen un aumento en las entradas económicas que repercute favorablemente en el patrimonio del ente jurídico; en tanto que los egresos son disposiciones de los recursos con los que cuenta el instituto político, que implican una reducción en un haber patrimonial; de ahí que se encuentren regulados de manera distinta y obedecen a responsabilidades diferentes.

Cabe señalar que por disposición constitución y legal, los partidos políticos cuentan con financiamiento público del cual pueden disponer para sus actividades, por lo que, tratándose de un egreso, se entiende que éste puede ser comprobado de conformidad con los registros internos del partido político y verificados con los que cuente la autoridad responsable.

Mientras que los ingresos de un partido político, aun cuando se encuentran regulados por las disposiciones legales aplicables, la verificación de las fuentes de éstos depende directamente de la información fidedigna que proporcione a la autoridad fiscalizadora, en tanto que deben ser comprobados fehacientemente, a efecto de dotar de certeza y de transparencia a la obtención de sus recursos, al tratarse de entidades de interés público.

De ahí, que como lo pretende el partido recurrente, no sea exigible a la autoridad responsable equiparar las conductas referentes a la omisión de comprobar los egresos y la de comprobar el origen de los ingresos percibidos.

En ese tenor, deviene subjetivo y genérico lo sostenido por la parte apelante en cuanto a que el Consejo General debió sancionar en su caso, la infracción con un 50% y no sobre el 100% sobre el monto involucrado para los ingresos no comprobados al haber registrado e ingresado la documentación comprobatoria suficiente para solventar la observación formulada, toda vez que no explica de qué modo ese porcentaje corresponde a la gravedad de la falta.

Ello, porque ha sido criterio de este órgano jurisdiccional electoral que al imponer la sanción correspondiente la autoridad administrativa electoral federal debe tomar en cuenta los elementos subjetivos y objetivos previstos en la Ley, así como en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que con base en esto, la autoridad fiscalizadora estimó que la cuantía de la sanción impuesta resultaba proporcional a las particularidades del caso y cumplía con las finalidades de disuasión propias de toda sanción.

Determinación que Sala Regional Toluca comparte, en virtud de que del Dictamen Consolidado y de la Resolución controvertidos se desprende la falta de comprobación del origen de los recursos observados, como expresamente se señaló al momento de desahogar el oficio de errores y omisiones que le fueron formulados durante el procedimiento de fiscalización.

Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que la determinación de la autoridad fiscalizadora de imponer una sanción, cuya cuantía implica el 100% del monto del ingreso cuyo origen no fue acreditado, lejos de ser subjetivo y desproporcional, se encuentra debidamente motivado y fundado, ya que resulta adecuado, proporcional y disuasivo, en atención a las particularidades del caso, debido a que la falta quedó acreditada, se trató de una omisión grave, de la cual es responsable la parte recurrente y representó un daño directo y efectivo a la fiscalización de los recursos consistente en la no rendición de cuentas.

De ahí que, en principio la fijación de una cuantía de la sanción menor, igual o superior al monto del ingreso cuyo origen no se acredite, constituye un dato referencial que podría propiciar la proliferación de este tipo de conductas contrarias a la norma jurídica, por lo que una cantidad igual al monto cuantificado como ingreso cuyo origen no se encuentra acreditado resulta adecuada para lograr la inhibición de tales actos.

Por lo que, se considera apegada a Derecho la conclusión a la que arribó la autoridad responsable; de ahí que no le asista razón a la parte recurrente en cuanto a que se vulneró el principio de proporcionalidad de la sanción y falta de fundamentación y motivación de las determinaciones controvertidas.

         Falta de exhaustividad

En otro sentido, la parte recurrente hace valer la falta de exhaustividad en el Dictamen Consolidado y la Resolución controvertida al considerar que, por lo que respecta a la conclusión 07_C1_QE, en los consecutivos 5, 11, 13 y 24 de la contestación que dio a la autoridad fiscalizadora, a través del anexo denominado CONTESTACIÓN-QUERÉTARO-P1-ANEXO 2.2.3.2.1, informó que en las respectivas pólizas se encontraba la documentación señalada como faltante, razón por la cual consideraba falta de exhaustividad por parte de la autoridad responsable analizarlas.

Al respecto, el agravio deviene infundado porque contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, tanto en el Dictamen Consolidado como en la Resolución controvertidos, la autoridad fiscalizadora se ocupó de analizar la observación señalada arribando a la conclusión de que no se había localizado la totalidad de la documentación requerida.

Ello es así, porque como ha quedado evidenciado al analizar la conclusión 07_C1_QE la autoridad responsable revisó la documentación agregada a las pólizas en comento sin haber localizado las constancias que estimó necesarias, de ahí que la consideró no atendida.

Determinación que Sala Regional Toluca comparte, en atención a que del Sistema Integral de Fiscalización se obtuvieron los datos que han sido referidos previamente; sin embargo, para una mejor claridad, se estima conveniente referirlos en la tabla que se inserta a continuación:

Con base en lo anterior, Sala Regional Toluca estima que lo infundado del agravio en lo que concierne a la póliza PN-DR-4/28-04-24 señalada en el consecutivo 5, deriva de que la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado determinó atendida esa observación, por lo que no le asiste razón a la parte apelante cuando argumenta que fue sancionado con motivo de ello.

Por lo que hace a las pólizas restantes, carece de razón la parte recurrente debido a que, si bien se adjuntó a éstas diversa documentación con la finalidad de solventar la observación atinente, también lo es que no lo hizo de manera completa y en los términos requeridos por la autoridad fiscalizadora, ya que omitió remitir la documentación que se resalta en la columna “Documentación requerida”, referente a recibos de aportación y contratos de donación o comodato.

En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización analizó puntualmente las pólizas señaladas por la parte recurrente exponiendo los motivos que estimó convenientes para concluir que los consecutivos anteriormente señalados no fueron atendidos, lo que se tradujo en la sanción imputable a la accionante.

De ahí lo infundado del motivo de disenso.

Tema II. Agravios relacionados con la omisión de rechazar aportación de persona impedida por la normatividad electoral, consistente en publicidad pagada en Meta Platforms Inc. o.

a. Conclusión alegada

b. Planteamientos de inconformidad

b.1 No se desprenden indicios o elementos probatorios que permitan presuponer que el partido recurrente o cualquiera de sus otroras candidaturas recibieron aportaciones de personas impedidas, falta de estudio, exhaustividad y legalidad para emitir su conclusión la autoridad fiscalizadora

La parte recurrente señala que, derivado de la observación 20 del oficio INE/UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN/DA18014/2024 relativo a los errores y omisiones, ese instituto político emitió respuesta en tiempo y forma a la autoridad fiscalizadora mediante el anexo CONTESTACIÓN QUERÉTARO MOR ANEXO 3.5.10.1, en el cual se puntualizó de manera referenciada que los hallazgos imputados no fueron solicitados por ese partido político y tampoco por ninguna de sus otroras candidaturas.

Indica que el ente fiscalizador determinó de manera violatoria que los supuestos hallazgos con referencia (1) y (3) como aportaciones de persona impedida, por lo que, estimó que resultaba indispensable citar la respuesta emitida por ese instituto político e insertó imagen.

El partido político apelante aduce que sin motivación legal la autoridad determinó que los hallazgos referenciados con los numerales (1) y (3) consisten en aportaciones de personas impedidas por la normatividad electoral; sin embargo, no acreditó tal imputación y no tiene sustento alguno, toda vez que el ente fiscalizador no puede coartar el derecho constitucional del libre ejercicio para transmitir o publicar notar periodísticas a través de cuentas oficiales, las redes sociales permiten la libertad de expresión para cualquier persona, en temas específicos, cultura general, entretenimiento o de política como es el caso, emitiendo los usuarios información que considera importante difundir a través de sus cuentas personales con sus seguidores o personas agregadas en redes sociales como lo es Facebook.

Refiere que ante la ausencia de motivación y fundamentación para sustentar su determinación, la autoridad responsable señaló que los hallazgos imputados con referencia (1) y (3) son aportaciones de personas impedidas, por lo que indica que inserta un recuadro a modo ejemplificativo, para demostrar que los hallazgos no corresponden a aportaciones de personas impedidas, sino a publicaciones en su libre ejercicio de expresión e información, como derecho humano tutelado en los artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado a que la publicación no cumple con los elementos indispensables para su actualización de propaganda para que esa conducta pueda advertirse un beneficio para la candidatura.

Arguye que se está frente a un exceso de la autoridad fiscalizadora que asumió de forma unilateral que sus hallazgos colmaban los elementos de aportación de personas prohibidas sin que para ello se revisara si las publicaciones presentaban en forma simultánea los elementos mínimo de propaganda para otorgar un beneficio a la candidatura, que se encuentran señalado en la tesis LXIII/2015 de Sala Superior de este Tribunal Electoral: a) Finalidad; b) Temporalidad; y c) Territorialidad, así como los diversos: personal, temporal y subjetivo.

Al respecto, inserta diversas imágenes y manifiesta que en los hallazgos de mérito no se configuran los elementos personal y subjetivo, por tanto, no existe una indebida aportación en beneficio de ese partido político.

Así, solicita a este órgano jurisdiccional revocar la conclusión sancionatoria para que, en plenitud de jurisdicción, se pronuncie y resuelva respecto de la real naturaleza jurídica de los hallazgos ilegalmente calificados y sancionados como aportación de persona impedida.

c. Consideraciones de la autoridad responsable

c.1. Inconsistencias precisadas en el oficio de errores y omisiones

Mediante oficio INE/UTF/DA/18014/2024, notificado el trece de mayo del año en curso al partido político recurrente, la autoridad fiscalizadora le hizo de su conocimiento lo siguiente:

Propaganda exhibida y pagada en páginas de internet que podría constituir aportaciones de entes prohibidos.

Derivado del monitoreo en internet, se identificaron gastos por concepto de publicidad pagada o pautado exhibido en Meta Platforms Inc. (Facebook y/o Instagram), durante el periodo de campaña del presente proceso electoral, que generan un beneficio a diversas candidaturas postuladas por el sujeto obligado; sin embargo, los ingresos y gastos asociados con dicha publicidad no se encuentran registrados en la contabilidad del partido político/coalición. Por lo tanto, al generarles un beneficio en el desarrollo de la campaña, dichos gastos podrían constituir aportaciones de entes prohibidos, ya que corresponden a propaganda pagada en portales de medios de comunicación, como se detalla en el Anexo 3.5.10.1 del presente oficio.

Es fundamental destacar que dicha propaganda contribuye a la difusión y promoción de las ideas, propuestas e imagen de las candidaturas. Este beneficio se evidencia claramente al observar la presencia constante del mismo video, imagen o frase en favor de la candidatura en diversas páginas. Su presencia constante en diferentes medios contribuye significativamente a su visibilidad, reconocimiento y posicionamiento durante los procesos electorales, por lo que al ser propaganda pagada debe reconocerse en los informes de ingresos y gastos correspondientes.

Asimismo, se informa que se ha requerido información a los medios de comunicación y a las personas con respecto a la publicidad localizada durante los monitoreos de internet. Los oficios se identifican en la observación de las confirmaciones con terceros.

Principio del formulario 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:

 El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los requisitos establecidos por la normativa.

 Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias.

 El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de servicios, debidamente requisitados y firmados.

 Los avisos de contratación respectivos.

En caso de que correspondan a aportaciones en especie:

 El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos por la normativa.

 Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados.

 La evidencia de la credencial para votar de los aportantes.

En caso de donaciones,

 Los comprobantes fiscales que acrediten la compra de los bienes o contratación por parte de las personas aportantes.

 Las copias de los cheques de las transferencias bancarias de los pagos por parte de las personas aportantes en caso de que éstas hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA.

En caso de comodatos

 El documento del criterio de valuación utilizado.

En todos los casos:

 El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.

 En su caso, los informes de campaña con las correcciones respectivas.

 Las muestras y/o fotografías de los bienes o propaganda.

 La relación detallada de propaganda en internet

 En su caso, la cédula de prorrateo correspondiente en donde se observe el registro y reconocimiento de los gastos que afecten a los precandidatos beneficiados.

 Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos i) y n), 54, numeral 1,  55, numeral 1, 56, numerales 3 y 4, 61, numeral 1, inciso f), fracción III, 63 y 79, numeral 1, inciso b), de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 27, 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, numeral 1, 47, numerales 1, inciso a) y 2, 74, 96, numeral 1, 104, numeral 2, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 108, numeral 2, 121, 126, 127, 203, 215, 218, 223, numerales 3, incisos i), 7 y 8; 237, 243; 245, 261, numeral 3, 261 Bis y 296, numeral 1 del RF, en relación con el Acuerdo CF/010/2023; 23, 24, 25 y 35 de los Lineamientos generales para la comprobación de aportaciones de personas aspirantes y simpatizantes. De conformidad con el acuerdo INE/CG850/2022.

c.2 Respuesta al oficio de errores y omisiones

Por escrito CEN/SF/102/2024, el instituto político apelante dio la respuesta siguiente:

Primera Respuesta:

En atención a la observación identificada con el número 20 del oficio número INE/UTF/DA18014/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el periodo de corrección derivado de la revisión correspondiente al segundo periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Querétaro. Partido Político Morena (Primer periodo). se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización lo siguiente:

Mediante esta observación la autoridad imputa a mi representado una serie de presuntos gastos no reportados en el SIF, por concepto de pautado en redes sociales, que, a su juicio, por tratarse de páginas de internet de terceros, podrían constituir aportaciones de ente prohibido, lo cual se niega por este partido.

Sobre el particular, derivado del análisis al anexo correspondiente, hemos podido revisar y clasificar los hallazgos en función de su contenido, mismo que, por sus características, pueden caer en los siguientes supuestos, contenidos en los números de referencia del anexo CONTESTACIÓN QUERETARO MOR ANEXO 3.5.10.1…

Véase Anexo R1_MORENA_QE, del presente dictamen.

c.3. Determinación que al respecto asumió la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado

No Atendida

Del análisis a las aclaraciones y a la documentación adjunta presentada por el sujeto obligado en el SIF; esta autoridad determinó lo siguiente:

Por lo que respecta a los hallazgos señalados con (1) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 13_MORENA_QE del presente Dictamen, aun cuando el sujeto obligado manifestó que constituyen tan solo entrevistas o notas de corte periodístico y noticioso amparados en la libertad de prensa, los cuales no es posible que puedan refutarse como propaganda electoral de actos propios o con aquiescencia del partido, ni mucho menos que de ellos derivó algún posible beneficio en favor de este último; es preciso señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por campaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y las candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido;  conforme a lo establecido por la Sala Superior del TEPJF al resolver el expediente SUP-RAP-391/2023 que confirmó las sanciones impuestas a MORENA en la Resolución INE/CG659/2023 y Dictamen consolidado INE/CG658/2023, aprobado el 1 de diciembre de 2023, de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos respecto de los actos, actividades y propaganda realizados en los procesos políticos regulados en el acuerdo INE/CG448/2023 en concatenación con el Artículo 76, inciso g) de la LGPP, que es claro al establecer que se entiende como gastos de campaña cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral; así como con el artículo 32, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización que establece  que se beneficia a una campaña electoral cuando el nombre, imagen, emblema, leyenda, lema o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidatura o conjunto de campañas o candidaturas específicos; por lo cual toda vez que la normatividad establece criterios claros y objetivos para clasificar una determinada propaganda como electoral y atribuible a los contendientes en los procesos electorales, la distribución de la publicidad generó un beneficio a las personas candidatas y si bien esta autoridad no cuestiona bajo ninguna circunstancia la libertad de expresión, no es omisa al advertir la existencia de un beneficio y de la revisión exhaustiva a los diferentes apartados del SIF no se localizó el registro de los gastos o ingresos con los hallazgos capturados en el monitoreo, por tal razón, en este punto la observación no quedó atendida.

Asimismo. de la revisión a las publicaciones pagadas, es evidente que se trata de propaganda en favor de las candidaturas que se señalan, toda vez que se advierten frases como: “Tiempo del Pueblo" “Héctor Magaña Presidente Municipal”, “El motor de este movimiento está en la alegría de nuestra gente”, “Candidato a Presidente Municipal de Tequisquiapan. Morena/PT”, “Haremos lo Diferente”; entre otros, en las que se promociona a las candidaturas, su plataforma o sus propuestas. De conformidad con lo señalado en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Jurisprudencia 37/2010, derivada de los asuntos SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009 y SUP-RAP-220/2009 y acumulados, que a la letra se transcriben:

“(…) Artículo 242. LGIPE

…

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

(…)”

JURISPRUDENCIA 37/2010. PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.

En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial.

Por lo anterior, si bien los sujetos obligados pueden recibir aportaciones para este tipo de gastos, es importante destacar que, al haber sido publicitados a través de medios de comunicación y no acreditarse que fueron pagados por otras personas, estas publicaciones encuadran como una aportación de ente prohibido de conformidad con el artículo 54, numeral 1 de la LGPP, que prohíbe aportaciones de personas físicas o morales extranjeras, entes gubernamentales y personas morales. por lo cual el sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de ente prohibido, por un monto de $3,027.74, como se detalla en el Anexo 13_MORENA_QE.

Con relación a los hallazgos señalados con (2) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 13_MORENA_QE del presente Dictamen, el sujeto obligado señaló que los hallazgos contenidos en las actas, son los mismos, asimismo de la revisión al identificador de la biblioteca de Meta, se constató que corresponden a URL duplicadas; por tal razón, en este punto la observación quedó sin efecto.

Por lo que respecta a los hallazgos señalados con (3) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 13_MORENA_QE del presente Dictamen, aun cuando señaló que la evidencia se adjuntaba en la póliza PC-AJ-1-P1/18/05/2024, esta autoridad realizó una búsqueda en el SIF; verificando que corresponde al ajuste del registro realizado en la póliza PC1/DR-1/29-04-24, sin embargo, no se localizó evidencia que pudiera demostrar que los gastos identificados en el monitoreo en internet están registrados en la contabilidad de las candidaturas beneficiadas a cargos del ámbito local; por tal razón, en este punto la observación no quedó atendida.

En consecuencia, esta Unidad Técnica de Fiscalización determinó el costo del beneficio de los testigos identificados con (1) y (3) en la columna “Referencia Dictamen” en el Anexo 13_MORENA_QE de la forma siguiente:

Determinación del costo

Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el sujeto obligado relacionados con publicidad pautada o pagada en plataformas digitales como Facebook, Instagram o Google se utilizó la información presentada por los proveedores de plataformas digitales en respuesta a las solicitudes de información, proporcionada de forma directa o bien, a través de la información disponible en la página de transparencia (biblioteca de anuncios de Meta) o centro de transparencia de anuncios de Google.

Lo anterior, en concordancia con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SUP-RAP-97/2021, donde se concluye que esa fuente de información se apega a los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen en materia de origen y destino de los recursos en materia electoral.

Así mismo, para otros gastos monitoreados por internet se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a continuación:

 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.

 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información reportada por los proveedores en el RNP.

 De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz del presente Dictamen, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que se tomó como base para la determinación del costo.

En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos por 22 hallazgos por concepto de gastos de publicidad en internet valuados en $100,590.79; de los cuales $10,000.00 corresponden a candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y $90,590.79 corresponde al ámbito local, por lo que esta Unidad Técnica de Fiscalización procedió a realizar el prorrateo de los hallazgos de conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización, el cual se detalla en el Anexo 13B_MORENA_QE.

Los gastos no reportados acumulados por candidatura se detallan en el Anexo 13C_MORENA_QE

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE y 192, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña como se detalla en el Anexo IIA_MORENA_QE.

Candidaturas comunes

Ahora bien, la cantidad de $90,590.79 corresponde a gastos que benefician a candidaturas comunes de ámbito local; por lo que se reconocerá de conformidad con los porcentajes de las aportaciones que realizó cada partido postulante, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 Bis, numeral 3 del RF, quedando un monto acumulado distribuido de la siguiente manera:

Los gastos no reportados acumulados se detallan en el Anexo 13C_MORENA_QE

En ese tenor, los gastos identificados por esta autoridad como no reportados durante los procedimientos de campo en el periodo de campaña cumplen de manera simultánea con los elementos mínimos señalados en la Tesis LXIII/2015 7-08-2015 de la Sala Superior del TEPJF: finalidad, temporalidad y territorialidad, como se detalla en el Anexo 13_MORENA_QE. La finalidad porque generaron un beneficio al sujeto obligado para obtener el voto ciudadano. La temporalidad implicó que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realizó durante la campaña, con el objetivo de difundir el nombre o imagen del sujeto obligado o promover el voto a su favor. La territorialidad consiste en verificar el área geográfica donde se llevó a cabo.

Asimismo, los hallazgos obtenidos cumplen con los elementos que se detallan a continuación: un elemento personal, ya que fueron realizados por los sujetos obligados, sus militantes o sus candidaturas, y en el contexto del mensaje se advierten voces, imágenes o símbolos que hacen plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trata; un elemento temporal, dado que dichos actos o frases se realizaron durante la etapa de la campaña; y un elemento subjetivo, al actualizarse las manifestaciones explícitas o unívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral, las cuales trascienden al conocimiento de la ciudadanía.

Conclusión 7_C16_QE El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral, consistente en publicidad pagada en Meta Platforms Inc. o, por un monto de $77,595.04.

c.4 Resolución del Consejo General

Respecto de la citada conclusión el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Resolución INE/CG1991/2024 aprobada en lo general el veintidós de julio de dos mil veinticuatro, sustancialmente señaló que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, toda vez que se hizo de su conocimiento a través del oficio de errores y omisiones técnicas, concediéndole un plazo para que presentara las aclaraciones y rectificaciones que estimara pertinentes; no obstante ello, se concluyó no tener por solventadas las observaciones formuladas.

Asimismo, procedió a determinar la responsabilidad de los sujetos obligados (partido político y candidaturas), en la consecución de las conductas materia de análisis.

Al respecto, refirió el marco normativo aplicable e indicó que la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Destacó que el artículo 223, numeral 7, inciso c), del Reglamento de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el partido político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria de las y los candidatos.

En ese contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando estos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a las y los candidatos, conociendo estos la existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde, invocando como criterio orientador lo resuelto por la Sala Superior de este Tribunal Electoral en el expediente SUP-RAP-153/2015.

En consecuencia, dado que la respuesta del sujeto obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, y al no advertirse conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, no se le eximió de su responsabilidad, ya que no se demostraron fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización, por lo que le consideró responsable de la conducta infractora de mérito, procediendo a individualizar la sanción correspondiente.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Conforme al criterio sostenido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-05/2010, analizó los elementos de la falta, en particular el tipo de infracción; las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretó; la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas; y, la condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

De ahí que tomó en cuenta lo siguiente:

a) Tipo de infracción (acción u omisión). La falta corresponde a la omisión consistente en rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral, atentando a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Partidos Políticos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretó.

Modo: El sujeto obligado en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los partidos políticos correspondiente al proceso electoral en revisión, incurrió en la conducta infractora siguiente:

07_C16_QE El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral, consistente en publicidad pagada en Meta Platforms Inc. o, por un monto de $77,595.04.

Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña de los partidos políticos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el Estado de Querétaro.

Lugar: La irregularidad se cometió en el Estado de Querétaro.

c) Comisión intencional o culposa de la falta. En el caso estimó que existe culpa en el obrar del sujeto obligado.

d) La trascendencia de las normas transgredidas. Al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Así, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos como principios rectores de la actividad electoral.

En la conclusión analizada, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta Los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. Existe singularidad en la falta, debido a que el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia). Se indicó que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Arribando a la conclusión de calificar la infracción como GRAVE ORDINARIA, procediendo a la imposición de la sanción.

En ese sentido, valoró la capacidad económica del infractor, tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.

Por lo que determinó lo siguiente:

Conclusión 07_C16_QE

La sanción a imponer al sujeto obligado es de índole económica, equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria, a saber setenta y siete mil quinientos noventa y cinco mil 04/100 moneda nacional ($77,595 M.N.) lo que dio como resultado total la cantidad de ciento cincuenta y cinco mil ciento noventa pesos 08/100 moneda nacional ($155,190.08 M.N.).

En consecuencia, impuso al partido Movimiento Regeneración Nacional, la sanción prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que le corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de ciento cincuenta y cinco mil ciento noventa pesos 08/100 moneda nacional ($155,190.08 M.N.).

d. Análisis de Sala Regional Toluca

- Decisión

Este órgano jurisdiccional federal electoral califica infundados por un lado e inoperantes por otro los motivos de disenso formulados por la parte apelante, por las consideraciones que a continuación se exponen.

- Justificación

Deviene infundado el agravio relacionado a la ausencia de motivación y fundamentación en la determinación de la autoridad fiscalizadora respecto de los hallazgos identificado con las referencias (1) y (3).

Es importante señalar que la referencia (1) se relaciona con la manifestación del partido recurrente en cuanto a que los hallazgos solamente constituían entrevistas o notas de corte periodístico y noticioso amparados en la libertad de prensa, por lo que no era posible que pudieran refutarse como propaganda electoral del partido y de sus candidaturas.

En tanto que la referencia (3) aludía al registro de los gastos identificados en el monitoreo en Internet de la contabilidad de las candidaturas beneficiadas a cargos del ámbito local.

Respecto a los hallazgos identificados con los numerales (1) y (3) la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado argumentó que aun cuando el sujeto obligado manifestó que constituyen tan sólo entrevistas o notas de corte periodístico y noticioso amparados en la libertad de prensa, por lo que no era posible que pudieran refutarse como propaganda electoral de actos propios o con aquiescencia del partido, ni que de ellos derivó algún posible beneficio en favor de este último; era necesario señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por campaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y las candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.

Asimismo, entre otras consideraciones expuso que el artículo 32, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización establece que se beneficia a una campaña electoral cuando el nombre, imagen, emblema, leyenda, lema o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidatura o conjunto de campañas o candidaturas específicos.

Por lo cual, toda vez que la normatividad establece criterios claros y objetivos para clasificar una determinada propaganda como electoral y atribuible a los contendientes en los procesos electorales, la distribución de la publicidad generó un beneficio a las personas candidatas y si bien esa autoridad no cuestionó la libertad de expresión, no era omisa al advertir la existencia de un beneficio y de la revisión exhaustiva a los diferentes apartados del Sistema Integral de Fiscalización no se localizó el registro de los gastos o ingresos con los hallazgos capturados en el monitoreo, por tal razón, consideró que la observación no quedó atendida.

Por otra parte, indicó que, de la revisión a las publicaciones pagadas, es evidente que se trata de propaganda en favor de las candidaturas señaladas, toda vez que advirtió frases como: “Tiempo del Pueblo" “Héctor Magaña Presidente Municipal”, “El motor de este movimiento está en la alegría de nuestra gente”, “Candidato a Presidente Municipal de Tequisquiapan. Morena/PT”, “Haremos lo Diferente”; entre otros, en las que se promociona a las candidaturas, su plataforma o sus propuestas. De conformidad con lo señalado en el artículo 242, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Jurisprudencia 37/2010.

Precisó que aun cuando los sujetos obligados pueden recibir aportaciones para este tipo de gastos, es importante destacar que al haber sido publicitados a través de medios de comunicación y no acreditarse que fueron pagados por otras personas, estas publicaciones encuadran como una aportación de ente prohibido de conformidad con el artículo 54, numeral 1 de la Ley Genera de Partidos Políticos, que prohíbe aportaciones de personas físicas o morales extranjeras, entes gubernamentales y personas morales, por lo cual el sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de ente prohibido, por un monto de tres mil veintisiete pesos 74/100 moneda nacional ($3,027.74 M.N.), como se detalla en el Anexo 13_MORENA_QE.

Asimismo, refirió que por lo que respecta a los hallazgos señalados con (3) en la columna “Referencia Dictamen” del Anexo 13_MORENA_QE del Dictamen, aun cuando la parte apelante señaló que la evidencia se adjuntaba en la póliza PC-AJ-1-P1/18/05/2024, la autoridad fiscalizadora realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización; verificando que corresponde al ajuste del registro realizado en la póliza PC1/DR-1/29-04-24; sin embargo, no localizó evidencia que pudiera demostrar que los gastos identificados en el monitoreo en internet estaban registrados en la contabilidad de las candidaturas beneficiadas a cargos del ámbito local; por tal razón, la observación no quedó atendida.

En lo correspondiente a la determinación del costo la autoridad fiscalizadora señaló que el sujeto obligado omitió reportar gastos por veintidós (22) hallazgos por concepto de gastos de publicidad en internet valuados en cien mil quinientos noventa pesos 79/100 moneda nacional ($100,590.79 M.N.), de los cuales diez mil pesos 00/100 moneda nacional ($10,000.00 M.N.) corresponden a candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y Noventa mil quinientos noventa pesos 79/100 moneda nacional ($90,590.79 M.N.) corresponde al ámbito local, por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a realizar el prorrateo de los hallazgos de conformidad con el artículo 218, del Reglamento de Fiscalización, el cual se detalla en el Anexo 13B_MORENA_QE.

En ese sentido estimó que la cantidad de noventa mil quinientos noventa pesos 79/100 moneda nacional ($90,590.79 M.N.) correspondía a gastos que beneficiaron a candidaturas comunes de ámbito local; por lo que de conformidad con los porcentajes de las aportaciones que realizó cada partido postulante, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 Bis, numeral 3 del RF, quedó un monto acumulado distribuido de la siguiente manera:

En efecto, tal como lo razonó la autoridad fiscalizadora, de la revisión que este órgano colegiado realizó en el Sistema Integral de Fiscalización corroboró que en el Anexo 13_MORENA_QE se identificaron los hallazgos de referencia, que fueron validados y detectados en el periodo de campaña durante el proceso electoral en el Estado de Querétaro, correspondiente al ámbito local del partido político MORENA en los Municipios de Querétaro y Tequisquiapan, de candidaturas a Presidencias Municipales, correspondientes a publicidad pagada o pautado respecto a la página web denominada Facebook, en torno a los cuales se obtuvo la información que, en lo sustancial, se indica en la tabla que se inserta a continuación:

En ese sentido, la autoridad analizó los elementos señalados en la Tesis LXIII/2015 de la Sala Superior, respecto de la finalidad que generó el beneficio, identificando el nombre de la persona candidata, así como el nombre de los partidos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en cuanto a la temporalidad indicó que el hallazgo se localizó dentro del plazo del periodo de campañas; por lo que hace a la territorialidad precisó que se cumplía tal elemento, debido a que el hallazgo estaba al alcance del conocimiento de la ciudadanía, dado que se encontraban en redes sociales.

De igual forma, cumplen con los elementos: personal al ser realizados por los sujetos obligados, sus militantes o sus candidaturas, y en el contexto del mensaje se advierten voces, imágenes o símbolos que hacen plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trata; temporal, dado que tales actos o frases se realizaron durante la etapa de la campaña; y subjetivo, al actualizarse las manifestaciones explícitas o unívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral, las cuales trascendieron al conocimiento de la ciudadanía.

Aunado a lo anterior, el Consejo General por su parte, al avalar el Dictamen Consolidado, también argumentó que la prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.

Esto porque la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; es decir, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, ya que el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Por ende, es razonable que por la capacidad económica que un ente no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad que realicen, se prohíba a tales sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

Señaló que con la actualización de la falta de fondo se acreditó la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

Lo anterior es así, porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa electoral.

Ahora, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implicó que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pudiera ser valuado, en tanto que, aun cuando no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que permitió la fiscalización.

Evidenció que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de esos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En este sentido, la prohibición configurativa de la infracción típica básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.

Por lo que concluyó que se acreditó que el sujeto obligado se ubicaba dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.

Sala Regional Toluca considera que, contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, tanto el Dictamen Consolidado como la Resolución controvertida se encuentran debidamente fundadas y motivadas, toda vez que no solamente se hace referencia al marco normativo aplicable sino a los criterios sostenidos por este órgano jurisdiccional federal.

De ahí que, en los actos controvertidos se precisen las consideraciones y los fundamentos legales con los que la autoridad fiscalizadora sostuvo las determinaciones ahora impugnadas, como ha quedado evidenciado en párrafos anteriores.

Ello, porque tal como lo expuso la autoridad responsable la infracción relativa a la recepción de aportaciones, ya sea en dinero o especie, constituye una falta de fondo que amerita la imposición de una sanción ejemplar para inhibir conductas posteriores que deriven en la vulneración de la normativa electoral aplicable.

En ese sentido, aun cuando las publicaciones se atribuyan a medios de comunicación, lo cierto es que con independencia de la libertad de expresión que puedan ejercer, también ostentan una actividad empresarial; por tanto, como personas morales se encuentra catalogadas como sujetos restringidos para realizar aportaciones.

Criterio que armoniza con el sustentado en la Jurisprudencia 10/2023, de rubro y texto siguientes:

FINANCIAMIENTO PRIVADO. LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL FORMAN PARTE DEL CATÁLOGO DE SUJETOS RESTRINGIDOS PARA REALIZAR APORTACIONES PARA CUESTIONES POLÍTICO-ELECTORALES.

Hechos: Una persona por propio derecho y como representante de una asociación civil y un partido político se inconformaron de las disposiciones contenidas en acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al estimar que este excedió el ejercicio de su facultad reglamentaria, al disponer supuestos jurídicos adicionales a los establecidos en la legislación aplicable, esto es, la prohibición de recibir aportaciones de personas físicas con actividades empresariales; por otra parte, un partido político impugnó la sanción impuesta por la autoridad electoral administrativa, por la omisión de rechazar aportaciones en especie de una persona física con actividad empresarial.

Criterio jurídico: La referencia a las “personas morales”, identificada por la legislación dentro del catálogo de sujetos restringidos que no podrán, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia realizar aportaciones o donativos en efectivo o en especie, a los partidos políticos, ni a aspirantes, precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, debe entenderse referida tanto a las empresas mexicanas de carácter mercantil como a las personas físicas con actividad empresarial, por lo que éstas se consideran sujetos restringidos para realizar aportaciones para cuestiones político-electorales.

Justificación: De una interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 54, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Partidos Políticos; y 401, numeral 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y conforme con el principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado, consagrado en el artículo 41, Base II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 3, fracción I, del Código de Comercio; y 16 del Código Fiscal de la Federación, las nociones de “empresas mexicanas de carácter mercantil”, así como de “personas físicas con actividad empresarial” comprenden la realización de una actividad comercial, con fines de lucro, por lo que, con independencia de que las disposiciones en materia electoral no contemplen tales figuras expresamente, la referencia a las “personas morales” identificada por la legislación electoral debe interpretarse en el sentido que las incluye, dado que es precisamente a dichos entes de poder económico a los que pretende excluir el texto constitucional para el efecto de que no influyan en cuestiones político-electorales.

En esa tesitura, es notorio que las publicaciones realizadas para favorecer una candidatura durante el desarrollo del proceso electoral, aun cuando hayan sido difundidas en redes sociales por medios de comunicación, no pueden ser consideradas per se un ejercicio periodístico, porque ello implicaría que las conductas restringidas por la norma jurídica pudieran ser encubiertas so pretexto de que se trata de notas periodísticas.

En otro tenor, la parte recurrente no señala cómo el análisis probatorio propuesto pudiera cambiar el hecho probado relativo a que una o varias personas morales difundieron la propaganda controvertida que constituyó una aportación por ente prohibido a la campaña realizada por la parte recurrente y/o las candidaturas postuladas por ella en el ámbito geográfico de Querétaro.

Esto, porque los hallazgos detectados fueron hechos de su conocimiento previamente por la autoridad fiscalizadora, la que le concedió la posibilidad de aportar los elementos de convicción a efecto de solventar las observaciones que le fueron detectadas.

No obstante, de la respuesta al oficio de errores y omisiones que dio el partido político recurrente a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, únicamente se desprende que en un primer aspecto invocó el ejercicio de la libertad de expresión, a partir de un contenido que no correspondía a la propaganda electoral detectada por la autoridad responsable; posteriormente, se concretó a remitir a lo que su decir fue asentado en la póliza AJ-1-P1/18/05/2024.

Al respecto, la Unidad Técnica de Fiscalización observó que la póliza referida por el partido recurrente constituía un ajuste de registro realizado en la diversa póliza PC1/DR-1/29-04-24, por lo que no se localizó evidencia que pudiera demostrar los gastos identificados en el monitoreo en Internet que estuvieran registrados en la contabilidad de las candidaturas beneficiadas a cargos del ámbito local; ello, sin que el partido político recurrente realice alguna manifestación, a fin de demostrar que la autoridad responsable incurrió en un error.

Cabe señalar que la parte recurrente en su escrito recursal inserta, entre otras, las imágenes siguientes:

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Lo anterior, desvirtúa lo manifestado por la parte apelante en el sentido de que no existen indicios o elementos probatorios que permitan presuponer que ese partido político o cualquiera de sus otroras candidaturas recibieron aportaciones de personas impedidas, en virtud de que de las imágenes insertas en el propio escrito de demanda se advierten elementos que constituyen propaganda electoral.

En tanto que las publicaciones realizadas en la red social de Facebook fueron detectadas por la autoridad fiscalizadora durante el periodo de campaña y evidencian la finalidad del posicionamiento de la imagen de las candidaturas a que se hace alusión en cada una de ellas; respecto de las cuales la investigación realizada por la autoridad responsable acreditó que la publicidad fue pagada, entre otros, por “Oasis Noticioso” y “República de Transformación”.

Luego, de los elementos probatorios adminiculados entre sí se acredita que existió la intervención de una persona moral para promover la imagen de las candidaturas del partido político recurrente, durante el periodo establecido para las campañas electorales en el Estado de Querétaro; por lo que no es óbice que niegue haber realizado la contratación de las publicaciones, en tanto que como lo refirió la autoridad responsable, no acreditó ante esa instancia administrativa electoral haber realizado el deslinde correspondiente.

En ese sentido, carece de razón la parte apelante al sostener que la autoridad responsable incurrió en falta de estudio, exhaustividad y legalidad para emitir su conclusión; de ahí que deviene infundado el motivo de disenso invocado por la parte recurrente.

Por otro lado, lo inoperante de los agravios en análisis radica en el hecho de que la parte apelante omite controvertir de manera frontal todas las consideraciones que sustentan los actos controvertidos.

Ello, debido a que evade señalar que tales eventos no acontecieron sobre el sustento de que se trató del ejercicio de la libertad de expresión; además de que no realiza ningún argumento tendente a evidenciar que fue incorrecta la determinación de la autoridad responsable en la calificación de las faltas e individualización de la sanción impuesta.

Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencia 1a./J.85/2008, de rubro: “AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA”, de la que sustancialmente se desglosa la circunstancia de que el quejoso insista en sus razones y las presente de modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis se tendría que advertir una argumentación de la autoridad responsable poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda, lo que en el caso concreto no acontece.

Tema III. Agravios relacionados con informar de manera extemporánea eventos de la agenda de actos públicos

a. Conclusiones alegadas

b. Planteamientos de inconformidad

b.1 Falta de exhaustividad, congruencia e indebida motivación de la resolución y su respectivo dictamen consolidado

La parte recurrente manifiesta que toma como base las circunstancias, hechos e incidentes descritos en el apartado sobre las múltiples fallas del Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a que se refiere en su escrito recursal.

Señala que con las conclusiones de referencia se busca sancionar al partido recurrente por un monto total de un millón cuatrocientos setenta y uno mil seiscientos sesenta y seis pesos 35/100 moneda nacional ($1,471,666.35 M.N.).

Esto, porque la autoridad fiscalizadora toma como base la extemporaneidad en el registro de operaciones en diversos rubros: “Agenda de Eventos” y las diversas extemporaneidades que presentó en el Oficio de Errores y Omisiones, “Avisos de Contratación extemporáneos” y “Registros extemporáneo de operaciones”; sin embargo, la autoridad fiscalizadora al momento de buscar sancionar a ese partido político omitió tomar en cuenta, en su motivación y fundamentación, aquellas situaciones que oportunamente ese partido político le hizo del conocimiento sobre las diversas fallas que presentó el Sistema Integral de Fiscalización que material e innegablemente configuraron un motivo que imposibilitó a los partidos políticos llevar a cabo los registros en el tiempo que marca la normatividad.

Es decir, las fallas que el Sistema Integral de Fiscalización presentó, causaron un perjuicio que impidió se llevaran a cabo los registros de las operaciones en tiempo real, ya que al momento en que el referido sistema presentó fallas se impidió su uso efectivo, lo que escapa de las actuaciones de ese instituto político y de su ámbito de responsabilidad, ya que, como se mencionó oportunamente en el oficio de errores y omisiones se levantaron los tickets de reporte correspondientes, se dieron los distintos avisos vía oficio, y se realizó la solicitud expresa de que se tomara esto en consideración al momento de valorar las conductas imputadas.

A pesar de ello, la autoridad no emitió pronunciamiento alguno respeto a las circunstancias específicas reportadas, ni las incluyó entre las circunstancias relevantes que rodearon a las conductas sancionadas al momento de individualizar la sanción.

Esto es, la autoridad fiscalizadora omitió valorar lo manifestado por el partido en relación con las deficiencias y fallas identificadas y denunciadas por MORENA respecto del Sistema Integral de Fiscalización, tanto en el Dictamen Consolidado como en la Resolución correspondiente, a pesar de las múltiples peticiones del partido en el sentido de que no sancionara por extemporaneidad, omisión de reporte o falta de documentación soporte, en principio, cuando las conductas hubiesen sido materializadas durante los periodos en que el citado Sistema estuvo inactivo o con fallas, y en segundo lugar, que considerara esas circunstancias al momento de valorar la gravedad de las faltas.

Precisa que la falta de pronunciamiento sobre las fallas del Sistema implica una vulneración al principio de exhaustividad, certeza y proporcionalidad de las sanciones.

Señala que el indicado Sistema ha presentado constantes inconvenientes y fallas informáticas permanentes para el acceso, carga y captura de la información y documentación contable, derivadas de la existencia de fallas de comunicación dentro del aplicativo, incapacidad para procesar la totalidad de las acciones de los usuarios que lo utilizan simultáneamente, e incapacidad para acceder de manera permanente a las bases de datos e información de las contabilidades de los partidos, cuestiones que impiden el adecuado desarrollo y registro oportuno de las operaciones respecto de las cuales se encuentra obligado ese instituto político a reportar, como lo es el caso de la agenda de eventos, el registro de operaciones o los avisos de contratación.

Cuestiones que se hicieron del conocimiento de la autoridad fiscalizadora de manera oportuna a través del oficio de errores y omisiones, así como en múltiples oficios; sin embargo, ante la indolencia o incapacidad de la autoridad para resolver el problema, las fallas en el Sistema persistieron en los días subsecuentes, generando incertidumbre e imposibilitando la debida planeación y logística inherente al reporte en tiempo real de operaciones.

La parte recurrente estima que es deber de la autoridad fiscalizadora garantizar el debido funcionamiento del Sistema, a efecto de que los sujetos obligados puedan cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, correspondiendo a las áreas atinentes resolver las problemáticas planteadas, de lo cual, la autoridad responsable de manera genérica se pronunció en diversas conclusiones, sin hacer mención alguna de su obligación de garantizar el funcionamiento adecuado del Sistema dejando a la parte apelante en estado de indefensión.

Señala que la autoridad responsable no realizó una evaluación exhaustiva de la respuesta realizada en cuanto a las fallas del Sistema para la presentación y registro de agenda de eventos o de operaciones o avisos de contratación, así como tampoco de las incidencias realizadas por la parte recurrente ni de los tickets de reporte que le fueron proporcionados.

Situación que vulnera la capacidad económica del recurrente en la sanción que se le pretende imponer por los eventos, operaciones y avisos de contratación, siendo que hizo del conocimiento de la autoridad responsable las fallas en el referido Sistema y la forma como imposibilitaba la operación de éste, dando como resultado un rezago de operaciones que no tendrían que ser contabilizadas para efectos de la sanción.

De ahí que considere que la totalidad de las sanciones impuestas, respecto a los rubros de agenda de eventos, como en el registro de operaciones y avisos de contratación, la autoridad responsable se encontraba obligada a estudiar que tales inconsistencias no fueron ocasionadas por el actuar de ese partido político, sino por las fallas en el indicado Sistema que afectaron los registros durante el tiempo en que se presentaron.

Por lo que, resulta insensato se le sancione en su totalidad sin tomar en cuenta cada una de las circunstancias específicas y concretas que se presentaron en el periodo de fiscalización, en el que se debió considerar la suspensión del conteo de plazos, la extensión de esos plazos en las fechas en que se presentaron las fallas o en su lugar al momento de sancionar no tomar en consideración los eventos ni registros de operaciones que se vieron afectadas por esas fallas y aquellas actualizadas en los días previos o subsecuentes, de ahí que solicita la revocación de las sanciones mencionadas respecto de las conclusiones 07_C18_QE y 07_C19_QE, en las que expresamente se solicitó a la autoridad fiscalizadora se pronunciara al respecto, lo cual no realizó.

En tal virtud, carecen de proporcionalidad las sanciones impuestas en razón de las anomalías y fallas que el Sistema presentó a lo largo de la fiscalización del proceso electoral 2023-2024, al pretender castigar al recurrente por un cúmulo total de extemporaneidades, desligándose de la responsabilidad que tuvo por las fallas del Sistema.

b.2 Incorrecta individualización de la sanción, indebida calificación de falta e imposición de la sanción derivados de la violación a los principios de exhaustividad y de congruencia, así como de legalidad, certeza y seguridad jurídica

La parte recurrente manifiesta que la autoridad no consideró dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que el Sistema presentó fallas de manera reiterada y continua durante el proceso de fiscalización del proceso electoral ordinario 2023-2024, lo cual dio como resultado que a las conclusiones que son objeto de este agravio las señaló como “Graves Ordinarias”, al no tomar en cuesta situaciones ajenas y externas a ese partido político que le impidieron llevar a cabo el registro de diversas operaciones conforme a la normatividad, lo cual hubiere llevado a la autoridad a considerar esa conducta infractora como de gravedad leve.

La autoridad fiscalizadora se encontraba obligada a fundar y motivar adecuadamente las sanciones, máxime cuando se le había formulado de manera expresa la situación anteriormente señalada, respecto a la extemporaneidad de registros, falta de documentación soporte y similares, lo anterior, bajo la premisa de que tales fallas, constituyen circunstancias atenuantes, excluyentes de responsabilidad y que implican carencia de dolo por parte de los partidos políticos, cuando se trata de infracciones relacionadas con conductas de omisión, cuando el origen de la responsabilidad correspondía al propio Instituto Nacional Electoral y no de los justiciables, vulnerando de manera directa los principios de exhaustividad, legalidad, certeza y equidad.

Alude que deben tomarse en cuenta los aspectos siguientes:

a)     Imposibilidad de registrar operaciones, ocasionado por el propio Sistema. La autoridad responsable debió de realizar una evaluación exhaustiva de las anomalías ocurridas considerando que el recurrente se encontraba llevando a cabo operaciones dentro del Sistema en cuestión al momento en que se presentaron los anomalías, por lo que estuvo impedido a continuar con el registro respectivo, por lo que ante la imposibilidad práctica de realizar acciones adicionales más allá de los reportes debió ser contemplada como un factor determinante en la individualización de la sanción y de la calificación de la falta.

b)     Obligación del Instituto Nacional Electoral de tener el Sistema Integral de Fiscalización en debido funcionamiento, así como en óptimas condiciones. La autoridad fiscalizadora pretende sancionar a los partidos políticos por temas de extemporaneidad cuando se encontraba obligada a garantizar las condiciones óptimas para que en todo momento se pudieran llevar a cabo registros o modificaciones a la agenda de eventos, avisos de contratación y registros de operaciones, situación que no fue derivada ni ocasionada por ningún factor que correspondiera a la responsabilidad de los partidos políticos.

Situaciones que no fueron tomadas en cuenta al momento de elaborar el Dictamen Consolidado, ni en la individualización de la sanción, ni calificación de falta, por lo que genera un agravio directo al recurrente, en razón de que se busca sancionar extemporaneidades que no fueron ocasionadas ni generadas de manera directa ni dolosa por ese partido político, por lo que deben de ser sancionadas de manera no gravosa, debido a la incertidumbre y falta de control y organización que las fallas ocasionaron.

Lo cual, dio como resultado que la autoridad responsable calificara como Grave Ordinaria las conclusiones, cuando en consideración del apelante la falta tendría que ser calificada como leve, no dolosa, no grave y con circunstancias atenuantes de la conducta.

Solicita la revocación de las sanciones para los efectos siguientes:

-          Incluir dentro de la motivación y fundamentación de sus sanciones, las circunstancias denunciadas respecto de las fallas del Sistema Integral de Fiscalización, para cumplir con la debida motivación y fundamentación.

-          Excluir expresamente en la valoración de las extemporaneidades aquellas que hubiesen ocurrido en los días previos, durante y posteriores a aquellos en que se reportaron las fallas, dado que ese partido no podía ser sancionado por circunstancias imputables a la autoridad.

-          Considerar en la motivación el verdadero descontrol que generó a la planeación de los partidos por operar los registros en tiempo real, por lo que la incertidumbre sobre la falta de operación del Sistema debe considerarse como una atenuante de las conductas sancionadas.

-          Vincular el Instituto Nacional Electoral que dé respuesta a todos los aspectos planteados por el partido, atendiendo al principio de exhaustividad.

-          Considerar en la motivación la omisión del Instituto Nacional Electoral de proveer un servicio de atención de fallas durante la noche y madrugada, aun cuando el servicio presentaba fallas en esos periodos de tiempo y aun cuando se trató, por ejemplo, de extensión o prórroga de plazos otorgada por la autoridad precisamente con motivo de compensar al partido por las fallas del Sistema; esto es, el estado de indefensión que deja al partido la decisión unilateral del citado Instituto de no proveer un servicio de atención que funcionara a la par con la obligación permanente del partido de cargar operaciones en el Sistema las veinticuatro horas del día.

-          Considerar esas circunstancias, así como la omisión del Instituto Nacional Electoral en cumplir con garantizar la correcta operación de la única plataforma en la que se pueden registrar operaciones, como un atenuante o excluyente al individualizar las sanciones de extemporaneidad, y en su caso, considerar las faltas leves y de forma en este ejercicio, como parte de su obligación de establecer sanciones que revistan de la debida proporcionalidad, lo cual debe ser demostrado por la propia autoridad.

c. Consideraciones de la autoridad responsable

c.1. Inconsistencias precisadas en el oficio de errores y omisiones

Por oficio INE/UTF/DA/18014/2024, notificado al partido recurrente el trece de mayo del año en curso, la autoridad fiscalizadora hizo del conocimiento del partido recurrente lo siguiente:

Conclusión 07_C18_QE

Visitas de verificación

Agenda de eventos

El sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos; de su revisión se observó que reportó 2559 eventos con posterioridad a la fecha de su realización, por lo cual no cumplieron con la antelación de siete días que establece el artículo 143 Bis del RF, como se detalla en el Anexo 3.5.13 del presente oficio.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

      Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 Bis, numeral 1, del RF.

Conclusión 07_C19_QE

El sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos; de su revisión se observó que reportó 152 eventos el mismo día de su realización; los cuales no cumplen con la antelación de siete días que establece el artículo 143 Bis del RF, como se detalla en el Anexo 3.5.14 del presente oficio.

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:

  Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 Bis, numeral 1, en relación con el Acuerdo CF/010/2023.

c.2 Respuestas al oficio de errores y omisiones

Conclusión 07_C18_QE

Por escrito CEN/SF/102/2024 de dieciocho de mayo del presente año, el partido político recurrente dio respuesta en el sentido siguiente:

Primera Respuesta:

En atención a la observación identificada con el número 23 del oficio número INE/UTF/DA18014/2024 relativo a los errores y omisiones advertidos por esta autoridad fiscalizadora durante el periodo de corrección derivado de la revisión correspondiente al segundo periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Querétaro. Partido Político Morena (Primer periodo). se informa a la Unidad Técnica de Fiscalización lo siguiente:

Con relación a los eventos enlistados en el Anexo 3.5.13 de la presente observación, se manifiesta a esta Unidad que, la presentación de forma extemporánea, se debió a una complicación logística, en razón de las excesivas cargas de trabajo que se tienen al encontrarnos en periodo de campaña, sin embargo, cabe señalar que no puede dejar pasar desapercibida la integridad registral de las operaciones que realizó mi representada y la entera certeza y veracidad de los mismos, con apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas y favoreciendo el principio de máxima publicidad de registros y movimientos contables, principio que se concentra el Artículo 402 del Reglamento de Fiscalización.

En razón a lo anterior, esperando sea considerado el argumento, se señala que para actualizar el cumplimiento de una obligación de manera espontánea se deben actualizar las siguientes hipótesis:

Que exista una obligación cuyo cumplimiento haya acontecido.

Que su cumplimiento se hubiese realizado fuera del plazo previsto por la ley en la materia.

Que el sujeto obligado haya cumplido con la obligación, antes de que la omisión sea descubierta por las autoridades, que no derive de una acción realizada por la autoridad, quien la provoca, impulsa o da motivo a realizar su cumplimiento.

En ese orden de ideas, la autoridad fiscalizadora debe considerar el criterio de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lleva por título “NORMATIVA PARTIDARIA. SU VIOLACIÓN NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN.” En esta tesis se sostiene que no todas las irregularidades en materia electoral dan lugar a la aplicación de una sanción, ya que sólo lo serán aquellas que tengan la magnitud suficiente. Por ello, para la tipificación de una falta o infracción administrativa- electoral, deben considerarse tres aspectos primordialmente, a saber:

a)            Su relevancia en el orden jurídico;

b)            La gravedad de la conducta, y

c)            Los bienes jurídicos que se afecten o lesionen.

Sin perjuicio de lo anterior, Ad Cautelam, suponiendo sin conceder que esta autoridad determine tal conducta como infractora a la normatividad, esta deberá considerarse como una falta formal, ya que la misma no implica la obstaculización del modelo de fiscalización de la autoridad, ni mucho menos versa sobre la aplicación, procedencia o disposición de los recursos públicos, principios rectores de la actividad electoral. Como fue mencionado anteriormente no se afectó el adecuado control sobre la rendición de cuentas de este partido o su candidato, ya que sí fue entregado el registro contable y ello permitió las actividades fiscalizadoras de esta H. UTF con relación a estos...

Véase Anexo R1_MORENA_QE, del presente dictamen.