Ciudad de México, a diez de abril de dos mil veintiséis[2].

Acuerdo plenario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que devuelve el expediente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral[3], para que realice mayores diligencias de investigación, emplace a las partes al procedimiento y desahogue la audiencia de pruebas y alegatos.

1.            ANTECEDENTES

(1)              1.1. Procedimiento inicial. En el marco del procedimiento de remoción de consejerías electorales identificado con las claves UT/SCG/PRCE/RASE/SG/22/2025 y su acumulado UT/SCG/PRCE/CG/23/2025, la ahora denunciante, en su carácter de consejera electoral, manifestó que el referido procedimiento constituía violencia política contra las mujeres por razones de género[4] en su perjuicio, lo cual hizo valer durante la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el once de marzo.

(2)              1.2. Registro de la denuncia y diligencias. En esa misma fecha, la UTCE registró el procedimiento sancionador[5] y previno a la denunciante para que describiera las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que, a su juicio, se cometió VPMG en su contra.

(3)              1.3. Respuesta a requerimiento. El diecisiete siguiente, la denunciante señaló como hecho denunciado la demanda promovida por René Augusto Sosa Enríquez que dio origen al expediente TEV-RIN-145/2025, posteriormente resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz[6].

(4)              1.4. Admisión, emplazamiento y audiencia. El dieciocho de marzo, la autoridad instructora admitió a trámite la denuncia, emplazó a las partes al procedimiento sancionador y las citó a la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se celebró el veintiséis posterior.

(5)              1.5. Recepción del expediente. En su oportunidad, se recibió el expediente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y se remitió a la Unidad Especializada del Procedimiento Especial Sancionador para que verificara su debida integración.

(6)              1.6. Turno. La presidencia de esta Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-AG-45/2026 y turnarlo a la ponencia de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho.

(7)              1.7. Radicación. Por economía procesal, se radica el presente Acuerdo General en la ponencia de la magistrada instructora[7].

2.            COMPETENCIA

(8)              Esta Sala Superior es competente para resolver el presente procedimiento especial sancionador, porque se denuncia la posible comisión de VPMG en perjuicio de DATO  PROTEGIDO, en su calidad de consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, derivado de diversas manifestaciones realizadas en dos demandas que iniciaron distintos procedimientos[8].

3.            ACTUACIÓN COLEGIADA

(9)              El dictado de este acuerdo compete al Pleno de la Sala Superior porque la decisión implica una modificación en la sustanciación del procedimiento ordinario, lo que se aparta de las facultades de la magistratura instructora[9].

4.            MOTIVOS PARA LAS MAYORES DILIGENCIAS

(10)           4.1. Decisión. Procede ordenar la devolución del expediente a efecto de que la UTCE realice mayores diligencias de investigación, emplace a las partes al procedimiento y desahogue la audiencia de pruebas y alegatos.

(11)           4.2. Marco normativo. El artículo 476, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que, cuando la Sala Superior advierta deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, ordenará a la autoridad instructora la realización de diligencias para la debida tramitación de los procedimientos especiales sancionadores, con la finalidad de preservar las formalidades esenciales del procedimiento cuyo conjunto integra el derecho fundamental al debido proceso.

(12)           De esta manera, se garantiza el referido principio consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se asegura que en los procedimientos especiales sancionadores consten todos los elementos necesarios para emitir la determinación que corresponda.

(13)           En igual sentido, esta Sala Superior ha señalado[10] que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, están obligadas a examinar todas las cuestiones debatidas, conforme al principio de exhaustividad que blinda la certeza jurídica en las resoluciones.

(14)           4.3. Caso concreto. En respuesta a la prevención formulada por la autoridad instructora, el diecisiete de marzo, la quejosa presentó escrito en el que señaló como hecho denunciado las manifestaciones contenidas en la demanda promovida por René Augusto Sosa Enríquez que dio origen al expediente TEV-RIN-145/2025, posteriormente resuelto por el Tribunal Electoral de Veracruz[11]; como a continuación se observa:

(15)           Adicionalmente, la denunciante en sus alegatos reiteró a dicho escrito como un hecho denunciado:

(16)           Sin embargo, de la revisión a la documentación que integra el expediente, se advierte que no obran constancias relacionadas con el referido escrito que den certeza de su contenido[12]. En particular, no se identifica que la autoridad instructora hubiera realizado diligencias para allegarse de copia certificada de la citada demanda, la cual, como se refirió, forma parte de la materia denunciada en este procedimiento.

(17)           4.4 Efectos de la presente determinación. Este órgano jurisdiccional estima necesario que la autoridad instructora practique diligencias adicionales para la debida integración del expediente; en el entendido de que, si de éstas surge algún elemento novedoso, la autoridad podrá agotar todas las líneas de investigación correspondientes.

(18)           En consecuencia, se instruye a la UTCE para que, a la brevedad, realice las actuaciones necesarias a fin de incorporar al expediente copia certificada del escrito inicial que dio origen al recurso TEV-RIN-145/2025.

(19)           Desahogada la diligencia referida, la autoridad instructora deberá emitir un nuevo acuerdo de emplazamiento, en el que se identifique a la totalidad de las partes involucradas, se precisen de manera clara las conductas, los hechos y las posibles infracciones que, en su caso, pudieran generar responsabilidad, se señale el fundamento jurídico aplicable y se les cite a comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos.

(20)           Asimismo, en el acuerdo de emplazamiento se deberá de incluir que en los asuntos en los que se denuncia la presunta comisión de VPMG puede operar la inversión de la carga de la prueba en favor de la parte denunciante, a partir del análisis del caso en concreto y de los elementos que obren en el expediente, de conformidad con la jurisprudencia 8/2023[13], y en los precedentes SUP-REC-91/2020 y acumulado y SUP-REC-133/2020 y acumulado.

(21)           Adicionalmente, de manera preliminar y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, en el acuerdo de emplazamiento se deberá requerir a la denunciante para que, al comparecer a la audiencia manifieste lo siguiente.

1.     Si está de acuerdo con la emisión de una disculpa pública como medida de reparación;

2.     De ser el caso, el contenido que considera pertinente que se incluya en dicha disculpa pública;

3.     Las expresiones o elementos que considera no deben incluirse como parte de la disculpa pública, y

4.     Cualquier otra manifestación que estime conveniente hacer valer en defensa de sus derechos.

(22)           Del mismo modo, las constancias físicas del expediente se resguardarán en el archivo judicial de esta instancia, integrándose al expediente principal copia certificada de todo lo actuado. Una vez recibidas las que remita la autoridad instructora se integrarán como corresponda y se enviarán a la Unidad Especializada para que verifique su debida integración con el apoyo de la Subdirección 7 y, posteriormente, lo devuelva a la Secretaría General de Acuerdos, en los términos del Acuerdo General 4/2014 de esta Sala Superior.

(23)           Por otra parte, en abono a las políticas de austeridad, en el presente asunto general, se conservará de forma física, copia certificada del escrito de queja y de todo lo actuado a partir del acuerdo que remite a la Unidad Especializada del Procedimiento Especial Sancionador y, en medio magnético, las constancias del expediente respectivo.

(24)           Finalmente, toda vez que el presente asunto general se formó con motivo de la revisión del expediente remitido por la autoridad instructora, no resulta aplicable el plazo de cuarenta y ocho horas contemplado para elaborar el proyecto de resolución a que hace referencia el artículo 476, párrafo 2, inciso d) de la Ley Electoral.

5.            ACUERDO

ÚNICO. Devuélvanse las constancias digitalizadas del expediente debidamente certificadas a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, para los efectos que se precisan en el acuerdo.

NOTIFÍQUESE como en Derecho corresponda.

Así, por unanimidad de votos lo acordaron las Magistradas y los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Secretario General de Acuerdos da fe que se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.