ASUNTO GENERAL

EXPEDIENTE: SUP-AG-140/2025

PROMOVENTE: JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ

MAGISTRADA PONENTE: MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO[1]

Ciudad de México, julio doce de dos mil veinticinco[2]

Acuerdo que dicta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se determina que no ha lugar a darle trámite como medio de impugnación al escrito de demanda que originó el presente Asunto General.

ANTECEDENTES

1. Escrito. El seis de julio del año en curso, el promovente presentó ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Guadalajara un escrito y anexos, dirigido a esta Sala Superior.

2. Cuaderno de antecedentes. Por acuerdo de siete de julio, del magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, en el cuaderno de antecedentes SG-CA-134/2025, se ordenó remitir la documentación respectiva a esta Sala Superior.

3. Asunto general. Recibidas en esta Sala las constancias atinentes, la Magistrada Presidenta, ordenó integrar el expediente SUP-AG-140/2025 y turnarlo a la ponencia a su cargo para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.[3]

RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

PRIMERA. Actuación colegiada y competencia. La materia sobre la que versa la presente determinación corresponde al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante actuación colegiada, en términos de lo previsto en el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional, así como la tesis de jurisprudencia 11/99, de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. LAS RESOLUCIONES O ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN UNA MODIFICACIÓN EN LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SON COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR Y NO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR[4].

Lo anterior, toda vez que, se trata de determinar lo concerniente al escrito registrado como asunto general, lo que no constituye un acuerdo de mero trámite, razón por la cual se debe estar a la regla mencionada en la referida jurisprudencia.

SEGUNDA. Determinación de la Sala Superior.

Esta Sala Superior considera que no resulta procedente dar trámite o realizar alguna otra actuación, respecto del escrito de demanda presentado por el actor, toda vez que, se advierte que señala como acto impugnado, y hace valer agravios en contra de lo resuelto por esta Sala Superior, en el expediente SUP-JDC-2152/2025.

Lo anterior, con sustento en los fundamentos y consideraciones que enseguida se exponen.

A. Marco jurídico.

El artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 105 de la propia Carta Magna, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, a quien le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, fundamentalmente, los actos u omisiones de las autoridades electorales, así como de aquellos que afecten los derechos político-electorales del ciudadano.

Esto es, el Tribunal Electoral está facultado para resolver impugnaciones vinculadas con la actuación de la autoridad administrativa electoral nacional, las decisiones de las autoridades electorales de las entidades federativas, la afectación a derechos político-electorales, los procedimientos sancionadores, los conflictos laborales de los trabajadores que desempeñan la función electoral, así como para imponer determinadas sanciones y para calificar la elección de presidente de la República.

A su vez, los artículos 253 y 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen la competencia del Tribunal Electoral y su Sala Superior para conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se susciten conforme al sistema de medios de impugnación en materia electoral.

En este orden de ideas, el artículo 10, párrafo 1, inciso g), de la Ley adjetiva electoral general, se establece que los medios de impugnación previstos en la citada ley serán improcedentes cuando se pretenda cuestionar resoluciones dictadas por las Salas del Tribunal en los medios de impugnación que son de su exclusiva competencia.

Asimismo, en el artículo 9, párrafo 3, de dicho ordenamiento legal, se establece que los medios de impugnación serán improcedentes y se desecharán de plano cuando su notoria improcedencia derive de las disposiciones contenidas en la propia ley.

Por su parte, en el diverso artículo 25 de la invocada ley, se dispone que las sentencias dictadas por las Salas del Tribunal Electoral, incluidas las de la Sala Superior, son definitivas e inatacables y adquieren la calidad de cosa juzgada, a excepción de aquellas que se puedan impugnar mediante el recurso de reconsideración; es decir, cuando hayan sido emitidas por una Sala Regional, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, de dicha ley adjetiva.

Adicionalmente, en el artículo 253, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también se dispone que las sentencias del Tribunal Electoral ostentan dicha naturaleza, de allí que, contra ellas, no procede juicio, recurso o medio de impugnación alguno, por el que se pueda cuestionar su legalidad.

En suma, tanto en la Constitución Federal como en la Ley Orgánica y en la Ley de Medios se dispone que las sentencias dictadas por la Sala Superior de este Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, por lo que es irrefutable que no pueden ser confirmadas, revocadas o modificadas debido a que, jurídicamente, no procede algún medio de impugnación para su revisión por alguna autoridad.

B. Caso concreto.

Como se puede advertir de la lectura del escrito que motivó el presente Asunto General, el promovente, endereza sus agravios en contra de una resolución de esta Sala, pronunciada en el expediente SUP-JDC-2152/2025, el dos de julio del presente año, en la que se determinó, que resultaron infundados los argumentos del actor y en consecuencia se confirmó la diversa resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que desechó el escrito presentado por el actor, toda vez que el mismo resultó extemporáneo.

En la demanda del presente asunto general, el actor argumenta que la Sala Superior, en la sentencia referida en el párrafo anterior, fue omisa en estudiar de verdad el fondo y analizar someramente los plazos para interponer recursos, sin analizar el estudio constitucional sobre el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que, según su decir, permite una interpretación progresiva y más protectora.

Bajo ese contexto, como se adelantó, esta Sala Superior determina no dar trámite alguno al escrito del promovente, ya que, como se señaló anteriormente en el marco normativo de la presente resolución, las sentencias de esta Sala Superior, son definitivas e inatacables, por lo que en su contra no procede medio de impugnación o recurso alguno.

Por tanto, no es posible encauzar el escrito a ningún medio de impugnación, ya que no existe alguno, mediante el cual puedan cuestionarse las sentencias de esta Sala.

En los mismos términos a lo hasta aquí expresado, resolvió esta Sala Superior los asuntos generales SUP-AG-63/2025 y SUP-AG-130/2025.

En consecuencia, esta Sala Superior determina no ha lugar a dar trámite al presente asunto.

Por lo antes expuesto y fundado, se:

A C U E R D A

ÚNICO. No ha lugar a dar trámite al presente asunto.

Notifíquese como corresponda. En su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos, las magistradas y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto razonado que formula la magistrada Janine M. Otálora Malassis. El secretario general de acuerdos, quien autoriza y da fe que el presente acuerdo se firma de manera electrónica.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

VOTO RAZONADO QUE FORMULA LA MAGISTRADA JANINE M. OTÁLORA MALASSIS, RESPECTO DEL ACUERDO PLENARIO RECAÍDO AL ASUNTO GENERAL SUP-AG-140/2025[5]

I. Introducción; II. Contexto de la controversia y decisión; III. Razones del voto

I. Introducción

Formulo el presente voto razonado para explicar por qué decidí acompañar la decisión de la Sala de no dar trámite al escrito que originó el presente asunto general, a pesar de que en mi consideración la demanda debió ser desechada.

II. Contexto de la controversia y decisión

La controversia surge de la demanda interpuesta por el actor ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en la que impugnó las modificaciones al Estatuto de dicho partido efectuadas en el mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Dicha Comisión determinó desechar la demanda en comento, debido a que su presentación fue extemporánea.

Inconforme con tal determinación, el actor presentó juicio de la ciudadanía ante esta Sala Superior, el cual fue registrado como SUP-JDC-2152/2025, en el cual adujo, entre otras cosas, que la vulneración a su derecho a la renovación era de tracto sucesivo, por lo cual, el plazo de impugnación no había fenecido, de ahí que el desechamiento impugnado vulneraba su derecho de acceder a la justicia.

En sesión pública de fecha dos de julio de la presente anualidad, el Pleno de esta Sala Superior determinó confirmar el desechamiento impugnado, por considerar, esencialmente, que el acto impugnado no tiene naturaleza de tracto sucesivo, ya que se consumó con la aprobación de la reforma y sus efectos no se renuevan continuamente.

Ahora, el actor acude a controvertir la sentencia de esta Sala Superior en el SUP-JDC-2152/2025 argumentando que, en la sentencia correspondiente, este órgano jurisdiccional fue omiso en analizar el estudio constitucional sobre el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que, según su decir, permite una interpretación progresiva y más protectora.

III. Razones del voto

Como lo adelanté, si bien acompaño el sentido de la determinación adoptada en el presente asunto de no dar trámite al escrito presentado por la promovente, toda vez que, de la lectura integral de los planteamientos, es posible advertir que se inconforma y pretende se revoque una resolución dictada por esta Sala Superior mediante sentencia emitida en el SUP-JDC-2152/2025, la cual es definitiva e inatacable y, por tanto, no es procedente ordenar el trámite o realizar alguna otra actuación.

Desde mi perspectiva, lo técnicamente adecuado hubiese sido desechar la demanda, esto es así, porque la legislación procesal electoral regula la improcedencia de los medios de impugnación en una variedad de supuestos, misma que obliga a los órganos jurisdiccionales a desecharlos.

En efecto, de los artículos 9, párrafo 3, y 10, párrafo 1, inciso g), de la Ley de Medios, se advierte que los medios de impugnación deberán desecharse cuando su notoria improcedencia derive de las disposiciones de esa misma ley, tal como ocurre con los medios de impugnación que pretendan controvertir resoluciones dictadas por esta Sala Superior.

Lo anterior, es acorde con el criterio que he sustentado en diversos precedentes[6] y votos razonados,[7] relativos a que, en este tipo de controversias, lo procedente es desechar la demanda ante la actualización de la causal de improcedencia relativa a la impugnación de una determinación de esta Sala Superior que es definitiva e inatacable.

No obstante, decidí votar a favor de la propuesta porque no dar trámite y desechar, para efectos prácticos, conducen al mismo resultado, es decir, rechazar, sin mayor pronunciamiento, la petición de ejercicio de la jurisdicción, al existir un impedimento insalvable para estar en aptitud de analizar, en sus méritos, la controversia planteada.

Por lo expuesto, formulo el presente voto razonado.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.